Sentencia CP-344-15 — Registro 10687
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido. Resolviendo en segunda instancia Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De lo anterior, debe comprenderse que debe excluirse del ámbito protector del artículo 82 de la Constitución de la República, cuando la parte que alega una indefensión, ha tenido todas las oportunidades de proponer medios de prueba o contradecir la prueba contraria, en estos casos, no se puede hablar de vulneración al derecho de defensa. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, se observa que durante el proceso, la defensa técnica del imputado, tuvo expeditas las oportunidades procesales para reprochar oportunamente la alegada infracción a normas procesales, en cuanto a la pericia que fue excluida por el A quo, en otras palabras, la defensa del imputado, no fue impedida, menoscabada o limitada para controvertir la pericia, constatando esta Sala que no reclamó tal hecho en los momentos procesales oportunos, a saber, las audiencias de proposición de prueba, examinación de diligencias, respectivamente o aun en la etapa de incidentes del juicio oral y público; por otro lado, comprueba esta sala que la pericia fue admitida por el Tribunal de Sentencia en el momento procesal oportuno y evacuada durante el acto de juicio oral, siendo sometida la pericia y su autor al contradictorio de las partes, quedando claro con ello, que la defensa del imputado no fue real y materialmente menoscabada en los derechos y oportunidades que le concede la norma procesal, como consecuencia natural, no se observa ningún perjuicio a la defensa con la práctica, incorporación y valoración de la pericia. En cuanto a la pericia, observa esta Sala que en efecto la prueba se constituye en una de valor decisivo, pues el mismo hecho probado se fundamenta en gran medida en la pericia, en vista que de acuerdo a los hechos probados se establece: “…procediendo la policía a requerir al señor J. D. Á., quien llevaba en sus manos un objeto con las características de un arma de fuego tipo fusil, marca AKM, calibre 7.62X39mm, serie 435984, con su respectivo cargador y treinta (30) cartuchos metálicos sin percurtir…”, de tal suerte, que la marca, calibre y serie, no han podido ser aportadas al proceso, sino, precisamente por la pericia excluida por el A quo, ya que de los testimonios de los policías es posible extraer que al imputado se decomisó un arma AK-47, lo cual es absolutamente natural, pues su testimonio procede de su conocimiento general de las armas. El único que puede pronunciarse sobre marca, modelo, calibre, estado de funcionamiento mecánico y operativo, es justamente el perito balístico a través de su dictamen, y que a juicio del mismo A quo, “… es experto en la materia, sin interés particular en la causa y que no ha sido refutado por ninguna otra prueba de la misma categoría…”. Se ha hecho una incorrecta aplicación de la ley, al considerarla pericia, como un medio de prueba ilícito o no apreciable, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándo el valor, lo anterior como consecuencia de un desatinado criterio jurídico, toda vez que no se ha causado un perjuicio o lesión real y materialmente efectiva al derecho de defensa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SentenciaEn la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de febrero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero yAlma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP 344-2015 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor J. D. F. À., del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. - Segundo: No se Condenó en costas al Ministerio Público. -Tercero: Se Decretó el comiso del objeto con características de un arma de fuego tipo fusil, marca AKM, calibre 7.62X39mm, serie 435984, con su respectivo cargador; por cuanto presentaba las características de un arma de fuego prohibida por la ley, no susceptible de ser portada por los particulares, por lo que también se decreta su destrucción._ -Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. A. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.Son Partes EN ÚNICA Instancia: La Abogada I. A. F. N., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada S. C. T., en su calidad de Defensora Pública, como parte recurrida.II. Hechos Probados Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: ÚNICO: El diez de octubre del año dos mil doce, entre las siete y las siete y treinta de la mañana, agentes de policía que realizaban un operativo combinado que se practicaba en las colonias El Sitio y Estados Unidos, recibieron información de que en una vivienda ubicada en la Colonia Estados Unidos de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encontraban personas armadas dedicadas a cometer ilícitos; por lo que se personaron en dicho lugar, rodearon y tocaron la puerta de dicha vivienda, identificándose como Policías; observando en ese momento los agentes policiales del operativo combinado, cuando salían 4 sujetos que llevaban en sus manos armas de fuego, entre ellos el señor J. D. Á., que iban corriendo saltando del techo de la casa en que se encontraban al techo de la otra casa vecina y luego, por la proximidad de los techos de las viviendas, al ver a la Policía aproximarse por el lado contrario, volvieron a saltar al techo de la misma vivienda de la que habían salido, para saltar y huir por la parte del frente, pero al verse rodeados por la autoridad policial decidieron someterse; procediendo la Policía a requerir al señor J. D. Á., quien llevaba en sus manos un objeto con las características de un arma de fuego tipo fusil, marca AKM, calibre 7.62X39mm, serie 435984, con su respectivo cargador y treinta (30) cartuchos metálicos sin percutir, de la cual no se determinó si es o no capaz de percutir proyectiles.”III. Recurso De Casación. Motivos y ArgumentosRecurso de Casación por Quebrantamiento de Forma."EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. ÚNICO MOTIVO: El sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 del artículo 362 del CPP. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es agregado), aspecto que se reafirma con la obligación de fundamentación contenida en la regla cuarta numeral 2 del artículo 338, siempre de la norma supra referida, por el cual los jueces deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditados los hechos, en consecuencia, no les es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso. De lo antes expuesto, vemos que el tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia de apreciar todos y cada uno de los medios probatorios desarrollados en el debate, es decir, aún aquellos que a simple vista se aprecia como inútiles para la resolución del caso, siempre y cuando hayan sido evacuados en el mismo, merecen un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exìgua o crucial, que la misma merezca y por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Por su parte, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: “el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo…” esta afirmación también se encuentra plasmada en los fallos emitidos en los expedientes SP90-2001 y SP165-2007, de ahí que en el caso sub judice nos encontramos ante el vicio casacional invocado ya que al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento para la misma, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó una prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el Dictamen Balístico número 3092-2012 que contiene la pericia practicada a un arma de fuego con características de un AK-47 y que le fuera decomisada al acusado, al considerar el sentenciador que la solicitud de la pericia aconteció en fecha 25 de Octubre de 2012, siendo que para entonces la causa ya se encontraba judicializada por lo que consideró que el referido dictamen carece de valor probatorio, ya que aunque el mismo daba por acreditado que el arma estaba en perfecto estado para percutir proyectiles, al parecer del Juzgador, con dicho medio probatorio se vulneró el derecho de Defensa del imputado contenido en el artículo 82 Constitucional, al ser practicada la pericia sin control jurisdiccional; razonamiento que produjo como consecuencia el fallo absolutorio a favor del procesado. El sentenciador, al arribar a la conclusión antes señalada está dejando de considerar que una violación al ya señalado Derecho de Defensa debe producir forzosamente un perjuicio, es decir, que se haya producido una indefensión efectiva, ya sea en la defensa material (no auto-incriminación, ser informado de los motivos de su detención en ese mismo acto...) o en la defensa técnica (ejercida por el profesional de derecho que le representa); por lo que de no ser así cobra valor preeminente el axioma “no hay nulidad sin perjuicio”. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en los siguientes términos: “El Derecho de Defensa se considera infringido cuando a los litigantes se les limita la posibilidad real de ser oídos, o se les mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional de los órganos judiciales el permitir a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley” también indica que para ampararse en una situación de indefensión debe existir: “la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Debe ser material, no formal o meramente procesal, 2) Debe tratarse de una privación real, efectiva y actual, no potencial, abstracta o hipotética, 3) Tiene que ser total y absoluta, es decir, que suponga una reducción a cero de la posibilidad de defensa, de quien sufra la indefensión, 4) Debe ser definitiva, o sea que el interesado no pueda promover la defensa de sus derechos o interés legítimo, 5) Debe ser imputable exclusivamente al órgano jurisdiccional”. (Sentencia APC-526028, de fecha 19 de marzo de 2009, Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia). Por lo que “para la apreciación de una prueba ilícita no solamente basta que el hecho o acto vulnere o lesione un derecho fundamental, sino que aquella vulneración sea de tal magnitud, que, sopesada con la obtención de un fin, no se pueda justificar tal sacrificio. En otras palabras, los derechos que se ponen en juego deben ser debidamente ponderados por el juzgador, ya que no se trata de derechos absolutos sino relativos, y su relatividad está determinada por la obtención de fines lícitos y la protección de otros derechos, principalmente los de la sociedad en general. Así las cosas, en la obtención de un acto de prueba, puede producirse una violación a la intimidad, a la inviolabilidad al domicilio, etc., pero si tal violación no supera la magnitud que implica la protección de otros bienes o derechos de la colectividad, no debe ser considerado dicho acto como ilegítimo”. (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal. CP-1976-2004 de fecha 30 de enero de 2006). En cuanto al caso sujeto de análisis, es de fundamental importancia resaltar, que el sentenciador privó de validez el Dictamen Balístico antes referido por la razón ya señalada, es decir que la causa ya estaba judicializada al practicarse la pericia, pues ésta fue la estrategia de la defensa expresada en las conclusiones finales expuestas en el Debate, sin que dicho extremo pudiese ser verificado o probado; sin embargo, la solicitud de Pericia enviada por el Ministerio Público a Medicina Forense se hizo el mismo 11 de Octubre de 2012 momento en que el Ministerio Público preparaba la investigación para sustentar la pretensión acusatoria y de lo cual acompañamos al presente recurso copia de la nota enviada a la Doctora A. Z., de Medicina Forense por la Fiscal Coordinadora de la Fiscalía de Turno, Abogada M. de los Á. B., en la fecha antes indicada, así como del Acta de Entrega de Indicios (Hoja de Cadena de Custodia) del arma decomisada al acusado, especificando fechas y horas de entrega y recibo; por lo cual la conclusión a la que llegó el sentenciador resulta errónea, pues la causa aún no había sido judicializada y como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente motivo, aunque así hubiese sido, esto no invalidaría la pericia, pues no se ha producido un perjuicio que lesione un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución de la República o en la Ley Procesal. De todo lo anterior se desprende que el Ministerio Público, una vez incoada la causa, puede practicar u ordenar que se practiquen las averiguaciones y actos de investigación que considere necesarios para fortalecer su posición acusatoria antes de formalizar su acusación, por ende el legislador le brindó al Ente Fiscal la posibilidad de efectuar las diligencias investigativas que sean necesarias en el caso concreto, por lo cual sería absurdo pretender limitar las atribuciones que se concedido al Ministerio Público en beneficio de los intereses generales de la sociedad y la búsqueda de la verdad así como la pronta y efectiva realización de la justicia. De ahí que el tribunal sentenciador al excluir de valor probatorio el Dictamen Balístico que refleja la pericia llevada a cabo en el arma decomisada al acusado, ha efectuado una apreciación arbitraria e inconsistente, pues el mismo sentenciador admite que dicho dictamen “fue elaborado por un experto en la materia, que labora como perito oficial de una entidad estatal, sin un interés particular en la causa y que no ha sido refutado por ninguna otra prueba de la misma categoría”. (Lo resaltado en negritas y subrayado no corresponde al texto original, ver página 12 de la Sentencia, apartado de la Valoración de Pruebas). El mismo hecho probado describe el arma y los cartuchos metálicos sin percutir, utilizando como base la descripción misma que hace el Dictamen Balístico en su contenido al plasmar en el fàctum: “… procediendo la Policía a requerir al señor J. D. Á., quien llevaba en sus manos un objeto con las características de un arma de fuego tipo fusil, marca AKM, calibre 7.62x39mm., serie 435984, con su respectivo cargador y treinta (30) cartuchos metálicos sin percutir…” ; siendo esto un contrasentido en el razonamiento del juzgador al tener por probados elementos que están contenidos en el dictamen que a su criterio está desprovisto de valor probatorio. Como ya lo referimos anteriormente aunque el sentenciador considera que con la pericia se vulneró el derecho de defensa del imputado contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República; no menciona en qué consistió el perjuicio ocasionado, pues al referirse al dictamen también señala que no ha existido interés particular en la causa por parte del perito (pues tal extremo quedó obviamente evidenciado en juicio) y que la pericia no fue refutada por ninguna otra prueba de la misma categoría; es decir, está privando de valor probatorio al dictamen mencionado, solamente por un mero formalismo que resulta inconsistente con el Código Procesal Penal, sin mencionar la trascendencia del delito que se está juzgando, pues el bien jurídico protegido en el mismo es la Seguridad Interior del Estado. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traducen en la Absolución del imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, siendo violatorios del sistema de la sana crítica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.”IV. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medio s o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: el sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la Litis. *Reclamación Ex Ante: No ha sido posible reclamar su subsanación por haberse producido en el propio acto de sentenciar; *Pretensión: Que se case la sentencia.Reclama la recurrente que el Sentenciador excluyó prueba de valor decisivo en la litis, consistente en el Dictamen balístico practicado a un arma de fuego AK-47 que le fuera decomisada al imputado, al considerar el sentenciador que la solicitud de la pericia aconteció en fecha 25 de octubre de 2012, siendo que para entonces la causa ya se encontraba judicializada, por lo que consideró que el dictamen carece de valor probatorio, al no haberse ordenado bajo control jurisdiccional.De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso.Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada, descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso.Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio.La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal.De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Se alega por parte de la Censora que el Tribunal al excluir de valor probatorio el Dictamen Balístico que refleja la pericia llevada a cabo en el arma decomisada al acusado, ha efectuado una apreciación arbitraria e inconsciente, provocando con dicho vicio de forma, una absolución indebida del imputado, pues en caso de haberse valorado la pericia adecuadamente y en conjunto con el resto del bagaje probatorio, el resultado sería diferente.Esta Sala de lo Penal, observa que el Aquo excluye de valor probatorio al Dictamen Balístico número 3092-2012, limitándose a indicar que la detención del imputado se produjo en fecha 10 de octubre de 2012 y que la solicitud de realización de la pericia aconteció en fecha 25 de octubre de 2012, cuando la causa ya se encontraba judicializada; sin establecer de modo claro y preciso que vulneración ocasiona esta circunstancia al imputado o a su defensa material o técnica.En ese sentido, esta Sala observa que el Aquo descarta el medio probatorio, argumentando una infracción a una forma procesal, contenida en el artículo 242 del Código Procesal Penal, que según él vulnera el derecho de defensa del imputado, considerando que éste tenía derecho a ser notificado de la realización de la pericia, así como a oponerse al nombramiento del perito o a estar presente en la realización de la pericia. En este sentido, si bien en apariencia se advierte una inobservancia de una forma procesal, es criterio de esta Sala que, no toda irregularidad en el procedimiento puede ser sancionada, alegando una violación al derecho de defensa. Al respecto el Tribunal Supremo Español, ha esgrimido que se entiende por indefensión (violación al derecho de defensa), toda aquella situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, los órganos jurisdiccionales en el curso del proceso impiden a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando su capacidad de ejercitar bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias, en el ejercicio del indispensable principio de contradicción siempre que dicha indefensión tenga un carácter material, es decir, que produzca un efectivo y real menoscabo del derecho de defenderse.
De lo anterior, debe comprenderse que debe excluirse del ámbito protector del artículo 82 de la Constitución de la República, cuando la parte que alega una indefensión, ha tenido todas las oportunidades de proponer medios de prueba o contradecir la prueba contraria, en estos casos, no se puede hablar de vulneración al derecho de defensa.En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, se observa que durante el proceso, la defensa técnica del imputado, tuvo expeditas las oportunidades procesales para reprochar oportunamente la alegada infracción a normas procesales, en cuanto a la pericia que fue excluida por el A quo, en otras palabras, la defensa del imputado, no fue impedida, menoscabada o limitada para controvertir la pericia, constatando esta Sala que no reclamó tal hecho en los momentos procesales oportunos, a saber, las audiencias de proposición de prueba, examinación de diligencias, respectivamente o aun en la etapa de incidentes del juicio oral y público; por otro lado, comprueba esta sala que la pericia fue admitida por el Tribunal de Sentencia en el momento procesal oportuno y evacuada durante el acto de juicio oral, siendo sometida la pericia y su autor al contradictorio de las partes, quedando claro con ello, que la defensa del imputado no fue real y materialmente menoscabada en los derechos y oportunidades que le concede la norma procesal, como consecuencia natural, no se observa ningún perjuicio a la defensa con la práctica, incorporación y valoración de la pericia. En cuanto a la pericia, observa esta Sala que en efecto la prueba se constituye en una de valor decisivo, pues el mismo hecho probado se fundamenta en gran medida en la pericia, en vista que de acuerdo a los hechos probados se establece: “…procediendo la policía a requerir al señor J. D. Á., quien llevaba en sus manos un objeto con las características de un arma de fuego tipo fusil, marca AKM, calibre 7.62X39mm, serie 435984, con su respectivo cargador y treinta (30) cartuchos metálicos sin percurtir…”, de tal suerte, que la marca, calibre y serie, no han podido ser aportadas al proceso, sino, precisamente por la pericia excluida por el A quo, ya que de los testimonios de los policías es posible extraer que al imputado se decomisó un arma AK-47, lo cual es absolutamente natural, pues su testimonio procede de su conocimiento general de las armas. El único que puede pronunciarse sobre marca, modelo, calibre, estado de funcionamiento mecánico y operativo, es justamente el perito balístico a través de su dictamen, y que a juicio del mismo A quo, “… es experto en la materia, sin interés particular en la causa y que no ha sido refutado por ninguna otra prueba de la misma categoría…”. Se ha hecho una incorrecta aplicación de la ley, al considerarla pericia, como un medio de prueba ilícito o no apreciable, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándolevalor, lo anterior como consecuencia de un desatinado criterio jurídico, toda vez que no se ha causado un perjuicio o lesión real y materialmente efectiva al derecho de defensa.V. DecisiónHa lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el recurrente.VI. Por TantoLa Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la abogada I. A. F., en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor J. D. F. Á., a quien se le condenó por el delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Prohibido en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.MAGISTRADA.FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a losdosdías del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-344-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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