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Sentencia CP-338-15 — Registro 10681

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... el recurso es provocado por lo que la defensa del imputado ha considerado una violación o falta de aplicación del artículo 2 del Decreto 184-2013, por ello es preciso analizar, en un primer momento, el tiempo en que la acción se cometió con relación a la vigencia del decreto. Así de los hechos probados se colige que el hecho aconteció en fecha dieciséis de noviembre de dos mil trece a las dos de la madrugada, cuando le fue decomisada el arma al procesado J. M. H., cuando efectivamente ya se encontraba en vigencia el decreto 184-2013, puesto que fue publicado en fecha cinco de octubre de dos mil trece, el cual alcanzo una temporalidad hasta el cinco de octubre de dos mil catorce, concediendo dentro de ese periodo una veda para que toda persona que tuviere en su poder un arma de fuego de tipo comercial, proceda a realizar los trámites para su registro, presentando la documentación correspondiente a excepción de la factura de compra. El artículo 2 del decreto 184-2013, permite la posibilidad de inscribir armas de fuego de tipo comercial sin la presentación de la factura, acarreando como consecuencia que el tipo penal descrito en el artículo 332-B pierda positividad durante el periodo de vigencia del decreto, pues se otorgaba la oportunidad de realizar el registro de armas, a quienes estuvieran en posesión de armas de fuego de tipo comercial, esto es, aquellas susceptibles de obtener un permiso. Debe entenderse que durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013, el Estado de Honduras, no podía exigirle a una persona que fuera encontrada en posesión de un arma de fuego de este tipo, que mostrara el permiso o documentación de registro de la misma, puesto que se había concedido un periodo para realizar dicho trámite. No obstante, lo anterior, no basta analizar la temporalidad del decreto, sino que además ha de considerarse la intencionalidad del portador del arma, de realizar acciones que conlleven a deducir sin lugar a dudas, de realizar el trámite de registro y consecuentemente la obtención del permiso correspondiente. En otras palabras, en el caso sometido al análisis de esta Sala, debe considerarse si durante la detención del imputado, se manifestaron actos o acciones dirigidas a registrar o entregar el arma, de modo que no quede dudas que tuvo tal intención. En tal sentido, se comprueba del factum que el imputado fue detenido a las dos de la madrugada del día dieciséis de noviembre de dos mil trece, encontrándosele en poder de un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38 mm, de la cual no presentó permiso de portación. De tal hecho no encuentra esta Sala, evidencia de actos o acciones que razonablemente indiquen que el imputado tuviera la intención de encaminarse ante la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de proceder a su registro, por el contrario de las circunstancias de la detención, se colige su intención de portar el arma a sabiendas que no posee permiso para ello. En conclusión, el decreto 184-2013 autoriza a los ciudadanos la entrega o registro de armas de fuego de las contempladas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, pero de ninguna manera justifica la simple portación de un arma de fuego o deja sin positividad el tipo penal aplicado al caso concreto por el A quo, por lo que, a criterio de esta Sala de lo Penal, el recurso resulta improcedente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación S.P.338-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual Falló: Primero: Condenó al señor J. M. H., como autor del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años, seis (6) meses de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la pena principal. - Segundo: Se Declaró al señor J. M. H. civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. - Tercero: No Procedió condenar en costas al señor J. M. H. – Cuarto: Se declaró el comiso de un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, calibre 38mm, serie ilegible, pavón blanco, cacha de madera. - Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada S. P. A. A, actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. M. H. SON PARTES: La Abogada S. P. A. A., en su condición de Defensora Pública del señor J. M. H., como parte recurrente y la Abogada M. E. G., en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO.- El día dieciséis de noviembre del año dos mil trece, como a las dos de la madrugada en un patrullaje de rutina realizado por la policía Nacional Preventiva de Lepaera, Lempira, en el barrio el centro, encontrándose varias personas en la calle a las cuales procedieron a practicarles un registro personal, encontrándole en su poder a J. M. H., un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Weston, calibre 38mm, de la cual no presentó permiso de portación.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 2 contenido en el Decreto N.184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de octubre del año 2013, contentivo en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros similares en relación con el Artículo 96 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Artículo 2 contenido en el Decreto N° 184-20 13: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término…….”, por su parte la norma legal citada en relación señala: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado” El Juzgador en referencia declaró como probados los siguientes hechos: UNICO: “El día dieciséis de noviembre del año dos mil trece, como a las dos de la madrugada en un patrullaje de rutina realizado por la Policía Nacional Preventiva de Lepaera, Lempira, en el barrio El Centro, encontrándose varias personas en la calle a las cuales procedieron a practicarles un registro personal encontrándole en su poder a J. M. H., un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wetson, calibre 38mm, de la cual no presentó permiso de portación”. Recurso que explico de la manera siguiente: PRIMERO: Al analizar el contenido del hecho probado se puede observar como verdad incuestionable que a mi patrocinado el dieciséis (16) de noviembre del año 2013, como a las dos de la madrugada, la policía lo encontró y lo detuvo en el Barrio El Centro en posesión de un Arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wetson, calibre 38mm. De este punto del hecho probado es que resulta claramente identificada la infracción por violación del artículo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del año 2013, contentivo en la Ley de Control de armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros similares, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución en cuestión debatida. Es decir, se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. SEGUNDO: La infracción denunciada se produjo cuando los hechos probados se deriva de manera evidente que mi representado J. M. H., fue detenido en posesión de la referida arma comercial, sin contar con permiso alguno, sin embargo el artículo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del mismo año que se invoca como infringido, se desprende que tal Decreto se otorgó por el término de un año un período de veda para registrar las armas que estaban en situación irregular. De allí resulta claro que al cobrar vigencia el artículo del mencionado Decreto en mención deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B, del Código Penal, por cuanto este Decreto es de materia penal y favorece desde luego a mi patrocinado. TERCERO: De lo antes expuesto consideramos que el Tribunal sentenciador debió tomar en cuenta los aspectos antes indicados para dictar su sentencia condenatoria por Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, y debió aplicar la norma prescrita en el artículo dos (2) del mencionado decreto, y procediendo a absolver de toda responsabilidad Penal a mi representado. Del examen de los autos revela que el imputado fue sorprendido en posesión del arma de fuego el 16 de noviembre del año 2013 y el decreto Número 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013 fue publicado en el diario Oficial La Gaceta el 5 de Octubre del 2013, por lo que entró en vigencia a partir del seis (6), de octubre del mismo año, en consecuencia al momento de la comisión del hecho este precepto se encontraba en vigencia, y de manera retroactiva con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, INTERPRETACIÓN PRETENDIDA. Esta Defensa pretende se aplique la norma denunciada como infringida y se absuelva de toda responsabilidad Penal a mi representado J. M. H., ya que al no aplicarla a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado y que al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación y ésta se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independiente de a qué resultado se haya llegado, ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y, e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 2 del Decreto N° 184-2013. *Concepto de la Infracción: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 2 del Decreto N° 184-2013, en relación con el artículo 96 de la Constitución de la República. *Pretensión: Que se absuelva por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial. Establece la recurrente que la infracción denunciada se produjo cuando los hechos probados establecen que el señor J. M. H. fue detenido en posesión de un arma de fuego comercial, sin contar con permiso alguno, sin embargo, en el momento que ocurrieron los hechos estaba en vigencia el Decreto Numero 184-2013, dejando en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal. Del Decreto Legislativo 184-2013 Emitido por el Soberano Congreso Nacional El decreto legislativo 184-2013 relata: “ Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado de Despacho de Seguridad…” este decreto legislativo entró en vigencia el 05 de octubre de 2103, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. De la observancia de la ley. Principio de Legalidad. El principio de legalidad es básico en materia penal, representado en el aforismo “nullun crimen, nulla poena, sine lege scripta, stricta, praevia y certa”, de ahí que el postulado Constitucional señala, “…nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley…”. De igual manera el principio de legalidad está recogido en la norma sustantiva y adjetiva en materia penal, por ende, el mencionado principio se constituye un basamento fundamental, de tal suerte que la Ley penal consagra la imposibilidad de ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito (artículo 1 del Código Penal). En consonancia con lo anterior, de conformidad con el principio de legalidad, solo la Ley crea delitos, en consecuencia, solo podrá considerarse delito, aquellos hechos que la ley declare como tales de modo expreso y de forma previa a la ejecución de la conducta. Es así que aparecen incorporados al principio de legalidad, otros principios que lo complementan: 1. Principio de Taxatividad de la ley. 2. Principio de irretroactividad de la ley, excepto en materia penal cuando favorezca al reo o procesado. 3. Principio de reserva de la ley. 4. Prohibición de aplicación analógica de las normas a hechos no contemplados en ella. De este modo para evitar una trasgresión al principio de legalidad, la ley ha de ser cierta, previa, estricta, escrita y válida. Además de estos principios que complementan al de legalidad, éste define una serie de garantías, para la validez del proceso penal y la adecuada aplicación de las normas penales sustantivas. a) Garantía Criminal, mediante la cual la definición de un delito sólo puede ser realizada por la Ley, de ese modo se garantiza que sólo son delitos los establecidos por la ley, por el contrario, sin ley no hay delito. La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o cualificados, así como las circunstancias agravantes, sólo los que señale la ley penal, sin que se pueda tener como tales, los que señale otra fuente distinta.[1] b) Garantía penal, la cual establece la previsión de pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la ley en forma abstracta.[2] c) Garantía Procesal, la cual regula que la actividad procesal no exceda de lo que estrictamente establezca la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso.[3] d) Garantía de Ejecución, la cual implica que la penal ha de ejecutarse en los términos que la ley prescribe, por tanto, las leyes de ejecución penal, han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas por la Constitución. Habiendo expuesto las garantías del principio de legalidad, es procedente referirse al principio de taxatividad legal, toda vez que guarda relación con el recurso examinado por esta Sala. Este principio consagra que la ley, para brindar seguridad a los ciudadanos, debe ser cierta y precisa, de lo contrario estaríamos en presencia de tipos penales con fórmulas vacías o indeterminadas cuyo ámbito de aplicación resultaría poco previsible, generando confusión entre los ciudadanos. En esencia el tipo penal debe contener todos y cada uno de los supuestos que el legislador considera lesivos, evitando las malas prácticas legislativas al dejar tipos penales en los cuales sea el juez quien determine los aspectos objetivos y /o subjetivos del mismo, ya que la ambigüedad de la norma penal, además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica. El tipo penal debe evitar términos excesivamente vagos, en los que no es posible establecer una interpretación segura (taxatividad), pero también debe evitar las enumeraciones excesivamente concretas, que no permitan abarcar todos los matices de la realidad, porque se vería obligado el legislador a producir un número excesivo de tipos penales para abarcar todas las posibilidades fácticas o se vería tentado el juez a interpretar en forma forzada la norma para evitar lagunas de punibilidad, es por ello que en la elaboración de los tipos penales deberá utilizar conceptos que si bien son de carácter genérico, no dependan exclusivamente de la valoración personal por parte del juez para su determinación, ya que, pese a ser amplios, deben tener límites congnoscibles.[4] De la Procedencia del Recurso.- EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Denuncia la censora que la infracción se produjo cuando, de los hechos probados se deriva de manera evidente que su representado J. M. H., fue detenido en posesión de un arma comercial, sin contar con permiso alguno, sin embargo el artículo 2 contenido en el Decreto 184-2013, de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de octubre de ese mismo año, desprendiéndose que tal decreto otorgó por el término de un año, un período de veda para registrar armas que estaban en situación irregular, por ende la vigencia del mencionado artículo deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal. La ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, en el artículo 4, reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello, deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, siempre que cumpla con los requisitos que dicho estamento legal impone. Además de señalar los requisitos para obtener el correspondiente permiso, la ley es especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de dicho cuerpo legal. Entre otros aspectos, además de los ya señalados, la ley manda que el permiso es intransferible (artículo 34) por ello la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de 10 días a la policía nacional y al Registro Nacional de Armas, cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efecto de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente; además deberá reportarse el robo o extravío de toda arma registrada. Por otro lado, además de las disposiciones de carácter administrativo, el Estado en función de salvaguardar la seguridad interior, realiza un estricto control de la posesión y portación de las armas de fuego, contemplando además de las sanciones administrativas, sanciones de índole penal, como la contenida en el artículo 332-B, que señala: “…Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivo…incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones… se entenderá por armas de uso persona, defensa o deportivas… las descritas en la ley especial…” De esta forma, los elementos del tipo penal se constituyen de la siguiente manera: 1. Sujeto Activo: siendo cualquier persona natural sin cualificación especifica. 2. Sujeto Pasivo: El Estado de Honduras, el cual es garante y responsable de la Seguridad Interior. 3. Conducta criminosa, esto es el verbo rector, el cual en este caso consiste en fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar, armas o municiones del país, para uso personal o deportivas sin permiso de la autoridad correspondiente. 4. Modalidad Criminosa, es la forma de llevar a cabo el verbo rector y que para el tipo penal en referencia, implica, la ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente, expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; por otro lado, que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita el lanzamiento de proyectiles, mediante la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Finalmente, que el arma sea de aquellas consideradas permitidas, por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la ley especial. Además de lo antes explicado, como elemento subjetivo el tipo penal, exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento que está realizando alguno de los verbos rectores descritos, respecto de un arma de fuego o munición permitida, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. A la luz de las exposiciones supra mencionadas, el hecho probado, declarado como tal por el A quo, se encuadra armónicamente con el tipo penal contenido en el artículo 332-B, es decir con el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, no obstante, el recurso es provocado por lo que la defensa del imputado ha considerado una violación o falta de aplicación del artículo 2 del Decreto 184-2013, por ello es preciso analizar, en un primer momento, el tiempo en que la acción se cometió con relación a la vigencia del decreto. Así de los hechos probados se colige que el hecho aconteció en fecha dieciséis de noviembre de dos mil trece a las dos de la madrugada, cuando le fue decomisada el arma al procesado J. M. H., cuando efectivamente ya se encontraba en vigencia el decreto 184-2013, puesto que fue publicado en fecha cinco de octubre de dos mil trece, el cual alcanzo una temporalidad hasta el cinco de octubre de dos mil catorce, concediendo dentro de ese periodo una veda para que toda persona que tuviere en su poder un arma de fuego de tipo comercial, proceda a realizar los trámites para su registro, presentando la documentación correspondiente a excepción de la factura de compra. El artículo 2 del decreto 184-2013, permite la posibilidad de inscribir armas de fuego de tipo comercial sin la presentación de la factura, acarreando como consecuencia que el tipo penal descrito en el artículo 332-B pierda positividad durante el periodo de vigencia del decreto, pues se otorgaba la oportunidad de realizar el registro de armas, a quienes estuvieran en posesión de armas de fuego de tipo comercial, esto es, aquellas susceptibles de obtener un permiso. Debe entenderse que durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013, el Estado de Honduras, no podía exigirle a una persona que fuera encontrada en posesión de un arma de fuego de este tipo, que mostrara el permiso o documentación de registro de la misma, puesto que se había concedido un periodo para realizar dicho trámite. No obstante, lo anterior, no basta analizar la temporalidad del decreto, sino que además ha de considerarse la intencionalidad del portador del arma, de realizar acciones que conlleven a deducir sin lugar a dudas, de realizar el trámite de registro y consecuentemente la obtención del permiso correspondiente. En otras palabras, en el caso sometido al análisis de esta Sala, debe considerarse si durante la detención del imputado, se manifestaron actos o acciones dirigidas a registrar o entregar el arma, de modo que no quede dudas que tuvo tal intención. En tal sentido, se comprueba del factum que el imputado fue detenido a las dos de la madrugada del día dieciséis de noviembre de dos mil trece, encontrándosele en poder de un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38 mm, de la cual no presentó permiso de portación. De tal hecho no encuentra esta Sala, evidencia de actos o acciones que razonablemente indiquen que el imputado tuviera la intención de encaminarse ante la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de proceder a su registro, por el contrario de las circunstancias de la detención, se colige su intención de portar el arma a sabiendas que no posee permiso para ello. En conclusión, el decreto 184-2013 autoriza a los ciudadanos la entrega o registro de armas de fuego de las contempladas en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, pero de ninguna manera justifica la simple portación de un arma de fuego o deja sin positividad el tipo penal aplicado al caso concreto por el A quo, por lo que, a criterio de esta Sala de lo Penal, el recurso resulta improcedente. V. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el recurrente. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada S. P. A. A., actuando en su condición de Defensora Pública del señor José Marcos Hernández, a quien se le condenó por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres (3) años seis (6) meses de reclusión. SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-338-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

MDCG/c.z

[1] Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997.

[2] Gómez de la Torre Ignacio; Arroyo Zapatero, Luis; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General. Editorial Praxis, 1ra Edición, España, 1996.

[3] Bustos Ramírez, Juan. Lecciones de Derecho Penal Vol. 1. Madrid, España. Editorial Trotta, 1997.

[4] Muñóz Conde, Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3ra edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia. 1998.