Sentencia CP-372-15 — Registro 10771
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de extorsión, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un jueza predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal, el recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el órgano jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, cómo la violación a ese principio informador, contenido del debido proceso, afectó a la decisión tomada por el Tribunal. Contrario a lo señalado, el recurrente plantea un recurso que no solo es falto de toda técnica sino que además y por básico: falto de una clara y coherente exposición de ideas.- Indica que se impuso una pena sin reunir los requisitos del tipo penal de extorsión ya que existieron muchas falencias; el recurrente no se detiene a indicar a que requisitos se refiere y/o a que falencias y cómo esto tiene relación con el derecho fundamental del Debido Proceso Judicial, sino que se limita a aquejar que solo se tomó en consideración la prueba del Ministerio Público, lo que en si no constituye violación al derecho fundamental in comento en los casos en que el Tribunal de Sentencia llega a la conclusión de que la prueba propuesta por la defensa no merece crédito, lo que siempre debe señalar suficiente y solventemente en la sentencia.- También alega el recurrente que el Ministerio Público no pudo acreditar con pruebas fehacientes la autoría del acusado; manifestación de carácter abstracta sin hacer concreción de su razón y que aun cuando se hubiese hecho tampoco sería de recibo pues se trata de un alegato de segunda instancia que refuta la fuerza acreditativa de la prueba, lo que es impropio en sede casacional. El recurrente conduce su recurso fuera del motivo originalmente planteado, trazando alegatos sin conexión con el motivo elegido como vía recursiva, sumando la falta de precisión a los múltiples desaciertos de planteamiento. Así entonces, arguye (sin explicar) que se violentó el Estado Material de Inocencia, derecho fundamental distinto a aquel planteado como fundamento del recurso; señala que debe presumirse que el acusado realizó la conducta mediante amenaza, porque ello es un hecho común en nuestro país, lo que no solo carece de relación con el motivo planteado sino que además es una invitación a hacer especulaciones sobre hechos que no fueron objeto de contradictorio probatorio en el debate; finalmente, el recurrente aqueja las actuaciones hechas por el profesional del derecho que antes representaba legalmente al acusado, con lo que de nuevo se plantea un asunto ajeno al motivo de casación planteado. Por lo señalado el motivo debe ser declarado sin lugar..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Ha señalado esta Sala de lo Penal Ut Supra que el recurso de casación por infracción de ley debe partir de los hechos declarados probados, tomados éstos como una verdad incuestionable (Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados), a los que debe auditarse -si corresponde o no- ser aparejados con el ámbito situacional que prevé una norma penal sustantiva y con sus efectos; contrario a ello, el recurrente en un escueto recurso, cuestiona las conclusiones de cierre de debate del Ministerio Público y la actuación del profesional del derecho que previo representó al acusado, no siendo ni uno ni el otro objeto de revisión por ningún recurso ordinario o extraordinario que prevea actualmente el Código Procesal Penal, dado que los recursos tienen por centro el examen de lo actuado por el órgano jurisdiccional y no lo hecho por los sujetos procesales. Por otra parte, el recurrente alega que no se acreditó participación del acusado y que existen circunstancias que no fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, volviendo sus ojos a la suficiencia de carga probatoria y no a lo sentado en los hechos probados, pecando su planteamiento por la falta de la debida precisión. En conclusión, la Sala de lo Penal observa que el recurso interpuesto no responde a las exigencias mínimas que requiere la vía de Casación por Infracción de Ley, lo que obliga a declararlo sin lugar.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. - No ha podido la Sala de lo Penal entender cuál es el sentido del argumento recursivo, pues el único párrafo que sustenta el motivo es ininteligible. El Recurrente dedica gran parte de su recurso a explicar lo que debe entenderse por reglas de la sana crítica, lo que, si bien siempre es positivo, debe tener presente que ello son consideraciones abstractas que confeccionan un discurso ilustrativo y que el sentido verdadero del recurso lo formarán las argumentaciones recursivas en donde se señale que regla de la sana crítica ha sido violentada, cual es el razonamiento judicial de la sentencia que contiene el vicio, como se materializa el vicio y porque éste es de carácter relevante para la decisión tomada por el A Quo; Todo ello faltante en el caso de marras...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación No. 372-2015 por Violación de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Condenó al Señor S. R. G. T., como autor del delito de Extorsión, en perjuicio del testigo protegido “Pájaro”, a la pena de quince años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos.- Condenó al Señor S. R. G. T., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Se declaró la responsabilidad civil del Señor S. R. G. T.- No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: El Abogado J. M. A. Á., apoderado legal del acusado S. R. G. T., como parte recurrente, y la Abogada M. E. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados De La Primera Instancia “Primero.- En fecha 06 de abril del año 2013, en horas de la tarde, llegaron dos personas no identificadas, a bordo de una motocicleta marca KMC, al punto de taxi de la Colonia El Carrizal de Comayagüela, Departamento de Francisco Morazán, donde entregaron una nota en la cual solicitaban la entrega de cuatro mil Lempiras (L 4,000.00), por cada moto taxi, lo que hacía un total de veinticuatro mil Lempiras (L 24.000.00).- En la nota decía, que si no se hacía el pago solicitado les pasaría algo de lo cual se arrepentirían, esta nota indicaba además que del número telefónico 9542-1698 debían de llamar para comunicarse con ellos, se le entregó la nota antes referida al testigo protegido “Pájaro” y éste empezó a recibir llamadas, donde le exigían el pago de veinticuatro mil (L 24,000.00) Lempiras, que debía depositarlo en un taxi número 3014, en el cual llegarían dos personas, que la entrega se haría el ocho (8) de abril del año 2014, en el estacionamiento del Metro Mall, entre doce y una de la tarde y le dieron las características de vestimenta con que iban a llegar estas personas en el taxi y que dejarían abierta la ventana del vehículo del lado del copiloto, para introducir por allí el dinero.- Segundo.- El testigo protegido al recibir la nota mencionada, denuncia el hecho ante la policía anti extorsión, donde se le solicitó que entregara dos billetes de quinientos Lempiras (L 500.00), lo cual así hizo, se cereó los mismos y se preparó un paquete con los billetes mencionados, series V1797118 y V7111221 y papel periódico, el cual se le entregó al testigo protegido “Pájaro”.- El día y hora indicado, ocho de abril de 2013, se presentó al Metro Mall el testigo protegido “Pájaro”, llevando consigo el paquete previamente preparado para la entrega, y agentes de antiextorsión que le acompañaron hasta dicho lugar y se estacionaron en puntos específicos.- El señor S. R. G. T., acompañado con otra persona del sexo masculino, llegó al estacionamiento del Metro Mall, frente al Boulevard Fuerzas Armadas y estacionó su vehículo tipo taxi, número 3014, se bajó del mismo él y su acompañante y dejó el vidrio del pasajero semi abierto, ambas personas se introducen al interior del Metro Mall, mientras tanto el testigo protegido “Pájaro”, al observar el taxi número 3014, se acercó al mismo y tiró por la ventana que estaba semi abierta del lado del pasajero, el paquete que contenía los dos billetes de quinientos (L 500.00) Lempiras series V1797118 y V7111221, que fueron seriados previamente.- El señor S. R. G. T. y su acompañante, salen del interior del Metro Mall y se introducen dentro del taxi número 3014, en donde son detenidos por los agentes de la policía anti extorsión que realizaron la vigilancia de la entrega, encontrándole al señor S. dentro del taxi que él conducía, debajo de su asiento el paquete que contenía los billetes seriados antes referidos, propiedad del testigo protegido antes mencionado.”. Recursos De CASACIÓN. - Motivos Y Argumentos “Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Infracción por violación del artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 198 del Código Procesal Penal Vigente. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo. Los preceptos constitucionales y procesales citados como infringidos por violación textualmente dicen: Artículo 90 Constitucional: (Nadie puede ser juzgado si no por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...). Artículo 198 del Código Procesal Penal: La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código, en consonancia con los hechos estimados y declarados probados de la sentencia ahora recurrida ese Tribunal condenó al Ciudadano S. R. G. T. del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido “Pájaro”, partiendo el Tribunal puso una pena en el cual no se reunían los requisitos del tipo penal de extorsión ya que hubieron muchas falencias en el presente juicio y únicamente se tomó en cuenta la prueba aportada por el Ministerio Público estableciéndose que el día 6 de Marzo del año 2013 el testigo protegido Pájaro, recibió una llamada donde era extorsionado por unas personas criminales donde le obligaban a que entregara la cantidad de Veinticuatro Mil (L.24,000.00) Lempiras, y que fue así que el testigo protegido acudió a presentar la denuncia correspondiente a las autoridades policiales donde fue auxiliado por los mismos y que efectivamente el día 8 de Marzo del año 2013, se realizó la operación de entrega de dinero objeto de extorsión, fue cuando fueron capturados los Ciudadanos S. R. G. T. y R. J. S. C., que fue a quien se le encontró el paquete simulado que contenía los dos billetes de Quinientos (L.500.00) lempiras y que al ser interrogado este último que en el lugar de la entrega estuvieron ellos y la víctima desde las 2:00 a 4:00 de la tarde y que con la víctima se comunicaba vía teléfono , que no recuerda que número es que a la víctima lo amenazaban que iba a tener problemas él y su familia, que el paquete iban dos paquetes de L.500 lempiras, simulando la cantidad solicitada, que los hechos fueron entre el 7 y 8 Abril del año 2007. Que primero la entrega se iba hacer en el Mall Premier y no se hizo porque no llegaron, y que se hizo hasta el 8 de abril en Metro Mall. Que el acusado y el acompañante llegaron y se bajaron del taxi dejando el vidrio de la puerta izquierda bajado para que el testigo dejara el paquete y regresaron y se subieron al taxi y siguieron el camino que es el testigo protegido lo llamaba S. R. T., y así se le puso a la vista un acta de registro personal del folio 24 y el acta de decomiso del folio 25 efectuadas al señor R. J. S., todo esto lo manifestó el policía C. G. V. F. también el testigo de nombre A. M. investigador de la fuerza anti Extorsión declaró que el día Domingo 7 de Abril del año 2013, llegó una persona que había sido presionado para pagar el impuesto de guerra que eran de 25,000.00 lempiras que tenía que pagar que si no lo hacía lo matarían a él y a su familia, todo esto lo anterior no hay duda que ha sido completamente preparado de manera sincronizada y que lamentablemente con todo respeto la defensa en ese momento no supo realizar las contradicciones que conforme al criterio de la sana crítica debió de establecerse como medios de defensa más sin embargo tampoco es cierto que el Ministerio Público haya pedido acreditar las pruebas fehacientes que corresponde en base al artículo 35 del Código Penal la Autoría del Ciudadano S. R. G. T., el cual dejan mucha duda y entrever que el Ministerio Público preparó la escena y que la participación del Joven antes en mención el único pecado del mundo es conducir un taxi y haberse bajado a comprar una recarga a dicho Centro Comercial y en donde los honorables Jueces del Tribunal de Sentencia han aplicado una culpabilidad como criterio erróneo no estableciendo así un fallo y apegándose a los principios generales del derecho que es aplicar el principio de inocencia, también deja entrever que si bien es cierto no hubo una declaración por parte del imputado pero se presume que los conductores de taxi constantemente son objetos de amenazas por parte de estos grupos criminales y que desafortunadamente los mecanismos de defensa fueron mal utilizados, lo que considera esta defensa que en este caso que nos ocupa aquí se ha condenado a un inocente aplicando así criterios equivocados que con lo que hemos apreciado esto no conduce nada a un bienestar común de la sociedad ya que el Ciudadano S. R. G. T.. Recurso de Casación por Infracción de Ley Que por falta de aplicación del artículo 222 del Código Penal vigente establece que, el que somete a una persona contra la voluntad y se aprovecha económicamente... en este caso que nos ocupa no se acreditó que el Ciudadano S. R. G. T., haya tenido una participación directa y que el hecho mismo de presumir no es motivo suficiente para emitir un fallo de culpabilidad ya que al momento que la Fiscal del Ministerio Público realiza sus conclusiones manifiesta creer o que piensa que el señor S. R. tenía conocimiento de lo que estaban realizando los otros autores pero que el otro co-imputado en su declaración manifiesta claramente y consta en el expediente de mérito que el señor S. R. no tiene nada que ver que únicamente fue contratado para realizar una carrera en su vehículo Automotor y que desafortunadamente la defensa con todo respeto no supo establecer una verdadera estrategia de defensa como debía corresponder. Precepto Autorizante. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo: Que por falta de aplicación del artículo 222 del Código Penal vigente establece que el que somete a una persona contra la voluntad y se aprovecha económicamente... en este caso que nos ocupa no se acredito que el ciudadano S. R. G. T. haya tenido una participación directa y que el hecho mismo de presumir no es motivo suficiente para emitir un fallo de culpabilidad ya que al momento que la Fiscal del Ministerio Público realiza sus conclusiones manifiesta creer o que piensa que el señor S. R. tenía conocimiento de lo que estaban realizando los otros autores pero que el otro co-imputado en su declaración manifiesta claramente y consta en el expediente de mérito que el señor S. R. no tiene nada que ver que únicamente fue contratado para realizar una carrera en su vehículo Automotor y que desafortunadamente la defensa con todo respeto no supo establecer una verdadera estrategia de defensa como debía corresponder, tampoco todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión ya que la autoría que establece el artículo 35 del Código Penal no fue plenamente probado por el Ministerio Público quien está obligado, a probar de manera fehaciente todos los elementos y los hechos y en el cual aquí en este caso que nos ocupa hay circunstancias que no fueron valoradas por el Tribunal de Sentencias. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Primer Motivo No ver observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. - Explicación del motivo: Será utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el artículo 202 el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del mismo cuerpo legal, este sistema de valoración que implementa la reforma procesal penal le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de prueba que determine su convencimiento pero siempre respetando las normas de la lógica, la sicología y la experiencia común. Los hechos probados de una sentencia penal, que constituyen la verdad al que el Tribunal cree haber arribado, están sustentados en el acervo probatorio que se plasma una fundamentación probatoria, la fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva en la primera el tribunal describe cada una de la prueba que dan sustento a su decisión: en la segunda (Fundamentación Intelectiva) el juzgador debe explicar porque un medio probatorio merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada, sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado tal suerte que la violación a esa regla que corrige el correcto entendimiento humano, constituye un problema de la fundamentación de la sentencia: por ello el Legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal ubica dentro de la fundamentación del fallo regla cuarta la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica, entonces constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. El sistema de la sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a los que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoye. En este sistema no tiene reglas legales que las que establezca el valor que debe consignarle cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano en la sana crítica racional el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorada la eficacia condicional de cada prueba en total libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica a la que debe sujetarse el Juzgador en la valoración de las pruebas según oxígeno en los artículos 212 y 336 del Código Procesal Penal y que recaiga el artículo 338 sección cuarta numeral 2 (Justificando según las reglas de la sana crítica el valor que se haya dado a las prácticas en juicio) aparece la característica exigida por ellas denomina según Fernando De La Rúa (La casación penal, el recurso de la casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación como deriva según la cual la motivación debe respetar el principio de razón suficiente para cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de la prueba y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinado para ello, la motivación debe de ser concordante a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. De tal suerte y como lo sostiene la ley de la razón suficiente cada elemento probatorio debe estar sustentado por otros elementos de prueba permitido que cada probanza sirva de soporte a otras u otras pruebas. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa que contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana critica a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en consecuencia, en la valoración de los artículos mencionados en el presente proceso tribunal de sentencia no derivo razonablemente las pruebas presentadas en el juicio ya que con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, la parte acusadora aporta como prueba las declaraciones de los testigos que arriba se han mencionado por quebrantamiento de forma. Segundo Motivo Por haber el sentenciador excluido prueba de valor decisivo. - Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra en el artículo 262 numeral 2 del Código Procesal Penal. Que en fecha 27 de marzo y 16 abril del año 2015. Donde se desarrolló un juicio oral y público donde el Honorable Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta la declaración testifical de uno de los co-autores y manifestó claramente que el ciudadano S. R. G. T. no tenía nada que ver con el grupo criminal y por ende debía deberse excluido de la acción ya que esta declaración tampoco se debe entender por el simple hecho de ayudarlo si no que como parte de la verdad ofrecida al Honorable Tribunal de Sentencia. En consecuencia, el Tribunal de Sentencia excluye en juicio oral y público el siguiente medio de prueba. 1. Únicamente como prueba testifical la declaración del señor R. J. S., quien manifiesta de su viva voz que solo contrató a S. R. G., para una carrera el cual conducía el taxi número 1034 que no tenía nada que ver en su participación y que no era por el simple hecho de ayudarlo si no que es inocente ya que tampoco es cierto que dicho paquete fue encontrado en el vehículo automotor como dicen haberlo encontrado los testigos del Ministerio Público cuando está claro que en la acta de decomiso o secuestro a quien se le encuentra las evidencias del caso es a este señor y no a mi defendido S. R. G. T., entonces preguntémonos hay que meter presos a todos los conductores de taxi porque según este hecho caminan extorsionando por todas las calles de la Capital. Fundamentación Jurídica De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; *Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; *Derecho a la Tutela Cautelar; y *Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). 2. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente -para fundamentarlo- la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; Artículo 198 Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Expone el recurrente que el Tribunal de sentencia impuso una pena “en el cual no se reunían los requisitos del tipo penal de extorsión”, ya que existieron muchas falencias en el juicio y únicamente se tomó en cuenta la prueba aportada por el Ministerio Público. En el libelo, el recurrente aqueja que el profesional del derecho que en ese momento representaba al acusado no supo realizar las contradicciones “que conforme al criterio de la sana crítica debió establecer como medio de defensa”, pero, aun así, no es cierto que el Ministerio Público haya podido acreditar las pruebas fehacientes que corresponde con base en el artículo 35 (SIC) que habla de la autoría. Alega el recurrente que se ha declarado la culpabilidad del acusado sin apegarse al Principio de Inocencia. Discute que, si bien el acusado no declaró, es de asumir que los conductores de taxi constantemente son objeto de amenazas por parte de los grupos criminales, e insiste que desafortunadamente los mecanismos de defensa fueron mal utilizados. Finaliza el motivo el recurrente señalando que es del parecer que se condenó a un inocente, aplicando criterios equivocados. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo. – El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un jueza predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. Cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal, el recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el órgano jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, cómo la violación a ese principio informador, contenido del debido proceso, afectó a la decisión tomada por el Tribunal. Contrario a lo señalado, el recurrente plantea un recurso que no solo es falto de toda técnica sino que además y por básico: falto de una clara y coherente exposición de ideas.- Indica que se impuso una pena sin reunir los requisitos del tipo penal de extorsión ya que existieron muchas falencias; el recurrente no se detiene a indicar a que requisitos se refiere y/o a que falencias y cómo esto tiene relación con el derecho fundamental del Debido Proceso Judicial, sino que se limita a aquejar que solo se tomó en consideración la prueba del Ministerio Público, lo que en si no constituye violación al derecho fundamental in comento en los casos en que el Tribunal de Sentencia llega a la conclusión de que la prueba propuesta por la defensa no merece crédito, lo que siempre debe señalar suficiente y solventemente en la sentencia.- También alega el recurrente que el Ministerio Público no pudo acreditar con pruebas fehacientes la autoría del acusado; manifestación de carácter abstracta sin hacer concreción de su razón y que aun cuando se hubiese hecho tampoco sería de recibo pues se trata de un alegato de segunda instancia que refuta la fuerza acreditativa de la prueba, lo que es impropio en sede casacional. El recurrente conduce su recurso fuera del motivo originalmente planteado, trazando alegatos sin conexión con el motivo elegido como vía recursiva, sumando la falta de precisión a los múltiples desaciertos de planteamiento. Así entonces, arguye (sin explicar) que se violentó el Estado Material de Inocencia, derecho fundamental distinto a aquel planteado como fundamento del recurso; señala que debe presumirse que el acusado realizó la conducta mediante amenaza, porque ello es un hecho común en nuestro país, lo que no solo carece de relación con el motivo planteado sino que además es una invitación a hacer especulaciones sobre hechos que no fueron objeto de contradictorio probatorio en el debate; finalmente, el recurrente aqueja las actuaciones hechas por el profesional del derecho que antes representaba legalmente al acusado, con lo que de nuevo se plantea un asunto ajeno al motivo de casación planteado. Por lo señalado el motivo debe ser declarado sin lugar. 3. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. s importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Opone el Recurrente que en el presente caso no se acreditó que el acusado S. R. G. T., haya tenido participación directa en el hecho; que el Ministerio Público en sus conclusiones lo que hizo fue presumir de que el acusado tenía conocimiento de lo que estaban realizado otros actores. Señala que desafortunadamente la defensa no supo establecer una verdadera estrategia como correspondía. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Ha señalado esta Sala de lo Penal Ut Supra que el recurso de casación por infracción de ley debe partir de los hechos declarados probados, tomados éstos como una verdad incuestionable (Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados), a los que debe auditarse -si corresponde o no- ser aparejados con el ámbito situacional que prevé una norma penal sustantiva y con sus efectos; contrario a ello, el recurrente en un escueto recurso, cuestiona las conclusiones de cierre de debate del Ministerio Público y la actuación del profesional del derecho que previo representó al acusado, no siendo ni uno ni el otro objeto de revisión por ningún recurso ordinario o extraordinario que prevea actualmente el Código Procesal Penal, dado que los recursos tienen por centro el examen de lo actuado por el órgano jurisdiccional y no lo hecho por los sujetos procesales. Por otra parte, el recurrente alega que no se acreditó participación del acusado y que existen circunstancias que no fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, volviendo sus ojos a la suficiencia de carga probatoria y no a lo sentado en los hechos probados, pecando su planteamiento por la falta de la debida precisión. En conclusión, la Sala de lo Penal observa que el recurso interpuesto no responde a las exigencias mínimas que requiere la vía de Casación por Infracción de Ley, lo que obliga a declararlo sin lugar. 4. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad (Art.165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que lleva como sanción prevista por la ley, su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i) Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii) Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii) Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el recurrente. *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente. *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Recurrente inicia el libelo explicando lo que debe entenderse por las reglas de la sana crítica, lo que le toma el 82% del espacio de la exposición de su recurso, aquejando en el restante 18% que la sentencia contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica observable en la valoración de la prueba “ y que se convierte en consecuencia en la valoración de los artículos mencionados en el presente proceso tribunal de sentencia no derivo razonablemente las pruebas presentadas en el juicio, ya que con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, la parte acusadora aporta como prueba las declaraciones de los testigos que arriba se han mencionado por quebrantamiento de forma “ (SIC). De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo no es de RECIBO. - No ha podido la Sala de lo Penal entender cuál es el sentido del argumento recursivo, pues el único párrafo que sustenta el motivo es ininteligible. El Recurrente dedica gran parte de su recurso a explicar lo que debe entenderse por reglas de la sana crítica, lo que, si bien siempre es positivo, debe tener presente que ello son consideraciones abstractas que confeccionan un discurso ilustrativo y que el sentido verdadero del recurso lo formarán las argumentaciones recursivas en donde se señale que regla de la sana crítica ha sido violentada, cual es el razonamiento judicial de la sentencia que contiene el vicio, como se materializa el vicio y porque éste es de carácter relevante para la decisión tomada por el A Quo; Todo ello faltante en el caso de marras. Segundo Motivo. *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el recurrente; *Concepto de la Infracción: Por haber el sentenciador excluido prueba de valor decisivo; *Reclamación Ex ante: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Denuncia el recurrente que el Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta la declaración testifical de uno de los co-autores: R. J. S., quien manifestó claramente que el acusado S. R. G. T., no tenía nada que ver con el grupo criminal. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio cuyo Iter va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración; en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método de la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo No es de Recibo.- Es oportuno indicar que el ejercicio de la defensa comprende, no solo el hecho de contar con un profesional del derecho que le represente en el proceso penal y le asesore técnicamente, sino también a que el acusado pueda defenderse materialmente de manera directa a través de su propia participación en el proceso y que se materializa, entre otros, con el derecho a declarar sobre los hechos (cuando no se ejerza el derecho a abstenerse de declarar), garantizado así por los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 94 de la Constitución de la República. En contraposición, los tribunales tienen el deber de escuchar al acusado y más aún, el de tener en cuenta sus manifestaciones al momento de decidir sobre algún aspecto del proceso; en el caso específico de la audiencia de debate es deber del Tribunal de Sentencia analizar lo dicho por el acusado conforme a las reglas de la sana crítica y determinar su credibilidad para efectos de emitir el fallo, esta valoración es la misma que se debe realizar cuando el acusado participa voluntariamente en un careo (Art. 260) o en una Reconstrucción de Hechos (Art. 262 CPP). Es por lo indicado que es posible reclamar -vía recurso de casación por quebrantamiento de forma- los casos en donde el Tribunal de Sentencia no haya tenido en consideración la declaración de la persona acusada, bajo el motivo de “exclusión indebida de prueba de valor decisivo”, aun cuando tengamos claro que no se trata propiamente de un medio de prueba, pero si de un medio material de defensa que debe ser ponderado previo a la decisión judicial. En el motivo que nos ocupa, el Recurrente denuncia que el Tribunal de Sentencia dejó de considerar indebidamente la declaración realizada por el acusado R. J. S., mediante la cual desvincula al acusado S. R. G. T., de los hechos que están juzgados; para efectos de comprobar la existencia del vicio en los términos explicados Ut Supra la Sala de lo Penal acudió a la sentencia en donde a folio 298 encuentra la valoración descriptiva de la declaración del acusado S. C., y a folio 300 vuelto la valoración intelectiva, en donde el A Quo hace un análisis sobre ésta y concluye que no es creíble. Resulta entonces que el vicio alegado por el recurrente es inexistente pues la declaración del acusado S. no solo fue valorada descriptiva, sino que además intelectivamente, con lo cual se cumple la exigencia del Código Procesal Penal de que toda las actuaciones probatorias y los actos de defensa material de los acusados deben ser relacionados y valorados en la sentencia. El recurrente ha errado en su planteamiento por forma y por fondo: i) Por forma dado que al no estar de acuerdo con la valoración de la declaración hecha por el Señor S., por controvertir las reglas de la Sana Crítica debió plantear motivo por violación a la Sana Crítica, que es la vía recursiva que permite a esta Sala de lo Penal poder auditar si el razonamiento judicial se concilia con el debido razonamiento humano y no la “indebida exclusión de prueba” cuyo alcance es diferente como se ha explicado previo; ii) Por fondo, pues al señalar que el Señor R. S. es un coautor, es el reconocimiento de que el hecho fue cometido por cuanto menos dos personas que se pusieron de acuerdo para ello (teoría de la Coautoría), con lo cual su planteamiento se vuelve contradictorio dado que por una parte alega desconocimiento del acusado G. T. en los hechos y por otra señala que el hecho fue en coautoría, la cual solo puede conformarse con la participación conjunta y voluntaria de los acusados S. y G. DECISIÓN 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; 2. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo; y 3. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; No Ha Lugar el único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley; y No Ha Lugar los dos motivos del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma; todos interpuestos por el Abogado J. M. A. Á.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil quince (2015) (f. 293) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-372-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.