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Sentencia CP-342-18 — Registro 9699

Resumen

Se presentó solicitud de antejuicio por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de lo Penal, en calidad de Corte de Apelaciones, en el procedimiento de antejuicio de mérito, ha examinado y dado lectura a la relación de los medios de prueba que en primera instancia fueron tomados en cuenta para declarar sin lugar la procedencia del antejuicio, estimando que la prueba analizada reúne los requisitos de admisibilidad y por ende de valoración, considerando que la valoración realizada en primera instancia es precisa y ponderada, resultando acertadas las motivaciones analizadas en la sentencia recurrida, tomando en consideración que el bien jurídico protegido de la “Administración Pública”, abarca la transparencia de la actuación de la administración, que no deja dudas a los administrados, de su correcto y sano funcionamiento, para ello es meritorio establecer en principio las facultades otorgadas a los jueces en la ley procesal civil, encontrando coherente y procedente la aplicación al caso concreto, del contenido de las disposiciones legales siguientes: 1) Artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del que se deriva que aunque dispone que es prohibido divulgar el contenido de las declaraciones del contribuyente, y que sus copias y documentos, sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la Dirección, en el segundo párrafo de esa misma disposición legal también dispone que las autoridades judiciales y autoridades del Poder Ejecutivo puedan inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes y documentos que la acompañen, cuando sea necesario para la prosecución de juicios o investigaciones en que el fisco tenga interés de recaudar impuestos que le sean debidos, la que se llevará a cabo con los mismos requisitos y formalidades permitidos por la ley para la inspección de los libros y documentos de los comerciantes. 2) Los artículos 80 y 85 del Código Procesal Civil establece que el proceso se formará con los escritos, documentos y actuaciones que se verifiquen en el juicio y los cuales irán agregando en el orden de presentación.3) La apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Cargill de Honduras interpuso una primera acción de Amparo contra el auto de fecha 31 de enero de 2014, en la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece “la solicitud planteada por la parte demandante en cuanto a que se librara oficio urgente a las oficinas centrales de la DEI en la ciudad de Tegucigalpa, a fin de corroborar la información que se pretende con la referida inspección en las oficinas de la DEI en San Pedro Sula, no es contraria a derecho, ya que tal solicitud deriva precisamente de que en la referida inspección no se pudo corroborar ningún tipo de información”. Lo anterior, como antecedente del libramiento del oficio y la comunicación respectiva mediante auto de fecha diecinueve de marzo y seis de mayo de 2015, resoluciones que quedan firmes en vista que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, declara inadmisible los recursos de apelación interpuestos contra dichas resoluciones, por la parte demandada. 4) Con los medios de prueba aportados por el interesado al proceso civil, y al procedimiento de antejuicio no se acredita que la parte demandada haya sufrido perjuicio alguno derivado del auto dictado por el juez antejuiciado que manda a agregar la información tributaria, contenida en la comunicación, al proceso civil. 5) En el transcurso del juicio civil la parte demandante propuso el medio de prueba número catorce, de inspección ocular en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a los archivos electrónicos y de cualquier tipo sobre las declaraciones de impuestos de las empresas Cargill de Honduras: Alimentos Concentrados (Alcon, S.A), Proyectos Agropecuarios, S. A (Prasa), Reproductora Avícola, S. A. (Rasa), Productos del Norte S.A (Pronorsa) y Embutidos Delicia S. A. (Delicia, S. A), medio de prueba admitido, a pesar de la oposición de la parte demandada, la que fue declarada sin lugar, en sentencia interlocutoria de siete de marzo de 2013, confirmada por la Corte de Apelaciones en sentencia de trece de mayo de 2013, cuando el juez antejuiciado no ostentaba dicho cargo. Decisión 1) Con los medios de prueba acompañados a los autos se acredita que en el proceso civil de Daños y Perjuicios en que ha actuado el juez antejuiciado se ha admitido a la parte demandante el medio de prueba número catorce, de inspección ocular en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a los archivos electrónicos y de cualquier tipo sobre las declaraciones de impuestos de las empresas Cargill de Honduras: Alimentos Concentrados (Alcon, S. A), Proyectos Agropecuarios, S. A (Prasa), Reproductora Avícola, S. A. (Rasa), Productos del Norte S. A (Pronorsa) y Embutidos Delicia S. A. (Delicia, S. A), a pesar de la oposición de la parte demandada misma que es declarada sin lugar, decisión posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Civil, de esa sección judicial. 2) En primer antecedente de la acción de Amparo enviada en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluye que el libramiento del oficio y comunicación a la DEI para la evacuación del medio de prueba número catorce, no es contrario a derecho. 3) La evacuación del medio de prueba número catorce, propuesto por la parte demandante, en juicio de Daños y Perjuicios no es una decisión arbitraria del juez antejuiciado, sino parte de curso normal de un juicio de naturaleza civil, en la que es necesario dictar resolución que mande incorporar dicha prueba al proceso, someterla a audiencia con la presencia de las partes y al respectivo contradictorio, valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y con ella dictar sentencia definitiva en que se resuelva las pretensiones de las partes. 4) La conducta imputada al juez antejuiciado no reúne la apariencia de delito relacionada a lo dispuesto en el artículo 349.2 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la administración de justicia, dado que no se aprecia ilicitud en la misma, tampoco que haya causado perjuicio alguno al bien jurídico protegido de la Administración Pública, en la sana y correcta impartición de justicia, al ordenar la evacuación del medio de prueba número catorce y agregarlo a los autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días de agosto del año dos mil diecinueve, por medio de la Sala de lo Penal, constituida en Corte de Apelaciones integrada por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, han pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho, por la Abogada D. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha once de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual declaró sin lugar el antejuicio promovido en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Abogado D. M., mayor de edad, hondureño y del domicilio Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad, contra el señor L. E. M. F., en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por suponerlo responsable de los delitos de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. Son partes: La Abogada D. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado L. E. M. F., actuando como Defensor en causa propia. Solicitud de Antejuicio En fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado D. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio de la manera siguiente: “RELACIÓN SUCINTA DE LOS HECHOS PRIMERO: Solicitadas las declaraciones de las empresas arriba mencionadas mediante oficio 1361-2015 a la DEI, ésta respondió a través de su gerente general que había una prohibición en cuanto a divulgar el contenido de las declaraciones del contribuyente y que no se permite que las copias de las declaraciones antes mencionadas o los documentos que las acompañan sean vistos por personas distintas del contribuyente, su representante legal y las autoridades o empleados de la DEI. En tal sentido, aclaró que lo debía hacerse era hacer una inspección por parte del juez a dichas declaraciones. Debido a esa respuesta por parte de la DEI, solicitó al juez que librara una comunicación al Juzgado de Paz de lo Civil de la Sección Judicial del Distrito Central con asiento en Tegucigalpa para que hiciera la inspección a los archivos manuales, electrónicos o de cualquier tipo. El juez resolvió favorablemente ante tal solicitud, pero esa inspección no se pudo cumplimentar por no contarse con los registros tributarios nacionales de cada una de las empresas referidas en el acápite anterior, por lo que el juez a solicitud de parte libró nota pidiendo dichos registros, y al momento de tenerlos procedió a librar una nueva comunicación pero esta vez dirigida al Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial del Distrito Central para que realizara la inspección supra referida, la cual se llevó a cabo el 9 de septiembre del 2015 en las instalaciones de la DEI, además de la inspección el juez de letras de lo civil de Francisco Morazán Marco A. M. procedió a solicitarle a la DEI que emitiera certificaciones de las declaraciones tributarias. SEGUNDO: La inspección a las declaraciones de las empresas Cargill de Honduras S. de R.L., Proyectos Agropecuarios S. de R.L., Reproductora Avícola S. de R.L., Productos Norteños S. de R.L. y D. S. de R.L., así como las certificaciones de las mismas, fueron remitidas por parte del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán al Juzgado de Letras Civil sección judicial de San Pedro Sula, siendo recibidas por el último el día 2 de octubre del 2015, fecha en la que procedió mediante auto agregar al expediente dichas declaraciones, aun habiendo sido informado por parte de la DEI que esa información debía mantenerse como reservada y que no debía estar disponible en el expediente judicial, lo anterior en virtud de lo estipulado en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que literalmente dice “ARTÍCULO 32. Desclasificación de la Información Reservada. Esta información será desclasificada en cualquiera de los siguientes casos: A. Cuando se haya extinguido la causa que dio origen a su clasificación; B. Cuando haya transcurrido el periodo de reserva; C. Cuando haya transcurrido el plazo máximo de diez años en el supuesto que ese plazo hubiese sido debidamente autorizado. La disponibilidad de esa información será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes. Los Tribunales de Justicia tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver un asunto y hubiera sido ofrecida en juicio. La desclasificación procederá cuando exista una orden judicial, en cuyo caso, se circunscribirá al caso específico, bajo reserva de la utilización exclusiva en dicho caso. Esta información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial." Y a eso hay que agregarle el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual prohíbe divulgar el contenido de las declaraciones del contribuyente, no permitiendo que dichas declaraciones o sus copias y los documentos que la acompañan, sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la DEI. Este artículo, le da al juez solamente la facultad de inspeccionar dichas declaraciones y documentos, debiendo respetar la prohibición antes mencionada. TERCERO: Es importante indicar que antes que se libró comunicación al Juzgado de Letras de lo Civil de la sección del Distrito Central para que realizara la inspección en las Instalaciones de la DEI, pero la abogada M. E. M. D. interpuso una Acción de Amparo a favor de la sociedad mercantil Cargill de Honduras S. de R. L., en contra ese auto de fecha 3 de septiembre del 2015 que ordenó librar dicha comunicación. El Recurso de Amparo fue conocido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula que resolvió sobreseerlo. Habiendo sido remitida dicha resolución en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que en fecha 11 de enero del 2016 decidió revocar la sentencia del Recurso de Amparo emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula en fecha 30 de noviembre del mismo año y ordenar la emisión de un nuevo fallo, mismo que otorga el Recurso de Amparo y restituye los derechos y garantías a la sociedad mercantil Cargill de Honduras S. de R. L., como resultado de la anterior sentencia, el juzgado de Letras de lo Civil de la sección de San Pedro Sula tuvo que dejar sin valor y efecto la proposición y evacuación del medio de prueba No. 14 denominado "Inspección personal del Juez”. CALIFICACIÓN JURÍDICA A LOS HECHOS COMETIDOS. La conducta demostrada por el Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés L. E. M. F. se subsume en el ilícito penal de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2) párrafo primero del Código Penal. El artículo 349 No. 2) establece que: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) … 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. La Constitución de la República de Honduras, es taxativa al expresar en su articulado lo siguiente: Articulo 80. “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”. Artículo 321. “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Artículo 323. “Los Funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella”. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD De conformidad a lo establecido en el artículo 349 No. 2) del Código Penal Vigente, los elementos descriptivos del tipo penal los siguientes: El Artículo 349 del Código Penal prevé tres supuestos distintos para la comisión de éste delito: 1).- Cuando el empleado o funcionario público dicte ordenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2).- Cuando el empleado o funcionario ejecute las órdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3).- Cuando no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le sea obligatorio. Como puede observarse, la descripción de los dos primeros casos corresponde a conductas comisivas, mientras que la restante implica una omisión, teniendo en común todas ellas la sanción del uso abusivo del poder depositado en el empleado o funcionario público para el ejercicio de su cargo. Interesándonos en la presente causa el numeral dos que corresponde a: “2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 1).- Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo y obrando dentro de su propia competencia, entendiéndose como tales los señalados por el Artículo 393 del Código Penal, definiéndolo como a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales; por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su Artículo l, señala que debe entenderse por Funcionario Público, Oficial Gubernamental o Servidor Público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; en este caso el antejuiciado, abogado L. E. M. F. al momento de la comisión del hecho y aún en la actualidad, ostenta el cargo de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 2).- Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como titular de la Administración Pública; 3).- Objeto material del delito: Es la Administración Pública, como bien jurídico protegido, ejercido a través de órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, los cuales deben diferenciar si se trata de carácter general o de carácter particular: a) de carácter general, cuando es la determinación de la voluntad del Estado con respecto a una situación universal (ordena, permite o prohíbe), por lo cual realiza una manifestación pública que crea una nueva situación jurídica vinculante a todos; b) Es de carácter particular cuando es una determinación adoptada en un caso particular, emitida por el empleado o funcionario público a realizarse por él directamente o por otros empleados y funcionarios públicos sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, sin que sus efectos jurídicos se extiendan a otras personas. 4).-Conducta criminosa: Centrada en el verbo rector, que en este caso es: a) Dictar: que se refiere a la acción dolosa de ordenar, disponer, resolver o disponer. En este sentido hemos de indicar que la orden emitida por el Juez hoy antejuiciado, se trata de un auto en el que dictó una orden mediante la cual se mandó agregar al expediente las declaraciones tributarias de las empresas Cargill de Honduras S. de R.L., Proyectos Agropecuarios S. de R.L., Reproductora Avícola S. de R.L., Productos Norteños S. de R.L. y D. S. de R.L., aun habiendo sido informado por parte de la DEI que esa información debía mantenerse como reservada y que no debía estar disponible en el expediente judicial. Hay que mencionar que el delito de abuso de autoridad, no consistirá en dictar una resolución que se oponga a la interpretación que de la ley realicen las partes, sino que se consuma cuando el juez emite un auto en el que se lee una orden contraría a la ley; existiendo por parte del juzgador una abierta y efectiva oposición al momento de emitir dicho auto, entre lo que se resuelve y la ley aplicada, es decir, por un lado se invoca el artículo 85 del Código de Procedimientos Comunes en el que se “Todas las piezas que deben formar el proceso, en conformidad al Artículo 80, se irán agregando sucesivamente según el orden de su presentación. Al tiempo de agregarlas, el Secretario numerará cada foja en cifras y en letras. Se exceptúan las piezas que, por su naturaleza, no puedan agregarse o que por motivos fundados se mandaren reservar fuera del proceso”, y por otro lado se dictó un auto que incluye na orden que quebranta de manera arbitraria tal disposición, que guarda una relación directa con el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero para una mejor comprensión del ilícito realizado por el juez antejuiciado, creemos necesario hacer una exposición amplia de la normativa relacionada al presente caso. Empezaremos diciendo que la Ley de transparencia y Acceso a la información pública en su artículo Nª 3 numeral 6 habla que se debe entender como “Información reservada”, la cual será aquella información pública clasificada como tal por dicha ley, aquella de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones particulares de las instituciones del sector público. Siempre la misma ley ante citada en su artículo 17 habla de cuando procede la clasificación de la información pública como reservada, y es cuando el daño que puede producirse es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1)… 2)... 3)… 4) El interés protegido por la Constitución y las leyes. Siguiendo ese mismo orden de ideas relacionadas con la clasificación de información como reservada, el Reglamento de la Ley de transparencia y Acceso a la información pública en su artículo 25 numeral 1 habla que entre la información que puede causar un serio perjuicio se encuentran lo relativo a la recaudación de impuestos y demás tributos. Pero la frase impuestos y tributos es muy genérica, por lo que dicha norma hay que relacionarla con el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual prohíbe divulgar el contenido de las declaraciones del contribuyente, no permitiendo que dichas declaraciones o sus copias y los documentos que la acompañan, sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la DEI. Refiriéndose al juez solamente le da la facultad de inspeccionar dichas declaraciones y documentos, debiendo respetar dicha prohibición. Y Habiendo hablado de la clasificación de información como reservada, resta contrastarla con su desclasificación, la cual se halla en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que se lee que "solo procede la desclasificación por orden judicial para un caso específico y para uso de dicho caso, debiendo ser mantenida como reservada, no debiendo estar disponible le en el expediente judicial. En la causa de merito, que la información que se agregó en el expediente judicial se trata de las declaraciones de las empresas Cargill de Honduras S. de R.L., Proyectos Agropecuarios S. de R.L., Reproductora Avícola S. de R.L., Productos Norteños S. de R.L. y D. S. de R.L., así como las certificaciones de las mismas, cuales al haber sido agregadas causaron un perjuicio debido a que dicha información se dio a conocer en un medio de comunicación escrito, a causa que no se respetó por el juzgador la prohibición que habla el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el transcurso del juicio de la causa aquí estudiada, la parte demandada utilizó los medios legales para oponerse desde un inicio al medio de prueba Nª 14, asimismo los funcionarios de la DEI le informaron al juez antejuiciado la manera como debían ser vistas e inspeccionadas las declaraciones mencionadas en el acápite anterior? también le informaron el cuidado que debía de tener con dicha información, por ser esta información reservada de acuerdo a la Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero de manera unilateral y arbitraria por parte del antejuiciado, emitió el auto agregando las declaraciones tributarias antes mencionadas a los autos, corroborando de esta manera su conciencia de injusticia. 5).- Modalidad criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; en este caso puede ser de dos formas: a) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes con el fin de ir en contra de ellas, donde el empleado o funcionario público se atribuye facultades o atribuciones que la Ley no le otorga o cuando la propia Ley se lo prohíbe; y b) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contemplados en la Constitución o en la ley de manera arbitraria, sobrepasando los límites establecidos en dichas disposiciones. 6).- Penalidad: Está fijada por el Legislador con una sanción de tres a sei9 años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia. (Sentencia de Casación Penal Nª CP-309-2008 de fecha 27 de junio del 2013). REQUISITO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL DE ABUSO DE AUTORIDAD Elemento subjetivo del tipo penal de Abuso de Autoridad es el dolo, donde el autor debe conocer la ilegalidad de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto que se dicta o se ejecuta y debe tener la voluntad de dictarla o ejecutarla. El abuso de autoridad es un delito doloso que se satisface únicamente con el dolo directo, es decir que el autor debe saber y querer resolver en contra de la ley invocada para fundamentar el auto. Debemos señalar que en el caso que nos ocupa el juez L. E. M. F. tiene conciencia de la discordancia entre el derecho declarado y el conocido, dirigiendo su voluntad a resolver el thema desidendum en función de esa contradicción. Debemos señalar que en el auto emitido por el antejuiciado se hace referencia al artículo 85 del Código de Procedimientos Comunes y en absoluta contradicción resuelve en contra de lo dispuesto en ese ordenamiento jurídico así como el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley del Impuesto sobre la Renta. RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FUNDAMENTAN LA IMPUTACIÓN Para acreditar extremos de los hechos cometidos por el por el Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes L. E. M. F., se propondrá los siguientes medios de prueba: DOCUMENTAL 1. Certificación del Acuerdo de nombramiento del señor L. E. M. F. como Juez de Letras Civil sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 2. Copia certificada del expediente numero 0501-2010-00089-LCO que contiene: Auto de admisión de escrito de fecha 19 de marzo del 2015 en el que ordena librar oficio a la DEI, oficio N O 1361-2015 dirigido a la DEI, Oficio DE-1965-2015 de la DEI, solicitud del señor J. Z. y el auto de admisión de dicha solicitud de fecha 6 de mayo del 2015 en el que se manda a librar comunicación al Juzgado de Paz de lo Civil del Distrito Central, Comunicación al Juzgado de Paz de lo Civil del Distrito Central, Inspección realizada en las instalaciones de la DEI por parte del juez de Paz de lo Civil del Distrito Central, Comunicación Juzgado de Letras lo Civil del Distrito Central, Acta de Reconocimiento Judicial, Petición de certificaciones de declaraciones tributarias a la DEI, certificación de declaraciones tributarias emitidas por la secretaria general de la DEI, Auto de recibimiento de comunicación de fecha 2 de octubre del 2015 en el que se manda agregar a autos las declaraciones antes mencionadas y auto que deja sin valor y efecto la proposición y evacuación del medio de prueba Nª 14 denominado Inspección personal del Juez, cuyos originales se encuentran en el expediente judicial 0501-2010-00089-LCO que se encuentra en el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 3- Copia Certificada del expediente número 45-15 AMP, que contiene: Escrito de la Acción de Amparo y su admisión, informe del juez L. E. M. F., Formalización del Recurso de Amparo, Dictamen fiscal, Resolución del recurso de Amparo por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Resolución del recurso de Amparo venido en Consulta por la Sala de lo Constitucional y nueva Resolución del recurso de Amparo por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula. 4. Padrón Fotográfico de L. E. M. F. del Registro Nacional de las personas. 5. Otros.” Proveído Que en proveído de fecha diecinueve de marzo del año dos mil dieciocho, la Corte de lo Penal con de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por promovido el Antejuicio de mérito y ordenó librar comunicación a fin de que el funcionario acusado informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargos que se le formulan, dentro del término de tres días. Informe del Antejuiciado de los cargos formulados Pronunciándose el Abogado L. E. M. F., en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha tres de abril del año dos mil dieciocho de la manera siguiente: “Antecedentes Respecto a lo establecido por el fiscal del Ministerio Público en los antecedentes de su escrito, únicamente cabe mencionar que el suscrito no ostentaba el cargo en mención al desarrollarse las actuaciones descritas en el párrafo primero, y que efectivamente se procedió a librar el oficio descrito en el párrafo segundo, una vez que se encontraba firme la resolución mediante la cual se ordenaba su emisión, en vista de la inadmisión de un recurso de apelación de hecho por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial mediante auto de fecha uno de junio del dos mil quince. Hechos En relación al hecho primero, únicamente se hace referencia a la evacuación de un medio de prueba que fue admitido en el momento procesal oportuno y que se practicó una vez que se resolvió la oportuna oposición a su evacuación y recursos ejercidos por la parte demandada. En relación al hecho segundo, efectivamente el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las autoridades judiciales podrán inspeccionar las declaraciones cuando sea necesario para la prosecución de juicios. En este sentido el artículo 80 y 85 del Código de Procedimientos Civiles establece que el proceso se formara con los escritos, documentos y actuaciones que se verifiquen en el juicio y los cuales irán agregando en el orden de presentación. En el hecho tercero de su escrito, el Ministerio Público hace referencia que la apoderada judicial de la sociedad mercantil Cargill de Honduras S. de R.L., interpuso una acción de amparo contra el auto de fecha 3 de septiembre del año dos mil quince. Relacionado a ello debo resaltar que existe en el proceso un primer amparo ejercido por la parte actora en contra de la resolución de fecha treinta y uno de Enero del año dos mil catorce, en el cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableció que: “la solicitud planteada por la parte demandante en cuanto a que se librara oficio urgente a la oficinas centrales de la DEI en la ciudad de Tegucigalpa a fin de corroborar la información que se pretendía precisamente con la referida inspección en las oficinas de la DEI en San Pedro Sula, no es contraria a derecho ya que tal solicitud deriva precisamente de que en la referida inspección no se pudo corroborar ningún tipo de información” (lo resaltado y subrayado es nuestro). Dicho antecedente sirvió de base para el libramiento de oficio y comunicación respectiva, mediante autos de fecha diecinueve de marzo y seis de mayo ambos del año dos mil quince, cuyas decisiones adquirieron firmeza en vista que la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial, mediante resoluciones de fecha uno de junio del año dos mil quince, declaró inadmisible unos recursos de apelación de hecho ejercidos por la parte demandada. Dichos extremos se acreditan con la documentación abajo detallada. Calificación Jurídica de los Hechos En la calificación jurídica de los hechos realizada por el Ministerio Público, se expresa que el haber mandado agregar al expediente judicial las declaraciones de las empresas allí referidas, causó un perjuicio en vista que dicha información se dio a conocer en un medio de comunicación escrito. Con los medios de prueba detallados en el escrito y aportados al proceso por el fiscal del Ministerio Público, puede apreciarse que no se acredita dicho extremo. Aunado a ello debo señalar que no se ha ocasionado perjuicio alguno a las empresas referidas, ya que mediante sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete, se declaró sin lugar la demanda de la parte actora del proceso, lo que implica que no existe pronunciamiento de condena en contra de la demandada. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial mediante resolución de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho. Finalmente, es de resaltar que, en el escrito del Fiscal del Ministerio Público, específicamente en el apartado identificado como “conducta criminosa página 8/10”, se refiere que en el transcurso del juicio la parte demandada utilizó los medios legales para oponerse desde un inicio al medio de prueba número 14, no obstante, no expone a esta Corte de Apelaciones Penal que sobre ello existe todo un antecedente el cual paso a detallar. Mediante escrito de fecha diecinueve de Octubre del año dos mil doce, el apoderado judicial demandante, propuso como medio de prueba número catorce inspección personal del señor Juez en las instalaciones físicas que ocupan la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a los archivos electrónicos y de cualquier tipo, sobre las declaraciones de impuesto sobre la renta y otros, realizadas por la empresas del Grupo Cargill de Honduras: Alimentos Concentrados S.A. (ALCON S.A.), Proyectos Agropecuarios S.A.(PRASA), Reproductora Avícola S.A. (RASA), Productos del Norte S.A. (PRONORSA), Embutidos Delicia S.A. (DELICIA S.A.), medio de prueba que fue admitido por la Juez que conocía del proceso en aquel momento. Mediante escrito de fecha diez de enero del año dos mil trece, el apoderado judicial de la parte demandada presentó oposición a la evacuación de dicho medio de prueba y otros, incidente que fue declarado Sin Lugar mediante sentencia interlocutoria de fecha siete de marzo, y la cual fue confirmada por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial mediante sentencia de fecha tres de mayo ambas del año dos mil trece, fechas en la cuales el suscrito no ostentaba el cargo en mención. Medios de Prueba Documentales: Se adjunta copia de los siguientes documentos, cuyos originales se encuentran en el expediente con número de registro en primera instancia 0501-2010-7892-LCO y que a la fecha se encuentra en la honorable Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial. 1. Escrito de proposición de medio de prueba número 14, de fecha diecinueve de octubre del año dos mil doce; 2. Auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce; 3. Escrito de oposición a evacuación de medios de prueba de fecha diez de enero del año dos mil trece; 4. Sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Civil en fecha siete de marzo del año dos mil trece; 5. Fallo dictado por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial en fecha tres de mayo del año dos mil trece; 6. Fallo dictado por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial en fecha nueve de marzo del año dos mil quince; 7. Auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha diecinueve de marzo del año dos mil quince; 8. Auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha seis de mayo del año dos mil quince; 9. Fallo dictado por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial en fecha uno de junio del año dos mil quince; 10. Auto dictado por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial en fecha uno de junio del año dos mil quince. Pretensión Probatoria: Con los medios de prueba descritos del numeral 1 al 10, se acredita el antecedente desde que la parte actora propuso el medio de prueba número 14, la oportuna oposición a su evacuación por la parte demandada, y la cual fue declarada sin lugar en el momento procesal oportuno, decisión que fue confirmada por el Tribunal de alzada. Así mismo, se acredita el primer antecedente de amparo mediante el cual en consulta la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el libramiento de oficio para la evacuación del medio de prueba 14 no era contrario a derecho, por lo motivos ahí establecidos. Finalmente, el hecho que los recursos ejercidos por la parte demandada ante el libramiento de oficio y comunicación respectiva, fueron declarados inadmisibles a trámite por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial. 11. Sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil diecisiete. 12. Fallo dictado por la Corte de Apelaciones Civil de esta sección judicial en fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho. Pretensión Probatoria: Con los medios de prueba descritos en los numerales 11 y 12, se acredita que la demanda de la parte actora en el proceso fue declarada Sin Lugar, y por tanto la no existencia de perjuicio en contra de la demandada o alguna de las empresas citadas en el medio de prueba 14, o sea no existe pronunciamiento de condena en su contra, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Ad Quem. Análisis Jurídico Penal El delito imputado por la Fiscalía del Ministerio Público es el de Abuso de Autoridad porque aduce que el suscrito ordenó la insertación de documentos de carácter fiscal en el expediente de mérito, de empresas relacionadas a la empresa Cargill S. de R.L. Para que una conducta sea considerada delictiva, deben coexistir las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad no es otra cosa más que la relevancia de la conducta penalmente. Ello será así cuando el comportamiento, en el delito sometido a nuestro análisis, implique un acto de abuso o desviación de poder intencionado (dolo natural) con miras claras a causar un perjuicio previsible ex ante y cuantificable ex-post. Según los planteos de la Imputación Objetiva, la conducta típica objetiva es creada por el autor en el marco de un riesgo no permitido con el propósito firme de quebrantar una expectativa normativa, defraudando la administración pública y causando un perjuicio material y planificado por el autor a un tercero, en este caso al demandado, que efectivamente ganó el litigio (nullum crimen sine injuria). Esto, Señores Magistrados, no es otra cosa más que el análisis dogmático del tipo de injusto penal completo, tan importante que debió realizar el agente fiscal antes de intentar la acción penal. Habrá injusto cuando con evidencias sólidas pueda demostrarse, más allá de toda duda razonable, que la conducta imputada (la inserción de declaraciones fiscales de empresas relacionadas) fue producto de una planificación fría y consciente por el autor con miras a causar un daño que efectivamente debe acontece en el mundo físico exterior. Es claro que en el caso que nos ocupa la evacuación del medio de prueba 14 fue derivada de una confrontación procesal interaudita partes y no como producto de una decisión arbitraria del suscrito juez, lo cual fue finalmente autorizada por la Justicia Constitucional. De esta forma se desvanece claramente el sustratum del tipo de injusto; sin embargo, mi defensa va más allá. No es posible distinguir en los hechos históricos, ningún indicio de interés de perjuicio material o que éste finalmente haya ocurrido con evidencias objetivas que así lo demuestren. La antijuricidad material o damnum debe probarse, no simplemente especular su existencia. No basta que una conducta tenga apariencia de delito (ratio cognoscendi) sino que el acto haya sido querido con consciencia de la injusticia y que finalmente alguien resulte con un perjuicio cuantificable, como resultado de una planificación criminal (adecuación de la conducta típica con el resultado ex post, vinculados a través de un nexo de imputación en el ámbito de protección de las normas jurídicas supuestamente defraudadas). Esto es así, porque: 1. Si nos encontrásemos con una conducta típica pero no querida como respuesta a una planificación ex ante, el acto carecerá de relevancia jurídico penal, ya que el tipo es una dualidad de aspectos objetivos/ subjetivos (transformación del mundo exterior, prohibida por la norma y realizada dolosamente). 2. Si la conducta que se imputa fue realizada con “supuesta” intención, pero sin daño previsible ex ante y cuantificable ex post, el acto típico carecerá de antijuricidad material, elemento indispensable para la configuración del tipo de injusto penal completo. 3. Debemos resaltar la importancia del dolo natural en el delito de abuso de autoridad, ya que su no existencia obliga a la impunidad del acto en la esfera jurídico penal (principio de taxatividad en el castigo de actos no intencionados, los cuales además siempre se deben acompañar de daño cuantificable objetivamente: la ausencia de daño en las conductas culposas también implica inexistencia de desvalor del acto). 4. El análisis de la tercera categoría (culpabilidad) es irrelevante porque no siendo posible afirmar el desvalor del acto es improcedente el estudio del desvalor del autor, es decir de la exigibilidad personal de una conducta diferente en el marco de la consciencia de antijuricidad. A modo de conclusión: La conducta atribuida por el Ministerio Público al suscrito Juez no puede ser categorizada como típicamente antijurídica (injusto penal) por ausencia de dolo natural y de perjuicio previsible ex ante y cuantificable ex post (antijuricidad material).” Parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, en su calidad de tribunal de instancia Que en fecha once de junio del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió: “UNICO: DECLARAR SIN LUGAR el ANTEJUICIO presentado en contra del funcionario judicial L. E. M. F. actual Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el Delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.” Recurso de Apelación presentado por la Fiscalía del Ministerio Público Que en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciocho, la Abogada D. G. de generales y condiciones ya expresadas, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando agravios de la siguiente manera: “EXPRESION DE AGRAVIOS PRIMERO: La resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula en fecha 1 1 de junio del 2018, ha causado agravio que la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula en su acápite octavo del Análisis de los antecedentes del Antejuicio expone sobre la opinión fiscal dada en determinado Amparo en la que se fue del criterio que la DEI era la obligada a mantener en reserva y confidencialidad lo que se refiere a los tributos, pero que la autoridad jurisdiccional tenía la facultad para pedir dicha información o cualquier otra tanto a instituciones públicas como privadas, además consideraron que lo anterior no significaba que se perdía la confidencialidad pues dicha información se convertía en pública porque se trataba de pago de tributos al Estado y que el Juez de Letras Civil valoró la utilidad, pertinencia como la licitud de dicho medio de prueba. Luego de dicha exposición la Corte de Apelaciones dice que la anterior postura es diferente a la sostenida por el fiscal que presentó el antejuicio en contra del abogado L. M., agregando en el acápite decimo que el juez actuó bajo la convicción personal que no estaba haciendo nada contrario a la ley al mandar comunicación al Juzgado Civil de Francisco Morazán. Si se lee bien el escrito de antejuicio, específicamente el numeral cuarto de los requisitos objetivos del tipo penal de abuso de autoridad que se refiere a la conducta criminosa, se podrá observar que el Ministerio Público en ningún momento ha cuestionado la solicitud e inspección realizada por el juez en las instalaciones de la DEI ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta le da las facultades para ello, sino el trato que se le dio por él, a la documentación entregada por la DEI luego de aquella inspección, ya que aunque aquella Ley le da facultades para inspeccionar la información, la misma no puede ser divulgada al público en general, ya que en el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se puede leer que las declaraciones del contribuyentes solo pueden ser vistas por el contribuyente, su representante legal, los empleados de la DEI, y a eso hay que sumar el juez y las partes del proceso. Por lo que lo dicho por la Corte de Apelaciones en su resolución se desvía de la verdadera pretensión de este ente fiscal. SEGUNDO: Asimismo la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula en fecha 1 1 de junio del 2018 causa agravios, al manifestar el Tribunal de Alzada que la inspección realizada a las declaraciones tributarias no sujeta al juez antejuiciado a que dicha información no sea agregada al expediente judicial, ya que de no ser así la parte demandada no hubiera tenido la oportunidad para contradecirla o aceptarla. Agregando que lo dicho en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 32 “que esa información no estará disponible en el expediente judicial”, es solo parte de una gama de leyes sustantivas y procesales de las que el juez tiene que hacer uso para resolver un caso, y que no solo ese reglamento debía aplicar el juez por cuestión de la especialidad, refiriéndose aquí a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la que está por encima de aquel Reglamento. En ese sentido, estamos de acuerdo con la Corte que la ley está por encima de un Reglamento respetando lo dicho por Hans Kelsen en su pirámide, pero aunque la ley está por encima del reglamento, en este caso ambos no se contradicen ni existe una antinomia jurídica, como lo dice la Corte en su resolución, sino que son complementarios pudiéndose aplicar simultáneamente ambas normas. Al observar con cuidado el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se puede leer que las declaraciones del contribuyente solo pueden ser vistas por el contribuyente, su representante legal, los empleados de la DEI, y a eso hay que sumar el juez y las partes del proceso. Y por su parte el 32 antes referido menciona que la información debe ser mantenida en reserva no debiendo estar disponible en el expediente judicial, refiriéndose aquí para el público en general, ya que en este caso preciso la información se dio a conocer por el Diario el Tiempo de fechas 8 de diciembre del 2015 y 1 de agosto del 2016. Y es importante decir que en ningún momento se ha visto incorrecta la acción del juez en cuanto a solicitar e inspeccionar las declaraciones tributarias sino el haberlas expuesto en el expediente judicial a personas distintas de las partes procesales, poniendo en peligro de manera general la Seguridad Jurídica del Estado de Honduras y particularmente los derechos y garantías de las empresas mencionadas en los antecedentes de este escrito. TERCERO: Causa agravios también que la Corte de Apelaciones en su resolución considere que las actuaciones del Juez L. M. están apegadas al principio de legalidad sustantiva y procesal, no contrarias a la Constitución y a las leyes, no encontrando ellos una conducta ilegitima o grave que afectara el desarrollo de la administración de justicia. El suscrito contrario a lo dicho por el Tribunal de Alzada considera que si bien es cierto que el juez antejuiciado u otro podían inspeccionar las declaraciones tributarias en la DEI lo que no podían hacer era divulgar las mismas al público en general exponiéndolas en el expediente judicial de conformidad con los artículos 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública.” Proveído En proveído de fecha veinticinco de junio del año dos mil dieciocho de la Corte de Apelaciones de lo Penal San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada D. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, concediendo al Abogado L. E. M. F., en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados, Contestación de Agravios del Antejuiciado En fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, el Abogado L. E. M. F., en su condición de Antejuiciado, presenta escrito de la manera siguiente: “CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS PRIMERO: Rechazamos lo expresado por el ente acusador en el párrafo primero de su expresión de agravios, argumentando que la Corte de Apelaciones Penal se desvía de la verdadera pretensión del ente fiscal. De la simple lectura del acápite octavo del análisis de los antecedentes del antejuicio, pude apreciarse que lo que realizó el Tribunal A Quo es hacer referencia a distintos antecedentes previos relacionados con el hecho imputado, lo cual lógicamente no constituye la ratio decidendi del fallo. Al contrario, debemos resaltar que es en la motivación fáctica y jurídica en donde de forma exhaustiva se da respuesta contundente a la pretensión deducida por el ente acusador. Finalmente, y siendo que también se hace referencia a los requisitos objetivos del tipo penal, debemos señalar lo ya expresado en el informe respectivo, en el sentido que para que una conducta sea considerada delictiva, deben coexistir las categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad no es otra cosa más que la relevancia de la conducta penalmente. Ello será así cuando el comportamiento, en el delito sometido a nuestro análisis, implique un acto de abuso o desviación de poder intencionado (dolo natural) con miras claras a causar un perjuicio previsible ex ante y cuantificable ex post. Según los planteos de la Imputación Objetiva, la conducta típica objetiva es creada por el autor en el marco de un riesgo no permitido con el propósito firme de quebrantar una expectativa normativa, defraudando la administración pública y causando un perjuicio material y planificado por el autor a un tercero, en este caso al demandado, que efectivamente ganó el litigio (nullum crimen sine injuria). SEGUNDO: En el párrafo segundo de la expresión de agravios, el Ministerio Público expresa que comparte el criterio de la Corte de Apelaciones Penal en el sentido que la Ley del Impuesto sobre la Renta (la cual permite al Juez inspeccionar declaraciones y documentos cuando sea necesario para la prosecución de juicios) esta no obstante, agrega que debe entenderse comprendidas dentro del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las partes del proceso. Esto último que expresa la Fiscal del Ministerio Público no resulta apegado a derecho en lo absoluto, ya que no puede presumirse que se encuentran comprendidos en determinado supuesto de una norma de derecho vigente, situaciones y/o personas que no están expresamente previstas. En relación a la interpretación de la ley, el artículo 17 del Código Civil establece que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos”. Contrario a ello, y con buen criterio, la Corte de Apelaciones Penal estableció en el párrafo tercero de su motivación fáctica y jurídica, que el artículo 39 citado, no sujeta que la información obtenida sea agregada al expediente, y que el Reglamento citado por el Ministerio Público, es solo parte de un conjunto de leyes sustantivas y procesales, de las que el Juez tiene que hacer usos para resolver un caso sometido a su conocimiento. Expresamente estableció “bajo el panorama de las leyes sustantivas y adjetivas aplicables al caso que un juez tiene que resolver, y no aisladamente por solo una de ellas, o solo la que le conviene a una de las partes, es que se comprende la razón por la que el juez antejuiciado agregó al expediente la información obtenida en la Inspección en la DEI…”. (Lo subrayado es nuestro). Relacionado a ello, es importante recordar que en todo proceso judicial debe estar garantizado el respeto al principio constitucional de contradicción, según el cual todas las partes tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que les afecte directa o indirectamente, derecho aplicable a cualquier etapa del proceso, incluida la evacuación de medios de prueba. Este derecho adquiere mayor virtualidad al momento de efectuar los correspondientes alegatos finales o conclusiones, en donde para que exista un adecuado ejercicio del derecho a la defensa, debe existir una referencia a los hechos que se consideren probados con indicación de la prueba producida (que tiene como presupuesto lógico el ser conocida). Como bien indica el Tribunal A Quo, el no haber agregado la información, hubiese vedado el derecho de la contra parte a contradecir la información obtenida, ya que no tendría conocimiento de su resultado. Honorables Magistrados, esto no es más que preservar el derecho a la defensa previsto en el art. 82 de la Constitución de la República, en sintonía con el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, teniendo derecho a ser oídas con las debidas garantías por un tribunal competente, para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. También expresa el Ministerio Público que producto de dicha actuación, la información se dio a conocer en un diario de circulación nacional. Como se expuso en el informe respectivo, con los medios de prueba detallados en el escrito y aportados al proceso por el fiscal del Ministerio Público, puede apreciarse que no se acredita dicho extremo. Resulta una exigencia en todo Estado de Derecho, que cuando se imputa una conducta a una persona, para que esta pueda ser apreciada, queda condicionada a su acreditación con los medios de prueba respectivos, y no a una simple afirmación. TERCERO: En el hecho tercero únicamente se exponen criterios subjetivos y se cita los artículos 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya citados en el párrafo anterior. De la exhaustiva sentencia, puede apreciarse que la misma se encuentra debidamente motivada y fundamentada, y en especial se estima que las actuaciones imputadas al suscrito, se perciben apegadas al principio de legalidad sustantiva y procesal, por lo tanto, no contrarias a la Constitución y las leyes. A manera de conclusión, debemos resaltar que en la resolución recurrida se hace referencia a la jurisprudencia establecida por la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación al delito imputado, y que tras el análisis exhaustivo realizado por el Tribunal A Quo, se afirma el hecho que no se encontró la existencia de una conducta ilegitima o grave que afecte el desarrollo de la administración de justicia. No se apreció que el suscrito haya realizado ninguna acción u omisión contraria a la ley.” Proveído Que mediante proveído de fecha veintiocho de junio del año dos mil dieciocho, la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, tuvo por contestado en tiempo y forma los agravios por parte del Abogado L. E. M. F., en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del término de tres días más el aumento por el término de la distancia se personen ante el Tribunal de Alzada.” Fundamentación Fáctica y Jurídica 1) Del Recurso de Apelación El sistema de impugnación tiene por objeto el control general de la regularidad de los actos procesales y, en especial, la actividad del tribunal, principalmente por medio de sus resoluciones. Concretamente el objeto detrás de cada medio (remedio) de impugnación es el restablecimiento del derecho violado y cuya violación ha causado un perjuicio (agravio) a una persona con el objeto de garantizar sus derechos. Entre los medios de impugnación se encuentran los recursos, los cuales constituyen una actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios. provoca que el mismo, u otro Tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso -o no- lo ordenado mientras esto ocurre; debe entenderse como agravio cuando la diferencia entre lo solicitado por una parte y lo resuelto por el Tribunal, causa un perjuicio efectivo y concreto, por efecto de inobservancia de la ley. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución de la República, referente a la garantía de doble instancia. Entre los Recursos dispuestos por el legislador, encontramos el de Apelación, que conforme su configuración legal, constituye el principal recurso ordinario, teniendo por objeto, tal y como se ha señalado ya, que una resolución judicial sea revisada por un Tribunal diferente al que la dictó, en el marco de los agravios fijados por el recurrente. El recurso de apelación constituye el recurso por excelencia, teniendo como características: a. Es un recurso ordinario: Contra la resolución recurrida se puede plantear cualquier motivo; b. Taxatividad objetiva: Solo puede interponerse recurso de apelación contra las resoluciones expresamente autorizadas por la Ley; c. Recurso devolutivo: La decisión de la impugnación es tomada por un órgano jurisdiccional superior; y d. Garantía de aplicación del Derecho: La resolución pasa a un segundo examen, pudiendo ser únicamente revocada, confirmada o reformada. La norma procesal determina que constituyen principios rectores de este recurso los siguientes: 1. El efecto extensivo de los Recursos; La resolución del tribunal podrá extenderse para favorecer a las personas imputadas que se encuentren en la misma situación jurídica que la parte apelante, aun cuando no hayan impugnado la resolución; a contrario sensu, por el efecto restrictivo, la resolución no podrá extender sus efectos a otras personas imputadas, aun cuando se encuentren en la misma situación jurídica, cuando el recurso lo haya interpuesto la parte actora (Ministerio Público o acusación privada), en contra de uno de ellos específicamente; 2. El efecto devolutivo del Recurso de Apelación Limitado: La decisión que tome el Tribunal de Apelaciones tendrá como limite el marco de competencia fijado en la expresión de agravios, de modo que no podrá resolver sobre cuestiones distintas a las impugnadas (Art. 350 del CPP); ello no limita al tribunal de apelación de pronunciarse sobre los aspectos de hecho o jurídicos que crea que son importantes en la causa, para efectos ilustrativos, sin que ello sea objeto de pronunciamiento resolutorio; 3. No reforma en rerjuicio (Non Reformatio in Peius): La resolución no podrá empeorar la condición jurídica de la persona imputada, cuando sea ésta la parte apelante; salvo en los casos donde igualmente se resuelva impugnación por parte actora de la acusación, pudiendo agravar el tribunal de apelación la situación de la persona imputada hasta el límite de lo solicitado por ésta, conforme a la expresión de agravios (Reformatio In Melius). 2) Del Antejuicio. a) Naturaleza del Antejuicio: El Antejuicio se define como la protección legal que tienen los jueces de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción.- Concretamente es una garantía pre procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también -y más importante- es una garantía para la ciudadanía, al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el juez resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas.- El antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el indebido juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de juez. El antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier juez de la República. b) Características del Antejuicio: A partir de lo apuntado, se identifican como características del antejuicio: i) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; ii) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los jueces de la República; iii) Es un instituto de orden público y por tanto no es renunciable por parte del juez que esté siendo cuestionado; iv) Mediante el antejuicio se determinará si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; v) El antejuicio puede operar como acción y como excepción: 1) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; 2) Como excepción: cuando el juez o jueza acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y vi) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales), ello genera varias consecuencias: 1) Aun cuando sea declarado con lugar un antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; 2) El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; 3) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo antejuicio contra el mismo juez, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer antejuicio, aporten nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y 4) La acción penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como juez, aun cuando se haya declarado sin lugar un antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. c) Requisitos para la procedencia del antejuicio: Presentado que sea el antejuicio, corresponde al órgano jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo; a la presentación del antejuicio se verificarán el cumplimiento de los requisitos formales y admitido que sea una vez concluido el trámite previsto por el Código de Rito, se examinarán tanto los requisitos formales como los materiales para efectos de decidir sobre su procedencia en primera como en segunda instancia, en su caso, siendo estos los requisitos: 1) Verificación de Requisitos Formales: i) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública como institución poseedora de este monopolio (Art. 25 del Código Procesal Penal) por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras o por la víctima (Art. 17 del Código Procesal Penal) en los delitos de acción pública y los de acción pública dependiente de instancia particular (Art. 26 del Código Procesal Penal) cuando hayan superado el proceso de conversión de la acción pública a acción privada (Art. 41 Código Procesal Penal), y en los delitos de acción privada (Art. 27 del Código Procesal Penal); ii) Que la persona contra la cual se presente el antejuicio esté en el desempeño de la función estatal de juez que protege esta garantía. Si la persona ha dejado de desempeñarse como tal, no tendría lugar la protección de la función estatal, correspondiendo proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano; iii) Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función jurisdiccional. Aun cuando la persona se esté desempeñando como juez, en los casos de los delitos no funcionales (Ejemplo: robo, homicidio, violación, etc.), no será procedente el antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función pública; iv) Que el escrito del antejuicio defina claramente los hechos que el peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el antejuicio, el requisito sólo exige claridad de los presupuestos, más no certeza de los mismos. 2) Verificación de Requisitos Materiales: Que al estudio de la causa se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el actor, sobre la existencia de un hecho que sólo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: i) Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; ii) Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; y iii) Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del juez que la emitió, con ánimo de represalia. Oportuno es señalar, que la suerte del procedimiento del antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; igualmente, la suerte del antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el juez haya o no sido confirmada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un recurso legal o mediante el conocimiento de una garantía constitucional[1]. De la Procedencia de la Apelación El RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente basa su solicitud de antejuicio en las apreciaciones siguientes: 1) Solicitadas al juez antejuiciado en juicio civil de daños y perjuicios por el abogado J. Z., apoderado de la parte demandante las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las empresas Cargill de Honduras, S. de R. L, Proyectos Agropecuarios, S. de R. L., Reproductora Avícola, S. de R. L. Productos Norteños, S, de R. L., y Delicia S. de R. L., dado que fue imposible la práctica del medio de prueba número 14, (información solicitada a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI), orientada a comprobar los costos operativos presentados por dichas empresas en sus respectivas declaraciones de impuestos sobre la renta, y con dicha información tributaria hacer cálculo del monto de los daños y perjuicios reclamados; datos que pedidos por el juez antejuiciado mediante oficio 1351/2015 a la DEI, en que la DEI responde a través de su Gerente General que, el artículo 39 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece la prohibición de divulgar el contenido de las declaraciones de los contribuyentes y no permite que las copias de las declaraciones antes mencionadas o documentos que las acompañan sean vistos por personas distintas al contribuyente, su representante legal y las autoridades o empleados de la DEI, pero que la norma referida también establece que las autoridades judiciales podrán inspeccionar dichas declaraciones y documentos, cuando sea necesario para la prosecución de los juicios, por lo que sugiere al tribunal al juzgado se evacúe el medio de prueba por medio de reconocimiento judicial o inspección personal del señor juez; 2) Debido a lo anterior, el juez antejuiciado libró comunicación al Juzgado de Paz de lo Civil de la Sección Judicial del Distrito Central, con asiento en Tegucigalpa, Francisco Morazán, para que practique inspección a los archivos manuales, electrónicos o de cualquier tipo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a efecto de constatar los extremos indicados por el abogado del demandante, y de esta forma evacuar el medio de prueba número catorce mencionado; inspección que no se cumplimenta por no contar con los registros tributarios nacionales de cada una de las empresas referidas en el acápite anterior, por lo que el juez antejuiciado a solicitud de parte, libra nota pidiendo dichos registros; 3) Al momento de tenerlos el juez antejuiciado procede a librar nueva comunicación esta vez dirigida al Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial del Distrito Central, para que realice la inspección supra referida, la cual se llevó a cabo el nueve de septiembre del 2015, en las instalaciones de la DEI. Además de la inspección procedió el juez a solicitarle a la DEI que emitiera certificaciones de dichas declaraciones tributarias. 4) La inspección a las declaraciones de las empresas Cargill de Honduras S. de R. L., Proyectos Agropecuarios S. de R. L., Reproductora Avícola S. de R. L., Productos Norteños S. de R. L. y Delicia S. de R. L., así como las certificaciones de las declaraciones tributarias, remitidas al juez antejuiciado recibidas el dos de octubre del 2015, procede mediante auto agregarlas al expediente, a pesar de haber sido informado por parte de la DEI, que esa información debía mantenerse en forma reservada y no estar disponible en el expediente judicial, en virtud de lo estipulado en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5) El artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prohíbe divulgar el contenido de las declaraciones del contribuyente, no permitiendo que dichas declaraciones o sus copias y los documentos que la acompañan, sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la DEI, artículo, que le da al juez solo la facultad de inspeccionar dichas declaraciones y documentos, debiendo respetar la prohibición mencionada.6) La conducta demostrada por el juez antejuiciado Abogado L. E. M. F. se subsume en el ilícito penal de Abuso de Autoridad tipificado en el artículo 349 No. 2) párrafo primero del Código Penal, que establece: “Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) … 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. 7) El juez antejuiciado, Abogado L. E. M. F. al momento de la comisión del hecho y aún en la actualidad, ostenta el cargo de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. 8) La orden emitida por el juez antejuiciado, en un auto mediante el cual mandó agregar al expediente las declaraciones tributarias de las empresas referidas a sabiendas que esa información debía mantenerse reservada y no estar disponible en el expediente judicial, da lugar a el delito de abuso de autoridad, al dictar resolución contraria a la ley, en este caso, contrario a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Considera la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, en calidad de Juzgado de Instancia, que: 1) El Artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los objetivos de le ley, establece que: “La ley contempla dentro de los objetivos garantizar el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos, hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y en las relaciones del Estado con los particulares, combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado, hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas, por parte de las entidades y servidores públicos y garantizar la protección, clasificación y seguridad de la información pública y el respeto a las restricciones de acceso en los casos de: a) Información clasificada como reservada por la entidades públicas, conforme a la ley; b) Información entregada al Estado por particulares, en carácter de confidencialidad; c) Los datos personales confidenciales (características físicas, domicilio, teléfono, dirección electrónica, otros); y d) La secretividad establecida por ley.”. Por lo que la DEI debe cumplir con los objetivos de le ley en referencia, en su gestión de asuntos públicos, observando las restricciones de acceso en los casos de información entregada al Estado por particulares, en carácter de confidencialidad. En principio debe tener ese cuidado como institución obligada (Artículo 3, inciso 4) es la DEI por ser una institución desconcentrada del Poder Ejecutivo. De allí la advertencia que hace el gerente de la DEI sobre información del Grupo Cargill, al invocar el artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que esa información es reservada, con la excepción de que puede ser solicitada por la autoridad judicial. 2) El Artículo 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública, sobre el ámbito de aplicación de la ley, que establece “Este reglamento se aplica a: A) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado, incluyendo a los partidos políticos, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ministerio Público, Procuraduría General de la República Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Universidades e Instituciones Educativas del Estado; B) Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones privadas de Desarrollo (OPDs), y en general, todas las personas naturales y jurídicas, que a cualquier título reciban, o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero, o sea por si misma o a nombre del Estado, o donde este haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos. En este ámbito quedarán comprendidas todas las personas o entidades del sector privado, obligadas por leyes especiales. 3) El artículo 32 del Reglamento de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública en su segundo párrafo establece que “Los Tribunales de justicia tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver un asunto y hubiese sido ofrecida en juicio. La desclasificación procederá cuando exista una orden judicial, en cuyo caso se circunscribirá al caso específico, bajo reserva de la utilización exclusiva en dicho caso. Esta información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.” 4) El artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que “Queda prohibido terminantemente divulgar en forma alguna el contenido de las declaraciones del contribuyente; ni se permitirá que estas o sus copias y los documentos que con ella se acompañen, sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la Dirección. No obstante lo anterior, las autoridades judiciales y autoridades del Poder Ejecutivo podrán inspeccionar dichas declaraciones y documentos cuando sea necesario para la prosecución de juicios o investigaciones en que el fisco tenga interés de recaudar impuestos que le sean debidos. En los juicios en que un contribuyente sea parte, podrán llevarse a cabo inspecciones personales en los mismos casos y con los mismos requisitos y formalidades permitidos por la ley para la inspección de los libros y documentos de los comerciantes”. 5) El artículo 14 de la Ley de Normas de Contabilidad y de Auditoría permite que se exhiban los libros de los comerciantes ante Juez o Tribunal competente previo mandamiento, cuando los comerciantes a quien pertenezcan o terceras que tengan interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición, lo pida a instancia de parte o de oficio, y el artículo 15 del mismo cuerpo legal dispone que cuando la información contenida en libros de los comerciantes es cuestionada, en tal razón en el numero cuarto del artículo 15 indica la sana crítica como forma de valoración, que solo es posible cuando el juez cuenta con los argumentos de ambas partes procesales sobre la información obtenida de la inspección. 6) En el caso concreto la valoración de la prueba, conforme a la sana crítica, de las declaraciones de impuestos de las empresas referidas, en el juicio de Daños y Perjuicios aludido, derivada de la inspección a la DEI ordenada por el juez antejuiciado no hubiese sido posible de no haber sido materialmente incorporada al expediente judicial, para que las partes tuvieran oportunidad procesal de someterlas al contradictorio en ejercicio de su derecho de defensa (artículo 82 de la Constitución de la República y 4 del Código Procesal Civil). 7) El juez antejuiciado no incurre en el delito de Abuso de Autoridad establecido en el artículo 349.2 del Código Penal, al ordenar inspección a la DEI por ser legítimo que un juez competente pueda acceder a información de tributos de cualquier contribuyente en la prosecución de juicios, según el citado artículo 39 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y 32 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 8) El Artículo 131 del Código Procesal Civil, dispone 1) Las actuaciones judiciales nunca podrán ser secretas para las partes, debiendo quedar garantizado siempre por el tribunal el estricto cumplimiento del principio de contradicción. 9) El artículo 242 del Código Procesal Civil, establece que 1) Todas las pruebas deben ser practicadas en audiencia pública, sujeta al principio de contradicción. 10) La parte interesada no se acogió a la excepción del artículo 134.2b del Código Procesal Civil, por la que el juez mandó a agregar a los autos la información procedente de la comunicación, conforme lo dispone el artículo 131 Código Procesal Civil que prohíbe el secreto de las actuaciones judiciales a las partes. 11) Después de un exhaustivo análisis del caso, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, como tribunal de instancia del Antejuicio, concluye en relación a las normas infringidas según la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de funcionarios y servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) las que dan lugar al delito de Abuso de Autoridad, regulado en el artículo 349.2 del Código Penal, no encontró que haya existido una conducta ilegítima o grave que afecte el desarrollo de la administración de la justicia que es el bien jurídico protegido, con la evacuación del medio de prueba número catorce, cuando el funcionario actúa conforme a la ley, por lo declara sin lugar el antejuicio presentado en contra del funcionario judicial L. E. M. F., actual Juez de letras Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública. Esta Sala de lo Penal, en calidad de Corte de Apelaciones, en el procedimiento de antejuicio de mérito, ha examinado y dado lectura a la relación de los medios de prueba que en primera instancia fueron tomados en cuenta para declarar sin lugar la procedencia del antejuicio, estimando que la prueba analizada reúne los requisitos de admisibilidad y por ende de valoración, considerando que la valoración realizada en primera instancia es precisa y ponderada, resultando acertadas las motivaciones analizadas en la sentencia recurrida, tomando en consideración que el bien jurídico protegido de la “Administración Pública”, abarca la transparencia de la actuación de la administración, que no deja dudas a los administrados, de su correcto y sano funcionamiento, para ello es meritorio establecer en principio las facultades otorgadas a los jueces en la ley procesal civil, encontrando coherente y procedente la aplicación al caso concreto, del contenido de las disposiciones legales siguientes: 1) Artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del que se deriva que aunque dispone que es prohibido divulgar el contenido de las declaraciones del contribuyente, y que sus copias y documentos, sean vistos por personas distintas del contribuyente o de su representante legal y las autoridades o empleados responsables de la Dirección, en el segundo párrafo de esa misma disposición legal también dispone que las autoridades judiciales y autoridades del Poder Ejecutivo puedan inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes y documentos que la acompañen, cuando sea necesario para la prosecución de juicios o investigaciones en que el fisco tenga interés de recaudar impuestos que le sean debidos, la que se llevará a cabo con los mismos requisitos y formalidades permitidos por la ley para la inspección de los libros y documentos de los comerciantes. 2) Los artículos 80 y 85 del Código Procesal Civil establece que el proceso se formará con los escritos, documentos y actuaciones que se verifiquen en el juicio y los cuales irán agregando en el orden de presentación.3) La apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Cargill de Honduras interpuso una primera acción de Amparo contra el auto de fecha 31 de enero de 2014, en la cual la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establece “la solicitud planteada por la parte demandante en cuanto a que se librara oficio urgente a las oficinas centrales de la DEI en la ciudad de Tegucigalpa, a fin de corroborar la información que se pretende con la referida inspección en las oficinas de la DEI en San Pedro Sula, no es contraria a derecho, ya que tal solicitud deriva precisamente de que en la referida inspección no se pudo corroborar ningún tipo de información”. Lo anterior, como antecedente del libramiento del oficio y la comunicación respectiva mediante auto de fecha diecinueve de marzo y seis de mayo de 2015, resoluciones que quedan firmes en vista que la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortés, declara inadmisible los recursos de apelación interpuestos contra dichas resoluciones, por la parte demandada. 4) Con los medios de prueba aportados por el interesado al proceso civil, y al procedimiento de antejuicio no se acredita que la parte demandada haya sufrido perjuicio alguno derivado del auto dictado por el juez antejuiciado que manda a agregar la información tributaria, contenida en la comunicación, al proceso civil. 5) En el transcurso del juicio civil la parte demandante propuso el medio de prueba número catorce, de inspección ocular en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a los archivos electrónicos y de cualquier tipo sobre las declaraciones de impuestos de las empresas Cargill de Honduras: Alimentos Concentrados (Alcon, S.A), Proyectos Agropecuarios, S. A (Prasa), Reproductora Avícola, S. A. (Rasa), Productos del Norte S.A (Pronorsa) y Embutidos Delicia S. A. (Delicia, S. A), medio de prueba admitido, a pesar de la oposición de la parte demandada, la que fue declarada sin lugar, en sentencia interlocutoria de siete de marzo de 2013, confirmada por la Corte de Apelaciones en sentencia de trece de mayo de 2013, cuando el juez antejuiciado no ostentaba dicho cargo. Decisión 1) Con los medios de prueba acompañados a los autos se acredita que en el proceso civil de Daños y Perjuicios en que ha actuado el juez antejuiciado se ha admitido a la parte demandante el medio de prueba número catorce, de inspección ocular en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos a los archivos electrónicos y de cualquier tipo sobre las declaraciones de impuestos de las empresas Cargill de Honduras: Alimentos Concentrados (Alcon, S. A), Proyectos Agropecuarios, S. A (Prasa), Reproductora Avícola, S. A. (Rasa), Productos del Norte S. A (Pronorsa) y Embutidos Delicia S. A. (Delicia, S. A), a pesar de la oposición de la parte demandada misma que es declarada sin lugar, decisión posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de lo Civil, de esa sección judicial. 2) En primer antecedente de la acción de Amparo enviada en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluye que el libramiento del oficio y comunicación a la DEI para la evacuación del medio de prueba número catorce, no es contrario a derecho. 3) La evacuación del medio de prueba número catorce, propuesto por la parte demandante, en juicio de Daños y Perjuicios no es una decisión arbitraria del juez antejuiciado, sino parte de curso normal de un juicio de naturaleza civil, en la que es necesario dictar resolución que mande incorporar dicha prueba al proceso, someterla a audiencia con la presencia de las partes y al respectivo contradictorio, valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y con ella dictar sentencia definitiva en que se resuelva las pretensiones de las partes. 4) La conducta imputada al juez antejuiciado no reúne la apariencia de delito relacionada a lo dispuesto en el artículo 349.2 del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la administración de justicia, dado que no se aprecia ilicitud en la misma, tampoco que haya causado perjuicio alguno al bien jurídico protegido de la Administración Pública, en la sana y correcta impartición de justicia, al ordenar la evacuación del medio de prueba número catorce y agregarlo a los autos. Por todo lo anterior, se declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación. POR TANTO: La Sala de lo Penal, constituido como Corte de Apelaciones, en procedimiento especial de Antejuicio, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 3), 316 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 420, 421, 422, 423 del Código Procesal Penal: Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada D. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público; Segundo: Confirma la sentencia de fecha once de junio del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual declaró Sin Lugar el antejuicio promovido en fecha trece de marzo del año dos mil dieciocho, ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Tercero: Declara No Ha Lugar a la solicitud de Antejuicio presentada contra el Abogado L. E. M. F., en su condición de Juez de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por suponerlo responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública; Y Manda: Que se extienda copia simple de la presente resolución a las partes intervinientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-342-2018.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Vid. Sentencia Apelación Penal en Antejuicio SP-250-2012 dictada por la Sala de lo Penal, Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio de 2013.