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Sentencia CP-330-16 — Registro 13606

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- La recurrente 2 denuncia una mala valoración probatoria por parte del Tribunal de Sentencia, discutiendo que el ofendido con su actuar reticente a ser atendido, fue el causante de la muerte que le sobrevino de manera posterior, por lo que el acusado Wilmer Renato Ríos Espinal, no puede ser condenado por el delito de homicidio, sino por lesiones; la recurrente 2 lo que denuncia es una errónea valoración respecto a la imputación objetiva del hecho en el presente caso, alegato que no es procedente. Ya se ha señalado que para la formulación de una imputación objetiva se deben reunir tres elementos, mismos que en el presente caso son concurrentes: *Creación de un riesgo no permitido: conforme los hechos declarados probados, el 23 de julio de 2013, los acusados Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores, usando sus manos, sus pies y hasta una piedra, procedieron a propiciar varios golpes al señor Mario Enrique Baquedano, en el abdomen, en el tórax y en la cabeza, lugar en donde impactaron la piedra.- Tal conducta comisiva creó un riesgo no permitido, el cual desde la perspectiva objetiva puso en precario la vida del ofendido en consideración al número de atacantes, imposibilidad de defensa de la víctima pues los hechos probados señalan que se encontraba en estado de ebriedad, además de la intensidad del ataque, y los instrumentos usados, pues los golpes fueron realizados con el uso de las manos, pero además, de los pies, lo que incrementa el daño y todavía más: con una piedra la que se usó para golpear una zona vital como es la cabeza; *El riesgo no permitido originó un resultado dañoso: los acusados aportaron la condición que días después provocó el desenlace fatal de pérdida de la vida del ofendido; los golpes producidos por aquellos es la causa que originó la producción de una hemorragia subdural crónica y una inflamación del cerebro, y esto a su vez fue lo que produjo la muerte. La recurrente 2 alega que el ofendido -al evitar ser llevado a un centro médico y ser atendido- provocó la muerte; alegato que debe ser analizado en dos vertientes: 1.- El ofendido y según se desprende de los hechos declarados probados, no contribuyó a la producción de la condición de riesgo; de ninguna forma éste se autolesionó o se puso en una situación donde hubiese tenido como consecuencia sus lesiones; todas las lesiones fueron infringidas por los acusados, por lo que se reafirma la existencia de una situación de riesgo atribuible solo a los acusados; 2.- El riesgo no permitido fue el causante del resultado sin lugar a dudas, así entonces la falta de asistencia lo que hubiese hecho era interrumpir el curso causal que habían desencadenado los acusados; por ello la supuesta asistencia y rescate de la vida del ofendido hubiese significado una causa ajena a la voluntad de los acusados que hubiese impedido alcanzar el propósito perseguido.- Se insiste: no fue la falta de asistencia lo que creó el riesgo, éste ya existía provocado por los acusados; al no producirse la asistencia médica nada impidió que el curso causal continuase hasta desembocar en la muerte del ofendido. *El riesgo y el resultado se encuentran dentro del marco de protección de la norma: los acusados Wilmer Ríos y Ronald Flores, realizaron conductas que crearon un riesgo no permitido y produjeron un resultado que encuentra identidad con el propósito de la norma y es el de sancionar a las personas que provoquen la muerte de otra por una conducta comisiva. La relación de causalidad fue objeto de estudio por los juzgadores en el segundo párrafo de la Fundamentación Jurídica (f. 145), donde se explica que los acusados Wilmer Renato y Ronald Joel, propinaron golpes al ofendido lo que le ocasionó, entre otros, fracturas en los huesos de la base del cráneo, que provocó hemorragia y edema cerebral y que a su vez causó la muerte de aquel, sin que a esta cadena causal se sume otro hecho relevante que haya contribuido a la muerte, por lo que para el a-quo no se generó duda de que la muerte del ofendido puede ser atribuida a los acusados, con lo cual concuerda este Tribunal de Casación. A la imputación objetiva debe sumársele la imputación subjetiva; según la recurrente 2, los acusados no tuvieron intención de dar muerte y por lo tanto se debe descartar la existencia de un animus necandi (dolo de dar muerte), el que debe reducirse a un animus leadendi (dolo de lesionar), alegato que tampoco es de recibo, pues el conocimiento de la ofensividad de su actuar y el riesgo que éste representaba a la vida del ofendido y la voluntad de conducirse de esa manera, asumiéndolo como aceptable, determinan que se actuó con el dolo específico de dar muerte, siendo el resultado idéntico a dicha intención. Los jueces de sentencia, en el numeral tercero de la Fundamentación Jurídica (f. 145 -146), determinaron la existencia de un ánimo de matar en la psiquis de los acusados, como de manera derivada se pudo constatar a partir de los siguientes hechos: i.- Condición de embriaguez del ofendido; ii.- Uso de puños, puntapiés y piedra a zonas vitales del cuerpo del ofendido, cuya afectación predice riesgo de muerte; iii.- El ofendido recibió reiterados golpes el abdomen, tórax y cabeza, entretanto se encontraba tirado en el suelo; iv.- Los golpes recibidos por el ofendido fueron propiciados con fuerza tal que provocaron la fractura de los huesos de la base del cráneo.- Para la Sala de lo Penal no existe colisión entre las reglas de la sana crítica y los razonamientos judiciales que están contenidos en la sentencia, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Es importante subrayar que de los tres tipos de recursos de casación que prevé el Código de Rito, la Defensa Pública ha presentado aquel mediante el cual se denuncian defectos de forma (In Procedendo), específicamente una incorrecta valoración de los medios de prueba por ser discordante con el principio lógico de derivación que compone las reglas de la Sana Crítica. Ante tal anuncio la debida técnica recursiva exigía del recurrente señalar concretamente los razonamientos judiciales viciados, para luego confrontarlos con el principio lógico que se alega violentado, como proceso obligatorio para demostrar la existencia del defecto alegado, procediendo después a explicar el porqué dicho defecto resulta relevante al grado de que deba provocar la invalidación de la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Bastante lejos de lo anterior, el recurrente aqueja sobre la suficiencia probatoria, fustigando que la carga acreditativa fue insuficiente como para arribar a la convicción de que el acusado era el responsable del delito, indicando que ello violentó el derecho al Estado Material de Inocencia; Es así que el recurrente, en el libelo -alejándose del recurso y del motivo planteado- desarrolla un alegato que es propio de un recurso por infracción de precepto constitucional. La incompatibilidad entre lo anunciado (un defecto de forma) con lo desarrollado en el libelo (violación a precepto constitucional), impide al Tribunal de Casación poder dar respuesta de fondo al recurso, esto porque no se señalan cuales razonamientos judiciales son los que fueron mal concebidos, de qué forma los razonamientos judiciales violentan el principio lógico de derivación y finalmente cómo esos razonamientos judiciales defectuosos fueron esenciales para construir la convicción judicial que dio paso a la decisión final. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su motivo único..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En nombre del estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-330-2016 por por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Wilmer Renato Ríos Espinal, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Mario Enrique Baquedano Hernández, a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor Ronald Joel Flores Lagos, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Mario Enrique Baquedano Hernández, a la pena de quince años de reclusión.-Tercero: Condenó a los señores Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores Lagos, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores Lagos.- Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En La Única Instancia: a. Recurrente 1: Abogada Blanca Argentina Gómez Matamoros, apoderada defensora privada del acusado Ronald Joel Flores Lagos; b. Recurrente 2: Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, agentes de la Defensa Pública, en su condición de apoderados legales del acusado Wilmer Renato Ríos Espinal; c. Recurrido: Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, defensor de los intereses de la sociedad hondureña. Hechos Probados De La Instancia “Único: El día veintitrés de julio del año dos mil trece, entre siete y treinta y ocho de la mañana, los acusados Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores, estaban en un solar baldío ubicado en la Colonia La Rosa, junto con el señor Mario Enrique Baquedano Hernández, quien se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas, cuando se inició entre ellos una discusión. Wilmer Renato y Ronald Joel comenzaron a golpear a Mario Enrique propinándole puñetazos y puntapiés en el tórax y el abdomen, uno de ellos agarró una piedra con la que le pegó en el lado izquierdo de la cabeza atrás de la oreja, mientras otro le da puntapiés en dicha zona del cráneo, fracturándole los huesos de la base del cráneo lo que provocó una hemorragia e inflamación del cerebro. El señor Baquedano fue ingresado al Hospital Escuela para su tratamiento médico, donde falleció cuatro días después.” Recurso de Casación. – Motivos y Argumentos a.- Recurrente 1 “Casación Por Infracción de Ley Motivo Único: por aplicación indebida del artículo; 116 del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 360, del Código procesal Penal. Explicación Del Motivo: El Tribunal de Sentencia, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a través de los integrantes de la sala cuarta, tomaron a bien decretar Sentencia Condenatoria, se trató de un juicio oral y público, donde aparecían dos acusados, entre ellos, mi defendido, Ronald Joel Flores Lagos, a quienes se les condenó por cometer el Delito de, Homicidio, en perjuicio de Mario Enrique Baquedano Hernández, todo ello en aplicación de lo dispuesto en lo que establece el artículo, 116 del Código Penal, artículo que establece lo siguiente; “Artículo 116, Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capítulo, comete el delito de Homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.” La pena será de veinte (20)..., “Esta norma penal al ser confrontada con los hechos que el Tribunal consideró como hechos probados, específicamente del hecho único, el cual refiere: El día veintitrés de julio del año Dos Mil trece, entre siete y treinta y ocho de la mañana los acusados Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores estaban en un solar baldío ubicado en la colonia La Rosa, junto con el señor Mario Enrique Baquedano Hernández, quien se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas, cuando se inició entre ellos una discusión, Wilmer Renato y Ronald Joel, comenzaron a golpear a Mario Enrique, propinándole puñetazos y puntapiés en el tórax y abdomen, uno de ellos agarró una piedra con la que le pegó al lado izquierdo de la cabeza atrás de la oreja, mientras el otro le da puntapiés en dicha zona del cráneo, fracturándole los huesos de la base del cráneo lo que provocó una hemorragia e inflamación del cerebro. El señor Baquedano fue ingresado al hospital escuela para su tratamiento médico donde falleció cuatro días después. Y es que al analizar los medios de prueba, testifical, documental y pericial se aprecia con facilidad el vicio que se denuncia ya que esos sucesos o acontecimientos no se subsumen en lo que establece el artículo 116, del Código Penal anteriormente relacionado, puesto que en tales hechos probados no consta con exactitud que los acusados cometieron el delito de Homicidio, sino que en el peor de los casos y por el solo dicho de un testigo protegido, único medio de prueba que lleva a concluir que mi defendido participó en esos hechos confusos, más parece que por el hecho de no tener certeza de quien fue el que le propinó el golpe con una piedra en la cabeza, específicamente atrás de la oreja y que según el acta de autopsia y que ratificará el perito, esa lesión fue la que le ocasionó la muerte, ante tal situación no queda claro entonces quien fue el que le causó la muerte, otra de las cosas que se pueden apreciar en el presente caso, es el hecho, que de repente los acusados si en algún momento tuvieron una riña, no se puede venir a decir que actuaron con la intención de darle muerte, sino más bien de causarle lesiones, en vista que ellos no utilizaron medios tendientes a conseguir un resultado determinado, por así decirlo armas como ser armas de fuego, arma blanca u otras que al utilizarlas en contra de la humanidad de x persona aseguran el resultado, pues las pruebas tenidas en el debate acreditan dicho extremo, según la testigo observó que los tres se daban a golpes, por lo que se puede apreciar lo confuso del hecho, cabe señalar que según la testigo los acusados luego de golpear al occiso salieron corriendo del lugar, ellos en ningún momento se aseguran que le han quitado la vida a dicho señor, es más se acreditó que si se hubiese dado atención médica de inmediato se pudo haber salvado, puesto que el difunto no quería ser atendido, siempre puso resistencia a ser atendido, es más estando en el hospital la primera vez estuvieron algún tiempo y posteriormente se regresaron a su casa, que después lo llevaron al hospital y murió como a los cuatro días.- A mi criterio los hechos objeto del debate se subsumen en lo que establece el Código Penal, en sus artículos 119 y 120 de lo cual ya he referido anteriormente y que ustedes al analizar minuciosamente la causa se darán cuenta de ello.- Al interponer el presente motivo de Casación, quiero o pretendo, que se examine el hecho probado único en el fallo que se recurre, que una vez comprobado que la acción que se le atribuye a mi defendido no resulta ser conducta que pueda ser calificada como Homicidio, en consecuencia sea declarada la aplicación indebida del artículo ya antes referido, se anule el fallo y en su lugar ordene o decrete la sentencia absolutoria a favor de los encartados.Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se enmarca en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: Durante la Audiencia de juicio oral y público, se evacuaron los diferentes medios de prueba: Prueba testifical; rindieron declaración testifical los testigos, Testigo protegido Alfa, quien declaró; “Ese día yo vi que estaban golpeando a un muchacho en un solar baldío, yo iba a tomar un bus y miré que lo estaban golpeando brutalmente, me escondí y me quedé observando hasta que lo dejaron casi muerto, a preguntas de la fiscalía y defensa esta respondió, los hechos fueron el 23 de julio de 2013, eran como las siete y media a ocho de la mañana, transitaba terminando la colonia la Rosa, en los Predios, que es una colonia que hay una iglesia y se cruza para tomar el bus, era un solar baldío donde lo golpean, hay casas alrededor, golpeaban a un muchacho, a Mario, que vio en el lugar a dos personas a Wilmer que le dicen jaiba y Ronald que le dicen calaca, dice que los conoce porque viven en la colonia se llevan con el muchacho, Mario se quería defender, lo golpean a puños y patadas y le pegaron con una piedra en la cabeza y lo dejaron tirado, no sabe si fue jaiba o calaca que lo golpeó con piedra solo agarraron una piedra y le pegaron por atrás de la cabeza por la oreja, eran grandes las piedras, los dos salen corriendo, yo estaba un poco largo porque iba a cruzar el solar baldío para tomar bus, dice que si discutían pero no sabe que se imagina a Mario lo auxilian las personas pero no puede calcular en cuanto tiempo sucedieron los hechos, estaba a dos casas, dice que el solar es grande lo usan para jugar pelota entre otras cosas dice que fue Alfonso el que le fue avisar a la mamá del occiso, personas cercanas describe como son los acusados, los conoce desde que tiene uso de razón, se escondió detrás de unas casas, se regresó corriendo para atrás para que no la vieran, Testigo José Alfonso López Santos... que él iba pasando por el lugar miró un montón de gente, miró tirado al finado Mario, fue donde un vecino y le hecho agua en la cabeza, le dijo a Mario que se lavara la cabeza, fue por los bomberos y cruz roja estos le dieron primeros auxilios y éste no se quiso ir en la ambulancia, se tiraba de la camilla se quitaba las vendas de la cabeza, tres veces lo subieron a la ambulancia y se tiraba no pudiendo hacer nada por él, los bomberos le dijeron que contra su voluntad no podían hacer nada que le dijeron que les firmara algo para no hacerse responsables, le fue avisar a la mamá de Mario quien vino al lugar y lo trasladamos al hospital, compró un medicamento y luego se despidió de Mario, a preguntas éste respondió dice la fecha del hecho, Mario se encontraba estable, que Mario no le dijo quien había sido el que lo golpeó porque era bien oculto en eso, solo le decía que se vengaría entre otra cosas habla que en el solar baldío a la orilla solo hay monte... Testigo Aurelia Hernández, El día 23 de julio llegó el muchacho Alfonso, entre ocho o nueve de la mañana, a avisarme de que mi hijo me lo habían golpeado en la colonia la Rosa y yo le dije quién te golpeó, quien te hizo eso, y él me dijo fue jaiba, el me ayudó hasta agarrar el taxi y me fui donde estaba mi hijo tirado muerto, nos fuimos para el hospital y el mismo día no me lo atendieron porque él se sentía tan mal y se fue para la casa, lo volvimos a llevar y fue el 24 que lo ingresamos... A preguntas, Alfonso le dijo vengo avisarle que acaban de golpear a Mario en la Rosa y lo golpeó jaiba, dicen que Mario discutió con jaiba y este se fue agarrar una piedra y se la tiró.... Al realizar un análisis en cuanto a la prueba testifical, nos damos cuenta que es solo una declaración testifical la que involucra a mi defendido, y que no es otra que la declaración de la testigo protegida Alfa, en relación a las otras declaraciones testificales, estas no pudieron percibir por sus sentidos tales hechos sino más bien por decires de la gente, además que entre dichas declaraciones existen contradicciones e incongruencias, por ejemplo cuando la testigo protegido manifiesta que alrededor del solar baldío hay casas que fue donde se ocultó y el testigo Alfonso Manifiesta que a la orilla solo hay monte, dice el testigo Alfonso que Mario (occiso) no le dijo quien había sido el que lo había lesionado, sin embargo la señora Aurelia Hernández, madre del occiso, manifiesta que Alfonso llegó y le dijo le golpearon a su hijo y fue jaiba, entonces como es que Alfonso sabia y dice que Mario no le dijo quién o quiénes eran entre otras cosas, que el Tribunal Sentenciador da credibilidad a una declaración testifical que no ha sido respaldada por otra prueba. La prueba documental consistió en, acta de levantamiento de cadáver, en la que se detallan entre otras cosas el nombre del occiso, lesiones encontradas, manera y causa de muerte, asimismo La Prueba Pericial, se tuvo la comparecencia, del perito Raúl Mauricio Guillén Enamorado, quien ratificó, dictamen de autopsia, éste establece que lo que le causó la muerte al occiso fue una lesión causada por una contusión cerebral, que fue provocada por un trauma directo, es decir la lesión que sufrió en la cabeza atrás de la oreja según el perito fue la causa primaria del deceso. El Juzgador en el apartado de Valoración de la prueba de esta sentencia que se Recurre establece; en relación a los testigos aduce que dichas declaraciones son congruentes entre si al establecer las circunstancias esenciales de los hechos que presenciaron en diferentes momentos, no se observó que estos hayan sido rendidos con un propósito espurio de perjudicar a los acusados o con el ánimo de cobrar venganza en especial la testigo Hernández, quien es la madre del occiso, quien en forma clara y mostrando seguridad relató parte de lo acontecido, encuentra en la testigo protegida Alfa, que su testimonio es creíble y que presenció el hecho que entre su declaración no hay contradicción alguna por lo que concede credibilidad a dicha prueba testifical, de igual manera concede credibilidad tanto a la prueba pericial como documental, por el hecho de que la misma es realizada por personas conocedoras y que de ahí que no hay duda en relación a dichos medios de prueba. Véase que el mismo Tribunal afirma que cada uno de los testigos observó cosas en diferentes momentos, es decir que de los hechos narrados por los testigos no se establece que observaron cuando los acusados golpeaban al occiso ya que de este extremo solo habla la testigo protegida Alfa. Señores Magistrados, es evidente que de la prueba evacuada en el debate, se desprende que la misma no es suficiente para, decretar un fallo de culpabilidad, en pocas palabras en el debate se pudo apreciar insuficiencia probatoria, pues es una declaración testifical, la que resulta toral para los señores jueces para determinar la culpabilidad de mi defendido, por lo que el tribunal al emitir el presente fallo contradice el criterio vertido por la Honorable Corte Suprema a través de la Sala de lo Penal, que establece “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En Segundo lugar que las pruebas sean válidas, es decir que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica y en tercer lugar que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es por tanto irracional inconsistente o manifiestamente erróneo.-(Sentencia 177-08, de fecha 16-11-09). La Sentencia Condenatoria hoy Recurrida contiene vicios en vista que violenta el Artículo 202 del Código Procesal Penal, mismo que refiere que las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica.- El Órgano Jurisdiccional, formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica, toda la Prueba Producida” creyendo entonces que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado del vicio in procedendo proveniente de una mala valoración de la prueba evacuada en el juicio, pues ya lo he indicado que de este juicio se infiere que mi defendido no ha tenido participación alguna, por lo que soy del criterio que se ha violentado las reglas de la sana crítica específicamente la regla de la lógica, concretamente del postulado de derivación y dentro de este el de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que la prueba no ha sido valorada de forma armónica y concatenada, lo que viene a provocar un vicio procesal que debe ser enmendado mediante sentencia por la Sala de lo Penal. Dentro de las Reglas de La Lógica, a las que debe sujetarse el Juzgador, en la Valoración de la Prueba allegada a su presencia, se encuentran las que exigen los Artículos 202 y 336 Numeral 2°, del Código Procesal Penal vigente, y recalcadas, en el Artículo 338, Regla 4º, Numeral 2°, del mismo Código Procesal Penal (.... Justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio………) Aparece El Principio De Razón Suficiente, mismo que refiere...“el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Dicho lo anterior, El Tribunal debe estructurar sus Conclusiones de las Pruebas que obren en Juicio, y en la dirección en que éstas apuntan, de tal forma que no pueda establecer su convicción, en un sentido distinto, al que todas ellas se refieren, sobre las circunstancias del hecho, es decir, EL juzgador debe reconstruir conceptualmente los hechos, de la forma en que le informan las pruebas y no en otra dirección, pues de hacerlo, vulneraria la característica de la lógica, la que debe reunir la motivación fáctica (de los hechos) o de lo contrario, vulnerando a su vez, el sistema de la sana crítica racional, que informa de la valoración de la prueba.- Asimismo, en la Valoración de la Prueba que forma parte de la fundamentación de la Sentencia el Juzgador debe fundamentarse en las normas de la experiencia común, que según la doctrina refiere a que: las normas de la experiencia común, son las nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto, como verdades indiscutibles, de tal manera, que la Sentencia que razona en contra de esas máximas, contiene un vicio en su Motivación, que será controlable en Casación, puesto que al ser del Dominio de cualquiera, puede Juzgar con más propiedad la Información que le brinda la Prueba y así poder, representarse mentalmente el acontecimiento Histórico, que pretende reconstruir.- Honorables jueces, en el caso de mérito al momento de dictar la Sentencia Condenatoria en perjuicio de mi defendido, han incurrido en violación a las Reglas de la Sana Crítica por considerar que las Conclusiones a que arribaron las Honorables jueces del Tribunal de Sentencia, de que los ahora condenados, son Responsables de cometer el Delito de: Homicidio, es producto de la Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, por parte de los Jueces de Sentencia, ya que al momento de Valorar La Prueba, No Hacen Una Valoración De Acuerdo A La Sana Crítica. Al iniciar nuestra explicación de la invocación del motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, señalé, la violación de la regla de la Sana Crítica, qua corresponde a la Lógica y que surge del principio de no contradicción, el cual, se sustenta en la fórmula, de que una cosa no puede entenderse en dos o más dimensiones al mismo tiempo.- Visto de otra manera, si se afirma una cosa o sujeto o hecho, en atención a una misma situación o relación o circunstancia en que se producen tales hechos, no puede hablarse de premisas jurídicas, unas objetivas, y otras subjetivas al mismo tiempo, o hacer deducciones probables, deducciones de hechos indicados como conocidos o desconocidos, peor aún, cuando estas, no provienen de los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, sino que provienen de los testigos, como lo aseguran los jueces sentenciadores, atribuyendo a probabilidades sobre criterios desconocidos, la sentencia condenatoria dictada por los miembros de este Tribunal sentenciador, a lo dicho por los testigos de cargo, y atribuibles a su conocimiento subjetivo de lo conocido y lo desconocido, de los hechos que son causa del juicio criminoso.- Dicho de otra manera, en el análisis por parte de los Jueces Sentenciadores, con respecto de los sujetos activos, pasivos, circunstancias en que produjeron los Hechos controvertidos en el Juicio Penal, los juzgadores, deben remitirse para dictar sentencia, al fruto de los hechos reales, conocidos, fehacientemente probados, construidos estos, sobre pilares reales y no probables, ya que en materia penal, la Lógica de la Sentencia, ya sea ésta Absolutoria o Condenatoria, como es el caso, debe dictarse, sobre realidades, y no sobre supuestos, porque de encontrarse que la Sentencia ésta basada en probabilidades, la sentencia definitiva por dictarse, debe fundamentarse en la ley, y en consecuencia, nos remite obligatoriamente a la aplicación de la figura jurídica penal, de la duda razonable, (Artículo 339, parte final, del párrafo primero Código Procesal Penal) y por lo tanto, dicha Norma Penal señala, que ante la duda, el Tribunal debe proceder a dictar sentencia absolutoria, a favor del Imputado.- por lo que de acuerdo a la experiencia y la lógica, se encuentra que los testigos han realizado una derivación mental de los hechos conocidos y desconocidos que subjetivamente los llevan a concluir que este imputado es participe de estos hechos”.- En el caso de mérito, Señorías, queda claramente establecido que el juez sentenciador, le da credibilidad de los hechos acaecidos, a las declaraciones subjetivas de los testigos de cargo, a pesar de no ser contestes en sus decires, no por haber llegado a tal convencimiento judicial, sino porque señala en su sentencia, como hechos probados las derivaciones mentales de tales testigos (hechos conocidos y desconocidos que llevan a los testigos de cargo, a considerar la responsabilidad penal de los hechos de mi defendido, y no al criterio o conclusión jurídica del Sentenciador, La Recurrente es del criterio, que si el Legislador ha establecido el Artículo 338, Regla Cuarta, Numeral 2°, del Código Procesal Penal que reza: “………, 2) Valoración De La Prueba.- Seguidamente, se expresarán las Pruebas tenidas en Cuenta, para Declarar Probados esos Hechos, Justificando según las Reglas de la Sana Crítica, el Valor que se haya dado a las practicadas en Juicio y, en su caso, el Razonamiento utilizado para obtener Conclusiones Por Presunción, a partir de indicios igualmente declarados”.- Debe interpretarse, que lo ha hecho, para que dentro del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva, los Jueces y Magistrados deben formular en esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, los razonamientos que han utilizado, para darle valor a esas pruebas evacuadas en el desarrollo del juicio oral y público; pero además de esa Cualidad, debe ese razonamiento poseer como atributo indispensable, que esa Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación, que lo contenga, no sea contradictoria en sus términos, es decir, que no anteponga proposiciones que se contrarían entre sí mismas, imposibles de conciliar en razón, como ya se dijo, del no poder ser conocidas y desconocidas, a un mismo tiempo, como, se encuentra Acreditado en la Prueba Testifical de Cargo, Documental, todas contenidas en la Pruebas de Cargo presentadas, en el Debate Oral y Público.- A hora bien Sus Señorías, la Razón del Derecho nos señala y debemos tener en cuenta, que el juicio de culpabilidad o de inocencia que emiten los jueces de sentencia, deber de tener una estructura de pensamiento, que controle a través de las leyes de la lógica, es decir, vista a través de la sentencia misma, como un silogismo, que este compuesta de dos premisas o bases y una conclusión, la premisa mayor es el hecho, la premisa menor es el derecho, que se aplica a ese hecho, y una conclusión a que se llega, como tal, debe tener una estructura de pensamiento.- Sus Señorías, tal Declaración, Enunciado, Valoración o Justificación que exponen los Jueces del Tribunal de Sentencia, constituye en consecuencia, una incoherencia que da vida al vicio de la sentencia ahora recurrida, específicamente a la Regla de la Sana Crítica, de la Ley Fundamental de la Lógica, en su Principio Lógico de No Contradicción. Reclamaciones Presentadas Para Subsanar El Vicio Procesal: El Vicio Procesal que sirve de Fundamento al Recurso De Casación, desarrollado por la impetrante en el presente Recurso, fue cometido en el Acto mismo de la Sentencia ahora recurrida, y, por lo tanto, por su naturaleza, no se pudo intentar reclamo alguno para su subsanación, ya que no era el momento procesal oportuno, por ello, es que hasta ahora que se Interpone el presente Recurso. b.- Recurrente 2 Casación Por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: “No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. Norma Adjetiva Infringida: Se invoca como norma adjetiva inobservada la comprendida en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 Nº3 del Código Procesal Penal. Expresión Del Motivo De Casación La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Este sistema de valoración, que implementa nuestra norma legal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica. la psicología y la experiencia común. - Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica en su ley lógica de la derivación, a observarse en la valoración de la prueba y que se convierte en consecuencia en la violación de los artículos mencionados por parte del Juzgador al dictar una sentencia condenatoria en contra de mi representado. Ya que no le asiste la razón suficiente, para justificar el fallo condenatorio pronunciado. En el presente caso al analizar la sentencia recurrida se observa que el Tribunal al dictar la misma en contra del imputado Wilmer Renato Ríos Espinal por el delito de Homicidio en perjuicio de Mario Enrique Baquedano Hernández, viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación. El yerro denunciado se presenta en la valoración intelectiva que el juzgador hace de la prueba presentada en juicio, al arribar a conclusiones que no corresponden a una derivación lógica de las premisas planteadas, el vicio se produce específicamente al valorar la prueba de cargo testifical, que se desprende que con la declaraciones de cargo de los testigo José Alfonso López Santos, Aurelia Hernández, así como la prueba pericial consistente en el dictamen de Autopsia AT-2013-1394, por el Médico Forense Raúl Mauricio Guillén Enamorado, practicado al ofendido. La declaración de José Alfonso López Santos en su calidad de testigo de cargo y ante el interrogatorio del Ministerio Publico manifestó: “En ese momento cuando yo iba pasando por la zona yo miré un montón de gente que estaba allí, en ese momento miré tirado al finado Mario yo fui donde un vecino y le eche agua en la cabeza y le dije que se lavara la cabeza, había una muchacha y le dije que llamara a la ambulancia o a los bomberos para que lo fuera a traer, y me dijo que los bomberos no podían llegar no conocen la zona y yo les dije que yo los iba a ir a traer que me esperaran debajo de la posta, al llegar con los bomberos le dieron los primeros auxilios, le preguntaban cómo se llamaba y le dijeron que lo iban a llevar al hospital, y él decía aquí déjenme, yo le decía que era por su bien, cuando lo quisimos llevar a la camilla él se tiraba y se quitaba las vendas que tenía en la cabeza en ese momento, tres veces lo quisimos montar a la ambulancia y no pudimos hacer nada, entonces los bomberos me hicieron que firmara una nota donde decía que no habían podido llevar a Mario, y luego le fui a hablar a la mama, yo Salí corriendo porque estaba demasiado largo de las Torres a la Flor del Campo, y yo le dije súbamelo a la fuerza y móntemelo, iba una sobrina de ella y lo llevamos al Hospital Escuela, allá lo ingresamos, llegamos a emergencia y yo hice el papeleo con la mamá, cuando ya me iba del hospital le dije a Mario, nos vemos cabrón porque así hablamos, después de eso yo no supe más. ¿A pregunta de la Fiscalía cuándo usted encontró a Mario en qué estado lo encontró? Consiente. ¿Qué decía Mario en ese momento? Déjame Perrón que me quiero morir. ¿Qué le dijo que había pasado? Nada porque él era bien oculto en eso. ¿Quién te hizo esto? nadie déjame perrón que me quiero morir yo me voy a vengar. El testigo Aurelia Hernández ante el interrogatorio refirió lo siguiente: ¿Cuándo usted llegó donde estaba Mario cómo estaba? Estaba sangrando bastante y con un contorno de trapos en la cabeza, según Alfonso me dijo que habían llegado los bomberos y dicen que no se dejó llevar, cuando lo llevamos para la casa yo lo atendía, pero empezó a darle ataques lo volvimos a llevar al hospital como a eso de las 10.00 de la noche y fue cuando lo ingresaron, cuántos días estuvo su hijo interno? 6 días, en ese lapsus que estuvo con él, el estado de Mario? ¿el último día el viernes en la mañana él me dijo que se iba a morir, pregunta de la Defensa, Cuántas veces lo ingresaron al Hospital a Mario ese día? El día que lo hirieron yo lo llevé, pero no lo atendieron porque él se tiraba de la camilla y en la noche si lo ingresaron, ¿Qué le dieron la primera vez que estuvo en emergencia? No le hicieron nada solo me dijeron que él no se dejaba hacer nada. Así mismo se allego a la plataforma fáctica el dictamen de Autopsia AT-2013-1394, por el Médico Forense Raúl Mauricio Guillén Enamorado, practicado al ofendido. En el cual se concluyó desde el punto de vista médico legal vamos a encontrar la causa de la muerte, que fue un acumulo de sangre por debajo de la membrana que cubre el cerebro, luego se va produciendo el daño severo debido a ese traumatismo. ¿Cuándo hay un paro cardíaco respiratorio que afecta el corazón? El musculo cardíaco. ¿En el Hospital Escuela cuál es el tratamiento inmediato para ese tipo de lesiones? Es identificar o valorar la vías respiratoria, posteriormente canalizar al paciente, en este caso se tenía que haber puesto un collarín, hacerle una tomografía cerebral, sino se le hizo es porque pueda de que la máquina esta mala, pueda que en ese momento los familiares no tengan dinero para hacer una tomografía cerebral, muchas veces la evaluación se hace por vía de los médicos neurólogos o neurocirujanos en el cual ellos va a identificar posteriormente de un examen físico o valorarlo, en este caso si necesita una intervención quirúrgica de urgencia o un tratamiento conservador, en este caso desconozco las razones por las cuales no se hicieron, pero el manejo en este caso era conservador, dependiendo de cómo iba a ir progresando el paciente y tomando en cuenta las multicualidades que hay en el Hospital Escuela o carencias en este caso por lo cual no se realizó dicho procedimiento con urgencia. En las conclusiones Que si el paciente hubiese sido atendido el día en que los hechos sucedieron el pronóstico hubiese sido mejor y el resultado no hubiese dado como consecuencia el fallecimiento del ofendido. y desde el momento en que incurrieron los hechos hasta que el paciente recibió atención transcurrió un total de 31 horas, y los traumatismos cráneo encefálicos son urgencias médicas que ameritan de una atención inmediata, para evitar las complicaciones y las secuelas neurológicas en los pacientes. Del estudio de las pruebas anteriormente descritas nos llevan a la convicción que la ideación delictiva del imputado responde más una finalidad intimidatorio por medio de lesiones y no de matar, pues de hecho el ofendido nunca perdió el conocimiento, no estuvo inconsciente porque él fue la persona que decidió no irse en la ambulancia al Hospital, la señora dice que fue la enfermera que le indicó que se fuera, pero cuando es un caso de gravedad no los dejan ir, a veces hasta los amarran y les ponen un médico de los internos que no puede salir de allí, es por ello que la defensa considera que el médico tratante observó que no había peligro de muerte, y que si él se le hubiera dado un tratamiento oportuno, los hechos o la condición del señor Mario Enrique Baquedano Hernández, hubiera sido otra, todo el tratamiento tardío conllevo a la muerte, lo cual ha quedado establecido por el médico forense y la consultora propuesta por nuestra parte. De este análisis la Defensa considera que el razonamiento efectuado por el Tribunal sentenciador no fue aplicado correctamente y estima que la sentencia dictada en juicio no está en armonía con lo que revelan las pruebas vertidas en juicio y arribamos a la conclusión que el Tribunal no puede derivar una responsabilidad del delito de Homicidio, pues se desprende que no era para quitarle la vida al ofendido, que era simplemente lesionar no con la intención de provocarle un mal mayor. pues el imputado se retiró del lugar por su propia decisión, y que si lo hubiera querido matar perfectamente lo hubiera hecho, por lo que el actuar del imputado se subsume en los presupuestos objetivos exigidos para la falta penal de Lesiones. Y al hacer acopio a esta figura le estamos diciendo al Tribunal que nuestro representado participó en los hechos, no estamos alegando la no participación del mismo como pudiere ser en otras ocasiones, le estamos diciendo al Tribunal que nuestro representado estuvo en los hechos y que lesionó a Mario Enrique Baquedano Hernández, y que si hubiese sido atendido el día de los hechos el pronóstico no hubiera resultado en fallecimiento, sino que en una simple falta de Lesiones. Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Yerro. - Siendo que el yerro que provoca la interposición del presente recurso se presenta en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello la subsanación de este a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante. Fundamentación Jurídica A.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los hechos probados. b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 1: Motivo Único *Precepto Autorizante: Sin determinar por el recurrente; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 116 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la norma penal sustantiva que tipifica el delito de Homicidio; *Pretensión: Se anule el fallo o que se decrete sentencia absolutoria a favor de los acusados. La recurrente 1 señala que, tras analizar los medios de prueba testifical, documental y pericial, se aprecia la existencia del vicio (SIC), dado que los acontecimientos no se subsumen en lo que establece el artículo 116 del Código Penal; afirma que no se tiene la certeza de quien fue la persona que le propinó el golpe con una piedra en la cabeza al ofendido, que fue la lesión que le produjo la muerte al mismo; advierte que los acusados, si en algún momento tuvieron una riña con el ofendido, no se puede decir que actuaron con la intención de darle muerte, más bien de causarle lesiones, en especial cuando el testigo protegido indica que tras golpear al ofendido salieron corriendo sin asegurarse que le habían quitado la vida. Concluye la recurrente 1, que los hechos se subsumen en lo establecido en los artículos 119 y 120 del Código Penal vigente. Del Delito de Homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio. El delito de Homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido, ello obliga a definir cuando inicia y termina ésta a efectos de deliminar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A) Partiendo de una perspectiva legal, la vida independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el tránsito del bebé a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir inicia en el instante de la salida del bebé del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; la Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (tipología conglobante), en especial la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, así es la etapa de parto conocida como expulsión es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B) La vida independiente termina con la muerte, ésta en la mayoría de los casos se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Perdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardiaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de respiración espontánea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y perdida de la función cerebral.- En otros casos la producción de la muerte no es tan evidente (por ejemplo: la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá ser con base en lo que determina la ley de Donación y Trasplantes de Órganos Anatómicos en seres humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos y tejidos materiales anatómicos, pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley, cuando ocurre la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; Tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto activo: puede ser cualquier persona; b. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; iii.- Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado Extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y iv.- Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de feminicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso: matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de homicidio para darle paso al delito de asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso Nacional, director de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados, jueces o magistrados del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, defensores públicos, agentes de la Policía Nacional o de Investigación, agentes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y testigos protegidos, militares en servicio activo, director, subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro operador de justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de homicidio, se requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; No constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá de ser calificado como homicidio preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de homicidio, las siguientes: a. Según su estructura: i.- Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii.- Tipo penal simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su contenido: i.- Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo penal de acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el sujeto activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el bien jurídico tutelado: i.- Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii.- Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa. El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1) Fase interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aún con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) Fase intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva: el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, en lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en el artículo 330 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3) Fase externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP) como regla general no son punibles, salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento subjetivo: el elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la ejecución del delito: al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, se refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos inequívocos: exige el artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor).- La tentativa puede ser acabada cuando el sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que éste se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso, o inacabada cuando el sujeto activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad; iv. Actos idóneos: el artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (tentativa inidónea); y v. Involuntaria falta de consumación: como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. d. Delito consumado: la consumación es la última etapa del iter criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la Coautoría Para dar respuesta a la recurrente 1, es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, siguiendo la doctrina legal sentada por este Tribunal de Justicia en las sentencias: de fecha 12/12/ 2016 del Exp 402-2013, de fecha 12/12/2016 del Exp 513-2014, de fecha 12/01/2016 del Exp 025-2013, de fecha 22/09/ 2015 del Expediente 229-2014, de fecha 19/05/2015 del Exp 365-2012, de fecha 10/02/2015 del Exp 235-2012, entre otros. Fernando Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614) explica que el concurso de personas en el hecho punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio, en el tema de los partícipes se estudia al cómplice, al cómplice necesario y al inductor.- Ahora bien el legislador hondureño regula la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: a. Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: el autor inmediato o material, la coautoría, autoría sucesiva, la autoría mediata por fuerza en el instrumento (no incluye la autoría mediata por error del instrumento), el inductor y el cómplice necesario y; b. Son cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultáneo con éste; de este modo el legislador -de manera muy propia- redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, ya que, en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino participes. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas está la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes. Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent. Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13). - Esta teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sent. de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anónima Editora, pag 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho; así, por ejemplo: la coautoría; c. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la coautoría se presenta cuando dos o más personas, con base en un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: a. Coautoría por co-dominio material del hecho, se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; ejemplo: varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y b. Coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tienen como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Recíproca. (En Sent. Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010). Son requisitos para que se presente la coautoría: el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: a. Acuerdo común (Pactum Sceleris): Es la reunión de voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás a realizar una tarea en la realización del hecho, es el acuerdo común, es el nexo subjetivo que les une; el acuerdo puede ser expreso o tácito: i. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación de participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y ii. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. b. Aporte objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general; por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y c. Aportación en la fase de ejecución: la aportación del coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que une las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; entonces, cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecutó sin que se pueda comunicar esta responsabilidad a los demás coautores; la responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan preconcebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de RECIBO. - La recurrente 1 solicita que se condene al acusado Ronald Joel Flores Lagos, por los delitos contemplados en los artículos 119 y 120 del Código Penal, mismos que constituyen figuras distintas entre sí, por lo que la falta de precisión respecto a que figura delictiva es la que considera se subsume en el presente caso y la falta de argumentos recursivos que explique el porqué lo considera así, hacen que la pretensión sea improcedente. La improcedente pretensión es la conclusión de un recurso con defectos de planteamiento; la recurrente 1 alega en su oposición que se deben analizar: la prueba testifical, documental y pericial y que tal análisis arrojará que los hechos no se subsumen en el artículo 116 del Código Penal; la recurrente 1, olvida que la vía impugnativa que ha elegido descansa en el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, el que manda que el Recurso de Casación por Infracción de Ley tomará el factum como una verdad incuestionable, siendo el objeto de esta instancia el control de legalidad de las normas sustantivas aplicadas por el juzgador a tales hechos, empero la recurrente 1 invita a dejar de lado lo declarado probado e internarse en lo que señala la prueba. La narrativa fáctica contenida en la sentencia señala: *El 23 de julio de 2013, alrededor de las 07:30 a.m., en la Colonia La Rosa, específicamente en un solar, se encontraban los señores Wilmer Renato Ríos Espinal, Ronald Joel Flores y Mario Enrique Baquedano Hernández, éste último bajo los efectos del alcohol *En un momento determinado comenzó una discusión de los dos primeros con el tercero; los señores Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores, procedieron a golpear con sus manos y sus pies al señor Mario Enrique Baquedano Hernández, en el tórax y abdomen, tomando uno de los primeros una piedra, la que impactó en la parte izquierda de la cabeza, atrás de la oreja, mientras el otro le golpeaba con los pies también en la cabeza; *Como consecuencia de los golpes recibidos, el señor Mario Enrique Baquedano, sufrió fractura de los huesos que forman la base del cráneo, lo que le provocó una hemorragia e inflamación del cerebro; *Después de los hechos el señor Mario Enrique Baquedano fue ingresado al Hospital Escuela, en donde falleció 04 días después. Los hechos relatados permiten establecer que los acusados Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores, desplegaron un ataque en contra del ofendido Mario Enrique Baquedano, con una intensidad importante pues no solo procedieron a golpearlo en conjunto sino que además buscaron partes del cuerpo vulnerables, que sustentan la vida, y todavía más, procuraron usar una piedra como instrumento contundente para impactar en la cabeza al ofendido, lo que en conjunto revela un ánimo inequívoco de causar muerte, misma que efectivamente aconteció como consecuencia de habérsele desarrollado al ofendido una hemorragia e inflamación cerebral ocasionado por la fractura de los huesos de la base del cráneo que produjeron los acusados cuando golpearon al ofendido, es así que existe nexo causal entre la conducta de los acusados y el resultado muerte sufrido por el ofendido. Para el recurrente 1, la falta de identificación de cuál de los acusados fue quien tomó una piedra para impactarla en la cabeza del ofendido, es motivo por el cual no debe ser aplicado el artículo 116 del Código Penal, criterio que no comparte esta Sala de lo Penal, dado que es claro que los acusados actuaron de manera conjunta, aportando con sus conductas individuales hechos en procura de dar muerte al ofendido; es decir, que los acusados participaron en la ejecución del delito como coautores, por lo que el resultado final les es imputable a los dos, aun cuando no se determine quién de ellos fue el que impactó la piedra en la cabeza del acusado. También la recurrente 1 discute que no existió intención de dar muerte por parte de los acusados, sino la de lesionar, en especial porque el testigo protegido refirió que éstos salieron corriendo sin asegurarse de haberle quitado la vida al ofendido. La recurrente 1 en su alegato aborda dos situaciones legales distintas: el dolo y el grado de consumación: a. Existe ánimo de matar en los acusados, ello así determinado por un conjunto de factores que convergen, según el hecho declarado probado como ser: i.- El número de atacantes, los cuales son dos personas; ii.- Las condiciones del ofendido, tratándose de una sola persona, la que además se encontraba en estado de ebriedad, lo que le pone en condición de no poder oponer defensa; iii.- Intensidad del ataque, que en el presente caso se trató de repetidos golpes en el cuerpo del ofendido, el que cayó al suelo como consecuencia; iv.- Instrumentos usados para el ataque, eligiendo los acusados sus manos y sus pies, provocando con los segundos mayor poder de impacto y por consiguiente mayor daño corporal, pero aún más, los acusados usaron una piedra, como objeto contundente cuya masa compacta ocasiona grave daño corporal; v.- Lugar del ataque, eligiendo los acusados el abdomen, el tórax y principalmente la cabeza, zona vital, en donde los acusados no solo golpearon con sus manos, sino que además con sus pies e incluso con una piedra, la que al final provocó la lesión que desencadenó el proceso que le llevó perder la vida al ofendido. Por todo ello es posible concluir que los acusados realizaron la conducta con el ánimo de matar, desencadenando con su actuar una cadena causal de hechos que desembocó en un resultado idéntico a aquel ánimo. b. Partiendo de los hechos declarados probados, no existe ningún hecho que determine que el resultado no es producto y consecuencia de la conducta de los acusados; no existen circunstancias naturales o provocadas por terceros que haya variado el curso causal, sino que éste es consecuencia inexorable del actuar de los acusados; por tanto, no es posible formular reproche por delito de lesiones o de tentativa de homicidio, cuando el ánimo con que se actuó fue de matar y además se alcanzó tal propósito, existiendo entre la conducta y el resultado un nexo causal necesario. B.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurrente 1: Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202, 336.2 y 338.4.2 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Valoración de la Prueba sin observar las reglas de la sana crítica; *Reclamación Ex ante: Imposibilidad al estar contenido el vicio en la sentencia.*Pretensión: Sin determinar por la recurrente 1. La recurrente 1 manifiesta en su recurso que al realizar análisis de la prueba testifical se devela que solo la declaración del testigo Alpha involucra al acusado Ronald Joel Flores Lagos, dado que las demás declaraciones testificales son referenciales, además de adolecer de contradicciones e incongruencias. Indica que la prueba evacuada en el debate no es suficiente para decretar un fallo de culpabilidad (SIC), es decir que se debe declarar que existió insuficiencia probatoria, pues con una sola declaración testifical no se puede determinar la culpabilidad del acusado. Sigue manifestando la recurrente 1 que “la sentencia hoy recurrida contiene vicios en vista que violenta el artículo 202 del Código procesal Penal”, esto por una mala valoración, ya que para la recurrente 1, se infiere de la prueba que el acusado no ha tenido participación en el delito, lo que transgrede el principio lógico de derivación. Líneas adelante se señala adicionalmente que se ha comprometido el principio de no contradicción. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. – Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social a través de procesos sensibles e intelectuales que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo.- La Sala de lo Penal ha hecho estudio del único motivo planteado en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, determinando que éste adolece de importantes defectos de forma que impiden realizar un pronunciamiento de fondo; La recurrente 1 no ha hecho mano de la debida técnica recursiva al momento de construir su recurso: a.- El libelo de interposición del motivo da la apariencia de haber sido confeccionado a partir del reciclaje de dos recursos. Luego de la presentación del motivo se aprecia el título “Explicación del Motivo”, se desarrollan los argumentos recursivos, pero después de tres páginas y media se presenta un párrafo que dice: “Al iniciar nuestra explicación de la invocación del motivo de casación por quebrantamiento de forma...”, fijando un nuevo comienzo en las argumentaciones, como si se tratara de un texto que fue copiado. b.- La recurrente 1, luego de la presentación del motivo dio avance a su explicación sin determinar cuál era la regla de la sana crítica que consideraba infringida en el proceso de valoración de la prueba, y no fue sino hasta ya muy adentrado en la impugnación que se señala que se violentó el principio lógico de derivación, esto como consecuencia de que se ha concluido que el acusado Ronald Joel Flores Lagos es responsable del delito por el cual fue juzgado, es así que la razón de la denuncia es el mero desacuerdo de la recurrente 1 con lo decidido por el A-Quo, lo que no constituye fundamento válido de objeción, pues el recurso debe de fundamentarse en la existencia de uno de los motivos que prevé el Código de Rito como defectos de forma, y en el caso específico, en la violación de una de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. La recurrente 1, cuando denuncia la violación del principio lógico de derivación hace implícito compromiso de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar porqué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada; sin embargo nada de ello se aprecia en el recurso. En la segunda parte del libelo (que identifica esta Sala de lo Penal como reciclaje de otro recurso), la recurrente 1 además denuncia que se ha infringido el principio de no contradicción, sin hacer identificación de los razonamientos judiciales colisionantes, como modo de demostrar la existencia de contradicciones esenciales en la decisión judicial; lejos de esto la recurrente 1 desplayó consideraciones de carácter abstracto sobre lo que debe ser la valoración probatoria. c.- Dentro de las argumentaciones, la recurrente 1 indica que la prueba evacuada en la audiencia de debate fue insuficiente para decretar un fallo de culpabilidad, aspecto ajeno a la violación de las reglas de la sana crítica, y sí vinculado con la suficiencia probatoria que se audita en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional cuando se denuncia violación al estado material de inocencia. Como hemos explicado en el apartado anterior, no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido con respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. En el motivo subjudice la recurrente 1 señala que las declaraciones testificales que fueron evacuadas en la audiencia de debate fueron contradictorias e incongruentes, es así que su ataque va dirigido al contenido de la prueba y no a la valoración que de ésta hizo el a-quo, ataque que tiene como fin provocar un reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las comparen con aquellas a las que arribó el a-quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal, a depender de si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en casación. Por lo señalado el motivo de casación denunciado defecto de forma debe ser declarado sin lugar. Recurrente 2: Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 del Código procesal Penal; *Concepto de la Infracción: valoración de la prueba sin observar las reglas de la sana critica; *Reclamación Ex Ante: imposibilidad al estar contenido el vicio en la sentencia. *Pretensión: sin determinar por la recurrente 2. Denuncia la recurrente 2 la violación del principio lógico de derivación, pues considera que el juzgador arribó a conclusiones que no corresponden a las premisas planteadas; especifica que el vicio se produce en la valoración de la prueba de cargo testifical que hizo el juzgador, consistente en la declaración del señor José Alfonso Lopez Santos y Aurelia Hernández, en relación con la prueba pericial de autopsia AT-2013-1394; estima que dichas pruebas forman convicción que la ideación delictiva del acusado Wilmer Renato Ríos Espinal, responde a un propósito intimidatorio por medio de provocar lesiones y nunca a un propósito de dar muerte, esto tomando en cuenta que el ofendido nunca perdió el conocimiento y que después del evento decidió no ser atendido, ni irse en la ambulancia al hospital, es pues que a consideración de la recurrente 2 fue el tratamiento tardío que provocó la muerte del ofendido. Concluyó la recurrente 1 que el razonamiento efectuado por el juzgador de la prueba fue incorrecto, pues no se puede determinar la existencia de responsabilidad por un delito de homicidio dado que la intención del acusado no era quitarle la vida al ofendido, sino que simplemente lesionarle, y que fue la falta de atención lo que le provocó la muerte. Relación de Causalidad e Imputación Objetiva Por muchos años los Tribunales de justicia se asieron a la Teoría de la Monocausalidad, que determinaba que, como causa del resultado a la acción del autor que la causara directamente desde una perspectiva natural, sin embargo dicha teoría ha sido superada pues el derecho penal ha enseñado de manera insistente que un resultado lesivo puede ser consecuencia de una convergencias de condiciones siendo muchas de ellas ajenas al autor, por lo que la Teorías de Pluricausalidad ha permitido resolver tales situaciones de convergencias causales, identificando la relación causal determinante para el resultado y así la posibilidad de formulación de atribución al sujeto activo que la haya realizado. Previo a seguir el desarrollo es importante advertir que el estudio de las relaciones causales y de la imputación objetiva es aplicable tanto a los delitos comisivos como los delitos omisivos, más solo a los delitos de resultado y no así a los delitos de mera actividad, por cuanto en estos es indiferente la producción o no de una cadena causal, dado que el delito se considera existente a partir de la conducta comisiva u omisiva del sujeto activo. Por tanto, en todo lo relacionado en este apartado se deberá tener presente esta circunstancia. La relación de causalidad o nexo causal permite determinar positiva o negativamente, si un resultado determinado y penalmente relevante es consecuencia de una conducta específica e igualmente penalmente relevante; dicho de otro modo, la relación causal permite establecer si el resultado puede ser vinculado a la conducta realizada por el sujeto activo y por ende atribuido el delito a éste. Al momento de accionar la potestad jurisdiccional el juzgador encuentra ante él: i.- Un sujeto activo, quien realizó una conducta (comisiva u omisiva), revestida de voluntad, es decir en el ejercicio pleno de su libre albedrio; y ii.- Un resultado que ha lesionado (delitos consumados) o puesto en peligro (delitos tentados) un valor axiológico constitucionalmente protegido. - La labor del juzgador es establecer si la primera es condición necesaria para la producción de la segunda. - El fundamento de ello lo encontramos en el artículo 13 del Código Penal 144-84. Ahora bien, inicialmente la relación causal o nexo causal era un aspecto que se estudiaba a nivel de la conducta humana como primer elemento de la teoría del delito y fue bajo este manto que se desarrollaron teorías que se basaban en un concepto natural de resultado; sin embargo, posteriormente este concepto de causalidad natural (ontológico) fue desplazado por un concepto normativo (axiológico), por lo que se pasó a estudiar los aspectos de causalidad bajo la formulación de la imputación objetiva como integrante de la tipicidad, la que le sumó el estudio de la imputación subjetiva (dolo e imprudencia).- En cualquier caso es oportuno apuntar la imposibilidad que en el derecho penal de autor, como el hondureño, sea posible la aplicación del Principio Versarii In Re Illicita (traducción aproximada: quien quiere el hecho asume sus consecuencias) el que bajo una bandera de defensa social posibilita la imputación exclusivamente objetiva por un hecho antijurídico y ajeno al nexo causal puesto en marcha por el autor de aquél; es decir, imputación no solo de los resultados directamente causados por el sujeto activo como consecuencia de su conducta delictiva, sino que además, la imputación de cualquier hecho que acontezca aun cuando no sea parte del nexo de causalidad. Han sido muchas las teorías que han tratado de explicar primero la relación causal y después la formulación de la imputación objetiva, todas ellas a la luz de las escuelas penalistas del momento, entre las que tenemos como las mayor estudiadas y difundidas: a.- Teorías de Causalidad Natural (parte del elemento de conducta humana dentro de la Teoría del Delito): *Teoría de la Equivalencia de las Condiciones (Causa, Causae, Causa Causati/ la causa de la causa es causa de lo causado): Teoría concebida en el siglo XIX la que reza que todas las condiciones que generan el resultado tienen idéntica e equivalente calidad causal, y de allí su nombre (Velásquez Velásquez, Mauricio, Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Bogotá, Pág. 387 y 388), por tanto, toda aquella persona que haya aportado una condición para la producción del resultado, sería igualmente responsable, pues todas las condiciones se consideran equivalentes en importancia. Se opone a esta primera versión de la Teoría de la Equivalencia la crítica que toda condición natural que ha contribuido al resultado es causa de éste, por lo que su cobertura es extensa dado que las condiciones más lejanas, inclusive aquellas que sobrepasan el conocimiento y control del autor serían condiciones en una retrospección infinita (Regressus Ad Infinitum). Como respuesta el autor Bustos Ramirez (Bustos Ramirez Juan, Manual de Derecho Penal Parte general, Editorial Ariel, Barcelona, 1984, pág. 147), explica que surgió la Prohibición de Retroceso, es decir la limitante del juzgador de no poder ir más allá del hecho determinado producido. Como argumento reivindicativo se señala que en una primera aproximación al caso es conveniente tener sobre la mesa todas las condiciones que hayan contribuido al resultado, para posteriormente realizar una oportuna y adecuada discriminación de éstas, con auxilio de otras teorías causalistas. *Teoría de la Condición (Conditio sine qua non): Es un derivado de la teoría de la equivalencia, cuyo propósito es evitar equiparar a toda condición como causal. El resultado es causa de toda condición que no pueda ser suprimida o incluida, sin que como consecuencia también sea suprimido o incluido aquel. El proceso de comprobación pende si se trata de un delito de acción o de un delito de omisión. - Cuando es un delito de acción se apela a la “supresión hipotética” de esa condición comisiva: a.- Si el resultado se mantiene después de la supresión, implica que la condición no es causa de aquel, descartándose el nexo causal de producción; b.- Si el resultado desaparece después de la supresión, significa que la condición es causa de aquel y por tanto existiría nexo causal de producción.- Cuando se trata de un delito de omisión (propio o impropio) se apela a la “inclusión hipotética” de esa condición omisiva: a.- Si el resultado se mantiene aun después de la inclusión de la conducta indebidamente omitida por el autor, implica que la condición (conducta dejada de hacer), no es causal del resultado, y por tanto no existe nexo causal de evitación; b.- Si el resultado desaparece tras incluir la conducta indebidamente omitida (causal de evitación), significa que la condición produjo el resultado y por ende existe- entre uno y otro- nexo causal de evitación. Se ha indicado que esta segunda versión de la Teoría de la Equivalencia de las Condiciones es una teoría de comprobación y no de definición; la supresión de condición para establecer el nexo causal solo puede responderse cuando se ha determinado de previo que una condición está vinculada con el resultado, de modo que no es posible la investigación de una relación causal desconocida. Además, se le objeta que no resuelve los problemas de: a.- Doble causalidad: cuando el resultado no deriva de una sola condición sino de una convergencia de ellas, en donde cada una por si sola es eficiente para causarlo, como por ejemplo dos personas, son colusión, vierten veneno suficiente en la bebida de otro, quien muere a causa de ello; b.- Cursos causales complejos: a la condición aportada por el autor le anteceden condiciones preexistentes, como la condición hemofílica del ofendido que propicia la muerte por las lesiones recibidas, las que en condiciones normales no hubiese acontecido. b.- Teorías de Causalidad Normativa (Parte del elemento de Tipicidad dentro de la Teoría del Delito): *Teoría de la Adecuación o de la Condición Adecuada: En términos generales llama a identificar como causa, no a toda condición que contribuya al resultado, sino solo aquella que conforme a la experiencia general habitualmente es adecuada para producirlo (origen de su nombre) y además que la condición sea de aquellas que la norma penal identifique como reprochable. La teoría, concebida en la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, trata de restringir lo extensivo de la Teoría de la Equivalencia; señala que no todas las condiciones que convergen para producir el resultado son causas, sino solo aquellas que originan el riesgo a la producción del resultado que castiga la norma penal y que le sean previsibles a cualquier persona media con la debida diligencia; es decir parte del conocimiento general y previo que sobre los mismos fenómenos se tengan, de modo que obliga a hacer comparación de otros resultados y condiciones que la causaron para identificar en el caso concreto esas mismas condiciones (Método Deductivo: de lo general a lo particular). La teoría, para efectos de atribución del resultado, se apoya en un criterio de previsibilidad, valorando lo que una persona media pudiese prever, así entonces si para cualquier persona (valoración objetiva), actuando con la debida diligencia le era predecible la cadena causal y el resultado, entonces es atribuible al autor del caso concreto el resultado; el juzgador debe colocarse en la situación ex ante en la que se encontraba el sujeto activo al iniciar su conducta para poder determinar los hechos que éste conocía en ese momento y por ende la posibilidad de previsibilidad que la persona media tendría en esas mismas condiciones del curso causal y del resultado. La teoría tiene como principal crítica que descansa sobre un componente de experiencia común para poder determinar la previsibilidad de la cadena causal y del resultado, así entonces no le sería atribuible el resultado al sujeto activo que tenga conocimientos especiales superiores a la media común que le permitiese prever cursos causales y resultados impredecibles para todos los demás. *Teoría de la Relevancia: Nacida en la primera mitad del Siglo XX, se le considera la predecesora de la Imputación Objetiva. Parte de la equivalencia para definir la relación causal, pero para efectos de formular atribución por el resultado remite a la relevancia jurídica del suceso causal. Es decir, sería causa aquella condición que suprimida mentalmente provocase el desaparecimiento del resultado típico, siempre que dicha condición tuviere una categoría jurídica de acuerdo con cada descripción típica (Reyes Alvarado, Yesid, Imputación Objetiva, Editorial Temis, Bogotá 1996, pág. 27 y 28). Para el autor Velásquez Velásquez (Óp. Cit Pag. 390), en esta teoría se distinguen dos estadios: el causal y el normativo, siendo su crítica que no alcanzó a explicar los criterios para discriminar la condición relevante. c.- La Imputación Objetiva. Gómez de la Torre, Arroyo Zapatero, García Rivas, Ferre Olive y Serrano Piedecasas (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferre Olive, Juan Carlos; y Serrano Piedecasas, José Ramón; en Lecciones de Derecho Penal Parte general, Editorial Praxis, Barcelona, 1996, pág. 136), explican que los causalistas se limitan a contestar: ¿”A” es causa eficiente del resultado “B”?, mientras que la Teoría de la Imputación Objetiva, se cuestiona: ¿Esa relación de causalidad es la que desea sancionar el ordenamiento penal?, por lo que para esta última el problema es doble: primero establecer la existencia del nexo causal y después valorar su relevancia penal. La imputación objetiva, planteada bajo la concepción actual en la segunda mitad del siglo XX (y aun en desarrollo), y cuyo máximo exponente es Claus Roxin con su Teoría del Riesgo, debe su nombre a que se trata de un conjunto de principios teóricos que se desprenden del ámbito objetivo de la tipicidad y que buscan poder imputar a una persona una conducta que está vinculada normativamente con un resultado catalogado como dañoso por el ordenamiento penal. Recordemos que la tipicidad tiene componentes objetivos y subjetivos, donde la imputación objetiva se desprende ese aspecto objetivo del tipo, dejando para un estudio independiente ese otro aspecto subjetivo (imputación subjetiva) por realización de la conducta de manera dolosa o imprudente. Conforme a la Teoría del Riesgo solo será posible atribuirle a una persona la producción de un resultado dañoso cuando objetivamente pueda verificarse que éste realizó una conducta de riesgo jurídicamente relevante que la produjo, cuya evitación es el objeto de la norma penal que prevé el tipo. De tal concepto se desprende que para la formulación de la imputación objetiva se requiere de tres componentes: a.- Conducta creadora de un riesgo penalmente relevante; b.- Riesgo concretado en un resultado (de lesión o de peligro); c.- Resultado alcanzado por los márgenes del ámbito de protección del tipo penal. *Conducta creadora de un riesgo penalmente relevante: El sujeto activo con su actuar crea un riesgo que no es permitido por el ordenamiento jurídico, el que establece barreras de protección a favor de bienes sociales. La conducta puede estar absolutamente proscrita por el ordenamiento (delitos dolosos), por lo que el comportamiento que genera el riesgo debe subsumirse en el comportamiento típico o puede estar permitida bajo ciertos límites de riesgo tolerable, los cuales son sobrepasados por el sujeto activo (delitos imprudentes). En resumen, el riesgo debe suponer la posibilidad objetiva de que se concrete un resultado típico, dejando afuera las actividades de riesgo socialmente permitidas realizadas prudentemente (conducción de vehículos, viajes en avión, uso de estufas de gas, intervenciones quirúrgicas, etc.). Desarrollando lo anterior, es de mencionar que la mayoría de las conductas humanas realizadas en el seno social representan en menor o mayor grado un riesgo para bienes jurídicos tutelados, por lo que la definición objetiva de la frontera de lo tolerado y no tolerado dependerá de un conjunto de factores a definir en cada caso concreto (sujeto activo, sujeto pasivo, lugar, tiempo, forma de la conducta, etc.) y a criterios de valoración no excluyentes como: i.- Evaluación del riesgo desde la perspectiva de una persona medianamente prudente, en consideración a la previsibilidad; ii.- Cumplimiento de las expectativas sociales en el actuar del sujeto activo; iii.- Nivel de observancia de las regulaciones propias de la conducta realizada; etc. Son supuestos que excluye este primer componente: i.- Conductas de disminución de riesgo, que aglutinan el conjunto de conductas que, si bien crean un riesgo, tienen como fin neutralizar o disminuir otro riesgo mayor, por lo que el resultado que se produzca no puede ser atribuido al sujeto activo, dado que la norma no prohíbe conductas de protección. Como ejemplo se señala a la señora que empuja al señor en la vía publica causándole lesiones, con el propósito de que no lo impacte un vehículo que circulaba por el lugar; ii.- Puesta en peligro, libre y voluntaria de la víctima: se refiere a los casos en donde no solo el sujeto activo ha creado el riesgo no permitido, sino que además la víctima ha contribuido a su creación o ha aceptado el mismo.- Esta causa de exclusión, aplicable para delitos imprudentes, se basa en el supuesto de que la víctima es autoresponsable de sí misma y que tiene un conocimiento informado de los riesgos presentes (ya sea porque contribuyó a su creación, ya sea porque indujo su creación, ya sea porque los aceptó), riesgo no permitido que a la postre produce un resultado dañoso en su propio perjuicio, como por ejemplo el dueño del vehículo que no solo le cede el mismo a una persona neófita en la conducción, sino que le incita a acelerar y hacer maniobras peligrosas, dándose la colisión con el resultado de lesiones en perjuicio del primero; iii.- Autoresponsable intervención de un tercero: un tercero no expuesto a la condición de riesgo, decide consiente e informadamente exponerse a éste, sufriendo un resultado dañoso, sin que ex ante sea posible prever su participación por cualquier persona media (criterio de previsibilidad).- Son los casos, por ejemplo: en donde habiéndose provocado un incendio, un tercero voluntario decide combatirlo, resultado lesionado o muerto; al sujeto activo podrá imputársele objetivamente el incendio, más no las lesiones o muerte de ese tercero voluntario cuya participación está fuera de la previsión de cualquier persona; iv.- Principio de Confianza: límite al cuidado objetivo que debe tener una persona, partiendo de que los demás cumplirán la expectativa social de conducirse con prudencia y/o en acato a las disposiciones normativas aplicables al caso y esta confianza es un riesgo permitido. – Esta causa de exclusión es propia de los delitos imprudentes. *Riesgo concretado en un resultado: La conducta de riesgo (comisiva u omisiva) deberá haber provocado un resultado dañoso (de lesión/delito consumado o de peligro/delito tentado) catalogado así por el tipo penal sustantivo. Para su establecimiento se debe apelar a las teorías causales explicadas, teniendo en cuenta los casos especiales de: i.- Cursos causales atípicos; ii.- Violación objetiva de un deber de cuidado en los delitos imprudentes; iii.- Condición de garante en los delitos de omisión impropia. Partiendo de lo anterior no procederá formular imputación: 1.- Ante la ausencia de un resultado dañoso; 2.- La existencia de un resultado dañoso cuando las medidas de evitación esperadas resultasen ineficaces, refiriéndonos a los casos en donde la conducta omisiva crea un riesgo el cual aún existiría en caso de haberse realizado, como por ejemplo: omitir el proceso de esterilización de un instrumento quirúrgico, dándose una infección posteriormente por una nueva bacteria que no habría sido destruida aun habiéndose realizado el proceso omitido. *Riesgo y Resultado alcanzado por los márgenes del ámbito de protección del tipo penal: se podrá formular imputación objetiva cuando el resultado consecuente del riesgo producido está dentro del ámbito de la protección de la norma penal, lo que obliga a realizar una interpretación axiológica de la norma y en particular al bien jurídico que tutela; interpretación que, al tratarse del Derecho Penal, siempre será de carácter restrictiva y a la sombra del principio de Favor Rei. El evaluador del hecho, llámese Ministerio Público, acusador privado, parte defensora o tribunal de justicia, deberá determinar “… si el fin protector del precepto infringido estará destinado a impedir la producción de las consecuencias directas lesivas para el bien jurídico y/o también a evitar daños secundarios desencadenados por aquellas.” (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferre Olive, Juan Carlos; y Serrano Piedecasas, José Ramón; Ob. Cit. pág. 145). Contrario Sensu, cuando el resultado producido se encuentra fuera del ámbito de protección de la norma, éste no puede ser atribuido al sujeto activo; nos referimos a los casos donde el resultado producido sea consecuencia del riesgo creado por el sujeto activo, empero tal resultado sobrepase el ámbito de protección de la norma, como ocurre cuando se da muerte a una persona y a causa de la noticia, un familiar de la víctima sufre un infarto fulminante o en el caso del sobrino que desee la muerte de su tío (dolo) y conociendo las altas estadísticas de accidentes de tráfico, le convenza a realizar un viaje por carretera, suscitándose efectivamente el accidente fatal; en ambos casos desde la perspectiva natural existe causalidad, más los resultados no son de aquellos que protege la norma penal. CONCLUSIÓN: La imputación objetiva no es una teoría causal, sino uno de los presupuestos de imputación penal, así como lo es la imputación subjetiva. Dentro de la imputación objetiva encontramos muchas teorías que le dan contenido, siendo las más difundida las construidas por Günther Jakobs (Teoría de los Roles) y Claus Roxin (Teoría del Riesgo), siendo esta última la que considera esta Sala de lo Penal que es la que más se adecúa a nuestra legislación nacional. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo.- La recurrente 2 denuncia una mala valoración probatoria por parte del Tribunal de Sentencia, discutiendo que el ofendido con su actuar reticente a ser atendido, fue el causante de la muerte que le sobrevino de manera posterior, por lo que el acusado Wilmer Renato Ríos Espinal, no puede ser condenado por el delito de homicidio, sino por lesiones; la recurrente 2 lo que denuncia es una errónea valoración respecto a la imputación objetiva del hecho en el presente caso, alegato que no es procedente. Ya se ha señalado que para la formulación de una imputación objetiva se deben reunir tres elementos, mismos que en el presente caso son concurrentes: *Creación de un riesgo no permitido: conforme los hechos declarados probados, el 23 de julio de 2013, los acusados Wilmer Renato Ríos Espinal y Ronald Joel Flores, usando sus manos, sus pies y hasta una piedra, procedieron a propiciar varios golpes al señor Mario Enrique Baquedano, en el abdomen, en el tórax y en la cabeza, lugar en donde impactaron la piedra.- Tal conducta comisiva creó un riesgo no permitido, el cual desde la perspectiva objetiva puso en precario la vida del ofendido en consideración al número de atacantes, imposibilidad de defensa de la víctima pues los hechos probados señalan que se encontraba en estado de ebriedad, además de la intensidad del ataque, y los instrumentos usados, pues los golpes fueron realizados con el uso de las manos, pero además, de los pies, lo que incrementa el daño y todavía más: con una piedra la que se usó para golpear una zona vital como es la cabeza; *El riesgo no permitido originó un resultado dañoso: los acusados aportaron la condición que días después provocó el desenlace fatal de pérdida de la vida del ofendido; los golpes producidos por aquellos es la causa que originó la producción de una hemorragia subdural crónica y una inflamación del cerebro, y esto a su vez fue lo que produjo la muerte. La recurrente 2 alega que el ofendido -al evitar ser llevado a un centro médico y ser atendido- provocó la muerte; alegato que debe ser analizado en dos vertientes: 1.- El ofendido y según se desprende de los hechos declarados probados, no contribuyó a la producción de la condición de riesgo; de ninguna forma éste se autolesionó o se puso en una situación donde hubiese tenido como consecuencia sus lesiones; todas las lesiones fueron infringidas por los acusados, por lo que se reafirma la existencia de una situación de riesgo atribuible solo a los acusados; 2.- El riesgo no permitido fue el causante del resultado sin lugar a dudas, así entonces la falta de asistencia lo que hubiese hecho era interrumpir el curso causal que habían desencadenado los acusados; por ello la supuesta asistencia y rescate de la vida del ofendido hubiese significado una causa ajena a la voluntad de los acusados que hubiese impedido alcanzar el propósito perseguido.- Se insiste: no fue la falta de asistencia lo que creó el riesgo, éste ya existía provocado por los acusados; al no producirse la asistencia médica nada impidió que el curso causal continuase hasta desembocar en la muerte del ofendido. *El riesgo y el resultado se encuentran dentro del marco de protección de la norma: los acusados Wilmer Ríos y Ronald Flores, realizaron conductas que crearon un riesgo no permitido y produjeron un resultado que encuentra identidad con el propósito de la norma y es el de sancionar a las personas que provoquen la muerte de otra por una conducta comisiva. La relación de causalidad fue objeto de estudio por los juzgadores en el segundo párrafo de la Fundamentación Jurídica (f. 145), donde se explica que los acusados Wilmer Renato y Ronald Joel, propinaron golpes al ofendido lo que le ocasionó, entre otros, fracturas en los huesos de la base del cráneo, que provocó hemorragia y edema cerebral y que a su vez causó la muerte de aquel, sin que a esta cadena causal se sume otro hecho relevante que haya contribuido a la muerte, por lo que para el a-quo no se generó duda de que la muerte del ofendido puede ser atribuida a los acusados, con lo cual concuerda este Tribunal de Casación. A la imputación objetiva debe sumársele la imputación subjetiva; según la recurrente 2, los acusados no tuvieron intención de dar muerte y por lo tanto se debe descartar la existencia de un animus necandi (dolo de dar muerte), el que debe reducirse a un animus leadendi (dolo de lesionar), alegato que tampoco es de recibo, pues el conocimiento de la ofensividad de su actuar y el riesgo que éste representaba a la vida del ofendido y la voluntad de conducirse de esa manera, asumiéndolo como aceptable, determinan que se actuó con el dolo específico de dar muerte, siendo el resultado idéntico a dicha intención. Los jueces de sentencia, en el numeral tercero de la Fundamentación Jurídica (f. 145 -146), determinaron la existencia de un ánimo de matar en la psiquis de los acusados, como de manera derivada se pudo constatar a partir de los siguientes hechos: i.- Condición de embriaguez del ofendido; ii.- Uso de puños, puntapiés y piedra a zonas vitales del cuerpo del ofendido, cuya afectación predice riesgo de muerte; iii.- El ofendido recibió reiterados golpes el abdomen, tórax y cabeza, entretanto se encontraba tirado en el suelo; iv.- Los golpes recibidos por el ofendido fueron propiciados con fuerza tal que provocaron la fractura de los huesos de la base del cráneo.- Para la Sala de lo Penal no existe colisión entre las reglas de la sana crítica y los razonamientos judiciales que están contenidos en la sentencia, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar. Decisión Recurrente 1. No ha lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; y 2. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Recurrente 2 3. No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, ambos interpuestos por la Abogada Blanca Argentina Gómez, apoderada defensora privada del acusado Ronald Joel Flores Lagos.- Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único, interpuesto por la Abogada Mercedes Geraldina Midence, apoderada defensora pública del acusado Wilmer Renato Ríos Espinal.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016) (f. 132), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-330-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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