Sentencia CP-365-15 — Registro 10701
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, en perjuicio de una menor. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. – La recurrente presentó Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denunciando que la sentencia era producto de la violación de dos derechos fundamentales. La denuncia inicia así con un importante defecto de forma, pues bajo un mismo título se denuncian dos violaciones que debieron ser planteadas de manera independiente y, aún más, desarrolladas por separado, a efecto de demostrar la existencia de los vicios que hacen inválida la sentencia. El defecto de forma señalado es superado, por mucho, por el defecto de fondo que presenta el recurso: la recurrente solo se limita a señalar que existe violación de dos derechos fundamentales de manera abstracta, sin puntear en que consiste la violación, como se produjo ésta y que agravio provoca.- Recuérdese que no justifica un recurso (cualquiera que sea éste: ordinario o extraordinario), el mero hecho de no estar de acuerdo con una resolución judicial, sino que debe existir un agravio, entendiéndose como tal la disparidad entre lo resuelto con lo mandado por la ley. En el presente caso, la recurrente presentó impugnación en contra de la sentencia señalando que se violentó el Estado Material de Inocencia y el Debido Proceso, es decir dos derechos fundamentales, esperándose entonces que explicara cómo se produjeron tales violaciones: a. Respecto al Estado de Inocencia, brevemente relacionado Ut Supra, la Sala de lo Penal era expectante que se señalase si la violación se produjo como consecuencia de consideración de prueba ilícita o por falta de consideración de prueba lícita a la cual indebidamente se calificó como ilícita, por inobservancia de un debido proceso probatorio, por omisión de una debida motivación, por inexistencia de un debido razonamiento probatorio o por insuficiente carga probatoria de cargo.- Pero, adicionalmente la Sala de lo Penal además esperaba encontrar una amplia explicación del vicio, tanto a nivel de concepto como de la forma que se produjo en el caso concreto y, finalmente pero no menos importante, cómo el vicio incidió negativamente en la decisión tomada por los jueces. b. De igual forma, respecto al Derecho a un Debido Proceso Legal la recurrente quedó a deber el identificar cuál de los principios informadores fue el violentado, el acto procesal que contiene el defecto, las gestiones realizadas para sanear y, en su caso, subsanar el defecto, y finalmente como el defecto afecto la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Lejos de lo esperado por este Ad-Quem, la Recurrente ocupa el libelo para compartir cuál es su valoración particular de los medios de prueba, asumiendo que el Recurso de Casación tiene la misma naturaleza que un Recurso de Apelación y que la Sala de lo Penal es una segunda instancia que puede hacer una revaloración de la prueba presentada en debate; la recurrente indica que el medio de prueba Dictamen Psicológico no es creíble, que el Dictamen de Examen Clínico Forense no prueba la violación y que la declaración de la niña W. C. M. G., permite derivar que efectivamente ésta mantenía relaciones sexuales con el acusado, pero que eran consensuadas, bajo libre consentimiento y no como consecuencia de amenazas o violencia del segundo para con la primera; todos estos alegatos no explican de qué forma se violentó el Estado de Inocencia y/o el Debido Proceso Legal, sino que son un fútil esfuerzo de emparejar la segunda instancia con la única instancia. La sola denuncia de violaciones de derechos fundamentales en la interposición de un recurso, sin que esté sentada en un argumento recursivo inteligible, sobrio y basto, acorde a la ciencia del derecho procesal casacional, es un abuso de defensa técnica y acto de irresponsabilidad procesal que acarrea perjuicios al sistema y en especial a las partes litigantes; recurso que no puede tener otra respuesta distinta que el declararlo sin lugar..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Expediente 365-2015, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Absolvió al Señor J. M. Á. E., del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la menor W. C. M. G.- Condenó al Señor J. M. Á. E., como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor W. C. M. G., a la pena de quince años, de reclusión.- Condenó al señor J. M. Á. E., como autor de cuatro delitos de Violación, en perjuicio de la menor W. C. M. G., a la pena de diez años de Reclusión, por cada uno de los delitos, que hacen un total de cuarenta años de Reclusión; las penas antes descritas suman cincuenta y cinco años de Reclusión.- Asimismo Condenó al señor J. M. Á. E., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Se le declaró la Responsabilidad Civil del condenado.- No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: Los Abogados A. A. G. y D. L. D., agentes de la Defensa Pública y apoderados legales del acusado J. M. Á., en su condición de Recurrente y la Abogada D. E. R., agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. I. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En el período del año Mil Novecientos Noventa y Ocho (1998), y dos Mil Tres (2003), la menor W. C. M. G., quien contaba con la edad comprendida de cinco (5) a diez (10) años de edad, convivía con su madre y su padrastro J. M. Á. E., en una casa de habitación ubicada en la Colonia San Jorge de Cofradía, Cortés; tiempo durante el cual el acusado realizó actos de tocamiento de las partes íntimas de la menor. Segundo: En el año dos mil seis (2006) cuando la niña W. C. M. G., contaba con trece años de edad, el señor J. M. Á. E. la llevó en contra de su voluntad a un motel ubicado en el sector de Chamelecón, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, donde le introdujo su pene en la cavidad vaginal. Tercero: Posteriormente, y al menos en cuatro ocasiones cuando la joven W. C. M. G. ya había cumplido catorce (14) años de edad, sostuvo relaciones sexuales no consentidas con el acusado en un motel ubicado en el boulevard del Sur de esta ciudad, contiguo al peaje y en una bodega ubicada en el Barrio los Andes de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.” II. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional: Motivo Único: “Infracción de los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90 , nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) Juicio Previo. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. - Artículo 2.-) Estado De Inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. El Tribunal establece como hecho probado que mi defendido ha cometido el delito de violación en perjuicio de W. C. M. G., tal como lo establece en el párrafo tercero: “Posteriormente, y al menos en cuatro ocasiones cuando la joven W. C. M. G., ya había cumplido catorce años de edad, sostuvo relaciones sexuales consentidas con el acusado en un motel ubicado en el Boulevard del Sur de esta Ciudad, contiguo al Peaje y en una Bodega ubicada en el Barrio los Andes de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés”.- La ofendida declara: “Que desde que tenía cinco años de edad su padrastro J. M. Á. la tocaba, le bajaba el blúmer poniéndole el pene en la vulva hasta los diez años. - Dijo que eso la hacía sentir incomoda. Al detallar los acontecimientos a ella ocurridos, que la primera vez cuando contaba con trece años de edad, la llevó a un motel que quedaba cerca de Chamelecón, le quitó la ropa y la acostó en la cama, le dijo que abriera sus piernas y le introdujo su pene despacio para que no le doliera, situación que le contó a su madre y solo se enojó. Luego cuando contaba con catorce años de edad volvió a llevarla a un motel y le hizo lo mismo, relató que a los 16 años salió embarazada y el señor J. M. le dio pastillas para que abortara. Relató cuando tenía diecisiete años volvió a quedar embarazada, obligándola J. M. a abortar y su último aborto fue a los dieciocho años de edad. Refirió no podía probar nada solo le salió coágulos de sangre y una cosa blanca, sentía nauseas, se desmayaba y nadie le atendía. Dijo que en otras ocasiones la llevaba a otro hotel cerca del peaje, la llevo 4 veces y ella le pedía alcohol a J. M. para olvidar, ella se sentía que se quería morir y solo se dejaba. Cuatro (4) veces quedó embarazada....” de la declaración de la supuesta víctima no se comprueba los elementos objetivos del tipo penal de violación, mismo que está establecido en el artículo 140 del Código Penal: El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de este o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente.., pues del testimonio de la ofendida se desprende que se desplazaba al motel de forma voluntaria, sin mediar ningún tipo de amenazas o violencia, situación que resulta lógica, pues nadie entra a un hotel o motel de forma obligada, al menos que se utilicen cadenas, cinturones de fuerza o armas letales, situaciones que no ocurren en el presente caso, pues la supuesta ofendida manifiesta que al momento de mantener relaciones hasta pedía alcohol para olvidar lo sucedido, de la lectura de la declaración lo que se desprende es que la joven W. C. M. G., mantenía relaciones sexuales con su padrastro, razón por la cual tenía sentimientos de reproche moral ya que convivía con el compañero de hogar de su madre, tal como se refleja en el dictamen psicológico con la aparición de sentimientos de culpabilidad. La existencia de prueba de cargos suficiente, requiere una triple comprobación: 1. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. - 2. Que las pruebas sean válidas, es decir que hayan sido obtenidas o incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. - 3. En tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máxima de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.-[1]. Del fallo condenatorio se extrae que no se probó que el Ministerio Público haya comprobado la existencia de un hecho de índole criminal, pues solamente aportó un dictamen de evaluación física donde se acreditó que la supuesta víctima 1) En el área genital: himen con caruncular himeneales (por paridad)), periné sin lesiones externas evidentes, ano rectal con borramientos de pliegues a las doce horas según manecillas del reloj, sin dilatación refleja antes de los veinte segundos..., así mismo se evacuó prueba psicológica, lo único que refleja que proyecta un conflicto emocional que coincide con el tiempo del supuesto hecho, según lo manifestado por la evaluada, prueba que no es confiable pues se realizó hasta el 28 de noviembre del 2012 y los hechos fueron mucho antes, además que recomienda: realizar trabajo social, con el objetivo de determinar estilos de crianza y la calidad de relaciones interpersonales entre los miembros de su familia y, con personas involucradas en su contexto social, cosa que no se presentó en el debate. Por lo tanto no se hizo una investigación de campo que demostrara como eran las relaciones personales en el núcleo familiar.- Es así que de la prueba evacuada en el debate, es razonable concluir que el acusado y la supuesta víctima sostenían relaciones sexuales, ya que dicha conclusión se extrae de la misma declaración de la joven, relaciones que no fueron producto de intimidación y/o violencia ejercida por mi representado, además que el hecho ocurría en un lugar abierto y público, donde perfectamente pudo haber solicitado ayuda, lo que si permite concluir de manera razonada, es que se dio un consentimiento mismo que fue otorgado de manera voluntaria. Por todo lo anteriormente expuesto, esta defensa pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de no haber comprobado la existencia de los delitos de violación, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA A.- De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. a. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y b. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes, de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. b. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio y explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede efectuar cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio le interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos: errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). B.-Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[2]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del órgano jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. C.- Único Motivo. Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: *Artículo 89 de la Constitución de la República; Artículo 90 de la Constitución de la República; Artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por la Recurrente; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Recurrente; *Pretensión: Anular el fallo. Denuncia la Recurrente que se han violentado los artículos 89 y 90 de la Constitución que reconocen como derechos fundamentales el Estado Material de Inocencia y el Debido Proceso, respectivamente. La Recurrente relaciona la declaración testifical de la niña W. C. M. G., señalando después que de ésta no se comprueban los elementos objetivos del tipo penal de violación, pues arguye que dicha declaración permite desprender que la relación sexual fue siempre consentida entre la menor y el acusado, es decir sin mediar amenaza o violencia; señala que el Dictamen Psicológico fue practicado el 28 de noviembre de 2012, probándose la existencia de un conflicto emocional de la menor, no siendo esto prueba de la acusación, pues los supuestos hechos ocurrieron mucho antes. D.- Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena, a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del CPP; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido, la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. E.- Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal, el recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el órgano jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, como la violación a ese principio informador, contenido en el debido proceso, afectó a la decisión tomada por el Tribunal. De la Procedencia del Recurso El Recurso No es de Recibo. – La recurrente presentó Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, denunciando que la sentencia era producto de la violación de dos derechos fundamentales. La denuncia inicia así con un importante defecto de forma, pues bajo un mismo título se denuncian dos violaciones que debieron ser planteadas de manera independiente y, aún más, desarrolladas por separado, a efecto de demostrar la existencia de los vicios que hacen inválida la sentencia. El defecto de forma señalado es superado, por mucho, por el defecto de fondo que presenta el recurso: la recurrente solo se limita a señalar que existe violación de dos derechos fundamentales de manera abstracta, sin puntear en que consiste la violación, como se produjo ésta y que agravio provoca.- Recuérdese que no justifica un recurso (cualquiera que sea éste: ordinario o extraordinario), el mero hecho de no estar de acuerdo con una resolución judicial, sino que debe existir un agravio, entendiéndose como tal la disparidad entre lo resuelto con lo mandado por la ley. En el presente caso, la recurrente presentó impugnación en contra de la sentencia señalando que se violentó el Estado Material de Inocencia y el Debido Proceso, es decir dos derechos fundamentales, esperándose entonces que explicara cómo se produjeron tales violaciones: a. Respecto al Estado de Inocencia, brevemente relacionado Ut Supra, la Sala de lo Penal era expectante que se señalase si la violación se produjo como consecuencia de consideración de prueba ilícita o por falta de consideración de prueba lícita a la cual indebidamente se calificó como ilícita, por inobservancia de un debido proceso probatorio, por omisión de una debida motivación, por inexistencia de un debido razonamiento probatorio o por insuficiente carga probatoria de cargo.- Pero, adicionalmente la Sala de lo Penal además esperaba encontrar una amplia explicación del vicio, tanto a nivel de concepto como de la forma que se produjo en el caso concreto y, finalmente pero no menos importante, cómo el vicio incidió negativamente en la decisión tomada por los jueces. b. De igual forma, respecto al Derecho a un Debido Proceso Legal la recurrente quedó a deber el identificar cuál de los principios informadores fue el violentado, el acto procesal que contiene el defecto, las gestiones realizadas para sanear y, en su caso, subsanar el defecto, y finalmente como el defecto afecto la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Lejos de lo esperado por este Ad-Quem, la Recurrente ocupa el libelo para compartir cuál es su valoración particular de los medios de prueba, asumiendo que el Recurso de Casación tiene la misma naturaleza que un Recurso de Apelación y que la Sala de lo Penal es una segunda instancia que puede hacer una revaloración de la prueba presentada en debate; la recurrente indica que el medio de prueba Dictamen Psicológico no es creíble, que el Dictamen de Examen Clínico Forense no prueba la violación y que la declaración de la niña W. C. M. G., permite derivar que efectivamente ésta mantenía relaciones sexuales con el acusado, pero que eran consensuadas, bajo libre consentimiento y no como consecuencia de amenazas o violencia del segundo para con la primera; todos estos alegatos no explican de qué forma se violentó el Estado de Inocencia y/o el Debido Proceso Legal, sino que son un fútil esfuerzo de emparejar la segunda instancia con la única instancia. La sola denuncia de violaciones de derechos fundamentales en la interposición de un recurso, sin que esté sentada en un argumento recursivo inteligible, sobrio y basto, acorde a la ciencia del derecho procesal casacional, es un abuso de defensa técnica y acto de irresponsabilidad procesal que acarrea perjuicios al sistema y en especial a las partes litigantes; recurso que no puede tener otra respuesta distinta que el declararlo sin lugar. DECISIÓN Declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve (09) de marzo de dos mil quince (2015) (f. 87), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-365-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de la Sala penal N=17-2008, de fecha 11 de agosto del 2009, pag,10.
[2] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.