Sentencia CP-312-16 — Registro 10574
Resumen
En primera instancia se condeno a imputado por el por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública, resolviendo en recurso de casación sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia recurrida infringe la garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley”,por considerar que, en la fundamentación jurídica, acápite sexto de la sentencia recurrida, se lee: “En la audiencia de individualización de pena, el Ministerio Publico, expuso no tener medio de prueba, pero solicitaba por el delito de Evasión, la pena concreta de seis (6) años de reclusión, por su parte la Defensa Privada, incorpora como prueba documental los antecedentes penales del acusado, en donde se acredita no haber sido condenado por delito o falta alguna, solicitamos una pena concreta de cinco (5) Años de reclusión”. El recurrente alega que la defensa del acusado no fue citada, ni compareció a la audiencia de individualización de la pena concreta, dado que no consta en ninguna acta la comparecencia de la defensa del acusado, por lo que aprecia que la sentencia recurrida adolece de un vicio de nulidad. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia por el juzgador de instancia para imponer al acusado señor R. C. C. R., a la pena mínima de cinco años de Reclusión, por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública, conforme a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, que literalmente dice: “Quien se evada hallándose legalmente detenido o condenado será sancionado con reclusión de cinco a diez años de reclusión. Si la evasión se produce por medios de intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas, la pena será aumentada en un tercio (1/3) sin perjuicio de la sanción que deba aplicarse a los delitos que dan lugar a la intimidación, violencia o fuerza”, se encuentra ajustada a derecho, por encontrarse dentro de los parámetros de la pena establecida en la ley penal. Asimismo, esta Sala considera que justamente en la propia fundamentación jurídica, acápite sexto de la sentencia que se impugna, el juzgador refiere de forma expresa que a la audiencia para la determinación o individualización de la pena concreta compareció el abogado defensor privado del acusado R. C. C. R., y presentó como medio de prueba documental los antecedentes penales de su defendido con lo que acreditó no haber sido condenado con anterioridad por delito o falta, y en la que solicitó se le impusiera la pena mínima de cinco años de reclusión por el delito de Evasión. No obstante, no ha sido acompañada al proceso el acta de la audiencia de individualización de pena, y por ser éste un defecto procesal, esta Sala considera que en este caso, no se invalida el proceso, ni la sentencia recurrida, dado que en el cuerpo de la sentencia recurrida, consta la comparecencia, participación activa del apoderado de la defensa, y la imposición de la pena mínima al acusado tal y como lo solicitó en la audiencia respectiva, dado que se ha cumplido la finalidad procesal de la audiencia de determinación de la pena, y haber impuesto al acusado R.C.C. R., la pena mínima del delito por el que se le condena; la falta del acta de la audiencia de determinación de pena, no invalida la sentencia recurrida, dado que en dicha audiencia el acusado no estuvo en indefensión, por lo que la Sala concluye que en el presente caso, la sentencia impugnada no infringe en manera alguna el derecho fundamental a un Debido Proceso, o a ser juzgado en un juicio con todos las formalidades, derechos y garantías, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.Normas Autorizantes: Artículo 362 .3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reclamación Ex Ante: Sin pronunciamiento previo. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se ordene el reenvío para que se repita el juicio con jueces distintos. Casación por quebrantamiento de forma porno haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. En el apartado de valoración de la prueba testifical, el tribunal de juicio encuentra que las declaraciones de los testigos de cargo, les merecen credibilidad, por ser sus aseveraciones consistentes y no haber mostrado dudas; no obstante, que en dichas declaraciones existen discordancias por no haber sido coincidentes al narrar los hechos, contradicciones respecto a las circunstancias del supuesto ilícito penal objeto del proceso, por lo que con ellas no es posible determinar la responsabilidad penal del imputado. Aprecia que los testigos de descargo son congruentes entre sí, como se desprende del Acta de Debate, por no haber incurrido en contradicciones sobre los hechos, sino en inconsistencias que el tribunal de juicio menciona, que se refieren a aspectos irrelevantes, pues no dejan ninguna duda respecto a la parte sustancial de los hechos. Al confrontar los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador hay un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente dadas las discordancias de los testigos de cargo en cuanto a la esencia de los hechos. Si el sentenciador hubiera valorado la prueba de testigos respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente.Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “queno se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”.Concepto especifico del RecursoCasación por quebrantamiento de forma porno haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Al confrontar los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador hay un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente dadas las discordancias de los testigos de cargo en cuanto a la esencia de los hechos.De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.El recurrente invoca como motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, por violación de las reglas de la sana crítica de la lógica, de derivación que impone la necesidad de razón suficiente en la valoración de la prueba testifical de los testigos de cargo, a las que el juzgador concede credibilidad a pesar de incurrir en discordancias y contradicciones en la narración de los hechos, es respecto a las circunstancias del supuesto ilícito y de las que no es posible acreditar responsabilidad penal del imputado; y en la valoración de los testigos de descargo, que no incurren en contradicciones sobre los hechos, sino en inconsistencias que recaen sobre aspectos irrelevantes. Esta Sala de lo Penal considera que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a los testigos de cargo señores E. I.Q. S. y G. de la C. V. S., son lógicas y coherentes, declaraciones que son contestes en aspectos esenciales de los hechos, y que al ser analizadas conjunta y armoniosamente con el resto de medios de prueba agregados al juicio, Prueba Documental, consistentes en: Informe de Jefatura Municipal El Paraíso, e Informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de El Paraíso, son pruebas suficientes para establecer consistentemente que “el acusado señor R.C. C. R., al momento de ser llevado detenido a la oficina de atención al ciudadano, aprovechó el descuido del policía que lo custodiaba y abordó un vehículo color gris que era conducido por un familiar y se dio a la fuga”,son prueba de cargo obtenida en forma lícita, pruebas con las que el juzgador logra formar convicción judicial y dictar sentencia. Las razones vertidas por el juzgador al valorar los medios de prueba de descargo consistentes en las declaraciones de los señores M.N. C.R. y O. E. D. son lógicas y suficientes para restar credibilidad, sobre los hechos y circunstancias que rodea el ilícito. Por lo anteriormente expuesto esta sala concluye que, en el presente caso, el juzgador al valorar la prueba de reproche, no ha infringido reglas de la sana crítica, de la lógica, de derivación que impone la necesidad de razón suficiente, en la valoración de la prueba de testigos de cargo y descargo, con la que el juzgador ha logrado construir un estatuto de verdad..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia recurrida infringe la garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley”,por considerar que, en la fundamentación jurídica, acápite sexto de la sentencia recurrida, se lee: “En la audiencia de individualización de pena, el Ministerio Publico, expuso no tener medio de prueba, pero solicitaba por el delito de Evasión, la pena concreta de seis (6) años de reclusión, por su parte la Defensa Privada, incorpora como prueba documental los antecedentes penales del acusado, en donde se acredita no haber sido condenado por delito o falta alguna, solicitamos una pena concreta de cinco (5) Años de reclusión”. El recurrente alega que la defensa del acusado no fue citada, ni compareció a la audiencia de individualización de la pena concreta, dado que no consta en ninguna acta la comparecencia de la defensa del acusado, por lo que aprecia que la sentencia recurrida adolece de un vicio de nulidad. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia por el juzgador de instancia para imponer al acusado señor R. C. C. R., a la pena mínima de cinco años de Reclusión, por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública, conforme a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, que literalmente dice: “Quien se evada hallándose legalmente detenido o condenado será sancionado con reclusión de cinco a diez años de reclusión. Si la evasión se produce por medios de intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas, la pena será aumentada en un tercio (1/3) sin perjuicio de la sanción que deba aplicarse a los delitos que dan lugar a la intimidación, violencia o fuerza”, se encuentra ajustada a derecho, por encontrarse dentro de los parámetros de la pena establecida en la ley penal. Asimismo, esta Sala considera que justamente en la propia fundamentación jurídica, acápite sexto de la sentencia que se impugna, el juzgador refiere de forma expresa que a la audiencia para la determinación o individualización de la pena concreta compareció el abogado defensor privado del acusado R. C. C. R., y presentó como medio de prueba documental los antecedentes penales de su defendido con lo que acreditó no haber sido condenado con anterioridad por delito o falta, y en la que solicitó se le impusiera la pena mínima de cinco años de reclusión por el delito de Evasión. No obstante, no ha sido acompañada al proceso el acta de la audiencia de individualización de pena, y por ser éste un defecto procesal, esta Sala considera que en este caso, no se invalida el proceso, ni la sentencia recurrida, dado que en el cuerpo de la sentencia recurrida, consta la comparecencia, participación activa del apoderado de la defensa, y la imposición de la pena mínima al acusado tal y como lo solicitó en la audiencia respectiva, dado que se ha cumplido la finalidad procesal de la audiencia de determinación de la pena, y haber impuesto al acusado R.C.C. R., la pena mínima del delito por el que se le condena; la falta del acta de la audiencia de determinación de pena, no invalida la sentencia recurrida, dado que en dicha audiencia el acusado no estuvo en indefensión, por lo que la Sala concluye que en el presente caso, la sentencia impugnada no infringe en manera alguna el derecho fundamental a un Debido Proceso, o a ser juzgado en un juicio con todos las formalidades, derechos y garantías, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.Normas Autorizantes: Artículo 362 .3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reclamación Ex Ante: Sin pronunciamiento previo. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se ordene el reenvío para que se repita el juicio con jueces distintos. Casación por quebrantamiento de forma porno haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. En el apartado de valoración de la prueba testifical, el tribunal de juicio encuentra que las declaraciones de los testigos de cargo, les merecen credibilidad, por ser sus aseveraciones consistentes y no haber mostrado dudas; no obstante, que en dichas declaraciones existen discordancias por no haber sido coincidentes al narrar los hechos, contradicciones respecto a las circunstancias del supuesto ilícito penal objeto del proceso, por lo que con ellas no es posible determinar la responsabilidad penal del imputado. Aprecia que los testigos de descargo son congruentes entre sí, como se desprende del Acta de Debate, por no haber incurrido en contradicciones sobre los hechos, sino en inconsistencias que el tribunal de juicio menciona, que se refieren a aspectos irrelevantes, pues no dejan ninguna duda respecto a la parte sustancial de los hechos. Al confrontar los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador hay un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente dadas las discordancias de los testigos de cargo en cuanto a la esencia de los hechos. Si el sentenciador hubiera valorado la prueba de testigos respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente.Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “queno se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”.Concepto especifico del RecursoCasación por quebrantamiento de forma porno haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Al confrontar los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador hay un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente dadas las discordancias de los testigos de cargo en cuanto a la esencia de los hechos.De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.El recurrente invoca como motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, por violación de las reglas de la sana crítica de la lógica, de derivación que impone la necesidad de razón suficiente en la valoración de la prueba testifical de los testigos de cargo, a las que el juzgador concede credibilidad a pesar de incurrir en discordancias y contradicciones en la narración de los hechos, es respecto a las circunstancias del supuesto ilícito y de las que no es posible acreditar responsabilidad penal del imputado; y en la valoración de los testigos de descargo, que no incurren en contradicciones sobre los hechos, sino en inconsistencias que recaen sobre aspectos irrelevantes. Esta Sala de lo Penal considera que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a los testigos de cargo señores E. I.Q. S. y G. de la C. V. S., son lógicas y coherentes, declaraciones que son contestes en aspectos esenciales de los hechos, y que al ser analizadas conjunta y armoniosamente con el resto de medios de prueba agregados al juicio, Prueba Documental, consistentes en: Informe de Jefatura Municipal El Paraíso, e Informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de El Paraíso, son pruebas suficientes para establecer consistentemente que “el acusado señor R.C. C. R., al momento de ser llevado detenido a la oficina de atención al ciudadano, aprovechó el descuido del policía que lo custodiaba y abordó un vehículo color gris que era conducido por un familiar y se dio a la fuga”,son prueba de cargo obtenida en forma lícita, pruebas con las que el juzgador logra formar convicción judicial y dictar sentencia. Las razones vertidas por el juzgador al valorar los medios de prueba de descargo consistentes en las declaraciones de los señores M.N. C.R. y O. E. D. son lógicas y suficientes para restar credibilidad, sobre los hechos y circunstancias que rodea el ilícito. Por lo anteriormente expuesto esta sala concluye que, en el presente caso, el juzgador al valorar la prueba de reproche, no ha infringido reglas de la sana crítica, de la lógica, de derivación que impone la necesidad de razón suficiente, en la valoración de la prueba de testigos de cargo y descargo, con la que el juzgador ha logrado construir un estatuto de verdad..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, en su condición de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-312-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha once de junio del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso, mediante la cual: Primero: Condenó al señor R.C. C. R., por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de cinco años de reclusión; Segundo: Condenó al señor R.C.C.R., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, durante el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declara la responsabilidad civil del condenado; Cuarto: No procede condenar en costas al condenado. SON PARTES: La abogada E. Y.M. P., en su condición de Defensor Privado del señor R. C.C. R., como parte recurrente, y el abogado S.A. E.S., en su condición de Fiscal del Ministerio Público y como parte recurrida. HECHOS PROBADOS:“Primero: Que en fecha veintisiete de enero del año dos mil catorce, el señor R. C. C. R., se transportaba en un vehículo de su propiedad, el cual era conducido por el señor O. E. D.S., y mientras cargaba entre los brazos al hijo menor, decidiendo colocarse el arma de fuego que portaba y disparándose de forma contingencial, ocasionándole una herida en el muslo de la pierna izquierda. Segundo: Cuando el señor R. C. C. R., se estaciono al frente de una clínica médica fue requerido por los agentes de la Policía Nacional Preventiva, quienes al practicar un registro al vehículo encontraron un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9mm, con serie número AB81861, sin el permiso correspondiente por lo que de forma inmediata proceden a la detención. Tercero: Posteriormente, el señor R. C. C. R., fue llevado detenido a la Oficina de Atención al Ciudadano, y allí aprovecho el descuido del policía que lo custodiaba y abordo un vehículo de color gris que era conducido por un familiar y se dio a la fuga.”RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada E. Y. M. P., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente:“PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ÚNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras, en este sentido la Constitución de la República dándole plena vigencia al derecho fundamental al debido proceso, prescribe en el párrafo primero del artículo número 90 que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” De donde resulta la imperiosa necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas por la Ley Procesal, respetando los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por Honduras, en este sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria en injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso con todas las garantías o derechos fundamentales, resulta que la supuesta comisión del delito imputado a mi defendido, se le han venido violentado sus derechos constitucionales, vemos con mucha preocupación la fragilidad con que se aplica la norma jurídica al caso concreto, como también el nacimiento en este juicio de nulidades sustantivas y nulidades adjetivas, dependiendo la fundamentación que se use en su planteamiento. Las diferencias que existen entre ellas son en cuanto al origen, en cuanto al bien jurídico tutelado y el procedimiento que se sigue para declaración judicial. En las nulidades sustantivas se miran el acto o contrato al que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observan exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso, el derecho de defensa y la organización o estructura judicial; el sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantías constitucionales que asisten a los imputados, y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos de los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantía a los encartados para ser respetado en todas sus manifestaciones, y el artículo 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que “carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneran las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales...” Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República preceptúa que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, o sea que según el precepto constitucional toda persona tiene derecho a que lo juzgue su juez natural, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley, de manera que para que ese principio, el del debido proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural, o que se omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial procesal establecida por la ley, que es el caso que nos ocupa. Esta defensa considera que en este proceso penal existen nulidades sustantivas y adjetivas, por cuanto al observar el foliado del juicio de mérito, vemos con mucha preocupación la fragilidad con que se aplica la norma jurídica a un caso concreto, por cuanto se ha violentado el articulo 166 numerales 5, 6, y 7 del Código Procesal Penal; este juicio penal viene arrastrando violaciones constitucionales, que el juez instructor no observo y obvió elementos fundamentales en la prosecución, desvalorizando elementos sustanciales para una aplicación justa del derecho, tal es el caso que nos ocupa, que podemos observar los vicios de nulidad de que adolece, si tomamos en consideración que podremos observar que existe una nulidad adjetiva y sustantiva, la cual solo procede contra los actos procesales nacidos en la vida jurídica con infracción de la norma contenidas en el artículo 166 del Código Procesal Penal, porque el espíritu del legislador es la marcada intención de garantizar la participación igualitaria de las partes en los actos del proceso, la intervención de la víctima, como del imputado y su defensor, el cumplimiento de las normas esenciales del procedimiento y la vigencia de los derechos y libertades fundamentales del individuo, resaltando a su vez, los principios de finalidad y de indefensión que se establecen como condiciones necesarias para anular los actos viciados regulados en los numerales 5, 6 y 7 artículo 166 del Código Procesal Penal; en nuestro país, la Honorable Corte Suprema de Justicia en reiterados precedentes ha establecido en forma contundente que “solamente cabe la declaración de nulidad en los casos en que se haya atentado contra el derecho a la defensa de una de las partes, en que se le haya perjudicado en sus intereses, o que se haya omitido un trámite de tal naturaleza que sin el. la estructura toda del proceso se viene al suelo, consideramos que se ha violentado el debido proceso, mediante infracciones cometidas a las normas Constitucionales y al Código Procesal Penal, contenidas en los artículos números 9, 14, 20, y 343, del Código Procesal Penal; 90, y 321 de la Constitución de la República. Esta defensa ve con mucha preocupación con la fragilidad que el juez sentenciador fallo una sentencia, violentando una gama de derechos y principios de legalidades procesales, y entre esa gama de violaciones citamos uno puntual, y es el caso que en la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA de la Sentencia, en su acápite SEXTO y citó “En la AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA, el Ministerio Publico, expuso no tener medio de prueba, pero solicitaba por el delito de EVASIÓN, la pena concreta de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN, por su parte la Defensa Privada, incorpora como prueba documental los antecedentes penales del acusado, en donde se acredita no haber sido condenado por delito o falta alguna, solicitamos una pena concreta de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN………” El Código Procesal Penal en su artículo 343 preceptúa “ARTÍCULO 343.- SEGUNDA FASE. AUDIENCIA PARA DETERMINAR LA PENA CONCRETA. En la segunda fase, se determinará la pena concreta conforme a las reglas de individualización prescritas en el Código Penal. Al reanudar la audiencia para tal efecto, se oirá a las partes y se recibirán las pruebas que propongan en el orden y de acuerdo a las reglas aplicables al debate...” Cabe aclarar que esta defensa nunca fue citada ni compareció a la audiencia para la individualización de la pena concreta, no consta en ninguna acta de mi comparecencia, en ese sentido creemos que este juicio penal que concluyó con sentencia condenatoria, viene arrastrando una serie de violaciones al Debido Proceso, y el artículo número 166 en sus numerales 5), 6) y 7) del Código Procesal Penal es congruente con nuestra petición y pensamiento.”IV.- CONTINUA MANIFESTANDO LA RECURRENTE EN SU: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica-”, en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, veamos; tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense como derecho comparado, que debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba testifical, que por unanimidad de sus miembros encuentra que las declaraciones que han sido expuestas por los testigos de cargo, merecen que se les considere dignas de credibilidad, ya que sus aseveraciones son consistentes, que no ha mostrado ninguna duda sobre este particular. No es menos cierto que estas declaraciones existen discordancias, ya que no fueron coincidentes al narrar su versión de los hechos, tales contradicciones se refieren a situaciones o circunstancias al supuesto ilícito penal que es objeto de este proceso, y que en consecuencia resultan irrelevantes para determinar la responsabilidad penal del imputado. Los testigos de descargos fueron congruentes con sus dichos, este extremo se encuentra debidamente probado a través de los testigos supra referidos, que como se desprende del Acta de Debate, y que en ningún momento han incurrido en contradicciones sobre la parte esencial de los hechos, sino que las inconsistencias que menciona el Tribunal de Sentencia, las cuales se refieren a aspectos irrelevantes. De manera, tal como lo señala el juzgador en esta sección de la sentencia, y después de analizada la prueba, se llega a la conclusión que los testigos ofertados por la defensa son contestes en sus declaraciones y no dejan ningún tipo de duda al manifestar sus dichos, en conclusión las contradicciones que cita el Tribunal de Sentencia, son irrelevantes, puesto que no se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos existen discordancia, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del imputado, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a ¡a falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio, nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada. Finalmente cabe preguntarse ¿existió o no el ilícito penal imputado a mi cliente? Si los testigos se contradicen en la forma en que ocurrió el hecho ¿qué prueba periférica apoyan su versión? En realidad se puede observar que no se presentó en el juicio ninguna prueba que apoye el soporte de esta sentencia. Debido a las inconsistencias de las versiones de los testigos, no es posible otorgar credibilidad a la misma, ya que si los testigos faltaron a la verdad en alguno de los momentos en que rindieron sus versiones y por lo tanto tampoco es posible tampoco obtener la certeza que el hecho efectivamente ocurrió. Esta defensa es del criterio que los hechos que se han declarado como probados, no se configuran en los tipos penal de los delitos imputados a mi cliente. Se logra apreciar conforme a la prueba evacuada en el presente juicio oral y público, la prueba no es concluyente en cuanto a acreditar sí efectivamente mi cliente tuvo participación en el delito enunciado; Y con las declaraciones de los testigos de cargo en la audiencia, no fue amplia ni congruente con la historia narrada, y de alguna forma no es creíble, lo cual genera una duda razonable con respecto a la forma en que ocurrieron los hechos con respecto a la participación del acusado y con respecto al tipo penal o al delito que presuntamente se cometió en ese lugar y hora, consecuentemente considero que el artículo número 339 del Código Procesal Penal faculta a los operadores de justicia, para que cuando no haya pruebas suficientes para condenar al imputado, se dicte sentencia absolutoria. RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES: Puesto que los vicios procesales que se denuncian en este motivo de Casación ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva, contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario, más que el presente.”Fundamentación Motivo de Casación deInfracción de Precepto Constitucional. Infracción del artículo 90 de la Constitución de la República.Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación del Derecho al Debido Proceso. Reclamación Ex Ante: Solicitud de nulidad de prueba ilícita. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho.Casación por Infracción de Precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la República de Honduras que literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley”. La sentencia recurrida infringe el derecho a un proceso seguido con todas las garantías o derechos fundamentales, en que resulta la comisión del delito imputado al acusado R. C. C. R., por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública. En la Fundamentación Jurídica de la Sentencia, acápite sexto, cita: “En la audiencia de individualización de pena, el Ministerio Publico, expuso no tener medio de prueba, pero solicitaba por el delito de Evasión, la pena concreta de seis (6) años de reclusión, por su parte la Defensa Privada, incorpora como prueba documental los antecedentes penales del acusado, en donde se acredita no haber sido condenado por delito o falta alguna, solicitamos una pena concreta de Cinco (5) Años de reclusión”..La defensa no fue citada, ni compareció a la audiencia de individualización de la pena concreta, no consta en ninguna acta la comparecencia de la defensa del acusado, proceso que concluye con una sentencia condenatoria la que arrastra con una serie de violaciones al Debido Proceso, y al artículo 166 numerales 5, 6 y 7 del Código Procesal Penal.Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1]Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. El debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: a) Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; b) La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; c) Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; d) Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; e)Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; f) Que el juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; g) Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Artículo 90 constitucional establece el derecho al acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que derivan el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito, de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado -con anticipación- los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba, además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía de que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente alega que la sentencia recurrida infringe la garantía del Debido Proceso establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República que dispone: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley”,por considerar que, en la fundamentación jurídica, acápite sexto de la sentencia recurrida, se lee: “En la audiencia de individualización de pena, el Ministerio Publico, expuso no tener medio de prueba, pero solicitaba por el delito de Evasión, la pena concreta de seis (6) años de reclusión, por su parte la Defensa Privada, incorpora como prueba documental los antecedentes penales del acusado, en donde se acredita no haber sido condenado por delito o falta alguna, solicitamos una pena concreta de cinco (5) Años de reclusión”. El recurrente alega que la defensa del acusado no fue citada, ni compareció a la audiencia de individualización de la pena concreta, dado que no consta en ninguna acta la comparecencia de la defensa del acusado, por lo que aprecia que la sentencia recurrida adolece de un vicio de nulidad. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia por el juzgador de instancia para imponer al acusado señor R. C. C. R., a la pena mínima de cinco años de Reclusión, por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública, conforme a lo tipificado y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, que literalmente dice: “Quien se evada hallándose legalmente detenido o condenado será sancionado con reclusión de cinco a diez años de reclusión. Si la evasión se produce por medios de intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas, la pena será aumentada en un tercio (1/3) sin perjuicio de la sanción que deba aplicarse a los delitos que dan lugar a la intimidación, violencia o fuerza”, se encuentra ajustada a derecho, por encontrarse dentro de los parámetros de la pena establecida en la ley penal. Asimismo, esta Sala considera que justamente en la propia fundamentación jurídica, acápite sexto de la sentencia que se impugna, el juzgador refiere de forma expresa que a la audiencia para la determinación o individualización de la pena concreta compareció el abogado defensor privado del acusado R. C. C. R., y presentó como medio de prueba documental los antecedentes penales de su defendido con lo que acreditó no haber sido condenado con anterioridad por delito o falta, y en la que solicitó se le impusiera la pena mínima de cinco años de reclusión por el delito de Evasión. No obstante, no ha sido acompañada al proceso el acta de la audiencia de individualización de pena, y por ser éste un defecto procesal, esta Sala considera que en este caso, no se invalida el proceso, ni la sentencia recurrida, dado que en el cuerpo de la sentencia recurrida, consta la comparecencia, participación activa del apoderado de la defensa, y la imposición de la pena mínima al acusado tal y como lo solicitó en la audiencia respectiva, dado que se ha cumplido la finalidad procesal de la audiencia de determinación de la pena, y haber impuesto al acusado R.C.C. R., la pena mínima del delito por el que se le condena; la falta del acta de la audiencia de determinación de pena, no invalida la sentencia recurrida, dado que en dicha audiencia el acusado no estuvo en indefensión, por lo que la Sala concluye que en el presente caso, la sentencia impugnada no infringe en manera alguna el derecho fundamental a un Debido Proceso, o a ser juzgado en un juicio con todos las formalidades, derechos y garantías, establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República. Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba.Normas Autorizantes: Artículo 362 .3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reclamación Ex Ante: Sin pronunciamiento previo. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se ordene el reenvío para que se repita el juicio con jueces distintos. Casación por quebrantamiento de forma porno haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. En el apartado de valoración de la prueba testifical, el tribunal de juicio encuentra que las declaraciones de los testigos de cargo, les merecen credibilidad, por ser sus aseveraciones consistentes y no haber mostrado dudas; no obstante, que en dichas declaraciones existen discordancias por no haber sido coincidentes al narrar los hechos, contradicciones respecto a las circunstancias del supuesto ilícito penal objeto del proceso, por lo que con ellas no es posible determinar la responsabilidad penal del imputado. Aprecia que los testigos de descargo son congruentes entre sí, como se desprende del Acta de Debate, por no haber incurrido en contradicciones sobre los hechos, sino en inconsistencias que el tribunal de juicio menciona, que se refieren a aspectos irrelevantes, pues no dejan ninguna duda respecto a la parte sustancial de los hechos. Al confrontar los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador hay un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente dadas las discordancias de los testigos de cargo en cuanto a la esencia de los hechos. Si el sentenciador hubiera valorado la prueba de testigos respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente.Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “queno se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2].Concepto especifico del RecursoCasación por quebrantamiento de forma porno haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Al confrontar los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador hay un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente dadas las discordancias de los testigos de cargo en cuanto a la esencia de los hechos.De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo.El recurrente invoca como motivo de casación por Quebrantamiento de Forma, por violación de las reglas de la sana crítica de la lógica, de derivación que impone la necesidad de razón suficiente en la valoración de la prueba testifical de los testigos de cargo, a las que el juzgador concede credibilidad a pesar de incurrir en discordancias y contradicciones en la narración de los hechos, es respecto a las circunstancias del supuesto ilícito y de las que no es posible acreditar responsabilidad penal del imputado; y en la valoración de los testigos de descargo, que no incurren en contradicciones sobre los hechos, sino en inconsistencias que recaen sobre aspectos irrelevantes. Esta Sala de lo Penal considera que las razones vertidas por el juzgador para dotar de credibilidad a los testigos de cargo señores E. I.Q. S. y G. de la C. V. S., son lógicas y coherentes, declaraciones que son contestes en aspectos esenciales de los hechos, y que al ser analizadas conjunta y armoniosamente con el resto de medios de prueba agregados al juicio, Prueba Documental, consistentes en: Informe de Jefatura Municipal El Paraíso, e Informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de El Paraíso, son pruebas suficientes para establecer consistentemente que “el acusado señor R.C. C. R., al momento de ser llevado detenido a la oficina de atención al ciudadano, aprovechó el descuido del policía que lo custodiaba y abordó un vehículo color gris que era conducido por un familiar y se dio a la fuga”,son prueba de cargo obtenida en forma lícita, pruebas con las que el juzgador logra formar convicción judicial y dictar sentencia. Las razones vertidas por el juzgador al valorar los medios de prueba de descargo consistentes en las declaraciones de los señores M.N. C.R. y O. E. D. son lógicas y suficientes para restar credibilidad, sobre los hechos y circunstancias que rodea el ilícito. Por lo anteriormente expuesto esta sala concluye que, en el presente caso, el juzgador al valorar la prueba de reproche, no ha infringido reglas de la sana crítica, de la lógica, de derivación que impone la necesidad de razón suficiente, en la valoración de la prueba de testigos de cargo y descargo, con la que el juzgador ha logrado construir un estatuto de verdad.DECISIÓN: la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y el motivo único de Casación por Quebrantamiento de Forma, invocados por el recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362.3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo y por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la abogada E. Y.M. P., en su condición de Defensor Privado del señor R.C.C.R., en la causa en que se Condenó al señor R. C. C. R., por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública;Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de junio del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso;Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY.RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-312-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narvaez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Paginas 31 y 32.
[2]LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005