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Sentencia CP-356-15 — Registro 10697

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego y Munición Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De La Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal reitera que, en los casos de portación de armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como chimbas, deben enmarcarse en el artículo 332-B del Código Penal. Lo anterior debido a que en la reforma por adición (artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. Y en la reforma por adición del Artículo 332-B distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Que si bien las referidas normas, se encuentran con una redacción defectuosa, sí son claras en cuanto a la categorización de armas de guerra y de las armas comerciales. Y no obstante que el artículo 332-A del Código Penal, no determina cuales son las armas de guerra, salvo las AK-47 en cualquiera de sus modelos, ya la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas. Esta Sala considera que por la naturaleza “artesanal” de las armas caseras, ello no permite considerar que están comprendidas o puedan equipararse a “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, no es similar. En la realidad nuestra las armas caseras (chimbas) no se igualan en su fabricación, ni al potencial destructivo de las armas de guerra pues usualmente se construyen de manera rudimentaria, para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra. La intención del legislador en el referido artículo 332-A es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra, por lo que no es posible subsumir la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa Justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor G. B. S., conocido también como J. S., como autor del delito de Lesiones, en perjuicio de C. D., a la pena de un (1) año con seis (6) meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor G. B. S., conocido también como J. S., como autor del delito de Portacion Ilegal de Arma de Fuego y Munición Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión.- Tercero: Condenó al señor G. B. S., conocido también como J. S., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del condenado.- Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado V. M. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes EN ÚNICA Instancia: La Abogada R. L. C. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados M. R. A. E. y A. A. G., en su calidad de Defensores Públicos, del Señor G. B. S., como parte recurrida. Hechos Probados “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El diecinueve de febrero del año dos mil nueve (2009), como a eso de las cinco con treinta minutos de la tarde, la señora C. D., se encontraba enfrente de la Iglesia ubicada en la Aldea El Olvido de la Libertad, de esta ciudad de Comayagua, cuando se aproxima a ellos el señor G. B. S., conocido como J. S., quien portaba un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba y sin mediar palabra comenzó a disparar contra el grupo de personas hiriendo a la señora C. D., en el glúteo izquierdo, siendo capturado posteriormente y decomisándole el arma de fuego tipo chimba.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley. “EXPOSICION DE MOTIVOS RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: UNICO: “El diecinueve de febrero del año dos mil nueve (2009), como a eso de las cinco con treinta minutos de la tarde, la señora C. D., se encontraba enfrente de la Iglesia, ubicada en la Aldea El Olivo de La Libertad, de esta ciudad de Comayagua, cuando se aproxima a ellos el señor G. B. S., conocido como J. S., quien portaba un arma de fuego de fabricación casera tipo Chimba, y sin mediar palabra comenzó a disparar contra el grupo de personas hiriendo a la señora C. D. en el glúteo izquierdo, siendo capturado posteriormente y decomisándole el arma de fuego tipo chimba.” Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera en su cintura y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de portación ilegal de armas de naturaleza comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de La Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas.- Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio indicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comunmente como “chimba”, (con apariencia de rifle), independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el numeral segundo del apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado “... en lo referente a la obtención del elemento de prueba denominado “chimba”, la cual fue recabada por agentes de autoridad en el uso legítimo de sus funciones, el perito ha concluido que la munición utilizada, arma de fabricación casera o artesanal la cual está diseñada para disparar munición de calibre 22LR para arma comercial, así mismo también estas armas se consideran no convencionales, porque no presentan lo que son sus medidas o estándares de fabricación permitidos, aún y cuando es considerada un arma de fabricación casera o artesanal...” Atendiendo a las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa”. “SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332- A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar por qué el tipo que se adecúa al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el numeral segundo de dicho apartado establece “...Por lo que para este Tribunal se tiene por acreditada y por perfectamente configurada acorde a los artículos 332-B, que sanciona penalmente esta tenencia la primera con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión más el comiso de las armas...” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de portación ilegal de armas de guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado G. B. S., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose del recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida de la norma sustantiva. *Pretensión: Que se case la sentencia Refiere el recurrente que el A Quo incurre en error in iudicando al estimar que los hechos declarados probados, se subsumen en un delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, al tenor del artículo 332 B. Aprecia que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente” permiso que considera está regulado en el artículo 7 de las Ley de Control de Armas, que describe las armas permitidas. Aprecia que un arma de fabricación casera (chimba) o artesanal no se considera de uso personal defensivo, ni deportivo, ni comercial, debido a que este tipo de armas, se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto importante es que la acción por la cual el señor G. B. S. fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado como chimba (con apariencia de rifle), diseñada para disparar munición de calibre 22LR para arma comercial, independientemente del tipo de munición señalada, la misma jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Por lo que concluye que los hechos declarados probados en que el procesado ha tenido participación, son constitutivos de un delito de portación de armas no comercial, contemplado en el artículo 332 A del Código Penal. Clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas de guerra o de uso personal). A partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el artículo 332-B. La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados partes se comprometen a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie, además marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador. También señala que las armas destinadas para uso oficial deberán contener el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas, la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que ello permite la producción, tenencia y comercialización de éste tipo de armas sin el control del Estado; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Los diversos criterios sobre la tipificación como delito, de las conductas producidas con armas de fabricación casera o artesanal, deriva en parte, de la diversidad de calificativos que proporcionan las leyes en relación a las armas de fuego, así pues, habla de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra; por ello es necesario hacer la distinción de dichos conceptos. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de armas permitidas por la ley, entendiéndose como tales aquellas armas que la ley permite su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base en ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran prohibidas, es decir aquellos cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B, ambos del Código Penal. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferente naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto su comercio es lícito, las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7 de dicha ley. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que éste sea de lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas, en términos generales no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley. Así el artículo 332-A del Código Penal, tipifica el delito el de Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones, así: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. - La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: “Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones de Armas Convencionales: I. Carros de combate: Vehículos de combate blindados, automotores, de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. II. Vehículos blindados de combate: Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o b) equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. III. Sistemas de artillería de gran calibre: Cañones, obuses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. IV. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. V. Helicópteros de ataque: Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anti carros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. VI. Naves de guerra: Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. VII. Misiles y lanzamisiles: Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías I a IV. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire.” .- En el Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: “ 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo; 2. Mina lanzada a distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves; 3. Arma Trampa : todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno; 4. Otros Artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen afines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c. Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente de Represión de Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. Código Penal El Arma Avtomat Kaláshnikova modelo 1947 conocido por su acrónimo, AK- 47, y sus modelos y variaciones: a. AK-12, b. AK-47 1948–51, 7,62 x 39; c. AK-47 1952, 7,62 x 39; d. AK-47S, versión con culata plegable; e. AK-47-U Versión con más cadencia de fuego; f. AK-74, 5,45 x 39; g. AK-101, 5,56 x 45 con culata plegada; h. AK-102, 5,56 x 45; i. AK-103, 7,62 x 39; j. AK-104, 7,62 x 39: k. AK-105, 5,45 x 39; l. AK-107/108, 5,45 x 39; m. AKM, 7,62 x 39; n.AKMS, 7,62 x 39, versión del AKM con culata plegable; o.AKMSU, 7,62 x 39 - Versión acortada del AKM; p. Fusil R4, 5,56 x 45 OTAN - Versión sudafricana con culata plegable, similar al Galil; q. IMI Galil, 5,56 x 45 OTAN; r. INSAS, 5,56 x 45 OTAN - Versión india; s. Pistol Mitralieră model 1965, 7,62 x 39 - Versión rumana de culata plegable; t. Puşcă Automată model 1986, 5,45 x 39 - Versión rumana de culata plegable; u. RK 62, 7,62 x 39 - Versión finlandesa, con culata tubular, guardamano de plástico con hoyos y versión con culata plegable esquelética; v. RPK, 7,62 x 39, Ametralladora ligera; w.RPK-74 5,45 x 39 - Versión ametralladora ligera; x. Tipo 56, 7,62 x 39 - Versión china del AKM, con bayoneta plegable; y. Tipo 58, 7,62 x 39 - Versión norcoreana; z. Zastava M70, Versión con culata en forma de tubo o tronco con una terminal de empuñadera en forma de borrador de pizarrón.”. Conforme al artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. Particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). Por el otro lado, el artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador. Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.” El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a) Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b) Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; c) Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: 1) No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; 2) Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años de reclusión. Aunque se comprueba del análisis expuesto que no existe coherencia interna en la redacción del artículo 332-B del Código Penal, en cuanto al título que tipifica los delitos relacionados con armas comerciales, pero en cuya descripción del supuesto habla de armas de uso personal y deportivas; es de considerar que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser estas armas de guerra, sino armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación , adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas[1]. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal considera que la conducta del acusado en el presente caso, en que se le atribuye la portación de un arma de fabricación casera, se adecúa más a la prohibición establecida en el artículo 332-B del Código Penal, en tanto que ésta se refiere a la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan un arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva -a voluntad de quien la porta- su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de un arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de un arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Por lo anterior, esta Sala concluye que al referirse el artículo 332-B, al término “armas de uso personal” sí pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Por lo antes expuesto, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva. *Pretensión: Que case la sentencia. Argumenta el recurrente que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el imputado G. B. S., tomo parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, pues se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrarla y por ende legalizar. Aprecia que el razonamiento del A Quo ha ocurrido en el vicio por falta de aplicación del artículo 332 A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente, por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra. De La Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal reitera que, en los casos de portación de armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como chimbas, deben enmarcarse en el artículo 332-B del Código Penal. Lo anterior debido a que en la reforma por adición (artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. Y en la reforma por adición del Artículo 332-B distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Que si bien las referidas normas, se encuentran con una redacción defectuosa, sí son claras en cuanto a la categorización de armas de guerra y de las armas comerciales. Y no obstante que el artículo 332-A del Código Penal, no determina cuales son las armas de guerra, salvo las AK-47 en cualquiera de sus modelos, ya la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas. Esta Sala considera que por la naturaleza “artesanal” de las armas caseras, ello no permite considerar que están comprendidas o puedan equipararse a “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, no es similar. En la realidad nuestra las armas caseras (chimbas) no se igualan en su fabricación, ni al potencial destructivo de las armas de guerra pues usualmente se construyen de manera rudimentaria, para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra. La intención del legislador en el referido artículo 332-A es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad, la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra, por lo que no es posible subsumir la conducta del acusado en el artículo 332-A del Código Penal. En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado V. M. M. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-356-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Dictamen: “ARMAS DE FABRICACIÓN CASERA O ARTESANAL (TIPIFICACIÓN)”. POR: ABOGADO M. E.G.V.. MAGISTRADO CORTE DE APELACIONES LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Máster en Administración de Justicia Penal. Especialista en Derecho Penal. Notario Público