Sentencia CP-366-15 — Registro 10702
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor responsable del delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Para efecto de tener un análisis sistemático adecuado del recurso interpuesto por el Ministerio Público, esta Sala de lo Penal considera pertinente invertir el orden de abordaje, atendiendo en primer término, el recurso de casación que por quebrantamiento de forma y, posteriormente, el recurso de casación por infracción de ley. El ente acusador arguye que al momento de formalizar acusación y al emitir sus conclusiones, solicitó al Tribunal de Sentencia que a los acusados B. A. M. H. y A. C. G., se les dictara sentencia condenatoria por el delito de robo agravado continuado, argumentando que éstos utilizaron armas de fuego para despojar de sus pertenencias muebles a los testigos protegidos y al occiso J. H. R. S.; y no obstante su solicitud, en la parte resolutiva del fallo impugnado se omite todo pronunciamiento por el delito de robo agravado continuado. Frente a lo anterior, esta Sala de lo Penal observa que el ente acusador al momento de promover la acción penal pública contra los encartados B. A. M. H. y A. C. G., lo hizo por el delito de homicidio simple en perjuicio de J. H. R. S. (vid., f. 1 al 4), calificación jurídica mantenida en la etapa intermedia (vid., f. 118 al 121), y es al momento de la apertura del debate (vid., f. 184), que amplía su acusación a un delito de asesinato en perjuicio de J. H. R. S. y un delito de robo agravado continuado no determinando en perjuicio de quién o quiénes, a lo que el Tribunal de Sentencia luego de deliberar, resolvió ampliar la acusación únicamente por un delito de asesinato más no así por el delito de robo continuado por tratarse de un nuevo delito bajo la base de los mismos hechos. Establece el Artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación, o modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el mismo precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del Artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Este precepto legal señala que no constituye ampliación de la acusación la corrección de errores materiales, la inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta, y la introducción de hechos nuevos, ya sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en este último caso dispone el Código Procesal Penal, que se deberá proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. En el caso actual, se desprende del acta de debate (vid., f. 184), que el Ministerio Público bajo la base de los mismos hechos pretende introducir al proceso un nuevo delito de robo agravado continuado, lo cual no se ajusta a los presupuestos contenidos en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Esta pretensión de ampliación de la acusación formulada por el Ministerio Público, fue desestimada por el Tribunal de Sentencia, lo que implica que ni las partes ni el mismo Tribunal tomaron en cuenta durante el debate, la acreditación o no de la imputación por el delito de robo agravado continuado de los acusados B. A. M. H. y A. C. G., como para que pueda el ente acusador, con razón, denunciar su omisión en la parte resolutiva de la sentencia. La norma procesal penal y la jurisprudencia han condicionado para la configuración del vicio, que en primer término la cuestión jurídica omitida haya sido oportunamente debatida, lo cual no ocurre en el presente caso. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 23 de mayo de 2012, recaída en el expediente No. 257-09). Lo misma significación tiene la solicitud formulada en las conclusiones del debate, de lo cual es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contraprueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Consecuentemente no puede entenderse que la sentencia haya incurrido en el vicio de incongruencia omisiva por cuanto el delito de robo agravado continuado no fue objeto de debate por no haber sido admitida por el Tribunal de Sentencia la pretensión de ampliación de la acusación, en virtud de haberse producido en un momento procesal extemporáneo. .."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo de los Recursos de Casación SP 366-2015 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absuelve al acusado B. A. M. H., como autor responsable del delito de asesinato en perjuicio de J. H. R. S. Segundo: Condena al acusado A. C. G., como autor responsable del delito de asesinato en perjuicio de J. H. R. S., a la pena de veinte (20) años de reclusión, con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Queda sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Cuarto: Se declara al condenado A. C. G., responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que es condenado. Quinto: No procede condena en costas. Sexto: No procede el comiso. Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado F. A., fiscal del Ministerio Público. Son parte en única instancia: La Abogada D. E. R. C., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y el Abogado H. S. M. S., apoderado defensor de B. A. M. H., como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, estos Juzgadores declaran expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El veintidós del mes de julio del año dos mil once, a eso de las dos de la tarde, en el autolote Medina, ubicado en la Colonia San Carlos de Sula, de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encontraba el señor J. H. R. S., y otras personas con el objeto de comprar y vender cuando en eso llegaron tres personas, entre ellos, los señores B. A. M. H. y A. C. G., quienes portando armas de fuego sometieron a la impotencia a los presentes, despojándolos de sus pertenencias, luego B. A. M. H. y su acompañante abandonaron el lugar, quedándose A. C. G., quien con el arma de fuego que le desapoderó a J. H. R. S., le infirió a éste un disparo, mientras se encontraba en el suelo, ocasionándole la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado F. A., procedió a formalizar sus recursos de casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION. I.- POR INFRACCIÓN DE LEY: MOTIVO UNICO: “Infracción por falta de aplicación de los artículos 37, 217, 218, 219 numeral 2 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El presente recurso va orientado a determinar la responsabilidad de los imputados B. A. M. H. y A. C. G., en las acciones constitutivas de ROBO AGRAVADO CONTINUADO. En el proceso de mérito el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: “PRIMERO: “El veintidós del mes de julio del año dos mil once, a eso de las dos de la tarde, en el auto lote Medina ubicado en la Colonia San Carlos de Sula, de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encontraba el señor J. H. R. S. y otras personas con el objeto de comprar y vender cuando en eso llegaron tres personas entre ellos, los señores B. A. M. H. y A. C. G., quienes portando armas de fuego sometieron a la impotencia a los presentes. despojándolos de sus pertenencias, luego B. A. M. H. y su acompañante abandonaron el lugar, quedándose A. C. G., quien con quien con el arma de fuego que le desapoderó a J. H. R. S. le infirió a éste un disparó, mientras se encontraba en el suelo, ocasionándole la muerte.” (lo subrayado es nuestro). Del contenido del hecho probado que antecede, se desprende que los preceptos penales sustantivos que se consideran infringidos, los cuales se detallan a continuación: Artículo 37: “Cuando se comete un mismo delito contra la propiedad dos o más veces,...”; Artículo 217 que establece: “Comete el delito de Robo, quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equiparará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva Consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia”. Artículo 218: “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión...” Artículo 219 señala: “las penas señaladas en el Artículo anterior se aumentaran en 1/3 un tercio cuando el robo se cometa: 1)...; 2) portando armas los malhechores,...” Estima el Ministerio Público, que el juzgador al dictar su fallo ha incurrido en el vicio de Infracción de Ley por Falta de aplicación de los artículos antes relacionados, en virtud que conforme lo relatado en el cuadro fáctico, concurrieron en su totalidad los elementos del tipo penal de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, al desprenderse del fáctum que, los señores B. A. M. H. y A. C. G., quienes portando armas fuego sometieron a la impotencia a los presentes, despojándolos de su pertenencias”, evidenciando con ello que para el sentenciador están presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo y que éste es agravado por haberse perpetrado utilizando armas de fuego; además de ser continuado por haber sido cometido en perjuicio de varias personas. No obstante a las circunstancias plasmadas en los hechos declarados como probados, al momento de emitir la sentencia, el Tribunal, omite la aplicación del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO a pesar de que el mismo ha dejado claramente establecido que B. A. M. H. y A. C. G. portando armas de fuego, despojaron de sus pertenencias a los testigos protegidos y al occiso J. H. R. S., hechos estos que ineludiblemente se subsumen en el tipo penal establecido en el artículo 217 en relación con los artículos 37, 218 y 219 numeral 2, todos del Código Penal vigente, los cuales se consideran que no fueron aplicados en el presente caso. Es evidente que la omisión por parte del Juzgador sobre dicho aspecto es contraria a las facultades que le han sido delegadas por ley como ser la de Juzgar aplicando la ley al caso concreto. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al omitir pronunciarse en relación al delito ROBO AGRAVADO CONTINUADO, a pesar que del fáctum claramente se tiene por acreditado la existencia de dicho ilícito, produciendo con ello la infracción de los preceptos penales contenidos en los artículos 37, 217, 218, 219 numeral 2 del Código Penal. Como se puede apreciar de acuerdo con los hechos probados, la conducta de los acusados perfeccionó la consumación del ilícito penal de Robo Agravado Continuado, al llegar al auto lote Medina, portando armas de fuego y despojando a los ofendidos de sus pertenencias, consecuentemente resulta desacertado la falta de pronunciamiento por parte del a-quo en relación a este ilícito, y más aún cuando se tuvo por cierto que esta acción fue cometida, por ende lo procedente era dictar una sentencia de condena por esta infracción. Por haberse producido el vicio in iudicando denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO UNICO: “Omisión en la parte resolutiva del fallo, de todas las cuestiones debatidas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 4, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el momento de formalizar acusación y al emitir sus conclusiones, el Fiscal de la causa solicitó que a los encausados B. A. M. H. y A. C. G. se les dictara una sentencia condenatoria por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en virtud de que utilizando armas de fuego despojaron de pertenencias muebles a los testigos protegidos y al hoy occiso; sin embargo, en la parte resolutiva del fallo ahora impugnado, únicamente ratifica la absolución a favor de B. A. M. H., por el delito de ASESINATO, y condena por este mismo ilícito al encausado A. C. G., y omite el pronunciamiento por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, a pesar de que el ente fiscal, desde la Formalización de Acusación, venia incoando contra los encausados dicha imputación y en consecuencia, genera duda en cuanto a la existencia o no de la condena por dicho delito. El artículo 141 del Código Procesal Penal, ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dice: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos”. La regla Quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción...” En ese mismo sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal señala: “congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura ajuicio…”. Por otra, a través de sentencia de fecha quince (15) de abril del año dos mil ocho (2008), la Sala de Lo Penal ha expresado lo siguiente: “Esta Sala de Lo Penal, observa que efectivamente el A Quo, no obstante el fallo absolutorio de fecha 9 de marzo del año dos mil siete, pronunciado en audiencia de cierre de debate a favor del acusado señor J. C. V., por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Autoridad, en audiencia de lectura y notificación de la sentencia del veintidós de mayo del dos mil siete, en la parte resolutiva el A Quo no emite pronunciamiento de absolución. . . al no haber recaído pronunciamiento concreto en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, sobre extremos esenciales de la cuestión debatida, que formaron parte integral de la formalización de la acusación del Ministerio Público, el A quo inevitablemente ha incurrido en infracción del principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto, es procedente el motivo de casación invocado por la parte recurrente.”(Lo resaltado es nuestro). Los argumentos que anteceden, nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la omisión en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en el acápite de la Fundamentación Jurídica como el parte resolutiva del fallo, al no haberse pronunciado en relación al delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en el cual incurrieron los acusados B. A. M. H. y A. C. G. y por ende se produce una vulneración del principio de congruencia expresamente establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal de ahí que, es Vosotros Honorables Magistrados a quienes les compete remediar tal situación, declarando con lugar el presente recurso de casación. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.4 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 141, 337 y 338 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción: Omisión en la parte resolutiva del fallo, de todas las cuestiones debatidas; *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia; *Pretensión: Declarar procedente el motivo, anular la sentencia recurrida y devolver los antecedentes al Tribunal de Sentencia. El censor del fallo argumenta que al momento de formalizar acusación en sesión de debate y al emitir conclusiones, solicitó al Tribunal de Sentencia que a los acusados B. A. M. H. y A. C. G., se les dictara sentencia condenatoria también por el delito de robo agravado continuado, ya que éstos utilizaron armas de fuego para despojar de sus pertenencias muebles a los testigos protegidos y al occiso J. H. R. S.; y no obstante su solicitud de condena, en la parte resolutiva del fallo impugnado se omite todo pronunciamiento por el delito de robo agravado continuado. Falta de resolución en el fallo de la sentencia de todas las cuestiones debatidas. Se le conoce como incongruencia omisiva o fallo corto, aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones jurídicas que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a acceder libremente a los tribunales para ejercitar acciones en la forma que señalan las leyes, establecido en el párrafo segundo del artículo 82 de la Constitución de la República, en el sentido de que este derecho no se limita a la iniciación del proceso sino a una actividad judicial que materialmente satisfaga la petición de justicia, lo que no implica, desde luego, un derecho a obtener la satisfacción de las propias pretensiones, pero sí a una respuesta positiva o negativa sobre ellas. El deber de congruencia de la sentencia con las pretensiones de las partes se encuentra regulado en el Artículo 337 del Código Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de ésta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el Tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso.” Lo anterior refiere que la correlación tiene que ver con la concreción jurídica del hecho fáctico (núcleo del delito y las circunstancias excluyentes o modificativas de la responsabilidad penal) descrito por las partes, a través del desarrollo del proceso.[1] Lo quiere decir que la omisión que se denuncie por la parte recurrente en casación sólo puede afectar a pretensiones jurídicas que se hayan sustanciado en el tiempo procesal oportuno, quedando excluidas de este motivo las omisiones fácticas o extremos de hecho que tienen un diferente cauce casacional, bien sea por falta de observación de las reglas de la sana crítica, bien por carencia o ausencia de motivación fáctica o bien por infracción de precepto constitucional. En resumen, para que pueda apreciarse este motivo se exigen las siguientes condiciones: 1) Que la omisión venga referida a temas de carácter jurídico suscitadas por las partes oportunamente y no a meras cuestiones fácticas, extremos de hecho o simples argumentos. 2) Que la resolución dictada haya dejado de pronunciarse sobre concretos problemas de derecho debatidos legal y oportunamente, lo que debe entenderse en un doble sentido. 1. Que la omisión se refiera a pedimentos o pretensiones jurídicas y no a cada una de las distintas alegaciones o razonamientos concretos que aquellas susciten. 2. Que dicha vulneración no es apreciable cuando el silencio judicial puede razonablemente entenderse como una desestimación tácita o implícita. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Para efecto de tener un análisis sistemático adecuado del recurso interpuesto por el Ministerio Público, esta Sala de lo Penal considera pertinente invertir el orden de abordaje, atendiendo en primer término, el recurso de casación que por quebrantamiento de forma y, posteriormente, el recurso de casación por infracción de ley. El ente acusador arguye que al momento de formalizar acusación y al emitir sus conclusiones, solicitó al Tribunal de Sentencia que a los acusados B. A. M. H. y A. C. G., se les dictara sentencia condenatoria por el delito de robo agravado continuado, argumentando que éstos utilizaron armas de fuego para despojar de sus pertenencias muebles a los testigos protegidos y al occiso J. H. R. S.; y no obstante su solicitud, en la parte resolutiva del fallo impugnado se omite todo pronunciamiento por el delito de robo agravado continuado. Frente a lo anterior, esta Sala de lo Penal observa que el ente acusador al momento de promover la acción penal pública contra los encartados B. A. M. H. y A. C. G., lo hizo por el delito de homicidio simple en perjuicio de J. H. R. S. (vid., f. 1 al 4), calificación jurídica mantenida en la etapa intermedia (vid., f. 118 al 121), y es al momento de la apertura del debate (vid., f. 184), que amplía su acusación a un delito de asesinato en perjuicio de J. H. R. S. y un delito de robo agravado continuado no determinando en perjuicio de quién o quiénes, a lo que el Tribunal de Sentencia luego de deliberar, resolvió ampliar la acusación únicamente por un delito de asesinato más no así por el delito de robo continuado por tratarse de un nuevo delito bajo la base de los mismos hechos. Establece el Artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación, o modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. Para tal modificación, se requiere que se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos y que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. Señala el mismo precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del Artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Este precepto legal señala que no constituye ampliación de la acusación la corrección de errores materiales, la inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta, y la introducción de hechos nuevos, ya sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en este último caso dispone el Código Procesal Penal, que se deberá proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. En el caso actual, se desprende del acta de debate (vid., f. 184), que el Ministerio Público bajo la base de los mismos hechos pretende introducir al proceso un nuevo delito de robo agravado continuado, lo cual no se ajusta a los presupuestos contenidos en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Esta pretensión de ampliación de la acusación formulada por el Ministerio Público, fue desestimada por el Tribunal de Sentencia, lo que implica que ni las partes ni el mismo Tribunal tomaron en cuenta durante el debate, la acreditación o no de la imputación por el delito de robo agravado continuado de los acusados B. A. M. H. y A. C. G., como para que pueda el ente acusador, con razón, denunciar su omisión en la parte resolutiva de la sentencia. La norma procesal penal y la jurisprudencia han condicionado para la configuración del vicio, que en primer término la cuestión jurídica omitida haya sido oportunamente debatida, lo cual no ocurre en el presente caso. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 23 de mayo de 2012, recaída en el expediente No. 257-09). Lo misma significación tiene la solicitud formulada en las conclusiones del debate, de lo cual es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los apoderados legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contraprueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior, el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Consecuentemente no puede entenderse que la sentencia haya incurrido en el vicio de incongruencia omisiva por cuanto el delito de robo agravado continuado no fue objeto de debate por no haber sido admitida por el Tribunal de Sentencia la pretensión de ampliación de la acusación, en virtud de haberse producido en un momento procesal extemporáneo. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 37, 217, 218 y 219.2 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación; y, *Pretensión: Resolver conforme a ley. Estima el Ministerio Público que el juzgador, al dictar su fallo ha incurrido en un vicio in iudicando por falta de aplicación de los artículos 37, 217, 218 y 219.2 del Código Penal, en virtud que conforme a lo relatado en los hechos probados de la sentencia, los encausados realizaron en su totalidad el tipo penal de robo agravado continuado, al desprenderse del fáctum que “…los señores B. A. M. H. y A. C. G., quienes portando armas de fuego sometieron a la impotencia a los presentes, despojándolos de sus pertenencias…” evidenciando con ello, que para el sentenciador si están presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado continuado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Por las razones expuestas al resolver el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, no le es dable a esta Sala de lo Penal analizar si concurre o no la configuración del delito de robo agravado continuado, en tanto que ello comportaría la inobservancia de la exigencia de congruencia entre acusación y sentencia, prevista en los términos antes señalados por el artículo 337 del Código Procesal Penal de Honduras. Tal imputación penal no fue parte de la formalización, contestación, auto de apertura, ampliación de la acusación o contestación de ésta o fase de conclusiones, de la cual los acusados B. A. M. H. y A. C. G. hayan podido defenderse en juicio. Es decir, aunque el fiscal del Ministerio Público pidió ampliar cargos contra los acusados B. A. M. H. y A. C. G., por el delito de Robo agravado continuado, quedó plenamente acreditado que el Tribunal de Sentencia no admitió dicha ampliación y por tanto, no podría haber emitido pronunciamiento alguno acerca de la culpabilidad o inocencia de los acusados sobre el mismo, pues ello conllevaría infringir la garantía genérica del Debido Proceso y el Derecho de Defensa, en tanto que los acusados en juicio solo han podido defenderse de las imputaciones por el delito de asesinato en perjuicio de J. H. R. S., más no así por el delito de robo agravado continuado. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado F. A., en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado F. A., en su condición de fiscal del Ministerio Público; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha nueve de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-366-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] FERNÁNDEZ ESTRALGO, Jesús. PRADA SOLAESA, Ricardo. GUTIÉRREZ LÓPEZ, Francisco.”Cuadernos de Estudios Judiciales Rafael Alvarado Manzano: La Sentencia en el nuevo Proceso Penal.” Tomo 6. Pág. 141-144.