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Sentencia CP-361-15 — Registro 10699

Resumen

Se condenó en primera instancia al imputado como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado (218D) en Concurso Ideal Impropio o Medial con el Delito de Alteración de Datos o Cambio de Apariencia de un vehículo Robado (218B). en segunda instancia fue declarado Sin Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - El Recurrente acude a la vía casacional sin preocuparse de armase de la técnica recursiva necesaria para el planteamiento de un recurso con una alta exigencia, desperdiciando así una posibilidad única e irrepetible de que el caso pase a revisión de legalidad. El Recurso adolece de defectos tanto de forma como de fondo que hacen imposible para esta Sala de lo Penal proceder a dar una respuesta de fondo, pues en definitiva no es posible identificar cual es el vicio que se denuncia. Como defectos de forma, el Recurrente plantea un recurso con ausencia total de precisión, pues no solo trata de sustentar dos tipos de Recursos de Casación diferentes en un mismo discurso: el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; sino que además hace el mismo esfuerzo respecto a los diferentes motivos que plantea como existentes los cuales suman cinco, sin que a la postre se pueda distinguir que argumento corresponde a que motivo y a que recurso de casación. Como defecto de fondo por falta de claridad, el Recurrente no se toma la tarea de desarrollar ninguno de los motivos, mucho menos demostrar la existencia del vicio, sino que muta hacia argumentos impropios en única instancia y que, valga señalar, también lo serían para una segunda instancia por ser meras especulaciones sin sustento que se encuentran en el filo del borde de lo éticamente permitido. Según el escrito de interposición, son cinco motivos los que sustentan los dos recursos y como se dijo ninguno de ellos fue debidamente planteado, desarrollado, explicado y mucho menos demostrado su existencia: 1. Se denuncia motivación insuficiente, sin indicar a qué tipo de motivación se refiere: descriptiva y/o intelectiva; sin individualizar que medio de prueba o medios de prueba que considera fueron motivados de manera insuficiente, sin explicar por qué se considera concurrente el vicio, sin demostrar su existencia y en definitiva sin señalar como el defecto afecta la decisión adoptada; 2. Se denuncia motivación contradictoria, omitiendo subrayar cuales son los razonamientos judiciales que son colisionantes al externar verdades contrapuestas, ni tampoco como esto ha afectado la decisión del A-Quo; 3. Se denuncia violación a las reglas de la sana critica, pero el Recurrente deja de indicar que regla o principio de la sana critica que considera violentada, lo que es un aspecto elemental de interposición de este motivo; Pero además obvia marcar que razonamiento judicial contiene el vicio, realizar la confrontación entre la regla de la sana crítica y el razonamiento judicial y demostrar la existencia del vicio, terminando finalmente por explicar porque el defecto es de carácter esencial para la decisión arribada por el A-Quo; 4. Se denuncia insuficiencia probatoria, pero de nuevo el Recurrente no explica cómo se materializa dicho defecto, cual es el hecho probado que se ve afectado y como se traduce en un perjuicio; 5. Finalmente, el Recurrente indica que existió violación a un debido proceso judicial, alegando que esto ocurrió por darle valor a los testigos de cargo; El debido proceso judicial es un principio fundamental que engloba una serie de derechos, procesos y requerimientos mínimos del proceso penal, los que deben de ser individualizados por el Recurrente, señalando cual fue la actividad procesal defectuosa, cual es la norma procesal violentada y como ésta afecta a la decisión tomada en la sentencia. En defecto de lo anterior el Recurrente aqueja que se le haya dado valor probatorio a dos declaraciones testificales de cargo, aseverando que éstos tenían problemas personales con el acusado, que son de dudosa credibilidad y que buscaban incriminar a aquel sin ningún tipo de escrúpulos; Todo ello no atendible, no solo porque son aseveraciones formuladas sin hacer vinculación a elementos probatorios, sino que además y principalmente porque son impropias en sede casacional, pues buscan atacar la prueba y no la sentencia que es en definitiva la que debe de revisarse en única instancia; Por otra parte aqueja que el A-Quo no dio valor a lo declarado por el acusado, señalando que sus dichos son la verdadera versión de los hechos, con lo que nuevamente invita a esta Sala de lo Penal a revalorar aspectos de debate que le son exclusivos al Tribunal de Sentencia. El Recurrente no conduce su ataque dentro de un espectro de la logicidad (por ser este el defecto que denuncia), sino que procede a cuestionar la valoración de la prueba por ser diferente a aquella que pretendía; Es pues que no identifica dentro del discurso judicial cual razonamiento es el vicioso por ser violatorio del principio de razón suficiente y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; Contrario a ello el Recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia y examine la prueba para luego declarar que el acusado no tiene responsabilidad por insuficiencia probatoria. Sin duda para este Ad-Quem, el Recurrente acude a tal motivo como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (Prueba tasada), por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que se considere las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Recurso de Casación S.P.361-2015 por Quebrantamiento de Forma y violación de Precepto Constitucional interpuesto contra la Sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Condenó al Señor F. G. B. A., como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado (218D) en Concurso Ideal Impropio o Medial con el Delito de Alteración de Datos o Cambio de Apariencia de un vehículo Robado (218B), en perjuicio de Multiservicios Rodriguez S. De R. L., a la pena de once años tres meses de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal, se le declara la Responsabilidad Civil. No procede a condenar en Costas Procesales, Personales, ni Gastos ocasionados en el juicio. - Interpuso el Recurso de Casación el Abogado G. G. P., Defensor Privado del señor F. G. B. A. SON PARTES: El Abogado G. G. P., Apoderado Defensor Privado del acusado F. G. B. A., en su condición de Recurrente y el Abogado S. C. A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS. Primero: El día dieciocho de marzo del año dos mil nueve, el señor F. G. B. A. adquirió por compraventa un vehículo marca Toyota, modelo corolla, turismo, color azul, año mil novecientos noventa y nueve, placa PCW-1 279 y serie 2T1BR18E3XC242334 y motor 1ZZ-9265165. Segundo: En fecha veintiséis de abril del año dos mil once a inmediaciones de DIUNSA, de esta ciudad de San Pedro Sula, al conductor del vehículo marca Toyota, modelo corolla, año dos mil uno, color blanco, taxi con registro 4851, placa AAL3870, le fue despojado el mismo, utilizando armas de fuego, y se lo llevaron con rumbos desconocido. Tercero: En fecha posterior al veintiséis de abril del dos mil once en que fue se llevaron mediando amenaza el vehículo taxi registro 4851, el señor F. G. B. A., se hizo del vehículo obtenido violentamente antes descrito, y lo utilizaron para montarlo y le cambiaron la placa frontal del VIN (Número de Identificación del Vehículo), perteneciente al vehículo color azul, año mil novecientos noventa y nueve que él había comprado en el año dos mil nueve, cambiando además el color original de blanco a azul, para darle la apariencia que tenía el vehículo de su propiedad y que había obtenido en el año dos mil nueve. Cuarto: El seis de junio del año dos mil doce, agentes de la Policía Nacional Preventiva, decomisaron el vehículo que poseía el señor F. G. B. A., que presentaba las características de ser azul, modelo corolla, año mil novecientos noventa y nueve, según la documentación, ya que al ser analizado se verificó que solamente la placa de identificación frontal o VIN le pertenecía a ese vehículo, pues las demás partes correspondían al vehículo del que fue despojado el señor O. A. C. en fecha veintiséis de abril del año dos mil once. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Único Motivo De Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Y Precepto Constitucional. Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma Y Precepto Constitucional: Por haber dictado en fecha Veintiocho de octubre del año dos mil catorce por parte del Tribunal de sentencia, sentencia condenatoria en la causa antes referida, cuyas motivaciones son insuficientes y contradictorias además que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Precepto Autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que establece “Que dichas motivaciones sean insuficientes y contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica” Concepto De La Infracción: El tribunal de sentencia al momento de dictar sentencia definitiva en fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, ha incurrido en grave violación de la forma del juicio, al motivar su sentencia en forma contradictoria e insuficiente sin observar al momento de la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica, de tal manera que el tribunal al dictar su sentencia “ le da todo valor y credibilidad a la declaraciones de los policías de la DGIC, que se apersonaron a la casa de habitación de mi representado como dueños de la verdad al hacer creer que a mi representado le decomisaron un vehículo y al que le realizaron la inspección es a otro vehículo y que supuestamente es el que le robaron a la empresa auto servicio rodríguez, medio de prueba este que el tribunal lo considera como válido, eficaz; y que además sirve de fundamento al hecho declarado probado. Medio de prueba éste que es único por estar acreditado en autos, pues de la declaración de mi representado se esgrime que el vehículo que a él le decomisaron no es el vehículo que le robaron a dicha empresa pues los policías que lo detuvieron tenían problemas personales con el violentado la aplicación del debido proceso establecido en el artículo 1 del Código Procesal Penal que establece que “ Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad , sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.” Por lo que dicho medio de prueba no debió de ser valorado porque precisamente se trata de la declaración de unas personas es decir de dudosa credibilidad que en aras de buscar justicia incrimina sin escrúpulos a la persona que la justicia tiene en este momento en sus manos como es mi defendido el señor F. G. B. A., y no como sucede en el presente caso, que se lleva a cabo con el fin de buscar una confesión del imputado, por tal razón no debe de valorarse dicho medio de prueba, para dictar una sentencia más aun condenatoria como el caso que nos ocupa. En lo referente a la valoración que hace el tribunal de los dos testigos de cargo propuestos por la parte querellante resulta ilógico e incongruente, más cuanto el tribunal pretender aunar estas declaraciones con lo establecido en el único medio de prueba, pues este delito debió de acreditarse mediante una grabación que conste en cualquier cinta magnetofónica, o testigos presenciales que hayan visto a mi representado ejercer alguna acción, ilícita o como lo define el verbo rector, por ejemplo cambiar de apariencia que consistan en pintar, lijar, quitar señales, cambiar piezas a manera de pueda su dueño o las autoridades sea sorprendidas situación que no se dio en el caso de marras puesto que no hubo testigo alguno ajenos a los policías que hayan sido presenciales en alguna acción ilícita que estuviere ejecutando mi representado, más con la declaración del denunciante solo se puede establecer que le fue robado un vehículo y que fue al que se le practicó una inspección no siendo éste el que le fue decomisado a mi representado, por lo que los medios de prueba aportados por la parte del ente acusador al ser valorados en su conjunto nos llevan únicamente a que el tribunal debió dictar una sentencia definitiva absolutoria y no condenatoria, pues esos medios de prueba resultan insuficientes si son examinados de acuerdos de a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.- además existe como mandato en el artículo l4l del Código procesal Penal la tutela judicial por lo que el órgano jurisdiccional debe motivar objetivamente sus resoluciones, pues que claro que en el caso de marra el delito de posesión de vehículo robado no existió y mucho menos el de Cambio De Apariencia De Vehículo Robado, pues el verbo rector que subsume este delito no se acreditó, por lo que con todo lo expresado se rompe con la unidad e integridad de la motivación de la sentencia por ser insuficiente, contradictoria sin observar al valorar las pruebas las reglas de la sana crítica, lo que provoca que la sentencia carezca de base y fundamento en que apoyarse. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1.- De la Debida Técnica Recursiva: El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer Recurso de Casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el Recurso de Casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El Recurso de Casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de Recursos de Casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y, iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del Recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un Recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a.- Derecho de Acceso a la Justicia. b.- Derecho a una resolución fundada en derecho; c.- Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d.- Derecho a la Tutela Cautelar; y c.- Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). 2.- Único Motivo: *Precepto Autorizante Citado: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 1 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción alegado: *Motivación Insuficiente. *Motivación Contradictoria *Violación a las Reglas de la Sana Critica *Insuficiencia Probatoria *Violación al Debido Proceso *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente; *Pretensión: Se declare con lugar el Recurso de casación por Quebrantamiento de forma, declarando nula la sentencia. El Recurrente señala, tanto en la suma del escrito como en el libelo, que impugna la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia por vía de Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por vía de Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundamentándose en que la sentencia contiene motivaciones insuficientes, motivaciones contradictorias y que además no se observaron las reglas de la sana critica; Adicionalmente asegura que no existe prueba suficiente para condenar al acusado y que se ha violentado el debido proceso. Unificando el desarrollo de los dos recursos y los tres motivos, el Recurrente explica que los motivos se presentan como consecuencia de darle todo valor y credibilidad a las declaraciones de los policías de la DGIC, quienes se personaron “cono dueños de la verdad” (SIC); Agrega que los policías que detuvieron al acusado “tenían problemas personales”, con lo que violentaron el debido proceso establecido en el art. 1 del Código Procesal Penal; Que estos medios de prueba no debieron ser valorados pues se trata de personas “de dudosa credibilidad”; Que los dos testigos son ilógicos e incongruentes; Que de la declaración del acusado “se esgrime” que el vehículo que le fue decomisado es aquel que le robaron a la empresa Multiservicios Rodriguez; Que el delito debió acreditarse mediante una grabación o testigos presenciales que registren la acción ilícita. Concluye el Recurrente que los medios de prueba al ser valorados llevan a una sentencia absolutoria porque resultan insuficientes. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - El Recurrente acude a la vía casacional sin preocuparse de armase de la técnica recursiva necesaria para el planteamiento de un recurso con una alta exigencia, desperdiciando así una posibilidad única e irrepetible de que el caso pase a revisión de legalidad. El Recurso adolece de defectos tanto de forma como de fondo que hacen imposible para esta Sala de lo Penal proceder a dar una respuesta de fondo, pues en definitiva no es posible identificar cual es el vicio que se denuncia. Como defectos de forma, el Recurrente plantea un recurso con ausencia total de precisión, pues no solo trata de sustentar dos tipos de Recursos de Casación diferentes en un mismo discurso: el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; sino que además hace el mismo esfuerzo respecto a los diferentes motivos que plantea como existentes los cuales suman cinco, sin que a la postre se pueda distinguir que argumento corresponde a que motivo y a que recurso de casación. Como defecto de fondo por falta de claridad, el Recurrente no se toma la tarea de desarrollar ninguno de los motivos, mucho menos demostrar la existencia del vicio, sino que muta hacia argumentos impropios en única instancia y que, valga señalar, también lo serían para una segunda instancia por ser meras especulaciones sin sustento que se encuentran en el filo del borde de lo éticamente permitido. Según el escrito de interposición, son cinco motivos los que sustentan los dos recursos y como se dijo ninguno de ellos fue debidamente planteado, desarrollado, explicado y mucho menos demostrado su existencia: 1. Se denuncia motivación insuficiente, sin indicar a qué tipo de motivación se refiere: descriptiva y/o intelectiva; sin individualizar que medio de prueba o medios de prueba que considera fueron motivados de manera insuficiente, sin explicar por qué se considera concurrente el vicio, sin demostrar su existencia y en definitiva sin señalar como el defecto afecta la decisión adoptada; 2. Se denuncia motivación contradictoria, omitiendo subrayar cuales son los razonamientos judiciales que son colisionantes al externar verdades contrapuestas, ni tampoco como esto ha afectado la decisión del A-Quo; 3. Se denuncia violación a las reglas de la sana critica, pero el Recurrente deja de indicar que regla o principio de la sana critica que considera violentada, lo que es un aspecto elemental de interposición de este motivo; Pero además obvia marcar que razonamiento judicial contiene el vicio, realizar la confrontación entre la regla de la sana crítica y el razonamiento judicial y demostrar la existencia del vicio, terminando finalmente por explicar porque el defecto es de carácter esencial para la decisión arribada por el A-Quo; 4. Se denuncia insuficiencia probatoria, pero de nuevo el Recurrente no explica cómo se materializa dicho defecto, cual es el hecho probado que se ve afectado y como se traduce en un perjuicio; 5. Finalmente, el Recurrente indica que existió violación a un debido proceso judicial, alegando que esto ocurrió por darle valor a los testigos de cargo; El debido proceso judicial es un principio fundamental que engloba una serie de derechos, procesos y requerimientos mínimos del proceso penal, los que deben de ser individualizados por el Recurrente, señalando cual fue la actividad procesal defectuosa, cual es la norma procesal violentada y como ésta afecta a la decisión tomada en la sentencia. En defecto de lo anterior el Recurrente aqueja que se le haya dado valor probatorio a dos declaraciones testificales de cargo, aseverando que éstos tenían problemas personales con el acusado, que son de dudosa credibilidad y que buscaban incriminar a aquel sin ningún tipo de escrúpulos; Todo ello no atendible, no solo porque son aseveraciones formuladas sin hacer vinculación a elementos probatorios, sino que además y principalmente porque son impropias en sede casacional, pues buscan atacar la prueba y no la sentencia que es en definitiva la que debe de revisarse en única instancia; Por otra parte aqueja que el A-Quo no dio valor a lo declarado por el acusado, señalando que sus dichos son la verdadera versión de los hechos, con lo que nuevamente invita a esta Sala de lo Penal a revalorar aspectos de debate que le son exclusivos al Tribunal de Sentencia. El Recurrente no conduce su ataque dentro de un espectro de la logicidad (por ser este el defecto que denuncia), sino que procede a cuestionar la valoración de la prueba por ser diferente a aquella que pretendía; Es pues que no identifica dentro del discurso judicial cual razonamiento es el vicioso por ser violatorio del principio de razón suficiente y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; Contrario a ello el Recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia y examine la prueba para luego declarar que el acusado no tiene responsabilidad por insuficiencia probatoria. Sin duda para este Ad-Quem, el Recurrente acude a tal motivo como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (Prueba tasada), por lo que éste debe de ser asignado por el Juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; Las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que se considere las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica. Por tanto, el motivo de Casación por Violación a las Reglas de la Sana Crítica debe de concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del Juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano. V. DECISIÓN: No Ha Lugar el motivo Único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR EL MOTIVO ÚNICO de los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional, presentado por el Abogado G. G. P., en su condición de apoderado defensor privado del acusado F. G. B. A.- SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA de fecha veinte (20) de Noviembre de dos mil catorce (2014) (f.171), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-361-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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