Sentencia CP-326-14 — Registro 13685
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Para dar respuesta al Recurrente es necesario hacer previamente una revisión del acumulado judicial, en particular a lo referente al medio de prueba el cual se denuncia ha sido denegada su reproducción indebidamente por el Tribunal de Sentencia. Aprecia esta Sala de lo Penal a folio 129 el acta que documenta la audiencia de proposición de Medios de Prueba, en la cual se señala que el Ministerio Público ofertó como medios de prueba testifical: i.- Declaración del Señor Eber Iván Bardales; ii.- Declaración del Testigo MP20-11; y iii.- Declaración del testigo AB/10986-2011; Todos los cuales fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia. Más adelante corre agregada el acta de la audiencia de debate a folio 134, en la cual se lee que abierto que fue el debate para el recibimiento a prueba, fue llamado a estrado judicial al Testigo José Ismael Castellón con Clave MP20-2011, quien después de ser juramentado señaló no saber nada de los hechos (f. 135), provocando de manera inmediata que el Ministerio Público solicitase la introducción por lectura de su declaración dada en audiencia inicial, petición que fue declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia bajo el criterio que no se observaban ninguno de los presupuestos del artículo 311 del Código Procesal Penal; No conforme, el Ministerio Público interpuso recurso de reposición señalando que la introducción por lectura era como consecuencia de la negativa del testigo a declarar, lo que de igual modo fue resuelto sin lugar por el A-Quo señalando que el Agente Fiscal no realizó ninguna interrogante al testigo. Más adelante se lee en el acta de debate que el Tribunal de Sentencia consultó al Ministerio Público sobre la incomparecencia del testigo MP20-11, obteniendo como respuesta la renuncia a ese medio de prueba (f. 136). Es necesario en este punto hacer acotación que en el acta de debate no se hace ninguna referencia al testigo con la clave AB/10986-2011, pero si se hace referencia en dos ocasiones al testigo MP20-11, primero como aquel que llegó a la audiencia de debate y segundo como aquel que no pudo ser localizado y por ende objeto de renuncia por el Ministerio Público, lo que evidencia que el acta contiene un error de identificación pues claramente las dos referencias al testigo MP20-11, tratan de dos testigos distintos; por ello, tomando en consideración lo expuesto en el escrito de interposición del recurso de casación y en el escrito de contestación, esta Sala de lo Penal entiende que la primera mención que hace el acta del testigo MP20-11, obedece a un error de designación y que en realidad se trata del testigo AB/10986-2011. Por otro lado el Ministerio Público en su recurso señaló que la petición formulada al Tribunal de Sentencia era la admisión de un medio de prueba nuevo para mejor proveer como consecuencia de que la retractación del testigo en la audiencia de debate era un hecho nuevo de imposible predicción, citando como fundamento legal el artículo 333 del Código Procesal Penal; Sin embargo al hacer revisión del acta de debate lo que encuentra esta Sala de lo Penal es que el Agente Fiscal lo que formuló fue petición de introducción por lectura con base en el artículo 311 del Código Procesal Penal y por ende que es falso que lo presentado haya sido una formal propuesta de un auto para mejor proveer. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia se ha ceñido al Debido Proceso al rechazar la solicitud del Ministerio Público de introducir por lectura la declaración hecha por el testigo AB/10986-2011, en la audiencia inicial, puesto que: i.- No constituye el documento un medio de prueba, al no haber sido ofertado de manera oportuna ni haberse incorporado como un auto para mejor proveer; ii.- La solicitud no se ajusta a lo previsto en el artículo 311, en particular en el numeral 2 que dispone la sustitución de una declaración testifical dada de manera oral (prueba admitida) por otra que exista en un documento, ello cuando la declaración oral no pueda realizarse por una alta dificultad o imposibilidad, lo que no ocurre en el presente caso pues el testigo AB/10986-2011, se hizo presente a la audiencia y prestó su declaración: señaló no saber nada de los hechos. En el planteamiento del recurso el Ministerio Público correctamente señala que la retractación de un testigo en la audiencia de debate, informando hechos distintos a aquellos que previamente había declarado o simplemente callándolos bajo pretexto de no recordarlos, es un hecho nuevo e impredecible, que justifica la práctica de un auto para mejor proveer que ordene la incorporación como medio de prueba el documento donde consta aquella declaración previa del testigo, a efecto de ser comparada con la declaración oral dada en la audiencia de debate y en definitiva valorada como un medio de prueba independiente; Sin embargo, lo expuesto en el recurso es distinto a lo que consta en el acta de la audiencia de debate, donde se lee que el Ministerio Público solicitó, no un auto para mejor proveer, sino la incorporación por lectura del fragmento de la audiencia inicial en donde consta la declaración previa del testigo AB/10986-2011, lo que resulta improcedente como consecuencia de que el medio de prueba ofrecido era la declaración oral de este testigo, lo cual en efecto se evacuó al haberse presentado en la audiencia, y por ende descartándose imposibilidades o dificultades de prestar dicha declaración; Ergo, no existe tampoco violación al Derecho de Defensa porque en conclusión el medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público (declaración de AB/10986-2011), fue admitido por el Tribunal de Sentencia (F. 129), evacuado oportunamente en la audiencia de debate(f. 135) y valorado en la sentencia (f. 148 v.)..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 326-2014 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha 1 de abril de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Absolviendo al Señor Jose Alfredo Pineda Flores, del delito de Asesinato, en perjuicio de B. D. V. y E. X. G. D..- No Condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por dicho juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Gelmer Humberto Cruz, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Miriam Emilda García, Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, Agentes de la Defensa Pública, en su condición de Recurridos. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA Primero: Que el día domingo veintiocho de agosto de dos mil once, como a las ocho de la noche, llegaron hasta la casa de habitación de E. Xiomara Gonzales Domínguez, ubicada en la colonia Jerusalén de La Lima, Cortés, varias personas, desconocidas, de donde y por la fuerza se llevaron a ésta y a la joven B. D. V., hasta los bordos de Loma Linda, sector de la colonia Planeta, de La Lima. Donde con armas de fuego y arma blanca, tipo machete, les provocaron heridas en la cabeza y diferentes partes del cuerpo les provocaron la muerte. Segundo: En fecha veintitrés de septiembre de dos mil once, se encontraba detenido en la posta policial de La Lima, Cortés, el señor Jose Alfredo Pineda Flores, y pusieron de ello a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, hacia donde llegaron agentes dependientes de esa Dirección y procedieron a darle captura por suponerlo de haber participado con otras personas más en la muerte de las jóvenes B. D. V. Y E. X. G. D.. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS Exposición De Los Motivos De Casación. Por Infracción De Precepto Constitucional: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate le fue inadmitido a la representante de la Sociedad la declaración del Testigo Protegido “AB-10986-2011”, mediante lectura autorizada; dicha petición se hizo al Juzgador en virtud que no obstante haber comparecido el testigo en mención al juicio oral y público, el mismo, se contradice al manifestar que no sabe nada del caso, habiendo declarado en audiencia inicial, infiriéndose de su negativa razones lógicas ya que se trata de organizaciones peligrosas denominadas “Maras”; sin embargo tal solicitud fue denegada; presentando el Agente de Tribunales el recurso de Reposición respectivo, decretando igualmente, el mismo sin lugar. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la Sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. Las Garantías Constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que el acusado se presentó a debate a manifestar que no sabía nada de los hechos y que por esa razón no iba a declarar, limitándose el Sentenciador a retirarlo de la Sala de Juicios, sin obtener el Fiscal aprobación a su petición en relación a que la declaración del acusado rendida en audiencia inicial fuese incorporada mediante lectura autorizada al debate, oponiéndose naturalmente la defensa a dicha petición. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de Asesinato, para lo cual recabó la prueba pertinente a fin de acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la declaración del Testigo Protegido AB-10986- 2011, quien identificó al imputado como la persona que el día de los hechos en compañía de otros hombres, dieron muerte a las dos jóvenes, la forma en como les habían dado muerte, que había sido con armas blancas, tipo machete y armas de fuego, tipo escopeta, y que una persona de nombre José Alfredo Pineda, era quién amedrentaba a las mujeres diciéndoles que las iban a matar; lo que fue corroborado por el Agente de Investigación Criminal adscrito a la Unidad Muerte de Mujeres, Eber Iván Bardales Uclés; asimismo, manifestó este testigo (policía investigativo) que el 23 de septiembre de 2011, recibió información que en la Posta de La Lima, Cortés, se encontraba detenida una persona que correspondía al nombre de José Alfredo Pineda, y que era una de las personas que habían participado en la muerte de B. V. y E. G., por lo que procedió a trasladar el testigo, que días antes le había dado información manteniéndolo como testigo protegido, hasta la Posta Policial, donde éste reconoció al señor José Alfredo Pineda, conocido por su apodo como “El Ajo”, como uno de los que había participado en la muerte de las dos mujeres en el bordo de Loma Linda, sector de la colonia Planeta, por lo que procedieron a darle detención como sospechoso de haberles causado la muerte a las jóvenes antes mencionadas en compañía de otros hombres; el Tribunal le da credibilidad por considerar que ha sido rendida sin reticencia alguna sin ánimo de agravarle la situación al imputado, manifestando lo que el testigo le manifestó en su momento, siendo lo que motivó la detención del señor Pineda; considerando que la declaración del testigo protegido AB-10986-2011 resultaba útil y pertinente para las pretensiones del ente acusador; en virtud de lo cual debemos mencionar que sobre el particular el Código Procesal Penal en el artículo 333 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Durante el juicio, solamente podrán evacuarse los medios de prueba oportunamente propuestos por las partes. El Tribunal podrá, sin embargo, a petición de parte o de oficio, ordenar que se practiquen otras pruebas, si durante el juicio se ha puesto de manifiesto la omisión de un elemento de prueba importante antes no conocido. Dichas pruebas podrán ser ordenadas también por el Juez en la audiencia inicial.” Tal como ocurrió en el caso de mérito, el ente fiscal no contaba con que el Testigo Protegido AB-10986-2011, iba a negarse a declarar lo que sabía, y sobre todo lo que anteriormente había declarado en audiencia inicial, por lo que al conocer sobre su negativa a declarar es decir, de la contradicción del testigo protegido, al manifestar que no sabía nada acerca de quién causó la muerte a las dos mujeres, se hizo la petición correspondiente al Tribunal a fin de que se introdujera la declaración que éste rindiera en la audiencia antes referida mediante lectura autorizada. Sin embargo, al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por considerar simplemente que ya el testigo había referido desconocer los hechos criminosos, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. Sobre este aspecto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que puede valorarse durante el juicio oral una declaración rendida durante la etapa preparatoria, aún y cuando ésta no cumpla con los requisitos de la prueba anticipada, cuando indicó que: “…si bien los testimonios rendidos en la audiencia inicial tendrán validez para fundamentar la resolución que se profiera en ella, según lo dispone el artículo 298 del mismo Código, es la regulación excepcional prevista en el artículo 311 numeral 2) del Código Procesal Penal, la que catapulta la declaración de la audiencia inicial a la posibilidad de ser admitida y valorada en el juicio oral y público pues expresamente se privilegian los testimonios practicados durante la etapa preparatoria para que, en los casos de imposibilidad o extraordinaria dificultad puedan ser reproducidos en el acto del juicio oral, de ahí que la petición realizada por el Fiscal de instancia se encontraba fundamentada y ajustada a derecho, y como ya se había indicado al declarar sin lugar la incorporación por lectura del Testigo Protegido AB-10986-2011, limitaron al ente acusador para poder probar sus pretensiones. En virtud de lo anterior, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la Sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación por ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 82 y 90 de la Constitución de la República, en relación al artículo 311 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso y al derecho de defensa al denegar el Tribunal de Sentencia la introducción por lectura de una declaración rendida en etapa preparatoria del proceso penal. * Pretensión: Sin Determinar por El Recurrente. Denuncia el Ministerio Público que se ha violentado el Derecho a un Debido Proceso y a un adecuado espacio para ejercer defensa por el Tribunal de Sentencia; explica que para ser escuchado en la audiencia de debate se propuso la declaración testifical del testigo AB-10986-2011, quien al comparecer se retractó de lo dicho en la audiencia inicial, señalando no conocer nada de los hechos. Como consecuencia, el Ministerio Público solicitó la introducción por lectura de su declaración anterior al amparo del artículo 311 del Código Procesal Penal, ello en el marco de lo que dispone el artículo 333 del mismo cuerpo legal, pues la retractación es un hecho nuevo imposible de advertir por parte del Ministerio Público; concluye que al no habérsele permitido al Ministerio Público hacer uso del medio de prueba en referencia, se violentaron los derechos fundamentales antes citados. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el Ministerio Público como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez/a predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 2 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero cómo debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Como conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho a la Defensa Particularmente y por referencia al recurso interpuesto, en relación al Derecho de Defensa, la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 2 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). El Derecho de Defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El Derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (Art. 84 último párrafo de la Constitución Política y Art. 101, 282.6 y 287.1 del CPP), que se produce cuando a la persona se le informa, por parte del Estado, sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La Intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -Técnica y Material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (Art. 276 del CPP) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (Art. 101.11 segundo párrafo del CPP). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 1 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad.- Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración.- Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido la sentencia de la Corte IDH de fecha 7 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídico procesal, dando paso a que la persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de Intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así; éste, por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (Inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la Intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (Art. 15 y 101 CPP), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa: el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse; ello conlleva: 1. Imposibilidad de mutación de dichos hechos -pues de ocurrir- implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (Art. 301 CPP); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (Art. 316 CPP); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y/o de poder hacer valer su propia teoría del caso (Art. 317 CPP); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (Art. 318 CPP) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (Art. 312 CPP); y 2. Obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (Principio de correlación de la sentencia con la acusación, art. 337 CPP), pues, de nuevo, la consideración de los Jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Introducción por lectura de Medios de Prueba ordenados como Autos para Mejor Proveer. La regla general en los procesos penales es que durante el juicio solamente podrán evacuarse los medios de prueba que oportunamente hayan sido propuestos por las partes y debidamente admitidos por el Tribunal de Sentencia; sin embargo, el tribunal de sentencia podrá ordenar la práctica de medios de prueba cuando concurran las circunstancias especiales que prevé el artículo 333 del Código Procesal Penal, siendo éstas: 1. Que la solicitud la realice alguna de las partes en la audiencia de debate, previo a la conclusión de la fase de evacuación de medios de prueba. 2. Que sea un medio de prueba que no haya sido propuesto de manera previa por alguna de las partes y rechazado por el Tribunal de Sentencia al no haber superado el juicio de admisibilidad. 3. Que la existencia o necesidad de la práctica del medio de prueba sea como consecuencia de la revelación de un hecho nuevo o un hecho anterior pero no conocido hasta ahora por ninguna de las partes. Tal revelación debe ser hecha por un medio de prueba evacuado en la audiencia de debate. 4. Que el medio de prueba que se propone supere el juicio de admisibilidad, por ser útil, proporcional y pertinente. 5. Que la producción del medio de prueba que se está solicitando sea en un plazo menor a los quince días que prevé la ley como plazo máximo para la suspensión de la audiencia de debate. El término podría variar en caso de que en la audiencia de debate ya se hayan consumido tiempo de suspensión antes de la propuesta de la prueba. Excepcionalmente el Tribunal de Sentencia, a propia iniciativa y siempre previa contradicción de las partes, podrá ordenar la práctica de un medio de prueba para mejor proveer cuando se observen los requisitos anteriores, debiendo tener presente que esta es una potestad excepcional y que jamás podrá ser usada como medio para “mejor condenar” o “mejor absolver”, sino como un mecanismo de aclaración de un hecho nuevo revelado durante la audiencia de debate, so pena de poner en precario la imparcialidad judicial. Ahora bien, lo dispuesto en el artículo 333 del Código Procesal Penal no debe ser confundido con los supuestos contemplados en el artículo 311 del mismo cuerpo legal, pues en el primero se trata de la incorporación al proceso de un medio de prueba, entretanto la segunda norma regula los hechos excepcionales por los cuales un medio de prueba, previamente admitido para ser evacuado en debate, será reproducido por lectura -en lugar de manera oral- como es la regla en la que debe operar esta audiencia. El artículo contempla cuatro supuestos (numerales del 1 al 4), mediante los cuales es permitido, de manera excepcional, la introducción por lectura de medios de prueba para efectos de ser valorados por el Tribunal de Sentencia; cada uno de los supuestos establece que tipo de medio de prueba y las condiciones materiales que deben presentarse para que dicha introducción sea válida. Señala el primer numeral que podrán ser reproducidos por lectura en la audiencia de debate: “Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio”. Este numeral define entonces como requisitos: 1. Que el testimonio o pericia haya sido evacuado en un momento antes del debate, pudiendo ser en la etapa preparatoria, intermedia o incluso en la misma etapa de juicio, siempre que sea previo a la celebración de la audiencia referida. 2. Que la evacuación del medio de prueba haya sido realizada observando el protocolo previsto para las pruebas anticipadas, con el registro debido del resultado de ésta. 3. Que el medio de prueba figure como uno de aquellos que fue oportunamente propuesto y admitido por el Tribunal de Sentencia. 4. Que resulte imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, por causa de la naturaleza del medio de prueba o por causa atinente al testigo o perito que deba comparecer: i) La Naturaleza del medio de prueba puede obligar que ésta sea tomada de manera anticipada por ser de carácter irrepetible, por la complejidad del análisis pericial, por el riesgo que implique su práctica (imaginemos que implique la manipulación de material explosivo, toxico, etc.), por el tiempo que tome el análisis pericial o porque deba ser realizado dicho análisis pericial o deba ser tomada la declaración testifical en un lugar fuera de la competencia territorial del órgano jurisdiccional; ii) También la imposibilidad puede ser por incapacidad sobrevenida y material del testigo o perito de dar a conocer lo que sabía de los hechos, durante el tiempo que se celebre la audiencia de debate o dentro del plazo en que éste pueda suspender la audiencia, que es de un máximo de 15 días. En su segundo numeral el artículo 311 del Código Procesal prescribe que igualmente se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. Partiendo de la norma, se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda brindar su declaración oral en la audiencia como consecuencia de: i) Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante permanente; ii) Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no le es posible como consecuencia de una enfermedad incapacitante temporal, o porque no sea posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de 15 días, como ocurre en los casos en que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. Como tercer numeral el artículo 311 prevé que se introducirán por lectura: “Los testimonios rendidos en juicio o excepcionalmente, en los casos previstos en el numeral anterior, durante la etapa preparatoria por los sordomudos que solo puedan darse a entender por escrito.”, esto precisamente porque el medio escrito es el único medio por el cual pueden comunicarse las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje hablado; se requiere entonces como requisitos: 1. Que la declaración de la persona haya sido ofrecida oportunamente como medio de prueba a evacuarse en la audiencia de debate. 2. Que la persona se presente a la audiencia de debate, rindiendo declaración por escrito como consecuencia de adolecer capacidad auditiva y/o imposibilidad de comunicarse mediante el lenguaje hablado; Declaración a la cual se le dará lectura; o 3. Cuando el testigo no se presente a la audiencia de debate por una imposibilidad o una dificultad, disponiéndose la introducción por lectura de una declaración dada por éste en la etapa preparatoria (en los mismos términos del numeral 3 del artículo). Finalmente, el cuarto numeral del artículo señala que se introducirán por lectura: “Las actas que documentan inspecciones, reconocimientos, registros o allanamientos que se hayan obtenido o realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el presente Código, pero habrán de ser ratificadas en juicio siempre que sea posible.”; esto como consecuencia de la propia naturaleza del medio de prueba; por ende, los requisitos son: 1. Que el medio de prueba sea un documento que registre una actuación de investigación bajo control policial, fiscal o judicial; tales como: inspecciones oculares, reconocimientos de objetos o de personas, registros a personas, vehículos, viviendas o bienes inmuebles, allanamientos, etc.; 2. Que el documento haya sido oportunamente ofertado y admitido como medio de prueba para el debate. 3. Que el documento sea ratificado por la persona que lo haya elaborado; la ratificación implica: no solamente el reconocimiento de la autoría, sino también la posibilidad de las partes de interrogar a la persona respecto a todos los hechos que llevaron a la elaboración del documento. Advierte la norma que la ratificación se realizará siempre que sea posible, lo que implica que cuando no lo sea, la parte proponente del medio de prueba deberá acreditar la existencia de dicha imposibilidad. La valoración de los medios de prueba introducidos por lectura deberá hacerse conforme a las reglas de la sana critica (Art. 202 CPP), con especial cuidado cuando se trate de medios de prueba testifical y pericial dada la evidente limitación a la inmediación y al derecho de contradicción, estando obligado el Tribunal de Sentencia de manera ineludible a hacer un examen riguroso de dicho medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. En el caso de los numerales 5 y 6 del artículo 311 CPP, si bien está contenido en el mismo artículo, no constituyen excepciones a la oralidad, sino herramientas de valoración de prueba. Indican los numerales citados que, a petición de parte interesada, durante el debate el Tribunal de Sentencia ordenará la introducción por lectura de tres (3) tipos de registros: i.- Los informes periciales realizados durante la etapa preparatoria; ii.- Las declaraciones que antes de la audiencia de debate haya rendido la persona acusada y; iii.- Las declaraciones testificales rendidas en etapas previas al debate. El objeto de la introducción por lectura de estos registros es hacer una comparación entre la declaración previa dada por el perito, acusado, perito o testigo con la hecha en la audiencia de debate y confrontar al compareciente para que explique sobre alguna contradicción en la que haya incurrido; ello implica que son requisitos para que tal confrontación se realice: 1. Que el perito, imputado o testigo se encuentre deponiendo en la audiencia de debate; 2. Que haya rendido informe en el caso del perito, o declaración en el caso de testigos e imputado, de manera previa en una etapa anterior al proceso; y 3. Que entre la información dada previamente por el compareciente con la dicha en el acto del debate se adviertan contradicciones de importancia para el caso que se juzga y que sea necesario que sean aclaradas. La confrontación permite a los juzgadores tener un instrumento más para valorar la credibilidad del testimonio que está presenciando en el debate; La información o declaración introducida por lectura no constituye medio de prueba, no puede ser objeto de valoración independiente, puesto que ésta solo es para efectos de confrontación, siendo la declaración que el compareciente realiza en la audiencia de debate y, en específico, las explicaciones que dé respecto a las contradicciones incurridas, lo que debe ser analizado y valorado por el Tribunal de Sentencia. En conclusión: ante la revelación de un hecho nuevo en la audiencia de debate que dicte la necesidad de la práctica de un nuevo medio de prueba, antes no conocido y por tanto no ofertado como tal, cualquier de las partes podrá solicitar al Tribunal de Sentencia la práctica de un auto para mejor proveer, el cual -resuelto positivamente- produce como efecto legal la incorporación de dicho medio de prueba al acervo que debe ser evacuado y valorado por el Tribunal de Sentencia. El medio de prueba para mejor proveer, cuando no pueda ser evacuado oralmente, deberá ser introducido mediante su lectura siempre que se de alguno de los supuestos del artículo 311 del Código Procesal Penal. Debe entenderse que un documento que no sea medio de prueba, ni haya sido incorporado como tal por un auto para mejor proveer, no puede ser introducido por lectura a la audiencia de debate invocando el artículo 311 del Código Procesal Penal, pues como se ha señalado. esta norma no contempla en ninguno de sus numerales tal posibilidad, sino que se limita a reglar las excepciones de lectura como forma de evacuación de prueba ya admitida previamente. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. Para dar respuesta al Recurrente es necesario hacer previamente una revisión del acumulado judicial, en particular a lo referente al medio de prueba el cual se denuncia ha sido denegada su reproducción indebidamente por el Tribunal de Sentencia. Aprecia esta Sala de lo Penal a folio 129 el acta que documenta la audiencia de proposición de Medios de Prueba, en la cual se señala que el Ministerio Público ofertó como medios de prueba testifical: i.- Declaración del Señor Eber Iván Bardales; ii.- Declaración del Testigo MP20-11; y iii.- Declaración del testigo AB/10986-2011; Todos los cuales fueron admitidos por el Tribunal de Sentencia. Más adelante corre agregada el acta de la audiencia de debate a folio 134, en la cual se lee que abierto que fue el debate para el recibimiento a prueba, fue llamado a estrado judicial al Testigo José Ismael Castellón con Clave MP20-2011, quien después de ser juramentado señaló no saber nada de los hechos (f. 135), provocando de manera inmediata que el Ministerio Público solicitase la introducción por lectura de su declaración dada en audiencia inicial, petición que fue declarada sin lugar por el Tribunal de Sentencia bajo el criterio que no se observaban ninguno de los presupuestos del artículo 311 del Código Procesal Penal; No conforme, el Ministerio Público interpuso recurso de reposición señalando que la introducción por lectura era como consecuencia de la negativa del testigo a declarar, lo que de igual modo fue resuelto sin lugar por el A-Quo señalando que el Agente Fiscal no realizó ninguna interrogante al testigo. Más adelante se lee en el acta de debate que el Tribunal de Sentencia consultó al Ministerio Público sobre la incomparecencia del testigo MP20-11, obteniendo como respuesta la renuncia a ese medio de prueba (f. 136). Es necesario en este punto hacer acotación que en el acta de debate no se hace ninguna referencia al testigo con la clave AB/10986-2011, pero si se hace referencia en dos ocasiones al testigo MP20-11, primero como aquel que llegó a la audiencia de debate y segundo como aquel que no pudo ser localizado y por ende objeto de renuncia por el Ministerio Público, lo que evidencia que el acta contiene un error de identificación pues claramente las dos referencias al testigo MP20-11, tratan de dos testigos distintos; por ello, tomando en consideración lo expuesto en el escrito de interposición del recurso de casación y en el escrito de contestación, esta Sala de lo Penal entiende que la primera mención que hace el acta del testigo MP20-11, obedece a un error de designación y que en realidad se trata del testigo AB/10986-2011. Por otro lado el Ministerio Público en su recurso señaló que la petición formulada al Tribunal de Sentencia era la admisión de un medio de prueba nuevo para mejor proveer como consecuencia de que la retractación del testigo en la audiencia de debate era un hecho nuevo de imposible predicción, citando como fundamento legal el artículo 333 del Código Procesal Penal; Sin embargo al hacer revisión del acta de debate lo que encuentra esta Sala de lo Penal es que el Agente Fiscal lo que formuló fue petición de introducción por lectura con base en el artículo 311 del Código Procesal Penal y por ende que es falso que lo presentado haya sido una formal propuesta de un auto para mejor proveer. Así las cosas, el Tribunal de Sentencia se ha ceñido al Debido Proceso al rechazar la solicitud del Ministerio Público de introducir por lectura la declaración hecha por el testigo AB/10986-2011, en la audiencia inicial, puesto que: i.- No constituye el documento un medio de prueba, al no haber sido ofertado de manera oportuna ni haberse incorporado como un auto para mejor proveer; ii.- La solicitud no se ajusta a lo previsto en el artículo 311, en particular en el numeral 2 que dispone la sustitución de una declaración testifical dada de manera oral (prueba admitida) por otra que exista en un documento, ello cuando la declaración oral no pueda realizarse por una alta dificultad o imposibilidad, lo que no ocurre en el presente caso pues el testigo AB/10986-2011, se hizo presente a la audiencia y prestó su declaración: señaló no saber nada de los hechos. En el planteamiento del recurso el Ministerio Público correctamente señala que la retractación de un testigo en la audiencia de debate, informando hechos distintos a aquellos que previamente había declarado o simplemente callándolos bajo pretexto de no recordarlos, es un hecho nuevo e impredecible, que justifica la práctica de un auto para mejor proveer que ordene la incorporación como medio de prueba el documento donde consta aquella declaración previa del testigo, a efecto de ser comparada con la declaración oral dada en la audiencia de debate y en definitiva valorada como un medio de prueba independiente; Sin embargo, lo expuesto en el recurso es distinto a lo que consta en el acta de la audiencia de debate, donde se lee que el Ministerio Público solicitó, no un auto para mejor proveer, sino la incorporación por lectura del fragmento de la audiencia inicial en donde consta la declaración previa del testigo AB/10986-2011, lo que resulta improcedente como consecuencia de que el medio de prueba ofrecido era la declaración oral de este testigo, lo cual en efecto se evacuó al haberse presentado en la audiencia, y por ende descartándose imposibilidades o dificultades de prestar dicha declaración; Ergo, no existe tampoco violación al Derecho de Defensa porque en conclusión el medio de prueba ofrecido por el Ministerio Público (declaración de AB/10986-2011), fue admitido por el Tribunal de Sentencia (F. 129), evacuado oportunamente en la audiencia de debate(f. 135) y valorado en la sentencia (f. 148 v.). V. DECISIÓN No Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se declara Firme de la sentencia de fecha 1 de abril de 2014 (f. 147) dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. FIRMA Y SELLO. José Ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-326-2014.
JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.