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Sentencia CP-328-16 — Registro 10580

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de portación ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES PARCIALMENTE DE RECIBO. El Ministerio Público expone en su recurso que el fundamento fáctico de la sentencia contiene claramente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contenido en el artículo 332-A del Código Penal, ya que el arma de fuego “chimba” que portaba el acusado, no reúne las especificaciones del artículo 7 de la Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares; y, además, porque no podrá ser objeto de registro alguno. Por esa razón considera que se comete un vicio in iudicando cuando el juzgador absuelve de responsabilidad penal al señor S. R. M. H.El objeto de la impugnación ya ha sido definido por doctrina legal de la Sala de lo Penal, siendo del criterio que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo 332-A del Código Penal. La naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras -chimbas- usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Por estas razones, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior,en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.Por lo anterior, no cabe duda que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba” que se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal.En cuanto al argumento judicial esgrimido por el Tribunal de Sentencia para absolver de responsabilidad penal al acusado, aplicando retroactivamente el decreto legislativo 184-2013, el cual establece que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, así como aquellas personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal puedan hacer entrega de la misma a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendo a la inmediata destrucción de la misma, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que en supuestos como el planteado, se exige tomar en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o comparecer ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para su destrucción inmediata, pues el permiso o veda no es simplemente para portarla sino que se encamine a realizar las conductas descritas en el decreto legislativo temporal. Se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado fue capturado por haber recibido una denuncia en su contra cuando se encontraba portando el arma de fuego “chimba” de manera sospechosa a las ocho de la noche en el barrio Estruendo, circunstancias todas que conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción inmediata. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentenciaconociendo de los Recursos de Casación SP 328-2016 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor S. R. M. H., de toda responsabilidad por el delito de portación ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Mantener al señor S. R. M. H., las medidas cautelares de: 1) Presentación periódica ante el Tribunal de Sentencia una vez al mes, firmando el libro respectivo. 2) Prohibición de salir del país sin la autorización del Tribunal de Sentencia hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. Tercero: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se ordena el comiso y su remisión a la Secretaría de Seguridad para la destrucción del arma de fuego artesanal (chimba). Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado O. D. P., actuando en su condición de fiscal de Ministerio Público.Son partes en única instancia: La Abogada Y. M. M.L., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y, los Abogados A. R. P. y A. A. G., defensores públicos, como recurrida..HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procesales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado lo siguiente: PRIMERO ..:.En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, a eso de las ocho de la noche, el policía preventivo O. Y. C. P., recibieron una llamada vía teléfono de un ciudadano que informaba que en el barrio “El Estruendo”, de esta ciudad, se encontraban dos personas de manera sospechosa.- SEGUNDO :De inmediato miembros de la policía llegaron al lugar y encontraron a S. R. M. H., procediendo hacerle un registro personal, encontrándole en la mano derecho un arma de fabricación artesanal, y en su mano izquierda dos proyectiles.- TERCERO: El Dictamen pericial practicado al arma, resultó ser un arma de fuego de fabricación casera o artesanal, que se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, siendo capaz de disparar munición de calibre: 12 Gauge. ”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogado O. D.P., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “PRIMERO: En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, a eso de las ocho de la noche, el policía preventivo O. Y. C. P., recibieron una llamada de teléfono de un ciudadano que informaba que en el barrio “El Estruendo”, de esta ciudad, se encontraban dos personas de manera sospechosa. SEGUNDO: De inmediato miembros de la policía llegaron al lugar y encontraron a S. R. M. H., procediendo a hacerle un registro personal, encontrándole en su mano derecha un arma de fabricación artesanal y en su mano izquierda dos proyectiles. TERCERO: El Dictamen pericial practicado al arma, resultó ser un arma de fabricación casera o artesanal, que se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, siendo capaz de disparar munición de calibre 12 Gauge. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multe de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador consideró que los hechos atribuidos al acusado no constituyen un delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida, en virtud de que con el Dictamen de Balística se estableció el buen funcionamiento del arma para disparar calibre Gauge 12, el cual es utilizado en armas de uso comercial y por ende lo encuadra en el artículo 332-B del Código Penal, indicando además que para la fecha en que fue detenido el señor S. R. M. H., se encontraba vigente el Decreto 184-2013, el que en su artículo 2 establece: “Que a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura a realizar trámite correspondiente de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante ese término antes descrito, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendo a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. El Tribunal señala que para el veinticuatro de octubre del año dos mil trece, el acusado se encontraba libre de responsabilidad penal, en virtud del Decreto en mención y tenía un año para entregar el arma, hasta el cinco de octubre del año dos mil catorce. Del análisis del precepto citado como infringido, conforme los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado S. R. M. H., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de febrero de 2013). A fin de conocer los parámetros de las armas permitidas, el artículo 7 de la Ley de Control de Armas nos describe lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas. En ese sentido, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales, por ende, no podía entrar en la veda establecida en el Decreto 184-2013, de la que se hizo valer el sentenciador para emitir un fallo absolutorio. Otro aspecto importante, es que la acción por la cual el señor S. R. M. H., fue llevado a juicio, se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto de fabricación artesanal, que se encontraba en buen estado de funcionamiento, al contar con el mecanismo que le permitía disparar el proyectil calibre 12 Gauge; que es una munición comercial. En este sentido debemos referir, que independientemente del tipo de munición utilizada en el arma chimba, la misma jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial, como ya lo indicamos. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: Omisión en la parte resolutiva del Fallo de todas las cuestiones debatidas en Juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 4 del Código EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El artículo 338 del Código Procesal Penal establece: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: PRIMERA, SEGUNDA; TERCERA; CUARTA; QUINTA: En la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción...” (Lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada observamos que el Fiscal de la causa, tanto en la formalización de acusación como en el momento de realizar sus conclusiones en el Debate, solicitó una condena específicamente por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido, de conformidad a lo establecido en el artículo 332A del Código Penal; pero el Sentenciador en la fundamentación jurídica del fallo, alude a la calificación del delito de conformidad a lo establecido en el artículo 332B del Código Penal, en ese sentido entenderíamos que se refiere al delito de Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial; sin embargo en la parte resolutiva del fallo refiere que absuelve al acusado del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, sin establecer la diferencia si lo hace con relación al artículo 332A o 332B del Código Penal, es decir no se pronuncia sobre la calificación que realizó el Fiscal en el momento de las conclusiones o la consideración que hiciera el A quo por el delito de Portación Ilegal de Armas de de Fuego de Uso Comercial, simplemente guarda silencio y señala que absuelve al acusado del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho que cometió el Tribunal sentenciador al haber guardado silencio en la parte dispositiva del fallo, sobre el delito por el cual absolvió al acusado, es decir si por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial o Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido, tal como lo manda la regla quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal, que establece los requisitos de la sentencia, en consecuencia al no haber realizado dicho pronunciamiento, omitió elementos esenciales, como la resolución de todas las cuestiones debatidas en el Juicio. Conforme a lo expuesto se concluye, que el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, en el Departamento de Choluteca, incurrió en el vicio por quebrantamiento de forma, de haber omitido en la parte dispositiva del Fallo, elementos esenciales como la resolución de todas las cuestiones debatidas en el juicio seguido al señor S. R. M. H., como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único motivo. *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: falta de aplicación; y, *Pretensión: resolver conforme a ley. Argumenta el censor del fallo que al analizar los hechos probados de la sentencia de conformidad al contenido del artículo 332-A del Código Penal, se verifica la existencia de un error in iudicando por falta de aplicación del precepto legal citado, pues quedó acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado S. R. M. H., quien tomó parte directa en la ejecución del acto al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley. Además, arguye, que el arma de fuego decomisada al acusado, conocida como “chimba”, no reúne los parámetros legales establecidos en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, el cual enumera las características de las armas de fuego que se consideran permitidas y que por ello no podrá ser objeto de registro alguno por el Estado de Honduras. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal).Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de Julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como fabricación ilícita de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7.Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber:1)Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).2) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino dearmas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales(no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (armas automáticas), 2 (armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años.Tratamiento penal a las armas de fabricación cacera o artesanal.El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y Otros Similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito.Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita, en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación.Del principio de retroactividad de la ley penalLa exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”.Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82).Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160).En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”.De la procedencia del recurso. El recurso es parcialmente de recibo. El Ministerio Público expone en su recurso que el fundamento fáctico de la sentencia contiene claramente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contenido en el artículo 332-A del Código Penal, ya que el arma de fuego “chimba” que portaba el acusado, no reúne las especificaciones del artículo 7 de la Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares; y, además, porque no podrá ser objeto de registro alguno. Por esa razón considera que se comete un vicio in iudicando cuando el juzgador absuelve de responsabilidad penal al señor S. R. M. H.El objeto de la impugnación ya ha sido definido por doctrina legal de la Sala de lo Penal, siendo del criterio que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo 332-A del Código Penal. La naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que éste último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras -chimbas- usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Por estas razones, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior,en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.Por lo anterior, no cabe duda que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba” que se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal.En cuanto al argumento judicial esgrimido por el Tribunal de Sentencia para absolver de responsabilidad penal al acusado, aplicando retroactivamente el decreto legislativo 184-2013, el cual establece que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, así como aquellas personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal puedan hacer entrega de la misma a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendo a la inmediata destrucción de la misma, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que en supuestos como el planteado, se exige tomar en cuenta pautas orientativas que conlleven a colegir sin género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o comparecer ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para su destrucción inmediata, pues el permiso o veda no es simplemente para portarla sino que se encamine a realizar las conductas descritas en el decreto legislativo temporal. Se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado fue capturado por haber recibido una denuncia en su contra cuando se encontraba portando el arma de fuego “chimba” de manera sospechosa a las ocho de la noche en el barrio Estruendo, circunstancias todas que conducen a colegir objetivamente que la intencionalidad del acusado no era de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción inmediata. Por estas razones, deviene procedente declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numerales 4 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: omisión en la parte resolutiva del fallo de todas las cuestiones debatidas. * Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: resolver conforme a ley.La fiscalía del Ministerio Público indica en su recurso de casación que al formalizar acusación y al momento de las conclusiones, solicitó una pena específicamente por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, ello de conformidad al artículo 332-A del Código Penal, empero el sentenciador en la fundamentación jurídica del fallo alude al contenido del artículo 332-B del Código Penal y en la parte resolutiva refiere que absuelve al acusado del delito de portación ilegal de armas de fuego sin especificar si lo hace en relación al artículo 332-A o 332-B del Código Penal, es decir, no se pronuncia sobre la calificación que hace el ente acusador. De la procedencia del recurso. El recurso no es objeto de pronunciamiento. Al haber prosperado el recurso de casación por infracción de ley y por los efectos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio del recurso de casación por quebrantamiento de forma.DECISIÓN Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara Ha Lugar Parcialmente el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, y como consecuencia, revoca la misma; Tercero: Se debe condenar y se condena al señor S. R. M. H., de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego de uso personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se le condena al señor S. R. M. H., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor S. R. M. H.. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-328-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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