Sentencia CP-352-15 — Registro 10694
Resumen
En primera instancia se absuelve a los imputados por el delit ode violación especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."- EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.- ASPECTOS DE PRONUNCIAMIENTO PREVIO El proceso que ahora nos ocupa tiene características muy particulares, las que, si bien no se relacionan con los temas de impugnación, no es posible dejar de mencionarlas: Primero, el requerimiento fiscal fue presentado por el Ministerio Público el 20 de abril de 2013, mediante el cual se requería a los señores J. H. R. M. y J. N. R. H. como supuestos responsables, a título de autores directos y por hechos independientes, por el delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor C. L. R. G. (F. 35); El requerimiento fiscal y de igual manera la formalización de la acusación en la audiencia preliminar (f. 73), se describía que cada uno de los acusados, sin colusión entre ellos, es decir de manera independiente, en distintos momentos y lugares, fueron autores directos de su propio delito de Violación Especial, en perjuicio de la misma persona; lo anterior trae a la mesa cuestionar por qué el Ministerio Público acumuló acciones penales por dos delitos que no tienen conexidad alguna, pues los hechos de la acusación no se subsumen en ninguno de los supuestos del artículo 68 del Código Procesal Penal, y más aún porque la defensa de los acusados y los diferentes tribunales de justicia, llámese Juzgado de Letras y Tribunal de Sentencia, no realizaron las acciones procesales oportunas para hacer la debida separación de las causas criminales, llegando así hasta única instancia, en donde dicha separación sería fútil por extemporánea, al solo restar el último pronunciamiento judicial sobre el caso: la sentencia de casación que hoy nos ocupa. Segundo, respecto a la interposición del recurso, nota esta Sala de lo Penal que éste fue presentado en fecha 29 de abril de 2015 (f. 138), con la importante omisión de no contar con firma de su autor y/o sello de la institución que representa y que aun con ello, fue admitido y dado a trámite, cuando lo correcto debió haber sido su rechazo por ser un documento de autor desconocido; decisión que no es posible enmendar no solo por la falta de reclamo de la contraparte, sino porque al Recurso de Casación solo le resta la sentencia, misma que es la que nos ocupa y por ello es preferible dar respuesta de fondo. Tercero, llama la atención a esta Sala de lo Penal que el Ministerio Público plantee en única instancia cambio en la calificación jurídica de los hechos; conforme al Requerimiento Fiscal, los hechos imputados a los acusados constituían delito de Violación Especial (f. 35), lo que fue formalizado en la audiencia preliminar (f. 73), y sostenido en el alegato de apertura de la audiencia de debate (f. 124), y en el alegato de cierre (f. 129), pero ahora en el recurso afirma que “los señores J. H. R. M. y J. N. R. H., han tenido participación en el delito de Actos de Lujuria Agravados, establecido en el artículo 141 numeral 1 y artículo 32 del Código Penal.”, dejando clara a esta Sala de lo Penal que el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal y más aún solicita celebrar debate y acude a él sin tener la convicción institucional de cuál es el delito concurrente, siendo por demás decir que la solicitud de recalificación en Casación es improcedente. B.- RESPUESTA A LAS CUESTIONES OBJETO DE IMPUGNACIÓN La Recurrente señala que el Tribunal de Sentencia no debió darle credibilidad a las declaraciones rendidas en la audiencia de debate por la menor C. L. R. G. y por la Señora B. L. G. V., pues esa retractación es como consecuencia de factores psico/sociales por su calidad de víctima y que la declaración a la que debió habérsele dado valor, por ser la creíble, era a la dada por las testigos en la audiencia inicial, olvidado la Recurrente que el A-Quo solo debe valorar la prueba que fue debidamente ofrecida y admitida en la audiencia de proposición de prueba o en el debate (excepcionalmente). Consta en el acta que documenta la audiencia de debate que el Ministerio Público advirtió contradicciones en la declaración de la niña C. L. R. G. con lo que había declarado anteriormente en la audiencia inicial, por lo que solicitó la introducción por lectura de esta declaración para efectos de evidenciar dichas contradicciones (Art. 125 v.); de igual modo, en la audiencia de debate cuando la Señora B. L. G. V., prestaba su declaración el Ministerio Público solicitó la incorporación por lectura de la declaración previa dada en la audiencia inicial por contradicciones incurridas con lo que estaba manifestando en ese momento (f. 126); ambas lecturas de declaraciones previas fue para efectos de confrontación y mejor valoración de las declaraciones que se estaban rindiendo en la audiencia de debate; éste es el hecho que la Recurrente ha confundido con la introducción de un nuevo medio probatorio, dando un alcance distinto al artículo 311.6 del Código Procesal Penal del que se ha explicado en el apartado anterior, pues supone que la declaración introducida por lectura constituye otro medio de prueba independiente que debe ser valorado, no siendo así, pues la introducción por lectura es solo para efectos de “que las partes puedan interrogar […] al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”, es decir hacer la confrontación sobre dichos contradictorios y exigir del testigo explicación de ello, debiendo valorar el Tribunal de Sentencia si dichas explicaciones son satisfactorias o no, más nunca asumir que lo que se haya introducido porlectura es otro medio de prueba, pues éste no fue ofertado como tal por las partes en los momentos oportunos ni admitido por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló, las declaraciones de la Señora B. L. G. V. N. y la de la menor C. L. R. G., rendidas en la audiencia de debate resultaron poco creíbles, al no dar una explicación convincente respecto a las contradicciones en que incurrieron cada una de ellas; por lo que excluyendo esa prueba testifical (por su falta de crédito), el resto del acervo probatorio fue insuficiente para sostener la tesis acusatoria del Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia fijó como hecho probado que en fecha 19 de abril de 2013, la niña C. L. R. G., cuando tenía la edad de 14 años con 15 días, presentaba ruptura antigua de himen, señalando en la valoración probatoria que la ruptura fue como consecuencia de haber sostenido una relación sexual hacía más de diez días, por lo que no fue posible establecer si dicha relación fue antes o después de haber cumplido la edad de 14 años, ni quien fue la persona de sexo masculino que fue autora del acceso carnal; con acierto deriva el A-Quo que el Dictamen No. 2013-0801-0503 no constituye prueba de cargo para ninguno de los acusados, pues si bien éste señala que en la zona púbica de la niña fue encontrado un elemento piloso con características similares al acusado J. N. R., ello no constituye elemento de certeza, al considerar que el elemento no es idéntico, sino similar, lo que puede presentarse en personas con la misma carga genética por relación consanguínea como es en el presente caso, al grado que la perito R. S. R. C., informó que se tuvo que consultar a cuatro personas distintas a efecto de llegar a la conclusión de que eran similares por lo complejo del caso y además porque el hallazgo fue supuestamente 12 días después de la última relación sexual de la menor, siendo poco probable que tal elemento piloso se hubiese mantenido en la zona púbica de la menor durante todo ese tiempo (f. 134); todo esto análisis intelectivo del A-Quo, al que se sumó el hecho a los Dictámenes Psicológico Forense y Psiquiátrico Forense, a los que tildó creíbles (f. 134 v.) pero insuficientes para que por sí solos puedan acreditar la imputación que en ese momento era de Violación Especial. Retomando: El Ministerio Público denunció violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia absolutoria, cuando a su criterio ésta debió haber sido condenatoria; para ello hizo recuento de la prueba y de cómo fue valorada por el A-Quo, luego de lo cual agregó su propia valoración (distinta aquella), señalando que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada.- La recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación por ausencia de razón suficiente, y cómo esto es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello la recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia, a examinar la prueba, y a valorarla en sintonía con la pretensión para declarar responsabilidad de los acusados J. H. R. M. y J. N. R. H., como coautores en un delito consumado de Actos de Lujuria Especial; para ello busca que esta Sala de lo Penal pronuncie reparo en contra del Tribunal de Sentencia por no haber valorado de manera positiva dos declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial, aun cuando ninguna de ellas constituía prueba de juicio, lo que implicaría violación a los artículos 333 y 336 del Código Procesal Penal que mandan que solo valorarán la prueba que haya sido evacuada en la audiencia de debate y, que solo se evacuarán en el debate los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal, y consecuentemente violación a los Derechos Fundamentales al Derecho de Defensa y a un Debido Proceso Legal; y en general buscó la recurrente con su impugnación un reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue edificado con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 352-2015 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de abril del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores J. H. R. M. y J. N. R. H., del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor C. L. R. G.- Segundo: No procedió la responsabilidad civil de los señores J. H. R. M. y J. N. R. H.- Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Y. M. M. L., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Y. M. M. L., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “El día diecinueve de abril del año dos mil trece, se evaluó a la joven C. L. R. G., encontrándosele una ruptura antigua de himen.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Exposición De Los Motivos De Casación. Motivo: Que, al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria a favor de J. H. R. M. y J. N. R. H., lo hizo Valorando La Prueba Inobservando Las Reglas De La Sana Crítica. Preceptos Autorizantes: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha trece (13) de abril del año dos mil quince (2015), respecto a los imputados J. H. R. M. Y J. N. R. H., lo hizo vulnerando la regla lógica en su Principio de Derivación, en su apartado de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Para el Sentenciador no existe prueba de cargo suficiente que lleve de manera absoluta a establecer que los señores J. H. R. M. Y J. N. R. H., fueron las personas que participaron en los hechos constitutivos del delito de Violación Especial, ya que estima el Juzgador que por la clandestinidad en que ocurren este tipo de delitos, reviste importancia especial la declaración de la víctima, en tal sentido si existe una retractación de ésta, se debe analizar el resto de prueba indiciaria que apoya que la retractación ha sido realizada porque (a la víctima) se le ha obligado a cambiar su versión, pero para ello se requiere que se presente prueba que acredite este extremo y que reafirme la declaración brindada con anterioridad; continúa refiriendo el a quo que en el caso de mérito tanto la ofendida como su madre la señora B. L. G. V. indicaron haber sido presionadas para acusar a los imputados y no se cuenta con otra prueba sólida que indique que lo que ellas aseveraron en el juicio oral no es cierto y por otro lado la prueba acusatoria resulta débil para considerar la existencia de un hecho constitutivo de delito, tal como indica el Ministerio Público, para así usar de base las afirmaciones de ambas vertidas en la audiencia inicial. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve a los encartados J. H. R. M. Y J. N. R. H., es porque considera que la prueba de cargo es insuficiente para establecer la responsabilidad de los acusados, por el delito de Violación Especial. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que la prueba de cargo resulta débil para considerar la existencia de un hecho constitutivo de delito para dar por acreditados los hechos atribuidos a los acusados”; sin embargo, al Juzgador nuestra norma adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, la siguiente: Prueba Testifical. 1. Declaración de C. L. R. G. (Ofendida); quien manifestó en la sala de debates que ella no quería acusar a los imputados y que la presionaron porque están peleando el terreno donde ella vive y a ellos (a los enjuiciados) los querían ver presos; que quienes la presionaron fueron sus tíos V., O. y L.; que quien la abusó sexualmente fue su primo M. R., cuando ella quedaba sola en la casa. En vista de la retractación de la ofendida, el ente acusador solicitó que se introdujese mediante lectura autorizada la declaración que ésta rindiera en audiencia inicial celebrada en fecha 25 de abril del año 2013, en la que a interrogatorio directo, manifestó lo siguiente: Que J. H. R. M. es su padre y J. N. R. H. es su abuelo y viven en la misma casa; ella duerme en uno de los cuartos de dicha casa y en el otro su mamá y su papá; para el cuarto de su abuelo se camina un poquito, se bajan unas gradas y sobre los hechos señala que su abuelo la mandó a lavar trastes y luego la llamó y cerró la puerta, luego le quitó la ropa que ella andaba y él se bajó el pantalón y la acostó en la cama, bajándose el calzoncillo y le introdujo el pene en la vulva, ella lloraba y le pegaba patadas para que la soltara, no gritaba porque tenía miedo que le hiciera algo y le quería dar cincuenta lempiras; después llegó su hermana y la vio a ella desnuda y a su abuelo y éste le dijo que se vistiera; que ella le dijo a su mamá que su abuelo abusó de ella cuando regresaba de la escuela. En relación a su padre narró la víctima ante el juez de garantías que a él lo dejaban cuidando la vivienda de un vecino, que quedaba cerca de su casa y le decía a ella que la acompañara y ahí había una cama y le bajaba la ropa a ella y él también le introducía el pene en la vulva y le tocaba los pechos, eso ocurrió varios veces, incluso en su casa en el cuarto de él, en ese momento mandaba a su mamá a comprar al otro lado y le decía que no le dijera a nadie, porque con su hermana mayor ya lo había hecho, porque su tía lo vio; ella y su madre denunciaron a su padre porque en la escuela le dijeron a su madre que si tapaba las picardías de éste, también a ella la meterían presa; tenía la edad de once años cuando abusó su padre de ella y la última vez tenía trece y cuando abusó su abuelo de ella fue a los trece años. (Lo resaltado es nuestro). 2.- Declaración de B. L. G. V.; (Madre de la ofendida); Quien expresó que ella acusó a los imputados porque la obligaron “familiares de ella y de los acusados por unas tierras donde ella vive”, pero que su hija le dijo que su primo M. es quien había abusado de ella. En relación al dicho de la testigo, el Ministerio Público solicitó la incorporación por lectura autorizada de lo que ésta manifestó en audiencia inicial celebrada en fecha 25 de abril del año 2013, en la que la testigo en relación a los hechos refirió lo siguiente: Que ella iba a comprar a la pulpería y solo quedaba la niña con el papá, el señor J. H. R. M. y ella(su hija) le dijo que él la tocaba; que él le bajaba la ropa y el señor R. M. también se la quitaba, la acostaba en la cama y le metía la cosa de él en la de ella la testigo señala que le echó de ver porque la menor solo con sueño pasaba; ella le dijo que el papá y el abuelo la tocaban y un día que se fue a comprar y una vecina le dijo que el padre de la ofendida había sacado al niño pequeño, hermano de ésta para quedarse solo con ella la niña le dijo que no le había contado antes por miedo y le decía que no le contara a nadie; en cuanto al señor J. N. R., abuelo de la víctima le hacía lo mismo que su padre y que los abusos ocurrían en el cuarto de su abuelo y los hechos ocurrían cuando ella iba a lavar o a comprar a la pulpería, que era largo e iba a lavar a la quebrada que estaba cerca de la casa que su hija A. Y. R. vio cuando el abuelo le bajaba la ropa a C.(Lo resaltado es nuestro). Prueba Pericial. 1.-Dictamen 0893-13, de fecha 13 de abril del año dos mil 2014 de evaluación física realizada el 19 de abril del 2013 a la menor C. L. R. G.; ratificado en juicio por la Doctora A. I. K., indicando en la historia médico legal que la menor refirió que fue abusada sexualmente por su padre en varias ocasiones, también su abuelo en varias ocasiones le ofrecía dinero y abusaba de ella vía vaginal, su última relación sexual fue con su padre el siete de abril del año dos mil trece y concluye que presenta rupturas antiguas (mayor a diez días) de membrana himeneal a las I y XI horas en relación a las manecillas del reloj y sin evidencia de lesiones extra y para genital. (Lo resaltado es nuestro). 2.- Dictamen de Biología Forense No 2013-0801-0503-3318, de análisis realizado en fecha 23 de abril del año 2013, ratificado en juicio por la Doctora R. S. R. C.; indicando la Perito que a los resultados del Laboratorio, se concluye que el vello púbico se comparó con los vellos púbicos de la ofendida y de los imputados para patrón tricológico y se observó que presentan características físicas microscópicas similares al patrón tricológico del imputado J. N. R. H. y diferentes al patrón tricológico de la ofendida. (Lo resaltado es nuestro). 2.- Dictamen Psicológico Forense 2013-0801-0202-311, de fecha veintiuno de febrero del año dos mil catorce, (evacuado por exhibición); de evaluación realizada a la menor C. L. R. G., por la Perito A. C. H. F., en el cual se describe la personalidad de la evaluada además de otras características la tristeza, la desconfianza, inseguridad, defensividad, y sentimientos de inferioridad se identifica en el concepto de estructura familiar; sin embargo, siente temor hacia el padre; presenta conflictos en el área sexual y al comentario legal la perito refiere que la menor presenta curiosidad y preocupación hacia la sexualidad, ya que ha sido expuesta a situaciones inadecuadas en esa área; manifiesta la necesidad de permanecer alejada del padre, ya que ha sido agredida y minimizada por él y por último refiere que aunque la evaluada presenta capacidad intelectual normal baja, no presenta retraso mental. (Lo resaltado es nuestro). 3.- Dictamen Psiquiátrico Forense 2013-0801-0201-393, de fecha 30 de marzo del año 2015, de evaluación realizada en fecha 19 de septiembre del 2013, a la menor C. L. R. G. y ratificado en juicio por el Doctor J. F. M. R., en el cual indica que la ofendida refiere que a la edad de once años, el padre aprovechando que estaban solos abusó sexualmente de ella diciéndole que si relataba lo ocurrido él le haría daño a la madre y que tendrían relaciones sexuales cada vez que él quisiera asociando la evaluada el abuso sexual con tristeza, llanto repentino y sin motivo aparente; estableciendo diagnóstico de estrés postraumático y al comentario legal el Perito refiere que los factores estresantes son experiencias relacionadas con la muerte o amenazas a la propia integridad física o de otras personas que la evaluada fue capaz de describir angustia, percepción de riesgo permanente, desconfianza como resultado de la sumisión a la que fue expuesta las alteraciones que presenta la evaluada adquieren importancia psiquiátrica forense al evidenciarse una disminución de la capacidad del juicio crítico, de razonamiento lógico, siendo fácilmente influenciada por terceras personas, pudiendo ser engañada y sometida a situaciones de abuso como es el caso que nos ocupa; el Perito sugiere que como consecuencia del daño psiquiátrico sea remitida al servicio de consulta externa del Hospital Psiquiátrico M. M. (Lo resaltado es nuestro). De lo anterior podemos apreciar que si bien es cierto compareció a declarar la ofendida C. L. R. G., quien refirió que ella acusó a su padre el señor J. H. R. M. y a su abuelo, el señor J. N. R. G, porque había sido influenciada por parientes para que lo hiciera, ya que los querían ver presos por problemas relacionados al terreno donde vivía ella y su familia, esta versión fue apoyada con la declaración de su madre la señora B. L. G. V.; ante esta circunstancia el Fiscal de la causa solicitó la incorporación por lectura autorizada de la declaración que tanto la ofendida como su madre rindieron en la audiencia inicial celebrada en fecha veinticinco de abril del año dos mil trece, en la que C. L. R. G. dijo que había sido abusada sexualmente a la edad de once años por su padre, cuando éste cuidaba la casa de un vecino y le dijo que lo acompañara y ahí había una cama y la obligó a que se desnudara y se desnudó él, penetrándola vaginalmente y en su casa de habitación enviaba a comprar a su madre a la Pulpería y se quedaba sola con él y en su cuarto abusaba sexualmente de ella, eso ocurrió en varias ocasiones; asimismo su abuelo el señor J. N. R. G.; quien vivía cerca de su casa, en cierta ocasión la mandó a lavar unos trastes y luego la llamó a su cuarto, donde le quitó la ropa y él se desnudó, acostándola en la cama, donde la penetró vaginalmente, ella le pegaba patadas para defenderse pero no pudo hacerlo y se puso a llorar, señaló la ofendida que una de sus hermana a quien denominó como Angélica vio esa acción de su abuelo y que esos abusos comenzaron cuando ella tenía la edad de once años hasta los trece años; por otra parte la madre de la víctima, la señora B. L. G. V., declaró sobre la forma que tuvo conocimiento de los abusos de su hija, cuando ésta le comentó lo ocurrido con su padre y con su abuelo y por el hecho de que la notó que solo con sueño pasaba, aduciendo además que ella iba a comprar a la pulpería que quedaba largo de su casa y tardaba o cuando iba a lavar a una quebrada que quedaba a inmediaciones de la casa y que la menor quedaba sola con su padre o su abuelo en la vivienda; esta versión de los hechos es canalizada por la ofendida al ser evaluada por los peritos de clínica, psicología y psiquiatría forense, indicando la Perito A. I. K. en su dictamen que fue ratificado en juicio, que a la evaluación que se le practicara a la ofendida en fecha diecinueve de abril del año dos mil trece, si bien no presentaba lesión ni extra ni para genital si tenía una ruptura antigua ubicada en las I y XI horas de las manecillas del reloj; compareció al juicio la Doctora R. S. R. C.; Perito de Biología Forense y que a los resultados del Laboratorio, se concluyó que el vello púbico que se comparó con los vellos púbicos de la ofendida y de los imputados para patrón tricológico, se observó que presentan características físicas microscópicas similares al patrón tricológico del imputado J. N. R. H., quien es el abuelo de la ofendida; a través del dictamen de Psicología Forense emitido por la Perito A. C. H. F., que fue incorporado por exhibición al Debate, la ofendida presenta tristeza, desconfianza, inseguridad, defensividad, y sentimientos de inferioridad y siente temor hacia el padre, ya que presenta conflictos en el área sexual y al comentario legal la perito refiere que la menor presenta curiosidad y preocupación en ese aspecto por haber sido expuesta a situaciones inadecuadas; manifiesta la necesidad de permanecer alejada del padre, ya que ha sido agredida y minimizada por él y a través de evaluación psiquiátrica forense realizada por el Doctor J. F. M. R., se estableció que la ofendida presenta estrés postraumático y refleja angustia, percepción de riesgo permanente y desconfianza como resultado de la sumisión a la que fue expuesta; es importante señalar que el Perito refirió que las alteraciones que presenta la evaluada adquieren importancia psiquiátrica forense al evidenciarse una disminución de la capacidad del juicio crítico de ésta, de su razonamiento lógico, siendo fácilmente influenciada por terceras personas, lo cual adquiere relevancia con lo acontecido en juicio, ya que la ofendida fue a decir que había sido influenciada para acusar a los imputados, esto con el objeto de favorecer a los mismos, ya que en el período que dista a la celebración del debate la víctima pudo ser manipulada en el sentido de no sostener la versión de los hechos, porque hay que recordar que ésta aún se encuentra en el seno familiar y precisamente los agresores son sus parientes en línea directa y es un aspecto sensitivo para que la ofendida pueda ser manipulada, ya que su propia madre, no obstante a ser testigo de cargo declaró a favor de los acusados, aduciendo que los había denunciado porque había recibido presiones de los familiares; pero es importante referir que las primeras declaraciones en casos como éstos se vuelven de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos; en el momento en que la menor fue entrevistada por los Peritos y tiene conocimiento de los hechos la madre de ésta, no siente la presión que ha tenido por estar conviviendo después de los hechos en el núcleo familiar y lo que ocurre en el Debate. Se estima de gran importancia señalar que la Sala de lo Penal, en relación a la retractación de la víctima ha dejado establecido Jurisprudencia mediante sentencia 399-07 al señalar lo siguiente: “que no obstante la misma haya cambiado su versión de los hechos con el objeto de exculpar al imputado sí puede haber una sentencia condenatoria siempre que la participación del acusado se desprenda de otras probanzas allegadas al juicio, ello en virtud de la valoración armoniosa de la prueba, tal como lo ha sostenido el acusador del pueblo en este recurso”. Igualmente en sentencia 398-2007, esta Honorable Sala ha señalado que pese al cambio de la versión rendida por la ofendida en el juicio oral (ahora a favor del imputado), el Juzgador vertió razones lógicas y suficientes para restar credibilidad a la versión de la ofendida (en debate)... pues la menor desde un inicio hizo su confesión (acusando al procesado) sin ningún tipo de coacción, no se trata pues, de que el A-quo haya valorado la declaración rendida por la ofendida en sede policial, sino de un caso en que por razones suficientemente coherentes ha tomado en cuenta las circunstancias especiales del caso, y a lo vulnerable y manipulable de la víctima, en razón a su corta edad. Aunado a la posición jurisprudencial citada también deseamos llamar la atención a las posiciones doctrinarias existentes en torno a la retractación de la víctima en un proceso, y por qué sucede, en este sentido diversos autores consideran que son varias las etapas cronológicas por las cuales atraviesa una víctima del delito de abuso sexual infantil, una de ellas es la llamada retractación, en ésta subyacen sentimientos de culpa, también puede que los menores sientan que todas las amenazas efectuadas por el abusador se cumplan. Es en esta etapa donde el niño necesita mayor comprensión de parte de la Justicia — llámese jueces, fiscales, asesores de menores, abogados, organismos institucionales, médicos, psicólogos, entre otros — de sus padres y demás familiares y de un ambiente contenedor para no flaquear y sostener lo que han relatado. Por ello, a menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella. Así, la retractación les permite volver al seno de la familia y eludir el sistema legal. Los jueces son llamados a reflexionar previo a emitir una opinión de mérito, para lo cual deben tener en cuenta el relato del niño abusado, los indicadores físicos que éste presenta, el relato de las personas allegadas al menor y los estudios médicos, psicológicos y psiquiátricos[1]. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que los señores J. H. R. M. Y J. N. R. H., fueron las personas que abusaron sexualmente de C. L. R. G., aprovechando cuando ésta quedaba sola en su casa o en la casa de un vecino que cuidada el primero, cuando la ofendida tenía la edad comprendida entre los once y trece años de edad, lo cual causó daño psiquiátrico en la misma, considerando que los agresores son su padre y abuelo respectivamente; siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que los señores J. H. R. M. y J. N. R. H., han tenido participación en el delito de Actos De Lujuria Agravados, establecido en el artículo 141 numeral 1 y 32 del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, no valorando conjuntamente en específico la plataforma fáctica que descansa sobre la probanza de cargo, es decir la declaración de la ofendida, su madre la señora B. L. G. V. y las pericias física, psicológica y psiquiátrica, de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Haber dictado el Juzgador sentencia absolutoria, valorando prueba inobservando las reglas de la sana crítica; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al constar el vicio en la Sentencia Definitiva. *Pretensión: Sin determinar por la Recurrente. Plantea la recurrente que el juzgador dictó una sentencia absolutoria vulnerando la regla lógica en su principio de derivación; la recurrente comparte el contenido de la prueba evacuada en la audiencia de debate: Declaración testifical de la niña C. L. R. G., declaración de la Señora B. L. G. V., Dictamen de Evaluación Clínica No. 0893-13, Dictamen de Biología Forense No. 2013-0801-0503-3318 y Dictamen de Psicología Forense No. 2013-0801-0202-311, Dictamen Psiquiátrico Forense No. 2013-0801-0201-393; A continuación la recurrente procede a realizar su análisis privado y personal de la prueba enumerada, haciendo especial énfasis en las declaraciones testificales y a la introducción por lectura de segmentos de sus declaraciones rendidas en la etapa preparatoria, apelando la recurrente al contenido de la lectura como la versión que debe prevalecer por sobre lo declarado por las testigos en la audiencia de debate. Concluyó la recurrente que el A-Quo vulnera con su sentencia la regla lógica de derivación, pues la prueba evacuada se desprende que los acusados J. H. R. M. y J. N. R. H., fueron las personas que abusaron sexualmente de la niña C. L. R. G., cuando ésta tenía entre 11 a 13 años de edad, lo que le causó daño psiquiátrico, siendo el delito cometido el de Actos de Lujuria Agravado (no el de violación especial). De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el Juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Alcance procesal de los supuestos del Artículo 311 del Código Procesal Penal La regla general en los procesos penales es que durante el juicio solamente podrán evacuarse los medios de prueba que oportunamente hayan sido propuestos por las partes y debidamente admitidos por el Tribunal de Sentencia. Sin embargo, el tribunal de sentencia podrá ordenar la práctica de medios de prueba cuando concurran las circunstancias especiales que prevé el artículo 333 del Código Procesal Penal, siendo éstas: 1. Que la solicitud la realice alguna de las partes en la audiencia de debate o por iniciativa del propio Tribunal, previo a la fase de conclusiones de la audiencia; 2. Que sea un medio de prueba que no haya sido propuesto de manera previa por alguna de las partes y rechazado por el Tribunal al no haber superado el juicio de admisibilidad; 3. Que la existencia o necesidad de la práctica del medio de prueba sea como consecuencia de la revelación de un hecho nuevo o un hecho anterior pero no conocido hasta ahora por ninguna de las partes; tal revelación debe ser hecha por un medio de prueba evacuado en la audiencia de debate; 4. Que el medio de prueba que se propone supere el juicio de admisibilidad, por ser útil, proporcional y pertinente; 5. Que la producción del medio de prueba que se está solicitando sea en un plazo menor a los quince días que prevé la ley como plazo máximo para la suspensión de la audiencia de debate; El término podría variar en caso de que en la audiencia de debate ya se hayan consumido tiempo de suspensión antes de la propuesta de la prueba. Ahora bien, lo dispuesto en el artículo 333 del Código Procesal Penal no debe ser confundido con los supuestos contemplados en el artículo 311 del mismo cuerpo legal, pues en el primero se trata de la incorporación al proceso de un medio de prueba, entretanto la segunda norma regula los hechos excepcionales por los cuales un medio de prueba, previamente admitido para ser evacuado en debate, será reproducido por lectura en lugar de manera oral como es la regla en la que debe operar esta audiencia.- El artículo 311 contempla cuatro supuestos (numerales del 1 al 4), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba (ya admitidos) para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; Cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben presentarse para que dicha introducción sea válida, cuya valoración deberá ser conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 CPP), con especial cuidado cuando se trate de medios de prueba testifical y pericial dada la evidente limitación a la inmediación y al derecho de contradicción, estando obligado el Tribunal de Sentencia de manera ineludible a hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Ahora bien, y en relación al caso que nos ocupa, el artículo 311 presenta además los numerales cinco (5) y seis (6), los que no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba. Indican los numerales citados que a petición de parte interesada, durante el debate el Tribunal de Sentencia ordenará la introducción por lectura de tres (3) tipos de registros: i.- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; ii.- Las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada y; iii.- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate.- El objeto de la introducción por lectura de estos registros es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; significa que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1. Que el perito, imputado o testigo se encuentre en la audiencia de debate deponiendo; 2. Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3. Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los juzgadores poder tener un trebejo más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; la información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En conclusión: El artículo 311 no regula supuesto para la incorporación de nuevos medios de prueba antes no ofertados ni admitidos; la norma regula dos situaciones diferentes no relacionadas con ello: i.- La introducción por lectura de medios de prueba ya admitidos, pero que no sea posible su reproducción de manera oral; y ii.- La introducción por lectura de registrados para efectos de confrontación con la declaración rendida por un testigo, perito o por el propio imputado dada en la audiencia de debate para efectos de valoración de esta declaración oral. En ningún caso las partes podrán pretender que se de algún valor probatorio al registro incorporado por lectura para efectos de confrontación, pues ese registro no es medio de prueba admitido para la audiencia. De la Procedencia del Recurso. - El Recurso no es de Recibo. A.- Aspectos de Pronunciamiento Previo El proceso que ahora nos ocupa tiene características muy particulares, las que, si bien no se relacionan con los temas de impugnación, no es posible dejar de mencionarlas: Primero, el requerimiento fiscal fue presentado por el Ministerio Público el 20 de abril de 2013, mediante el cual se requería a los señores J. H. R. M. y J. N. R. H. como supuestos responsables, a título de autores directos y por hechos independientes, por el delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor C. L. R. G. (F. 35); El requerimiento fiscal y de igual manera la formalización de la acusación en la audiencia preliminar (f. 73), se describía que cada uno de los acusados, sin colusión entre ellos, es decir de manera independiente, en distintos momentos y lugares, fueron autores directos de su propio delito de Violación Especial, en perjuicio de la misma persona; lo anterior trae a la mesa cuestionar por qué el Ministerio Público acumuló acciones penales por dos delitos que no tienen conexidad alguna, pues los hechos de la acusación no se subsumen en ninguno de los supuestos del artículo 68 del Código Procesal Penal, y más aún porque la defensa de los acusados y los diferentes tribunales de justicia, llámese Juzgado de Letras y Tribunal de Sentencia, no realizaron las acciones procesales oportunas para hacer la debida separación de las causas criminales, llegando así hasta única instancia, en donde dicha separación sería fútil por extemporánea, al solo restar el último pronunciamiento judicial sobre el caso: la sentencia de casación que hoy nos ocupa. Segundo, respecto a la interposición del recurso, nota esta Sala de lo Penal que éste fue presentado en fecha 29 de abril de 2015 (f. 138), con la importante omisión de no contar con firma de su autor y/o sello de la institución que representa y que aun con ello, fue admitido y dado a trámite, cuando lo correcto debió haber sido su rechazo por ser un documento de autor desconocido; decisión que no es posible enmendar no solo por la falta de reclamo de la contraparte, sino porque al Recurso de Casación solo le resta la sentencia, misma que es la que nos ocupa y por ello es preferible dar respuesta de fondo. Tercero, llama la atención a esta Sala de lo Penal que el Ministerio Público plantee en única instancia cambio en la calificación jurídica de los hechos; conforme al Requerimiento Fiscal, los hechos imputados a los acusados constituían delito de Violación Especial (f. 35), lo que fue formalizado en la audiencia preliminar (f. 73), y sostenido en el alegato de apertura de la audiencia de debate (f. 124), y en el alegato de cierre (f. 129), pero ahora en el recurso afirma que “los señores J. H. R. M. y J. N. R. H., han tenido participación en el delito de Actos de Lujuria Agravados, establecido en el artículo 141 numeral 1 y artículo 32 del Código Penal.”, dejando clara a esta Sala de lo Penal que el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal y más aún solicita celebrar debate y acude a él sin tener la convicción institucional de cuál es el delito concurrente, siendo por demás decir que la solicitud de recalificación en Casación es improcedente. B.- Respuesta a las cuestiones objeto de Impugnación La Recurrente señala que el Tribunal de Sentencia no debió darle credibilidad a las declaraciones rendidas en la audiencia de debate por la menor C. L. R. G. y por la Señora B. L. G. V., pues esa retractación es como consecuencia de factores psico/sociales por su calidad de víctima y que la declaración a la que debió habérsele dado valor, por ser la creíble, era a la dada por las testigos en la audiencia inicial, olvidado la Recurrente que el A-Quo solo debe valorar la prueba que fue debidamente ofrecida y admitida en la audiencia de proposición de prueba o en el debate (excepcionalmente). Consta en el acta que documenta la audiencia de debate que el Ministerio Público advirtió contradicciones en la declaración de la niña C. L. R. G. con lo que había declarado anteriormente en la audiencia inicial, por lo que solicitó la introducción por lectura de esta declaración para efectos de evidenciar dichas contradicciones (Art. 125 v.); de igual modo, en la audiencia de debate cuando la Señora B. L. G. V., prestaba su declaración el Ministerio Público solicitó la incorporación por lectura de la declaración previa dada en la audiencia inicial por contradicciones incurridas con lo que estaba manifestando en ese momento (f. 126); ambas lecturas de declaraciones previas fue para efectos de confrontación y mejor valoración de las declaraciones que se estaban rindiendo en la audiencia de debate; éste es el hecho que la Recurrente ha confundido con la introducción de un nuevo medio probatorio, dando un alcance distinto al artículo 311.6 del Código Procesal Penal del que se ha explicado en el apartado anterior, pues supone que la declaración introducida por lectura constituye otro medio de prueba independiente que debe ser valorado, no siendo así, pues la introducción por lectura es solo para efectos de “que las partes puedan interrogar […] al testigo, sobre la contradicción apreciada entre ambas manifestaciones sucesivas”, es decir hacer la confrontación sobre dichos contradictorios y exigir del testigo explicación de ello, debiendo valorar el Tribunal de Sentencia si dichas explicaciones son satisfactorias o no, más nunca asumir que lo que se haya introducido por lectura es otro medio de prueba, pues éste no fue ofertado como tal por las partes en los momentos oportunos ni admitido por el órgano jurisdiccional. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló, las declaraciones de la Señora B. L. G. V. N. y la de la menor C. L. R. G., rendidas en la audiencia de debate resultaron poco creíbles, al no dar una explicación convincente respecto a las contradicciones en que incurrieron cada una de ellas; por lo que excluyendo esa prueba testifical (por su falta de crédito), el resto del acervo probatorio fue insuficiente para sostener la tesis acusatoria del Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia fijó como hecho probado que en fecha 19 de abril de 2013, la niña C. L. R. G., cuando tenía la edad de 14 años con 15 días, presentaba ruptura antigua de himen, señalando en la valoración probatoria que la ruptura fue como consecuencia de haber sostenido una relación sexual hacía más de diez días, por lo que no fue posible establecer si dicha relación fue antes o después de haber cumplido la edad de 14 años, ni quien fue la persona de sexo masculino que fue autora del acceso carnal; con acierto deriva el A-Quo que el Dictamen No. 2013-0801-0503 no constituye prueba de cargo para ninguno de los acusados, pues si bien éste señala que en la zona púbica de la niña fue encontrado un elemento piloso con características similares al acusado J. N. R., ello no constituye elemento de certeza, al considerar que el elemento no es idéntico, sino similar, lo que puede presentarse en personas con la misma carga genética por relación consanguínea como es en el presente caso, al grado que la perito R. S. R. C., informó que se tuvo que consultar a cuatro personas distintas a efecto de llegar a la conclusión de que eran similares por lo complejo del caso y además porque el hallazgo fue supuestamente 12 días después de la última relación sexual de la menor, siendo poco probable que tal elemento piloso se hubiese mantenido en la zona púbica de la menor durante todo ese tiempo (f. 134); todo esto análisis intelectivo del A-Quo, al que se sumó el hecho a los Dictámenes Psicológico Forense y Psiquiátrico Forense, a los que tildó creíbles (f. 134 v.) pero insuficientes para que por sí solos puedan acreditar la imputación que en ese momento era de Violación Especial. Retomando: El Ministerio Público denunció violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia absolutoria, cuando a su criterio ésta debió haber sido condenatoria; para ello hizo recuento de la prueba y de cómo fue valorada por el A-Quo, luego de lo cual agregó su propia valoración (distinta aquella), señalando que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada.- La recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación por ausencia de razón suficiente, y cómo esto es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello la recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia, a examinar la prueba, y a valorarla en sintonía con la pretensión para declarar responsabilidad de los acusados J. H. R. M. y J. N. R. H., como coautores en un delito consumado de Actos de Lujuria Especial; para ello busca que esta Sala de lo Penal pronuncie reparo en contra del Tribunal de Sentencia por no haber valorado de manera positiva dos declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial, aun cuando ninguna de ellas constituía prueba de juicio, lo que implicaría violación a los artículos 333 y 336 del Código Procesal Penal que mandan que solo valorarán la prueba que haya sido evacuada en la audiencia de debate y, que solo se evacuarán en el debate los medios de prueba que hayan sido oportunamente propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal, y consecuentemente violación a los Derechos Fundamentales al Derecho de Defensa y a un Debido Proceso Legal; y en general buscó la recurrente con su impugnación un reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los Jueces de la Instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue edificado con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se declara Firme la sentencia de fecha trece (13) de abril del año dos mil quince (2015) (f. 131) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-352-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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