Sentencia CP-341-15 — Registro 10684
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor material de los delitos de robo y violación, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Acerca del alcance de un motivo de casación basado en la infracción del derecho de presunción de inocencia, debido proceso y juicio previo la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho, la participación del acusado en él y que además esta prueba fue valorada con racionalidad y logicidad. En el presente caso, la recurrente alega que no existe prueba suficiente para mantener el juicio de culpabilidad contra el acusado J. L. F. G. por los delitos de robo y violación; que la declaración de la ofendida incorporada mediante lectura autorizada al debate resulta insuficiente e inverosímil ya que no acredita que su defendido es la misma persona que se refiere la ofendida, ya que no se realizó ningún reconocimiento en rueda, fotográfico o una plena identificación en juicio, sigue manifestando la recurrente que tampoco en el transcurso del juicio se presentó prueba que lleve a la convicción de que su defendido es el autor del delito de robo, pues al momento de la detención no se le encontraron los objetos robados (teléfonos celulares). No tiene razón la recurrente. Esta Sala de lo penal ha dado estudio a las actuaciones y no se desprende la incorporación de medios probatorios al margen de las garantías procesales que asisten a las partes. Las pruebas consistentes en, la declaración testifical de la señora N. L. T. F., la cual fue rendida en Audiencia Inicial cumpliendo todas las formalidades de ley para su validez y valoración, y luego evacuada en Juicio oral y público, también siguiendo toda norma legal para su incorporación legítima; asimismo, dictamen clínico pericial número 2012-360, ratificado por el médico forense G. A. G. R.; declaración testifical del señor J. C. A. J., supervisor de la empresa Digicel; prueba documental consistente en el reporte de inventario de Digicel y ratificado por el señor J. C. A. J.; declaración testifical del agente de investigación señor H. N. S. G.; prueba documental consistente en factura y letra de cambio de celular a nombre de la perjudicada; acta de inspección número 16-2012 ratificado por la agente técnico de la Dirección Nacional de Investigación Criminal M. O. M. S.; prueba documental consistente en la constancia laboral de la señora N. L. T. F., todas ellas pruebas que fueron practicadas y evacuadas en juicio oral y público conforme a los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad; en el caso de la incorporación mediante lectura autorizada al debate de la declaración testifical de la ofendida N. L. T. F., como se ha dicho antes, la misma reúne los requisitos exigidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal para su incorporación. Los medios probatorios anteriormente descritos fueron valorados conforme a las reglas de la sana critica, no se desprende incoherencia o falta de derivación de las conclusiones intelectivas arribadas por el juzgador, y éste da razones suficientes para mantener el reproche culpabilísimo en contra del señor J. L. F. G. En relación a la suficiencia probatoria, se enfatiza que no incumbe a esta Sala de lo Penal una nueva valoración, en este caso, de la prueba testifical incorporada mediante lectura, el dictamen clínico pericial, prueba testifical, prueba documental, la impugnación nos autoriza a comprobar su suficiencia completada con el resto del material probatorio ponderado por el Tribunal de Sentencia, así como la racionalidad del proceso de valoración. La declaración de la ofendida fue corroborada por su congruencia con el resultado del dictamen clínico pericial y con la declaración testifical tanto del agente de investigación H. N. S. G., como del señor J. C. A. J., así como el acta de inspección ocular. La valoración de estos medios probatorios, no nos hace suponer o inventar en contra del acusado los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. No ha existido, por tanto, vulneración a los principios Constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y juicio previo, el Tribunal de Sentencia ponderó prueba licita, de inequívoco signo acusatorio y lo hizo conforme a las reglas de la sana critica que exige nuestra normativa procesal. Por todas estas razones, el motivo no es de recibo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días de febrero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 341-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual fallo: Primero: Condenó al señor J. L. F. G., como AUTOR MATERIAL del delito de ROBO, en perjuicio de la EMPRESA DIGICEL, a la pena de CINCO (5) AÑOS SEIS (6) meses de reclusión.- Segundo: Condenó al señor J. L. F. G., como AUTOR MATERIAL del delito de VIOLACION, en perjuicio de la Señora N. L. T. F., a la pena de DIEZ (10) AÑOS SEIS (6) meses de reclusión.- Tercero: Condenó al señor J. L. F. G., a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor J. L. F. G.- Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada D. O. P. A., actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. L. F. G.- Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados J. R. I. S. y M. R. A. E. en su condición de Defensores Público del acusado, como parte recurrente y la Abogada M. E. G. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. Hechos Probados Este Tribunal después de haber analizado la prueba evacuada en juicio, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: PRIMERO: El martes siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), la señora N. L. T. F., laboraba como encargada de una tienda de venta de celulares de la Compañía Telefónica DIGICEL, ubicada en el Barrio el Centro, frente al parque del Municipio de La Lima, Departamento de Cortés, hasta dicho lugar, a eso de las doce del día, llegó una persona del sexo femenino a la cual la señora N. T., le dijo que en ese momento estaba cerrado y que regresara más tarde. La señora, cuyo nombre se desconoce regresó al filo de la una de la tarde e ingresó a la tienda, dedicándose a preguntar por los precios de varios aparatos. SEGUNDO: Posteriormente, cuando habían transcurrido unos cinco minutos, llegó a dicha tienda el señor J. L. F. G., a quien la señora N. T. le permitió el ingreso, ya que la dama que antes había ingresado le manifestó que era su acompañante. Al ingresar el señor J. L. F., sacó un arma de juguete con la que apuntó a la señora N. T. y le dijo que permaneciera callada y obedeciera, de lo contrario la mataría, acto seguido la llevó al cuarto de baño, donde la ató de pies y manos, para luego regresar a la parte principal de la tienda, y con su compañera procedieron a introducir varios aparatos telefónicos en bolsas, después de lo cual, Don J. L. F., le dijo a su acompañante que se marchara y que él la alcanzaría luego. TERCERO: Cuando la persona que le acompañaba se hubo marchado, Don J. L. F., regresó al cuarto de baño, despojó a la señora N. L. T. de su ropa, luego sacó su pene y lo introdujo en la vagina de N. L. T., hasta eyacular, después de ello le repitió que si gritaba la mataría y se marchó del lugar”. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89, 90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1, 2 y 339 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 90, nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. - Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. - El Tribunal de Sentencia da por hecho probado. “PRIMERO: El martes siete (7) de febrero de dos mi doce (2012), la señora N. L. T. F. laboraba como encargada de una tienda de venta de celulares de la compañía telefónica DIGICEL, ubicada en el barrio el Centro, frente al parque del Municipio de La Lima, Departamento de Cortés. Hasta dicho lugar, a eso de las doce del día, llegó una persona del sexo femenino a la cual la señora N. T. le dijo que en ese momento estaba cerrado y que regresara más tarde. La señora, cuyo nombre se desconoce, regresó al filo de la una de la tarde e ingreso a la tienda, dedicándose a preguntar por los precios de varios aparatos.- SEGUNDO: Posteriormente, cuando habían transcurrido unos cinco minutos, llegó a dicha tienda el señor J. L. F. G., a quien la señora N. T. y le dijo que permaneciera callada y que obedeciera, de lo contrario la mataría, acto seguido la llevó al cuarto de baño, donde la ató de pies y manos, para luego regresar a la parte principal de la tienda, y con su compañera procedieron a introducir varios aparatos telefónicos en bolsas, después de lo cual, Don J. L. F. le dijo a su acompañante que se marchara y que él la alcanzaría luego.- TERCERO: Cuando la persona que le acompañaba se hubo marchado, don J. L. F. regresó al cuarto de baño, despojo a la señora N. L. T. de su ropa, luego sacó su pene y lo introdujo en la vagina de N. L., hasta eyacular. Después de ello le repitió que si gritaba la mataría y se marchó del lugar”, de lo anterior se plasma que a criterio del Tribunal Sentenciador constituye plena prueba y le da certeza que mi representado es el autor del delito de ROBO y VIOLACION, sin embargo dicho razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y debido proceso, ya que no se presentó a juicio la ofendida, incorporando su testimonio mediante lectura autorizada, pero del mismo solamente se desprende que “..Que el hombre llegó al baño y la golpeó en el labio. Que luego oyó que el hombre le dijo a la mujer que ya la alcanzaba... Que abuso de ella... Que lo fue a reconocer al Centro Penal y que era el mismo hombre a quien reconoció por el ojo gacho” De lo anterior podemos observar que la ofendida solamente manifiesta un hombre llegó. escuchó un hombre..., el hombre abusó de ella..., no se evacuó en el debate prueba convincente y confiable que acredite que mi defendido es la misma persona que se refiere la ofendida, pues no consta ningún reconocimiento en rueda, fotográfico o una plena identificación en juicio.- En el transcurso del juicio no se presentó prueba que lleve a la convicción de que mi defendido es el autor del delito de robo, pues al momento de la detención no se le encontró objetos que liguen al señor J. L. F. con los hechos ocurridos el día siete de febrero del 2012, es decir en ningún momento se le encontró los mencionados teléfonos celulares, propiedad de DIGICEL.- En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena a mi representado en una clara violación a la Presunción de inocencia y al Debido proceso, por una insuficiente actividad probatoria, ya que a la falta de prueba directa, la prueba puede ser indiciaria, siempre y cuando no se trate de simples sospechas, que se trate de hechos probados y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan en esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, ciertamente de las declaraciones de la víctima y de los agentes policiales, se puede deducir o interpretar como elementos indiciarios sospechosos, pero no es menos cierto que no permiten en concatenación con otros elementos reales concluir con certeza y más de toda duda razonable que el acusado es responsable de los delitos imputados, pues la ausencia de la víctima en el juicio oral y público no permite que la pretensión acusatoria se consolide de manera certera, y como ya se mencionó supra, en los elementos probatorios presentados no se encuentra la suficiente coexistencia entre los mismos, así como las deficientes diligencias investigativas que ha dejado huérfano de sustento probatorio real la tesis acusatoria, pues ni examen de comparación genética se practicó a los fluidos corporales (semen) encontrados en la vagina de la ofendida.- Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada ha establecido que: “Desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho de que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre sí; todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada .- A simple vista en la sentencia recurrida, el sentenciador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria, ya que la declaración de la ofendida no identifica plenamente a mi defendido, pues si bien es cierto manifiesta que fue al Centro Penal y que era el mismo hombre a quien reconoció por el ojo gacho, pero esta parte defensora hace la siguiente interrogante ¿A quién se refiere que reconoció?, con esa característica en particular es que los agentes policiales proceden a la captura del señor L. F., pero el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que nos haga concluir que efectivamente mi representado ha tenido algún grado de participación en los hechos, pues también fue incapaz de aportar prueba documental como ser reconocimiento en rueda o reconocimiento mediante un álbum fotográfico, todo con el efecto de que no quede duda sobre la identidad del verdadero hechor, pues no hay elementos de pruebas periféricos que confirmen tales extremos.- El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disposición de las posibles dudas si las hubiere .- Ante la ausencia de prueba indiciaria, el Tribunal Sentenciador dicta sentencia condenatoria en contra de mi defendido violentando su derecho constitucional de presunción de inocencia y debido proceso por no seguirse el procedimiento para el reconocimiento de personas, tal como se establece en el artículo 253 del Código Procesal Penal; Reconocimiento de Personas en Rueda: Para identificar a una persona o para establecer que quien la menciona efectivamente la conoce o la ha visto, deberá practicarse su reconocimiento, el cual se hará de la manera siguiente: 1…2…3…, diligencia que no se hizo en el presente caso, y sin ser vencido en juicio se le condena por los delitos de robo y violación, por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor J. L. F. G.”. IV. Fundamentación Del Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos, que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. [1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.a) Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 89,90 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1,2 y 339, 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación al principio de inocencia, juicio previo y al debido proceso. *Pretensión: Que se case la sentencia impugnada y se absuelva de toda responsabilidad al señor J. L. F. G. Establece el recurrente que el tribunal sentenciador viola los principios de inocencia y debido proceso al establecer que su representado es el autor del delito de robo y violación, ya que no se presentó a juicio la ofendida, incorporando su testimonio mediante lectura autorizada, testimonio este que no acredita que su defendido es la misma persona que se refiere la ofendida, pues no consta ningún reconocimiento en rueda, fotográfico o plena identificación en juicio, ni se practicó ningún examen de comparación genética a los fluidos corporales (semen), así como también no se acreditó que mi defendido sea el autor del delito de robo, pues al momento de la detención no se le encontró los mencionados teléfonos celulares. Sigue manifestando el recurrente que en el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las pruebas presentadas en juicio se condena a mi representado por una insuficiente actividad probatoria y a simple vista la sentencia recurrida, el sentenciador no cumple con los requisitos de prueba indiciaria. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Pretensora como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a G. C., Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Acerca del alcance de un motivo de casación basado en la infracción del derecho de presunción de inocencia, debido proceso y juicio previo la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho, la participación del acusado en él y que además esta prueba fue valorada con racionalidad y logicidad. En el presente caso, la recurrente alega que no existe prueba suficiente para mantener el juicio de culpabilidad contra el acusado J. L. F. G. por los delitos de robo y violación; que la declaración de la ofendida incorporada mediante lectura autorizada al debate resulta insuficiente e inverosímil ya que no acredita que su defendido es la misma persona que se refiere la ofendida, ya que no se realizó ningún reconocimiento en rueda, fotográfico o una plena identificación en juicio, sigue manifestando la recurrente que tampoco en el transcurso del juicio se presentó prueba que lleve a la convicción de que su defendido es el autor del delito de robo, pues al momento de la detención no se le encontraron los objetos robados (teléfonos celulares). No tiene razón la recurrente. Esta Sala de lo penal ha dado estudio a las actuaciones y no se desprende la incorporación de medios probatorios al margen de las garantías procesales que asisten a las partes. Las pruebas consistentes en, la declaración testifical de la señora N. L. T. F., la cual fue rendida en Audiencia Inicial cumpliendo todas las formalidades de ley para su validez y valoración, y luego evacuada en Juicio oral y público, también siguiendo toda norma legal para su incorporación legítima; asimismo, dictamen clínico pericial número 2012-360, ratificado por el médico forense G. A. G. R.; declaración testifical del señor J. C. A. J., supervisor de la empresa Digicel; prueba documental consistente en el reporte de inventario de Digicel y ratificado por el señor J. C. A. J.; declaración testifical del agente de investigación señor H. N. S. G.; prueba documental consistente en factura y letra de cambio de celular a nombre de la perjudicada; acta de inspección número 16-2012 ratificado por la agente técnico de la Dirección Nacional de Investigación Criminal M. O. M. S.; prueba documental consistente en la constancia laboral de la señora N. L. T. F., todas ellas pruebas que fueron practicadas y evacuadas en juicio oral y público conforme a los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad; en el caso de la incorporación mediante lectura autorizada al debate de la declaración testifical de la ofendida N. L. T. F., como se ha dicho antes, la misma reúne los requisitos exigidos en el artículo 311 del Código Procesal Penal para su incorporación. Los medios probatorios anteriormente descritos fueron valorados conforme a las reglas de la sana critica, no se desprende incoherencia o falta de derivación de las conclusiones intelectivas arribadas por el juzgador, y éste da razones suficientes para mantener el reproche culpabilísimo en contra del señor J. L. F. G. En relación a la suficiencia probatoria, se enfatiza que no incumbe a esta Sala de lo Penal una nueva valoración, en este caso, de la prueba testifical incorporada mediante lectura, el dictamen clínico pericial, prueba testifical, prueba documental, la impugnación nos autoriza a comprobar su suficiencia completada con el resto del material probatorio ponderado por el Tribunal de Sentencia, así como la racionalidad del proceso de valoración. La declaración de la ofendida fue corroborada por su congruencia con el resultado del dictamen clínico pericial y con la declaración testifical tanto del agente de investigación H. N. S. G., como del señor J. C. A. J., así como el acta de inspección ocular. La valoración de estos medios probatorios, no nos hace suponer o inventar en contra del acusado los elementos objetivos y subjetivos del tipo delictivo. No ha existido, por tanto, vulneración a los principios Constitucionales de presunción de inocencia, debido proceso y juicio previo, el Tribunal de Sentencia ponderó prueba licita, de inequívoco signo acusatorio y lo hizo conforme a las reglas de la sana critica que exige nuestra normativa procesal. Por todas estas razones, el motivo no es de recibo. V. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 363 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada D. O. P. A., en su condición de Defensora Pública del señor J. L. F. G. a quien se le condenó por el delito de Robo y Violación en perjuicio de N. L. T. F. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-341-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.