Sentencia CP-32-16 — Registro 9615
Resumen
En primera instancia se condena a los imputados como autores de los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido en varios fallos su criterio jurisprudencial acerca de la aplicación de los Decretos legislativos antes señalados, en el sentido de que el legislador los ha creado con la intención de que, aquellas personas que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean factura de venta de la Armería, puedan presentarse ante la autoridad respectiva a inscribir su arma de fuego comercial; con esto no significa que el legislador este despenalizando los artículos 332A y 332B del Código Penal, sino que su propósito es darle a las personas que se encuentren en esas circunstancias, la posibilidad de trasladarse hasta las oficinas respectivas a registrar su arma sin el temor de ser capturado por su portación. Aunado a eso, es necesario tomar en consideración las circunstancias particulares que cada caso plantea, es decir los escenarios en que se decomisan las armas, pues es también condición de la ley, que para registrar dichas armas es necesario como requisito indispensable, no contar con antecedentes judiciales ni policiales. En el caso sometido a análisis, a los imputados T. C.C. U. y O. S. C. R., también conocido como O. F.M., se les encuentra en posesión no solo de armas comerciales, sino que además de drogas y armas de guerra; haciendo evidente que la intención de los ahora acusados no era en ningún momento registrarlas, sino que utilizarlas para cometer actos ilícitos, constituyéndose sus propias acciones en antecedentes judiciales que impedirían que registraran cualquier arma que tuvieran en su poder. Esta Sala de Casación comparte el criterio que ha externado el sentenciador en el acápite “Fundamentación Jurídica”, numeral cuarta al establecer: “Por otra parte se estaría asumiendo que a la población en general, le es permitido portar toda clase de armas de fuego durante la videncia del decreto, lo que indudablemente pondría en precario el bien jurídico protegido, cual es la seguridad interior del Estado de Honduras y aumentaría de sobremanera los índices de violencia en el país, los cuales de por si ya son altos, lo que es contrario a las consideraciones que tuvo el legislador al emitir el Decreto Legislativo No. 184-2013.” Por todas estas razones ampliamente explicadas, es procedente desestimar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido en varios fallos su criterio jurisprudencial acerca de la aplicación de los Decretos legislativos antes señalados, en el sentido de que el legislador los ha creado con la intención de que, aquellas personas que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean factura de venta de la Armería, puedan presentarse ante la autoridad respectiva a inscribir su arma de fuego comercial; con esto no significa que el legislador este despenalizando los artículos 332A y 332B del Código Penal, sino que su propósito es darle a las personas que se encuentren en esas circunstancias, la posibilidad de trasladarse hasta las oficinas respectivas a registrar su arma sin el temor de ser capturado por su portación. Aunado a eso, es necesario tomar en consideración las circunstancias particulares que cada caso plantea, es decir los escenarios en que se decomisan las armas, pues es también condición de la ley, que para registrar dichas armas es necesario como requisito indispensable, no contar con antecedentes judiciales ni policiales. En el caso sometido a análisis, a los imputados T. C.C. U. y O. S. C. R., también conocido como O. F.M., se les encuentra en posesión no solo de armas comerciales, sino que además de drogas y armas de guerra; haciendo evidente que la intención de los ahora acusados no era en ningún momento registrarlas, sino que utilizarlas para cometer actos ilícitos, constituyéndose sus propias acciones en antecedentes judiciales que impedirían que registraran cualquier arma que tuvieran en su poder. Esta Sala de Casación comparte el criterio que ha externado el sentenciador en el acápite “Fundamentación Jurídica”, numeral cuarta al establecer: “Por otra parte se estaría asumiendo que a la población en general, le es permitido portar toda clase de armas de fuego durante la videncia del decreto, lo que indudablemente pondría en precario el bien jurídico protegido, cual es la seguridad interior del Estado de Honduras y aumentaría de sobremanera los índices de violencia en el país, los cuales de por si ya son altos, lo que es contrario a las consideraciones que tuvo el legislador al emitir el Decreto Legislativo No. 184-2013.” Por todas estas razones ampliamente explicadas, es procedente desestimar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,La sentencia en el Recurso de Casación SP 32-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual; Primero: Condenó al señor T.C.C.U., como autor de los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, Almacenamiento de Arma Prohibida y Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Población y la Seguridad del Estado de Honduras, a la pena de diez (10) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Condenó al señor O.S. C. R., también conocido como O. F. M., como autor de los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, Almacenamiento de Arma Prohibida y Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Población y la Seguridad del Estado de Honduras, en perjuicio de La Población y la Seguridad del Estado de Honduras, a la pena de diez (10) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de los señores T. C. C. U. y O. S. C. R., también conocido como O. F. M.. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Absolvió a los señores T. C. C. U. y O. S.C. R., también conocido como O. F. M., del delito de Asociación Ilícita. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la abogada T. S. en su condición de Defensora Pública de ambos acusados.SON PARTES: La Abogada A. R. P. P. y D. l L. D., en su condición de Defensoras Públicas de ambos imputados, como parte recurrente y la Abogada M. E. G. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día diez de junio de dos mil catorce alrededor de la seis de la tarde a través de una llamada realizada al Departamento contra asaltos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, una persona informó que, en la Colonia San Miguel de la Ciudad de Tegucigalpa, cerca de la posta policial llegaron cuatro personas integrantes de una mara, quienes tenían armas y droga y que pretendían establecerse en la zona. El día siguientes once de junio entre 7:30 y 8:00 agentes de investigación realizaron un operativo en dicha Colonia, por lo que llegaron hasta una casa de apartamentos donde tocaron la puerta de uno de los locales identificándose como miembros de la Policía. La señora D. X. S.C. abrió la puerta, y les manifestó que solo le acompañaban sus dos pequeños hijos y autorizó a los agentes para que ingresaran a su vivienda. Los agentes de Policía inician el registro de la vivienda y al entrar en el primer cuarto a la derecha cuya puerta está cerrada al ingresar observan que en el mismo se encuentran los señores T. C. C. y O. S. C. R., también conocido como O. F.M., tenían dos camas apiladas una sobre la otra, bajo el segundo colchón escondían cincuenta envoltorios de papel periódico conteniendo un total de 119.67 gramos de marihuana, en la segunda base de madera tenían un arma de fuego marca Ruger, modelo P89DC, calibre 9mm, con serie 303-79399, empuñadura de color negro con cargador con nueve (9) cartuchos sin percutir y uno en recámara, debajo de la cama un arma de fuego tipo fusil, marca Rissian calibre 7.62x39mm con número de serie 1987RX0175 con cinta aislante color negro, empuñadura de madera color café, porta fusil color negro, cargador metálico con veintidós cartuchos y uno en recamara sin percutir. Junto al televisor T .y O. S .tenían veintidós envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior un total de 10,80 gramos de cocaína. Los señores T. C. C. y O. S. C. R. tenían los envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana y los envoltorios de plástico conteniendo cocaína, con el propósito de transferirlas a terceras personas.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSRecurso de Casación por Infracción de Ley“EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por Falta de aplicación del Artículo 2 del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Artículo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Artículo 1 del Decreto N°. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, relacionado con artículo 221 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Los Preceptos Penales sustantivos que se invocan como infringidos por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Artículo 2 del Decreto N. 184-2013: Establecer a partir de la vigencia del presente decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva de dicha lectura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Durante este término de un año, las personas que tengan en el poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha Institución. Artículo 1 del Decreto N. 63-2014: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N°. 184-2013, de fecha l de septiembre de 2013, el cual establece un período de veda por un (1) año para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del decreto referido”. y Artículo 1 del Decreto N°. 60-2015: “Prorrogar a partir de la fecha de vencimiento del Decreto N° 63-20 14 de fecha 19 de agosto de 2014, la vigencia por un período hasta el 31 de diciembre de 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, al realizar los trámites correspondientes para dicho registro. Toda arma corta o larga, que cuente con el permiso balístico correspondiente puede ser traspasada y matriculada de un propietario a otro. Y Artículo 221. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta, podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación”. Artículos que ha infringido el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen estas disposiciones, además un delito no puede castigarse más que con la pena que estuviera prevista por la ley al tiempo de su comisión. Estos principios se asientan en la función garantista de los derechos fundamentales del principio de legalidad en general, por las razones siguientes: El Juzgador en referencia declaró como hecho probado el siguiente: UNICO: El día diez de Junio de dos mil catorce alrededor de la seis de la tarde a través de una llamada realizada al Departamento contra asaltos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, una persona informó que en la Colonia San Miguel de la Ciudad de Tegucigalpa, cerca de la Posta Policial llegaron cuatro personas integrantes de una mara, quienes tenían armas y drogas y que pretendían establecerse en la zona. El día siguiente once de junio entre 7:30 y 8:00, Agentes de Investigación realizaron un operativo en dicha Colonia, por lo que llegaron hasta una casa de apartamento donde tocaron la puerta de una de los locales identificándose como miembros de la Policía. La señora D. X. S. C. abrió la puerta, y les manifestó que solo le acompañaban sus dos pequeños hijos y autorizó a los Agentes para ingresaran a su vivienda. Los Agentes de Policía inician el registro de la vivienda y al entrar en el primer cuarto a la derecha cuya puerta está cerrada al ingresar observan que en el mismo se encuentran los señores T. C. C. Y O.S. C. R., también conocido como O. F. M., tenían dos camas apiladas una sobre la otra, bajo el segundo colchón escondían cincuenta envoltorios de papel periódico conteniendo un total de 119.67, gramos de marihuana, en la segunda base de madera tenían un arma de fuego marca Ruger, modelo P89DC, calibre 9mm, con serie 303-79399, empuñadura de color negro con cargador con nueve (9) cartuchos sin percutir y uno en recámara, debajo de la cama un arma de fuego tipo fusil, marca Rissian calibre 7.62x39mm con número de serie 1987RX0175 con cinta aislante color negro, empuñadura de madera color café, porta fusil color negro, cargador metálico con veintidós cartuchos y uno en recámara sin percutir. Junto al televisor T. Y O. S., tenían veintidós envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior un total de 10.80 gramos de cocaína. Los señores T. C. C. Y O. S. C. R. tenían los envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana y los envoltorios de plástico contendiendo cocaína, con el propósito de transferirlas a terceras personas. Esta declaración de hechos probados consignados por el Tribunal de sentencia, aparece como verdad incuestionable, que agentes de investigación realizaron un operativo en la Colonia San Miguel el día once de junio del 2014 como a las 7:30 y 8:00, La Policía encontraron a mis representado T. C. C. U. Y O. S. C. R., en unos apartamentos, procediendo al registro encontrando que sobre la segunda base de madera de la cama tenían un arma de fuego marca Ruger, modelo P89DC, calibre 9mm, con serie 303-79399, empuñadura de color negro con cargador con nueve (9) cartuchos sin percutir y uno en recámara, debajo de la cama un arma de fuego tipo fusil, marca Rissian calibre 7.62x39mm con número de serie 1987RX0 175 con cinta aislante color negro, empuñadura de madera color café, porta fusil color negro, cargador metálico con veintidós cartuchos y uno en recámara sin percutir. De estos puntos de hecho es que resulta claramente identificada la infracción por violación a los artículos 2 del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Artículo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Artículo 1 del Decreto N°. 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, citado en relación con artículo 221 de la Constitución de la República, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida, es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. Pues resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 2 del Decreto Legislativo N. 184- 2013 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 5 de octubre del 2013 y que este fuera prorrogado según Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014 y Artículo 1 del Decreto N°60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, y que manifiesta que, Durante el término de un año, las personas que tengan en poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la secretaria de dicha Institución. Para que este precepto tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras para que una persona sorprendida en dichos ilícitos pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado 332-A y 332B, del Código Penal, es necesario que al momento de haberse producido el ALMACENAMIENTO DE ARMA PROHIBIDA y el Delito de POSESION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo. Analizando los mencionados decretos en el caso que nos ocupa se trata de una disposición temporal vigente, y que por lo tanto debió aplicarse a mis representados, ya que en fecha diez de junio del año dos mil catorce en que sucedieron los hechos el Decreto N°184-2013, se encontraba vigente y al momento de dictar la sentencia en fecha 4 de septiembre del año 2015 el Decreto contentivo de la Prorroga se encontraba vigente, por lo tanto se les debió aplicar o sea que para que una persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación y almacenar armas prohibidas, pueda ampararse en esta disposición, para que no le sea aplicado el artículo 332-A y 332-B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse los ilícitos se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo para registrar el arma en el caso de la Portación Ilegal de Arma Comercial y pueden hacer entrega las armas consideradas de uso ilegal, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha Institución, éstá en relación al Almacenamiento Ilegal de Arma Prohibida, que justamente es lo que se puede interpretar en este caso, y así se afirma que el sentenciador al haber condenado a mis patrocinados T. C.C. U.Y O. S. C. R., también conocido como O.F. M., ha producido en consecuencia la infracción de los Preceptos Penales sustantivos que se invocan. Con lo relacionado anteriormente solicitó se adecúe la pena al delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, como es la pena mínima de seis años, en virtud de ya no existiría una unidad de acciones y una pluralidad de resultados al declarar con lugar el presente Recurso. INTERPRETACION PRETENDIDA. Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que la Infracción de falta de aplicación del Artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013, emitido por el Poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y Artículo 1 del Decreto N. 63-2014 publicado en fecha 6 de noviembre 2014, y Artículo 1 del Decreto N° 60-2015 publicado en fecha 8 de septiembre del 2015, relacionado con artículo 221 de la Constitución de la República, se pretende que se admita y se declare con lugar el presente Recurso, case la sentencia recurrida y proceda a revocarla dictando una nueva, absolviendo a mis representados de los delitos de Portación Ilegal de Arma Comercial y Almacenamiento ilegal de Arma Prohibida.”IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA -Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. ÚNICO MOTIVO *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: decretos legislativos 184-2013, 63-2014 y 60-2015, relacionado con el artículo 221 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: Violación o falta de aplicación de los decretos legislativos *Pretensión: que se absuelva a los acusados de los delitos de portación ilegal de arma comerciales y almacenamiento ilegal de arma prohibida. Explicó la recurrente que el sentenciador infringió por violación el artículo 2 del decreto 184-2013, artículo 1 del decreto 63-2014 y artículo 1 del decreto 60-2015, emitidos todos por el Soberano Congreso Nacional, pues el juzgador a pasado por alto estas disposiciones legislativas al momento de aplicar las normas penales, conforme la declaración de hechos probados.“De los Decretos Legislativos: 184-2013, 63-2014 y 60-2015 emitidos por el Soberano Congreso Nacional. El decreto legislativo 184-2013 relata: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad…” Este decreto legislativo entró en vigencia el 05 de octubre del 2013, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta”. El artículo 1 del decreto legislativo 63-2014 refiere: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N° 184-2013 de fecha 01 de septiembre del 2013, el cual establece un período de veda por un (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del Decreto referido.” El referido decreto legislativo fue publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 06 de noviembre de 2014, fecha en la que entró en vigencia. Por su parte el decreto 60-2015 de 08 de septiembre de 2015 relata así: “artículo 1.- Prorrogar a partir de la fecha del vencimiento del Decreto No. 63-2014 de fecha 19 de agosto del 2014, la vigencia por un periodo hasta el 31 de diciembre de 2015, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, al realizar los trámites correspondientes para dicho registro…”DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido en varios fallos su criterio jurisprudencial acerca de la aplicación de los Decretos legislativos antes señalados, en el sentido de que el legislador los ha creado con la intención de que, aquellas personas que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean factura de venta de la Armería, puedan presentarse ante la autoridad respectiva a inscribir su arma de fuego comercial; con esto no significa que el legislador este despenalizando los artículos 332A y 332B del Código Penal, sino que su propósito es darle a las personas que se encuentren en esas circunstancias, la posibilidad de trasladarse hasta las oficinas respectivas a registrar su arma sin el temor de ser capturado por su portación. Aunado a eso, es necesario tomar en consideración las circunstancias particulares que cada caso plantea, es decir los escenarios en que se decomisan las armas, pues es también condición de la ley, que para registrar dichas armas es necesario como requisito indispensable, no contar con antecedentes judiciales ni policiales. En el caso sometido a análisis, a los imputados T. C.C. U. y O. S. C. R., también conocido como O. F.M., se les encuentra en posesión no solo de armas comerciales, sino que además de drogas y armas de guerra; haciendo evidente que la intención de los ahora acusados no era en ningún momento registrarlas, sino que utilizarlas para cometer actos ilícitos, constituyéndose sus propias acciones en antecedentes judiciales que impedirían que registraran cualquier arma que tuvieran en su poder. Esta Sala de Casación comparte el criterio que ha externado el sentenciador en el acápite “Fundamentación Jurídica”, numeral cuarta al establecer: “Por otra parte se estaría asumiendo que a la población en general, le es permitido portar toda clase de armas de fuego durante la videncia del decreto, lo que indudablemente pondría en precario el bien jurídico protegido, cual es la seguridad interior del Estado de Honduras y aumentaría de sobremanera los índices de violencia en el país, los cuales de por si ya son altos, lo que es contrario a las consideraciones que tuvo el legislador al emitir el Decreto Legislativo No. 184-2013.” Por todas estas razones ampliamente explicadas, es procedente desestimar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo. V. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Pública.VI. POR TANTO,La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332A, 332B del Código Penal.FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada T. S., en su condición de Defensora Pública de los señores T. C. C. U. y O. S. C. R., también conocido como O. F. M., a quienes se le condenó por los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, Almacenamiento de Arma Prohibida y Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Población y la Seguridad del Estado de Honduras. SEGUNDO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESEFIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador .RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-32-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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