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Sentencia CP-309-16 — Registro 9672

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados como autores del delito de Asociación Ilícita, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de Uso Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - El Recurrente 1 hace una exposición confusa, pues de inicia dirige su ataque contra la decisión judicial que declara sin lugar el incidente de nulidad planteado en la audiencia de debate, pero luego traslada tal reclamo al acto mismo que se considera vicioso; lo anotado tiene importancia significativa para poder entender que acto es el que debe de ser revisado en casación: 1. Al señalarse que la resolución judicial donde se declara sin lugar la nulidad como el acto viciado y al artículo 90 de la Constitución de la República como la norma transgredida, la Sala de lo Penal tendría como aspecto de impugnación a dilucidar si el A-Quo observó el debido proceso incidental, a la sombra de las regulaciones que hace el Código Procesal Pena, desde la interposición de éste hasta su resolución; 2. Al establecerse que el aspecto impugnado es la supuesta practica de un allanamiento contrariando normas constitucionales y normas legales, correspondería a la Sala de lo Penal hacer estudio de las circunstancias previas al ingreso y evaluar si en ese momento concurrían los presupuestos constitucionales y legales que autorizan a la Policía Nacional a realizar allanamiento de emergencia por delito flagrante; sin embargo para que esto fuese así el Recurrente 1 debía de señalar concretamente las normas de la Constitución y de la Ley en que se funda y explicar porque considera ilegitima la actuación policía. El conflicto con que se encuentran estos Jueces de Casación, es que el Recurrente 1 hace ambos planteamientos en su motivo, cuando uno y otro son incompatibles, pues se trata de vicios totalmente diferentes como se ha explicado. En su caso y de tener que interpretar cual era la intención del Recurrente 1, se tendría que tomar en consideración la norma constitucional que se ha citado como infringida, por lo que tendría más sentido interpretar que el motivo de la impugnación es el primero explicado: aparente violación del debido proceso incidental. El dilema anterior: tener esta Sala de lo Penal que hacer interpretaciones sobre que es lo que el Recurrente 1 quiso expresar en su motivo, es una clara evidencia de que el Recurso adolece de defectos importantes de planteamiento por haberse faltado a las normas que gobiernan la debida técnica recursiva. Así las cosas, e interpretando que el objeto de la impugnación es una violación al debido proceso incidental, la Sala de lo Penal encuentra con una nueva dificultad: el motivo es deficiente a falta de datos, pues el recurrente 1 no se tomó la tarea de plantear aspectos básicos como: i.- norma procesal que se vio transgredida y que se tradujo en la violación al debido proceso incidental; ii.- Tipo de violación cometida por el A-Quo: falta de aplicación, indebida aplicación o aplicación de manera distinta a como manda el legislador; iii.- Acto procesal en donde consta el vicio y como este se materializo; y iv.- Como resulto afectada la parte dispositiva de la sentencia como consecuencia del vicio; v.- Pretensión del motivo, pues el Recurrente 1 se limita a señalar que solicita que se declare con lugar el recurso, sin establecer cual a su parecer debe de ser la resolución de casación para purgar el vicio. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el Recurrente 1, esto por una deficiente técnica recursiva. B.- Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados)..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Son cuatro los motivos presentados por el Recurrente 1 en su recurso de casación por infracción de ley y en todos ellos se observa el mismo defecto de interposición que impide a la Sala de lo Penal dar respuesta de fondo. Nuevamente explica este Tribunal: El artículo 360 del Código Procesal Penal señala que: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo.”. lo que implica: a. El Recurso esta concebido para realizar reclamo por la violación de normas sustantivas y no de normas adjetivas; b. Los hechos probados de la sentencia tienen en carácter de intangibles, es pues que el análisis de la violación de las normas sustantivas debe de partir de aquellos como una verdad absoluta e incuestionable; c. La violación de la norma sustantiva debe de consistir en alguno de los siguientes supuestos: i.- falta de aplicación de la norma sustantiva que gobierna el hecho probado; ii.- error en la elección de la norma sustantiva o de la doctrina legal, aplicando indebidamente aquella que no corresponde al caso concreto; iii.- error en la interpretación hecha por el Tribunal de Sentencia de una norma sustantiva o de una doctrina legal; iv.- error en la deducción de las consecuencias legales de una norma sustantiva o de una doctrina legal; v.- error en el ámbito temporal de validez la norma sustantiva o en su existencia. El Recurrente 1, en todos los motivos, procede de manera contraria a lo explicado, pues no solo ha dejado de señalar cual es el vicio que considera concurrente en la sentencia en cada caso, sino que peor aún, procede a desarrollar sus argumentos desconociendo como verdad lo plasmado en los hechos probados, apelando a su interpretación de la prueba y concluyendo en cada uno de sus motivos que no existe prueba suficiente para declarar la responsabilidad del acusado F. B., como responsable de los delitos por los cuales resulto condenado. El único argumento que se acerca a uno de los motivos de casación por infracción de ley (errónea interpretación de la norma penal sustantiva) es el argumento que el Recurrente 1 expone en el primer motivo, cuando cuestiona que al acusado F. B. y demás acusados, se le haya condenado por el delito de almacenamiento de armas y de municiones, pues analiza que la acción de almacenar solo es posible realizar en un almacén y no en una vivienda que fue el lugar en donde fueron encontradas las armas y las municiones.- Tal análisis es burdo, pues se basa únicamente en la etimología de la palabra, sin considerar que los tipos penales contenidos en los artículos 332-A y 332-B, que sirvieron de fundamento legal al Tribunal de Sentencia para declarar la responsabilidad penal del acusado, prevén como verbo rector el almacenar, es decir como conducta a realizar por el sujeto activo, la cual puede consistir en guardar, colocar o depositar varios objetos en un lugar determinado a fin de tenerlo a resguardo y/o disposición, ello independientemente del lugar en donde se realice la conducta, la cual puede ser en una estructura construida por el ser humano como ser un almacén, bodega, edificio de oficinas, viviendas, apartamentos, tiendas, etc., o puede ser en un lugar natural como una cueva, grieta, cráter etc.; pero además con independencia de la persona natural o jurídica que tenga la propiedad del lugar en donde se realice la conducta; así entonces no importa que el lugar sea rentado, que se trate de una posesión por Uso y Habitación, o por un Usufructo, o incluso que la conducta de almacenar haya sido realizada sin el conocimiento y/o voluntad de la persona dueña del lugar. El Recurrente 1, en el segundo motivo además reprocha que el Tribunal de Sentencia haya emitido sentencia condenatoria por el delito de almacenaje de armas y municiones, contrariando la calificación del delito de la acusación presentada por el Ministerio Público, el cual fue por el delito de Posesión de armas y Municiones; defecto que es por forma y no fondo y que, en su caso, debió haber sido planteado, desarrollado y demostrado en un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Por lo señalado los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del Recurso de Casación por Infracción de Ley, resultan improcedentes. ..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. - El Recurrente 2 funda su motivo en dos argumentos distintos, sin relación alguna entre sí, los que, conforme a una debida técnica recursiva, debieron haber sido expuestos de manera separada. Tal defecto de forma se suma a otras omisiones importantes, como la falta de determinación de la norma autorizante o de la pretensión perseguida. Con todo la Sala de lo Penal procederá a dar respuesta de a cada uno de los argumentos, en aras de respetar el derecho a una tutela judicial efectiva. Como primer alegato el Recurrente 2 denuncia la violación del artículo 13 del Código Procesal Penal cuyo contenido reza: “Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso”, se trata pues de una norma procesal (adjetiva), cuya violación acarrearía la transgresión de una de las reglas esenciales para el desarrollo del proceso penal, es pues un defecto de forma que, en su caso, debe de ser objeto de reclamo mediante la vía impugnativa del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- Contrario a ello el Recurrente 2 ha elegido el Recurso de Casación por Infracción de Ley para oponerlo, recurso reservado exclusivamente para denunciar las infracciones cometidas por el A-Quo a normas de carácter sustantivo (vicios in iudicando); ello provoca la inexorable consecuencia de que tal argumento deba de ser desechado por impropio. Como segundo alegato el Recurrente 2 señala que se violento el artículo 36 del Código Penal, pues dentro del concurso ideal apreciado por los Jueces, se debió incluir el delito de asociación ilícita.- Tal alegato, lacónico y sin análisis jurídico de la figura invocada, se basa en la decisión del Tribunal de Sentencia de apreciar la concurrencia de siete (07) delitos distintos, seis en concurso ideal, imponiendo como consecuencia dos penas distintas: 1.- Una pena por el Asociación Ilícita; 2.- Otra pena por los delitos de Almacenamiento Ilegal Municiones Comerciales, Almacenamiento Ilícito de Armas Comerciales, Almacenamiento Ilícito de Armas de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilícito Municiones de Uso Prohibido, Alteración de Vehículos y Uso Indebido de Insignias Policiales, en concurso ideal. Del análisis del caso, el cual parte de la declaración de los hechos probados (previamente transcritos), descarta esta Sala de lo Penal que el delito de Asociación Ilícita haya sido realizado en concurso ideal con los demás seis delitos enumerados, pues el delito no fue realizado por los acusados en un mismo momento con aquellos que se derivan del almacenamiento y tenencia de evidencia; la conducta de asociarse de manera permanente para cometer hechos delictivos es distinta, previa e independiente. El delito de Asociación Ilícita fue cometido por los acusados de manera previa a los demás delitos; es decir los acusados previo al almacenaje conformaban ya de manera efectiva la asociación delictiva, así definido por el hecho probado primero cuando señala que en el interior de la vivienda se encontraban miembros de la Pandilla o mara 18, dedicada a extorsionar a personas en la Ciudad de La Ceiba.- De este modo mientras el almacenaje se estaba ejecutando en un mismo momento, generando diversos resultados, la conducta de asociación era anterior y además no relacionada.- Generaron las diferentes imputaciones la posesión y almacenaje de las siguientes evidencias: El delito de asociación ilícita con los delitos de almacenaje por los cuales se condenó a los acusados resultan ser incompatibles para ser apreciados en concurso ideal, pues mientras el primero es un delito de peligro abstracto y de consumación permanente, el segundo es de resultado y de consumación instantánea, lo que imposibilita que mediante una sola acción se puedan producir las dos clases de delitos (base del concurso ideal), sumado a que en el caso concreto, como se ha explicado de previo, los hechos declarados probados describen que los acusados al momento de realizar el almacenaje, ya habían conformado el grupo delictivo. C.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo Recurso de Casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO.- El motivo único fue planteado por el Recurrente 2 de manera defectuosa, lo que obliga a ser declarado sin lugar.- El Recurrente 2 plantea al inicio que existe una violación a las reglas de la sana critica por el Tribunal de Sentencia, más omite establecer aspectos básicos como cual regla fue la infringida, en que consistió la infracción, cual es el razonamiento judicial que contiene la infracción y como ésta repercute en lo decidido; Básicamente se ha denunciado violación de reglas de la sana critica, pero no se señala que reglas son las que se violentaron. En el Proceso Penal no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no puede provocar un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y para ello se requiere esencialmente señalar que regla de la sana critica es la que se ha transgredido. Contrario a ello, el Recurrente 2 se ocupo de formular argumentaciones ajenas al recurso; Primero se dio la tarea en analizar la prueba y determinar la inexistencia del delito de asociación ilícita, confundiendo la única instancia con una segunda instancia; posteriormente plantea de que el allanamiento practicado es ilícito, solicitando a esta Sala de lo Penal que decrete su nulidad, lo que es una denuncia y petición sin relación alguna con la debida aplicación de las reglas de la sana critica, que es el supuesto fundamento del motivo planteado; por último el Recurrente 2, denuncia falta de motivación en la resolución de dos incidentes, y así nuevamente se hace planteamientos no relacionados con el motivo del recurso de casación que el propio Recurrente 2 eligió: violación a las reglas de la Sana Critica.La desatención del Recurrente 2 fue tan alta que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma está incompleto, al no tener conclusión uno de los párrafos por haber olvidado agregar uno de las hojas al escrito (Ver folios 650 y 651).."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia, conociendo del Recurso de Casación S.P. 309-2016, por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la Sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil quince; dictada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores K. G. G.R., T. A. R. H., W. L. G., B. A. P.G., F. M.B. C., M.A. F. N., C.A. G. R., M.de J. M.Z., W. M. C., C. E. R.S. y C. A.R. V., como autores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Trece años 4 meses de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Á. J.H.C. y D.A. D. Z., como autores del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de Quince años de reclusión.- Tercero: Condenó a los señores K. G.G.R., T. A. R.H., W. L.G., B.A. P.G., F.M.B. C., M. A. F. N., C.A. G.R., M. de J.M.Z., W. M.C., C. E. R.S. y C. A. R.V., como autores de los delitos de Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el delito de Uso Indebido de Insignias Policiales, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de Ocho años de reclusión, más una multa de Cinco Mil Lempiras por cada arma respecto a las siguientes: Tres armas de fuego tipo Fusil AK-47, dos sin serie y uno con serie no legible.- Un arma de fuego tipo fusil M16, serie #9574-451.- Un arma de fuego tipo fusil Fal, serie FN 1391.- Un arma de fuego tipo Fusil SKS, serie Un arma de fuego tipo Fusil SKS, serie #1218589.- Y un arma de fuego tipo mini USI, con serie #87-0000252, marca cobre, penas que son impuestas en concurso ideal. En cuanto a los señores Á. J. H.C., D.A. D. Z., a la pena de doce años, de reclusión más multa de siete mil lempiras, por cada una de las armas ya descritas, penas impuestas en concurso ideal.- Cuarto: Se condenó a los señores Á.J.H. C., D.A. D. Z., K. G. G. R., T. A. R. H., W. L.G., B. A. P. G., F.M. B.C., M. A. F. N., C. A. G. R., M.de J.M. Z., W.M. C., C. E. R.S. y C. A.R.V., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados.- Sexto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: Absolvió a los señores K.G.G. R., Á. J. H. C., T. A.R. H., W. L. G., B. A.P. G., F. M. B. C., D. A.R. Z., M.A. F. N., C. A.G. R., M. de J. M.Z., W. M. C., C. E. R.S. y C. A.R. V., del delito de Alteraciones de Características de Vehículo. SON PARTES: 1. Recurrente 1: Abogado W.F.F., apoderado legal privado del acusado F. M. B. C.; 2. Recurrente 2: Abogado J. M. T. V., apoderado legal privado de los acusados Á.J.H. C., B. A. P. G., C. A.R. V., C.A. G. R., C. E. R. S., D.A. D. Z., K. G. G. .R. M.A. F. N., M. de J. M. Z., T. A. R. H., W. L. G. y W. M.C.; 3. Recurrida: Abogada M.E. G., agente fiscal del Ministerio Público. II. HECHOS PROBADOS. “Primero: En fecha 06 de marzo del año 2013, en una vivienda que queda ubicada en la Colonia Villa Mari, bloque L, casa número 12, contigua a la iglesia Mana del Cielo, de la ciudad de La Ceiba, se encontraban reunidos, los señores K. G. G. R., Á. J. H. C., T. A. R. H., W. L. G., B. A. P. G., F. M.B. C., D.A. R.Z., M. A. F. N., C. A. G.R., M.de J. M. Z., W. M. C., C.E. R.S., C. A. R. V., quienes en conjunto integran la mara o Pandilla 18, situación ésta que fue puesta en conocimiento por un informante anónimo que previamente se había comunicado con la Policía Nacional Preventiva, brindando la información que en la Colonia Villa Marí, en el bloque L, casa 12 frente a la Iglesia Mana del Cielo, de la ciudad de La Ceiba Atlántida, se encontraban miembros de la pandilla o mara 18, que se dedicaban a extorsionar en la Ciudad de La Ceiba. Segundo: Fue así que ese mismo día 06 de marzo del año 2013, entre las siete y ocho de la mañana, miembros de la Policía Nacional Preventiva, se trasladaron al lugar indicado con la finalidad de corroborar la información dada por el informante, quienes luego de hacer una vigilancia en el sitio, a eso de las 8:20 de la mañana, observaron salir de la vivienda un vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo Frontier, color blanco, por lo que se acercaron al automotor y de inmediato requirieron al conductor quien se identificó como C. G. R.; cuando de pronto intervinieron y en ese instante, las señoras C. E. R.S. y C. A. V., les manifestaron a los agentes que no pasaba nada, que dentro de la vivienda no se encontraba nadie, y que podían pasar si querían, es en esos mismos momentos, del interior de la vivienda se escucharon voces masculinas, diciendo que eran miembros de la pandilla 18, y que les respetaran la vida, manifestando además que se entregarían a la policía solo en presencia de medios de comunicación y con la intervención del Padre R. E. de la iglesia católica, siendo así, como los agentes dispusieron hacer una espera hasta que alrededor de las 9:00 de la mañana, al encontrase presentes grupos de apoyo policial, los medios de comunicación, y haber recibido la comunicación de una persona que se dijo clérigo de la iglesia católica, los individuos a excepción del primero y las dos señoras mencionadas, salieron del interior de la vivienda, siendo puestos en resguardo por los agentes de la policía fuera de la vivienda. Tercero: Una vez que los señores K. G. G. R., Á. J. H. C., T. A.R. H., W. L. G., B. A. P.G., F. M. B. C., D. A. R. Z., M. A. F.N., C. A. G. R., M. de J. M. Z., W. M. C., C. E. R.S., C. A. R. V., ya se habían entregado a los agentes de policía, éstos procedieron a ingresar a la vivienda, en la cual encontraron en el estacionamiento dos vehículos un tipo camioneta de 4 puertas, Marca: Mitsubishi, color negro, Placa: PDB6522, Modelo montero, serie de motor original 6G72LK2517, y otro vehículo Tipo Pick Up, doble cabina, Marca: Mazda, Color: Rojo, Placas: PDD1647, Modelo: BT-50, con serie de motor original número WLAT1186933, los cuales tenían adulteradas las series de motor, resultando también alteradas en sus series el primer vehículo requerido marca Nissan Frontier; asimismo dentro de la vivienda se encontraron tres armas de fuego tipo Fusil AK-47, sin serie, con su cargador, un arma de fuego tipo fusil Fal, serie FN 1391, en el que se lee guardia nacional de Nicaragua con su cargador con 20 proyectiles sin percutir, dos cargadores M16, una chapa policial con serie 11420, un par de aros de presión, un arma de fuego tipo Fusil SKS, serie # 1218589, con su cargador y 30 cartuchos sin percutir, un arma de fuego tipo mini USI, con serie # 87-0000252, marca cobre, con dos cargadores, un arma de fuego, tipo pistola, marca: Sarsilmaz, Serie # T110205A-01079, color niquelada, un arma de fuego tipo pistola, marca Girsan, serie # T6368-08B30493, sin cartuchos, un arma de fuego tipo pistola, marca: SIG SAUER, calibre 22, serie: A069507. Cañón plateado, son su cargador. Un arma de fuego, tipo pistola, marca: Taurus con su cargador, serie: TYG15246, cañón niquelado, un arma de fuego, tipo pistola marca: Girsan con serie # T6368-07 D000534. Con su cargador, un arma de fuego tipo pistola marca: CZ-75PB, serie # 3997X, un arma de fuego tipo pistola Marca: Girsan, 9mm, serie borrada, con su cargador, un arma de fuego, tipo pistola marca Girsan, serie # T6368-10 C00286, un arma de fuego tipo pistola 9mm, marca Pietro Bereta, serie # con su cargador J60702Z, con su cargador, un arma de fuego tipo pistola marca Colt, con serie# 989832, un arma de fuego tipo pistola Marca Girsan, serie # T6368-08-A04578, color negro, con su cargador, dos cargadores para fusil M16, calibre 5.56 mm, nueve (9) cargadores vacíos supuestamente de AK-47,- tres radios para comunicación (walkie talkie).22.- un par de aros de presión (chachas), serie 0064, una chapa policial 11420, con su respectivo porta chapas, una piernera, color negro, marca: Duraflex, para portar arma de fuego. una libreta, donde se encuentran escritos los alias de personas, que están distribuidos en diferentes colonias de San Pedro Sula, 200 proyectiles 7.62mm, para fusil AK-47.- 235 proyectiles de 5.56mm, para fusil y l54 proyectiles 9mm, de los cuales los acusados no portaban ningún permiso o autorización para su almacenamiento, extendido por autoridad competente”. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurrente 1.- Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Único motivo: infracción por violación del artículo 90 de la constitución de la república. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del código procesal penal numeral. Exposición del motivo: se describe a continuación el precepto constitucional que se invocan como infringidos por omisión. El artículo 90 de la constitución de la república contiene el derecho constitucional del debido proceso al establecer que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece” en el presente juicio a pesar de haberse indicado las violaciones del debido proceso en la diligencia de allanamiento en la cual la autoridad policial incautó los objetos que sirvieron de base para determinar la imputación en contra del señor F. M. B. C., y trece personas más, el honorable tribunal de sentencia declara sin lugar la solicitud de nulidad de la diligencia omitiendo lo establecido en la norma constitucional relacionada. El allanamiento de la vivienda sin una orden judicial no se justifica por el deseo de acción de parte de la policía nacional en la creencia de que se podían presentar sin esperar la coordinación y logro de una orden judicial.- hay que hacer notar que la posición en ese instante que se encontraban los agentes de la autoridad no significaba un riesgo de fuga, a que tenían el control perimetral-documentalmente existen varias inconsistencias que solo nos llevan a la conclusión que el ingreso a la vivienda fue ilegal y por ende contamina toda la evidencia secuestrada, en tal sentido consideramos que existe una infracción al artículo 90 de la constitución de la república al declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado respecto al ilegitimo allanamiento practicado por la policía nacional a la vivienda donde se encontraba el señor F. M. B. C. y los demás imputados. Los mismos testigos E.J. O. e., M. A. B.V. y G. A. refieren que los individuos que estaban en la casa se rindieron y que decían que se entregarían, además el segundo testigo manifiesta que la orden de allanamiento había sido convalidada por el fiscal de turno pero que no recuerda quien era el juez ejecutor, asimismo refirió el testigo G.A. que cuando coordinaron el allanamiento, los responsables del allanamiento eran ellos (los agentes), porque la situación era urgente, más cuando salieron 14 personas del interior de la vivienda, su función era recolectar la información, verificar y confirmar que la diligencia que había iniciado se trataba de acciones ilícitas, miembros de la policía ingresaron como cinco o seis personas a la vivienda.- el contenido de estas declaraciones nos lleva a la conclusión de que la diligencia de allanamiento fue ilegal totalmente, violentándose una serie de garantías y específicamente el derecho a la defensa y al domicilio consagrados en la constitución de la república. El debido proceso debe entenderse como una manifestación del estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio, toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas como las que se denunciaron en el incidente de nulidad planteado y declarado sin lugar por el honorable tribunal. El hecho que la defensa no haya aportado pruebas respecto al momento en que el allanamiento fue convalidado, no es una justificante para que el honorable tribunal haya desestimado la nulidad de la diligencia de allanamiento, en virtud de que toda la evidencia se encuentra en el expediente de mérito, solo basta leer las declaraciones testificales de los testigos propuestos por la fiscalía para enterarse que la diligencia está viciada totalmente. Por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda la actividad administrativa y judicial antes y durante la diligencia de allanamiento de la vivienda tantas veces referida no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese declarado con lugar el incidente de nulidad del mismo, en consecuencia, pedimos a la honorable sala de lo penal declare con lugar este motivo de casación por infracción de la norma constitucional contenida en el artículo 90 de la constitución de la república. Recurrente 1.- Casación Por Infracción de Ley Primer motivo: infracción por violación del artículo 332 a del código penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del código procesal penal. Exposición del motivo: se describe a continuación el precepto penal sustantivo que se invocan como infringidos por la debida aplicación. Según el tribunal de sentencia, durante el debate de juicio oral y público se pudo establecer los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contenido en el artículo 332 a, dando por sentado que el elemento subjetivo, en el presente caso está constituido por el dolo del autor que consiste en el conocimiento y la voluntad de los imputados de realizar las acciones de portar o almacenar armas de fuego, municiones, explosivos, a sabiendas que lo hace sin el permiso emitido por la autoridad correspondiente.- sin determinar la prueba que soporta dicha aseveración.- y es que, de la simple lectura del fallo se arriba a la conclusión que no existe un tan solo testigo que afirme que fue el señor F. M. B. C. junto a los demás imputados los que introdujeron las armas con la intención de utilizarlas para fines ilícitos.- Es decir ninguno de los medios probatorios acreditan que el señor B. C. participó en la comisión del ilícito penal que se le imputa. Los testigos únicamente refieren que se encontraba un grupo de persona en el lugar allanado y que en los cuartos de la vivienda se encontraban los objetos secuestrados que nunca fueron puestos a la vista de los testigos, de los peritos ni de los imputados.- como bien lo anota el honorable tribunal la antijuricidad, se refleja en el hecho de comprender o tener conciencia que se está haciendo algo contrario a la ley o ejecutando un acto constitutivo de delito; y la culpabilidad, en la capacidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión.- en el caso de mérito, no existe prueba alguna que establezca con certeza que el señor B.C. tenía la cantidad de armas encontradas a sabiendas de ser ilegal su portación, almacenamiento o posesión, etc. Según el artículo 332a del código penal vigente “la persona no autorizada, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas ak-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho a diez años de reclusión y multa de cinco mil lempiras a diez mil lempiras por cada arma incautada”. Con los medios de prueba aportados por el Ministerio Público no se rompe el estado de inocencia del señor F. M. B. C. con respecto al tipo penal contenido en el artículo 332 a, ya que con los mismos no se establece el grado de participación en los hechos que se le imputan. Resulta que, partiendo de la historia fáctica, no ha sido posible individualizar la participación del señor B. C., ya que se narra que en la vivienda allanada se encontraban varios individuos, entre ellos dos mujeres, los cuales al ver la presencia policial se entregan a la policía, no se establece con la debida claridad quienes son los sujetos que realizan esta acción que demanda el tipo penal imputado, y no obstante, el tribunal de sentencia, al verse imposibilitado de individualizar la participación delictiva de los procesados, opta declararlos responsables penalmente a todos los imputados de este ilícito. Teniendo en cuenta, que el derecho penal es personalísimo, por lo que todo efecto de la acción típica imputada deben derivarse de la intención de la persona que se le atribuye la misma, por lo tanto, no debe presumirse, como lo hace el honorable tribunal que la conducta de almacenamiento fue cometida por el señor F. M. B. C. y por los demás imputados por el único hecho de tener la posibilidad de disponer de las armas-, como así lo afirma el honorable tribunal de sentencia, al condenar injustamente al señor F. M. B. C., por un ilícito en cuya comisión no ha participado. Si bien es cierto el Ministerio Público acreditó que dentro de la vivienda en varias habitaciones se encontraron varias armas de las que describe el tipo penal antes indicado, pero también es cierto que ningún medio de prueba evacuado establece que dichas armas eran portadas o estuvieran en disposición del señor F. M.B. C. como lo establece el honorable tribunal. El tipo penal contenido en el artículo 332 a es claro al referir la acción a una persona determinada, y por consiguiente es deber del órgano acusador acreditar el grado de participación de dicha persona determinada lo que significa que la imputación debe responder a la intención del sujeto activo o persona sindicada como autor de un hecho delictivo. Por otro lado el concepto de almacenamiento o almacenar que, según el tribunal contiene la conducta del señor B. C., se deriva de la palabra almacén que no es más que, un establecimiento que funciona como deposito.- el término almacenar, entonces implica guardar diferentes productos en lugar protegido, en otras palabras en un almacén donde se ponen varias cosas.- en el caso de mérito, las armas según los testigos fueron encontradas en una casa de habitación y no en un lugar específico con las características de almacén. La conducta del tipo penal tantas veces referido “almacenar” no se acreditó en el presente juicio, ya que como muy bien lo describen los testigos, las armas estaban en varios cuartos de la casa de habitación allanada por lo tanto no se trata de un almacén de armas como erróneamente lo infiere el honorable tribunal. De conformidad con lo expuesto, a nuestro criterio existe una indebida aplicación del artículo 332 a del código penal ya que no se encuentran acreditados los elementos del injusto penal, en virtud de que como lo expusimos, no existe ninguna prueba de que el señor F. M. B. C. haya tenido participación en el supuesto almacenamiento de armas y municiones que configura el delito de almacenamiento ilegal de arma y de munición de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, la honorable Corte Suprema de Justicia deberá declarar con lugar este motivo de casación y declarar la inocencia del señor F.M.B. C., respecto a este delito imputado. Segundo motivo: infracción por violación del artículo 332 b del código penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del código procesal penal exposición del motivo: se describe a continuación el precepto penal sustantivo que se invocan como infringidos por indebida aplicación. El artículo 332b establece “quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte posea, use, ingrese, o saque del país, suministre, venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. El tipo penal contenido en el artículo 332 b del código penal es claro y se refiere a “quien” ejecute tal acción... Es decir a una persona determinada.- en el caso que nos ocupa el Ministerio Público formalizó acusación por el delito de posesión ilegal de armas, sin embargo el honorable tribunal en un claro exceso de poder modifica la calificación hecha por el Ministerio Público a almacenamiento ilegal de armas, figura penal que a nuestro criterio durante el juicio oral y público no fue acreditada por ningún medio de prueba, es decir el Ministerio Público no acreditó que el señor F. M. B. C. almacenara o estuviera en posesión de las armas comerciales encontradas en la casa de habitación allanada. De la misma manera que en la apreciación errónea contenida en el primer motivo de infracción por violación al artículo 332 a, el honorable tribunal además de extrapolar su autoridad, considera la casa de habitación como un lugar de almacenamiento ilegal de armas comerciales lo cual es incorrecto a nuestro criterio. De allí que, al no existir ninguna prueba que acredite fehacientemente la participación directa o indirecta del señor F. M. B. C. en el delito de almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales, a nuestro criterio existe una indebida aplicación del artículo 332 b, del código penal ya que no se encuentran acreditados los elementos del tipo penal, como lo expusimos no existe ninguna prueba de que acredite el grado de participación del señor F. M. B. C. en el delito de posesión ilegal de armas y municiones comerciales, ni mucho menos en el delito de almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales, en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras por lo tanto la honorable Corte Suprema de Justicia deben declarar con lugar este motivo de casación y declarar la inocencia del señor F. M. B. C. con relación a esta imputación. Tercer motivo: infracción por violación del artículo 332 del código penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del código procesal penal. Exposición del motivo: se describe a continuación el precepto penal sustantivo que se invocan como infringidos por indebida aplicación. Según el artículo 332 del código penal “serán penados con reclusión de 20 a 30 años de reclusión, y una multa de cien mil lempiras a trescientos mil lempiras a los cabecillas y jefes de maras, pandillas u otras bandas delictivas que se asocien permanentemente con el propósito de ejecutar actos constitutivos de delitos. - con la misma pena rebajada en un tercio serán penados los integrantes de dichas maras, pandillas y grupos delictivos. Como muy bien lo establece el honorable tribunal el tipo penal contenido en el artículo 332 del código penal requiere de dos elementos esenciales tales como la pertenencia y la permanencia.- el Ministerio Público trató de acreditar la pertenencia del señor F. M. B. C. la mara 18 introduciendo copia de una supuesta matriz de la pandilla la cual como se constata contiene varias inconsistencias con relación a varios supuestos integrantes (por ejemplo la fotografía que tiene consignado el nombre de J. E. Z pertenece al señor W. L.G., la consignada a W. L. G. pertenece a W. M.C., la consignada con el nombre de W. C. M. corresponde a K. G. G. y la consignada a nombre de C. W. G. R. corresponde a M. de J. M., la consignada con el nombre de K.G.G. R. pertenece a J. A. R. y la fotografía consignada con el nombre de J. A. R. pertenece al señor B.A.G. extremo que el honorable tribunal debió haber advertido durante la apreciación de la prueba en base a la sana crítica.- estas inconsistencias evidencia que la supuesta experticia del testigo de cargo no es confiable a tal grado que el mismo tribunal no tiene la capacidad de determinar con certeza, a partir de la información vaga y sin fundamento de supuesto experto en maras y pandillas, quienes son jefes y quienes son únicamente miembros de la mara como muy bien lo expone el honorable tribunal, el elemento subjetivo de este delito lo constituye la persistencia de ánimo de mantenerse asociado para delinquir, constituido por el dolo, que necesariamente debe reflejar el conocimiento que tienen los sujetos que forman parte del grupo o pandilla, de cometer ilícitos penales y el propósito de querer lograrlo, en el presente caso lo único que refiere que el señor B. C. pertenezca a una asociación ilícita es la copia fotostática de la matriz de la mara 18, la que según el a-quo, no tiene ninguna fuerza probatoria por la inconsistencia de la misma y tratarse de una copia fotostática, aunado a esto la declaración testifical del supuesto experto en maras y pandillas quien para salvar el caso al Ministerio Público dice que la pertenencia a la mara o pandilla no está determinada por los tatuajes en el cuerpo de los supuestos integrantes y refiere que puede serlo una persona que no tenga tatuajes alusivos.- con respecto al señor B. C., ya el dictamen de estado de salud indica que no presenta tatuaje alguno ni mucho menos alusivos a la mara 18, por lo que debemos concluir que no existe ninguna evidencia para presumir que dicha persona sea miembro de la mara 18 tal y como lo confirma el honorable tribunal. De conformidad con lo expuesto, a nuestro criterio existe una indebida aplicación del artículo 332 del código penal ya que no se encuentran acreditados los elementos del injusto penal, en virtud de que no existe ninguna prueba de que el señor F. M. B. C. se haya asociado con los demás imputados por ende haya cometido el delito asociación ilícita en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, por lo que solicitamos a la honorable Corte Suprema de Justicia declarar con lugar este motivo de casación y declarar la inocencia del señor F. M. B. C., del delito de asociación ilícita. Cuarto motivo: infracción por violación del artículo 294 a del código penal precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del código procesal penal. Exposición del motivo: se describe a continuación el precepto penal sustantivo que se invocan como infringidos por indebida aplicación. El artículo 294 a del código penal establece: “a quien fabrique, tenga, almacene, transporte o use sin estar autorizado para ello uniformes, insignias, condecoraciones y equipo de uso exclusivo de la policía nacional, se le impondrá pena de cinco años a ocho años de reclusión.” Según el honorable tribunal de sentencia la conducta del señor F. M. B. C. y las otras personas detenidas, se enmarca en el tipo penal de uso indebido de uniformes e insignias al tener en su poder chalecos de la policía nacional y chapa con insignia de la policía nacional sin ser miembro de dicha institución y sin el permiso de la autoridad competente, por lo tanto se infringe pues son los elementos usados para simular y asegurar la comisión de hechos delictivos.- dicha apreciación es indebida ya que como tantas veces lo hemos referido al señor F. M.B. C., no se le decomisó ninguna evidencia no se le encontró en uso de los chalecos policiales e insignias que refiere el Ministerio Público y lo repite erróneamente el tribunal. El término uso implica el ejercicio de una cosa es uno de los atributos del derecho de propiedad, es un aprovechamiento directo de la cosa o los objetos que por cualquier circunstancia son necesarios para un propósito. Nos extraña que el tribunal en cuanto a la declaración de certeza de la comisión del delito, contenido en el artículo 294 a, no haya utilizado el verbo almacenar para culpar al señor F. M. B. C. y al resto de personas imputadas por la fiscalía del Ministerio Público por el delito contenido en el artículo 294 a del código penal referido. Con lo expuesto, a nuestro criterio existe una indebida aplicación del artículo 294 a del código penal, en virtud de no estar acreditados los elementos del injusto penal contenidos en el artículo tantas veces referido, en virtud de que como lo expusimos no existe ninguna prueba de que el señor F. M. B. C. haya usado o tenido la intención de uso indebido de chapas e insignias policiales en perjuicio de la fe pública, a la honorable Corte Suprema de Justicia pedimos respetuosamente declarar con lugar este motivo de casación y declarar la inocencia del señor F. M. B. C.. Recurrente 2.- Casación Por Infracción de Ley En los hechos que se declaran por probado por el honorable tribunal de sentencia, se violenta en contra de nuestros representados Á. J. H. C. y D. A.R. Z., lo que establece el artículo 13 del código procesal penal vigente que establece: artículo 13.- igualdad de los intervinientes.- los jueces y magistrados velaran por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso.- es el caso honorable tribunal de sentencia, que específicamente en el fallo dictado en contra de nuestros representados Á.J. H. C. Y D. A. R. Z., éstos son condenados por el delito de asociación ilícita, en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, a la pena de quince años de reclusión, la que se le impone como miembros, pero de igual manera, a los otros co-imputados, K. G. G.R., T. A. R.H., W.L.G., B. A. P. G., M. A. F.N., C. A. G.R., M .de J. M.Z., W. M. C., C. E. R. S. y .C.A .R. V., se les impone una pena de trece años cuatro meses de reclusión, también en calidad de miembros, en ese sentido es un hecho notorio que a nuestros representados se le violenta el principio de igual porque si a los imputados K.G. G. R., T. A. R. H., W. L.G B. A. P. G., M.A. F.N.., C. A. G.R., M. de J. M. Z., W. M.C., .C. E.R. S. y C. A.R. V., se les impone una pena, es por lógica que a nuestros representados Á. J. H. C .y D. A. R. Z., se les debe de poner la misma pena observando el principio de igualdad que rige a los intervinientes en el proceso, o sea a todos los imputados la misma pena, que es trece años cuatro meses de reclusión, no los quince años de reclusión, que se les impuso a nuestros representados Á. J. H. C. y D. A. R. Z.. Asimismo honorable tribunal de sentencia sala segunda, se le violente a nuestros representados Á. J. H. C.Y D. A. R. Z., el principio de igualdad a las partes intervinientes, al ser condenado mi representado, a la pena de doce años de reclusión y una multa de siete mil lempiras exactos (lps.7.000.00), y los otros co-imputados K. G. G. R. T. A. R. H., W. L. G., B. M. A.F.N., C.A. G. R., M. De J. M. Z., W. M. C., C. E. R. S. Y C.A. R. V., fueron condenados a la pena de ocho años de reclusión, y una multa de cinco mil lempiras exactos (lps.5.000.00), por los delitos de almacenamiento ilegal de armas y municiones de uso prohibido, almacenamiento ilegal de armas y municiones de uso comercial, en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, y el delito de uso indebido de insignias policiales, en perjuicio de la fe pública, delitos en concurso ideal, siendo lo correcto de imponer la misma pena para nuestros representados Á.J. H.C.Y D. A.R. Z., que a los otros imputados o sea la pena de ocho años de reclusión y cinco mil lempiras exactos (lps.5.000.00), por todo lo anteriormente expuesto, es que es un hecho notorio que se ha violentado a mi representado .A. J. H.C., el principio de igualdad entre los intervinientes, que está consignado en el artículo 13, del código procesal penal vigente. Es un hecho notorio como lo determina el artículo 201 del código procesal penal vigente, que a mis representados se les violenta lo que establece el artículo 36 del código penal vigente, cuando el mismo determina que: artículo 36.- las disposiciones del artículo anterior no se aplicaran en caso de que un solo hecho constitutuya dos (2) 0 más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.- los honorables jueces del tribunal de sentencia sala dos, tomaron en cuenta este artículo pero únicamente en los delitos de almacenamiento ilegal de armas y municiones de uso prohibido, almacenamiento ilegal de armas y municiones de uso comercial y uso indebido de insignias policiales, aplicando a los imputados K.G. G. R., T. A. R.H., W. L. G., B. A.P. G., M. A. F. N. C. A. G. R., M. De J .M. Z. W. M.C., C.E. R. S. Y C.A. R. V., por dichos delitos a la pena de ocho años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras exactos (lps.5.000.00), y los imputados Á.J. H. C. Y D. A. R. Z., una pena por los delitos anteriormente señalados de doce años de reclusión y una multa de siete mil lempiras exactos (lps.7.000.00), en este caso estamos de acuerdo que hay un concurso ideal de delitos, en ese sentido considera esta defensa que si el concurso decretado por el honorable tribunal de sentencia sala segunda, debe incluir el delito de asociación ilícita, ya que está enmarcado en la misma acción, que sucedió en la captura de los imputados, por todo lo anterior es que esta defensa considera que debe decretarse un concurso ideal, por los delitos de asociación ilícita, almacenamiento de armas y municiones de uso prohibido, almacenamiento ilegal de armas y municiones de uso comercial y uso indebido de insignias policiales, a la pena de trece años cuatro meses de reclusión y una multa de cinco mil lempiras exactos (lps.5.000.00), a nuestros representados K. G. G. R., Á. J. H. C., T.A. R. H., W. L. G., B. A.P. G., D. A. R. Z., M. A.F. N., C.A.G. R., M. De J. M. Z., W. M.C., C.E. R.S. Y C.A. R. V., por el principio de igualdad de las partes intervinientes en el proceso. Recurrente 1.- Casación Por Quebrantamiento de Forma Primer motivo: inobservancia de las reglas establecidas en el código procesal penal para la realización del juicio oral y público específicamente la contenida en el artículo 332 del código procesal penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 del código procesal penal numeral 5. Exposición del motivo: según la imputación hecha por el Ministerio Público en contra del señor F. M. B. C., durante el allanamiento donde fue detenido junto a otras personas, se decomisaron armas chalecos policiales e insignias objetos que a pesar de haberse descrito en sendos listados no fueron traídos al juicio oral y público ni puestos a la disposición del tribunal. El código procesal penal en la segunda parte del segundo párrafo del artículo 332 establece: “……los objetos y otros elementos de convicción que hayan sido secuestrados, serán exhibidos para su reconocimiento por el imputado, los testigos o los peritos…”. En el presente caso el Ministerio Público es la exposición de su formalización de acusación describe toda la evidencia que supuestamente fue decomisada en el lugar de los hechos, sin embargo no los presentó a disposición del honorable tribunal para dar cumplimiento a la norma adjetiva descrita en el artículo 332 párrafo segundo, segunda parte que establece la obligatoriedad de exhibir los objetos secuestrados y demás evidencia a los testigos, imputados y peritos para su reconocimiento, sin embargo en el presente juicio dicha regla procedimental se infringió por la sencilla razón de que el Ministerio Público no los puso a la orden del tribunal por razones desconocidas y sin ninguna excusa que conste en el acta de juicio oral y público. Por las razones expuestas consideramos que en el presente juicio se ha infringido la norma procesal contenida en el artículo 332 del código procesal penal en consecuencia, solicitamos se declare con lugar el presente motivo de casación por quebrantamiento de forma. -Segundo motivo: incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337 del código procesal penal. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 del código procesal penal. Exposición del motivo: se describe a continuación el precepto penal adjetivo que se invocan como infringidos por quebrantamiento de forma. Según el artículo 337 del código procesal penal “la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.” La norma procedimental contenida en el artículo 337 del código procesal penal es clara al prohibir al tribunal de sentencia dar por acreditados hechos que no han sido determinados por las partes en el momento procesal oportuno ni mucho menos calificar los hechos de una forma distinta de la que han sido calificados por las partes. El honorable tribunal al momento de condenar al señor F. M. B. C., por el delito de almacenamiento ilegal de armas comerciales da por acreditados hechos que no han sido descritos en la acusación por parte del Ministerio Público, este ente acusador formaliza acusación contra el señor F.M. B. C. por el delito de posesión ilegal de armas distinto al tipo penal que el tribunal de sentencia introduce como almacenamiento ilegal de armas cambiando totalmente el verbo o la conducta por el cual se enjuicio al señor B.C., por lo tanto, el fallo del honorable tribunal infringe el artículo 337 del código procesal penal lo cual se desprende de la misma argumentación de la sentencia impugnada. Por lo tanto, consideramos que con la simple lectura del acta de debate respecto a la formalización de la acusación y del pronunciamiento del tribunal se deduce claramente que el honorable tribunal se ha extralimitado en sus funciones con la inobservancia de la norma procesal contenida en el artículo 337 del código procesal penal. Recurrente 2.- Casación Por Quebrantamiento de Forma Es importante para esta defensa honorable tribunal de sentencia, que interpongo este recurso en el extremo que el tribunal al dictar una sentencia condenatoria en contra de mis representados, no ha observado en la valorización de la prueba, las reglas de la sana crítica, en virtud de lo que establece el artículo 262 numeral 3, del código procesal penal vigente, en relación a lo que establece el artículo 202 también en relación en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 del código procesal penal vigente, este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resultando que el fallo sobre el cual recae el recurso en mención contiene varios vicios graves que atentan con las reglas de la sana crítica al observarse en la valoración de la prueba que produce una violación latente a los artículos anteriormente señalados. Por lo anterior y con la finalidad de establecer en qué sentido no se han observado las reglas en mención es importante para esta defensa establecer que en la sentencia los juzgadores le han dado total credibilidad a unos medios de prueba que muy al contrario de acreditar la responsabilidad penal de mis representados, los exoneran de toda responsabilidad penal en los hechos que se considera probados por el tribunal de sentencia, ya que se le da total credibilidad a lo declarado por los testigos presenciales del hecho ocurrido el día seis de marzo del dos mil trece. En una vivienda ubicada en la colonia villa mari, bloque l., casa número 12, contigua a la iglesia mana del cielo, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, cuando estas declaraciones hechas en la audiencia de juicio oral y público dejan una total contradicciones entre lo que puedo resaltar lo siguiente: en lo que se refiere al delito de asociación ilícita, enunciado en el artículo 332, del código penal vigente, por lo cual fueron condenados mis representados K. G. G. R., Á. J. H. C., T.A. R. H., W. L. G., B. A. P.G., D. A. R. Z., M. A.F. N., C. A. G. R., M. De J. M. Z., W. M. C., C.E. R. S. Y C. A.R.V., es importante para esta defensa, dejar claro que la prueba presente en esta sala de juicios orales, no acreditó de ninguna manera los requisitos esenciales de este delito que son: primero: una permanencia a determinado grupo delictivo, que es en este caso la pandilla 18, en ese sentido se presentó prueba pertinente para acreditar la comisión de este delito, el testigo E. X. S., hizo y presentó una matiz jerárquica de la asociación ilícita de la pandilla 18 nivel norte, ese medio de prueba carece de total validez, porque en el mismo se puede establecer a través de la declaración de dicho testigo, es que a él o sea E. X. .S., le enviaron unas fotografías de los imputados para hacer dicha matiz jerárquica, pero en la presentación del documento este carece de todo valor probatorio, porque en la fotografía consignada con el nombre de J. E. Z., está consignada la fotografía de W.LG. Igualmente en la fotografía que tiene el nombre de W. L.G, es la foto de W.M.C., la fotografía que es de W.M.C., es la que pertenece a K. G.G. asimismo la fotografía que se asignó a K. G.G, esta consignada la fotografía de C. W. G. R., en la de C. W. G. R., está la fotografía de M. de J. M. (no tiene nada que ver en el proceso no es imputado del mismo), la fotografía de J. A.R., está el espacio de la fotografía que pertenece a B. A. G. (este no tiene nada que ver en el proceso porque no es imputado en el mismo), que confiabilidad puede tener un dictamen que supuestamente deja clara una matiz jerárquica, que no tiene nada que ver con los imputados, puesto que es un hecho notorio que la misma no fue efectuada de manera correcta porque si fuera sido así, cada foto estaría consignada a cada una de las personas que supuestamente fueron señalados como miembros de la pandilla 18, en ese sentido si el honorable tribunal de sentencia sala segunda, no tenía la certeza que era así, existía una duda razonable, que en todo caso se debió otorgar una sentencia absolutoria por el delito antes indicado de asociación ilícita, asimismo se dejó claro que en el debate dicho testigo no pudo reconocer a ninguna de ellos porque dijo que él solo recibió las fotografías de los mismos, nunca tuvo contacto físico para poderlos reconocer. De igual manera para estas defensas, en cuanto a un delito de asociación ilícita, para la permanencia, es importante determinar que se presentó un dictamen de informe de tatuajes identificativos a miembros de la pandilla 18, realizado por el señor D.C. G., lo importante de hacer analizar para estas defensas, es el hecho que se le practicó a cada uno de nuestros imputados, dando como resultado que unos tenían tatuajes y otros no, pero es importante para estas defensas dejar claro, que a la contra interrogación de las defensas, este testigo dejó claro que no se encontraba presente ningún abogado de los imputados y se pudo constar que el dictamen practicado a los señores imputados K. G. G.R., Á.J. H. C., T. A. R.H., W. L.G., B. A. P. G., D. A.R.Z., M.A.F. N., C.A. G. R., M .De J.M. Z., W.M.C., C.E.R. S. Y C. A. R. V., es ilegal, ya que la ley señala en el artículo 242 que tenía que estar presente el abogado de los imputados para garantizar que el mismo se hiciere bajo los parámetros de la ley, caso que no sucedió por lo tanto este dictamen informe de tatuajes identificativos de la pandilla 18, es ilegal y carece de todo valor probatorio; asimismo en aras de dejar claro que los peritos E. X. S. Y D. C. G., nunca fueron nombramos como peritos en todo el proceso, fue una prueba como lo señala el artículo 200 del código procesal penal vigente; todo lo anteriormente expuesto es que estas defensas, somos del criterio que estos dos medios de prueba no pueden acreditar la permanencia o pertenencia de nuestros representados K. G.G. R., Á. J.H. C., T. A. R. H., W.L. G., B. A. P. G., D. A. R. Z., M. A. F. N., C.A.G.R., M. De J. M. Z. W. M. C., C. E. R. S. Y C. A.R. V., a la pandilla 18, en ese sentido se debió otorgar una sentencia absolutoria por la ilicitud de la prueba, que la misma no es suficiente para condenar a nuestros representados anteriormente señalados. Estas defensas quieren hacer ver que el otro elemento constitutivo del delito de asociación ilícita, que es que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito, en ese sentido el hecho que la fiscalía del Ministerio Público, no ha podido hasta estas alturas del proceso, establecer cuáles fueron los delitos que han cometido nuestros representados, se sujetan a decir que la pandilla 18 hace extorsiones, robo de vehículos, sicariatos, pero en cuál de estas actividades están involucrados nuestros representados, si se han presentado denuncias o requerimientos fiscales, en contra de nuestros representados K.G.G.R., Á. J. H. C., T. A. R. H., W. L. G., B. A.P.G., D. A. R. Z., M. A.F. N., C. A. G. R., M. De J. M. Z., W. M. C., C. E. R. S. Y C. A.R. V., como se hace notorio en el presente proceso, se deja bien claro que los elementos constitutivos de delito no fueron acreditados por los testigos que comparecieron con el fin de poder demostrar no enunciar que este delito fue realizado por nuestros representados, por lo tanto quedó claro que por el delito de asociación ilícita, se debió otorgar una sentencia absolutoria, a favor de los imputados, nuestros representados. En cuanto a lo relacionado con los delitos de almacenamiento de armas y municiones prohibida, almacenamiento de armas y municiones comerciales y uso indebido de insignias policiales, para estas defensas, es importante hacer ver que en el presente proceso no hay actas de decomiso a cada uno de nuestros representados K. G. G. R., Á. J.H. C., T. A. R. H., W. L. G., B.A. P. G., D. A. R.Z., M. A. F. N., C.A. G. R., M. De J. M. Z., W. M. C., C. E. R. S. Y C. A. R. V., que pueden establecer que ellos estuvieron, en almacenamiento de ningún tipo de arma, porque ellos se encontraban en una vivienda, de la cual en el proceso no se pudo acreditar que algunos de nuestros representados, era el responsable de dicho inmueble, estas defensas, en reiteradas ocasiones pidieron a la fiscalía del Ministerio Público, que presentara quien era el responsable del inmueble, pero ocultando dicha información en ningún momento lo presentó, haciendo notorio que en el presente debate, no quedó claro quién era la persona que alquila el inmueble, únicamente para efectos de responsabilidad penal, además es importante hacer ver que no hay actas de decomiso, de los objetos antes indicados, además quedó claro en el presente que los imputados se encontraban afuera del inmueble, ninguno de ellos estaba dentro del mismo cuando se hizo el decomiso de la evidencia, esto lo dejó claro cada uno de los testigos presenciales de los hechos que el honorable tribunal de sentencia declara como hecho probado; asimismo a cada uno de los testigos que comparecieron y peritos no les fueron exhibidos las armas que fueron decomisadas ese día, no consta que se les presentó dichas armas violentando lo que establece el artículo 251 del código procesal penal vigente. Asimismo es un hecho notorio que en el presente proceso hay una nulidad del acta de allanamiento porque en el presente proceso se dejó claro por cada uno de los testigos presenciales de los hechos, que ellos llegaron a un vivienda ubicada en la colonia Villa Mary, que iba un vehículo de salida, asimismo, que posteriormente fueron saliendo uno a uno los imputados, que en ningún momento pusieron resistencia, que una vez afuera ellos, los policías ingresaron al inmueble, asimismo se dejó claro que ninguno de los imputados los acompañó cuando ingresaron al inmueble, tampoco nadie firmó autorización para ingresar al inmueble, a la contra interrogación de estas defensa, se dejó claro que no se oían voces pidiendo auxilio de dentro del inmueble, mucho menos que iban en persecución de alguna persona, queriendo dejar claro que ninguno de ellos se podía fugar porque los mismos declararon que se iban a entregar pero que se les guardara su vida, una vez cada uno de nuestros representados K.G.G.R., Á.J.H. C., T.A. R. H., W. L. G., B. A. P. G., D. A.R. Z., M. A. F. N., C.A. G.R., M. De J. M.Z., W. M.C., C. E. y R. S.Y C. A. R. V., se encontraban a fuera del inmueble, en ese momento se tuvo el tiempo prudencial para pedir la autorización judicial, para el allanamiento ya que no había necesidad de ingresar al inmueble porque ya ellos se habían entregado, en ese sentido se violentó cada uno de los artículos 165, 166 numeral 5, 167, 200, 212, del código procesal penal, 99 de la constitución de la república de honduras, nulidad que fue solicitada en su oportunidad que no fue observada por los honorables jueces del tribunal de sentencia sala segunda. Para estas defensas asimismo hubo una completa contradicción en los hechos que declara como probados y el fallo en sí, ya que los honorables jueces del tribunal de sentencia sala segunda, solamente hacen alusión a declarar con lugar dos incidentes que fueron presentados en su debido tiempo procesal y que ellos manifestaron que resolverían en la sentencia como ser en el numeral octavo de la sentencia que establece: artículo octavo.- declárese sin lugar la excepción en cuanto a la ilicitud del allanamiento; de igual lo consignado en el numeral noveno que dice: noveno: declárese sin lugar la consideración del decreto 184-2013, esto en relación con lo que establece el artículo 362 numeral 4 que establece: ….4.- que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena, en ese sentido es notorio en la presente sentencia que no hay una argumentación precisas y mucho menos fundamentos legales que puedan determinar en que se fundamenta los señores jueces del tribunal de sentencia sala segunda, para declarar sin lugar dichos incidentes, aún más grave para esta defensa no se pronuncia sobre un incidente de nulidad por la contaminación que la evidencia tubo y que quedo debidamente acreditada en el proceso ya que las personas que realizaron el allanamiento no cubrieron sus manos con los guantes a que están obligados según la ley, como se pudo por parte de los honorables jueces del tribunal de sentencia omitir el incidente de nulidad por el mal manejo y contaminación de la escena del crimen, haciendo notorio en el presente caso que la sentencia definitiva adolece de tales extremos como ser la falta de resolución y…”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. A.- Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. 1.- Recurrente 1.- Motivo Único. *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República; *Concepto de la Infracción: Violación al Derecho Fundamental a un Debido Proceso Judicial; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el Recurrente 1; *Pretensión: Se declare con Lugar el motivo. El Recurrente 1 inicia su planteamiento haciendo cita del contenido del artículo 90 de la Constitución de la República, la cual se señala como infringida por el Tribunal de Sentencia al declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado contra el acta de allanamiento a una vivienda en donde fueron encontradas las armas, municiones e insignias oficiales. El Recurrente 1 señala que el allanamiento de una vivienda sin orden judicial no se justifica por el deseo de acción de parte de la Policía Nacional; llama hacer notar que la policía en este momento se encontraba en el perímetro de la vivienda, por lo que no existía peligro de fuga de los acusados; afirma que considerando el contenido de las declaraciones testificales de los Señores E. J. O. E., M.A. B.V. y G. A., lleva a la conclusión de que el allanamiento fue ilícito, violentándose el derecho a la defensa y el domicilio. Discute el Recurrente 1 que toda la actividad administrativa y judicial antes y durante el allanamiento de la vivienda no fue debidamente valorada porque de haber sido así se hubiese declarado con lugar el incidente de nulidad. Del Derecho Fundamental a un Debido Proceso Judicial La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- a una justicia gratuita; ii.- respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- a un juez/a predeterminado por la ley; vi.- a la imparcialidad del juez/a; vii.- a la independencia del juez/a; viii.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- a la igualdad de armas procesales; x.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - El Recurrente 1 hace una exposición confusa, pues de inicia dirige su ataque contra la decisión judicial que declara sin lugar el incidente de nulidad planteado en la audiencia de debate, pero luego traslada tal reclamo al acto mismo que se considera vicioso; lo anotado tiene importancia significativa para poder entender que acto es el que debe de ser revisado en casación: 1. Al señalarse que la resolución judicial donde se declara sin lugar la nulidad como el acto viciado y al artículo 90 de la Constitución de la República como la norma transgredida, la Sala de lo Penal tendría como aspecto de impugnación a dilucidar si el A-Quo observó el debido proceso incidental, a la sombra de las regulaciones que hace el Código Procesal Pena, desde la interposición de éste hasta su resolución; 2. Al establecerse que el aspecto impugnado es la supuesta practica de un allanamiento contrariando normas constitucionales y normas legales, correspondería a la Sala de lo Penal hacer estudio de las circunstancias previas al ingreso y evaluar si en ese momento concurrían los presupuestos constitucionales y legales que autorizan a la Policía Nacional a realizar allanamiento de emergencia por delito flagrante; sin embargo para que esto fuese así el Recurrente 1 debía de señalar concretamente las normas de la Constitución y de la Ley en que se funda y explicar porque considera ilegitima la actuación policía. El conflicto con que se encuentran estos Jueces de Casación, es que el Recurrente 1 hace ambos planteamientos en su motivo, cuando uno y otro son incompatibles, pues se trata de vicios totalmente diferentes como se ha explicado. En su caso y de tener que interpretar cual era la intención del Recurrente 1, se tendría que tomar en consideración la norma constitucional que se ha citado como infringida, por lo que tendría más sentido interpretar que el motivo de la impugnación es el primero explicado: aparente violación del debido proceso incidental. El dilema anterior: tener esta Sala de lo Penal que hacer interpretaciones sobre que es lo que el Recurrente 1 quiso expresar en su motivo, es una clara evidencia de que el Recurso adolece de defectos importantes de planteamiento por haberse faltado a las normas que gobiernan la debida técnica recursiva. Así las cosas, e interpretando que el objeto de la impugnación es una violación al debido proceso incidental, la Sala de lo Penal encuentra con una nueva dificultad: el motivo es deficiente a falta de datos, pues el recurrente 1 no se tomó la tarea de plantear aspectos básicos como: i.- norma procesal que se vio transgredida y que se tradujo en la violación al debido proceso incidental; ii.- Tipo de violación cometida por el A-Quo: falta de aplicación, indebida aplicación o aplicación de manera distinta a como manda el legislador; iii.- Acto procesal en donde consta el vicio y como este se materializo; y iv.- Como resulto afectada la parte dispositiva de la sentencia como consecuencia del vicio; v.- Pretensión del motivo, pues el Recurrente 1 se limita a señalar que solicita que se declare con lugar el recurso, sin establecer cual a su parecer debe de ser la resolución de casación para purgar el vicio. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el Recurrente 1, esto por una deficiente técnica recursiva. B.- Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). 1.- RECURRENTE 1 Primer Motivo *Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Recurrente; *Pretensión: Se Case la Sentencia y se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado por los delitos de Almacenamiento de Armas de fuego prohibidas y de municiones para arma de fuego prohibidas. Replica el Recurrente 1 que según el A-Quo, durante el juicio se pudo establecer los elementos objetivos y subjetivos del delito contenido en el artículo 332-A del Código Penal, dando por sentado la concurrencia del elemento subjetivo; sin embargo el Recurrente 1 discute que de la simple lectura del fallo se arriba a la conclusión de que no existe un tal solo testigo que afirme que fue el acusado F. B. junto con los demás acusados, los que introdujeron las armas con la intención de utilizarlas para fines ilícitos; reafirma que ninguno de los medios probatorios acreditan que el acusado mencionado participó en la comisión de los delitos, por lo que el Ministerio Público no pudo romper su estado de inocencia. Por otra parte, el Recurrente 1 señala que no ha sido posible individualizar la participación del acusado F.B., ya que se narra que en la vivienda allanada se encontraban varios individuos, entre estas dos mujeres (SIC), los cuales al ver la presencia de la policía se encontraron, sin establecerse con la debida claridad quienes son los sujetos que realizaron la acción que sanciona el tipo penal. Relaciona que si bien es cierto el Ministerio Público acreditó que dentro de la vivienda se encontraron varias armas de fuego, ningún medio de prueba establece que éstas eran portadas o estuvieran a disposición del acusado F. B.. Analiza el Recurrente 1 que el delito describe como conducta el almacenamiento el almacenar, lo que es una palabra que deriva de almacén, que no es más que un establecimiento que funciona como deposito; deriva el Recurrente 1 que en el presente caso no es posible la aplicación de la norma pues las armas no fueron encontradas en un almacén, sino que en una vivienda. Segundo Motivo *Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Recurrente; *Pretensión: Se Case la Sentencia y se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado por los delitos de Almacenamiento de Armas de fuego comercial y de municiones para arma de fuego comercial. Expone el Recurrente 1 que en el caso de marras el Ministerio Público formalizó acusación por el delito de Posesión Ilegal de Armas de fuego, sin embargo, el A-Quo, en lo que considera un exceso de poder, modificó la calificación al delito de almacenamiento ilegal de armas, figura penal que además no fue acreditada por ningún medio de prueba durante el juicio oral. Que al no existir ningún medio de prueba que acredite que el acusado ha tenido una participación directa o indirecta en el delito, se da la debida aplicación de la norma penal. Tercer Motivo *Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Recurrente; *Pretensión: Se Case la Sentencia y se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado por el Delito de Asociación Ilícita. Repasa el Recurrente 1 que el Ministerio Público, a su criterio, trato de acreditar que el acusado Fernando Bolaños pertenecía a la Mara 18, introduciendo copia de una supuesta Matriz de la pandilla, la cual tiene inconsistencias respecto a los supuestos integrantes, extremo que el A-Quo debió haber advertido al momento de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana critica. Relaciona que el examen médico realizado al acusado determino ausencia de tatuajes en su cuerpo, por lo que en suma se puede concluir que no existe ninguna evidencia para presumir que éste sea miembro de la Mara 18. Cuarto Motivo *Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 294-A del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Recurrente; *Pretensión: Se Case la Sentencia y se dicte una sentencia absolutoria a favor del acusado por los delitos de Almacenamiento de Armas de fuego prohibidas, de armas de fuego comercial, de municiones para arma de fuego prohibidas y de municiones para arma de fuego comercial. Cuestiona el Recurrente 1 que según el A-Quo, el acusado Fernando Bolaños y otras personas detenidas realizaron un uso indebido de uniformes, insignias, al tener en su poder chalecos y chapas (insignias) de la policía nacional, apreciación que señala es indebida dado que al acusado no se le ha decomisado (incautado), ninguna evidencia. Concluye que su criterio es que se ha hecho una aplicación indebida del artículo 294-A del Código Penal, en virtud de que no está acreditado los elementos del delito, pues no existe prueba de que el acusado haya usado o tenido la intención de usar indebidamente insignias policiales. DE LA PROCEDENCIA DE LOS MOTIVOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Son cuatro los motivos presentados por el Recurrente 1 en su recurso de casación por infracción de ley y en todos ellos se observa el mismo defecto de interposición que impide a la Sala de lo Penal dar respuesta de fondo. Nuevamente explica este Tribunal: El artículo 360 del Código Procesal Penal señala que: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo.”. lo que implica: a. El Recurso esta concebido para realizar reclamo por la violación de normas sustantivas y no de normas adjetivas; b. Los hechos probados de la sentencia tienen en carácter de intangibles, es pues que el análisis de la violación de las normas sustantivas debe de partir de aquellos como una verdad absoluta e incuestionable; c. La violación de la norma sustantiva debe de consistir en alguno de los siguientes supuestos: i.- falta de aplicación de la norma sustantiva que gobierna el hecho probado; ii.- error en la elección de la norma sustantiva o de la doctrina legal, aplicando indebidamente aquella que no corresponde al caso concreto; iii.- error en la interpretación hecha por el Tribunal de Sentencia de una norma sustantiva o de una doctrina legal; iv.- error en la deducción de las consecuencias legales de una norma sustantiva o de una doctrina legal; v.- error en el ámbito temporal de validez la norma sustantiva o en su existencia. El Recurrente 1, en todos los motivos, procede de manera contraria a lo explicado, pues no solo ha dejado de señalar cual es el vicio que considera concurrente en la sentencia en cada caso, sino que peor aún, procede a desarrollar sus argumentos desconociendo como verdad lo plasmado en los hechos probados, apelando a su interpretación de la prueba y concluyendo en cada uno de sus motivos que no existe prueba suficiente para declarar la responsabilidad del acusado F. B., como responsable de los delitos por los cuales resulto condenado. El único argumento que se acerca a uno de los motivos de casación por infracción de ley (errónea interpretación de la norma penal sustantiva) es el argumento que el Recurrente 1 expone en el primer motivo, cuando cuestiona que al acusado F. B. y demás acusados, se le haya condenado por el delito de almacenamiento de armas y de municiones, pues analiza que la acción de almacenar solo es posible realizar en un almacén y no en una vivienda que fue el lugar en donde fueron encontradas las armas y las municiones.- Tal análisis es burdo, pues se basa únicamente en la etimología de la palabra, sin considerar que los tipos penales contenidos en los artículos 332-A y 332-B, que sirvieron de fundamento legal al Tribunal de Sentencia para declarar la responsabilidad penal del acusado, prevén como verbo rector el almacenar, es decir como conducta a realizar por el sujeto activo, la cual puede consistir en guardar, colocar o depositar varios objetos en un lugar determinado a fin de tenerlo a resguardo y/o disposición, ello independientemente del lugar en donde se realice la conducta, la cual puede ser en una estructura construida por el ser humano como ser un almacén, bodega, edificio de oficinas, viviendas, apartamentos, tiendas, etc., o puede ser en un lugar natural como una cueva, grieta, cráter etc.; pero además con independencia de la persona natural o jurídica que tenga la propiedad del lugar en donde se realice la conducta; así entonces no importa que el lugar sea rentado, que se trate de una posesión por Uso y Habitación, o por un Usufructo, o incluso que la conducta de almacenar haya sido realizada sin el conocimiento y/o voluntad de la persona dueña del lugar. El Recurrente 1, en el segundo motivo además reprocha que el Tribunal de Sentencia haya emitido sentencia condenatoria por el delito de almacenaje de armas y municiones, contrariando la calificación del delito de la acusación presentada por el Ministerio Público, el cual fue por el delito de Posesión de armas y Municiones; defecto que es por forma y no fondo y que, en su caso, debió haber sido planteado, desarrollado y demostrado en un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Por lo señalado los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del Recurso de Casación por Infracción de Ley, resultan improcedentes. 2.- RECURRENTE 2 Único Motivo *Precepto Autorizante: Sin determinar por el Recurrente 2; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: -Artículo 13 del Código Procesal Penal; -Artículo 36 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: -Violación al Principio de Igualdad; y -Falta de inclusión del delito de asociación ilícita en el concurso ideal. *Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente 2. El Recurrente 2, presenta como sustento de su único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley diversos argumentos, a saber: a. Violación del Principio de Igualdad, contenido en el artículo 13 del Código Procesal Penal, al haber condenado a los acusados Á. J. H.C. y D. A.R. .Z. a las penas de 15 años por el delito de asociación ilícita y a 12 años y L. 7,000 de multa por los delitos de Almacenamiento de Armas y Municiones en concurso ideal con Uso Indebido de Insignias Policiales, que representan una pena más grave a la impuesta a los demás acusados, la cual fue de 13 años 4 meses por el delito de Asociación ilícita y 08 años y L. 5,000 de multa por el delito de Almacenamiento de Armas y Municiones en concurso ideal con Uso Indebido de Insignias Policiales; b. Violación del artículo 36 del Código Penal, al no haber incluido en el concurso ideal el delito de asociación ilícita, por estar enmarcado en la misma acción. Unidad y Pluralidad de Hechos Para dar respuesta al segundo reproche del Recurrente 2, debemos situarnos en el último elemento de la Teoría del Delito donde se define, por parte del legislador, las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito; en este peldaño se estudian las Causas Absolutorias de la Punibilidad y los Concursos de Delitos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. En los concursos de delitos, su apreciación gravita sobre la existencia de una Unidad de hecho o una Pluralidad de hechos, de allí la necesidad de su definición. De inicio es importante señalar que el Código Penal vigente al momento del juzgamiento del caso que nos ocupa, toma como eje para la definición que estamos construyendo la voz “Hecho” y no la de “conducta”, (Art. 36 CP), lo que es muy relevante pues es posible considerar en un solo hecho, un conjunto de conductas que se valoran bajo una unidad, como por ejemplo: los múltiples golpes que se dan a una persona (muchas conductas naturales), las que en suma provocan un solo delito de lesiones (un solo hecho). Por otra parte, es importante hacer la anotación que “hecho” no es equivalente a “resultado”, pues si bien éste último es la sombra del primero, son totalmente distintos, véase las posibilidades: i) Un hecho pueda dar lugar a un resultado; ii) Un hecho puede dar origen a varios resultados; iii) Un hecho es penalmente relevante aun cuando no genere un resultado, sea porque es un delito de mera actividad o sea un delito tentado. Partiendo de lo anterior, podemos indicar que: a. Existe Unidad de Hecho, cuando una única conducta penalmente relevante, (entiéndase por “penalmente relevante” aquellas que son susceptibles de reproche por estar tipificadas en una ley penal, con independencia del número de resultados producidos.) Es una única conducta: i. Cuando la persona realiza un movimiento corporal o una abstención de movimiento corporal, en procura voluntaria de un fin (Unidad Natural de Conducta); Zaffaroni explicando el concepto hace la analogía de que “cada movimiento voluntario es a la conducta lo que cada átomo es a la materia: una unidad mínima que no puede dividirse sin que la conducta desaparezca” (Zaffaroni, Eugenio, Tratado de Derecho Penal Parte General, Tomo IV, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 529). ii. Cuando la persona, en procura voluntaria de un fin, produce un conjunto de movimientos corporales en un espacio y tiempo determinado considerados como una sola unidad valorativa jurídico penal, (Unidad Jurídica de Conducta) como cuando se falla el medio usado para cometer el homicidio e inmediatamente se emplea otro sin disolución temporal o como cuando se profieren en varios momentos expresiones peyorativas en pro de un único propósito: el de injuriar. b. Existe Pluralidad de Hechos, cuando le es atribuible a una persona múltiples conductas, consecuencia de múltiples decisiones ejecutadas sin una unidad de plan, cada una de ellas penalmente relevantes, pudiendo agruparse conductas como unidad natural y/o conductas como unidad jurídica. Habiendo definido cuándo existe Unidad y Pluralidad de hechos, corresponde ahora abordar lo relatito al Concurso de Delitos, tema que atañe al segundo reclamo del Recurrente 2. Existe Concurso de Delito cuando una misma persona realiza una conducta susceptible de encuadrar en dos o más tipos penales. Partiendo de la definición, constituye concurso de delito el Concurso Ideal (Art. 36 CP) y la ausencia de éste se le denomina Concurso Real (Art. 35 CP), sin embargo, el legislador nacional también denomina como concurso de delitos al Concurso Medial (Art. 36 CP) y al Delito Continuado (Art. 37 CP), lo cual no son verdaderos concursos, sino que obedecen a criterio político criminal de punibilidad. Queda excluido del tema de concurso de delitos, el llamado Concurso Aparente de Delitos (Art. 2-A CP), por ser éste tarea de la adecuación de la tipicidad. El Concurso Ideal, previsto en el artículo 36 del Código Penal, es aquel que acontece cuando el autor, mediante una única acción ontológica-normativa, realiza un solo hecho que al mismo tiempo constituye dos o más delitos, dolosos y/o culposos, tipificados en una misma norma penal o en diversas, que no se excluyen entre sí: “El Criterio Ontológico Normativo señala que para saber si hay una o varias acciones, se debe partir del concepto final de acción al cual se añade el enjuiciamiento jurídico-social a través de los tipos penales correspondientes, por ello, pues, deben examinarse tanto la finalidad concreta trazada por el autor, su plan, como el delito penal correspondiente…” (Velásquez Velásquez, Fernando; Derecho Penal Parte General, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, Pág. 648.). El concurso ideal encuentra su justificación en el hecho de que solo la aplicación de la diversidad de las figuras delictivas concurrentes hace posible satisfacer un grado de reproche acorde al desvalor de la conducta realizada por el sujeto activo.Son los requisitos del concurso ideal: a.- Unidad de Hecho: Los diversos delitos deben originarse mediante una sola y única conducta delictiva, por acción u omisión, sea ésta considerada como Unidad Natural de Conducta o como Unidad Jurídica de Conducta; b.- Múltiple desvaloración de la Ley Penal: La Unidad de Hecho (unidad natural/unidad jurídica) deberá ajustarse al ámbito situacional previsto en dos o más tipos penales, pudiendo concurrir dolosos con culposos, y comisivos con omisivos. Los tipos penales deberán coexistir sin excluirse entre sí por especialidad o por consunción; c.- Unidad de Sujeto Activo: Como requisito esencial deberá tratarse de un mismo autor o cómplice, lo que no descarta que varios autores o varios cómplices realicen un concurso ideal; y d.- Unidad o Pluralidad del Sujetos Pasivos: La conducta realizada por el sujeto activo puede afectar bienes jurídicos de una misma persona o de varias. El Concurso Ideal puede ser homogéneo y heterogéneo: Es homogéneo cuando la conducta se encuadra en una misma figura delictiva afectando a varias personas; y es heterogéneo cuando la conducta se encuadra en varias figuras delictivas afectando a una sola persona o a varias personas. Finalmente el artículo 36 del Código Penal, bajo el Principio de Absorción, determina que en los casos de Concurso Ideal se deberá de aplicar una sola pena, tomando de los diferentes delitos, la más grave aumentándola en un cuarto, debiendo considerarse la más grave como aquella que tenga señalada el máximo más alto; agrega el artículo 37 que aun cuando opere un Concurso Ideal, éste no será aplicado cuando resulte más favorable a la persona condenada la aplicación de un concurso real, es decir, la imposición por separado de todas las penas correspondientes a los diversos delitos cometidos. Descartándose la existencia de un concurso ideal, manda la ley que corresponde conjugar las diversas figuras delictivas en un Concurso Real (conocido en la Doctrina también bajo el nombre de Concurso Material) previsto en el artículo 35 del Código Penal. Existe Concurso Real cuando ante una pluralidad de hechos delictivos, cada uno de ellos se subsume en una figura delictiva distinta, apreciable de manera independiente, llamados a ser juzgados en un único proceso penal. Son requisitos del Concurso Real: a.- Pluralidad de Hechos: Producción de una Pluralidad de Hechos, realizados en un solo momento, o en momentos diversos, siempre que no hayan sido objeto de juzgamiento previo; las conductas pueden ser de acción u omisión, realizadas con dolo o mediante culpa; b.- Múltiple desvaloración de la Ley Penal: Concurrencia de múltiples delitos, sin que ninguno excluya a otro; los delitos pueden obedecer a una sola figura delictiva o a distintas, pudiendo algunas ser consumadas y otras en grado de tentativa; c.- Unidad de Sujeto Activo: Deberá existir identidad en la persona del sujeto activo, como aquel que realizó la pluralidad de hechos que dan lugar a los diversos delitos, en cualquiera de los grados de participación: autor directo o material, autor mediato, coautores, inductor, cómplice y cómplice necesario; d.- Unidad o Pluralidad del Sujetos Pasivos: Los diversos delitos podrán tener a una persona o a personas distintas como sujeto pasivo; y e.- Unidad de Proceso Penal: Los diferentes delitos deben ser objeto de juzgamiento en un mismo proceso penal, mediante una única sentencia. El Concurso Real, al igual que el Concurso Ideal, puede ser Homogéneo o Heterogéneo. La pena a aplicar en el Concurso Real corresponderá a la prevista para cada uno de los tipos penales; penas que se cumplirán de manera independiente una de la otra, pudiendo ser Simultánea, en caso de que no sean incompatibles (Ejemplo: Pena de Multa y Reclusión) o Sucesivas cuando por su naturaleza no puedan ser cumplidas por el reo al mismo tiempo (Ejemplo: las diversas penas de reclusión, o pena de reclusión e inhabilitación especial). En cuanto al cumplimiento de la pena de reclusión es de mencionar que el 97 último párrafo de la Constitución de la República en relación con el artículo 35 del Código Penal establecen el Principio de Aspersión, que implica que la acumulación de penas dispuestas por diversos tipos penales no podrán exceder de 30 años; así pues y aun cuando en una Sentencia Condenatoria se hayan impuesto varias penas de reclusión que en suma sobrepase dicho límite, el cumplimiento efectivo no podrá superar los 30 años de reclusión, observable para el Concurso Real Ordinario y para el Concurso Real Retrospectivo: a. Es Concurso Real Ordinario aquel que acontece en un mismo proceso penal; o b. Es Concurso Real Retrospectivo aquel que se aprecia tomando en consideración varios procesos penales; esto ocurre cuando se descubre que la persona que tiene ya una sentencia condenatoria firme, es culpable además de otros delitos, declarado así en una nueva sentencia condenatoria por hechos cometidos con anterioridad a la primera sentencia condenatoria (Art. 68.5 del CPP) y que por alguna razón (no identificación de delitos conexos por deficiencia del sistema, separación de procesos por conveniencia investigativa, etc.), no fueron objeto de acumulación de procesos por conexidad al tratarse de la misma persona imputada. En estos casos, la persona condenada no deberá cumplir más de 30 años de reclusión, aun cuando la suma de las diversas penas impuestas en las dos o más sentencias condenatorias superen dicho termino. El límite de cumplimiento de la reclusión por penas acumuladas no es aplicable para los tipos penales en donde el legislador haya previsto una pena de reclusión con límites abstractos que sobrepasen los 30 años (Ejemplo: art. 118, 118-A, 192, 318, 322, entre otros del Código Penal), por tanto el Concurso Real donde exista un tipo penal con una pena abstracta que supere los 30 años, no se observará el límite de cumplimiento de la pena de reclusión por acumulación de que habla el artículo 35 del Código Penal. El cómputo de las penas corresponde a los Juzgados de Ejecución de la República. En resumen, la diferencia del Concurso Ideal con el Concurso Real, es que el primero exige una Unidad de Conducta, en cambio el segundo exige una Pluralidad de Conductas; En el concurso ideal hay varios delitos en una única conducta, entretanto en el concurso real hay varios delitos en un único proceso penal. DE LA PROCEDENCIA DEL ÚNICO MOTIVO: EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO. - El Recurrente 2 funda su motivo en dos argumentos distintos, sin relación alguna entre sí, los que, conforme a una debida técnica recursiva, debieron haber sido expuestos de manera separada. Tal defecto de forma se suma a otras omisiones importantes, como la falta de determinación de la norma autorizante o de la pretensión perseguida. Con todo la Sala de lo Penal procederá a dar respuesta de a cada uno de los argumentos, en aras de respetar el derecho a una tutela judicial efectiva. Como primer alegato el Recurrente 2 denuncia la violación del artículo 13 del Código Procesal Penal cuyo contenido reza: “Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso”, se trata pues de una norma procesal (adjetiva), cuya violación acarrearía la transgresión de una de las reglas esenciales para el desarrollo del proceso penal, es pues un defecto de forma que, en su caso, debe de ser objeto de reclamo mediante la vía impugnativa del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- Contrario a ello el Recurrente 2 ha elegido el Recurso de Casación por Infracción de Ley para oponerlo, recurso reservado exclusivamente para denunciar las infracciones cometidas por el A-Quo a normas de carácter sustantivo (vicios in iudicando); ello provoca la inexorable consecuencia de que tal argumento deba de ser desechado por impropio. Como segundo alegato el Recurrente 2 señala que se violento el artículo 36 del Código Penal, pues dentro del concurso ideal apreciado por los Jueces, se debió incluir el delito de asociación ilícita.- Tal alegato, lacónico y sin análisis jurídico de la figura invocada, se basa en la decisión del Tribunal de Sentencia de apreciar la concurrencia de siete (07) delitos distintos, seis en concurso ideal, imponiendo como consecuencia dos penas distintas: 1.- Una pena por el Asociación Ilícita; 2.- Otra pena por los delitos de Almacenamiento Ilegal Municiones Comerciales, Almacenamiento Ilícito de Armas Comerciales, Almacenamiento Ilícito de Armas de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilícito Municiones de Uso Prohibido, Alteración de Vehículos y Uso Indebido de Insignias Policiales, en concurso ideal. Del análisis del caso, el cual parte de la declaración de los hechos probados (previamente transcritos), descarta esta Sala de lo Penal que el delito de Asociación Ilícita haya sido realizado en concurso ideal con los demás seis delitos enumerados, pues el delito no fue realizado por los acusados en un mismo momento con aquellos que se derivan del almacenamiento y tenencia de evidencia; la conducta de asociarse de manera permanente para cometer hechos delictivos es distinta, previa e independiente. El delito de Asociación Ilícita fue cometido por los acusados de manera previa a los demás delitos; es decir los acusados previo al almacenaje conformaban ya de manera efectiva la asociación delictiva, así definido por el hecho probado primero cuando señala que en el interior de la vivienda se encontraban miembros de la Pandilla o mara 18, dedicada a extorsionar a personas en la Ciudad de La Ceiba.- De este modo mientras el almacenaje se estaba ejecutando en un mismo momento, generando diversos resultados, la conducta de asociación era anterior y además no relacionada.- Generaron las diferentes imputaciones la posesión y almacenaje de las siguientes evidencias:

Tipo De Evidencia

Características Individualizantes

Sustento Para Acusación Por El Delito De:

Vehículo

(Total 03)

Camioneta, 04 puertas, marca Mitsubishi, color negro, placa PDB6522, modelo Montero, serie de motor original 6G72LK2517

Alteración de Vehículos

(Sentencia absolutoria)

Pick-Up, doble cabina, marca Mazda, color rojo, placas PDD1647, Modelo BT-50, serie de motor original WLAT1186933

Pick-up, marca Nissan, modelo Frontier, color blanco

Arma de Fuego Tipo Fusil

(Total 6)

Fusil AK-47, sin serie, con cargador

Almacenamiento Ilícito de Armas Prohibidas

(Delito en Concurso ideal)

Fusil AK-47, sin serie, con cargador

Fusil AK-47, sin serie, con cargador

Fusil Fal, serie FN 1391, con 20 proyectiles sin percutir

Fusil Mini USI, serie 87-0000252, marca Cobre, con dos cargadores

Fusil SKS, serie 1218589, con cargador y 30 cartuchos sin percutir

Arma de fuego Tipo Pistola

(Total 11)

Pistola marca Colt, serie 989832

Almacenamiento de Arma de fuego Comercial

(Delito en Concurso ideal)

Pistola marca CZ-75PB, serie 3997X

Pistola marca Girsan, calibre 9mm, serie borrada, con su cargador

Pistola marca Girsan, serie T6368-07 D 000534, con su cargador

Pistola marca Girsan, serie T6368-08-A04578, color negro, con su cargador

Pistola marca Girsan, serie T6368-08B30493, sin cartuchos

Pistola marca Girsan, serie T6368-10 C00286

Pistola marca Pietro Bereta, calibre 9mm, serie J60702Z, con su cargador

Pistola marca Sarsilmaz, serie T110205A-01079, niquelada

Pistola marca SIG SAUER, calibre 22, serie A069507, cañón plateado, con su cargador

Pistola marca Tauros, con su cargador, serie TYG15246, cañón niquelado

Cargadores

(Total 13)

04 cargadores para M16

09 cargadores vacíos supuestamente de AK-47

Cartuchos sin Percutir

154 cartuchos sin percutir, calibre 9mm.

Almacenamiento de Municiones para arma Comercial

(Delito en Concurso ideal)

Cartuchos sin Percutir

(Total 435)

200 cartuchos Sin Percutir calibre 7.62 para fusil AK-47

Almacenamiento de Municiones para Arma Prohibida

(Delito en Concurso ideal)

235 cartuchos sin percutir, calibre 5.56 mm, para fusil

Insignias Policiales

(Total 01)

Una insignia Policial, con número 11420, con su respectivo porta insignia

Uso Indebido de Insignias Policiales

(Delito en Concurso ideal)

El delito de asociación ilícita con los delitos de almacenaje por los cuales se condenó a los acusados resultan ser incompatibles para ser apreciados en concurso ideal, pues mientras el primero es un delito de peligro abstracto y de consumación permanente, el segundo es de resultado y de consumación instantánea, lo que imposibilita que mediante una sola acción se puedan producir las dos clases de delitos (base del concurso ideal), sumado a que en el caso concreto, como se ha explicado de previo, los hechos declarados probados describen que los acusados al momento de realizar el almacenaje, ya habían conformado el grupo delictivo. C.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República).Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP).El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo Recurso de Casación. Además de los requisitos señalados, el Recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del Recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo.1.- RECURRENTE 1Primer Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 332 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Inobservancia de las Reglas establecidas en el Código Procesal penal para la realización del Juicio Oral. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Recurrente. *Pretensión: Se declare con lugar el Motivo El Recurrente 1, como parte del fundamento de su motivo, plantea como argumento que el acusado F. B., fue aprehendido por la policía, junto con otras personas, decomisando en ese momento chalecos policiales e insignias, los que no fueron presentados en el juicio oral ni puestos a disposición del Tribunal de Sentencia, lo que constituye violación al artículo 332 del Código Procesal Penal.DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER MOTIVO: EL PRIMER MOTIVONO ES DE RECIBO.- Es importante señalar que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados.- La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en Exp 318-2010).En el caso particular el Recurrente 1 alega que el Ministerio Público omitió poner a la orden del Tribunal de Sentencia evidencia que fue encontrada en un allanamiento practicado a una vivienda, con lo que según su criterio se transgredió el artículo 332 del Código Procesal Penal, que en lo conducente, señala que: “Los objetos y otros elementos de convicción que hayan sido secuestrados, serán exhibidos para su reconocimiento por el imputado, los testigos o los peritos”, lo que convierte el motivo en impropio. La Sala de lo Penal explica: a. Como se ha indicado, el motivo de impugnación que ha señalado el Recurrente 1 se caracteriza por tener como núcleo la violación de una de las reglas esenciales para la celebración del debate cometida por el Tribunal de Sentencia, es pues que se trata de un motivo que busca corregir cualquier error en la conducción de la etapa de juicio imputable al órgano jurisdiccional y que provoque un perjuicio efectivo; pero en el caso de marras el fundamento es una supuesta omisión cometida por el Ministerio Público, y no por el A-Quo, lo que hace improcedente la vía recursiva; b. En fecha 03 de Marzo de 2014, el Tribunal de sentencia celebró audiencia de proposición de medios de prueba (f. 387), en donde cada parte ofertó aquellos que consideraron pertinentes para hacer defensa de los intereses subjetivos, conforme a la teoría del caso que plantearían en la audiencia de debate; en dicha audiencia, entre otros, el Ministerio Público ofertó como evidencia una bolsa plástica transparente, firmada y sellada, conteniendo en su interior una “chapa” (insignia) de la policía nacional con número 11420, con su respectivo “porta chapas”; posteriormente la Defensa Pública y la Defensa Privada realizaron la oferta de prueba, sin que figure en ella ninguna evidencia física.- Es pues que en base al artículo 333 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Sentencia no estaba facultado por ley a exigir la presentación en la audiencia de debate de evidencia distinta a la que fue propuesta y admitida por las partes, lo que incluye a la propia Defensa, quien no se intereso en proponer evidencia física cuya existencia era de su pleno conocimiento, lo que le deslegitima para interponer recurso de casación haciendo reclamo del porque no se hizo dicha presentación; c. Tras la propuesta de medios de prueba por parte del Ministerio Público, ninguna de las Defensas planteo protesta por la omisión de ofertar supuesta evidencia adicional encontrada en el allanamiento; por el contrario la Defensa Pública solicito en ese momento que no se admitiera ninguna de la evidencia propuesta por el Actor del proceso, entretanto la Defensa Privada solicitó la inadmisión de una parte de la evidencia propuesta.- Tal análisis revela que el Recurso es improcedente, al no cumplirse con el requisito que exige a todo Recurrente el artículo 363 del Código Procesal Penal, en cuanto a que los defectos de forma deberán de ser protestados en el momento procesal oportuno para que ello viabilice su reclamo en única instancia, pues de lo contrario y conforme lo señala el artículo 170.2 del Código de Rito, la parte ha consentido el supuesto acto viciado (El que como se dijo no tiene la calidad de tal, pues no se trata de un acto realizado por el órgano jurisdiccional sentenciador).Segundo Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 337 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Incongruencia entre la Sentencia y las Pretensiones de las partes. *Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente 1. *Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente 1.Para el Recurrente 1, se ha dado una violación al principio de correlación de la sentencia con la acusación como consecuencia de que el Tribunal de Sentencia condenó al acusado F. B. y demás acusados, al delito de almacenamiento ilegal de armas comerciales, aun cuando la acusación formulada por el Ministerio Público estaba basada en el delito de posesión ilegal de armas comerciales. Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación.El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de Defensa, permitiendo que el imputado/a sea intimado/a de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado/a quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa.- En relación, la Corte IDH, en sentencia del 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, dispuso:“54.- Uno de los derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2 de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra. - Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba.”. (En el mismo sentido ver la Sentencia de la Corte IDH de 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México).El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de 11 de agosto de 2009 en el Exp 322-2007).El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: a. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; b. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación exige que la sentencia debe versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación, es decir que debe mediar identidad entre los hechos que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia (En ese sentido ver las Sentencias de la Corte IDH de 20 de Junio de 2005 en el caso Fermín Ramírez vs Guatemala, párrafos 67 y 68 y de 17 de noviembre de 2009, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párrafo 47), permitiendo que la persona imputada conozca oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver en ese sentido las Sentencias de la Sala de lo Penal de 20 de junio de 2012 en Exp 308-2009 y de 18 de octubre de 2012, en Exp 065-2010). - La Corte IDH, en el caso Tibi vs Ecuador, señaló que:“28.- … el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones y omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos.[Esta información debe ser] expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al Juez[a] su versión de los hechos.”.Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Congruencia, no limita al actor o al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente a la planteada en la acusación.- La Corte IDH ha advertido que la calificación jurídica de los hechos que se le imputan a una persona puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los mismos hechos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación (Ver sentencia del caso Fermín Ramírez vs Guatemala, op. ci.t, párrafo 67 y 68).- En consecuencia la modificación de la calificación jurídica solo podrá realizarse cuando: a. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación; b. En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, que hayan sido objeto de contradictorio y finalmente probados en el debate; y c. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito que conlleve una pena más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta (Art. 334 párrafo 5to, cpp).Ahora bien, como regla general el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal (reformado por Decreto 074-2013, a partir del 11 de diciembre de 2013) advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: a. Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio (Art. 265 cpp).- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio Indubio Pro Accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; es muy importante resaltar que el Juez/a de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez/a de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; en caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. b. Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: a.- Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y b.- Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación.-Para tal modificación, se requiere: i.- Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación.- Señala el precepto legal que reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado/a sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: a.- La corrección de errores materiales; b.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y en forma negativa c.- La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; en estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. c. Las Conclusiones del Debate: En una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado/a, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal en la etapa de conclusiones: i. La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; ii. La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados en los términos señalados por la Corte IDH en la sentencia del caso Fermín Ramírez vs Guatemala (op. cit.); y iii. El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado/a sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado/a en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. La Sentencia está vinculada no solo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. La Congruencia entonces es la adecuación de la sentencia a todo aquello que haya sido objeto de debate en donde se les da respuesta; por tanto, abra Incongruencia cuando no exista identidad entre lo decidido por el Tribunal de Sentencia en el fallo judicial y lo debatido en la audiencia de juicio, esto por haberse modificado la Tema Decidendi, que ocurre por: i. Incongruencia por Mutación (Ne Eat Iudex Extra Petita Partium): El Tribunal desoye el contenido de la acción penal, calificando los hechos en un delito de mayor perjuicio para la persona acusada (pudiendo modificarse en su beneficio). Tal error constituye una violación al Debido Proceso Judicial por inobservancia del principio acusatorio al subrogarse los Jueces la acción penal que solo le atañe a la parte actora, pero además también una violación al principio de defensa por inobservancia al principio de contradicción, pues la persona acusada se encontrara condenada por un delito de más gravedad a aquel por el cual había estado defendiendo y del que no ha tenido la oportunidad de ser escuchado; Contrario Sensu no se considera vicio de incongruencia cuando, no siendo solicitado por alguna de las partes, incluyendo la defensa del acusado, el Tribunal de Sentencia aprecia una causa de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad, o aprecia la existencia de alguna circunstancia atenuante, siempre que los hechos que le sustente hayan sido objeto de contradictorio durante el debate, mucho menos cuando el Tribunal se aleja de los argumentos que las partes han expuesto en el debate y adopta uno propio conducido por la ley, siempre en los márgenes que permita el principio acusatorio. ii. Incongruencia por Inclusión (Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium): Ocurre cuando los Juzgadores hacen inclusiones de hechos no debatidos o de delitos no imputados. - Como en el defecto anterior, con la inclusión se violenta el debido proceso judicial y el derecho de defensa. Ahora bien, el vicio no se considera existente en los casos en que aquello resuelto este prescrito por la ley como una consecuencia necesaria aun cuando ninguna de las partes lo haya solicitado, como por ejemplo la condena por delito donde se haya usado como instrumento un arma comercial y la necesaria notificación a la Secretaría de Defensa de suspensión de licencia de portación de arma a la persona responsable. El fundamento de lo anterior radica en el Principio Iuria Novit Curia que manda que la acusación se basa en elementos fácticos y que corresponde al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley, aun cuando no sea invocada por las partes, siempre que ello respete el principio acusatorio; y iii. Incongruencia Omisiva o Ex Silentio: (Ne Eat Iudex Citra Petita Partium) Se presenta cuando se deja de resolver algún aspecto de hecho o de derecho que oportunamente alguna de las partes haya planteado, que haya sido objeto contradictorio y de una pretensión específica. - En estos casos el Tribunal de sentencia hace una denegación de justicia al no pronunciarse sobre aspectos que fueron sometidos a su jurisdicción. La Incongruencia Omisiva se comprueba con la mera ausencia de respuesta, con independencia de la logicidad de los argumentos. Al concurso de la Incongruencia por Exceso y de la incongruencia omisiva, presentes en una sola sentencia se le conoce como Incongruencia por Error, que acontece cuando el Tribunal de Sentencia procede a motivar y a resolver aspectos de hecho o de derechos que son ajenos a aquellos que fueron planteados para ser dilucidados en el debate y al mismo tiempo omite resolver las pretensiones oportunamente presentadas a las que estaba obligado a responder.DE LA PROCEDENCIA DEL SEGUNDO MOTIVO: EL SEGUNDO MOTIVONO ES DE RECIBO.- La Sala de lo Penal ha encontrado en el acumulado judicial que en fecha 22 de Julio de 2013, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal emitió auto de apertura a juicio en contra del acusado F. B. y otros, por suponerlo responsable de un total de cinco delitos distintos: Almacenamiento Ilegal de Municiones de Guerra, posesión Ilegal de Armas comerciales, tenencia Ilegal de Equipo Policial, asociación Ilícita y alteración de las Descripciones de tres vehículos (F. 345 v.).- Posteriormente, en audiencia de debate, celebrada el 09 de enero de 2015, el Ministerio Público solicitó en el alegato de apertura el pronunciamiento de una sentencia condenatoria en contra del acusado por un total de cinco delitos: almacenamiento ilegal de armas de guerra, Posesión de armas comerciales, tenencia ilegal de equipo policial, asociación ilícita y alteración de descripción de vehículos (f. 558), entretanto en las conclusiones solicitó condena por seis delitos de: almacenamiento de armas de guerra, almacenamiento de municiones de guerra, posesión ilegal de armas comerciales, tenencia ilegal de equipo policial, alteración de descripción de vehículos y asociación ilícita. Como resultado de la audiencia de debate el Tribunal de Sentencia procedió a emitir sentencia condenatoria, mediante la cual declaro responsabilidad penal de los acusados por cinco delitos, declarándolos absueltos al mismo tiempo por dos delitos, haciendo un total de siete delitos por los que existió pronunciamiento judicial, a saber:

IMPUTADO

DELITO

PENA

Á. J. H. C.

Asociación Ilícita

15 años

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

12 años y L. 7,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

D. A. R..Z.

Asociación Ilícita

15 años

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

12 años y L. 7,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

B. A. P. G.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

C.A.R.V.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

C. A.G.R.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

C.E. R.S.

Asociación Ilícita

13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

K.G.G.R.

Asociación Ilícita

13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

M. J.M. Z.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

M.A.F.N.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

T. A. R.H.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

W. L. G.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

W. M.C.

Asociación Ilícita

13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

F.M.B. C.

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13 años 4 meses

Almacenamiento Ilícito de Armas y Municiones de Uso Prohibido, Almacenamiento Ilegal de Armas y Municiones Comerciales, y Uso Indebido de Insignias Policiales, en Concurso Ideal

08 años y L. 5,000 de multa

Alteración de Vehículos

Absuelto

La relación anterior permite advertir a esta Sala de lo Penal un defecto por la falta de identidad entre los delitos que fueron objeto de formalización y los delitos que finalmente fueron objeto de pronunciamiento judicial, como se aprecia a continuación:

Formalización de Cargos

Sentencia

Almacenamiento Ilegal Municiones Comerciales

Posesión Ilegal De Armas Comerciales

Almacenamiento Ilícito de Armas Comerciales

Almacenamiento Ilícito de Armas de Uso Prohibido

Almacenamiento Ilegal de Municiones de Guerra

Almacenamiento Ilícito Municiones de Uso Prohibido

Alteración De Las Descripciones De Tres Vehículos

Alteración de Vehículos

Asociación Ilícita

Asociación Ilícita

Tenencia Ilegal De Equipo Policial

Uso Indebido de Insignias Policiales

Pese a lo señalado anteriormente, limita la competencia recursiva de la Sala de lo Penal las cuestiones que los Recurrentes planeen como objeto de impugnación, por lo que fuera de ellas no es posible a este Ad-Quem extender pronunciamientos resolutorios, tal y como lo advierte el artículo 350 del Código Procesal Penal; Es por ello que este Tribunal de Casación se limitará a estudiar y dar respuesta a la cuestión planteada por el Recurrente 1, que estriba estrictamente a la decisión del A-Quo de condenar al acusado F. B. (al igual que a los otros acusados), por el delito de Almacenamiento de Armas de Fuego Comercial, aun cuando la imputación formulada por el Ministerio Público era por el delito de Posesión de Arma de Fuego Comercial.- En ese especifico punto, el cuadro anterior denota que efectivamente existió una modificación en la calificación jurídica, más ello no constituye Incongruencia por Mutación (Ne Eat Iudex Extra Petita Partium), pues se enmarca en los límites del poder jurisdiccional: a. El delito de almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego Comercial se desprende d ellos mismos hechos que fueron objeto de intimación en la formalización de la acusación; b. En el factum declarado probado no se incluyen hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación; todos ellos fueron sometidos al debido contradictorio; y c. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supera las expectativas punitivas del Ministerio Público, pues se trata de una figura delictiva contenida en el mismo artículo, que tiene conminada una idéntica sanción penal. La modificación de la figura penal que ha hecho el Tribunal de Sentencia del delito de Posesión Ilícita de Armas de Fuego Comercial al delito de Almacenamiento Ilícito de Armas de Fuego comercial no constituye violación al Derecho de Defensa pues los hechos en que descansa la declaratoria de culpabilidad son los mismos que fueron informados al acusado y de los cuales ejerció defensa técnica en la etapa de juicio y por tanto no son resultado de la inclusión de nuevos hechos o la intimación a una persona distinta a la que originalmente se le había planteado. No violenta tampoco el principio acusatorio pues la figura delictiva aplicada no supera las expectativas punitivas al proteger el mismo bien jurídico, tener el mismo objeto del delito y además al tener conminada la misma sanción penal que el delito por el cual el Ministerio Público formalizó la acusación; por tanto, en conjunto, no se aprecia violación al principio de correlación de la sentencia con la acusación. 2.- RECURRENTE 2Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. *Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente 2. *Pretensión: Sin Determinar por el Recurrente 2.Hace formal protesta el Recurrente 2 de que el Tribunal de sentencia ha dado credibilidad a medios de prueba que, en lugar de acreditar responsabilidad penal de los acusados, los exonera de ésta. Especifica que no se acreditaron “los requisitos esenciales” del delito de Asociación ilícita.- Critica el Recurrente 2 la prueba relacionada: i.- el Perito E. X.S., presentó una matriz jerárquica de la pandilla 18, que contenía errores de vinculación de nombre de los acusados con sus fotografías; ii.- El Señor D. C. G., encargado del informe de Tatuajes Identificativos, realizó dicho estudio a los acusados sin la presencia de ningún abogado/a, convirtiendo el dictamen en ilegal conforme lo señala el artículo 242 del Código Procesal Penal; iii.- Los peritos E. X..S. y D.C. G. no fueron nombrados como peritos en el proceso penal.- Por lo anterior para el Recurrente 2 los medios de prueba referenciados no acreditan la permanencia de los acusados en la pandilla 18, tampoco fue acreditado los delitos que fueron cometidos por éstos como parte de la pandilla, debiendo haberse otorgado una sentencia absolutoria por la ilicitud de la prueba y por duda razonable. En cuanto a los delitos de almacenamiento de Armas y Municiones prohibidas, almacenamientos de armas y municiones comerciales y uso indebido de insignias policiales, el Recurrente 2 alega: i.- No existen actas de decomiso (incautación), de la evidencia física a los acusados, por lo que no se puede establecer que éstos tuvieron en almacenamiento armas, municiones o insignias oficiales; ii.- Los acusados se encontraban a fuera del inmueble donde fue encontrada la evidencia, por lo que a ninguno de ellos se le pudo decomisar (incautar); iii.- A ninguno de los peritos le fue mostrada la evidencia durante el debate; iv.- La evidencia fue obtenida como consecuencia de un allanamiento ilícito, pues ninguno de los acusados autorizo a los agentes de policía para su ingresaron al inmueble ni tampoco los acompañaron.- Por lo expresado el Recurrente 2 solicita que la Sala de lo Penal “observe la nulidad del allanamiento”. Finalmente, el Recurrente 2 denuncia falta de argumentación precisa y de fundamentos legales de los jueces al momento de resolver los dos incidentes que fueron planteados por las Defensas: i.- Nulidad del allanamiento a un bien inmueble; ii.- falta de aplicación del Decreto Legislativo 184-2013.DE LA PROCEDENCIA DEL ÚNICO MOTIVO: EL ÚNICO MOTIVO NO ES DE RECIBO.- El motivo único fue planteado por el Recurrente 2 de manera defectuosa, lo que obliga a ser declarado sin lugar.- El Recurrente 2 plantea al inicio que existe una violación a las reglas de la sana critica por el Tribunal de Sentencia, más omite establecer aspectos básicos como cual regla fue la infringida, en que consistió la infracción, cual es el razonamiento judicial que contiene la infracción y como ésta repercute en lo decidido; Básicamente se ha denunciado violación de reglas de la sana critica, pero no se señala que reglas son las que se violentaron. En el Proceso Penal no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no puede provocar un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y para ello se requiere esencialmente señalar que regla de la sana critica es la que se ha transgredido. Contrario a ello, el Recurrente 2 se ocupo de formular argumentaciones ajenas al recurso; Primero se dio la tarea en analizar la prueba y determinar la inexistencia del delito de asociación ilícita, confundiendo la única instancia con una segunda instancia; posteriormente plantea de que el allanamiento practicado es ilícito, solicitando a esta Sala de lo Penal que decrete su nulidad, lo que es una denuncia y petición sin relación alguna con la debida aplicación de las reglas de la sana critica, que es el supuesto fundamento del motivo planteado; por último el Recurrente 2, denuncia falta de motivación en la resolución de dos incidentes, y así nuevamente se hace planteamientos no relacionados con el motivo del recurso de casación que el propio Recurrente 2 eligió: violación a las reglas de la Sana Critica.La desatención del Recurrente 2 fue tan alta que el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma está incompleto, al no tener conclusión uno de los párrafos por haber olvidado agregar uno de las hojas al escrito (Ver folios 650 y 651).V. DECISIÓN. *Recurrente 1: -Sin Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; -Sin Lugar los motivos primero, segundo, tercero y cuarto del del Recurso de Casación por Infracción de Ley; y -Sin Lugar los motivos primero y segundo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. *Recurrente 2: -Sin Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Ley; y -Sin Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, de Casación por Infracción de Ley, en sus cuatro motivos, y de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, todos interpuestos por el Abogado W.F. F., apoderado legal privado del acusado F.M. B.C..- SEGUNDO: DECLARA NO HA LUGAR los recursos de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, y de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, ambos interpuestos por los abogados J. M. T. V. y J.R.B.B., apoderados legales privados de los acusados Á. J.H. C., B. A. P. G., C. A. R. V., C.A. G. R., C. E. R.S., D.A. D. Z., K. G. G. R., M. A.F. N., M. de J. M. Z., T. A. R. H., W. L. G. y W. M.C..- TERCERO: DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veinte (20) de Noviembre del año dos mil quince (2015) (f. 606), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Penal Nacional, con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho notifique a las partes personadas en única instancia de la presente resolución y oportunamente devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESEFIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-309-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.