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Sentencia CP-37-16 — Registro 10544

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico El recurrente funda su motivo único de casación de Quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en su ley lógica, de la derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, en la valoración de los medios de prueba de cargo consistentes en: 1) Acta de Registro Personal, practicada al acusado el 20 de Julio de 2013 por el Agente de la Policía Preventiva, Clase II, A. L., asignado a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Comayagua; 2) Acta de Decomiso o Secuestro del arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir, de fecha 20 de Julio de 2013, practicado por el Policía A. L.; 3) Dictamen Balístico, que acredita que el arma decomisada al acusado M. G.; 4) Oficio del Registro Nacional de Armas, con la que se establece, que el arma decomisada al acusado M. G. D. no está registrada a su nombre; 5) Evidencia, que consistió en el arma de fuego decomisada a M. G. D., al descartar la participación del imputado M. G. D., en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial. No comparte el criterio del sentenciador en el apartado de fundamentación jurídica, respecto a que con la acción ejecutada por el imputado no se ha puesto en peligro bien jurídico alguno. Esta Sala observa que, en el presente caso, el Policía Clase II señor A. L., asignado a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Comayagua, elabora tanto el Acta de Registro Personal como el Acta de Decomiso y Secuestro, practicadas al acusado M. G. D., medios de prueba que el tribunal otorga plena credibilidad a pesar que el Policía Clase II antes indicado, no comparece a la audiencia de juicio oral y público a ratificar su participación en las actas de Decomiso y Registro, personal. Esta Sala observa que a pesar que fue probado que el acusado M. G. D., fue sometido por parte de agentes de la Policía Preventiva a registro personal (cateo) de rutina, sin que hubiera indicio o sospecha fundada de la comisión de una falta o delito, siendo encontrado el acusado en posesión material del arma de fuego arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir, de su propiedad, por compra hecha al señor M. P., dos años antes del decomiso, siendo dicha arma de origen lícito y de tipo comercial, por lo tanto susceptible de registro balístico y de ser otorgada la autorización o permiso por parte del Estado de Honduras para su debida portación legal. En este caso, no existe en el proceso ningún medio de prueba que oriente a concluir que al momento de su captura el acusado M. G. D. haya tenido la intención de ir a registrar o iniciar el procedimiento de registro balístico para legalizar la portación legal del arma de fuego descripta. Consta en el Acta de Debate (folio 12-18 del proceso) que al valorar la prueba que al momento valorar la prueba y tomar su decisión final el juzgador aplica el Decreto Legislativo de Veda No. 63-2013, ampliado los años 2014 y 2015 hasta el 31 de diciembre, establecido por el Poder Legislativo para que los ciudadanos procedieran a registrar sus armas de fuego, no obstante esta Sala aprecia que el mencionado Decreto de Veda no tiene aplicación positiva al presenta caso, dado que el acusado es detenido en forma flagrante en posesión de un arma de fuego de tipo comercial, sin permiso de portación, habiendo estado en posesión de la misma por dos años a partir de la fecha de compra, tiempo suficiente para que procediera a inscribirla legalmente, hecho que no impide la estricta aplicación de la ley penal. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia recurrida, por el Juzgador de instancia para restar valor probatorio y credibilidad a los medios de prueba de cargo, son débiles e insuficientes, por lo que concluye que, en la valoración de prueba de cargo preinserta, el juzgador ha incurrido en vicio de forma que da lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, por violación a las reglas de la sana crítica, invocado por el recurrente ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras,La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-37-2016 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual Absolvió al señor M. G. D., del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del La Seguridad Interior del Estado de Honduras. No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. SON PARTES: El Abogado Á. A. A. G., fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado H. M. L., Defensor Público del señor M. G. D., como parte recurrida. I. Hechos Probados ÚNICO: El día veinte (20) de julio del año dos mil trece (2010), Agentes de la Policía Nacional Preventiva, asignados a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua; precisamente en una calle pública del lugar conocido como Jaitique, jurisdicción de aquel pueblo, encontraron al señor M. G. D. llevando consigo un arma de fuego Tipo pistola, Calibre 9mm, Marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9MM sin percutir, arma ésta que resultó ser propiedad del referido M. G. D..” II. RECURSO DE CASACIÓN: “EL RECURRENTE ABOGADO A. A. A. G., PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal, atinente a la valoración de las pruebas conforme a las reglas de la Sana Crítica, en virtud que el Sentenciador concluyó erróneamente, que la prueba aportada al debate no logró demostrar la participación del acusado M. G. en la conducta delictiva que le fue atribuida durante el proceso. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del ente acusador, no es más que un claro ejemplo de una vulneración a las reglas del correcto entendimiento humano, mismas que deben ser estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que se apoya la sentencia; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto, y así evidenciar la Inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, Integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y para ello haremos un breve análisis de la prueba de cargo, contrastándolo con lo expresado por el Juzgador en el fallo de mérito. Prueba de Cargo: 1. ACTA DE REGISTRO PERSONAL, practicada al acusado el 20 de Julio de 2013 por el Agente de la Policía Preventiva, Clase II, A. L., asignado a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Comayagua, mediante la cual se acreditó que el señor M. G. D. andaba en el lado derecho de su cintura un arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir. 2. ACTA DE DECOMISO Y SECUESTRO, de fecha 20 de Julio de 2013, practicado por el Policía A. L., mediante la cual se hace el decomiso del arma anteriormente descrita, misma que llevaba el imputado al momento de su detención. 3. DICTAMEN BALÍSTICO, que acredita que el arma decomisada al acusado M. G. presenta un buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo. 4. OFICIO DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, con la que se establece, que el arma decomisada al acusado M. G. D. no está registrada a su nombre; es decir, que el mismo no tiene el permiso correspondiente para portar dicha arma de fuego. 5. EVIDENCIA, que consistió en el arma de fuego decomisada a M. G. D. Toda la prueba anteriormente relacionada, fue valorada por el Tribunal de la siguiente manera: “De la lectura de las actas que anteceden, se desprende que evidentemente el señor M. G. D., el día 20 de Julio del año 2013, fue encontrado llevando un arma de fuego tipo comercial, de su propiedad, sin el permiso de la autoridad competente para portarla, extremo que el propio señor G. D. no ha negado; lo anterior, no obstante que el Clase II A. L., no compareció a la audiencia de juicio a ratificar el contenido del acta y su firma puesta en las indicadas actas, lo cual a juicio de este Tribunal no resulta importante… tampoco es menos cierto, que tal arma resultó plenamente acreditado ser de su legítima propiedad, faltando únicamente el registro balístico… al revisar el Dictamen Balístico aparece que el arma de fuego propiedad de don M. G. D., presenta buen estado de funcionamiento tanto mecánico y operativo; ante lo cual este Tribunal concluye que se faltaría a la objetividad que regula el artículo 93 del Código Procesal Penal, que debe caracterizar a todo funcionario judicial, pretendiendo sancionar una conducta con la cual no se puso en riesgo ni en peligro o bien jurídico protegido alguno; como ocurre en éste caso, cuando el propio dueño del arma de fuego anteriormente descrita, es quien la portaba, faltándole el permiso de balística únicamente”. (Lo resaltado es nuestro). El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra exposición del motivo, ya que de haberse realizado una correcta valoración de los medios de prueba incorporados, indudablemente el Juzgador no podría arribar a otro resultado más que la existencia del delito por el cual se acusó al procesado, conforme a los razonamientos siguientes: • En este sentido, es procedente señalar que con la prueba evacuada se logró configurar todos los elementos del ilícito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, pues se acreditó que el acusado llevaba en su cintura el arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir, tal y como fue demostrado con las Actas de Registro y Decomiso; la cual se encontraba en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, como se determinó con el Dictamen Balístico; de igual forma, se probó con el Oficio del Registro Nacional de Armas que el imputado no tiene el permiso otorgado por la Autoridad correspondiente que le autorice portar el arma. • El acusado manifestó, que era el propietario del arma desde hacía dos años y que todo ese tiempo la ha tenido en su poder sin el permiso respectivo, pues tenía, y en efecto presentó en juicio, el carnét del propietario anterior (M. P.); sin embargo, esta circunstancia no le autoriza a portarla, especialmente porque tuvo todo ese tiempo para inscribirla. Señaló el enjuiciado como medio de defensa, que llevó el arma a la Municipalidad para que le dieran el permiso correspondiente, extremo que no se acreditó, pues no presentó comprobante alguno que hiciera constar ese aspecto, lo que le resta credibilidad a sus dichos. • No compartimos el criterio expresado por el sentenciador en el apartado de fundamentación jurídica, respecto a que con la acción ejecutada por el imputado no se ha puesto en peligro bien jurídico alguno, en virtud, que el delito de Portación Ilegal de Arma es de peligro abstracto y basta que el acusado haya llevado consigo el arma en buen estado de funcionamiento sin contar con la autorización para ello, para que se configuren los elementos que requiere el tipo penal en referencia. • En relación, la Sala Penal en Sentencia CP-377-2008 dictada en fecha 15 de Diciembre de 2010 consideró que “la infracción penal de la Portación Ilegal de Armas es de las que se conocen como de “peligro abstracto, o de mera actividad”, conductas en las que no es necesaria ni la lesión efectiva ni la puesta en peligro concreto del bien jurídico penalmente protegido, en estos delitos lo que se describe por el legislador es un comportamiento que según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto protegido, la suposición hecha por el legislador de que la posesión de armas de manera Ilegal representa un peligro para la colectividad es sumamente razonable, pues sabido es que las armas representan un peligro cierto al ser utilizadas y con mayor razón de parte de quienes las portan de manera ilegal.- En relación con el bien jurídico en lo delitos de peligro la doctrina apunta, “Se dividen en delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto.- Suele decirse que en los primeros requiere expresamente la ley la creación de una efectiva situación de peligro (resultado de peligro), mientras que en los delitos de peligro abstracto no es preciso, que en el caso concreto la acción cree un peligro efectivo: sólo serían delitos de peligro en el sentido de que la razón de su castigo es que normalmente suponen un peligro”.-Véase. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal Parte General, 8 edición, 2 reimpresión, editorial IB de F, Montevideo- Buenos Aires, 2009, p. 229”. (Lo resaltado en negrillas y subrayado no corresponde al texto original). • El acusado aceptó tener conocimiento de que debía registrar el arma a su nombre, señalando que lo que no sabía era “si había una época” para hacerlo, sin embargo, también afirmó haber ido a la Alcaldía para tal efecto, por lo que su versión en este sentido tampoco es creíble y queda demostrado que el imputado no acudió a hacer ningún trámite tendiente a registrar el arma en mención, todo el tiempo anterior al decomiso y que no la registró, lo que evidencia que actuó dolosamente. •La sentencia CP-152-2011 de fecha 27 de Junio de 2013 dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar, se pronunció en los siguientes términos: “En el caso sometido a Juzgamiento, observa esta Sala Casacional, que en efecto, en el Cuadro Fáctico se puede detectar el Elemento Objetivo del Delito de Portación Ilegal de Armas, como es “usar armas de fuego comerciales” ya que claramente establece que el Señor E. D. H. O., fue detenido en posesión de un Arma de Fuego Comercial, en virtud de no portar el permiso correspondiente. El tipo objetivo es la parte externa del delito. En él se describen la acción, el objeto de la acción, en su caso el resultado, las circunstancias externas del hecho y las cualidades de los sujetos. Con el tipo objetivo se cumplen algunas de las exigencias necesarias que determina la aparición de una acción típica, pero no las suficientes. Para cumplir con las condiciones mínimas del ilícito se requiere además de la presencia de otro grupo de circunstancias internas que conforman el tipo subjetivo. Por tanto, para conformar la totalidad del Tipo Penal, se requiere además del Elemento Subjetivo consistente en el “Dolo”, que se entiende simplemente como conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Del dolo se derivan dos elementos: el primero, “Intelectual”, el sujeto de la acción debe saber que es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como acción típica; y el segundo, “Volitivo”, para actuar dolosamente no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además, querer realizarlos… Ahora bien, si el Imputado, a pesar de saber que se están extendiendo los permisos, desafía a la autoridad y porta su arma de fuego sin la aprobación correspondiente, sería evidente la conformación del elemento subjetivo, porque el Actor no tiene ningún impedimento para solicitar su permiso”. Por lo antes expresado, es evidente que las afirmaciones realizadas por el juzgador, en el apartado de valoración probatoria, violentan la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia en vista de que, con la Prueba de Cargo se logró acreditar en juicio los elementos necesarios que confirman la participación de M. G. D. en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial, como vemos a continuación: • Con las Actas de Decomiso y Registro se acreditó sin lugar a dudas que al momento de su detención el acusado se encontraba portando el arma de Uso Comercial, que se describió como Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir. • Del Dictamen de Balística se desprende que el arma periciada se encontró en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo. • Con el Oficio del Registro Nacional de Armas, se acreditó que el acusado M. G. D. no tiene el permiso correspondiente para portar dicha arma de fuego. Con lo anterior, el ente acusador logró demostrar sin lugar a dudas que el señor M. G. D. ha incurrido en la infracción penal establecida en el artículo 332-A del Código Penal, y siendo que esta infracción se encuentra entre los denominados delitos de Peligro Abstracto o de Mera Actividad, no es necesario que exista una lesión efectiva o la puesta en peligro concreto del bien jurídico penalmente protegido, pues sabido es, que la portación ilegal de armas representa un peligro para la sociedad. En consecuencia y en este orden de resultados, de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que esta probanza fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica conducen toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando. Atendiendo lo anteriormente expresado, El Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues el mismo se produce en el acto de la emisión de la sentencia ahora impugnada.” III. Fundamentación Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el Juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. El Sentenciador concluyó erróneamente, que la prueba aportada al debate no logró demostrar la participación del acusado M. G. en la conducta delictiva que le fue atribuida durante el proceso. El Juzgador en el fallo de mérito valora la prueba de cargo, consistente en: 1) Acta de Registro Personal, practicada al acusado el 20 de Julio de 2013 por el Agente de la Policía Preventiva, Clase II, A. L., asignado a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Comayagua; 2) Acta de Decomiso y Secuestro, de fecha 20 de Julio de 2013, practicado por el Policía A. L.; 3) Dictamen Balístico, que acredita que el arma decomisada al acusado M. G.; 4) Oficio del Registro Nacional de Armas, con la que se establece, que el arma decomisada al acusado M. G. D. no está registrada a su nombre; 5) Evidencia, que consistió en el arma de fuego decomisada a M. G. D.. El Tribunal concluye que con la conducta atribuida al acusado “no se puso en riesgo ni en peligro o bien jurídico protegido alguno, ... cuando el propio dueño del arma de fuego anteriormente descrita, es quien la portaba, faltándole el permiso de balística únicamente”. Con la prueba evacuada se logró configurar los elementos del ilícito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, al acreditarse que el acusado llevaba en su cintura el arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir, con las Actas de Registro y Decomiso; arma en buen estado de funcionamiento, mecánico como operativo, como se determinó con el Dictamen Balístico; y se probó con el oficio del Registro Nacional de Armas que el imputado no tiene el permiso otorgado por la autoridad para portar el arma. El acusado declaró que es propietario del arma desde hacía dos años, presentó en juicio el carné del propietario anterior M. P., circunstancia que no le autoriza a portarla. No comparte el criterio del sentenciador en el apartado de fundamentación jurídica, respecto a que con la acción ejecutada por el imputado no se ha puesto en peligro bien jurídico alguno. El sentenciador violenta la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia en vista de que, con la prueba de cargo se logró acreditar en juicio los elementos necesarios que confirman la participación de M. G. D. en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial. A.1) Concepto General del recurso Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[1]. A.2) Concepto específico: Casación por Quebrantamiento de Forma por no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. El sentenciador violenta la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia en vista de que, con la prueba de cargo se logró acreditar en juicio los elementos necesarios que confirman la participación de M. G. D. en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial. Con las Actas de Decomiso y Registro se acreditó sin lugar a dudas que al momento de su detención el acusado se encontraba portando el arma de Uso Comercial, que se describió como Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir. Del Dictamen de Balística se desprende que el arma periciada se encontró en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo. Con el Oficio del Registro Nacional de Armas, se acreditó que el acusado M. G. D. no tiene el permiso correspondiente para portar dicha arma de fuego. A.3) De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. A.4) Opinión de la Sala sobre el caso específico El recurrente funda su motivo único de casación de Quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en su ley lógica, de la derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, en la valoración de los medios de prueba de cargo consistentes en: 1) Acta de Registro Personal, practicada al acusado el 20 de Julio de 2013 por el Agente de la Policía Preventiva, Clase II, A. L., asignado a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Comayagua; 2) Acta de Decomiso o Secuestro del arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir, de fecha 20 de Julio de 2013, practicado por el Policía A. L.; 3) Dictamen Balístico, que acredita que el arma decomisada al acusado M. G.; 4) Oficio del Registro Nacional de Armas, con la que se establece, que el arma decomisada al acusado M. G. D. no está registrada a su nombre; 5) Evidencia, que consistió en el arma de fuego decomisada a M. G. D., al descartar la participación del imputado M. G. D., en el delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial. No comparte el criterio del sentenciador en el apartado de fundamentación jurídica, respecto a que con la acción ejecutada por el imputado no se ha puesto en peligro bien jurídico alguno. Esta Sala observa que, en el presente caso, el Policía Clase II señor A. L., asignado a la Jefatura del Municipio de Taulabé, Comayagua, elabora tanto el Acta de Registro Personal como el Acta de Decomiso y Secuestro, practicadas al acusado M. G. D., medios de prueba que el tribunal otorga plena credibilidad a pesar que el Policía Clase II antes indicado, no comparece a la audiencia de juicio oral y público a ratificar su participación en las actas de Decomiso y Registro, personal. Esta Sala observa que a pesar que fue probado que el acusado M. G. D., fue sometido por parte de agentes de la Policía Preventiva a registro personal (cateo) de rutina, sin que hubiera indicio o sospecha fundada de la comisión de una falta o delito, siendo encontrado el acusado en posesión material del arma de fuego arma de fuego tipo Pistola, Calibre 9mm, marca Sportarms, Serie 386922, cacha de plástico, color negro, conteniendo en su cargador diez (10) proyectiles calibre 9mm, sin percutir, de su propiedad, por compra hecha al señor M. P., dos años antes del decomiso, siendo dicha arma de origen lícito y de tipo comercial, por lo tanto susceptible de registro balístico y de ser otorgada la autorización o permiso por parte del Estado de Honduras para su debida portación legal. En este caso, no existe en el proceso ningún medio de prueba que oriente a concluir que al momento de su captura el acusado M. G. D. haya tenido la intención de ir a registrar o iniciar el procedimiento de registro balístico para legalizar la portación legal del arma de fuego descripta. Consta en el Acta de Debate (folio 12-18 del proceso) que al valorar la prueba que al momento valorar la prueba y tomar su decisión final el juzgador aplica el Decreto Legislativo de Veda No. 63-2013, ampliado los años 2014 y 2015 hasta el 31 de diciembre, establecido por el Poder Legislativo para que los ciudadanos procedieran a registrar sus armas de fuego, no obstante esta Sala aprecia que el mencionado Decreto de Veda no tiene aplicación positiva al presenta caso, dado que el acusado es detenido en forma flagrante en posesión de un arma de fuego de tipo comercial, sin permiso de portación, habiendo estado en posesión de la misma por dos años a partir de la fecha de compra, tiempo suficiente para que procediera a inscribirla legalmente, hecho que no impide la estricta aplicación de la ley penal. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia recurrida, por el Juzgador de instancia para restar valor probatorio y credibilidad a los medios de prueba de cargo, son débiles e insuficientes, por lo que concluye que, en la valoración de prueba de cargo preinserta, el juzgador ha incurrido en vicio de forma que da lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, por violación a las reglas de la sana crítica, invocado por el recurrente. IV. DECISIÓN, esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por el Abogado Á. A. A. G., fiscal del Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por el Abogado Á. A. A. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado señor M. G. D., a quien se le absolvió del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Casa la sentencia recurrida y, en consecuencia declara la nulidad de la sentencia impugnada de fecha uno de octubre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, así como la nulidad del debate que la origina; MANDA: Que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, celebre nuevo juicio contra el señor M. G. D., por suponerlo responsable penalmente del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del La Seguridad Interior del Estado de Honduras, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que se anulan; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-37-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005