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Sentencia CP-319-15 — Registro 10532

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor de los delitos de Lesiones Leves, Amenazas, Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida y Concurso Ideal Impropio como medial entre la privación injusta de la libertad y las torturas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso Específico: El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna infringe el principio de retroactividad de la ley penal al no aplicar el Juzgador lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013, que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y del Decreto N. 63-2014, que establece la prórroga por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El Juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El día Diecinueve de Agosto del año dos mil trece a eso de las once de la noche (11:00pm), se encontraban en su casa de habitación localizada en la Colonia Nuevo San Juan, segunda etapa en La lima, Cortés los señores N. E. G. T. y R. M. E. O., G. E. O., lugar al que llegó el señor W. A. V. R., llevando consigo un arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, junto con otra persona, quienes violentamente irrumpieron al interior de la casa, donde amedrentaron usando el arma de fuego a G. E. O. M., a su novio N. E. G. T., yal hermano de ella de nombre R. M. E. O., a quienes se llevaron hacia otro lugar como potreros aledaños a la misma colonia, como a dos o tres kilómetros de distancia, lugar ese donde los ataron de pies y manos, y les causaron sendas agresiones físicas en sus cuerpos, como medio para lograr obtener alguna información sobre algunas personas, supuestamente pertenecientes a la pandilla 18 (dieciocho); y en ese lugar los mantuvieron cautivos, recibiendo maltratos físicos y sicológicos hasta a eso de las once de la mañana del día veinte de agosto del año dos mil trece (20-08-13) cuando por gestiones familiares y participación de la policía fueron liberados en el sitio donde fueron encontrados sometidos; y a la vez encontraron al señor W. A. V. R., quien en ese momento aún tenía consigo el arma automática ya descrita, a quien se le dio captura y decomisó el arma”. El factum de la sentencia que se impugna se subsume perfectamente entre otros preceptos penales aplicables, en lo dispuesto en el artículo 332 A del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido o de guerra. Esta Sala reitera que el Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En el presente caso, esta Sala reitera que, en este tipo de casos no es de aplicación el principio de retroactividad de la ley penal, establecido en el Artículo 96 de la Constitución de la República, que dispone: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”; tampoco lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución de la República, que establece: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta…..”. Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y, el Decreto Legislativo No.63-2014, que prórroga la vigencia del Decreto Legislativo anterior, no surten efecto derogatorio sobre lo dispuesto en la disposición contenida en el artículo 332 A del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido o de guerra, por tratarse de decretos de naturaleza puramente administrativa, orientado en este caso, a la entrega sin responsabilidad y destrucción de armas de fuego de uso prohibido o armas de guerra, y con ello contribuir al control de armas y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Al ser leyes administrativas, carecen del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 A del Código Penal. Por otra parte, de los hechos declarados probados por el Juzgador no se deduce que el acusado W. A. V. R., al momento de portar el arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, de uso prohibido por ser un arma de guerra, haya tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos 183-2013 y 63-2014 que invoca como infringidos por falta de aplicación retroactiva. Por el contrario, ha sido terminantemente probados por el juzgador que el acusado W. A. V. R., al momento de su detención utilizaba el arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, de uso prohibido, para cometer toda una serie de conductas ilícitas como lo son: Privación injusta de la libertad, tortura, lesiones leves y amenazas en perjuicio de personas consideradas sus víctimas, conductas ilícitas por los que también se le condena. Por las razones expuestas, en este caso la sentencia que se impugna no infringe el Precepto Constitucional, de retroactividad de le ley penal, contenido en el artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, de la vigencia de le ley, en relación al artículo 2, párrafo segundo del Decreto No.184-2013, emitido por el Poder Legislativo, publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y el artículo 1 del Decreto No.63 -2014, de fecha 6 de noviembre 2014.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “

I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación S.P.319-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor W. A. V. R., como autor del delito de Lesiones Leves, en perjuicio de R. M. E. O., a la pena de Un (01) año, Seis (06) meses de reclusión, más las Penas Accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Segundo: Condenó al señor W. A. V. R., como autor del delito de Lesiones Leves, en perjuicio de N. E. G. T., a la pena de Un (01) año, Seis (06) meses de reclusión, más las Penas Accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Tercero: Condenó al señor W. A. V. R., como autor del delito de Amenazas, en perjuicio de G. S. O. M., a la pena de Un (01) año de reclusión, más las Penas Accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Cuarto: Condenó al señor W. A. V. R., como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Ocho (8) Años de reclusión, y una multa de Cinco Mil Lempiras, más las Penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Condenó al señor W. A. V. R., como autor del delito de Concurso Ideal Impropio como medial entre la privación injusta de la libertad y las torturas, en perjuicio de R. M. E. O., a la pena de Cinco (05) años de reclusión más las Penas Accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Sexto: Condenó al señor W. A. V. R., como autor del delito de Concurso Ideal Impropio como medial entre la privación injusta de la libertad y las torturas, en perjuicio de N. E. G. T., a la pena de Cinco (05) años de reclusión, más las Penas Accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Séptimo: Absolvió al señor W. A. V. R., del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Octavo: Se le Declaró al Señor W. A. V. R., la responsabilidad civil.- Noveno: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.-SON PARTES: La Abogada G. E. B. Á., actuando en su condición de Defensora Pública del señor W. A. V. R., como parte recurrente; y, la Abogada L. R. A., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: UNICO: El día Diecinueve de Agosto del año dos mil trece a eso de las once de la noche (11:00pm), se encontraban en su casa de habitación localizada en la Colonia Nuevo San Juan, segunda etapa en La lima, Cortés los señores N. E. G. T. Y R. M. E. O., G. E. O., lugar al que llegó el señor W. A. V. R., llevando consigo un arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, junto con otra persona, quienes violentamente irrumpieron al interior de la casa, donde amedrentaron usando el arma de fuego a G. E. O. M., a su novio N. E. G. T., y AL HERMANO DE ELLA DE NOMBRE R. M. E. O., a quienes se llevaron hacia otro lugar como potreros aledaños a la misma colonia, como a dos o tres kilómetros de distancia, lugar ese donde los ataron de pies y manos, y les causaron sendas agresiones físicas en sus cuerpos, como medio para lograr obtener alguna información sobre algunas personas, supuestamente pertenecientes a la pandilla 18 (dieciocho); y en ese lugar los mantuvieron cautivos, recibiendo maltratos físicos y sicológicos hasta a eso de las once de la mañana del día veinte de agosto del año dos mil trece (20-08-13) cuando por gestiones familiares y participación de la policía fueron liberados en el sitio donde fueron encontrados sometidos; y a la vez encontraron al señor W. A. V. R., quien en ese momento aún tenía consigo el arma automática ya descrita, a quien se le dio captura y decomisó el arma”.III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS: La recurrente, Abogada G. E. B. A., formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la siguiente manera: “I. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Motivo Único. Por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013, relacionado con Decreto 63-2014. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. II. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Los preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen; Artículo 96 “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente procesado” por su parte la norma constitucional citada en relación en su parte conducente dispone: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...” La Infracción por la cual se ha condenado a mi representando se produjo cuando de los hechos probados se deriva que mi representado fue detenido en posesión de un arma de fuego tipo mini uzi, de madera pintada color café y hierro gris con unas letras que se lee SHE 54557; sin embargo, del artículo 2 párrafo segundo del Decreto Legislativo N°183-20013 de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, mismo que fuera ampliado por un término de seis meses según decreto N. 63-2014, la norma que se invoca como infringido se desprende que; Durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución. EXPLICACIÓN DEL VICIO. De ahí pues que resulta claro que al entrar y se ampliada la vigencia del Artículo 2 párrafo segundo del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A, del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el artículo 2 párrafo segundo arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) es en materia penal y favorece desde luego a mi poderdante.- Sumado a lo anterior, cuando de leyes penales intermedias se trata se reconoce por la mayoría, que en justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas leyes de manera que cuando exista una sucesión de dos, tres, o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de la sentencia, debe el juez aplicar aquella de entre esas tres o más leyes le sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece bien a razones humanitarias de política criminal. Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hecho realizados con anterioridad se beneficien de esta nueva orientación de la política legislativa y criminal. Así las cosas, resulta manifiesta en la sentencia impetrada la violación a la garantía regulada en artículo 96 de la Constitución de la República en relación al artículo 221 del misma, por cuanto que se ha irrespetado por parte del sentenciador los derechos, garantías y formalidades establecidas por la constitución, los pactos internacionales y la Ley Procesal Penal. En tal sentido respecto a la eficacia de la ley intermedia Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Aarón en su obra Derecho Penal, Parte General (pág. 144-145) exponen: Se denomina ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo está en el momento del juicio sino ha tenido vigencia entre uno y otro.- Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que esta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica.- En este orden de ideas el caso que nos ocupa mi representado es detenido en la comisión de la conducta en fecha veinte de Agosto del dos mil trece, sin estar en vigencia el decreto 184-2013, es enjuiciado el diez de febrero del años dos mil quince, estando en vigencia el decreto en mención, sin embargo se le dicta sentencia condenatoria por dicha conducta el diecisiete de marzo del dos mil quince, estando decretada la ampliación del citado decreto por tanto en plena vigencia.- Los Honorables Magistrados de esta Corte ya se han pronunciado en este tipo de situaciones para lo cual se cita la sentencia dictada bajo el número 48-2009, en la cual se declaró: “... procede la aplicación del artículo 96 de la Constitución de la República, por lo tanto esta Sala de lo Penal aprecia que si puede aplicarse la norma invocada por el censor a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado y que al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto la falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a qué resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance....tenemos una ley intermedia que no regía cuando se cometió el hecho, que cobró vigencia durante el juicio y que al momento del fallo estaba vigente, por tanto, la ley más favorable al imputado es la intermedia.” Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma constitucional en relación al decreto legislativo, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para el señor W. A. V. R.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013, relacionado con Decreto 63-2014.MOTIVO ÚNICO: Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al principio de retroactividad de le ley penal. Vigencia de ley intermedia, por ser más favorable al acusado. Artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, artículo 2, párrafo segundo del Decreto No.184-2013, y el artículo 1 del Decreto No.63 2014.Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia que se impugna, y se dicte de inmediato la sentencia que corresponda conforme a derecho. Resumen: Recurso de Casación de Infracción de Precepto Constitucional por violación del artículo 96 en relación al 221 de la Constitución de la República en relación al artículo 2 párrafo segundo del Decreto N. 184-2013 emitido por el poder Legislativo publicado en fecha 5 de octubre del 2013, relacionado con Decreto 63-2014. Preceptos constitucionales citados como infringidos textualmente dicen, Artículo 96 “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente procesado”. Por su parte la norma constitucional citada en relación al artículo 221, en su parte conducente dispone: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta...”. El acusado señor W. A. V. R. fue detenido en posesión de un arma de fuego tipo mini uzi, de madera pintada color café y hierro gris con unas letras que se lee SHE 54557. Es detenido en fecha veinte de agosto del dos mil trece, sin estar vigente el Decreto 184-2013, pero es enjuiciado el diez de febrero del año dos mil quince, estando en vigencia el Decreto en mención. Sin embargo, se dicta sentencia condenatoria en su contra el diecisiete de marzo del dos mil quince, estando decretada la ampliación del citado Decreto, por tanto, en plena vigencia. El artículo 2 párrafo segundo del Decreto Legislativo N°183-20013, de fecha 1 de septiembre de 2013, publicado en el diario oficial la Gaceta el 5 de octubre del mismo año, ampliado por un término de seis meses según decreto N. 63-2014, establece que durante el término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución. Al entrar y ser ampliada la vigencia del Artículo 2, párrafo segundo del Decreto en mención, deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A del Código Penal, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, por lo que el Juzgador debió aplicar la norma prescrita en el artículo 2 párrafo segundo arriba indicado, por cuanto que esa nueva ley (Decreto 184-2013) es en materia penal y favorece al acusado. A.1) Concepto General: Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don J. L. L. M., considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este Recurso la Infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el Recurso de Casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1]A.2) Concepto Especifico: El Decreto No. 184-2013, Publicado en el Diario oficial La Gaceta, el día (5) cinco de octubre de dos mil trece (2013) No.33,246, y vigente a partir del mismo día de su publicación, el su artículo 2 dispone: “Establecer a partir de la Vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución”. Por su parte el Decreto No. 63-2014, Publicado en el Diario oficial La Gaceta, el día seis (6) de Noviembre de dos mil catorce (2014), No.33, 574, vigente a partir del mismo día de su publicación, en su artículo 1 dice: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto Número 184-2013 de fecha 1 de septiembre 2013, el cual establece un período de veda por Un (1) año, veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de dicho registro por un período de seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del Decreto referido”. A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso Específico: El recurrente argumenta que la sentencia que se impugna infringe el principio de retroactividad de la ley penal al no aplicar el Juzgador lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°183-2013, que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y del Decreto N. 63-2014, que establece la prórroga por seis meses del decreto anterior, a partir del día de su publicación en el Diario oficial La Gaceta. El Juzgador de instancia declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Único: El día Diecinueve de Agosto del año dos mil trece a eso de las once de la noche (11:00pm), se encontraban en su casa de habitación localizada en la Colonia Nuevo San Juan, segunda etapa en La lima, Cortés los señores N. E. G. T. y R. M. E. O., G. E. O., lugar al que llegó el señor W. A. V. R., llevando consigo un arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, junto con otra persona, quienes violentamente irrumpieron al interior de la casa, donde amedrentaron usando el arma de fuego a G. E. O. M., a su novio N. E. G. T., yal hermano de ella de nombre R. M. E. O., a quienes se llevaron hacia otro lugar como potreros aledaños a la misma colonia, como a dos o tres kilómetros de distancia, lugar ese donde los ataron de pies y manos, y les causaron sendas agresiones físicas en sus cuerpos, como medio para lograr obtener alguna información sobre algunas personas, supuestamente pertenecientes a la pandilla 18 (dieciocho); y en ese lugar los mantuvieron cautivos, recibiendo maltratos físicos y sicológicos hasta a eso de las once de la mañana del día veinte de agosto del año dos mil trece (20-08-13) cuando por gestiones familiares y participación de la policía fueron liberados en el sitio donde fueron encontrados sometidos; y a la vez encontraron al señor W. A. V. R., quien en ese momento aún tenía consigo el arma automática ya descrita, a quien se le dio captura y decomisó el arma”. El factum de la sentencia que se impugna se subsume perfectamente entre otros preceptos penales aplicables, en lo dispuesto en el artículo 332 A del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido o de guerra. Esta Sala reitera que el Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En el presente caso, esta Sala reitera que, en este tipo de casos no es de aplicación el principio de retroactividad de la ley penal, establecido en el Artículo 96 de la Constitución de la República, que dispone: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”; tampoco lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución de la República, que establece: “La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el Diario Oficial la Gaceta…..”. Lo anterior, debido a que tanto el Decreto Legislativo No.183-2013 que establece un periodo de veda por un año a partir del día de su vigencia, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.- Durante el término de un (1) año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución; y, el Decreto Legislativo No.63-2014, que prórroga la vigencia del Decreto Legislativo anterior, no surten efecto derogatorio sobre lo dispuesto en la disposición contenida en el artículo 332 A del Código Penal, que tipifica y sanciona el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido o de guerra, por tratarse de decretos de naturaleza puramente administrativa, orientado en este caso, a la entrega sin responsabilidad y destrucción de armas de fuego de uso prohibido o armas de guerra, y con ello contribuir al control de armas y reducción de delitos, entre otras propósitos de dichos decretos. Al ser leyes administrativas, carecen del efecto retroactivo exclusivo de las normas estrictamente penales, por lo que dichos Decretos Legislativos no limitan, impiden, restringen, interfieren, derogan, ni suspenden en la vigencia plena o aplicación positiva de lo dispuesto en el artículo 332 A del Código Penal. Por otra parte, de los hechos declarados probados por el Juzgador no se deduce que el acusado W. A. V. R., al momento de portar el arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, de uso prohibido por ser un arma de guerra, haya tenido la intención o propósito de cumplir con los fines administrativos -letra y espíritu- de los Decretos Legislativos 183-2013 y 63-2014 que invoca como infringidos por falta de aplicación retroactiva. Por el contrario, ha sido terminantemente probados por el juzgador que el acusado W. A. V. R., al momento de su detención utilizaba el arma de fuego automática, tipo subametralladora, calibre 9 mm, marca CZ en buen estado de funcionamiento, de uso prohibido, para cometer toda una serie de conductas ilícitas como lo son: Privación injusta de la libertad, tortura, lesiones leves y amenazas en perjuicio de personas consideradas sus víctimas, conductas ilícitas por los que también se le condena. Por las razones expuestas, en este caso la sentencia que se impugna no infringe el Precepto Constitucional, de retroactividad de le ley penal, contenido en el artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, de la vigencia de le ley, en relación al artículo 2, párrafo segundo del Decreto No.184-2013, emitido por el Poder Legislativo, publicado en fecha 5 de octubre del 2013 y el artículo 1 del Decreto No.63 -2014, de fecha 6 de noviembre 2014. VI. DECISIÓN: Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el recurrente. V. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada G. E. B. Á., actuando en su condición de Defensora Pública del señor W. A. V. R., en la causa en que se condena al señor W. A. V. R., como autor de los delitos de: 1) Lesiones Leves, en perjuicio de R. M. E. O.; 2)Lesiones Leves, en perjuicio de N. E. G. T.; 3) Amenazas, en perjuicio de G. S. O. M.; 4) Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior Del Estado De Honduras; 5) Concurso ideal impropio como medial entre los delitos de Privación Injusta de la libertad y el delito de Torturas, en perjuicio de R. M. E. O.; y, 6) Concurso ideal impropio como medial entre el delito de Privación Injusta de la Libertad y el delito de Torturas, en perjuicio de N. E. G. T.; Y SE ABSUELVE al acusado señor W. A. V. R., del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras;SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE LA SENTENCIA de fecha diecisiete de marzo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-319-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.