Sentencia CP-34-16 — Registro 9616
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Asesinato, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Es evidente para esta Sala de lo Penal que el pretensor no construyó la naturaleza del recurso de casación en el planteamiento del mismo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del principio de intangibilidad de los hechos probados; contrario a ello el pretensor hace un mal uso de la técnica recursiva puesto que no establece con claridad ni precisión, que tipo de infracción de ley existe, si es una aplicación indebida, falta de aplicación o -en su caso- existe una interpretación errónea de la ley, así mismo hace referencia a medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como de valoraciones propias de los mismos, por lo que se desmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto y que el mismo expuso en el libelo, por lo que resulta difícil para esta Sala de lo Penal tratar de dar respuesta a este motivo, ya que enmarca la existencia de criterios inquisitivos violadores de cuando Convenio, Tratado Internacional, la Constitución y leyes que regulan los derechos humanos, pero no establece cuáles y mucho menos las detalla; por lo anteriormente descrito se desestima el mismo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."El recurso no es de recibo. El censor delata como precepto constitucional infringido el contenido del artículo 90 de la Constitución de la República, el cual a la letra dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”Alega el recurrente 1, que existe violación a un debido proceso como consecuencia de que se ha emitido una sentencia condenatoria sin pruebas suficientes, alegato que es propio plantearlo y demostrarlo cuando se denuncia la violación al Estado Material de Inocencia. Menciona que la sentencia condenatoria restringió y limitó el derecho de defensa, como consecuencia de haberse despojado del derecho de demostrar sus argumentos, por no haberse investigado por parte de la fiscalía hechos concernientes al caso, no recoger evidencia del lugar de los hechos e identificar elementos de prueba que solamente la fiscalía tiene acceso a ellos, de la misma manera por haber desvalorado la prueba de descargo. Para esta Sala de lo Penal, tal argumento, como todos los expuestos, no reúnen los requisitos pretendidos para este recurso, no precisó en señalar como fue limitado el debido proceso, en particular que actos procesales o pruebas específicas fueron omitidas por el A-Quo que impidieron hacer demostración de argumentos (entienden estos jueces de Casación que se refiere a la Teoría del Caso de Defensa); por otra parte, el argumento se vuelve confuso cuando indica que al mismo tiempo que no se valoró (ausencia de motivación probatoria) y al mismo tiempo que se desvaloró la prueba de descargo (existencia de motivación que niega valor a la prueba), lo que son conceptos opuestos, ello sumado a que no se menciona específicamente a que prueba se refiere. Este es obtuso al no llenar de contenido deseado. En consecuencia, este Tribunal de Casación no tiene alternativa que la de desestimar el recurso planteado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso no es de Recibo. El examen del hecho único declarado probado por la sentencia impugnada de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (2015), arroja como resultado la plena identificación de la modalidad criminosa contemplada en el artículo 117 numeral 2 del Código Penal, por lo que es ésta, la norma que debe ser aplicada al caso concreto, tal y como lo hiciera el Tribunal de Sentencia. Conforme el hecho probado único, el cual fue transcrito ut supra, los juzgadores establecieron: 1. Los hechos ocurrieron el día 07 de junio de 2012, tiempo en que ya se encontraba en vigencia el artículo 117 del Código Penal;2. Los hechos ocurrieron en la Aldea Mala Lajas, El Ocotal, perteneciente al municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso; lugar que forma parte del territorio hondureño, y en el cual se debe ejercer el poder jurisdiccional del Estado;3. Por el lugar indicado, alrededor de las siete de la mañana (07:00 a.m.) el señor M.A.J. C., se encontraba en una barandilla de su vivienda lavándose los dientes. 4. De manera inesperada para la víctima, llegaron los señores W. A. S. M. y S. H. M. M., en compañía de otros individuos, quienes procedieron a rodear la vivienda y comenzaron a disparar sus armas de fuego con dirección al interior de la vivienda, como también en la humanidad de M. A.J. C.. 5.Las heridas provocadas por las armas de fuego, causaron múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo de M. A. J.C., mismas que ocasionaron pérdida de sangre que le provocaron la muerte. Como lo explica el tribunal de instancia, los acusados buscaron ponerse en una posición deliberada para realizar la conducta punible, y así asegurar ex ante el resultado, anulando cualquier reacción que en defensa pudiese realizar el ofendido, esto por la forma insospechada con que se actuó (f.93); criterio de los juzgadores que, a considerar lo declarado probado, es correcto, pues la circunstancia premeditada se origina por: 1.- Momento del hecho: el hecho fue realizado en la casa de habitación de la víctima, en una zona con poca circulación de habitantes, a fin de facilitar su consumación y huida; 2.- Forma de realizar el hecho: los acusados, como señala el hecho probado, ejecutan el hecho madurando y reflexionando durante cierto lapso de tiempo, es decir no sólo con anterioridad de la intención sino también con la persistencia de ésta, hasta la realización del acto, siendo el actuar de los acusados mediante dolo, cuya figura genérica deberá entenderse por la conciencia y la voluntad de realizar el delito de asesinato, siendo el ataque inesperado por la víctima 3.- Número de participantes: el hecho fue realizado por los acusados en compañía de otras personas, utilizando armas de fuego. Es claro entonces que el hecho fue resultado de una decisión producto de un razonamiento de la forma ideal de llevar a cabo el delito y de una situación psicológica de frialdad de ánimo para ejecutarlo tal como se había representado. Los hechos descritos permiten identificar la existencia de una premeditación conocida, pues los hechores reflexionaron la forma cobarde de ejecución que les permitiese minimizar los riesgos de una posible defensa y además asegurar -en una alta probabilidad- el resultado ante la seguridad de que los medios y la forma elegida les proporcionaron. Existe entonces una descripción concreta del actuar de éstos en pro de lograr el resultado delictivo, haciéndolos responsables del delito que intentaban producir. Establecen los testigos protegidos “A” y “B” que el día siete de junio del dos mil doce el joven M. J. se encontraba lavándose los dientes en una barandilla de su casa, cuando personas que portaban armas de fuego dispararon contra él, provocándole la muerte, coincidiendo en que ambos observaron a W. S. y S. H. M. dispararle a M..Por todo ello, esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de Sentencia, derivando de los medios de prueba, los cuales fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total crédito para confirmar que el reproche de culpabilidad en contra de los señores W. A. S. y S. H. M.M., es coherente y obedece a las reglas de la sana crítica. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza, no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación de los acusados en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce nuestra Constitución de la República en su artículo 89. ..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a nueve de septiembre del dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP-34-2016 por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento se Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil quince (2015), y Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuestos contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento de El Paraíso, mediante la cual Primero: Condenó a los señores W. A. S. y S. H. M. M., como autores del delito de Asesinato en perjuicio del señor M.A.J.C., a la pena de veinte (20) años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores W. A.S. y S. H. M. M., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal.-Tercero: Declaró la Responsabilidad Civil de los condenados W. A. S. y S. H. M.M..- Cuarto: No decretó el Comiso, porque no fueron puestos a la orden del tribunal ninguna evidencia física o material.- Quinto: No condeno en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: Recurrente 1: El Abogado O. A. L.C., en su condición de defensor privado del Señor W.A. S. M., Recurrente 2: El Abogado Y. R. U. B., en su condición de defensor privado del señor S. H.M. M. El Abogado R.A. C. M., en su condición de fiscal del Ministerio Público como parte recurrida.HECHOS PROBADOS“Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: Que en fecha siete (7) de junio del año dos mil doce, como a eso de las siete de la mañana aproximadamente, el señor Miguel Antonio Jacinto Cáceres, se encontraba en su vivienda la cual se encuentra ubicada en la Aldea Mala Lajas, El Ocotal, perteneciente al Municipio de Teupasenti, cuando llegaron los señores W. A. S. M. y S.H.M. M.., en compañía de otros individuos, quienes procedieron a rodear dicha vivienda y comenzaron a disparar sus armas de fuego con dirección al interior de la vivienda como también en la humanidad de la hoy víctima M. A. J. C., que se encontraba en una barandilla de la vivienda lavándose los dientes, las heridas le causaron múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que ocasionaron pérdida de sangre que provocaron la muerte.” Recurso De Casación. - Motivos Y ArgumentosRECURRENTE N°1El Abogado O.A. L.C., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Motivo Primero: Infracción de Ley. precepto autorizante: artículo 360 del código procesal penal. ley infringida: artículo 117, 119 y 331 del Código Penal, y 23 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: en los hechos probados el tribunal de sentencia, narra que varias personas entre las que se encontraban los acusados, intercambiaron disparos con las personas que se encontraban en la vivienda donde se encontraba el occiso con otras personas, resultando muerto el señor M. A. J. C. basándose en la declaración de Testigo Protegido creado dos años después de los hechos quien declaró que “pasaba por el lugar escuchó una balacera y se escondió en un matorral hasta que terminó, y que al finalizar vio a un grupo de personas que pasaban armadas entre las que reconoció a nuestro representado” dejando de exponer en base a la declaración del testigo participante y hermano del occiso, que se trataba de una multitud de más de 60 personas, todo en base a una imputación de un Ministerio Público que actuó con una total falta de objetividad, donde no se narra quienes eran la supuesta víctima y sus acompañantes (una banda organizada que se dedicaba en el lugar al crimen y terror desde su llegada) y que terminados los hechos agredieron a miembros de nuestra Policía Nacional asesinando al jefe militar y que resultaron muertos en el enfrentamiento con éstos así como que el fallecido, estaba bajo los efectos de la cocaína, no exponiendo de qué manera según el criterio de la sala fueron estos acusados y no cualquiera de los otros 58 participantes los que provocaron las heridas que le provocaron la muerte a la “víctima” de este expediente. Siendo claro que ninguna de las declaraciones de las de la acusación eran creíbles por contradictorias e interesadas, no obstante a ello en base a lo narrado cuando más se narra una Riña Tumultuaria donde el fallecido participó al igual que el hermano que sirvió de testigo y que se encuentra prófugo por doble asesinato con pruebas de indubitable valor, y si hubiese pruebas de la participación en todo caso estábamos ante un delito donde un grupo de habitantes indignados por las acciones de estos señores se excedieron en el Derecho que le garantiza la Constitución en los artículos 78 y 79 de reunirse y manifestarse ante la ineficiencia de las autoridades de parar los hechos delictivos de este grupo que tenía atemorizados a los campesinos del lugar según lo regulado en el artículo 331 del Código Penal, peor aun cuando leemos las valoraciones jurídicas de las pruebas, se plantea en relación a la de los testigos desprotegidos de la defensa que no son creíbles porque no pueden corroborar los hechos con otros medios de prueba, mientras que en relación a los dos testigos protegidos ubicados en la guarida de la Banda Criminal se dice que si son creíbles porque no hay argumentos que pongan en duda su credibilidad. Es decir, para la Sala los Testigos valientes que enfrentan y declaran los hechos necesitan otras pruebas y los que se esconden en el anonimato que no permite una Legítima Defensa No necesitan más que su palabra escondida, estos criterios inquisitivos son violadores de cuanto Convenio, Tratado Internacional y La Constitución y nuestras Leyes regulan los derechos Humanos. Segundo: Infracción de precepto constitucional, precepto autorizante: artículo 361 del código procesal penal. ley infringida: artículo 90 de la constitución de la república, y 93, 198, 199 y 201 del código procesal penal. Concepto de la infracción: la constitución regula el debido proceso, según el cual nadie puede ser juzgado violándose las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y en el presente caso los hechos que se dieron por probados primero se hicieron en base a una acusación donde solo se trata de que se conozca que estas personas supuestamente participaron en los supuesto hechos narrados por un asesino perseguido por la Justicia y que tiene interés claro en el asunto por ser miembro de la misma banda criminal a que pertenecía el occiso así como que era su hermano y un testigo escondido y aparecido dos años después de los hechos, escondiendo la fiscalía toda la información en relación a las actividades de esta banda criminal, y no aportando circunstancias importantes como lo son el atentado contra la Policía Nacional que se dirigía al lugar, el asesinato de uno de sus miembros, así como las armas que portaban en el momento, que eran las mismas con las que participaron en el supuestos hecho, así como el resultado de las autopsias de estos asesinos donde se pueda observar el estado en que se encontraban al momento de los hechos. En un debido Proceso la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones tiene que actuar con objetividad y tiene que velar por la correcta aplicación de las leyes penales debiendo investigar y acompañar las pruebas no solo de las circunstancias que permitan comprobar la acusación sino además las que sean causa de exención o atenuación de la responsabilidad del acusado debiendo formular sus requerimientos aun a favor del imputado, es claro que debieron aportar las pruebas que establezcan la verdad de los hechos y de las circunstancias. al ocultar todas estas pruebas que cumplan con la finalidad del proceso penal se violentó el debido proceso y se dejó en un total estado de indefensión a los acusados convirtiendo este proceso en uno inquisidor muy lejos del garantista que pretendió ser la constitución y el Código Procesal Penal siendo necesario que el Juzgador tenga en sus manos todas estas pruebas para poder actuar con Justicia ciega que responda solo a la Ley y no a las pretensiones de una de las partes. Todo esto teniendo en cuenta que solo la Fiscalía tiene acceso a estos medios probatorios lo que hace temeraria la actuación de esta Institución, máximo cuando se puede observar en el Requerimiento Fiscal en un acto de cobardía ni se personaron en el lugar de los hechos para comprobar si era cierto que había ocurrido una balacera y recoger evidencia alguna que pudiera demostrar no solo la responsabilidad de los acusados sino incluso si estos hechos ocurrieron, puesto que solo vincularon a las familia que tenían aterrorizados ellos cuando entre ellos mismos pudo ocurrir el hecho, sino cual es el motivo por el que atacaron a la Policía y asesinaron al jefe del operativo, máximo cuando el día anterior a los hechos esta Banda atacó a tiros la vivienda del señor S. H. M. M., hecho que ni siquiera ha sido investigado y que es la causa por la que acusan a sus víctimas de un hecho que bien pudieron haber cometido ellos mismos bajos los efectos tempranero de la cocaína. ”Tercero: Quebrantamiento de forma, precepto autorizante: artículo 362 del código procesal penal. Explicación del motivo: Que la sentencia adolece de los vicios de dejar de considerar pruebas de valor decisivo y es que el único testigo inicial y participante en los hechos al ocurrir éstos, es doble asesino prófugo de la Justicia declaró que eran más de sesenta personas y vinculó a tres familias a las que su banda criminal tenía en zozobra, y que hubo un enfrentamiento donde ellos igualmente dispararon, así como que al salir del lugar sus hermanos en una moto tuvieron un enfrentamiento con la policía donde éstos resultaron muertos, así como que estaban armados, declaración que debió comprobarse y por parte del Ministerio Público acompañar las pruebas que demostrarían el verdadero estado de las cosas, como son los antecedentes criminales de todas las supuestas víctimas, sus autopsias que permitan ver el estado en que se encontraban, el resumen investigativo de estas muertes que permitan conocer las armas que portaban y la defunción del oficial asesinado por éstos en sus funciones para que permita al Juzgador conocer la peligrosidad y agresividad de los que por voluntad del Ministerio Público en este expediente se convirtieron en s. a. asesinados por una multitud sin causa alguna, aclarando que solo uno murió supuestamente a manos de 60 y hasta 80 personas según la declaración de un testigo que apareció en este año 2015, y que lo acompañaron a otro expediente para acusar a más pobladores del lugar, los otros tres murieron a manos de la Policía Nacional que actuó en Legítima Defensa ante personas que los atacaron evidentemente porque estaban conscientes de que los hechores de la Riña así como los culpables eran ellos, y en este expediente para el Juicio Oral acompañaron otra Testigo Escondida que reconoce formar parte de este Grupo Criminal ya que se encontraba según ella haciendo sus Labores en la vivienda.”RECURRENTE N°2El Abogado Y.R.U.B., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Exposición del motivo de casación por quebrantamiento de forma. - Motivo Primero: No haber observado el sentenciador en la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica. precepto jurídico autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del C.P.P. Explicación del motivo: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la Sana Crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo, debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica; el cual constituye el asidero legal de este sendero impugnativo, tal como se expone a continuación: En el apartado de los “Hechos Probados” el tribunal manifestó. Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral y público, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: que en fecha siete (7) de junio del año dos mil doce, como a eso de las siete de la mañana aproximadamente el señor M.A. J. C., se encontraba en su vivienda, la cual se encuentra ubicada en la aldea Mala Lajas, El Ocotal, perteneciente al Municipio de Teupasenti cuando llegaron los señores W. A. S. M. y S. H. M.M., en compañía de otros individuos, quienes procedieron a rodear dicha vivienda y comenzaron a disparar sus armas de fuego con dirección al interior de la vivienda como también en la humanidad de las hoy víctimas M. A.J. C., que se encontraba en una barandilla de la vivienda, lavándose los dientes, las heridas le causaron múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que ocasionaron la pérdida de sangre que provocaron la muerte. El Tribunal Sentenciador, en el numeral cuarto del apartado de la fundamentación jurídica estableció, que el artículo 32 del Código Penal, considera como responsables del delito, los autores y los cómplices en tal sentido y según la doctrina dominante, considerar Autor a todo que participa en el hecho y que domina finalmente la ejecución del mismo, es decir se requiere que se tenga el dominio efectivo del hecho., desde el momento en que los acusados S. H. M. M. y W. A. S. M., participaron de forma directa en los hechos acontecidos en donde se expusieron a ser identificados por los testigos presenciales, A quienes este tribunal concedió toda credibilidad a sus deposiciones en juicio, porque el actuar de los acusados fue realizada con plena conciencia de sus actos delictivos, sin estar amparados en una causa que excluya la antijurídicas, ya que los acusados tuvieron el dominio efectivo del hecho y al ser identificado por ser individuos conocidos en la aldea de Mala Laja, El Ocotal Perteneciente al Municipio de Teupasenti. Partiendo de estos racionamientos realizados por el tribunal de sentencia, es que se torna indispensable, analizar el contenido del andamiaje probatorio allegado al proceso, por el ente fiscal, lo cual se lleva a cabo extractando el contenido de tales pruebas efectuando esa labor de la siguiente manera: Declaración del testigo protegido “B” mismo que fue introducido al proceso, en la parte incidental del Juicio el día del Debate. Quien manifestó que el día 7 de junio del 2012, amaneció con unos muchachos y a las siete de la mañana iban a desayunar y uno de ellos salió a lavarse los dientes hacia afuera por una barandilla, y fue cuando le dispararon manifestando que ella solo medio salió, y me jalaron porque son cosas muy peligrosas, en este momento solo vio un montón de varones armados y manifiesta que le dio miedo y se metió debajo de una tabla, cuando escuchó los disparos y cayó M.A., en ese momento manifiesta que no supo más. De lo cual se puede apreciar que, en su deposición libre, el testigo protegido en ningún momento manifiesta saber quiénes fueron las personas que dispararon, sino hasta que mediante preguntas sugestivas y en violación de lo establecido en el artículo 330 párrafo tercero del Código Procesal Penal, manifiesta quienes supuestamente dispararon, expresando solo el nombre de los dos imputados que estaban siendo juzgados ese día, además justifica su presencia en el lugar. alegando que se fue a esa vivienda de visita a cuidar a los muchachos por que la mamá había salido de la casa, lo que debe haber llevado al juzgador de acuerdo a las máximas de la experiencia y haciendo un análisis en conjunto de la prueba y las circunstancias de los hechos que el testigo protegido clave “B” mintió y falto a la verdad en su deposición y sobre todo un testimonio inducido y sugestivo realizado por el Ministerio Público. Declaración del testigo protegido “A“ mismo que fue introducido al proceso, en la parte incidental del Juicio el día del Debate. Quien debe hacerse mención que su testimonio fue evacuado un día después del testimonio del testigo protegido “B”. De igual manera que el testigo protegido “B”, manifestó que el día 7 de junio, a las siete de la mañana miró que W. S. M. y H. M.M., asesinaron al joven M.A. J., mientras él llenaba un bote de agua en una pila, identificando a otros y agrega que se metió en una finca de café y se escondió y que ya no pudo ver más, teniendo una duración el hecho de aproximadamente dos horas, asegurándose este testigo que su testimonio fuese casi idéntico al del otro testigo protegido. Testigo que en su deposición libre trata de hacer creer al tribunal que él andaba llenando un tambo con agua, contraponiéndose con la declaración de la otra testigo quien manifiesta que en ese lugar no hay casas cerca, sin embargo el mismo manifiesta haberse escondido durante dos horas pero solo logra reconocer a 5 personas, aun y cuando él mismo manifiesta conocer a los encausados desde que eran niños, pero nuevamente en un interrogatorio Inducido y sugestivo del Ministerio Público, le guía y lo lleva a establecer parámetros que el juzgado debió reconocer, como Inducción del testimonio pues claramente se observa que el Interrogatorio es contrario a lo que establece el artículo 330 párrafo tercero del Código Procesal Penal, Es de hacer notar que este testigo no justifica su estadía en ese lugar, lo que genera suspicacias y pone en duda la veracidad de su testimonio. Declaración de la testigo A. C. O. (madre del ofendido).Quien manifiesta que el día de los hechos ella no estuvo en el lugar de los hechos (Por lo tanto esta no es testigo presencial sino de referencia, debiendo haberse omitido su testimonio pues el Código Procesal Penal es claro y establece que existiendo testigos presenciales no se tomaran los de referencia), porque se encontraba en el Municipio de Teupasenti, y que fue mediante llamada de su hijo F. A. que recibió información que habían matado a su hijo M. ., preguntándole ella quién lo mató y supuestamente éste le contestó y le dijo que los encausados fueron los que lo mataron y además le manifestó que era una barbaridad de gente y supuestamente le menciono otros nombres, además manifiesta que las otras personas que estaban en la casa cuando murió M. A., todos murieron por que la policía de Teupasenti los estaba esperando para matarlos, agregando que ya no existe ninguna de las personas que estaba en la casa, porque todos murieron en enfrentamientos con la policía en mismo día de los hechos, así como depone que sus hijos si se encontraban armados al momento de los hechos. Testimonio que es evidente que la madre del ofendido M. A. falsea para tratar de perjudicar a una o varias personas que ella misma manifiesta tener una enemistad, lo más sorprendente es que se le dé un valor probatorio total, pues no se acreditó que en efecto sea real esa supuesta llamada, así como es evidente que las personas que se encontraban dentro de la vivienda al momento de la muerte eran personas que les gustaba reñir con la Justicia porque todos murieron ese mismo día en enfrentamiento con la policía, por lo que tampoco pueden asegurar que el hecho haya sido como la hipótesis del Ministerio Público alega que sucedieron los mismos. Generando la duda, que la única sobreviviente del hecho es la testigo protegida con clave “B”, misma que no aparece en todo el proceso sino hasta el momento del debate. De todos los testimonios se colige y se puede observar; 1) que los testimonios de los tres testigos es falso y sin credibilidad en la forma en que sucedieron los hechos y la participación del señor S. H. M. M.; 2) que al momento del debate mediante el interrogatorio inducido y sugestivo del Ministerio Publico hace que los testigos emitan un testimonio que tratan de ubicar a los acusados en el lugar de los hechos y la participación en el mismo; 3) que el valor probatorio que el Tribunal otorga en su apartado de valor probatorio de las pruebas otorga a las mismas otorga total credibilidad manifestando que no existen argumentos para no darle esa credibilidad, pero como se puede apreciar anteriormente los mismo no fueron observados de acuerdo a las máximas de la experiencia y haciendo un análisis en conjunto de la prueba y las circunstancias de los hechos, sin hacer una valoración de acuerdo a la reglas de la sana crítica emitiendo valoraciones sesgadas que perjudican a los imputados. Dictamen de autopsia forense No. 1468-12 medio de prueba que no fue evacuado como pericial y tampoco fue ratificado por el perito forense que lo emitió, evacuándose mediante lectura, del cual el tribunal valora la forma de muerte del ofendido pero en su acápite de los hechos probados no hace una relación clara de la forma y causa de muerte, así como los hallazgos encontrados que pudiesen servir de evidencia ya sea en cargo o descargo, obviando que al señor M. A. J., al momento de la autopsia en el hisopado nasal se le encontró presencia de cocaína. Por lo que habla por sí solo de la conducta del ofendido. Haciendo una relación con la forma de muerte de las otras personas que supuestamente se encontraban en la vivienda se puede deducir que eran personas propensas a la comisión de actos delictivos por lo que eran poco creíbles. En el presente caso no existe una abundancia probatoria pues el Ministerio Público se queda corto al momento de la realización de pruebas, pues por tratarse de ilícitos de naturaleza compleja debieron haberse realizado muchos más pruebas, como reconstrucciones de hechos, reconocimientos en rueda, vaciados telefónicos, entre otros, lo cierto es, que los elementos de prueba de cargo incorporados al juicio han resultado insuficientes para constatar la participación de los encausados en los delitos de Asesinato y los actos que cada uno realizó o colaboró para la comisión del delito; dado que no se acreditó que concurren los requisitos objetivos y subjetivos de dichos tipo penal, pues, no se ha podido acreditar fehacientemente, que en efecto un grupo grande de personas hayan participado en el hecho, que entre ellos estuviesen mi representado el encausado S. H. M. M., que éste haya estado armado, que éste haya disparado, mucho menos que haya sido premeditado o con algún tipo de ventaja o bajo plan preconcebido. Los requisitos supra indicados el tribunal trata de acreditarlos, partiendo de la cadena de indicios que surgen de los distintos medios de prueba incorporados al proceso, que como acredité anteriormente no son confiables mucho menos creíbles. Siendo en consecuencia el presupuesto de culpabilidad una presunción juris tantun, que debe ser destruida mediante prueba fehaciente y creíble además de real e idónea presentada en el debate. Al realizar un análisis de la prueba en su conjunto podemos apreciar, que el a-quo de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria y parcial de la prueba, considerándola de forma individual, pues estima que sólo con la prueba testifical, puede sustentar un fallo condenatorio, olvidando el principio de Libertad Probatoria que rige el Sistema Acusatorio Hondureño, arribando a la conclusión de que los enjuiciados, son responsables del ilícito por el cual fueron acusados y por lo tanto los ha condenado, ya que las razones que ha establecido el Tribunal Sentenciador para restarle validez a la prueba de descargo quebrantan el sistema de valoración fáctica impuesta por nuestra normativa procesal penal, al no haber enlazado de manera certera los indicios que surgen de las pruebas; existiendo sobradas razones como las ya expuestas, que nos permiten evidenciar que el Tribunal de Sentencia ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las prueba, específicamente la regla de la derivación y, como consecuencia de ello, ha condenado a los procesados en la parte dispositiva de la sentencia.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICAD el Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Abogado O. Al. L. C., apoderado defensor privado del acusado W. A.S. M. - Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 117, 119, 331 del Código Penal y 23 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Pretensor *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor *Pretensión: Casar la sentencia recurrida. Explicó el recurrente que la sentencia quebranta la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio, puesto que no le da valor probatorio a la prueba de descargo, que emplea criterios inquisitivos que son violadores de cuanto Convenio, Tratado Internacional, la Constitución de la República y leyes que regulan los Derechos Humanos.Del principio de debida técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso.”[1]Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso; por ello esta Sala de lo Penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión.[2] Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[3]. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Es evidente para esta Sala de lo Penal que el pretensor no construyó la naturaleza del recurso de casación en el planteamiento del mismo. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo puede ser alegado como motivo de impugnación los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del principio de intangibilidad de los hechos probados; contrario a ello el pretensor hace un mal uso de la técnica recursiva puesto que no establece con claridad ni precisión, que tipo de infracción de ley existe, si es una aplicación indebida, falta de aplicación o -en su caso- existe una interpretación errónea de la ley, así mismo hace referencia a medios de prueba evacuados en audiencia de juicio, así como de valoraciones propias de los mismos, por lo que se desmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto y que el mismo expuso en el libelo, por lo que resulta difícil para esta Sala de lo Penal tratar de dar respuesta a este motivo, ya que enmarca la existencia de criterios inquisitivos violadores de cuando Convenio, Tratado Internacional, la Constitución y leyes que regulan los derechos humanos, pero no establece cuáles y mucho menos las detalla; por lo anteriormente descrito se desestima el mismo.Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Establece elartículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo, la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario)[4]“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el abogado O. A. L. C., apoderado defensor privado del acusado .A. S. M.. - Único Motivo. *Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República, 93,198,199 y 201 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el pretensor *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor *Pretensión: Casar la sentencia recurrida. Considera el censor, la violación del derecho constitucional que asiste al acusado para que se tomen en cuenta objetivamente todos los medios de prueba pertinentes a su causa, y por consiguiente el respeto al debido proceso legal, puesto que considera que se ocultó prueba en el proceso penal, dejándose en estado de indefensión a su representado. Esto -según el recurrente- conllevó que, al no agregarse al proceso pruebas complementarias en poder del Ministerio Público, posteriormente la prueba de cargo incorporada al proceso superficialmente fuera valorada en perjuicio de su representado por el Tribunal de Sentencia, quien no advirtió la falta de dichos medios probatorios .Del debido proceso legalLa garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquella que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó:“El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez -además de respetar las formas procesales- reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”.Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que:“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado.[5]De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. El censor delata como precepto constitucional infringido el contenido del artículo 90 de la Constitución de la República, el cual a la letra dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”Alega el recurrente 1, que existe violación a un debido proceso como consecuencia de que se ha emitido una sentencia condenatoria sin pruebas suficientes, alegato que es propio plantearlo y demostrarlo cuando se denuncia la violación al Estado Material de Inocencia. Menciona que la sentencia condenatoria restringió y limitó el derecho de defensa, como consecuencia de haberse despojado del derecho de demostrar sus argumentos, por no haberse investigado por parte de la fiscalía hechos concernientes al caso, no recoger evidencia del lugar de los hechos e identificar elementos de prueba que solamente la fiscalía tiene acceso a ellos, de la misma manera por haber desvalorado la prueba de descargo. Para esta Sala de lo Penal, tal argumento, como todos los expuestos, no reúnen los requisitos pretendidos para este recurso, no precisó en señalar como fue limitado el debido proceso, en particular que actos procesales o pruebas específicas fueron omitidas por el A-Quo que impidieron hacer demostración de argumentos (entienden estos jueces de Casación que se refiere a la Teoría del Caso de Defensa); por otra parte, el argumento se vuelve confuso cuando indica que al mismo tiempo que no se valoró (ausencia de motivación probatoria) y al mismo tiempo que se desvaloró la prueba de descargo (existencia de motivación que niega valor a la prueba), lo que son conceptos opuestos, ello sumado a que no se menciona específicamente a que prueba se refiere. Este es obtuso al no llenar de contenido deseado. En consecuencia, este Tribunal de Casación no tiene alternativa que la de desestimar el recurso planteado.Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Abogado O. A. L. C., apoderado defensor privado del acusado W. A.S. M.. - Único Motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el pretensor. *Concepto de la infracción: Sin determinar por el pretensor *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Que se declare con lugar el recurso de casación. En el presente motivo el recurrente alega que la sentencia adolece del vicio de dejar de considerar pruebas de valor decisivo. Reflexiona que debieron acompañarse por el Ministerio público las pruebas que demostrarían el verdadero estado del caso.Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma interpuesto por el Abogado Y. R. U. B., apoderado defensor privado del acusado S. H. M. M.. - Único Motivo.*Normas autorizantes citadas: Artículo 362 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. *Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo pues el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el censor que de todos los testimonios se colige y se puede observar: 1) Que las declaraciones de los tres testigos de cargo son falsas y sin credibilidad en la forma en que sucedieron los hechos y la participación del señor S. H.M. .; 2) Que al momento del debate mediante el interrogatorio inducido y sugestivo del Ministerio Publico hace que los testigos emitan un testimonio que tratan de ubicar a los acusados en el lugar de los hechos y la participación en el mismo; 3) Que el Tribunal confiere en su apartado de valor probatorio, total credibilidad a la prueba de cargo manifestando que no existen argumentos para no darle esa credibilidad, pero que como se puede apreciar los mismos no fueron observados de acuerdo a las máximas de la experiencia y haciendo un análisis en conjunto de la prueba y las circunstancias de los hechos, sin hacer una valoración de acuerdo a la reglas de la sana crítica, se emiten valoraciones sesgadas que perjudican a los imputados. Establece en su recurso que en el presente caso no existe una abundancia probatoria, pues el Ministerio Público se queda corto al momento de la realización de pruebas, pues por tratarse de ilícitos de naturaleza compleja debieron haberse realizado muchas más pruebas, como: reconstrucciones de hechos, reconocimientos en rueda, vaciados telefónicos, entre otros; así que lo cierto es que los elementos de prueba de cargo incorporados al juicio han resultado insuficientes para constatar la participación de los encausados en los delitos de Asesinato y los actos que cada uno realizó o colaboró para la comisión del delito; dado que no se acreditó que concurren los requisitos objetivos y subjetivos de dicho tipo penal, pues no se ha podido acreditar fehacientemente que en efecto un grupo grande de personas hayan participado en el hecho, que entre ellos estuviesen su representado el encausado S.H. M. M., que éste haya estado armado, que éste haya disparado, mucho menos que haya sido premeditado o con algún tipo de ventaja o bajo plan preconcebido. Que los requisitos indicados el tribunal trata de acreditarlos, partiendo de la cadena de indicios que surgen de los distintos medios de prueba incorporados al proceso.De las Reglas de la Sana Crítica. Esta Sala de lo Penal ha reiterado en otros fallos, que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes…3) Que…en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica...”. El proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello implica que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque debido al principio de inmediación solo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, por ejemplo, el juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se base en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se de un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. Del delito de AsesinatoInterpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato .El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); a. Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y b. Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premedi Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según Su Estructura: a. Tipo Penal Especial: por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo Penal Simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal de Resultado: que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de Conducta Instantánea: al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo Penal Cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo Penal Común: ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal mono-ofensivo: al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo Penal de lesión: al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una personaDe la AlevosíaLa alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos, Primero: que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía:1.La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor “sobre seguro” y “a traición”, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación. 2.Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas a su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le de la ventaja; y3.Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visualizarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.[6]De la Premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; al contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de esa manera, implica planeamiento y por ende premeditación.[7]La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento Cronológico: que implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento Ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en la cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3. Elemento Psicológico: frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El examen del hecho único declarado probado por la sentencia impugnada de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince (2015), arroja como resultado la plena identificación de la modalidad criminosa contemplada en el artículo 117 numeral 2 del Código Penal, por lo que es ésta, la norma que debe ser aplicada al caso concreto, tal y como lo hiciera el Tribunal de Sentencia. Conforme el hecho probado único, el cual fue transcrito ut supra, los juzgadores establecieron: 1. Los hechos ocurrieron el día 07 de junio de 2012, tiempo en que ya se encontraba en vigencia el artículo 117 del Código Penal;2. Los hechos ocurrieron en la Aldea Mala Lajas, El Ocotal, perteneciente al municipio de Teupasenti, Departamento de El Paraíso; lugar que forma parte del territorio hondureño, y en el cual se debe ejercer el poder jurisdiccional del Estado;3. Por el lugar indicado, alrededor de las siete de la mañana (07:00 a.m.) el señor M.A.J. C., se encontraba en una barandilla de su vivienda lavándose los dientes. 4. De manera inesperada para la víctima, llegaron los señores W. A. S. M. y S. H. M. M., en compañía de otros individuos, quienes procedieron a rodear la vivienda y comenzaron a disparar sus armas de fuego con dirección al interior de la vivienda, como también en la humanidad de M. A.J. C.. 5.Las heridas provocadas por las armas de fuego, causaron múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo de M. A. J.C., mismas que ocasionaron pérdida de sangre que le provocaron la muerte. Como lo explica el tribunal de instancia, los acusados buscaron ponerse en una posición deliberada para realizar la conducta punible, y así asegurar ex ante el resultado, anulando cualquier reacción que en defensa pudiese realizar el ofendido, esto por la forma insospechada con que se actuó (f.93); criterio de los juzgadores que, a considerar lo declarado probado, es correcto, pues la circunstancia premeditada se origina por: 1.- Momento del hecho: el hecho fue realizado en la casa de habitación de la víctima, en una zona con poca circulación de habitantes, a fin de facilitar su consumación y huida; 2.- Forma de realizar el hecho: los acusados, como señala el hecho probado, ejecutan el hecho madurando y reflexionando durante cierto lapso de tiempo, es decir no sólo con anterioridad de la intención sino también con la persistencia de ésta, hasta la realización del acto, siendo el actuar de los acusados mediante dolo, cuya figura genérica deberá entenderse por la conciencia y la voluntad de realizar el delito de asesinato, siendo el ataque inesperado por la víctima 3.- Número de participantes: el hecho fue realizado por los acusados en compañía de otras personas, utilizando armas de fuego. Es claro entonces que el hecho fue resultado de una decisión producto de un razonamiento de la forma ideal de llevar a cabo el delito y de una situación psicológica de frialdad de ánimo para ejecutarlo tal como se había representado. Los hechos descritos permiten identificar la existencia de una premeditación conocida, pues los hechores reflexionaron la forma cobarde de ejecución que les permitiese minimizar los riesgos de una posible defensa y además asegurar -en una alta probabilidad- el resultado ante la seguridad de que los medios y la forma elegida les proporcionaron. Existe entonces una descripción concreta del actuar de éstos en pro de lograr el resultado delictivo, haciéndolos responsables del delito que intentaban producir. Establecen los testigos protegidos “A” y “B” que el día siete de junio del dos mil doce el joven M. J. se encontraba lavándose los dientes en una barandilla de su casa, cuando personas que portaban armas de fuego dispararon contra él, provocándole la muerte, coincidiendo en que ambos observaron a W. S. y S. H. M. dispararle a M..Por todo ello, esta Sala de lo Penal determina que la valoración del Tribunal de Sentencia, derivando de los medios de prueba, los cuales fueron suficientes y legalmente incorporados a juicio, son de total crédito para confirmar que el reproche de culpabilidad en contra de los señores W. A. S. y S. H. M.M., es coherente y obedece a las reglas de la sana crítica. La prueba que ocupó la audiencia de debate fue suficiente; los jueces del Tribunal de Sentencia, estando en una posición privilegiada respecto a la prueba, de la cual tuvieron su inmediación, concluyeron unánimemente que les generaba certeza, no solo sobre la existencia de los hechos delictivos, sino también sobre la participación de los acusados en éstos, decidiendo declarar su responsabilidad penal y como consecuencia de ello, imponerle la sanción penal prevista en la ley sustantiva; siendo el resultado de tal examen la conclusión de que no ha existido violación al estado de inocencia que reconoce nuestra Constitución de la República en su artículo 89. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por la defensa privada de W. A. S.M. en su único motivo. No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa privada de W. A. S. M., en su único motivo .No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa privada de W.A.S.M., en su único motivo .No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa privada de S. H.M. M., en su único motivo .POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: Primero:Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Abogado O. A.L.C., defensor privado del acusado W. A. S. M. Segundo: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado O. A. L. C., defensor privado del acusado W. A.S. M.. tercero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado O. A. L. C., defensor privado del acusado W.A. S. M.. cuarto: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por el Abogado Y.R. U. B., defensor privado del acusado S.H.M.. quinto:Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, en la cual condenó a los señores W.A.S. y S.H.M. M., como autores del delito de Asesinato en perjuicio del señor M.A. J.C..- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-34-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144.
[2]En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 S.P. 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 S.P. 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 S.P. 351-0.
[3]Vid. Sentencia de Casación Penal S.P. 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[4]En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115.
[5]En ese mismo sentido sentencia de fecha veinte días de febrero del año dos mil diecinueve S.P. 176-2015.
[6]Ver al respecto CP 129-2015 y CP 157-2015, Sentencias de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia.
[7]. (Ver al respectoSentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp 057-2012).