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Sentencia CP-397-15 — Registro 10784

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absuelve al imputado por el delito de violación especial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."EL RECURSO ES DE RECIBO. - La Sala de lo Penal encuentra que durante la audiencia de debate el Tribunal de Sentencia violentó el artículo 130 en relación con el artículo 4 y 311.6 del Código Procesal Penal y con ello los derechos fundamentales a la defensa y a un debido proceso judicial en perjuicio del Ministerio Público, lo que conforme al artículo 166.6 del Código Procesal Penal, tiene como consecuencia inexorable la nulidad del acto violatorio. El artículo 130 del Código Procesal Penal dispone que las part es podrán interrogar a los testigos, tantas veces sea necesario; en este proceso de examen las partes podrán hacer mano de las técnicas autorizadas por la doctrina y la propia ley, siendo una de ellas la que prevé el numeral 6 del Artículo 311 del mismo cuerpo legal, que señala que en caso de contradicciones entre declaraciones dadas por una misma persona, se le preguntará a ésta -en su deposición en el debate- la razón de ello, para lo cual se le leerá la deposición anterior en donde obre dicha contradicción. En el caso de autos, se registró en el acta de debate (f. 72), que se llamó al estrado a la menor B. N. H., señalada como ofendida, a quien se le interrogó sobre los hechos objetos de juzgamiento, llegando un punto en donde el agente fiscal advirtió a los juzgadores de contradicciones entre lo que estaba diciendo la testigo en ese momento con lo declarado en la audiencia inicial (Etapa Preparatoria), por lo que solicitó la introducción por lectura de aquella primera declaración a efecto de confrontar a la testigo y consultarle el porqué de dicha contradicción; petición que en el caso concreto reunía una importancia relevante, pues el caso de juzgamiento trata de un delito en contra de la indemnidad sexual, siendo la deponente no solo la víctima del delito, sino la única testigo directa del hecho, por lo que su deposición resultaba crucial para el esclarecimiento de lo que realmente había ocurrido; sin embargo, aun cuando se trataba una petición en el marco del derecho a la defensa y aun cuando revestía de vital importancia, el Tribunal de Sentencia denegó tal petición aduciendo la inexistencia de contradicciones entre las declaraciones brindadas por la menor, razón que es falsa, pues al comparar la declaración hecha en la audiencia inicial (f. 20), con la dada en la audiencia de debate (f. 73) sin esfuerzo intelectual alguno se colige que la menor dio una descripción de los hechos distinta en ambas declaraciones: en la audiencia inicial señala no solo haber sido objeto de agresión sexual sino que identifica a la persona que realizó dicha conducta en su contra, entretanto en la audiencia de debate negó haber sido víctima de una agresión sexual y por ende, no identificó a nadie como responsable, ello aun cuando el Dictamen Clínico Forense determina que si existió dicha agresión sexual (tenido como probado por el A-Quo); Entonces la confrontación entre las dos declaraciones hubiese permitido al Ministerio Público consultarle a la testigo del porque dichas contradicciones, respuesta crucial para efectos de valorar (positiva o negativamente) la declaración que la menor estaba brindando en la audiencia de debate, en especial porque el tribunal tenía el convencimiento que sí existió una agresión sexual en perjuicio de la menor (así fijado como hecho probado).Es importante para esta Sala de lo Penal señalar que es una obligación ineludible del Estado de Honduras brindar protección a todo o y niña, entiéndase como tal a toda persona que es menor de 18 años de edad (Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CsDN y Art. 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante CdNA), para que éstos puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal (Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 19.1 CsDN); En particular se debe poner acento en proteger al niño y la niña de todas las formas de abuso sexual (Art. 34 CsDN) y en su caso la implementación de políticas estatales apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social cuando fuesen víctima de esa clase de hechos (Art. 39 CsDN); con ese fin todas las medidas concernientes que tomen las instituciones de derecho público o privado, se adoptaran atendiendo el interés superior del niño y la niña (Art. 3 CsND) de modo que aun cuando se identifique conflicto con otros derechos e intereses legítimos, siempre deberá prevalecer los derechos e intereses de los niños (Art. 5 CdNA).- Concretamente en los procesos judiciales, los niños deben tener una especial consideración por los operadores de justicia, teniendo siempre presente todas aquellas circunstancias que pudiesen implicar revictimización, a efecto de evitarlas o, en su caso, neutralizarlas oportunamente. Aclara esta Sala de lo Penal que lo anterior no significa que los operadores de justicia, apelando al Principio de Convencionalidad del interés superior están autorizados para desatender derechos y principios básicos que regulan el proceso penal, sino que el llamamiento es integrar dicho principio al proceso, cuando en él intervenga una persona menor de edad, en especial cuando su rol sea el de supuesta víctima del delito. El Recurrente planteó en su recursos la violación del principio de igualdad y de contradicción, y con ellos la violación del derecho de defensa y del debido proceso judicial.- Sobre esto la Sala de lo Penal no encuentra violación al principio de igualdad, pues el hecho objeto de impugnación no significó un trato desigual por el Tribunal de Sentencia que dejó en desventaja al Ministerio Público en relación con la Defensa, esto porque el testigo que se estaba interrogando fue precisamente ofertado por el órgano acusador, bajo el entendido que conocía el contenido de la deposición de la menor y por tanto si el Agente Fiscal no pudo prever el supuesto cambio de declaración de su propio testigo, menos podía hacerlo la Defensa; el hecho de que la declaración de la menor no favoreciera a la teoría acusatoria no significa violación al principio de igualdad.- Por otra parte concuerda la Sala de lo Penal que si existió violación al Principio de Contradicción, lo que replicó en la excelsitud que debe tener el derecho de defensa y el debido proceso en la actuación judicial, motivo suficiente para otorgar el Recurso de Casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a treinta de mayo del dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURASLa siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-397-2015 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha trece de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, mediante la cual absolvió al señor J.M. B.Z., del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor B.. N.H. S. No procede condenar al Ministerio Público en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio.Son Partes En La Única Instancia: La Abogada I. A.F. N., agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Primero.- El día viernes siete de noviembre del año dos mil ocho, como a eso de las tres de la tarde, la menor B. N. H. S., de doce años de edad, se encontraba en compañía de sus hermanos, en su casa de habitación ubicada en la comunidad de Corocito, municipio de Bonito Oriental, departamento de Colón, cuando en ese momento llegó de trabajar su padrastro el señor J. M. B. Z. y se fue a descansar a su cuarto de habitación; al instante llegó su madre la señora M.de la C. H., quien andaba lavando una ropa y al ver que su marido estaba en casa comenzaron a discutir por problemas entre pareja, hasta llegar al extremo que dicha señora se fue de la casa con todos sus hijos. Segundo.- El día diez de noviembre del año dos mil ocho, a las cuatro y treinta minutos de la tarde, la menor B. N. H. S., de doce años de edad, fue evaluada por el Médico Forense O. R. U., Perito Oficial del Ministerio Público de la ciudad de Trujillo, Colón; quien presentaba en el área genital vulva con escaso a ninguno vello púbico, sin evidencia de lesión externa, periné normal sin evidencia de lesión externa, himen tipo festoneado con rotura reciente a las VII horas según las manecillas del reloj, ano con esfínter radiado de buen tono, pero con salida de mucosa rectal al esfuerzo de la paciente, sin signos de enfermedad infectocontagiosa y embarazo; área para genital y extra genital sin evidencia de lesión externa; quien además al ser evaluada psicológica y psiquiátricamente por peritos oficiales del Ministerio Público presentaba indicadores emocionales de abuso sexual.”RECURSO DE CASACIÓN.- MOTIVOS Y ARGUMENTOSRecurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Motivo Invocado: Infracción por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 4 y 13 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: Resulta Honorables Magistrados, que en el desarrollo del debate, específicamente cuando declaró la menor ofendida, esta manifestó que el imputado nunca la había tocado y que en ningún momento había abusado sexualmente de ella; deposición que motivó que el Ministerio Público solicitara, de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 6 del Código Procesal Penal, que se incorporara mediante lectura la declaración que la niña rindiera en fecha 20 de Noviembre del año 2008 cuando ella tenía 12 años de edad, ante el Juez de Letras competente y donde la infante vertió declaraciones totalmente distintas a las rendidas en la audiencia de juicio oral y público, petitoria efectuada obviamente, con la finalidad de preguntar a la niña cuál de las dos declaraciones era la verdadera; misma que fue denegada por el a quo bajo el argumento siguiente: “El Tribunal no encuentra ninguna contradicción, ya que la menor no lo ha negado, por lo que no existe una contradicción” (Ver acta de debate). Consideramos que lo manifestado por el Juzgador es completamente erróneo, ya que lo que el ente acusador solicitó es que se incorporara por lectura la declaración que la niña rindió durante la etapa preparatoria del proceso, específicamente en la audiencia inicial, en virtud de existir una contradicción relevante con lo manifestado en la audiencia de juicio oral y público, formulada en esos términos, como se desprende del renglón 11 y 12 de la página 3 del Acta del Debate; solicitud amparada en lo establecido en el artículo 311 numeral 6 del Código procesal Penal que establece “excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario: 1.-...2.-...3.-...4.-...5.-...6. -Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado, como al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”. Como resultado de lo anteriormente expuesto, es evidente la violación al derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República al establecer que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; de igual forma en el proceso penal los derechos se relacionan con quien ha resultado víctima de la comisión de un delito, a quien se considera sujeto al derecho, la Fiscalía puede ejercer el Derecho a la Defensa Social y que en el juzgamiento detentado a esa sociedad de la que forma parte la niña víctima en el caso en comento, el juicio se desarrolle en apego irrestricto, entre otras, a la Tutela Judicial Efectiva, es decir un proceso con todas las garantías y a la defensa, consagrando entre otros, los citados principios de Contradicción e Igualdad, garantizando el libre acceso de las partes al proceso, en defensa de derechos e intereses legítimos, dentro de tales garantías encontramos “El Derecho a la Igualdad de armas procesales” (regulado en el artículo 13 del Código Procesal penal) el cual se entiende[1] “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas partes dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir, tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así, la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”. Este principio de Igualdad de armas, que constituye un elemento de la noción más amplia de un proceso justo, exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos, principio que se encuentra establecido en el artículo 4 del Código Procesal Penal, el cual implica tanto para la acusación como para la defensa, la posibilidad de tomar conocimiento de las observaciones (escrito de alegaciones y demás) o elementos de prueba introducidos en el proceso y la posibilidad de contestarlos, es decir, que en todo caso se debe garantizar que cada parte esté al corriente de las observaciones de la parte contraria, de tal manera que goce de la posibilidad real de contradecirlas, siendo obligación de los órganos judiciales promover el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. Sin embargo, resulta claro que en el presente caso, el Tribunal de Sentencia al negar la incorporación mediante lectura de la declaración de la ofendida B. N. S. rendida en la etapa preparatoria del proceso, por contener contradicciones relevantes con su declaración en el juicio oral y público, violentó el Derecho de Defensa, el Derecho al Debido Proceso, así como el derecho a una tutela judicial efectiva del ente acusador. Resulta necesario señalar, que luego de la incorporación a la Constitución Nacional de los principales tratados sobre Derechos Humanos ambas fuentes (la nacional y la internacional) forman un plexo jurídico de máxima jerarquía, al que debe subordinarse toda la legislación sustancial o procesal secundaria, es decir, obliga a los jueces a utilizar las disposiciones contenidas en la normativa internacional como “fuente de sus decisiones”; al respecto y sobre los principios supra mencionados el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.1 establece que “Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia”; así mismo la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.2 establece que “Toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas...” De igual forma, sobre el asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en los siguientes términos: “el Principio de Igualdad de armas constituye un elemento de la noción más amplia del proceso justo, que engloba también el derecho fundamental al carácter contradictorio del proceso penal, donde se debe garantizar que cada parte estará al corriente de las observaciones de su contraria. Lo anteriormente expuesto queda finalmente recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa lo limitan al uso único que las personas sometidas a proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público). Siendo que “el Derecho de Defensa es inviolable” el cual se ha instituido como un pilar fundamental en todo proceso, y al vedársele al Ministerio Público la posibilidad de actuar en condiciones que respeten la Contradicción e igualdad entre partes, y así garantizar la efectividad del derecho de defensa, el protector de la sociedad quedó en clara desventaja en relación con la parte defensora, circunstancia que ha causado perjuicio y que se ve reflejada en la sentencia absolutoria. Es igualmente cierto, que el Ministerio Público, representante de los intereses de la Sociedad, como poseedor del monopolio de la acción penal, se presenta como un legítimo medio de las víctimas para acceder al proceso penal y concretizar los Derechos individuales de éstas. Para el Ente Acusador era de suma importancia la incorporación a debate de la declaración de la menor ofendida rendida en la etapa preparatoria del proceso, con el fin de que la misma aclarara sobre las contradicciones existentes entre ésta y lo declarado por ella en la audiencia de Juicio Oral y Público, tomando en consideración, que la ofendida constituye la única y principal testigo en este tipo de delitos, cometidos dentro del ámbito familiar, donde se trata de una menor de 14 años, que puede ser manipulada para retractarse, al ser el acusado su padrastro y además, se debe valorar, que es la primera declaración ofrecida por la menor de manera espontánea y cercana a los hechos la que debe merecer mayor credibilidad, pues no se puede desconocer que en el caso de menores-víctimas generalmente hay una presión de parte de los familiares, para que niegue la agresión sexual de la que ha sido objeto. Respecto a las retractaciones en el debate por parte de las víctimas y la valoración de dichas contradicciones, la Sala Penal ha establecido lo siguiente: “En el caso de autos el recurrente se queja de que la versión de la víctima, que originó la condena del imputado, ha sido retractada en el Juicio Oral y Público. Sobre esta cuestión debemos señalar que cuando han existido contradicciones y retractaciones entre lo dicho en el Juicio Oral y lo declarado en la instrucción de la causa por los testigos, entre los cuales se incluye a la víctima, -si la parte que formula el interrogatorio aporta el testimonio de la declaración rendida en la etapa preparatoria, y ésta se incorpora al acta del juicio oral-, el Tribunal puede contrastar, comprobar e interpretar los términos y alcances de las contradicciones, valorándolas a efectos probatorios, conforme a su recta conciencia. Esta potestad se infiere de lo establecido por el artículo 311 No. 6) del Código Procesal Penal donde se prevé que excepcionalmente podrán ser incorporados al juicio por lectura que hará el Secretario, las declaraciones del acusado y los testimonios practicados en la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio, a fin de que las partes puedan interrogar al acusado o al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas. Un examen detenido de los antecedentes revela que el Tribunal Sentenciador efectúa una valoración objetiva, armoniosa y razonable de las pruebas al fundar su condena en el testimonio rendido por la menor J. P. A. R. en la etapa preparatoria del proceso, en el que claramente atribuye a su padrastro y ahora acusado, J. E. R. A., la comisión de ese ilícito penal y en cambio no da crédito a la retractación de la víctima efectuada en el debate, en la que señala como supuesto autor del delito de violación perpetrado en su perjuicio a un sujeto, que sin más, identifica como “S.” (vid. Folios No. 8, 77 y 78). En el caso que ahora nos ocupa, el Tribunal Sentenciador, motiva de manera más que suficiente su decisión cuando analiza otros elementos probatorios evacuados en el Juicio Oral, como son los dictámenes de evaluación ginecológica y su respectiva ampliación (folios No. 59- 60) psicológico (folios No. 71-72) y de Trabajo Social (folios No. 61-62), que en concatenación con lo relatado por la menor en su declaración rendida en la audiencia inicial ante el Juez de Instrucción, ponen en evidencia la constatación, más allá de toda duda razonable, que el encartado mantuvo relaciones sexuales con aquella cuando era mayor de doce y menor de catorce años en contra de su voluntad, acción constitutiva del delito de violación especial tipificado en el artículo 140 No. 1) del Código Penal. Como lo expone el Tribunal A Quo, el conocimiento de la noticia criminis, tiene lugar en un primer momento, a raíz del traslado que la propia madre de la menor hace de ésta a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña para su tratamiento, poco tiempo después de haber sufrido el ataque contra su indemnidad sexual, para luego ser conocida por las autoridades Policiales y el Ministerio Público, órgano de persecución que en base a la denuncia presentada contra el encartado J.E.R.A. y precisamente tomando como base lo relatado por la menor J. P. A. R. en una etapa preprocesal, interpuso requerimiento fiscal en su contra.”[2](Lo subrayado no corresponde al texto original). Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador.!2. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: La impugnación que hoy se hace a la sentencia, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, al no haber realizado el sentenciador una valoración probatoria acorde a las reglas de la sana crítica, pues de la prueba de cargo allegada al proceso se evidencia claramente la responsabilidad del acusado y sin embargo, debido a una errónea valoración, el juicio concluyó en una absolución, resultado injusto que vulnera los intereses de la sociedad y en aras de demostrar el vicio antes señalado, describiremos brevemente la prueba de cargo evacuada en el desarrollo del presente juicio: 1. Declaración de la señora M. De La C. H.; la deponente es la madre de la niña víctima y asimismo quien interpuso la denuncia que dio origen al presente proceso. Su declaración rendida en Audiencia Inicial fue incorporada mediante lectura al proceso, al presentarse contradicción con la rendida por la testigo en el debate, manifestando lo siguiente: “Ella regresó a las tres de la tarde, la casa estaba cerrada y que cuando ella se asomó por la ventana vio a su compañero con su menor hija, que ella entró a la casa y la menor cuando la vio se puso a llorar “. Al interrogatorio durante el debate, la testigo respondió: “¿En el momento de los hechos estaba en su casa de habitación? R. No, ¿Sabe qué personas se encontraban ese día en la casa? R. J. M., ¿Con quién más? R. Con B.... ¿Le preguntó a su hija qué había sucedido? R. sí, pero no me dijo nada, ¿Le preguntó a B. qué hacía en el cuarto? Sí y me dijo que nada, ¿Le preguntó lo mismo al señor B.? R. Sí, me dijo que nada, ¿Después de Esto, ¿qué hizo usted? R. Salí con mis hijos donde una sobrina, ¿Regresó ese día? R. No, ¿Por qué? R. No quise regresar, ¿Por qué no quiso? R. Se me vinieron malos pensamientos, ¿Sobre qué? R. Me imaginé que estaban haciendo algo en el cuarto.” 2.Dictamen Preliminar N° 1011-08, ratificado en juicio por el Doctor O. R. U., en dicho documento se establece lo siguiente: “Fecha y hora de la evaluación: 10 de Noviembre de 2008 a las 4:30 de la tarde.- Nombre del paciente: B. N. H. S.. Fecha de nacimiento: 28 de Febrero de 1996. Edad: 12 años. Dirección: Barrio Solares Nuevos.- Área genital: Vulva con escaso a ninguno vello púbico, no evidencia de lesión externa, periné normal sin evidencia de lesión externa, himen tipo festoneado con rotura reciente a las VII horas según las manecillas del reloj, ano con esfínter radiado de buen tono, pero con salida de mucosa rectal al esfuerzo de la paciente, no signos de enfermedad infectocontagiosa y embarazo.- Área Para Genital y Extra Genital: No evidencia de lesión externa.- Se recomienda evaluación por psicólogo y psiquiatra”. (Lo subrayado y en negritas no corresponde al texto original). 3.Dictamen Psicológico Forense. Realizado el 19 de Noviembre de 2008 y ratificado en juicio por la Licenciada S. M. P. H., el cual en esencia diagnostica indicadores emocionales de abuso sexual, estado de ánimo levemente depresivo y personalidad en formación con rasgos de ansiedad. Los resultados de las pruebas se describen de la siguiente manera: “1.- Aspecto Afectivo Emocional (Daño Psíquico): De acuerdo con los resultados arrojados en la prueba aplicada se puede concluir que la evaluada refleja ansiedad e inseguridad en el ambiente familiar, lo cual proyecta mala adaptación en el mismo. El resultado connota actitudes de escape y una necesidad de mantenerse alejada de las relaciones con los demás. Así mismo proyecta introversión y fantasía, inmadurez y dependencia. Además refleja estado de ánimo depresivo con una intensidad leve. 2.-Personalidad: su personalidad aún se encuentra en formación, sin embargo, refleja características de rigidez como un mecanismo de defensa para compensar su inseguridad y ansiedad, se observa trauma psicológico, sentimientos de inadecuación, que pueden ser causados por una gran necesidad de expresar sus sentimientos de estar sometida a presiones ambientales. En general se puede decir que estos síntomas representan indicadores emocionales de abuso sexual. Las consecuencias del abuso pueden darse a corto o largo plazo, éstas últimas incluyen: depresión, ansiedad y baja autoestima, así como también disfunciones sexuales al llegar a la adultez. El desarrollo de las mismas dependerá del apoyo profesional que reciba la menor, de sus propios recursos personales y del apoyo familiar que se le brinde”. 4.Evaluación Psiquiátrica: Realizada el 18 de Noviembre de 2008, habiéndolo ratificado en juicio el Doctor L.G. A.. El Dictamen señala los siguientes aspectos de relevancia: “Hechos: Relata la menor que en la fecha 07 de Noviembre de 2008, en horas, de la tarde, en su casa, fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro J. M. B.. Examen Mental: Inicialmente poco colaboradora, rechaza hablar del tema, pero posteriormente relata lo sucedido.., Impresión Diagnóstica: Víctima de Abuso Sexual (por relato de la evaluada)”. 5. Partida De Nacimiento de la ofendida B. N. H. S., que establece que nació en fecha 28 de Abril de 1996, con la que se acreditó que al momento de ser víctima del abuso, tenía 12 años de edad. En su declaración, el Acusado J.M. B. Z., manifestó: “El día viernes 07 de Noviembre de 2008 llegó de trabajar y se fue a descansar al cuarto a donde B. entró a poner unas cortinas… al llegar la madre de ella, que andaba lavando una ropa, cuando entró la mamá la niña dijo “allí viene C.”, la mamá de ella abrió la cortina y luego le preguntó a ella qué hacía en el cuarto, que ya le había dicho a ella que no estuviera conmigo cuando ella no estuviera, después de eso se pusieron a llorar las dos y me parece que ella pensaba ‘ya me violó esta cipota” y la mandó donde una tía, ella se fue... salió de la casa y cuando regresó se puso una mochila y se fue con los niños míos y antes de eso le dijo a mi niña que si se pensaba quedar para que la viole su papá, eso no me gustó”. El sentenciador al valorar la prueba de cargo antes descrita, consideró que la misma no logró vincular al acusado como autor responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de B. N.H. S. y es así que al referirse a la tipificación del ilícito señaló: “El Tribunal considera infructuoso profundizar en la descripción de Este tipo penal por cuanto que en la presente causa, ha quedado de manifiesto que no existen pruebas suficientes que señalen al acusado J.M. B. Z., como autor de dicho delito”. (Ver apartado de Fundamentación Jurídica, numeral Primero, página 9 de la Sentencia). La supraindicada afirmación por parte del ente jurisdiccional, hace patente la infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia y veracidad, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión, que no se logra extraer de las pruebas de cargo aportadas al juicio, que el acusado sea responsable del hecho criminal que se le atribuye, razonamiento que no compartimos, por cuanto las probanza evacuada durante la audiencia del debate, al ser valorada de forma conjunta, nos conduce a la clara conclusión de responsabilidad de J. M. B. como autor del delito de Violación Especial en perjuicio de la niña B. N.S.; aseveración que establecemos en base a las consideraciones siguientes: •La testigo M. de la C.H. al deponer sobre los hechos acontecidos, manifestó que al regresar a su casa al asomarse por la ventana pudo ver a su compañero con su menor hija que estaban en el cuarto y aunque le preguntó a su hija y ésta no le dijo nada, ella pensó que “estaban haciendo algo en el cuarto”, por lo que decidió irse donde una sobrina. •Si bien es cierto la testigo M. de la C. H. no pudo ver que su hija estaba siendo abusada por su compañero de hogar, aun así, se fue de la casa con sus hijos y decidió interponer una denuncia que dio Origen a la investigación que motivó este proceso. El resultado de la investigación fue contundente, pues las evaluaciones practicadas a la menor resultaron ser acordes a lo que la señora C. H. sospechaba. •La evaluación física realizada en fecha 10 de Noviembre de 2008, es decir 3 días después de los hechos narrados por la testigo C. H., demostró que la niña B. H., en efecto, presentaba una rotura reciente de himen, lo que evidenció la sospecha de la madre de la víctima; es de hacer notar, que la niña relató en este momento que quien la había abusado era su padrastro J. B.. •De igual manera, la evaluación psicológica que le fuera practicada a la niña doce días después de la ocurrencia de los hechos, es decir, en fecha diecinueve de Noviembre de 2008 reflejó que la niña presentaba indicadores emocionales de abuso sexual, un estado de ánimo levemente depresivo y rasgos de ansiedad. El dictamen señala Daño Psíquico, e inseguridad en el ambiente familiar, la Perito señaló que la niña refleja características de rigidez como un mecanismo de defensa para compensar su inseguridad y ansiedad, observó trauma psicológico y concluyó que “todos estos síntomas representan indicadores emocionales de abuso sexual”. La Perito, refiriéndose al abuso sexual narrado por la menor víctima, también agregó que la niña “no ha pasado otra situación que le haya causado daño psicológico”. •La Evaluación Psiquiátrica señaló como impresión diagnóstica “Víctima de abuso sexual por relato de la evaluada” y el relato que la ofendida narró al psiquiatra fue “Que en fecha 07 de noviembre de 2008 en horas de la tarde, en su casa, fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro J. M. B.”. El Perito señaló que no todas las víctimas presentan evidencias clínicas de alteraciones mentales ante el abuso, pero que esto no significa que no haya ocurrido el mismo. La prueba antes descrita es concordante y se complementa entre sí, para evidenciar que efectivamente el hecho denunciado por la madre de la menor, relacionado al abuso sexual por parte del señor B. hacia su hija B. N. H. ocurrió; es decir que el día 07 de Noviembre de 2008, el acusado J. M. B. Z. abusó sexualmente de su hijastra B. N. S., llegando la madre de la ofendida, señora M. de la C. H. a la casa cuando la niña aún se encontraba en el dormitorio con el acusado, por lo que decidió marcharse de la casa con sus hijos, procediendo a interponer la denuncia que motivó que a la niña se le practicara evaluación, física, psicológica y psiquiátrica, habiendo indicado los expertos en sus dictámenes, que la ofendida narró que había sido abusada por su padrastro, el acusado J. B. y obteniéndose de las pericias física y psicológica, un resultado positivo de abuso sexual. •El propio acusado no negó, que el siete de Noviembre de 2008, al llegar la madre de la ofendida a la casa, encontró a la niña en el cuarto con él; señalando también el imputado que al preguntarle la madre a la hija qué hacía en el cuarto con el acusado, ambas se pusieron a llorar y luego de una discusión con el señor B., la señora M. de la C. decidió irse de la casa con los niños. Aunque el imputado está pretendiendo exculparse con su declaración, contrario a ello, la misma corrobora lo dicho por la testigo H. y la conclusión respecto a la responsabilidad del acusado a la que ya hemos hecho referencia. •Los dichos de la testigo M. de la C. H. al ser contrastados con la prueba científica, nos conducen a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del hecho, así como la participación del acusado J. M. B. Z. como autor del delito de Violación Especial en perjuicio de la niña B. N.S.. De manera, que el ente jurisdiccional, no puede fundamentar la absolución del enjuiciado amparado en la circunstancia que la menor se retractó de su declaración en la audiencia de debate, apartándose de las máximas de la experiencia, que nos han mostrado que en este tipo de delitos y con esta clase de víctimas, tal evento es frecuente, por lo que, se debe considerar el resto de elementos periféricos que rodean el hecho y que han sido coincidentes entre sí, no pretender una valoración aislada de la prueba. En consecuencia y en este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que el testimonio es congruente, preciso y claro, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia. Por lo antes expresado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que a través de la unión de indicios fundamentales se estableciera la participación del señor J. M. B. Z. en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de Violación Especial, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación de la misma.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente -para fundamentarlo- la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[3]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque constitucional, o sobre una doctrina legal constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 82 de la Constitución de la República; Artículo 90 de la Constitución de la República; Artículo 4 y 13 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Casar el fallo que ha sido impugnado.Para poner en contexto el reclamo, el Recurrente relaciona que en la audiencia de debate se recibió la declaración testifical de la menor B. N. H. S., incurriendo ésta en contradicción con lo que previamente había declarado en la audiencia inicial, por lo que el Ministerio Público, con base en lo preceptuado en el numeral 6 del Artículo 311 del Código Procesal Penal, solicitó la introducción por lectura de aquella primera declaración a efecto de confrontar a la menor y consultarle el porqué de la contradicción, petición que fue indebidamente rechazada por el Tribunal de Sentencia. Considera el Recurrente que tal rechazo se tradujo en la violación de los derechos fundamentales reconocidos en el Artículo 90 (Debido Proceso Judicial) y en el Artículo 89 de la Constitución (Derecho a la Defensa); explica que el Ministerio Público actúa en defensa de los intereses sociales, siendo uno de los miembros de esa sociedad la menor a la que se identifica víctima de un delito sexual, en ese marco indica que se inobservó : a. El principio de igualdad, el que manda que ambas partes deben tener las mismas posibilidades en el proceso, cargas de alegación, prueba y oportunidad de impugnación, evitando situaciones de privilegio de una de las partes; arguye que la negativa del A Quo colocó al Ministerio Público en condición de desventaja en relación a la parte defensora, circunstancia que quedó reflejada en la sentencia absolutoria; y b. Principio de Contradicción, que permite la defensa de derechos, al posibilitar que las partes puedan tomar conocimiento de los elementos de prueba y de poder controvertirlos, lo que no fue posible -según el recurrente- ante la negativa del Tribunal de Sentencia. Finalmente, el recurrente señala que el reclamo resulta relevante dado que era de suma importancia la incorporación al debate de la declaración rendida por la menor en la Etapa Preparatoria del proceso, a fin de que aclarase por qué las contradicciones incurridas con la declaración que estaba rindiendo en la audiencia de debate.Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención” .El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- A una justicia gratuita; ii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; v.- A la imparcialidad del juez; vi.- A la independencia del juez; vii - Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; viii.- A la igualdad de armas procesales; ix.- A que en el desarrollo del proceso penal donde se observe una debida oralidad, concentración y publicidad de las audiencias, inmediación de la prueba por los jueces y contradicción de las partes, así como sus excepciones cuando corresponda; x.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior.- La Corte IDH, en la sentencia L B M Vs. Perú, del 25 de Noviembre de 2004, párr.176, señaló que: “ Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal.”.- En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”.Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que:“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho a la Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párrafo 29 y caso Lopez Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio del 2002, párrafo 146).Por su parte la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49).”.Además esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten en un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un intérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la practica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. Es importante recalcar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acude al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales. En consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal.Principio de Contradicción y la Introducción por Lectura de declaraciones previas para efectos de confrontación Tanto el Derecho Fundamental a un Debido Proceso, como el Derecho Fundamental a la Defensa mandan que el proceso penal debe desarrollarse bajo la observancia de reglas y principios rectores que aseguren un debido proceso probatorio que permita el ejercicio pleno de la defensa (Ver Ut Supra); Entre los principios tenemos el de contradicción, previsto en el artículo 4 del Código Procesal Penal, y que presupone la existencia de dos partes antagónicas dentro del proceso, interesadas en un pronunciamiento que ampare sus intereses subjetivos que resultan ser incompatibles con los de la otra, pronunciamiento que el juzgador no podrá realizar sino antes de haber escuchado los argumentos y la prueba que sustente las respectivas posiciones. El Principio de Contradicción materializa el Derecho de Defensa, al imponer al Órgano Jurisdiccional la obligación de dar a las partes antagónicas, por su turno, la oportunidad de examinar la prueba y de escucharles previamente antes de pronunciarse respecto a la cosa debatida; Así entonces, la contradicción no solo es el derecho de controvertir, sino que lleva implícito el derecho a ser escuchado por el tribunal y que éste tome en consideración lo dicho en su decisión. La contradicción “tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no solo la existencia de una imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso y la oportunidad de refutarla, sino que requiere además, reconocer al acusador, al imputado y a su defensor, la atribución de aportar pruebas de cargo y de descargo respectivamente, la de controlar activa y personalmente, en presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción de ambas clases de elementos probatorios y la de argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídico-penales de todos ellos, para tener la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del contrario” (Cafferata Nores, José; Derecho Procesal Penal. Consensos y Nuevas Ideas. Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998, p. 57).Los Juzgadores deben desarrollar el proceso garantizando en cada acto el derecho a la debida contradicción, como instrumento técnico del proceso, esto porque: a. Es un conducto para el respeto de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en especial para el Derecho a la Defensa, que a su vez es una regla básica del debido proceso judicial; como ya se ha dicho el contradictorio permite a las partes ser escuchado previo a la toma de cualquier decisión por los juzgadores; b. Es una forma eficaz de control del proceso, en especial de la información que se trata de presentar con la prueba; las partes, con su contradictorio, depuran dicha información, llegando los oídos del Tribunal dos puntos de vista de cada aspecto, contando con un as interpretativo más amplio para la toma de una mejor decisión. En cuanto a este último punto: uno de los mecanismos para la depuración de la información que brinda la prueba, por medio de la debida contradicción, lo encontramos en los numerales cinco (5) y seis (6) del artículo 311 del Código Procesal Penal, los que prevén que, a petición de parte interesada durante el debate, el Tribunal de Sentencia podrá ordenar la introducción por lectura de tres (3) tipos de registros: i.- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; ii.-Las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada y; iii.- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate. El objeto de la introducción por lectura de estos registros es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado, o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: a. Que el perito, imputado o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; b. Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa, en una etapa anterior al debate; y c. Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación entre las dos declaraciones da la oportunidad -a la parte interesada- de poder ejercer una debida contradicción y, por esa vía, un pleno ejercicio del derecho de defensa; confrontación que además permite a los juzgadores poder tener un trebejo más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; La información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia.En Conclusión: el artículo 94 de la Constitución de la República al referirse que: “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio” (Audiatur Est Altera Pars), impone la obligación a los órganos jurisdiccionales de dar a las partes la oportunidad de examinar la prueba de manera directa, cada una a su turno, debiendo señalar en la sentencia -en cada caso- cuál de ellas tiene la razón (vencedora) y cuál de ellas no (vencido). El principio de contradicción está presente como regla transversal en el Código Procesal Penal, no solo situándolo como un principio general (Art. 4 CPP), sino que además recalcando su obligatoria observancia en diferentes disposiciones procesales para que aquel sea respetado en todos los actos del proceso, inclusive aun en los casos en donde no exista aun una persona acusada (Último Párrafo del 277 CPP).- El contradictorio va más allá del examen personal de la prueba, ya que además se extiende a las argumentaciones de las partes, exigiendo que cada una de ellas pueda escuchar las alegaciones de la otra y tener la ocasión de darle respuesta antes de la decisión judicial. Por lo tanto, no existiría juicio justo (fair trial) por indefensión cuando el Órgano Jurisdiccional no viabiliza la contradicción, lo que ocurre tanto cuando no se permite a la parte poder hacer el contradictorio al habérsele impedido examinar la prueba; tanto cuando se limita a la parte poder realizar de manera completa el contradictorio, como por ejemplo cuando: i.- Se impide desarrollo de líneas de interrogación a deponentes por causales distintas a las establecidas en el párrafo tercero del artículo 130 y párrafo tercero del artículo 330, ambos del Código Procesal Penal; ii.- Se deniega indebidamente la introducción por lectura de declaraciones previas para efectos de confrontación con las contradicciones incurridas por la misma persona en relación con su declaración rendida en la audiencia de debate, conforme los numerales 5 y 6 del Artículo 311 del Código Procesal Penal; iii.- Se imponen tiempos máximos no proporcionales para la presentación de argumentaciones de apertura o de cierre en el debate; entre otros. La inobservancia de un debido contradictorio es sancionado por la norma procesal con nulidad (Art. 166.6 CPP), por su grave repercusión al derecho de defensa.De la Procedencia del Recurso El Recurso es de RECIBO. - La Sala de lo Penal encuentra que durante la audiencia de debate el Tribunal de Sentencia violentó el artículo 130 en relación con el artículo 4 y 311.6 del Código Procesal Penal y con ello los derechos fundamentales a la defensa y a un debido proceso judicial en perjuicio del Ministerio Público, lo que conforme al artículo 166.6 del Código Procesal Penal, tiene como consecuencia inexorable la nulidad del acto violatorio. El artículo 130 del Código Procesal Penal dispone que las partes podrán interrogar a los testigos, tantas veces sea necesario; en este proceso de examen las partes podrán hacer mano de las técnicas autorizadas por la doctrina y la propia ley, siendo una de ellas la que prevé el numeral 6 del Artículo 311 del mismo cuerpo legal, que señala que en caso de contradicciones entre declaraciones dadas por una misma persona, se le preguntará a ésta -en su deposición en el debate- la razón de ello, para lo cual se le leerá la deposición anterior en donde obre dicha contradicción. En el caso de autos, se registró en el acta de debate (f. 72), que se llamó al estrado a la menor B. N. H., señalada como ofendida, a quien se le interrogó sobre los hechos objetos de juzgamiento, llegando un punto en donde el agente fiscal advirtió a los juzgadores de contradicciones entre lo que estaba diciendo la testigo en ese momento con lo declarado en la audiencia inicial (Etapa Preparatoria), por lo que solicitó la introducción por lectura de aquella primera declaración a efecto de confrontar a la testigo y consultarle el porqué de dicha contradicción; petición que en el caso concreto reunía una importancia relevante, pues el caso de juzgamiento trata de un delito en contra de la indemnidad sexual, siendo la deponente no solo la víctima del delito, sino la única testigo directa del hecho, por lo que su deposición resultaba crucial para el esclarecimiento de lo que realmente había ocurrido; sin embargo, aun cuando se trataba una petición en el marco del derecho a la defensa y aun cuando revestía de vital importancia, el Tribunal de Sentencia denegó tal petición aduciendo la inexistencia de contradicciones entre las declaraciones brindadas por la menor, razón que es falsa, pues al comparar la declaración hecha en la audiencia inicial (f. 20), con la dada en la audiencia de debate (f. 73) sin esfuerzo intelectual alguno se colige que la menor dio una descripción de los hechos distinta en ambas declaraciones: en la audiencia inicial señala no solo haber sido objeto de agresión sexual sino que identifica a la persona que realizó dicha conducta en su contra, entretanto en la audiencia de debate negó haber sido víctima de una agresión sexual y por ende, no identificó a nadie como responsable, ello aun cuando el Dictamen Clínico Forense determina que si existió dicha agresión sexual (tenido como probado por el A-Quo); Entonces la confrontación entre las dos declaraciones hubiese permitido al Ministerio Público consultarle a la testigo del porque dichas contradicciones, respuesta crucial para efectos de valorar (positiva o negativamente) la declaración que la menor estaba brindando en la audiencia de debate, en especial porque el tribunal tenía el convencimiento que sí existió una agresión sexual en perjuicio de la menor (así fijado como hecho probado).Es importante para esta Sala de lo Penal señalar que es una obligación ineludible del Estado de Honduras brindar protección a todo o y niña, entiéndase como tal a toda persona que es menor de 18 años de edad (Art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante CsDN y Art. 1 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante CdNA), para que éstos puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal (Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y art. 19.1 CsDN); En particular se debe poner acento en proteger al niño y la niña de todas las formas de abuso sexual (Art. 34 CsDN) y en su caso la implementación de políticas estatales apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, y la reintegración social cuando fuesen víctima de esa clase de hechos (Art. 39 CsDN); con ese fin todas las medidas concernientes que tomen las instituciones de derecho público o privado, se adoptaran atendiendo el interés superior del niño y la niña (Art. 3 CsND) de modo que aun cuando se identifique conflicto con otros derechos e intereses legítimos, siempre deberá prevalecer los derechos e intereses de los niños (Art. 5 CdNA).- Concretamente en los procesos judiciales, los niños deben tener una especial consideración por los operadores de justicia, teniendo siempre presente todas aquellas circunstancias que pudiesen implicar revictimización, a efecto de evitarlas o, en su caso, neutralizarlas oportunamente. Aclara esta Sala de lo Penal que lo anterior no significa que los operadores de justicia, apelando al Principio de Convencionalidad del interés superior están autorizados para desatender derechos y principios básicos que regulan el proceso penal, sino que el llamamiento es integrar dicho principio al proceso, cuando en él intervenga una persona menor de edad, en especial cuando su rol sea el de supuesta víctima del delito. El Recurrente planteó en su recursos la violación del principio de igualdad y de contradicción, y con ellos la violación del derecho de defensa y del debido proceso judicial.- Sobre esto la Sala de lo Penal no encuentra violación al principio de igualdad, pues el hecho objeto de impugnación no significó un trato desigual por el Tribunal de Sentencia que dejó en desventaja al Ministerio Público en relación con la Defensa, esto porque el testigo que se estaba interrogando fue precisamente ofertado por el órgano acusador, bajo el entendido que conocía el contenido de la deposición de la menor y por tanto si el Agente Fiscal no pudo prever el supuesto cambio de declaración de su propio testigo, menos podía hacerlo la Defensa; el hecho de que la declaración de la menor no favoreciera a la teoría acusatoria no significa violación al principio de igualdad.- Por otra parte concuerda la Sala de lo Penal que si existió violación al Principio de Contradicción, lo que replicó en la excelsitud que debe tener el derecho de defensa y el debido proceso en la actuación judicial, motivo suficiente para otorgar el Recurso de Casación. 2.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único *Norma Autorizante: 362.3 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el recurrente; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamo previo, al estar contenido el vicio en la sentencia definitiva; *Pretensión: Se declare procedente el motivo, anulando la sentencia y ordenando el reenvío al Tribunal de Sentencia. El Recurrente plantea la existencia de un vicio grave en la sentencia, ello como consecuencia de que el sentenciador realizó una valoración probatoria fuera del canon de las reglas de la sana crítica, en particular del Principio de Razón Suficiente; reclama que la prueba de cargo reproducida en la audiencia de debate evidencia claramente la responsabilidad del acusado J.M. B. Z., en el delito de Violación Sexual, en perjuicio de una menor de edad, más por una errónea valoración se emitió una sentencia absolutoria. De la Procedencia del Recurso El Recurrente, con el recurso de casación por quebrantamiento de forma persigue la misma pretensión planteada y concedida por esta Sala de lo Penal en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional que de previo ha sido resuelto; por esta razón considera este Tribunal que hacer desarrollo y dar respuesta al segundo recurso de casación no resultaría de ningún provecho procesal, pues exigiría la revisión del proceso valorativo realizado en una sentencia que debe ser declarada nula. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal PenalFalla: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Casa la sentencia de fecha trece (13) de mayo de dos mil quince (2015) (f. 80) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón; en consecuencia se declara la nulidad total de la sentencia señalada, así como de la audiencia de debate que le origina, de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009) (f. 72).- Y Manda: Primero.- Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, proceda a citar a las partes y demás intervinientes para la celebración de la audiencia de debate, a fin de dar respuesta definitiva a la acusación incoada en contra del Señor J.M.B.Z., por suponerlo responsable a título de autor directo de un delito consumado de Violación Especial, en perjuicio de la niña B.N. H.; proceso penal en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que tuvieron intervención en las actuaciones anuladas.- Segundo.- Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-397-2015.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-397-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY.

RECEPTORA ADSCRITA.

SALA DE LO PENAL

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[1] Junio Joan Pico 1. Las garantías constitucionales del proceso. Editor Barcelona, 1977, pag.132.

[2] SP 17-2008 sentencia de fecha 11 de agosto del 2009.

[3]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.