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Sentencia CP-318-16 — Registro 10577

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"....- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Al referirse los dos motivos de casación en torno a la elección de la norma penal sustantiva que debe de gobernar a los hechos declarados probados, considera conveniente la Sala de lo Penal hacer un solo pronunciamiento para la resolución de aquellos. Así pues, al realizar la confrontación entre el factum y los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, concluye sin dificultad alguna que es ésta última norma la que debe de ser aplicada. Según el relato de los hechos fijado por los Juzgadores: el acusado J.E. C.B. es responsable penalmente de un delito de Portación ilegal de arma de uso personal, pues en fecha 07 de octubre de 2013, a eso de las 01:30 a.m., fue requerido por la Policía Nacional Preventiva, encontrándosele en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, en correcto estado operativo y funcional para la eyección de proyectiles calibre 12 milímetros. El acusado entonces estaba poseyendo un tipo de arma de fuego, conducta que puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, fue confeccionado al margen de la ley, de ahí que el comportamiento merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. El Ministerio Público como recurrente, planteada: 1.- Como Primer Motivo: Indebida aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al considerar que el arma decomisada no es un arma prohibida por la Ley (Art. 7 de la Ley de Armas) y que por tanto no es de carácter comercial; 2.- Como Segundo Motivo, falta de aplicación del artículo 332-A, del Código Penal, al calificar el arma encontrada en poder del acusado como “arma de guerra”; no siendo de recibo ninguno de los motivos, pues el factum claramente dibujan un hecho en el que se ve involucrada un objeto que es considerada arma de fuego y que no reúne ninguna de las especificaciones de los tratados o instrumentos internacionales que tratan sobre armas de guerra, siendo entonces un arma de uso personal, la que fue fabricada al margen de los controles estatales.- El Recurrente confunde la condición de arma persona con la de arma comercial, siendo una y otra diferentes, dado que el arma de fabricación casera puede ser destinada para uso personal sin que sea un arma comercial.- Acceder a lo que el Recurrente pretende sería un contra sentido comparativamente: castigar con una pena de 8 a 10 años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras al poseedor de una chimba con capacidad para disparar cartuchería 12, y con una pena de 3 a 6 años de reclusión la portación sin permiso de la autoridad competente de una escopeta calibre 12, cuando es la segunda la que tiene mayor ofensivo que la primera, dado su mecanismo de disparo, alcance y efectividad de disparo. Al estar relacionados ambos motivos de casación, esta Sala de lo Penal les da respuesta en un solo pronunciamiento, declarando a ambos improcedentes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia conociendo del Recurso de Casación número S.P.318-2016 por Infracción de Ley, interpuestos contra la Sentencia de fecha diez de agosto del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor J. E. C. B., por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión. Segundo: Condenó al señor J. E.C. B., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. Tercero: Se declara la responsabilidad civil del condenado. Cuarto: Se declara la suspensión de la ejecución de la pena al condenado sometiéndose a J. E. C. B., a un periodo de cinco años. No procede condenar en costas. Quinto: se ordena el comiso a efectos de destrucción del arma de fuego de fabricación artesanal calibre 12mm Gauge. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado R. R. R. G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada E. P.B., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y los Abogados D. L. y J.R. I., Defensores Públicos, apoderados legales del acusado J.E. C. B., en su condición de Recurridos. II. HECHOS PROBADOS. “Único: El siete de octubre de dos mil trece, aproximadamente a la una y treinta de la madrugada, en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, Cortés, agentes de la Policía Preventiva realizaban un patrullaje de rutina, cuando advirtieron la presencia de dos personas sospechosas, entre ellas, el señor J. E. C. B., quienes al percatarse también de la Policía, pretendieron huir en veloz carrera, ocultándose en una casa de habitación, en donde fueron arrestados, decomisándosele al señor J. E. C. B. un arma de fabricación casera, tipo chimba, en correcto estado operativo y funcional para la eyección de proyectiles calibre doce milímetros.” III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso De Casación Por Infracción De Ley.Primer Motivo: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: En el proceso de mérito, el Juzgador al momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el hecho siguiente: Único: “El día siete (7) de Octubre del dos mil trece (2013), aproximadamente a la una y treinta de la madrugada, en la colonia Suyapa, sector Chamelecón, Cortés, agentes de la Policía Preventiva realizaban un patrullaje de rutina cuando advirtieron la presencia de dos personas sospechosas, entre ellas, el señor J. E. C. B., quienes al percatarse también de la policía, pretendiendo huir en veloz carrera, ocultándose en una casa de habitación, en donde fueron arrestados, decomisándosele al señor J. E. C. B. un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, en correcto estado operativo y funcional para la eyección de proyectiles calibre doce milímetros”. Para el Tribunal Sentenciador, el cuadro fáctico descrito se subsume en el artículo 332- B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, motivo por el cual emite sentencia condenatoria, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; sin embargo, la citada conclusión por parte del ente jurisdiccional hace evidente el error in iudicando en que ha incurrido, pues al analizar la declaración de hechos probados, no se logra visualizar del mismo que se ha incurrido en la comisión del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, lo cual se determina al tenor de las circunstancias establecidas en el Artículo 332 B: “Quien sin permiso de la autoridad competente posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas...” De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (.308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (.410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de armas se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto denominado comúnmente como “chimba”, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia; circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Sin embargo, apartándose del cuadro fáctico que el mismo ha construido, decide calificar la conducta como Portación de Arma Comercial (Artículo 332-B); pues considera que la chimba es considerada un arma de fabricación casera o artesanal, por estar diseñada para disparar munición de calibre: 12-GA, la que es una munición permitida por la ley, en base a lo dispuesto en el artículo 7, numeral 2 de la Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa, ya que el fáctum establecido no corresponde a la calificación jurídica .Segundo Motivo: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5,000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. E. C. B., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o! portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el numeral primero del apartado de fundamentación jurídica cuando indica: Los hechos que este Tribunal estima probados y en los cuales el procesado ha tenido participación, sin lugar a dudas son constitutivos de un delito de Portación de Arma no comercial... el cual se encuentra contemplado en el artículo 332-A del Código Penal que contempla: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o combate incluida estas últimas las AK-47, en cualquier de sus modelos, será sancionado con la pena de 8 a diez años de reclusión y una multa de 5,000.00 a 10, 000.00 lempiras por cada arma incautada” Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, el Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.1.- Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 2.- MOTIVOS DEL RECURSO. Primer Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros Similares; *Concepto de la Infracción: Indebida aplicación de la norma que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Personal; y *Pretensión: Se case la Sentencia. Alega el Recurrente que es indebida la aplicación que hizo el Tribunal de Sentencia del Artículo 332-B del Código Penal, pues conforme los hechos declarados probados, lo que portaba el acusado no era una arma comercial, entendiéndose como tal aquella que podía ser inscrita en el registro público para obtener el permiso de posesión y tenencia, sino un arma de fabricación casera o chimba, por lo que ésta es considerada un arma prohibida, sancionable mediante el artículo 332-A del mismo cuerpo legal. Segundo Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación de la norma penal que tipifica el delito de Portación Ilegal de Arma de Guerra; y *Pretensión: Se case la Sentencia. Indica el Recurrente que los hechos declarados probados se subsumen en el artículo 332-A del Código Penal, pues se describe que el acusado estaba en posesión de un artefacto de fabricación casera, prohibido por la ley, la cual el Estado no prevé la posibilidad de registrar y por ende legalizar y por ello es considerada un arma de guerra.3.- TRATAMIENTO PENAL DE LAS ARMAS DE FABRICACIÓN CASERA O ARTESANAL.Esta Sala de lo Penal cuenta a la fecha con una basta producción de sentencias relacionadas con las armas de fabricación casera, habiéndose asentado ya doctrina legal en cuanto a cuál es su tratamiento penal, lo que consta en las sentencias de fecha 20 de febrero de 2019 de los expedientes 330-2014 y 145-2015, de fecha 04 de diciembre de 2018, del Exp 153-2015 y de las sentencias de fecha 28 de julio de 2016 en los Expedientes 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015.Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas De Fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “Fabricación Ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje .Concluimos entonces que las armas de fabricación casera o artesanal, son “Armas De Fuego”, en los términos referidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal; ahora bien, tarea diferente es establecer en cuál de los tipos penales se encuentran tipificadas, lo que exige un estudio de todas las normas legales relacionadas con el tema.Se ha pronunciado esta Sala de lo Penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, esto por su uso indistinto, como ser: armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (Ley de Armas) hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la misma ley, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido; no debiendo entenderse que se trata de armas que son penadas, pues la norma a la que hacemos referencia es administrativa, no penal. En resumen el artículo 7 y 8 de la Ley de Armas definen que armas que pueden ser objeto de comercio y cuáles no, sin que se ocupen de definir cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B; tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7.Los calificativos que hace el derecho penal sobre las armas de fuego como: “arma de uso personal”, “arma comercial”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, deben de ser explicados conforme a aspectos objetivos extraídos de las normas penales en su conjunto y en particular de los artículos 332-A y 332-B, que tipifican los delitos que tienen por objeto las mismas:1).-Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, además del arma de fuego Ak-42, en todas sus versiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).2).- Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se usa el término “armas comerciales”, sino dearmas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales, por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”.El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; el problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador no es útil al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito; por otra parte y aun cuando el tipo penal remite a otra ley para entender el concepto de armas de uso personal, de defensa y deportivas, tal definición no se encuentra en ninguna ley, particularmente en la ley de armas que sería la llamada a hacerlo. Por tanto, es llamada la Sala de lo Penal, por vía de doctrina legal llenar de contenido los conceptos enumerados, y por ello llama a entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra (descritas anteriormente).- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si proscritas por el peligro que representan: a. Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; b. Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; y c. Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o b. Se trate de armas de fuego que no siendo de guerra, su comercio igualmente sea ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Habiéndose establecido que se debe de considerar armas de guerra y armas de uso personal (deportivas, de defensa o comerciales), corresponde concretar cómo deben de ser catalogadas las armas de fuego de fabricación casera o artesanal, entre ellas las conocidas como “chimbas”; es tener presente que las conductas fijadas como verbo rector en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal son: unas de resultado y otras de mera actividad, pero todas representan un peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal; en el caso particular de los verbos rectores de mera actividad, como ser: almacenar, transportar, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender (Art. 332-A y 332-B), adquirir (Art. 332-A) y poseer (Art. 332-B) basta para su consumación su mera realización sin que se requiera un resultado o cambio fenoménicamente apreciable; por su parte el verbo rector fabricar, requiere un resultado y es la confección terminada del arma de fuego, municiones o explosivos. Al revisar las exigencias objetivas que contiene los tipos penales relacionado, aparece que: “quien sin permiso de la autoridadcompetente…” realice cualquiera de los verbos rectores, será objeto de sanción penal. - Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de éste tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Art. 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego. Municiones. Explosivos y Otros Similares, en adelante Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no dispuestos en el diseño original (Como miras telescópicas o silenciadores).- Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito.Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna, pudiendo ser de guerra (Art. 332-A) o de uso personal (Art. 332-B), a depender de su naturaleza; de este modo si el arma fabricada se ajusta a la descripción de aquellas descritas por los Tratados o Convenios internacionales que regulan las armas no convencionales, toxicas, químicas, Bacteriológicas, nucleares, cegadoras, incendiarias o minas antipersonales, (enumerados en el apartado anterior), el arma sin duda es de aquellas sancionadas por el artículo 332-A del Código Penal; pero si el arma fabricada artesanalmente no se encuentra regulada por los Convenios y Tratados internacionales que regulan el tema, sino por el contrario es un arma cuya confección permite el uso de munición de carácter comercial, estaremos ante un arma de uso personal sancionada por el artículo 332-B del Código Penal. El reproche formulado por las conductas que tengan como objeto armas de fuego, se realiza sin que sea necesario acreditar un animus domini, siendo suficiente el animus detinendi, es decir la relación entre el arma y el sujeto activo del delito que permita el uso, tenencia, posesión o la disponibilidad de la misma, conforme su voluntad, para darle el destino o función objetiva que le es inherente. Las armas de fabricación casera, no se encuadran exclusivamente en el artículo 332-A del Código Penal, dado que ello dependerá de su naturaleza como ya hemos explicado; por ejemplo un arma artesanal, compuestas por tubos, uno de ellos como cañón y una aguja percutora, capaz de accionar cartuchos de venta comercial, ciertamente constituirá un arma de uso personal, pero su potencial destructivo, si bien es real, no es igual a las armas fabricadas industriales de comercio lícito, mucho menos a alguna de las armas de guerra, siendo su calificación correcta la dispuesta en el Artículo 332-B en el marco del artículo 2-D, cuando la conducta a reprochar sea su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición o venta Se insiste que al referirse el artículo 332-B, sobre armas de uso personal, están comprendidas dentro de ellas las chimbas o de fabricación artesanal que tenga una ofensividad convencional. En consecuencia, la fabricación y posesión de chimbas, al ajustarse perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación.4.- DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Al referirse los dos motivos de casación en torno a la elección de la norma penal sustantiva que debe de gobernar a los hechos declarados probados, considera conveniente la Sala de lo Penal hacer un solo pronunciamiento para la resolución de aquellos. Así pues, al realizar la confrontación entre el factum y los artículos 332-A y 332-B del Código Penal, concluye sin dificultad alguna que es ésta última norma la que debe de ser aplicada. Según el relato de los hechos fijado por los Juzgadores: el acusado J.E. C.B. es responsable penalmente de un delito de Portación ilegal de arma de uso personal, pues en fecha 07 de octubre de 2013, a eso de las 01:30 a.m., fue requerido por la Policía Nacional Preventiva, encontrándosele en posesión de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, en correcto estado operativo y funcional para la eyección de proyectiles calibre 12 milímetros. El acusado entonces estaba poseyendo un tipo de arma de fuego, conducta que puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, fue confeccionado al margen de la ley, de ahí que el comportamiento merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. El Ministerio Público como recurrente, planteada: 1.- Como Primer Motivo: Indebida aplicación del artículo 332-B del Código Penal, al considerar que el arma decomisada no es un arma prohibida por la Ley (Art. 7 de la Ley de Armas) y que por tanto no es de carácter comercial; 2.- Como Segundo Motivo, falta de aplicación del artículo 332-A, del Código Penal, al calificar el arma encontrada en poder del acusado como “arma de guerra”; no siendo de recibo ninguno de los motivos, pues el factum claramente dibujan un hecho en el que se ve involucrada un objeto que es considerada arma de fuego y que no reúne ninguna de las especificaciones de los tratados o instrumentos internacionales que tratan sobre armas de guerra, siendo entonces un arma de uso personal, la que fue fabricada al margen de los controles estatales.- El Recurrente confunde la condición de arma persona con la de arma comercial, siendo una y otra diferentes, dado que el arma de fabricación casera puede ser destinada para uso personal sin que sea un arma comercial.- Acceder a lo que el Recurrente pretende sería un contra sentido comparativamente: castigar con una pena de 8 a 10 años de reclusión y multa de cinco mil a diez mil lempiras al poseedor de una chimba con capacidad para disparar cartuchería 12, y con una pena de 3 a 6 años de reclusión la portación sin permiso de la autoridad competente de una escopeta calibre 12, cuando es la segunda la que tiene mayor ofensivo que la primera, dado su mecanismo de disparo, alcance y efectividad de disparo. Al estar relacionados ambos motivos de casación, esta Sala de lo Penal les da respuesta en un solo pronunciamiento, declarando a ambos improcedentes. V. DECISIÓN. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos.VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: DECLARANDO FIRME Y EJECUTABLE la Sentencia de fecha diez (10) de Agosto de dos mil quince (2015) (f. 98), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.- NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-318-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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