Sentencia CP-330-15 — Registro 10537
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como Coautor de los delitos de Secuestro y Robo de Vehículo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.El censor aprecia que el fallo que se impugna incurre en la aplicación indebida de los Artículos 192 en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal. Alega que al analizar los hechos probados y confrontarlos con las normas penales infringidas se aprecia que el actuar que el tribunal de juicio atribuye al acusado señor J. A. T. E. no describe acciones ejecutadas por él que hubieren contribuido dolosamente a privar injustamente de la libertad al señor J. R. C. B., tampoco la de pedir rescate por su liberación o desapoderarlo de un vehículo de su propiedad. Considera que los hechos probados refieren que los hechos fueron ejecutados por personas desconocidas y que si al inicio el imputado condujo el vehículo del ofendido esto lo hizo con el consentimiento del señor J. R. C. B. para conocer su funcionamiento, al estar interesado en adquirirlo, después condujo dicho vehículo obligado por los captores del ofendido, quienes le ordenaron trasladarlo hasta un lugar rural (según los hechos probados primero y segundo), por todo lo cual, 1a intervención del señor J. A. T. E. en los hechos no exhibió un comportamiento que, objetivamente pudiera calificarse como constitutivo de los delitos de Secuestro y Robo de Vehículo, por lo que al condenarlo como responsable de tales ilícitos, sin que su actuar haya rebasado las meras sospechas, implica una violación de ley por aplicación indebida de los artículos 192 en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede en casación es analizar si estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal e juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El joven J. R. C. B., fue contactado vía teléfono por una persona con el fin de negociar la venta de un vehículo marca Toyota 22R, Placa PAT8615, color amarillo, que tenía en su poder, siendo así como concertó cita para mostrar y probar el funcionamiento del mismo, en fecha dos de agosto de dos mil doce, en horas de la mañana, habiendo dispuesto que se miraría con el supuesto comprador bajo unos puentes cerca de la ciudad de Comayagua, hasta donde llegó en la fecha prevista, a tempranas horas de la mañana, lugar donde ya se encontraba el señor J. A. T. E., acompañado de una mujer, los que abordaron el vehículo del joven J. R. C. B., supuestamente para probarlo, por lo que dicho joven se ubicó en la cabina trasera, en tanto que el señor J. A. T. E., tomó la posición de conductor y la mujer la posición del copiloto. Segundo: En este sentido, anduvieron por varias calles pavimentadas y posteriormente se introdujeron a un desvió de un callejón de tierra, lugar donde el señor J. A. T. E., de pronto detuvo momentáneamente el vehículo para que en ese momento dos personas con el rostro cubierto con pasamontañas llegaran por detrás del carro, siendo así como en efecto lo hicieron y se dirigieron ambos al joven J. R. C. B., a quien le dijeron que se trataba de un asalto, al tiempo que le agacharon la cabeza y le cubrieron su rostro con su camiseta y le colocaron un objeto en el costado, diciéndole que si no cooperaba se iba a morir. En ese instante, bajaron a la persona de sexo femenino y ambos individuos subieron al carro, indicándole al señor J. A., que condujera el vehículo hasta un lugar rural, donde obligaron al joven J. R., a bajar del vehículo y donde permaneció por varias horas. Tercero: Una vez que el joven J. R. C. B. fue bajado del vehículo, el señor J. A. T. E., se llevó el vehículo de éste y lo condujo fuera del lugar, hasta que entre las doce del mediodía y una de la tarde cuando transitaba por la carretera que conduce desde el municipio de La Paz a Lejamani, fue interceptado por elementos de la policía que se aprestaban a realizar un operativo, luego de tener conocimiento del desaparecimiento del joven J. R. C. B. y del vehículo en que éste se transportaba resultando en ese momento detenido J. A. T. E. y decomisándole el vehículo marca Toyota 22R, color amarillo, placas PAT 8615, del que había sido despojado J. R. C. B. Cuarto: Ese mismo día, las otras personas que tenían retenido a J. R. C. B., realizaron varias llamadas al padre de éste para negociar la liberación del mismo, a cambio de que les entregara la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Lempiras, los cuales fueron pagados, dejándolos un amigo de la familia en un sector de la carretera de Comayagua, que los individuos, vía teléfono, le indicaron. Procediendo luego de ello a comunicarles también vía teléfono de la liberación del joven J. R. C. B., a quien dejaron a inmediaciones de una gasolinera, hasta donde una persona allegada a la familia lo fue a recoger y fue llevado a sus familiares esa misma noche”. Esta Sala considera que la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta se configura perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de Secuestro en concurso ideal con Robo de Vehículo, tipificado y sancionado en los artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal. El artículo 192 del Código Penal establece: “Artículo 192. Secuestro. Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionaré o diere el lugar a la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso de rescate. Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión. Si con motivo de la liberación muriesen miembros de la autoridad o cualquier otra persona que intervenga, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2) de este artículo. Con la misma pena establecida en el numeral 2) rebajada la pena mínima en un tercio (1/3), se sancionará a los responsables, si con motivo del proceso de rescate, la víctima o cualquier otra persona sufriese lesiones”. El Artículo 217, dispone: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia.” El Artículo 218, manda: “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. ….”. Y el artículo 32 del Código Penal, dispone que: “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Del factum de la sentencia que se impugna resulta que las acciones desplegadas por el acusado J. A. T. E., se subsumen en los tipos penales tipificados y sancionados en los artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal, en virtud de que de los hechos declarados probados por el juzgador se desprende que el acusado tiene el dominio funcional del hecho en coautoría con los demás partícipes del hecho, dado que se ha puesto de manifiesto un plan común o nexo causal subjetivo con los coautores, contribuye con una acción esencial, y su intervención se lleva a cabo en la fase ejecutiva del delito. El acuerdo de voluntades con los coautores en este caso consiste en la acción de acusado de: 1) Llevar al ofendido bajo el ardid de mostrarse interesado en comprar un vehículo; 2) Pedir al ofendido conducir el vehículo para probar su funcionamiento; 3) Conducir el vehículo y llevar al ofendido a un lugar alejado y despoblado de la ciudad; 4) En ese lugar despoblado detener la marcha del vehículo y con ello permitir que dos hombres armados, cubiertos sus rostros con pasamontañas, se introduzcan en el vehículo y bajo amenazas le cubran los ojos al ofendido; 5) Seguir conduciendo el mencionado vehículo el acusado hasta un lugar seguro, donde queda el ofendido en poder de sus captores armados, desde donde ellos hacen llamadas al padre del ofendido hasta obtener ese mismo día el pago del rescate que reclaman para poner al ofendido en libertad; 6) Llevarse el acusado el vehículo del ofendido, siendo detenido posteriormente por la policía, horas más tarde, sin que el acusado hubiera puesto la denuncia y sin estar sometido a coacción. En este caso, tanto el acusado J. A. T. E., quien es detenido por la policía en posesión del vehículo del ofendido, y los dos hombres armados, cubiertos sus rostros con pasamontañas y que en un lugar seguro hacen las llamadas extorsivas y obtienen el pago de un rescate el mismo día de los hechos ponen en libertad al ofendido, tienen el condominio de hecho ilícito, en que se dividen los papeles para el logro del fin preconcebido. Por lo expuesto, esta Sala concluye que en la sentencia que se impugna no se han aplicado en forma indebida los preceptos contenidos en los artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36 del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa sentencia en el Recurso de Casación SP-330-2015 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fallo: Primero: Condenó al señor J. A. T. E., como Coautor de los delitos de Secuestro, en perjuicio del señor J. R. C. B., y por el delito de Robo de Vehículo, en perjuicio de G. C., a la pena de veintisiete (27) años de reclusión. Segundo: Condenó al señor J. A. T. E., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de J. A. T. E. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.Son Partes en única instancia: La Abogada L. M. N. F., actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. A. T. L., como parte recurrente; y la Abogada D. E. R. C., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida.Hechos Probados “Primero: El joven J. R. C. B., fue contactado vía teléfono por una persona con el fin de negociar la venta de un vehículo marca Toyota 22R, Placa PAT8615, color amarillo, que tenía en su poder, siendo así como concertó cita para mostrar y probar el funcionamiento del mismo, en fecha dos de agosto de dos mil doce, en horas de la mañana, habiendo dispuesto que se miraría con el supuesto comprador bajo unos puentes cerca de la ciudad de Comayagua, hasta donde llegó en la fecha prevista, a tempranas horas de la mañana, lugar donde ya se encontraba el señor J. A. T. E., acompañado de una mujer, los que abordaron el vehículo del joven J. R. C. B., supuestamente para probarlo, por lo que dicho joven se ubicó en la cabina trasera, en tanto que el señor J. A. T. E., tomó la posición de conductor y la mujer la posición del copiloto. Segundo: En este sentido, anduvieron por varias calles pavimentadas y posteriormente se introdujeron a un desvió de un callejón de tierra, lugar donde el señor J. A. T. E., de pronto detuvo momentáneamente el vehículo para que en ese momento dos personas con el rostro cubierto con pasamontañas llegaran por detrás del carro, siendo así como en efecto lo hicieron y se dirigieron ambos al joven J. R. C. B., a quien le dijeron que se trataba de un asalto, al tiempo que le agacharon la cabeza y le cubrieron su rostro con su camiseta y le colocaron un objeto en el costado, diciéndole que si no cooperaba se iba a morir. En ese instante, bajaron a la persona de sexo femenino y ambos individuos subieron al carro, indicándole al señor J. A., que condujera el vehículo hasta un lugar rural, donde obligaron al joven J. R., a bajar del vehículo y donde permaneció por varias horas. Tercero: Una vez que el joven J. R. C. B. fue bajado del vehículo, el señor J. A. T. E., se llevó el vehículo de éste y lo condujo fuera del lugar, hasta que entre las doce del mediodía y una de la tarde cuando transitaba por la carretera que conduce desde el municipio de La Paz a Lejamani, fue interceptado por elementos de la policía que se aprestaban a realizar un operativo, luego de tener conocimiento del desaparecimiento del joven J. R. C. B. y del vehículo en que éste se transportaba resultando en ese momento detenido J. A. T. E. y decomisándole el vehículo marca Toyota 22R, color amarillo, placas PAT 8615, del que había sido despojado J. R. C. B. Cuarto: Ese mismo día, las otras personas que tenían retenido a J. R. C. B., realizaron varias llamadas al padre de éste para negociar la liberación del mismo, a cambio de que les entregara la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Lempiras, los cuales fueron pagados, dejándolos un amigo de la familia en un sector de la carretera de Comayagua, que los individuos, vía teléfono, le indicaron. Procediendo luego de ello a comunicarles también vía teléfono de la liberación del joven J. R. C. B., a quien dejaron a inmediaciones de una gasolinera, hasta donde una persona allegada a la familia lo fue a recoger y fue llevado a sus familiares esa misma noche”. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos“Recurso de casación por Infracción de Ley. “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: Aplicación indebida de los Artículos 192 en concurso ideal con el 217 y 218 los tres en relación con el Artículo 36 todos del Código Penal; autoriza la interposición del presente motivo de casación el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la Sentencia Penal y en ellos el Juzgador describe las conductas que pueden o no ser calificadas como delitos; de esa realidad concreta se extraen las consecuencias penalmente relevantes, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo que se supone infringido. SEGUNDO: Por la razón anterior, en la declaración de hechos probados, el Juzgador debe consignar una descripción completa, concreta, clara y suficiente del acontecimiento histórico que se tiene por acreditado, explicando los modos de conductas con relevancia penal observadas por las personas que intervinieron en los mismos, ello responde a una exigencia de seguridad jurídica, pues solo de esa manera las partes podemos ejercer control sobre la actividad jurisdiccional al momento de fallar. TERCERO: En el presente caso el Juzgador terminantemente declaró como HECHOS PROBADOS los siguientes: “PRIMERO: El Joven J. R. C. B. fue contactado vía teléfono por una persona con el fin de negociar la venta de un vehículo marca Toyota 22R, placa PAT 8615, color amarillo, que tenía en su poder, siendo así como concertó cita para mostrar y probar el funcionamiento del mismo, en fecha dos de agosto de dos mil doce, en horas de la mañana, habiendo dispuesto que se miraría con el supuesto comprador bajo unos puentes cerca de la ciudad de Comayagua, hasta donde llegó en la fecha prevista, a tempranas horas de la mañana, lugar donde ya se encontraba el señor J. A. T. E., acompañado de una mujer, los que abordaron el vehículo del joven J. R. C. B., supuestamente para probarlo, por lo que dicho joven se ubicó en la cabina trasera, en tanto que el señor J. A. T. E. tomó la posición de conductor y la mujer la posición del copiloto. SEGUNDO: En ese sentido, anduvieron por varias calles pavimentadas posteriormente se introdujeron a un desvío de un callejón de tierra, lugar donde el señor J. A. T. E. de pronto detuvo momentáneamente el vehículo, para que en ese momento dos personas con el rostro cubierto con pasamontañas llegaran por detrás del carro, siendo así como en efecto lo hicieron y se dirigieron ambos al joven J. R. C. B., a quien le dijeron que se trataba de un asalto, al tiempo que le agacharon la cabeza y le cubrieron su rostro con su camiseta y le colocaron un objeto en el costado, diciéndole que si no cooperaba se iba a morir. En ese instante, bajaron a la persona de sexo femenino y ambos individuos subieron al carro, indicándole al señor J. A., que condujera el vehículo hasta un lugar rural, donde obligaron al joven J. R., a bajar del vehículo y donde permaneció por varias horas.- TERCERO: Una vez que el joven J. R. C. B. fue bajado del vehículo, el señor J. A. T. E. se llevó el vehículo de éste y lo condujo fuera del lugar, hasta que entre las doce del mediodía y una de la tarde, cuando transitaba por la carretera que conduce desde el municipio de La Paz a Lejamani fue interceptado por elementos de la policía, que se aprestaban a realizar un operativo, luego de tener conocimiento del desaparecimiento del joven J. R. C. B. y del vehículo en que éste se transportaba; resultando en ese momento detenido J. A. T. E. y decomisándosele el vehículo marca Toyota 22R, color amarillo, placas PAT 8615, del que había sido despojado J. R. C. B.- CUARTO: Ese mismo día, las otras personas que tenían retenido a J. R. C. B., realizaron varias llamadas al padre de éste para negociar la liberación del mismo, a cambio de que les entregara la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Lempiras, los cuales fueron pagados, dejándolos un amigo de la familia en un sector de la carretera de Comayagua, que los individuos, vía teléfono, le indicaron. Procediendo luego de ello, a comunicarles, también vía teléfono, de la liberación del joven J. R. C. B., a quien dejaron a inmediaciones de una gasolinera, hasta donde una persona allegada a la familia lo fue a recoger y fue llevado a sus familiares esa misma noche.” CUARTO: Los transcritos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos de los delitos de SECUESTRO EN CONCURSO IDEAL CON ROBO DE VEHÍCULO en perjuicio de J. R. C. B. y G. C. según lo dispuesto en los artículos 192, 217 Y 218 en relación al 36 todos del Código Penal y declaró responsable de los mismos al señor J. A. T. E. QUINTO: Al analizar los referidos hechos probados, a la luz de las exigencias antes señaladas, con absoluto respeto al principio de legalidad y confrontarlos con lo dispuesto en los artículo 192, 217 y 218 los tres en relación con el artículo 36 todos del Código Penal, fácilmente puede apreciarse que en el indicado cuadro fáctico, el actuar que se le atribuye al señor J. A. T. E. no describe acciones ejecutadas por parte de él, que hubieren contribuido dolosamente a privar injustamente de la libertad al joven J. R. C. B., pedir rescate por su liberación y desapoderarlo de un vehículo de su propiedad; porque tales actos ilícitos fueron realizados por DOS PERSONAS CON LOS ROSTROS CUBIERTOS CON PASAMONTAÑAS, quienes llegaron por detrás del carro del ofendido y le dijeron a éste que se trataba de un asalto, es decir, los hechos fueron ejecutados por personas desconocidas y, si bien es cierto, el imputado condujo el vehículo del ofendido, pero al inicio lo hizo con el consentimiento del señor J. R. C. B. para conocer su funcionamiento, porque estaba interesado en adquirirlo legalmente, y después lo condujo obligado por los captores del ofendido, quienes le ordenaron trasladarlo hasta un lugar rural (ver primero y segundo hechos probados), consecuentemente, 1a intervención del señor J. A. T. E. en los hechos no exhibió un comportamiento que, objetivamente pudiera calificarse como constitutivo de los delitos de SECUESTRO y ROBO DE VEHÍCULO por tal razón, condenarlo como responsable de tales ilícitos, sin que su actuar haya rebasado las meras sospechas, implica una violación de ley por aplicación indebida de los artículos 192, 217 Y 218 los tres en relación al artículo 36 todos del Código Penal, además de una violación al fundamental derecho a la presunción de inocencia y al principio de legalidad que amparan al imputado, vicio que deberá ser subsanado por parte de ese más alto Tribunal de justicia. APLICACIÓN PRETENDIDA. Con la interposición del presente motivo de casación pretendemos se analicen detenidamente los hechos probados del fallo recurrido y una vez comprobado que en la ejecución de los mismos no tuvo una participación ilícita el señor J. A. T. E. y consecuentemente se declare la aplicación indebida de los Artículos 192, 217 y 218 los tres en relación al artículo 36 todos del Código Penal, decretando la absolución del señor J. A. T. E.”.Fundamentación Recurso de Casación por infracción de ley, por aplicación indebida de los Artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal.Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de los Artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal.Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Recurso de casación por infracción de ley por aplicación indebida de los Artículos 192 en concurso ideal con el 217 y 218 los tres en relación con el Artículo 36 todos del Código Penal. Los hechos declarados probados fueron calificados por el Juzgador como constitutivos de los delitos de Secuestro en concurso ideal con Robo de Vehículo en perjuicio de J. R. C. B. y G. C. y declaró responsable de los mismos al señor J. A. T. E. Al analizar los hechos probados y confrontarlos con lo dispuesto en los artículo 192, 217 y 218 en relación con el artículo 36 todos del Código Penal, puede apreciarse que el actuar que se le atribuye al señor J. A. T. E. describe acciones ejecutadas por parte de él, que hubieren contribuido dolosamente a privar injustamente de la libertad al joven J. R. C. B., pedir rescate por su liberación y desapoderarlo de un vehículo de su propiedad; porque tales actos ilícitos fueron realizados por dos personas con los rostros cubiertos con pasamontañas, quienes llegaron por detrás del carro del ofendido y le dijeron a éste que se trataba de un asalto. Los hechos fueron ejecutados por personas desconocidas y si bien, el imputado condujo el vehículo del ofendido al inicio lo hizo con el consentimiento del señor J. R. C. B. para conocer su funcionamiento, dado que estaba interesado en adquirirlo legalmente, y después lo condujo obligado por los captores del ofendido, quienes le ordenaron trasladarlo hasta un lugar rural (ver primero y segundo hechos probados), consecuentemente, 1a intervención del señor J. A. T. E. en los hechos no exhibió un comportamiento que, objetivamente pudiera calificarse como constitutivo de los delitos de Secuestro y Robo de Vehículo, por lo que al condenarlo como responsable de tales ilícitos, sin que su actuar haya rebasado las meras sospechas, implica una violación de ley por aplicación indebida de los artículos 192, 217 Y 218 los tres en relación al artículo 36 todos del Código Penal. A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión, por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.“La Coautoría es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Es una especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene en la ejecución material del delito, lo que por definición, no sucede en la conspiración…"[1]Por otra parte, “Las condiciones que se exigen para la coautoría son: a) Que el coautor reúna las mismas condiciones que el autor; b) Que haya un plan común para la realización del hecho; c) Que el coautor haya prestado una colaboración objetiva al mismo; y, d) Que haya tenido el codominio del hecho”.[2]Normalmente, “existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles. Pero basta que el acuerdo se produzca durante la ejecución (coautoría sucesiva) y que sea tácito”[3]Por su parte L. B. De Q., refiriéndose a casos como el que ahora se plantea, nos habla de la denominada Coautoría aditiva que aparece “…cuando varias personas siguiendo la decisión común realizan al mismo tiempo la acción ejecutiva, pero sólo alguna o algunas de las acciones de dichas personas producirán el resultado típico. Sería el supuesto del pelotón de fusilamiento, o de la actuación de los gangsters, o, del actuar de varios terroristas, todos ellos disparan a la vez con la intención de matar, pero resulta que alguna de las balas no alcanzó tal objetivo. En estos casos cada autor pretendió por sí mismo realizar por completo el tipo, y el hecho de que actúen conjuntamente varias personas no tiene por objeto llevar a cabo una distribución de funciones entre ellas, sino obtener el aseguramiento del resultado. Estos supuestos deben resolverse, de igual forma que los casos de autoría alternativa, es decir, admitiendo que se trata de un caso de autoría, pues, ex ante las diferentes contribuciones, dada su importancia, resultan esenciales y necesarias”[4]. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo.El censor aprecia que el fallo que se impugna incurre en la aplicación indebida de los Artículos 192 en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal. Alega que al analizar los hechos probados y confrontarlos con las normas penales infringidas se aprecia que el actuar que el tribunal de juicio atribuye al acusado señor J. A. T. E. no describe acciones ejecutadas por él que hubieren contribuido dolosamente a privar injustamente de la libertad al señor J. R. C. B., tampoco la de pedir rescate por su liberación o desapoderarlo de un vehículo de su propiedad. Considera que los hechos probados refieren que los hechos fueron ejecutados por personas desconocidas y que si al inicio el imputado condujo el vehículo del ofendido esto lo hizo con el consentimiento del señor J. R. C. B. para conocer su funcionamiento, al estar interesado en adquirirlo, después condujo dicho vehículo obligado por los captores del ofendido, quienes le ordenaron trasladarlo hasta un lugar rural (según los hechos probados primero y segundo), por todo lo cual, 1a intervención del señor J. A. T. E. en los hechos no exhibió un comportamiento que, objetivamente pudiera calificarse como constitutivo de los delitos de Secuestro y Robo de Vehículo, por lo que al condenarlo como responsable de tales ilícitos, sin que su actuar haya rebasado las meras sospechas, implica una violación de ley por aplicación indebida de los artículos 192 en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede en casación es analizar si estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche. En este caso el tribunal e juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El joven J. R. C. B., fue contactado vía teléfono por una persona con el fin de negociar la venta de un vehículo marca Toyota 22R, Placa PAT8615, color amarillo, que tenía en su poder, siendo así como concertó cita para mostrar y probar el funcionamiento del mismo, en fecha dos de agosto de dos mil doce, en horas de la mañana, habiendo dispuesto que se miraría con el supuesto comprador bajo unos puentes cerca de la ciudad de Comayagua, hasta donde llegó en la fecha prevista, a tempranas horas de la mañana, lugar donde ya se encontraba el señor J. A. T. E., acompañado de una mujer, los que abordaron el vehículo del joven J. R. C. B., supuestamente para probarlo, por lo que dicho joven se ubicó en la cabina trasera, en tanto que el señor J. A. T. E., tomó la posición de conductor y la mujer la posición del copiloto. Segundo: En este sentido, anduvieron por varias calles pavimentadas y posteriormente se introdujeron a un desvió de un callejón de tierra, lugar donde el señor J. A. T. E., de pronto detuvo momentáneamente el vehículo para que en ese momento dos personas con el rostro cubierto con pasamontañas llegaran por detrás del carro, siendo así como en efecto lo hicieron y se dirigieron ambos al joven J. R. C. B., a quien le dijeron que se trataba de un asalto, al tiempo que le agacharon la cabeza y le cubrieron su rostro con su camiseta y le colocaron un objeto en el costado, diciéndole que si no cooperaba se iba a morir. En ese instante, bajaron a la persona de sexo femenino y ambos individuos subieron al carro, indicándole al señor J. A., que condujera el vehículo hasta un lugar rural, donde obligaron al joven J. R., a bajar del vehículo y donde permaneció por varias horas. Tercero: Una vez que el joven J. R. C. B. fue bajado del vehículo, el señor J. A. T. E., se llevó el vehículo de éste y lo condujo fuera del lugar, hasta que entre las doce del mediodía y una de la tarde cuando transitaba por la carretera que conduce desde el municipio de La Paz a Lejamani, fue interceptado por elementos de la policía que se aprestaban a realizar un operativo, luego de tener conocimiento del desaparecimiento del joven J. R. C. B. y del vehículo en que éste se transportaba resultando en ese momento detenido J. A. T. E. y decomisándole el vehículo marca Toyota 22R, color amarillo, placas PAT 8615, del que había sido despojado J. R. C. B. Cuarto: Ese mismo día, las otras personas que tenían retenido a J. R. C. B., realizaron varias llamadas al padre de éste para negociar la liberación del mismo, a cambio de que les entregara la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Lempiras, los cuales fueron pagados, dejándolos un amigo de la familia en un sector de la carretera de Comayagua, que los individuos, vía teléfono, le indicaron. Procediendo luego de ello a comunicarles también vía teléfono de la liberación del joven J. R. C. B., a quien dejaron a inmediaciones de una gasolinera, hasta donde una persona allegada a la familia lo fue a recoger y fue llevado a sus familiares esa misma noche”. Esta Sala considera que la base fáctica de la sentencia impugnada preinserta se configura perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de Secuestro en concurso ideal con Robo de Vehículo, tipificado y sancionado en los artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal. El artículo 192 del Código Penal establece: “Artículo 192. Secuestro. Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y, c) Publicitarios o políticos. De concurrir algunas de las circunstancias siguientes, la pena aplicable será de: 1) Cuarenta (40) años de reclusión a privación de libertad de por vida si se ocasionaré o diere el lugar a la muerte del secuestrado; 2) Treinta (30) años de reclusión a privación de libertad de por vida si el secuestrado, o cualquier otra persona, muriere con motivo del proceso de rescate. Si los secuestradores desistiesen liberando a la víctima y no hubieren obtenido el precio reclamado, la pena aplicable será de diez (10) a veinte (20) años de reclusión. Si con motivo de la liberación muriesen miembros de la autoridad o cualquier otra persona que intervenga, se aplicará lo dispuesto en el numeral 2) de este artículo. Con la misma pena establecida en el numeral 2), rebajada la pena mínima en un tercio (1/3), se sancionará a los responsables, si con motivo del proceso de rescate, la víctima o cualquier otra persona sufriese lesiones”. El Artículo 217, dispone: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia.” El Artículo 218, manda: “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. ….”. Y el artículo 32 del Código Penal, dispone que: “Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado”. Del factum de la sentencia que se impugna resulta que las acciones desplegadas por el acusado J. A. T. E., se subsumen en los tipos penales tipificados y sancionados en los artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36, todos del Código Penal, en virtud de que de los hechos declarados probados por el juzgador se desprende que el acusado tiene el dominio funcional del hecho en coautoría con los demás partícipes del hecho, dado que se ha puesto de manifiesto un plan común o nexo causal subjetivo con los coautores, contribuye con una acción esencial, y su intervención se lleva a cabo en la fase ejecutiva del delito. El acuerdo de voluntades con los coautores en este caso consiste en la acción de acusado de: 1) Llevar al ofendido bajo el ardid de mostrarse interesado en comprar un vehículo; 2) Pedir al ofendido conducir el vehículo para probar su funcionamiento; 3) Conducir el vehículo y llevar al ofendido a un lugar alejado y despoblado de la ciudad; 4) En ese lugar despoblado detener la marcha del vehículo y con ello permitir que dos hombres armados, cubiertos sus rostros con pasamontañas, se introduzcan en el vehículo y bajo amenazas le cubran los ojos al ofendido; 5) Seguir conduciendo el mencionado vehículo el acusado hasta un lugar seguro, donde queda el ofendido en poder de sus captores armados, desde donde ellos hacen llamadas al padre del ofendido hasta obtener ese mismo día el pago del rescate que reclaman para poner al ofendido en libertad; 6) Llevarse el acusado el vehículo del ofendido, siendo detenido posteriormente por la policía, horas más tarde, sin que el acusado hubiera puesto la denuncia y sin estar sometido a coacción. En este caso, tanto el acusado J. A. T. E., quien es detenido por la policía en posesión del vehículo del ofendido, y los dos hombres armados, cubiertos sus rostros con pasamontañas y que en un lugar seguro hacen las llamadas extorsivas y obtienen el pago de un rescate el mismo día de los hechos ponen en libertad al ofendido, tienen el condominio de hecho ilícito, en que se dividen los papeles para el logro del fin preconcebido. Por lo expuesto, esta Sala concluye que en la sentencia que se impugna no se han aplicado en forma indebida los preceptos contenidos en los artículos 192, en concurso ideal con el 217 y 218, en relación con el Artículo 36 del Código Penal.DECISIÓN: la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Ley Sustancia, invocados por el recurrente. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 360 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley sustantiva, en su único motivo, interpuesto por la Abogada L. M. N. F., actuando en su condición de Defensora Pública del señor J. A. T. L., en la causa en que se le condenó, como autor de los delitos de Secuestro, en perjuicio del señor J. R. C. B., y Robo de Vehículo, en perjuicio de G. Caballero;Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-330-2015. FIRMA Y SELLO.
ARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
1 de 13
[1]Derecho Penal. Parte General, 2da Edición, revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Autores: F. Muñoz Conde y Mercedes García Arán. Editorial Tirant lo Blanch. Página 454
[2]
Lineamientos de la Teoría del Delito. Segunda Edición Corregida y Actualizada. Editorial Juricentro. Enrique Bacigalupo Pagina 117.
[3]Derecho Penal. Parte General. 5ta. Edición. Santiago Mir Puig. Editorial Reppertor, S.L., Barcelona. Página 390.
[4]vid. BARJA LOPEZ DE QUIROGA, JACOBO, Autoría y Participación, Akal Ediciones, M., 1996, págs. 78-79, vid”.”.