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Sentencia CP-330-14 — Registro 10765

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados como autores responsables del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, se les absuelve deñ delito de Portación Ilegal de Armas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Pùblico

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL MOTIVO ÚNICO NO ES DE RECIBO.- Como bien lo señala la Defensa Pública en su escrito de Contestación del Recurso de Casación, antes de poder establecer a que tipo penal se ajusta el hecho probado (Artículo 332-A o 332-B del Código Penal), la tarea primaria es poder determinar si el factum constituye una conducta penalmente relevante que pueda ser reprochada a los acusados M. T.R. Z. y J.D. E. H..Los hechos probados de la sentencia (f. 110), señalan que, en horas de la tarde del 11 de junio de 2013, la policía nacional preventiva encontró en la casa de habitación de la madre del señor M. T.R. Z., dos armas de fabricación casera, en donde fue aprehendido éste y el señor J.D. E. H.. - Hecho probado que merece las siguientes observaciones: 1. El relato es impreciso en cuanto a señalar quien era la persona o personas que habitaban ese día la vivienda; solo se limita a señalar que la casa era de la madre del Señor R. Z., sin detallar si con tal expresión se refiere si ella vivía en el inmueble o si solo era dueña de éste. El hecho probado no hace una afirmación de que los acusados tuviesen su domicilio o cuando menos su residencia en dicho lugar, solo señalan que fueron aprehendidos allí. Esto es significativo pues las armas encontradas no se le pueden atribuir al Señor R. Z. ni al Señor E. H., al no estar probado que ellos eran las personas que vivían en el lugar en donde fueron encontrados los objetos; 2. El hecho probado además no atribuye la pertenencia o cuando menos la posesión o custodia de los objetos reprochados a alguno de los acusados o a ambos, pues solo se limita a señalar que en el lugar donde fueron aprehendidos los acusados fueron encontrados dos armas; tengamos presente que la responsabilidad penal es de carácter individual y que el hecho probado debe describir cual es la conducta que siendo típica fue realizada por cada una de las personas acusadas (acciones y/o omisiones), para que exista legitimación de dictar una sentencia condenatoria en contra de cada uno de los procesados; y 3. No especifica el hecho probado que tipo de objetos fueron encontrados por la policía, pues solo indica que eran “dos armas de fabricación casera”, sin detallar si eran armas de fuego, armas eléctricas, armas químicas o de otro tipo, siendo el único referente que fueron fabricadas artesanalmente; tampoco describe el factum si los dos objetos se encontraban en condiciones de ser operados o si representaban un peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de las personas o un peligro para la salud de los seres humanos, animales o plantas. En conclusión, el declarado probado, como una verdad incuestionable y base para la aplicación de la ley sustantiva, no reproduce ninguno de los supuestos situacionales que describe el Código Penal en los artículos 332-A ni 332-B, dado que en primer término no describe una conducta humana atribuible a los acusados, que sea típica y antijurídica, en la que aquellos hubiesen actuado con culpabilidad y que por ello sean merecedores de una pena..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinte de febrero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 330-2014 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de mayo del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores M.T.R. Z. y J. D.E.H., como autores responsables del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del señor G. A. C., a la pena de diez (10) años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores M. T. R. Z. y J.D.E. H., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Absolvió a los señores M.T. R.Z. y J.D.E. H., del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras.- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados M.T.R.Z.Y J.D. E.H., en cuanto a la reparación que deberán hacer al señor G. A. C..- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada I.A.F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público.Son Partes En Única Instancia: La Abogada I.A.F.N., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y los Abogados N. G. y A. A.. Defensores Públicos, apoderados legales de los acusados M.T.R. Z. y J. D. E. H., en su condición de Recurridos.II. Hechos Probados De La Primera Instancia“Único: El día once de junio del año dos mil trece, el señor G.A. C. se conducía en un bus del transporte interurbano que cubre la ruta de Tegucigalpa al Porvenir, cuando en el desvío de la Aldea La Machigua, fue sujetado por la espalda por el señor J. D. E. H., en tanto que el señor M. T.R. Z., le hirió con un arma blanca en la parte anterior del cuello, muy cerca de donde se encuentran las arterias, ante lo cual el señor C. pidió auxilio, por lo que los pasajeros acudieron a su auxilio y lograron sacar del bus a los señores E. y R. Z., quienes huyeron del lugar y en horas de la tarde fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Preventiva en la casa de habitación de la madre del señor R.Z., donde se encontraron dos armas de fabricación casera.”III. Recurso de Casación.- Motivos Y Argumentos“1.-Recurso de Casación por Infracción de LeyMotivo: “Falta de Aplicación del artículo 332-A en relación con el 32 del Código Penal” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente establece: Artículo 332-A del Código Penal: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en éstas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000°°) a diez mil (L.10,000°°) lempiras por cada arma incautada. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público”. El artículo 32 del Código Penal, también citado como infringido, en su parte conducente señala: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho...”. El Hecho estimado y declarado probado por el Juzgador fue el siguiente: Único: “El día once de Junio del año dos mil trece, el señor G. A. C. se conducía en un bus del transporte interurbano que cubre la ruta de Tegucigalpa al Porvenir, cuando en el desvío de la Aldea La Machigua, fue sujetado por la espalda por el señor J. D.E. H., en tanto que el señor M.T.R. Z., le hirió con un arma blanca en la parte anterior del cuello, muy cerca de donde se encuentran las arterias, ante lo cual el señor C. pidió auxilio, por lo que los pasajeros acudieron en su auxilio y lograron sacar del bus a los señores E. y R. Z., quienes huyeron del lugar y en horas de la tarde fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Preventiva, en la casa de habitación de la madre del señor R. Z., donde se encontraron dos armas de fabricación casera”. Según se desprende del fáctum, el juez tuvo como acreditado, que los imputados fueron detenidos en posesión de armas de fabricación casera (prohibidas), concurriendo de tal forma, los requisitos indispensables para la configuración del tipo penal de Portación de Armas Prohibidas, de manera que al decretar en la parte resolutiva del fallo una Sentencia Absolutoria a favor de los encausados, incurre en un grave vicio de Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-A del Código Penal. El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar por qué la acción perpetrada por los imputados no se encuentra enmarcada, a su parecer, en los artículos 332-A ni 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “En el caso de mérito la Agente Fiscal ha enmarcado la acción del acusado en el primero de los citados artículos, ahora bien al analizar la acción realizada por los acusados al tener en su poder armas de fabricación casera vemos que no puede subsumirse esta conducta dentro del artículo 332-A, puesto que el mismo refiere la prohibición para las armas de guerra o combate, incluidas las AK-47 a las que obviamente no pertenece el arma de fabricación casera, en consecuencia no se puede aplicar la sanción solicitada por la Agente Fiscal, lo que es objeto de la ya citada Ley de Control de Armas en el artículo 57 de la misma”. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (fabricación casera) no es una conducta constitutiva de un ilícito penal de Portación ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión, expresando que esta conducta tiene un carácter meramente administrativo, y para ello se remite al artículo 57 de la Ley de Control de Armas de Fuego que establece que la mera tenencia de un arma, munición o explosivo u objeto prohibido, se sancionará sin perjuicio de la responsabilidad penal, con el decomiso inmediato y multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales más alto, vigente en el sitio del decomiso...”; si bien es cierto éste precepto sirve de fundamento para la aplicación del decomiso inmediato y aún del establecimiento de la multa; no es menos cierto que el juzgador obvió considerar que el mismo precepto señala que la acción se sancionará sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, que en éste caso, está contemplada en el artículo que el Juzgador evitó aplicar, es decir, el 332-A dando lugar al vicio que fundamenta éste recurso por Falta de Aplicación del mismo. El Juzgador no plasmó las razones para considerar que las armas de fabricación casera se excluyen de las armas prohibidas, pues se limita a referir que las armas decomisadas a los imputados no son armas AK-47; sin embargo el precepto penal citado solamente señala éste tipo de armas como un ejemplo de las que están consideradas como armas de guerra (prohibidas), sin excluir las de fabricación casera, que como el mismo sentenciador refiere, no reúnen las características de las que sí pueden ser registradas. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el presente motivo, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde los sujetos activos son los imputados M. T. R. Y J. D. E., quienes tomaron parte directa en la ejecución del hecho al poseer los dos artefactos de fabricación casera prohibidos por la ley, acción que se subsume en la normativa penal del artículo 332-A del Código Penal, en virtud de que, como lo hemos señalado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas corno permitidas, mismas que deberán tener las características que estípula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. No está de más referirnos a lo que el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual[1] considera como Armas Prohibidas: “Toda la que por convenciones internacionales, por el Derecho de Gentes, por repulsa de la conciencia general o por disposición de ley o reglamento interno se condena por su estrago, deslealtad o el excesivo sufrimiento que significa para sus víctimas... Pasando de la esfera internacional a las relaciones internas de cada Estado, las diversas legislaciones establecen prohibiciones diversas, más eficaces por el comiso, la multa y la privación de libertad que las sancionan. Por lo general, esa veda se refiere a todas las armas de fuego sin licencia, a las disimuladas y a ciertas armas blancas propicias a súbitas y graves agresiones”. (Lo resaltado no corresponde al texto original). Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que los imputados fueron encontrados portando dos armas, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibidas y por considerarlas armas de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada .IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los Hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Único Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A en relación con el artículo 32 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva que tipifica el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Guerra; y *Pretensión: Se case la Sentencia y se profiera en su lugar sentencia apegada a derecho. Señala la Recurrente que el A-quo tuvo por probado que los acusados fueron detenidos en posición de armas de fabricación casera, concurriendo así los requisitos indispensables para la configuración del tipo penal de Portación de Armas Prohibidas, de manera que al decretar en la parte resolutoria del fallo un pronunciamiento absolutorio, se incurrió en grave vicio de infracción de ley por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal. Contraviene la Recurrente el criterio del Tribunal de Sentencia, en que la posesión ilícita de armas de fabricación casera no puede subsumirse en la conducta descrita en el artículo 332-A del Código Penal, esto porque considera que no existe soporte legal para ello; analiza que el artículo 57 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Explosivos y otros Similares, prevé una sanción administrativa que es independiente a la responsabilidad penal que puede deducirse.- Afirma que quedó plenamente probada la existencia del hecho típico, pues los acusados M. T.R. y J.D. E., tomaron parte directa en la ejecución del delito al estar en posesión de dos artefactos de fabricación casera prohibidos por la ley, acción que se subsume en el artículo 332-A del comentado código.Tratamiento Penal de las Armas de Fabricación Casera o Artesanal.Esta Sala de lo Penal ha encontrado en las sentencias emitidas por los Tribunales de la República diversos criterios de cómo se deben calificar las conductas que tienen por objeto armas de fuego de fabricación casera. Así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016 y No. 449-2013, de fecha 30 del mes de enero de 2017, se ha fijado ya doctrina legal al respecto.Recordemos que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, define como "Armas de Fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique. Por su parte, el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “Fabricación Ilícita” de armas: la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Concluimos entonces que las armas de fabricación casera o artesanal, son “Armas De Fuego”, en los términos referidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal; ahora bien, tarea diferente es establecer en cuál de los tipos penales se encuentran tipificadas, lo que exige un estudio de todas las normas legales relacionadas con el tema.Se ha pronunciado esta Sala de lo Penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, esto por su uso indistinto, como ser: armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (Ley de Armas) hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base en ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la misma ley, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido; no debiendo entenderse que se trata de armas que son penadas, pues la norma a la que hacemos referencia es administrativa, no penal (no es un tipo penal). En resumen, los artículos 7 y 8 de la Ley de Armas definen cuáles armas pueden ser objeto de comercio y cuáles no, sin que se ocupen de definir cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los conceptos que utilizan los artículos 332-A y 332-B; Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; Véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi-automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; A su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7.Los calificativos que hace el derecho penal sobre las armas de fuego como: “arma de uso personal”, “arma comercial”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, deben ser explicados conforme a aspectos objetivos extraídos de las normas penales en su conjunto y en particular de los artículos 332-A y 332-B, que tipifican los delitos que tienen por objeto las mismas:1) Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna alusión de ellas. Por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.Como consecuencia y de conformidad al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, además del arma de fuego Ak-42, en todas sus versiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi-automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).2) Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como Título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se usa el término “armas comerciales”, sino armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales, por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”.El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador no es útil al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito; Además y aun cuando el tipo penal remite a otra ley para entender el concepto de armas de uso personal, de defensa y deportivas, tal definición no se encuentra en ninguna ley, particularmente en la ley de armas que sería la llamada a hacerlo. Por tanto, es llamada la Sala de lo Penal -por vía de doctrina legal- a llenar de contenido los conceptos enumerados, y por ello llama a entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra (descritas anteriormente).- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no lo son.Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; y b. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o b. Se trate de armas de fuego que no siendo de guerra, su comercio igualmente sea ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Habiéndose establecido lo que se debe considerar armas de guerra y armas de uso personal (deportivas, de defensa o comerciales), corresponde concretar cómo deben ser catalogadas las armas de fuego de fabricación casera o artesanal, entre ellas las conocidas como “chimbas”; hay que tener presente que las conductas fijadas como verbo rector en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal son: unas de resultado y otras de mera actividad, pero todas representan un peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal. En el caso particular de los verbos rectores de mera actividad, como ser: almacenar, transportar, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender (Art. 332-A y 332-B), adquirir (Art. 332-A) y poseer (Art. 332-B) basta para su consumación su mera realización sin que se requiera un resultado o cambio fenoménicamente apreciable; Por su parte el verbo rector fabricar, requiere un resultado y es la confección terminada del arma de fuego, municiones o explosivos. Al revisar las exigencias objetivas que contienen los tipos penales relacionados, aparece que: “quien sin permiso de la autoridadcompetente…” realice cualquiera de los verbos rectores, será objeto de sanción penal. - Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas, Es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no dispuestos en el diseño original (como miras telescópicas o silenciadores).- Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito.Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna, pudiendo ser de guerra (Art. 332-A) o de uso personal (Art. 332-B), a depender de su naturaleza; de este modo, si el arma fabricada se ajusta a la descripción de aquellas descritas por los Tratados o Convenios Internacionales que regulan las armas no convencionales, toxicas, químicas, bacteriológicas, nucleares, cegadoras, incendiarias o minas antipersonales, (enumerados en el apartado anterior), el arma sin duda es de aquellas sancionadas por el artículo 332-A del Código Penal; pero si el arma fabricada artesanalmente no se encuentra regulada por los Convenios y Tratados Internacionales que regulan el tema, sino por el contrario es un arma cuya confección permite el uso de munición de carácter comercial, estaremos ante un arma de uso personal sancionada por el artículo 332-B del Código Penal. El reproche formulado por las conductas que tengan como objeto armas de fuego, se realiza sin que sea necesario acreditar un Animus Domini, siendo suficiente el Animus Detinendi, es decir la relación entre el arma y el sujeto activo del delito que permita el uso, tenencia, posesión o la disponibilidad de la misma, conforme su voluntad, para darle el destino o función objetiva que le es inherente. Las armas de fabricación casera, contrario a la opinión externada por la Sección de Asesoría Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su Dictamen FGR-ATJN.2, del 05 de Noviembre de 2013, no se encuadran exclusivamente en el artículo 332-A del Código Penal, dado que ello dependerá de su naturaleza como ya hemos explicado; Por ejemplo un arma artesanal, compuesta por tubos, uno de ellos como cañón y una aguja percutora, capaz de accionar cartuchos de venta comercial, ciertamente constituirá un arma de uso personal por su potencial destructivo, si bien es real, no es igual a las armas fabricadas industriales de comercio lícito, mucho menos a alguna de las armas de guerra, siendo su calificación correcta la dispuesta en el Artículo 332-B cuando la conducta a reprochar sea su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición o venta.Se insiste que al referirse el artículo 332-B, sobre armas de uso personal, están comprendidas dentro de ellas las chimbas o de fabricación artesanal que tenga una ofensividad convencional. Esta Sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido la de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionadas penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación.De la Procedencia del Recurso El Motivo Único no es de Recibo.- Como bien lo señala la Defensa Pública en su escrito de Contestación del Recurso de Casación, antes de poder establecer a que tipo penal se ajusta el hecho probado (Artículo 332-A o 332-B del Código Penal), la tarea primaria es poder determinar si el factum constituye una conducta penalmente relevante que pueda ser reprochada a los acusados M. T.R. Z. y J.D. E. H..Los hechos probados de la sentencia (f. 110), señalan que, en horas de la tarde del 11 de junio de 2013, la policía nacional preventiva encontró en la casa de habitación de la madre del señor M. T.R. Z., dos armas de fabricación casera, en donde fue aprehendido éste y el señor J.D. E. H.. - Hecho probado que merece las siguientes observaciones: 1. El relato es impreciso en cuanto a señalar quien era la persona o personas que habitaban ese día la vivienda; solo se limita a señalar que la casa era de la madre del Señor R. Z., sin detallar si con tal expresión se refiere si ella vivía en el inmueble o si solo era dueña de éste. El hecho probado no hace una afirmación de que los acusados tuviesen su domicilio o cuando menos su residencia en dicho lugar, solo señalan que fueron aprehendidos allí. Esto es significativo pues las armas encontradas no se le pueden atribuir al Señor R. Z. ni al Señor E. H., al no estar probado que ellos eran las personas que vivían en el lugar en donde fueron encontrados los objetos; 2. El hecho probado además no atribuye la pertenencia o cuando menos la posesión o custodia de los objetos reprochados a alguno de los acusados o a ambos, pues solo se limita a señalar que en el lugar donde fueron aprehendidos los acusados fueron encontrados dos armas; tengamos presente que la responsabilidad penal es de carácter individual y que el hecho probado debe describir cual es la conducta que siendo típica fue realizada por cada una de las personas acusadas (acciones y/o omisiones), para que exista legitimación de dictar una sentencia condenatoria en contra de cada uno de los procesados; y 3. No especifica el hecho probado que tipo de objetos fueron encontrados por la policía, pues solo indica que eran “dos armas de fabricación casera”, sin detallar si eran armas de fuego, armas eléctricas, armas químicas o de otro tipo, siendo el único referente que fueron fabricadas artesanalmente; tampoco describe el factum si los dos objetos se encontraban en condiciones de ser operados o si representaban un peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de las personas o un peligro para la salud de los seres humanos, animales o plantas. En conclusión, el declarado probado, como una verdad incuestionable y base para la aplicación de la ley sustantiva, no reproduce ninguno de los supuestos situacionales que describe el Código Penal en los artículos 332-A ni 332-B, dado que en primer término no describe una conducta humana atribuible a los acusados, que sea típica y antijurídica, en la que aquellos hubiesen actuado con culpabilidad y que por ello sean merecedores de una pena.V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único.VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal, Falla :Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia condenatoria y absolutoria de fecha quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) (109), emitida por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: Que dentro del término de ley la Secretaría del Despacho proceda a notificar a las partes personadas en única instancia de la presente resolución y en su oportunidad se devuelva el expediente judicial al Tribunal de Sentencia de su origen, junto con certificación original de la presente sentencia de casación, a fin de que se le de estricto cumplimiento.- Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA.FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTORADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinte de febrero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-330-2014.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. P. 362 edit. Heliasta S. de R.L., Argentina, 1994.