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Sentencia CP-358-15 — Registro 10581

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados de los delitos de Homicidio simple, Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa y delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa. Resolviendo No ha lugar en Casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, pues consideró que la convalidación al allanamiento efectuado en el hotel donde se hospedaban los ahora acusados fue ilícito, pues a su criterio no se cumplen con los requisitos del artículo 212 del Código Procesal Penal. Al respecto, esta Sala de Casación considera que el Ministerio Público y la Policía Nacional al decidir realizar un allanamiento sin contar con orden judicial, lo hizo en total apego a lo que establece el artículo 99 de la Constitución de la República al plasmar: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad (Lo subrayado es nuestro).” En relación a esto en contra. en el Código Procesal Penal, en su artículo 212 que regula. “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables (Lo subrayado es nuestro) y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial.” Lo primero que debemos tener claro es que nuestra Carta Magna reconoce y señala la inviolabilidad al domicilio, como un derecho de todos los ciudadanos, sin embargo, los derechos no son absolutos y por tanto se establecen excepciones, es decir este derecho puede ser limitado en casos de urgencia tal como lo establece nuestra Constitución de la República y esos casos de urgencia son: *Para impedir la comisión de delitos. *Para impedir la impunidad de delitos. *Para evitar daños graves a la persona En el caso subjudice es evidente que la medida tomada por las autoridades de investigación y persecución, fue ejecutada para impedir la impunidad de delitos, pues un día anterior se habían herido a dos personas y atentado contra la vida de otras más, ante un hecho que no podía permitirse quedaran en la impunidad. El artículo 212 del Código Procesal Penal es aún más específico, al determinar con mayor precisión cuáles son esas excepciones a la inviolabilidad del domicilio. *Flagrancia. *Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito. *Para evitar la fuga de un delincuente. *Para evitar la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas y evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables. Al respecto, considere. que las acciones efectuadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, al realizar un allanamiento sin orden judicial, fueron precisamente para evitar la fuga de los delincuentes, pues éstos no se encontraban en una casa de habitación donde normalmente habitaban los ahora acusados, sino que se encontraban hospedados en un hotel, lo que significa que en cualquier momento podían abandonarlo, por tanto considera esta Sala de lo Penal que sí nos en contra. ante un caso de urgencia y no se podía esperar la autorización judicial, pues todos sabemos el congestionamiento en los Tribunales y que era muy posible que se tendría que esperar un tiempo prudencial para que la misma fuese emitida; sin embargo, el Ministerio Público cumpliendo con lo que establece nuestra ley procesal, solicitó en tiempo y forma la respectiva convalidación, misma que fue otorgada por el juez de garantías, resolución que se encuentra debidamente motivada y apegada a ley. En ese sentido, considera este Tribunal de Casación que el sentenciador, al apartar del acervo probatorio la convalidación del acta de allanamiento mediante la cual fueron capturados los señores C. A. T. M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., por considerar ilícito el mismo, fue realizado de forma errónea y sin tomar en consideración cada uno de los casos de urgencia que plantea nuestra Constitución de la República y nuestro Código Procesal Penal, al permitir el allanamiento de una morada sin orden judicial, para evitar la impunidad de delitos y la fuga de los delincuentes, tal como aconteció en las presentes diligencias; en tal sentido considera que al apartar de valoración probatoria prueba de valor decisivo y al efectuar la inclusión hipotética in mente, se traduce en que definitivamente la decisión del Tribunal Sentenciador hubiese sido muy distinta a la que tomó. En consecuencia y por las razones antes expuestas, es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio ante togados diferentes al juicio anulado. Esta Sala de lo Penal no procede a resolver el segundo motivo de casación interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que ha prosperado el primer motivo, con las consecuencias legales respectivas. DECISIÓN Se declara ha lugar el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días de agosto del dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: J. Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle por excusa justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP 358-2015 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero :Absolvió a los señores C. A. T. M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor J. A. D. D.. Segundo: Absolvió a los señores C. A. T. M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., del delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa, en perjuicio de los señores J. A. A., J. A. U. y M. C. Tercero: Absolvió al señor C. A. T. M., del delito de Portación Ilegal de armas de fuego comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Cuarto: Absolvió a los señores C. A. T. M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Guerra, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Quinto: Absolvió a los señores C. A. T. M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Sexto: No procedió condenar en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada I. A. F. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado G. E. R. C., en su condición de Defensor Privado, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: El catorce (14) de Enero del año dos mil trece (2013), a eso de las diez y media de la mañana (10:30AM), el señor J. A. D. D., salió de la Colonia Brisas de Humuya en compañía de los señores J.A. U., M. C. y J. A. A. S., a bordo en el vehículo marca ISUZU DIMAX, color blanco, tipo pickup, ya que se dirigía al plantel de camiones donde trabajaba, al llegar a la altura del antiguo predio de la Policía de Tránsito y Fiscalía Regional, en la carretera CA-5 desde un vehículo tipo turismo, color azul eléctrico, dichos sujetos desconocidos que se transportaban en el interior comenzaron a dispararles contra el automotor en que se conducía el señor J. A. D. D., al detener la marcha el señor U., se percataron que el señor J. A. D. D., se encontraba herido quien falleció posteriormente.”Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma“ EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: Exclusión de Prueba de Valor Decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de la valoración probatoria, al referirse a la Convalidación que hiciera el Juzgado de Letras Seccional del departamento de La Paz, del allanamiento practicado en la habitación número 13 del Hotel San Francisco ubicado en el Barrio San A. de la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, señaló que la diligencia en mención no reúne los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código Procesal Penal, y al hacer la valoración de éste medio probatorio consideró: “no se acreditó autorización de ingreso por los moradores del cuarto o habitación número 13, y aún y cuando se solicitó posterior convalidación del ingreso sin autorización, al Juzgado de Letras de La Paz, no concurren las circunstancias de estar en persecución actual de un delincuente, delito en flagrancia, ni de que la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, ni ninguno de los cuatro presupuestos que anteceden”, sin embargo, al tomar dicha decisión el Juzgado de Letras antes señalado, consideró: “Que de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal en sus artículos 211 y 212, establece principalmente el último de los requisitos para practicar el allanamiento de morada, cuya finalidad es en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito y otros y siendo que dolo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente, el allanamiento de una morada; exceptuándose en los casos en que el Ministerio Público no pueda esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial por las circunstancias en que podrá el juez por auto motivado convalidar totalmente o parcialmente lo actuado por el Ministerio Público, tomado en cuenta de igual manera el artículo 99 de la Constitución de la República que nos dice su domicilio es inviolable y su ingreso o registro solo podrá verificarse con el consentimiento de la persona que habita o con resolución de autoridad competente; y solo se hace estos requisitos en casos de urgencia, flagrancia, o sea para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o la propiedad y podrá realizar en cualquier hora del día o de la noche, en el caso que nos ocupa al existir explicaciones debidas sobre las razones que obligaron al Ministerio Público o autoridad, allanamiento de morada sin previa autorización judicial; este órgano jurisdiccional considera que es procedente convalidar tal acción” (Ver página 43 de la Sentencia). En relación a esa declaratoria de ilicitud por parte del órgano jurisdiccional, el Ministerio Público la presenta a revisión casacional, en virtud de que dicha diligencia fue practicada inmediatamente después de que la Policía tuvo conocimiento a través de la información que proporcionara un informante, del lugar donde se encontraba el vehículo y asimismo de donde se habían ocultado sus ocupantes, es decir, en el hotel donde se practicó la diligencia cuestionada por el Tribunal, la que fue debidamente convalidada por el Juez de Letras Seccional al considerar acertadamente que la diligencia se practicó de forma válida y legal ante el caso de urgencia, pues se pretendía impedir la impunidad de los delitos perpetrados, al tenor de lo que establece el artículo 99 de la Constitución de la República tal y como lo expuso el ente Fiscal en su petición: “Por la urgencia y en virtud de haberse descubierto el lugar donde se encontraban los presuntos responsables objeto del delito y con finalidad de impedir la fuga de los sospechosos y la impunidad del delito, la policía procedió al ingreso a la vivienda y así evitar la pérdida de la evidencia u ocultación o fuga de C. A. T. M., R. A. L. Z. y F. A. C. A., ya que desde el día catorce de enero del año dos mil trece, momento en que sucedió el homicidio del señor J. A. D. D., la Policía Nacional realizando diligencias investigativas para dar con los ahora sospechosos con el fin de acreditar el delito y la participación de los delitos en el mismo.- Es por ello que descubrir a eso de las siete de la mañana del quince de enero de dos mil trece, el vehículo sospechoso, el cual fue debidamente identificado por los testigos, así como la ubicación inmediata de los presuntos responsables, la Policía Nacional debió actuar con urgencia, necesidad, idoneidad y proporcionalidad a los hechos para obtener evidencia y la detención de los acusados”. Extremos que resultaron probados en su totalidad, tomando como base la detención de los acusados y la prueba obtenida, producto de ese allanamiento y que analizaremos en el motivo segundo de este recurso. Asimismo debemos referir que la prueba supra relacionada además de haber sido dejada de considerar, la misma se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir, nos conduce a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el Tribunal de Sentencia; y en el caso que nos ocupa de haberse incluido tal probanza y al valorarla con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que los enjuiciados son responsables de los delitos imputados por el ente fiscal. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para subsanar el vicio”. “SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica. Para el Juzgador la prueba aportada al debate solamente ha servido para acreditar el resultado muerte, considerando la misma insuficiente para determinar quien fue la persona que le quitó la vida al ofendido. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Comayagua al examinar cada una de las probanzas que se allegaron a juicio en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad; así como la Experiencia Común. Este ejercicio recursivo se hace patente con la prueba allegada y que brevemente analizaremos a continuación, a fin de determinar que la prueba de cargo no fue valorada conforme a las reglas de la Sana Crítica Racional: 1. TESTIGO J. A. U. (Ofendido). Quien manifestó: “El 14 de enero observaron un vehículo azul, tipo turismo el que hizo un viraje hacia la izquierda como desesperado en la esquina… de repente escuchó detonaciones, agáchate dije, cuando yo miro es el carro azul, turismo, ya ha cruzado la calle, cuatro personas están bajando, empiezan a disparar y nosotros también, pero tuve que defenderme del ataque, ellos se introdujeron al vehículo y se fueron para Tegucigalpa...” Agregó que ésto sucedió como a las 10:30 de la mañana, que él iba sentado al lado del conductor (su sobrino), y que uno de los imputados (de barba) andaba un arma 9mm y otro (un gordito) una Ak; también refirió que los individuos que les dispararon el día anterior habían andado en los alrededores de su casa y que pudo observar el vehículo azul en el que se conducían, cree que es marca Mitsubishi y tenía un sticker de una manzanita, de una marca de una computadora. También señaló que puede reconocer a los imputados de cara. 2. RECONOCIMIENTO EN RUEDA que realizó el testigo J. A. U., que en esencia se desarrolló de la siguiente manera: “...En el primer grupo de personas que se encuentran ordenados así: 1... 2... 3.- C. A. T. M.. 4..., 5... 6..., manifiesta que reconoce al número tres, el cual según el orden corresponde a C. A. T. M.” “En el segundo grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2... 3... 4... 5.-R. A. L. Z., 6... manifiesta que reconoce al número cinco, el cual según el orden corresponde a R. A. L. Z.” “En el tercer grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2... 3... 4. F. A. C. A.,5... 6..., manifiesta que reconoce al número cuatro, el cual según el orden corresponde a F. A. C. A.” En el cuarto grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1.- H. A. M., 2... 3... 4... 5... 6..., manifiesta que reconoce al número uno, camisa azul, con rayas, el cual según el orden corresponde a H. A. M.” Asimismo manifestó que los acusados no han variado su apariencia. 3. TESTIGO M. A. C., (Ofendido) quien declaró: “... eran los de un mismo carro que llegaron un día antes, andaban un turismo azul, Mitsubishi entraron a la Colonia y entraron a una cuadra sin salida y mi tío les preguntó a quién andaban buscando y dijeron que andaban buscando un Yonker, intentaron agarrarnos a tiros, en el mismo vehículo y eran los muchachos que andaban el día anterior, yo era el conductor”. 4. RECONOCIMIENTO EN RUEDA que realizó el testigo M. A. C., que en esencia se desarrolló de la siguiente manera: “...En el primer grupo de personas que se encuentran ordenados así: 1.-H. A. M. 2..., 3..., 4..., 5...6...manifiesta que reconoce al número uno, el cual según el orden corresponde a H. A. M.” “En el segundo grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2.- R. A. L. Z.... 3... 4... 5..., 6... manifiesta que reconoce al número dos, el cual según el orden corresponde a R. A. L. Z.” “En el tercer grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2... 3... 4..., 5.- C. A. T. 6..., manifiesta que reconoce al número cinco, el cual según el orden corresponde a C. A. T.” “En el cuarto grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2... 3.- F. A. C. A., 4... 5... 6..., manifiesta que reconoce al número tres, el cual según el orden corresponde a F. A. C. A.” de éste último señaló que anda el cabello más corto. 5. TESTIGO J. A. A. S., (Ofendido), quien manifestó: “. . .pasaron los individuos atacándonos, en un carro de color azul... a mí me dispararon y a otro compañero le dieron muerte... primero en. la gasolinera Puma, luego cuando salimos como a las diez, nos atacaron, yo iba en el asiento de atrás a mí me pegó un disparo y resultó herido A., el disparo que yo tengo es de 9mm, el chavo del candadito me disparó”. 6. RECONOCIMIENTO EN RUEDA que realizó el testigo J. A. A., que en esencia se desarrolló de la siguiente manera: “...En el primer grupo de personas que se encuentran ordenados así: 1... 2..., 3.- R. A. L. Z., 4..., 5... 6... manifiesta que reconoce al número tres, el cual según el orden corresponde a R. A. L. Z.”. Refirió que está más gordo y también señaló al número 5 que corresponde a J. C.. “En el segundo grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2... 3... 4.- C. A. Toma, 5... 6... manifiesta que reconoce al número cuatro, el cual según el orden corresponde a C. A. T.”. También señaló el número 5 que corresponde a L. F.. “En el tercer grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2.- F. A. C. A.... 3... 4..., 5…, 6..., manifiesta que reconoce al número cinco, el cual según el orden corresponde a L. Fonseca” “En el cuarto grupo de personas que se encuentran ordenadas así: 1... 2.- H. A. M., 3..., 4... 5... 6..., manifiesta que reconoce al número uno y el tres, que corresponden a S. L. y L. F.”. 7. TESTIGOS J. M. B. C., J. S. A. y P. M. M., miembros de la Policía Preventiva, quienes coincidieron al afirmar que el día 15 de Enero de 2013 recibieron información sobre el hecho ocurrido y que inmediatamente procedieron a la búsqueda del vehículo, el cual había sido abandonado en el sector de El Coquito, Comayagua dentro del cual se encontraba un arma AK-47, a su vez, se trasladaron al hotel San Francisco y en la habitación número 13 se encontraban los imputados a los que procedieron a dar detención previo allanamiento realizado, decomisándoles un arma 9 milímetros.8. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER; ratificada por la Doctora M. M. a R. C., determinando preliminarmente como causa de muerte: herida penetrante de tórax anterior y como manera de muerte: homicida, así como el instrumento o mecanismo utilizado: arma de fuego. El acta describe como evidencia externa de trauma: Orificio de bordes regulares con anillo de contusión y enjugamiento localizado en tórax anterior en línea axilar anterior izquierda en cuarto espacio intercostal. 9. DICTAMEN DE EVALUACIÓN MÉDICA A J. A. A.; Elaborado por la Doctora K. S. quien en su dictamen estableció que la víctima presentó “herida ovalada, horizontal, de 1cm de largo por 0.5 cm de ancho, con anillo de contusión, sin anillo de enjugamiento, localizada a nivel del quinto espacio intercostal. Determinando una incapacidad temporal de 12 días. 10. EVALUACIÓN MÉDICA A M. A. C. M., realizado por la Doctora M. M.la R. C., estableciendo que la víctima presentó una “herida superficial alargada, con bordes irregulares, con costra serohemática localizada en región infra escapular izquierda, que mide 3x1.5, columna vertebral central, sin desviaciones. Herida compatible con las producidas por arma de fuego”. 11 .ACTAS DE REGISTRO PERSONAL Y DE DECOMISO O SECUESTRO, practicados al imputado C. A. T. M. a quien se le encontró en posesión de un arma de fuego calibre 9mm, serie T 638-10 A 100184 con un cargador conteniendo proyectiles, de la cual el imputado no mostró el respectivo permiso para su portación. 12. DICTAMEN BALÍSTICO: El cual concluye que las siguientes armas presentan buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo y se encuentran en buen estado de conservación externa: 1) Arma de fuego tipo pistola, marca GIRSAN, modelo Yavuz 16 Regard Mc, calibre 9mm, serie T6368-10a 00184, con su cargador y veinte (20) cartuchos sin percutir 2.2, estableciendo que su mecanismo de acción es semi-automático; 2) Arma de fuego tipo fusil marca Russian, modelo AKM, calibre 7.62 x39 mm, serie 1975 526136, con dos cargadores y 24 cartuchos sin percutir, teniendo un mecanismo de acción semi automático y automático. 13. AUTORIZACIÓN DE INGRESO A VIVIENDA, firmado por Á.M. C., propietario de la vivienda ubicada en El Coquito de La Villa de San A., Comayagua, lugar donde se encontró el vehículo turismo color azul. 14. ACTA DE INSPECCIÓN A VEHÍCULO, en el que se transportaban los acusados, que fue encontrado en los predios de la vivienda de propiedad del señor Á. M.C. y que se describe como vehículo marca Mitsubishi, modelo Lancer, tipo turismo, color azul, vin JA3AJ26E02U073038. Entre los hallazgos más relevantes de dicha diligencia se pueden mencionar “parte frontal del vehículo, en bomper se observa al lado derecho desprendimiento de pintura, parte de atrás del bomper desprendimiento de pintura, parte del frente del vidrio frontal una calcomanía de color azul en forma de rosario, parte de atrás del vehículo a ambos extremos dos calcomanías en forma de manzanita, las puertas del vehículo se encontraron completamente cerradas... en el interior parte de atrás del pasajero en cuadrante 4 sobre piso se fijó un arma de fuego, tipo AK-47, con dos cargadores con 9 y 15 cartuchos color café respectivamente; sobre el piso bolsa pequeña conteniendo 20 cartuchos de color café; sobre asiento del cuadrante 3 se fijó y recolectó una camisa a rayas de color azul, rojo, verde y anaranjado marca Lacoste con manchas...”. 15. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS, realizada por el ofendido J. A. A. S., a quien se le puso a la vista el vehículo marca Mitsubishi color azul, manifestando que es el mismo que participó en el momento en que fueron atacados; asimismo reconoce la camisa rayada en colores azul, rojo y amarillo señalando que era la que andaba puesta el señor F. A. C. A. al momento en que éste los atacó. 16. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS, realizada por el ofendido M. A. C. M., a quien se le puso a la vista el vehículo marca Mitsubishi color azul, manifestando que el vehículo que tiene a la vista es el mismo que participó en el momento en que fueron atacados; y que la camisa rayada en colores azul, rojo y amarillo la andaba puesta el señor F. A. C. A. al momento en que éste los atacó. 17. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS, realizada por ofendido J. A. U. A., a quien se le puso a la vista el vehículo marca Mitsubishi, Lancer, color azul y la camisa la andaba puesta el señor F. A. C. A. al momento en que éste los atacó y les disparó con el AK-47 y el vehículo que tiene a la vista es el mismo que participó en el momento en que fueron atacados. 18. ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR A VEHÍCULO, en el que se transportaban los ofendidos, describiéndose el mismo como “un vehículo tipo Pick Up, cuatro puertas, marca Isuzu Dimax, color blanco, sin placas... apreciando en el tonó lado del conductor un orificio de entrada causado por arma de fuego el cual traspasa el mismo, impactando en la parte delantera de la cabina, sin salida al interior de la misma; orificio de entrada en el retrovisor del lado del conductor causado por arma de fuego el cual traspasa el mismo, impactando en el vidrio de la puerta delantera, lado del conductor, quedando este de manera estrellada, orificio de entrada en la puerta del lado del conductor causado por arma de fuego, el cual no sale al interior del vehículo, en la puerta trasera del lado del conductor se observan dos orificios de entrada causados por arma de fuego con una distancia de 30 cm aproximadamente, entre ellos, los cuales traspasan el vidrio de la puerta del mismo lado, quedando este de manera estrellada, se procede a inspeccionar el interior observando en el piso en el lado del conductor un pedazo de revestimiento, en la puerta trasera atrás del conductor entre la lata y la cubierta del plástico se observa un plomo deformado, y sobre el asiento trasero lado del conductor otro pedazo de revestimiento, en el techo del vehículo al lado del pasajero se observa un orificio de entrada causado por arma de fuego el cual no sale al exterior”. 19. ACTA DE ALLANAMIENTO Y AUTO DE CONVALIDACIÓN DEL MISMO. Diligencia a la cual nos referimos al comenzar el análisis del primer motivo de casación. En la valoración de toda la prueba anteriormente relacionada, el Tribunal además de considerar que no está legitimada, pues es consecuencia del allanamiento que estimó ilícito, señaló que no vincula a los imputados con el hecho pues a su criterio “no se pudo establecer que los imputados estuvieran en el lugar donde ocurrió el atentado o hecho de sangre y por tanto si no se probó que éstos estaban allí, no pudieron en consecuencia haber tenido en algún momento la intención de dar muerte a los ofendidos, pues de la prueba practicada en el debate se desprende que el Ministerio Público no logra conectar a los encausados con el vehículo tipo turismo, color azul eléctrico, marca Mitsubishi Lancer ... contando únicamente con la declaración de los ofendidos quienes en su mayoría los identifican, sin embargo, a criterio de este Tribunal éste no es suficiente para probar la imputación del delito tanto de Homicidio como de Tentativa de Homicidio, pues se requiere de prueba adicional que corrobore los dichos de los ofendidos... omisiones que generan duda sobre la credibilidad de los dichos de los ofendidos en cuanto a que identifican a los encausados como los hechores de los atentados y el homicidio... “Al hacer la valoración de la declaración del testigo J. A. U., el Tribunal estima como razones para desvalorar sus dichos, el hecho de que éste haya manifestado que no pudo ver a sus agresores en el momento que dio inicio el ataque, así como que no constan actas de inspección en el lugar de los hechos que demuestren los disparos que se hicieron mutuamente, como lo afirmó el testigo y la inexistencia de un dictamen balístico de todas las armas que participaron en el tiroteo; sin embargo estas apreciaciones no corresponden a una correcta apreciación de la prueba, pues el testigo U. claramente se refiere específicamente al momento en que dio inicio el ataque pues más adelante en su declaración no solamente señala que pudo identificar. como las mismas personas que había visto el día anterior, sino que proporciona detalles sobre la vestimenta de cada uno de los agresores y el asiento donde se conducían dentro del vehículo azul, el cual también pudo describir con detalle; la veracidad de que el suceso ocurrió y que sus autores fueron los ahora acusados quedó demostrado con los testimonios de cargo, los cuales concuerdan con la prueba científica consistente en Actas de Inspección a los vehículos, evaluaciones físicas a los ofendidos, decomiso de las armas a los acusados y el resto de la prueba pericial, documental y reconocimientos en rueda que se han evacuado en el proceso, mediante la cual se logró la identificación de los acusados, así como del vehículo en el cual éstos se conducían cuando se produjo el hecho y en cuanto a las armas utilizadas, el testigo U. al igual que el resto de testimonios señalan dos armas: Un arma 9mm decomisada al acusado C. T., y el AK-47 que fue encontrada en el vehículo azul, lo cual es concordante con las actas de Registro, Decomiso, Dictamen Balístico, además de las inspecciones oculares a los vehículos (de imputados y víctimas) allegados al proceso. El juzgador también vulnera la regla de la veracidad al referir que el testigo U. afirmó que no vio a los imputados pero que sí reconoce el vehículo, pues como se señaló anteriormente, el testigo fue claro y coherente en señalar la descripción de los imputados a quienes incluso se dirigió para preguntarles si buscaban a alguien; así como del vehículo en el que éstos se conducían: “...les pregunté si buscaban algo y me dijeron no, un Yonker; andaban cuatro personas, el calzado de barba iba adelante; el que conducía es el de camisa de jeans ... uno andaba un arma 9 milímetros, el de barba y la Ak el gordito...”. En igual vulneración incurre al valorar el testimonio de J. A. A. S. de quien afirma el Juzgador que no pudo observar los rostros de los atacantes como para identificar.; esta afirmación por parte del Tribunal, no tiene sustento probatorio, pues no se allegó al proceso prueba alguna que refute los dichos del testigo y pese a la dinámica del hecho, ello dependerá de la capacidad del testigo para controlar estado emocional en el momento en que se ve atacado y de su capacidad de observación, lo cual no puede enmarcarse en límites estrictos, ya que dependerá de las características personales e individuales. El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado por lo que procedemos a evidenciar lo inobservado por el Juzgador de la prueba en relación, y que indudablemente no puede dar otro resultado más que la existencia de los delitos por los cuales se acusó y que los procesados son los autores materiales de los mismos. El día catorce de Enero de 2013 los señores J. A. D., J. A. U., M. C. y J. A. A. fueron atacados por F. A. C. A., R. A. L. Z., C. A. T. M. y H. A. M. C., quienes se conducían en un automóvil turismo, color azul y con la característica especial de tener unos “stickers de manzanitas en el vidrio trasero”; los acusados dispararon a sus víctimas con arma de fuego 9mm y con un arma Ak-47, logrando dar muerte a J. A. D. y herir a J. A. A. y a M. A. C.. Todos estos extremos se demostraron en juicio con la prueba de cargo evacuada de la cual se estableció sin lugar a dudas los siguientes hechos: 1. Las víctimas estaban siendo vigiladas por los acusados desde antes del hecho, pues rondaban su propiedad en el mismo vehículo color azul en el que ejecutaron el ataque; las víctimas pudieron ver los rostros de los ahora acusados y hasta intercambiaron palabras al preguntarles el testigo J. A. U. si buscaban algo y respondiendo ellos que “buscaban un Yonker”, los testigos manifiestan haber visto a los ocupantes del vehículo pues aunque de inicio llevaban los vidrios cerrados, a su regreso (cuando hablaron con ellos) ya llevaban los vidrios del carro abiertos. Esto se demostró con las declaraciones de J. A. U., M. A. C. y J. A. A. y se corroboró con los reconocimientos en rueda, mediante los cuales los testigos identificaron plenamente a cada uno de los acusados. 2. El día de ocurrencia de los hechos, es decir, el 14 de enero de 2013, los testigos pudieron ver y reconocer a las mismas personas que habían visto antes, en el mismo vehículo azul, pero en esta ocasión se perpetró el ataque y fue cuando los acusados dispararon a las víctimas utilizando un arma de fuego AK-47 y un arma 9mm, según los mismos ofendidos pudieron observar. Lo anterior se probó con las declaraciones de J. A. U., M. A. C. y J. A. A.; con los reconocimientos en rueda y con la inspección al vehículo Isuzu Dimax en el que se transportaban las víctimas. Es de hacer notar que los testigos dieron detalles sobre la identificación de los acusados, al señalar: “el chavo del candadito me disparó con una 9mm” (Testigo J. A. A., refiriéndose al acusado F. A. C. y señalándolo como presente en la Sala); “El Ak la andaba el gordito y la nueve el de barba”, “el calzado de barba iba adelante, el que conducía es el de camisa jeans” (Testigo J. A. U.); “eran los del mismo carro que llegaron un día antes.., el mismo vehículo” (Testigo M. A. C. M.). 3. Del ataque resultó la muerte del señor J. A. D. y heridos J. A. A. y a M. A. C., lo cual se demostró con la correspondiente Acta de Levantamiento de Cadáver y Evaluaciones Médicas; así como con las declaraciones de los sobrevivientes al ataque, en este caso los testigos J. A. U., M. A. C. y J. A. A.. 4. En efecto, los acusados tenían en su poder las armas que pudieron ver los ofendidos el día de los hechos, pues en el vehículo en el que se transportaron al momento de cometer el crimen se encontró el AK-47 y al momento de su detención se le encontró a C. A. T. M. un arma de fuego calibre 9mm, de la cual no portaba el correspondiente permiso para su portación; ambas armas se encuentran en perfecto estado de funcionamiento mecánico y operativo. Lo anterior fue demostrado con las Actas de Decomiso, Actas de Registro, Dictamen Balístico y las declaraciones de los testigos J. M. B. C., J. S. A. y P. M. M., además de las declaraciones de J. A. U., M. A. C. y J. A. A.. 5. El vehículo en el que se transportaron los acusados está más que reconocido por los ofendidos, pues lo habían visto un día antes, al igual que a sus ocupantes, y por tanto en sus declaraciones pudieron dar detalles respecto a su descripción (azul, turismo, marca Mitsubishi con unos stickers de manzanitas en el vidrio trasero). Se demostró lo anterior con las declaraciones de los testigos J. A. U., M. A. C. y J. A. A., así como con las de los testigos J. M. B. C., J. S. A. y P. M. M.; con Acta de Inspección del vehículo y los hallazgos dentro del mismo (Ak-47 y camisa que portaba el acusado F. A. C. el día de los hechos). El sentenciador considera que los testimonios de las personas ofendidas que comparecieron a declarar no constituyen prueba suficiente para incriminar a los acusados como responsables del hecho, sin embargo este razonamiento por parte del a quo constituye una violación a la regla de la lógica en su característica de la derivación y suficiencia, pues de los testimonios aludidos podemos señalar aspectos puntuales que quedaron demostrados en juicio por dichas declaraciones y confirmados por el resto del andamiaje probatorio, siendo los siguientes: • El lugar, fecha y hora donde ocurrió el crimen, es decir, en la Carretera CA-5, a la altura del antiguo predio de la Policía de Tránsito y Fiscalía Regional. Los testigos coinciden en el lugar exacto donde fueron atacados por los acusados, también se constató con las investigaciones que hiciera la Policía, tal y como lo manifestaron los testigos J. M. B. C., J. S. A. y P. M. M.. • La dinámica de los hechos. Todos los deponentes concuerdan en la forma en cómo se desarrollaron los hechos, desde el día anterior en que éstos ocurrieran, cuando los acusados rondaban el lugar, hasta el momento en que fueron atacadas las víctimas, los testimonios fueron coincidentes y confirmados por la prueba científica. Siendo que, con el Acta de Levantamiento de Cadáver y los dictámenes de Evaluaciones Médicas, se confirmó la muerte de J. A. D., y las lesiones a J. A. A. y a M. A. C.; así como se constató el ataque relatado por los ofendidos con la Inspección al vehículo Isuzu Dimax en el que éstos se transportaban, el cual tenía perforaciones producidas por proyectiles de arma de fuego. • La identificación de los Autores del Hecho. Los testigos no solamente dicen que los acusados fueron quienes les dispararon, sino que también señalan que a dichas personas ya las habían visto un día antes en el mismo vehículo, y además de reconocerlos, proporcionaron señas particulares de cada uno (“F. A. andaba con una camiseta a rayas”, “el de barba iba adelante, quien conducía era el de camisa jeans”, “el gordito portaba la Ak, el de barba andaba la 9mm”, “el de candadito fue quien me disparó con la 9mm”); todos estos detalles expresados por los testigos fueron confirmados con los reconocimientos en rueda; las declaraciones de los Policías J. M. B. C., J. S. A. y P. M. M., Actas de Decomiso del arma 9mm que portaba el acusado C. A. T. M., Acta de Decomiso del Arma Ak-47 que fue encontrada en el vehículo en el que se transportaban los acusados, Inspección al vehículo que conducían los acusados y decomiso de la camisa que portaba el acusado F. A. C. y que fue encontrada en el vehículo color azul. •Veracidad de los Testimonios. Los señores J. A. U., M. A. C. y J. A. A., no solamente han comparecido como víctimas en la presente causa, sino que han sido testigos presenciales de los hechos, constatando por sus propios sentidos toda la secuencia de los mismos, razón por la cual pudieron narrar lo acontecido con lujo de detalles, coincidiendo perfectamente los testimonios entre sí y corroborándose sus dichos con el resto de la prueba, la cual no ha negado esos dichos, al contrario, ha venido a reforzarlos. Los testigos tampoco conocían a los acusados, pues no los habían visto hasta un día antes de los hechos cuando éstos merodeaban el lugar donde laboraban las víctimas, de lo que se evidencia su veracidad, pues no se ha mostrado en juicio que los testigos hayan tenido algún motivo para mentir, al contrario, sus relatos han sido concordantes hasta en los detalles. • Tipicidad de los hechos. Los hechos acontecidos y de los cuales los acusados F. A. C., R. A. L. Z., C. A. T. M. y H. A. M. C., constituyen conductas típicas, contempladas en el Código Penal como delitos de Homicidio y Tentativa de Homicidio y en el caso específico de C. A. T. M., también es responsable del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso comercial, por tener en su poder el arma de fuego 9mm sin el correspondiente permiso que le autoriza a portarla. Es por todo lo anterior, que no dudamos de que la versión de los testigos que presenciaron el hecho, está provista de credibilidad, pues le competen las características que la propia jurisprudencia , ha establecido para tal efecto como ser: 1. Ausencia de incredibilidad subjetiva derivadas de las relaciones procesado-víctima, que pudieran conducir a la deducción de la concurrencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en la convicción judicial demandada; de lo cual se demostró que las víctimas no conocían a los acusados sino hasta el momento de ocurrencia de los hechos. 2. Verosimilitud, dado que el testimonio - con mayor razón al tratarse de un perjudicado — debe estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria; en el caso de mérito se presenta en que lo afirmado por los ofendidos, es plenamente cotejable con el resto del andamiaje probatorio allegado al proceso, tal y como lo explicamos en los acápites anteriores. Y, 3. Persistencia en la incriminación que ha de ser prolongada en el tiempo. Las declaraciones de las víctimas han sido y permanecido inalterables durante el transcurso de todo el proceso. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas divorciado de la sana crítica racional, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, los que constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, es decir, la científica y documental, conducen todas ellas a la inexorable conclusión que los imputados si perpetraron los hechos delictivos por los cuales fueron enjuiciados; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que de ellas se vaya determinando, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que: Los enjuiciados F. A. C., R. A. L. Z., C. A. T. M. Y H. A. M. C. quienes se conducían en un vehículo Mitsubishi, color azul, turismo, dispararon con armas 9mm y Ak-47 contra la humanidad de las víctimas J. A. D., J. A. A., J. A. U. Y M. A. C., resultando muerto J. D. y heridos J. A. A. y M. A. C.; procediéndose posteriormente a dar detención a los autores del crimen, y encontrándose en poder de C. A. T. M. un arma 9mm sin el permiso correspondiente para su portación. En consecuencia, la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia”. Fundamentación Del Recurso de Casación por quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Único Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 212 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Exclusión de prueba de valor decisivo. *Reclamación Ex Ante: Por producirse el vicio denunciado en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para subsanarlo. *Pretensión: Sin determinar por el recurrente Explicó el censor que el Tribunal Sentenciador al referirse en la valoración probatoria, a la convalidación que hiciera el Juzgado de Letras Seccional del Departamento de la Paz, al allanamiento practicado en la habitación número 13 del Hotel San Francisco, señaló que la diligencia en mención no reúne los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código Procesal Penal y al hacer la valoración probatoria consideró. “que no se acreditó autorización por los moradores del cuarto o habitación número 13, aun y cuando se solicitó posterior convalidación de ingreso sin autorización al Juzgado de Letras de la Paz, no concurren las circunstancias de estar en persecución actual de un delincuente, delito en flagrancia, ni de que la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, ni ninguno de los cuatro supuestos que anteceden” En relación a esa declaración de ilicitud por parte del juzgador, el ente acusador presenta revisión casacional, pues considera que dicho allanamiento y posterior convalidación cumplen con los requisitos del artículo 212 del Código Procesal Penal, siendo dicho medio de prueba de valor decisivo, pues es posible la valoración de prueba que acredita la participación de los imputados en los delitos acusados. De la inviolabilidad del domicilio[1]. El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en este especifico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura. c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida. b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: I. Ingreso y/o registro autorizado: Es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio, para que un tercero ajeno a éste ingrese y en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito. b. Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar. c. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de 2 personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso. d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados. e. Que se le permita a una de las personas moradoras, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia. f. Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la persecución de un delito, sus instrumentos o efectos. g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. II. El allanamiento por orden judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir la orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código Procesal Penal, será calificado como ilegal.III. Allanamiento por Estado de Necesidad: Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello (06:00 a.m. a 06:00 pm), cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial -sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público- puede practicar un allanamiento: A)El Ministerio Público: cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i. Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos (Cabezudo Bajo, María J.; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal, Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pág. 263) tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal: a) Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perderá, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó. b) Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó. c) Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. ii. Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito. iii. Para evitar la fuga de un delincuente. iv. Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias. v. En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia. B)La Policía Preventiva o la Policía de Investigación: cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales. ii. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena. iii. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio. iv. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. IV. Delito Flagrante en interior de domicilio: Especial atención merecen los hechos constitutivos de flagrancia domiciliaria, (primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendido como los casos en donde nos encontremos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio. La calificación de delito flagrante cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1) Flagrancia Propia: Art. 175.1 CPP. 2) Flagrancia Impropia, conocida como cuasi flagrancia Art. 175.2 CPP. 3) Flagrancia Impropia conocida como Flagrancia Presunta: 175.3 CPP, como consecuencia se presenta la dificultad que cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio no se cuenta con “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias, entonces es menester determinar qué condiciones permitirán poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención (Cabezudo Bajo, María J., Ob. Cit., Pág. 274): 1. La Evidencia, (cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio. ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante. iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos participes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP. iv) En general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colija un acto delictivo en flagrancia. b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia. La mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. 2. La Urgencia es el segundo elemento que debe observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio; b. La entrada al domicilio debe realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido.De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, pues consideró que la convalidación al allanamiento efectuado en el hotel donde se hospedaban los ahora acusados fue ilícito, pues a su criterio no se cumplen con los requisitos del artículo 212 del Código Procesal Penal. Al respecto, esta Sala de Casación considera que el Ministerio Público y la Policía Nacional al decidir realizar un allanamiento sin contar con orden judicial, lo hizo en total apego a lo que establece el artículo 99 de la Constitución de la República al plasmar: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad (Lo subrayado es nuestro).” En relación a esto en contra. en el Código Procesal Penal, en su artículo 212 que regula. “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables (Lo subrayado es nuestro) y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial.” Lo primero que debemos tener claro es que nuestra Carta Magna reconoce y señala la inviolabilidad al domicilio, como un derecho de todos los ciudadanos, sin embargo, los derechos no son absolutos y por tanto se establecen excepciones, es decir este derecho puede ser limitado en casos de urgencia tal como lo establece nuestra Constitución de la República y esos casos de urgencia son: *Para impedir la comisión de delitos. *Para impedir la impunidad de delitos. *Para evitar daños graves a la persona En el caso subjudice es evidente que la medida tomada por las autoridades de investigación y persecución, fue ejecutada para impedir la impunidad de delitos, pues un día anterior se habían herido a dos personas y atentado contra la vida de otras más, ante un hecho que no podía permitirse quedaran en la impunidad. El artículo 212 del Código Procesal Penal es aún más específico, al determinar con mayor precisión cuáles son esas excepciones a la inviolabilidad del domicilio. *Flagrancia. *Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito. *Para evitar la fuga de un delincuente. *Para evitar la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas y evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables. Al respecto, considere. que las acciones efectuadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, al realizar un allanamiento sin orden judicial, fueron precisamente para evitar la fuga de los delincuentes, pues éstos no se encontraban en una casa de habitación donde normalmente habitaban los ahora acusados, sino que se encontraban hospedados en un hotel, lo que significa que en cualquier momento podían abandonarlo, por tanto considera esta Sala de lo Penal que sí nos en contra. ante un caso de urgencia y no se podía esperar la autorización judicial, pues todos sabemos el congestionamiento en los Tribunales y que era muy posible que se tendría que esperar un tiempo prudencial para que la misma fuese emitida; sin embargo, el Ministerio Público cumpliendo con lo que establece nuestra ley procesal, solicitó en tiempo y forma la respectiva convalidación, misma que fue otorgada por el juez de garantías, resolución que se encuentra debidamente motivada y apegada a ley. En ese sentido, considera este Tribunal de Casación que el sentenciador, al apartar del acervo probatorio la convalidación del acta de allanamiento mediante la cual fueron capturados los señores C. A. T. M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., por considerar ilícito el mismo, fue realizado de forma errónea y sin tomar en consideración cada uno de los casos de urgencia que plantea nuestra Constitución de la República y nuestro Código Procesal Penal, al permitir el allanamiento de una morada sin orden judicial, para evitar la impunidad de delitos y la fuga de los delincuentes, tal como aconteció en las presentes diligencias; en tal sentido considera que al apartar de valoración probatoria prueba de valor decisivo y al efectuar la inclusión hipotética in mente, se traduce en que definitivamente la decisión del Tribunal Sentenciador hubiese sido muy distinta a la que tomó. En consecuencia y por las razones antes expuestas, es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio ante togados diferentes al juicio anulado. Esta Sala de lo Penal no procede a resolver el segundo motivo de casación interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que ha prosperado el primer motivo, con las consecuencias legales respectivas. Decisión Se declara ha lugar el primer motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal.Falla:Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su primer motivo interpuesto por el abogado R. A., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores C. A. T.M., R. A. L. Z., H. A. M. C. y F. A. C. A., a quienes se les absolvió por los delitos de: a)Homicidio Simple en perjuicio de J. A. D. D.. b) Homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de J. A. A., J. A. U. y M. C.. c) Portación Ilegal de Arma de Fuego de Guerra en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. d) Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y en el caso del imputado C. A. T.M. además fue absuelto por el delito de Portación Ilegal de Armas de fuego comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha siete (7) de mayo de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.J. OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-358-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]Vid Sentencia de Casación Penal número SP 303-2010, dictada por la Sala de lo Penal en fecha 11 de junio de 2013.