Sentencia CP-303-16 — Registro 13604
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Se identifica por la Sala de lo Penal la infracción a la regla de la lógica en lo que respecta al apartado valorativo de las declaraciones testificales de los señores José Gregorio Orellana Ramírez, Olvin Ávila Villalta y Darwin Noé Mejía Ramos, pues el sentenciador concluye a partir de sus testimonios que vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Marcos Domingo Torres y Alex Ulloa, producto de lo cual resultó muerto Nerin Clavel Mejía. La afirmación anterior infringe el principio lógico de derivación, la cual exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. Existe infracción al principio lógico de derivación cuando la conclusión no encuentra correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Resulta necesario remitirnos al contenido de las declaraciones rendidas en juicio a efecto de verificar que ninguno de los tres testimonios identifica al acusado Marco Domingo Torres Reyes en la dinámica de los hechos objeto de juzgamiento: 1. Declaración testifical del José Gregorio Orellana Ramírez (f. 302): Cuando llegamos a la aldea de Corinto me bajé del carro, mi compañero se fue para una pulpería, yo me quedé ahí, pasaban varias personas en motocicletas, de repente venía una moto, se pasaron enfrente, cuando se bajaron los vi sospechosos y uno agarró para donde estaba el otro compañero guardia y el otro tomó para donde mí, de repente sentí un impacto, me fui corriendo para una casa, mi escopeta se enconchó, cuando yo salí mi compañero estaba tirado en el suelo, en eso llamé a mi jefe de operaciones y me preguntó si estaba vivo y le dije que no, está muerto. Al ser interrogado por la fiscalía respondió lo siguiente: ... (Se ordenó por el Tribunal de Sentencia dar vuelta al biombo) ¿Se encuentra aquí en la Sala la persona que le disparó? No; ¿Qué hizo el señor Clavel cuando vio que usted estaba herido? Disparar hacia un muchacho chele; ¿Recuerda usted que le sucedió al señor Clavel? Lo mataron; ¿Usted manifiesta que una persona chele disparó contra su compañero, solicito (el Ministerio Público) dar vuelta al biombo para ver si el testigo reconoce a la persona que le disparó a su compañero Clavel? No lo identifica (el testigo). 2. Declaración testifical de Olvin Ávila Villalta (f. 303): fue hace dos años el 24 de junio de 2013, yo estaba en la aldea de Corinto de Omoa, me disponía a atender a una pulpería, cuando iba bajando las gradas estaba atendiendo a otro vendedor, me fui a novedades, pues cuando estaba atendiendo en la tienda escuché gritos y disparos, me di cuenta del asalto, me escondí detrás de un carro viejo, vi a dos personas disparar, luego vi huir a uno de ellos en una moto roja. Al ser interrogado por la fiscalía: ¿Había visto con anterioridad a estas personas antes del hecho? En fechas anteriores me habían asaltado junto con otros muchachos; ¿Reconoce si se encuentran las dos personas que andaban en esa moto? Si; ¿Cómo andan vestidos? Es el muchacho alto, gordo; ¿Cómo viste en este momento? Con camisa rosada creo; ¿Por dónde se encuentra en esta Sala? Lado izquierdo; … ¿Se encuentran esas dos personas que miró en los hechos en esta Sala? Si… El Tribunal de Sentencia interroga: ¿Del momento de los disparos en donde un compañero sale herido y el otro fallece a quién reconoce del momento de los disparos? El chinito que iba en la moto ¿Quién es el chinito? El más flaco, el del lado izquierdo de la mesa del fondo, a él fue el único que vi huir (Alex Jaciel Ulloa Martínez); ¿El día de los hechos a cuántos reconoce? Solo a uno; ¿Y en la posta? Al otro muchacho, a la persona que junto con otras dos personas me habían asaltado (Marcos Domingo Torres). 3. Declaración testifical del señor Darwin Noé Mejía Ramos (f. 304): Yo venía en mi moto, de repente me encañonó y me dijo que me fuera de ahí, lo que hice es obedecer órdenes, que me fuera más a la carrera, me fui ahí en un bache, se me trabó la cadena, se fue corriendo hacia la carretera y yo hacia Corinto, después escuché disparos y la policía los tenía detenidos. Al ser interrogado por la fiscalía respondió lo siguiente: ¿Reconoce usted a la persona que lo amenazó con el arma de fuego? Yo lo miro diferente, no lo reconozco; ¿A quién es que mira diferente ahora? No sé, nunca jamás lo había visto en mi vida; … ¿Se encuentra esa persona que reconoció usted ante un juez en esta Sala? No. Al valorar intelectivamente estas tres declaraciones, el Tribunal de Sentencia consideró lo siguiente (f. 313): “Al análisis resultan creíbles para estos juzgadores al no encuentra signos de falsedad, por el contrario, ambos testigos Olvin Ávila y Darwin Mejía son congruentes, al afirmar Olvin Ávila que los dos muchachos capturados están en esta Sala y vio cunado uno de los imputados huía en la moto color azul que conducía Darwin Mejía y resultan congruentes al relatar los hechos y al relacionar sus dichos con el testimonio de José Gregorio Orellana y con el resto de la carga probatoria, se crea certeza en estos juzgadores que los mismos no han podido suceder de otra manera pues las declaraciones son coincidentes tanto en la sustancia como en los incidentes de los hechos depuestos, pues los tres testigos pudieron presenciar con sus sentidos los hechos que relataron, quienes los reconocieron ya que ambos testigos José Gregorio y Darwin Mejía vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Marcos Domingo Torres y Alex Jaciel Ulloa producto de lo cual el occiso Nerin Clavel Mejía resultó muerto, por tal razón se les da total credibilidad.” Nótese que el sentenciador se desvía del asunto en cuestión, pues concluye que los testigos identificaron a las personas que fueron capturadas -los cuales fueron cuatro en total- y que son las mismas que se encuentran en sala de juicio -las cuales son únicamente dos de los cuatro inicialmente capturados-, más no expresa que sean los mismos que realizaron el hecho objeto de juzgamiento. Asimismo, concluye la participación de Marcos Domingo Torres en el cruce de disparos en el cual pierde la vida el señor Nerin Clavel Mejía, cuando ninguno de los tres testigos lo reconoce y ubica en el lugar de los hechos, únicamente reconocen al co-imputado Alex Jaciel Ulloa Martínez, constituyéndose este en un error de derivación lógica por no corresponderse la conclusión con los medios de prueba testificales intelectivamente valorados. El principio de razón suficiente nos dice que toda conclusión requiere de una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. En el caso presente, el contenido de las declaraciones testificales que sirven de base para la conclusión del Tribunal de Sentencia, no tienen razón suficiente para ser estatuto de verdad, pues no refieren los testigos haber visto al señor Marcos Torres Reyes en el cruce de disparos que dio como resultado la muerte del señor Nerin Clavel Mejía. Debe tenerse presente que el juzgador de instancia al tener el privilegio de la inmediación, es el único facultado para valorar los medios de prueba evacuados en juicio, teniendo, asimismo, la libertad de alcanzar un estado de convicción positivo o negativo en relación a la acusación formalizada por el ente acusador y el cuadro probatorio evacuado en juicio, más ese estado de convicción debe estar justificado racionalmente, debe tener como límite las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano. En el caso actual, si bien el sentenciador ha alcanzado un estado de convicción de culpabilidad del señor Marcos Domingo Torres Reyes en relación al delito de homicidio que se le imputa, el mismo se encuentra justificado en una argumentación que falsea el contenido de los elementos probatorios evacuados en juicio (tres declaraciones testificales) y de los cuales alcanza su conclusión de culpabilidad. Por esa razón, la Sala de lo Penal no puede adverar el fallo y es procedente declarar ha lugar el único motivo de casación por quebrantamiento de forma..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 303-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Marcos Domingo Torres Reyes, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Nerin Clavel Mejía, a la pena de quince años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Alex Jaciel Ulloa Martínez, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Nerin Clavel Mejía, a la pena de quince años de reclusión. Tercero: Absolvió a los señores Marcos Domingo Torres Reyes y Alex Jaciel Ulloa Martínez, del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de José Gregorio Orellana. Cuarto: Absolvió a los señores Marcos Domingo Torres Reyes y Alex Jaciel Ulloa Martínez, del delito de Portación Ilegal de Arma, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Quinto: Condenó a los señores Marcos Domingo Torres Reyes y Alex Jaciel Ulloa Martínez, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados; Séptimo: No procede condenar en costas a los acusados Marcos Domingo Torres Reyes y Alex Jaciel Ulloa Martínez. Octavo: No procede el comiso en virtud de que no fue puesto a la orden del tribunal de pieza de convicción o ejecución alguna. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Sergio Hugo Barrientos García, en su condición de defensor privado del señor Marco Domingo Torres Reyes. Son partes en única instancia: el abogado Sergio Hugo Barrientos García, en su condición de defensor privado del señor Marcos Domingo Torres Reyes, como parte recurrente, y, la abogada Karla María Arita Mendoza, en su condición de fiscal del Ministerio Público y como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO: En fecha veinticuatro de junio del año dos mil trece en la aldea Corinto del municipio de Omoa, departamento de Cortés, mientras los señores NERIN CLAVEL MEJIA y JOSÉ GREGORIO ORELLANA daban seguridad al señor Olvin Ávila Villalta vendedor de la empresa Tigo quien se encontraba haciendo gestiones de venta en la tienda Lempira, cuando llegaron los señores MARCO DOMINGO TORRES REYES Y ALEX JACIEL ULLOA MARTÍNEZ a bordo de una motocicleta Italika color roja con armas de fuego tipo pistola haciendo disparos contra la humanidad de los guardias de seguridad Nerin Clavel Mejía y José Gregorio Orellana, repeliendo el ataque el señor Clavel Mejía, resultando en el enfrentamiento herido en su pierna Marco Domingo Torres Reyes y muerto por un disparo en la cabeza el señor Nerin Clavel Mejía, huyendo del lugar Marco Domingo Torres Reyes a bordo de una motocicleta rojo, mientras que Alex Jaciel Ulloa al ver pasar una persona a bordo de una motocicleta lo obliga amenazándolo con arma de fuego a que lo saque del lugar, sin embargo en el camino se rompió la cadena de la motocicleta momento aprovechado por el señor Alex Jaciel Ulloa para salir corriendo y abordar el vehículo pick up marca Ford, color rojo que venía en marcha en el cual ya se conducía Marcos Domingo Torres Reyes en compañía de otro sujeto transportando la moto Italika color rojo en la paila del dicho vehículo Siendo posteriormente detenidos por la policía, quienes encontraron en el motor de la motocicleta una arma de fuego marca Tanfoglio 9mm y en el interior de la cabina del vehículo una arma de fuego marca CZ calibre 4Omm, así como también en el lado derecho del asiento una camisa tipo polo rayada con manchas de sangre humana; por lo que fueron puestos a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, abogado Sergio Hugo Barrientos, procedió a formalizar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: La sentencia infringe los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, relativos al estado de inocencia y al debido proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El debido proceso envuelve comprensiblemente el desarrollo progresivo prácticamente, de todos los derechos y garantías fundamentales de carácter procesal o instrumental. La prueba, en materia penal, es sinónimo de garantía como tal debe de manejarse en la fase de formación como al introducirla en el proceso y finalmente en el momento de apreciarla por parte del juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción, para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía, la convierte en imperativa. De ahí que para ser responsable de un acto delictivo, siempre se parte de un estado de inocencia en que se eliminan las presunciones de responsabilidad por parte del juez, de manera que no convierta la sospecha que le ha sido presentada por la parte acusadora, como suya. Pues, ya lo decía ULPIANO en su Corpus Juris Civile “nadie puede ser condenado por sospecha porque es mejor que se deje impune el delito de un culpable, que condenar a un inocente”. En razón de lo anterior, es que se recurre la sentencia aludida en el preámbulo de este libelo ya que, al valorar una prueba que no es idónea y con la cual se pretenda justificar a toda costa la comprobación de un hecho que no ha resultado verdadero, se ha cometido también una vulneración a las obligaciones que tiene el Estado de Honduras de otorgar un debido proceso a todo encausado. Dicha circunstancia es la que ha sucedido en el presente caso, donde los Jueces del Tribunal, toman los hechos presentados por el Ministerio Público como suyos, justificándose una culpabilidad basándose en su parte toral, en la declaración de testigos, que a pesar de decirse oculares del hecho no identifican a la persona que propino la lesión al ofendido, o en este caso causo la muerte al señor Nerin Clavel Mejía. Los principios del derecho constitucional que se invoca como infringidos se encuentra establecido en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República que a la letra dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” El artículo 89 de la Constitución de la República, que a la letra dice “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.... En el presente caso de autos, surgen tres testimonios que son la base para poder tener un criterio definido, de que fue lo que sucedió en fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, siendo estos testigos, que tienen pleno conocimiento de los hechos. En el numeral primero de la valoración de la prueba, establece aspectos de la declaración del testigo José Gregorio Orellana, deja en manifiesto lo siguiente, “estaba a ocho metros de Clavel”, “y manifestó que el que le disparó no está en la sala”, refiriéndose a la sala donde estaba rindiendo su declaración, y en donde estaba presente mi defendido el señor Marcos Domingo Torres Reyes, “a Clavel lo mataron, no sabe quién lo mató”, “Clavel hizo tres disparos nadie resultó herido” “y aquí en la sala no está quien disparo a Clavel”, manifestó nuevamente. Siendo que en el momento que sucedieron los hechos, José Gregorio es un testigo presencial, el tribunal le da credibilidad a su declaración, al no encontrar signos de falsedad. En la misma valoración primera, se encuentra la declaración del testigo OLVIN ÁVILA VILLALTA, deja en manifiesto lo siguiente: “vio a dos que estaban disparando y vio huir a uno de ellos en una moto roja”. Al mirar a través del biombo “dice que uno de ellos lo vio antes porque lo asaltó con otro muchacho” (lo escrito en negrillas son mis argumentos), refiriéndose en ese momento a un hecho diferente al que se estaba juzgando. Si se revisa el acta del juicio oral y público de fecha veinte de noviembre del dos mil quince, lo dicho por él fue “En fechas anterior me había asaltado junto con otros muchachos”… “que el chinito iba huyendo y que los reconoció en la posta y que los reconoció en la posta” “no sabe quién de los dos sospechosos disparo a Clavel y Gregorio”, el señor Fiscal de hace la siguiente pregunta “recuerda usted en que se conducía el día que los asaltaron antes del hecho? “En un carro gris Ford Scape”, manifestó Olvin Ávila, contestando la pregunta tal como se la realizó el fiscal, dado que la misma es clara, en que se conducía (QUIEN), Olvin Ávila, en la valoración los A Quo, deja entrever que los sospechosos andaban en un carro Ford Scape. En todo el relato de Olvin Ávila, deja entrever que está hablando de dos hechos, uno el que ocurrió el veinticuatro de junio del dos mil trece y el otro hecho, en otra oportunidad, (Es en este momento que solicito a la Honorable Sala Penal, que soliciten las grabaciones del juicio oral y público, que están en poder del tribunal, porque aquí es donde se ve cercenado el derecho de inocencia del señor Marcos Domingo Torres Reyes, al no valorar en su conjunto el tribunal la declaración testifical del señor OLVIN ÁVILA VILLALTA, vulnerando con esto el derecho de inocencia de mi defendido”), no quedando claro el Tribunal con esto, lo interroga, con palabras textuales de lo ocurrido en la audiencia, esto lo manifiesta una de las Jueces dentro del juicio ¿ Para aclarar porque quedé algo confundida cuando usted dice reconocer aquí en la sala y confundió con otro momento, cuando se le dio vuelta usted dice que aquí en la sala reconoció a uno o a quien reconoce usted, del momento de los disparos cuando murió un compañero suyo?, contesta Olvin “A el chinito fue el que salió en la moto”. ¿Para usted cuál de los que está aquí es el chinito? “El flaco”, ¿Dónde está ubicado?, “Al lado izquierdo, a la izquierda de la mesa, el último, el salió en la moto, y salió huyendo, a él fue el único que vi huir” ¿Qué vio huir, pero cuando se le preguntó el Fiscal, mencionó al alto, gordo, de él, que estaba hablando? “Lo reconocí, porque fue uno de los que me había asaltado una fecha anterior” ¿Pero hablando del hecho? “No le podría decir, porque a él, no lo vi, vi al otro, pero a el no”, el tribunal se tomó un receso y volvió a preguntar ¿Queremos que quede clara su declaración ante el tribunal, porque somos los que vamos a decidir, con respecto a su declaración, el día de los hechos usted reconoce a cuantas personas que participaron? “Solo a uno vi cuando salió, solo a uno” ¿Y en la posta cuando están detenidos? “Reconocí al otro muchacho, como la persona que con otros dos me había asaltado anteriormente”. Señores Magistrados, con que propósito el Honorable Tribunal, omite el valorar, lo aseverado por el testigo, estamos ante un Homicidio, donde es de importancia el conocer quienes participaron, quienes dispararon, donde el testigo ante las preguntas del Tribunal, deja claro y manifiesto, que él no vio a Marcos Domingo Torres Reyes, no con el detalle que lo escribí en esta exposición, pero si en el Acta del juicio Oral y Público, está escrito lo que el tribunal interrogó, en una parte proporcional.” EL TRIBUNAL ¿Del momento de los disparos en donde un compañero sale herido y el otro fallece de ese hecho, usted dijo reconocer a uno, a quién reconoce del momento de los disparos? El chinito iba en la moto, ¿Quién es el chinito? El más flaco, el del lado izquierdo de la mesa al fondo, a él fue el único que vi huir (Alex Jaciel Ulloa Martínez) ¿Cuándo le preguntó el Fiscal mencionó al alto gordo, lo reconoció porque él me había asaltado en fechas anterior, en el hecho no lo vi, lo vi anteriormente, ¿el día de los hechos a cuantas personas reconoce? Solo a uno, ¿y en la posta? Al otro muchacho a la persona que junto con otras dos personas me había asaltado (Marcos Domingo Torres Reyes). En el numeral primero de la valoración de la prueba, establece aspectos de la declaración del testigo Darwin Noé Mejía Ramos, deja en manifiesto lo siguiente, “al darle vuelta al biombo dice que hoy lo mira diferente, pero cuando declaró la primera vez si lo reconoció es poco alto, trigueño, si lo reconoció ante juez a uno de ellos y se lee la línea número 82 de la audiencia inicial donde se estableció que si reconoció a Alex Ulloa”. No reconociendo de igual manera al señor Marcos Domingo Torres Reyes. Del análisis que hace el tribunal sobre las declaraciones deja en manifiesto en la sentencia “las tres resultan creíbles para estas Juzgadoras al no encontrar en los testigos signos de falsedad, por el contrario, ambos testigos Olvin Ávila, Darwin Mejía, son congruentes al afirmar Olvin Ávila que los dos muchachos capturados están en esta sala y vio cuando uno de los imputados huía en la moto color azul que conducía Darwin Mejía y resultan congruentes al relatar los hechos y al relacionar sus dichos con el testimonio de José Gregorio Orellana y con el resto de la carga probatoria, crea certeza en estos Juzgadores que los mismos no han podido suceder de otra manera pues las declaraciones son coincidentes tanto en la sustancia como en los incidentes de los hechos que han depuesto, pues los tres testigos pudieron presenciar con su sentidos los hechos que relataron, quienes los reconocieron ya que ambos testigos José Gregorio y Darwin Mejía vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Domingo Torres y Alex Jaciel Ulloa producto de lo cual el occiso Nerin Clavel Mejía resultó muerto por tal razón se les da total credibilidad”. Se deja claro que los dos muchachos capturados están en la sala, pero no deja claro si los dos participaron en el hecho que se está tratando, el Homicidio del señor Nerin Clavel Mejía, ya que como lo dejó claro el testigo Olvin Ávila, cuando le hicieron la pregunta por parte del Tribunal y que consta en el acta del debate Juicio Oral y Público, ¿Del momento de los disparos en donde un compañero sale herido y el otro fallece de ese hecho, usted dijo reconocer a uno, a quién reconoce del momento de los disparos? El chinito iba en la moto, ¿Quién es el chinito? El más flaco, el del lado izquierdo de la mesa al fondo, a él fue el único que vi huir (Alex Jaciel Ulloa Martínez) y todavía el tribunal no conforme le vuelve a repreguntar, ¿el día de los hechos a cuantas personas reconoce? Solo a uno. Está dentro del juicio Oral y Público, que el señor Olvin Ávila, no reconoce al señor Marcos Domingo Torres Reyes, como una de las personas que participó en el Homicidio del señor Nerin Clavel Mejía, mucho menos el testigo José Gregorio Orellana Ramírez, en la misma valoración de la prueba, queda claro que manifestó, “y aquí en la sala no está quien disparó a Clavel” y en el caso de Darwin Noé Mejía Ramos, “si reconoció a Alex Ulloa, en la audiencia inicial”, entonces de dónde saca el tribunal esta expresión que deja dentro del análisis de las declaraciones “quienes los reconocieron ya que ambos testigos José Gregorio y Darwin Mejía vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Domingo Torres y Alex Jaciel Ulloa producto de lo cual el occiso Nerin Clavel Mejía resultó muerto por tal razón se les da total credibilidad”. El mismo Tribunal, en la Valoración de la prueba parte. Tercero, exime de toda responsabilidad por el delito de Portación Ilegal de Armas, ya que no se individualizó quien portaba cada una de las armas de fuego, al ser estas encontradas en la cabina del vehículo marca Ford y la otra en el motor de la motocicleta. Y entonces mucho más se infringe el derecho de inocencia, ya que los testigos separan al señor Marcos Domingo Torres Reyes, y el Juzgado lo separa de las supuestas armas homicidas. En la valoración de la prueba inciso QUINTO, realizada por el tribunal, en la sentencia, se incorpora mediante Exhibición, el inciso 2) ACTA DE DECOMISO E INSPECCIÓN DE VEHICULO: marca ltalika, tipo, motocicleta, sin placa, decomisada al señor Marco Domingo Torres Reyes. En la sola lectura del ACTA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO, sorprendería a cualquiera que la moto le pertenece al señor Marcos Domingo Torres Reyes, esto es lo que está en el Acta, “LA SECRETARIA INFORMA: En cuanto al testigo CIRO ANTONIO ORDÓÑEZ LAGOS y el policía ORLIN ONEL GONZÁLES ya no laboran como policías de Fronteras según constancia del receptor y en cuanto al agente de investigación CARLOS HERNÁNDEZ todavía no ha sido contestada la comunicación. LA FISCALÍA SE PRONUNCIA: Siendo que los señores iban a ratificar ACTAS DE DECOMISOS Y ACTAS DE INSPECCIONES que sean incorporadas mediante lectura, es evidente su incomparecencia, en base al artículo 312 sean incorporados mediante lecturas.- LA DEFENSA: ya que fueron actas que fueron decomisadas por dichos agentes en consecuencia la pretensión de la defensa no es dilatar el proceso, siendo que es imposible sus comparecencias, y siendo que ya se dieron lecturas a las constancias por parte de la secretaria, no se opone a que sean introducidas mediante exhibición.- EL TRIBUNAL DELIBERA Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS RESUELVE: Declarar CON LUGAR LA evacuación de las actas 1)… 2) ACTA DE DECOMISO E INSPECCIÓN de un vehículo tipo Motocicleta marca ITALIKA DM150,Color Rojo, año 2012, la cual iba a ser ratificada por el policía ORLIN ONEL GONZALES”. No es cierto lo que esta transcrito en el acta, está defensa, se opuso a que dichas actas fueran agregadas al proceso, el tribunal deliberó, admitió que fueran agregadas, esta Defensa pidió Reposición, el tribunal volvió a deliberar, (Todo esto se puede ver en los videos que están en poder del tribunal), y terminó admitiendo las mismas, en el momento que comenzó admisión, del acta que se enuncia como el numero 2) “ACTA DE DECOMISO E INSPECCIÓN DE VEHÍCULO: marca ltalika, tipo, motocicleta, sin placa, decomisada al señor Marco Domingo Torres Reyes”. Esta defensa, pidió poner a la vista el original de la misma, que se encuentra agregada a folio 28, al ponérsela a la vista al señor, y hacerle la pregunta ¿Marcos Torres Reyes, el documento que se titula acta de decomiso e inspección de vehículos de fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, a folio número veintiocho, la firma que calza en el documento es su firma? No, no es mi firma, manifestó el señor Marcos Domingo Torres Reyes. Señores Magistrados, ya en el acta de JUICIO ORAL Y PÚBLICO, solo aparece que la Defensa, no se opone a que sean introducidas mediante exhibición, faltando a b verdad en la forma cómo ocurrió el desarrollo de la audiencia. El Tribunal vulnera aún más, el derecho de presunción de inocencia y el debido proceso, en el momento que este DEFENSOR, está dando sus CONCLUSIONES, (En la mayoría de los Tribunales de la República, son grabadas las audiencias a efecto de que, tanto el tribunal, como las partes, puedan ejercer sus derechos y poder tener elementos de verificación, vuelvo a reiterarles, que soliciten señores Magistrados, la grabación de este Juicio, a efecto de poder verificar, que se violaron las garantías constitucionales, aquí enunciadas una vez más), el Tribunal, interrumpe, y le da tiempo límite, a este defensor para que termine su exposición. Esto además de afectar la exposición que en su momento estaba haciendo esta defensa, afecto sicológicamente la misma, dado que se tuvo que acortar la exposición, el Tribunal no actuó en igualdad de circunstancias, el señor fiscal realizó su exposición sin ninguna interrupción por veintitrés minutos, y a esta defensa cuando llevaba diecinueve minutos, el Tribunal le dio, un tiempo de diez minutos más para terminar, estableciéndose que en el artículo 334 del Código Procesal Penal, no existe un tiempo determinado por la ley, a efecto de presentar las conclusiones. Es imperativo, que se restablezca el orden procesal quebrantando con la sentencia impugnada, casando la sentencia y ordenando el reenvío a nuevo juicio para que se respete el debido proceso. Nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en virtud de que el recurso de casación puede interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado Marcos Domingo Torres Reyes, tiene abierta una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba. En tal sentido nos hemos visto en la obligación de impugnar la sentencia referida, porque lesiona los intereses sagrados de la libertad de mi comitente, La norma que el Juzgador debió aplicar es la del Artículo 339 del Código Procesal Penal, que establece que en caso de duda razonable se debe dictar sentencia absolutoria a favor del imputado. EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Tribunal sentenciador las reglas de la Sana Crítica; PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. Para efectos del presente motivo, se cita como infringidos el artículo 202 del Código Procesal Penal, que textualmente dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación al artículo 336 y 338 regla cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal. Al leer el apartado correspondiente a la valoración de la prueba que hace el Tribunal Sentenciador, es, precisamente, la declaración de los tres testigos. Pero un análisis de esa deposición, a la luz de las máximas de la experiencia, y la Psicología nos lleva a la conclusión que no merece el crédito que el Tribunal le dio en su decisión.- En la doctrina Procesal Penal, existe consenso de al menos doce condiciones y garantías como fundamentos del valor del testimonio veamos: 1).- Que el testigo sea digno de fe; 2).- Que haya prestado juramento; 3).- Que los hechos hayan podido caer bajo sus sentidos; 4).- Que se apoye en su observación personal; 5).- Que sea verosímil; 6).- Y concordante con la restante prueba; 7).- Que sea persistente, sin contradicciones ni perplejidades; 8).- Que sea prestado en forma, ante el Tribunal; 9).- Que sea libre y espontáneo; 10).- Que el testigo no haya sido engañado o inducido a error; 11).- Que la declaración sea original, expresión espontánea de su convicción; 12).- Es aconsejable que sea más de uno, por lo menos dos.- De todas las condiciones y garantías del testimonio citados, la más decisiva e importante, para valorarla, es la número 9, es decir la que exige que el testigo “sea libre y espontáneo”, a la par que por definición se le considera nebulosa, de intuición empírica y fragmentaría, expuesta a las más arbitrarias oscilaciones.- Ninguno de los tres testigos, identifica, al señor Marcos Domingo Torres Reyes, como la persona que el provocó la muerte al señor NERIN CLAVEL MEJÍA. Todos los demás elementos de prueba, giran alrededor de las declaraciones testificales de estos tres testigos, que a su efecto manifiestan lo siguiente: En el numeral primero de la valoración de la prueba, establece aspectos de la declaración del testigo José Gregorio Orellana, deja en manifiesto lo siguiente, “estaba a ocho metros de Clavel”, “y manifestó que el que le disparo no está en la sala”, refiriéndose a la sala donde estaba rindiendo su declaración, y en donde estaba presente mi defendido el señor Marcos Domingo Torres Reyes, “a Clavel lo mataron, no sabe quién lo mató”, “Clavel hizo tres disparos nadie resultó herido” “y aquí en la sala no está quien disparo a Clavel”, manifestó nuevamente. Siendo que en el momento que sucedieron los hechos, José Gregorio es un testigo presencial, el tribunal le da credibilidad a su declaración, al no encontrar signos de falsedad. En la misma valoración primera, se encuentra la declaración del testigo OLVIN ÁVILA VILLALTA, deja en manifiesto lo siguiente: “vio a dos que estaban disparando y vio huir a uno de ellos en una moto roja”. Al mirar a través del biombo “dice que uno de ellos lo vio antes porque lo asaltó con otro muchacho” (lo escrito en negrillas son mis argumentos), refiriéndose en ese momento a un hecho diferente al que se estaba juzgando. Si se revisa el acta del juicio oral y público de fecha veinte de noviembre del dos mil quince, lo dicho por él fue “En fechas anterior me había asaltado junto con otros muchachos.” que el chinito iba huyendo y que los reconoció en la posta” “¿NO sabe quién de los dos sospechosos disparó a Clavel y Gregorio”, el señor Fiscal de hace la siguiente pregunta “recuerda usted en que se conducía el día que los asaltaron antes del hecho? “En un carro gris Ford Scape”, manifestó Olvin Ávila, contestando la pregunta tal como se la realizo el fiscal, dado que la misma es clara, en que se conducía (QUIEN), Olvin Ávila, en la valoración los A Quo, deja entrever que los sospechosos andaban en un carro Ford Scape. En todo el relato de Olvin Ávila, deja entrever que está hablando de dos hechos, uno el que ocurrió el veinticuatro de junio del dos mil trece y el otro hecho, en otra oportunidad, (Es en este momento que solicito a la Honorable Sala Penal, que soliciten las grabaciones del juicio oral y público, que están en poder del tribunal, porque aquí es donde se ve cercenado el derecho de inocencia del señor Marcos Domingo Torres Reyes, al no valorar en su conjunto el tribunal la declaración testifical del señor OLVIN ÁVILA VILLALTA, vulnerando con esto el derecho de inocencia de mi defendido”), no quedando claro el Tribunal con esto, lo interroga, con palabras textuales de lo ocurrido en la audiencia, esto lo manifiesta una de las Jueces dentro del juicio ¿ Para aclarar porque quedé algo confundida cuando usted dice reconocer aquí en la sala y confundió con otro momento, cuando se le dio vuelta usted dice que aquí en la sala reconoció a uno o a quien reconoce usted, del momento de los disparos cuando murió un compañero suyo?, contesta Olvin “A el chinito fue el que salió en la moto” . ¿Para usted cuál de los que está aquí es el chinito? “El flaco”, ¿Dónde está ubicado?, “Al lado izquierdo, a la izquierda de la mesa, el último, el salió en la moto, y salió huyendo, a él fue el único que vi huir” ¿Qué vio huir, pero cuando se le preguntó el fiscal, mencionó al alto, gordo, de él, que estaba hablando? “Lo reconocí, porque fue uno de los que me había asaltado una fecha anterior” ¿Pero hablando del hecho? “No le podría decir, porque a él, no lo vi, vi al otro, pero a él no”, el tribunal se tomo un receso y volvió a preguntar ¿Queremos que quede clara su declaración ante el tribunal, porque somos los que vamos a decidir, con respecto a su declaración, el día de los hechos usted reconoce a cuantas personas que participaron? “Solo a uno vi cuando salió, solo a uno” ¿Y en la posta cuando están detenidos? “Reconocí al otro muchacho, como la persona que con otros dos me había asaltado anteriormente”. Señores Magistrados, con que propósito el Honorable tribunal, omite el valorar, lo aseverado por el testigo, estamos ante un Homicidio, donde es de importancia el conocer quienes participaron, quienes dispararon, donde el testigo ante las preguntas del Tribunal, deja claro y manifiesto, que él no vio a Marcos Domingo Torres Reyes, no con el detalle que lo escribí en esta exposición, pero si en el Acta del juicio Oral y Público, está escrito lo que el tribunal interrogo, en una parte proporcional.”, EL TRIBUNAL ¿Del momento de los disparos en donde un compañero sale herido y el otro fallece de ese hecho, usted dijo reconocer a uno, a quien reconoce del momento de los disparos? El chinito iba en la moto, ¿Quién es el chinito? El más flaco, el del lado izquierdo de la mesa al fondo, a él fue el único que vi huir (Alex Jaciel Ulloa Martínez) ¿Cuándo le preguntó el Fiscal mencionó al alto gordo, lo reconoció porque el me había asaltado en techas anterior, en el hecho no lo vi, lo vi anteriormente, ¿el día de los hechos a cuantas personas reconoce? Solo a uno, ¿y en la posta? Al otro muchacho a la persona que junto con otras dos personas me había asaltado (Marcos Domingo Torres Reyes). En el numeral primero de la valoración de la prueba, establece aspectos de la declaración del testigo Darwin Noé Mejía Ramos, deja en manifiesto lo siguiente, “al darle vuelta al biombo dice que hoy lo mira diferente, pero cuando declaro la primera vez si lo reconoció es poco alto, trigueño, silo reconoció ante juez a uno de ellos y se lee la línea número 82 de la audiencia inicial donde se estableció que sí reconoció a Alex Ulloa”. No reconociendo de igual manera al señor Marcos Domingo Torres Reyes. Del análisis que hace el tribunal sobre las declaraciones deja en manifiesto en la sentencia “las tres resultan creíbles para estas Juzgadoras al no encontrar en los testigos signos de falsedad, por el contrario, ambos testigos Olvin Ávila, Darwin Mejía, son congruentes al afirmar Olvin Ávila que los dos muchachos capturados están en esta sala y vio cuando uno de los imputados huía en la moto color azul que conducía Darwin Mejía y resultan congruentes al relatar los hechos y al relacionar sus dichos con el testimonio de José Gregorio Orellana y con el resto de la carga probatoria, crea certeza en estos Juzgadores que los mismos no han podido suceder de otra manera pues las declaraciones son coincidentes tanto en la sustancia como en los incidentes de los hechos que han depuesto, pues los tres testigos pudieron presenciar con su sentidos los hechos que relataron, quienes las reconocieron ya que ambos testigos José Gregorio y Darwin Mejía vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Domingo Torres y Alex Jaciel Ulloa producto de lo cual el occiso Nerin Clavel Mejía resultó muerto por tal razón se les da total credibilidad.” Se deja claro que los dos muchachos capturados están en la sala, pero no deja claro si los dos participaron en el hecho que se está tratando, el Homicidio del señor Nerin Clavel Mejía, ya que como lo dejó claro el testigo Olvin Ávila, cuando le hicieron la pregunta por parte del Tribunal y que consta en el acta del debate Juicio Oral y Público, ¿Del momento de los disparos en donde un compañero sale herido y el otro fallece de ese hecho, usted dijo reconocer a uno, a quien reconoce del momento de los disparos? El chinito iba en la moto, ¿Quién es el chinito? El más flaco, el del lado izquierdo de la mesa al fondo, a él fue el único que vi huir (Alex Jaciel Ulloa Martínez) y todavía el tribunal no conforme le vuelve a repreguntar, ¿el día de los hechos a cuantas personas reconoce? Solo a uno. Esta dentro del juicio Oral y Público, que el señor Olvin Ávila, no reconoce al señor Marcos Domingo Torres Reyes, como una de las personas que participo en el Homicidio del señor Nerin Clavel Mejía, mucho menos el testigo José Gregorio Orellana Ramírez, en la misma valoración de la prueba, queda claro que manifestó, “y aquí en la sala no está quien disparó a Clavel”, y en el caso de Darwin Noé Mejía Ramos, “si reconoció a Alex Ulloa, en la audiencia inicial”, entonces de dónde saca el tribunal esta expresión que deja dentro del análisis de las declaraciones “quienes los reconocieron ya que ambos testigos José Gregorio y Darwin Mejía vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Domingo Torres y Alex Jaciel Ulloa producto de lo cual el occiso Nerin Clavel Mejía resultó muerto por tal razón se les da total credibilidad”. Como sostenía Enrico Feri, “La administración de Justicia Penal, siente la necesidad de guiarse por datos científicos, pero lamentablemente todavía se nutre de la intuición empírica y fragmentaría de la prueba testifical”, es en este contexto que se produce el agravio en el motivo expuesto por esta representación, debido a que el Tribunal sentenciador ha pasado por alto uno de los postulados consustánciales que informan la valoración de la prueba testifical, y con ello el sistema de la sana crítica, conforme lo manda el legislador en los artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal.- La valoración de estas declaraciones en los términos fijados por el Tribunal, produce además de la infracción del Sistema de gobernación de la prueba de la sana crítica, la concreta lesión del derecho fundamental al estado de inocencia consignado en el artículo 89 de la Prima Lex, en tanto que tal declaración no es acta de acuerdo a los parámetros legales y Constitucionales, para dar por acreditado los hechos probados a que se refiere la Sentencia impugnada ya que es un medio de prueba que el mismo Tribunal contamino, al exponer sobre hechos inexistentes que nunca ocurrieron durante el desarrollo del Debate Oral y Público.- Los tres testigos fueron contestes y contundentes, al no ubicar al señor MARCOS DOMINGO TORRES REYES, en el lugar de los hechos. El Tribunal de Sentencia, al momento de valorar todos los medios de prueba, en relación a la participación del imputado, violenté la sana crítica, por cuanto inobservó los principios de la lógica y las máximas de la experiencia en la valoración de los medios de prueba. En el presente caso el juzgador, arribó a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza. Siendo que la normativa penal establece claramente que solamente son responsables quienes actúan como autores o cómplices, a título de dolo o culpa, y no habiendo sido claro al declarar expresa y terminantemente probado el hecho por el delito de HOMICIDIO, con las circunstancias que se mencionan del hecho y que le fuere atribuido a mi representado, por lo tanto, no se puede declarar la culpabilidad como autor de dicho ilícito por lo anteriormente expuesto. Por consiguiente, como se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente haya cometido la infracción penal y por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, para tal efecto, y en virtud de todo lo antes relacionado en este libelo, es procedente el dictar un fallo absolutorio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento: No determinado por el censor. *Petición: Dar un pronunciamiento de fondo. Considera el censor del fallo que el sentenciador al emitir su fallo condenatorio infringió las reglas de la sana crítica e inobservó los principios de la lógica. Identifica como apartado valorativo de cuya infracción denuncia, la realizada a los tres testigos de cargo propuestos por el Ministerio Público, pues considera que ninguno de ellos identifica al señor Marcos Domingo Torres Reyes como la persona que provocó la muerte a Nerin Clavel Mejía. El testigo presencial José Gregorio Orellana, dejó establecido que estaba a ocho metros de Clavel (el ofendido) y manifestó que el que disparó no se encontraba en la sala de juicio. Por otra parte, el testigo Olvin Ávila Villalta, dejó de manifiesto que vio a dos sujetos que estaban disparando y vio huir a uno de ellos en una moto roja, al mirar a través del biombo identificaba a uno que lo había asaltado anteriormente, refiriéndose en ese momento a un hecho diferente al que se estaba juzgando. No sabe quién de los dos sospechosos disparó a Clavel y Gregorio. Reconoce en sala de juicio al señor Alex Ulloa Martínez como uno de los participantes en el hecho objeto de juzgamiento, más no aduce no haber visto al señor Marcos Domingo Torres. Finalmente, el testigo Darwin Noé Mejía Ramos, al darle vuelta al biombo dice que hoy lo mira diferente pero cuando declaró la primera vez si lo reconoció (a Alex Ulloa), entretanto, en lo que respecta al señor Marcos Domingo Torres Reyes, manifestó no reconocerlo. Concluye el censor del fallo que no tiene el Tribunal de Sentencia de donde extraer la conclusión de que los testigos reconocieron a los señores Domingo Torres y Alex Ulloa, el sentenciador expone hechos inexistentes que nunca ocurrieron en el desarrollo del debate. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible.2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Se identifica por la Sala de lo Penal la infracción a la regla de la lógica en lo que respecta al apartado valorativo de las declaraciones testificales de los señores José Gregorio Orellana Ramírez, Olvin Ávila Villalta y Darwin Noé Mejía Ramos, pues el sentenciador concluye a partir de sus testimonios que vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Marcos Domingo Torres y Alex Ulloa, producto de lo cual resultó muerto Nerin Clavel Mejía. La afirmación anterior infringe el principio lógico de derivación, la cual exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. Existe infracción al principio lógico de derivación cuando la conclusión no encuentra correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Resulta necesario remitirnos al contenido de las declaraciones rendidas en juicio a efecto de verificar que ninguno de los tres testimonios identifica al acusado Marco Domingo Torres Reyes en la dinámica de los hechos objeto de juzgamiento: 1. Declaración testifical del José Gregorio Orellana Ramírez (f. 302): Cuando llegamos a la aldea de Corinto me bajé del carro, mi compañero se fue para una pulpería, yo me quedé ahí, pasaban varias personas en motocicletas, de repente venía una moto, se pasaron enfrente, cuando se bajaron los vi sospechosos y uno agarró para donde estaba el otro compañero guardia y el otro tomó para donde mí, de repente sentí un impacto, me fui corriendo para una casa, mi escopeta se enconchó, cuando yo salí mi compañero estaba tirado en el suelo, en eso llamé a mi jefe de operaciones y me preguntó si estaba vivo y le dije que no, está muerto. Al ser interrogado por la fiscalía respondió lo siguiente: ... (Se ordenó por el Tribunal de Sentencia dar vuelta al biombo) ¿Se encuentra aquí en la Sala la persona que le disparó? No; ¿Qué hizo el señor Clavel cuando vio que usted estaba herido? Disparar hacia un muchacho chele; ¿Recuerda usted que le sucedió al señor Clavel? Lo mataron; ¿Usted manifiesta que una persona chele disparó contra su compañero, solicito (el Ministerio Público) dar vuelta al biombo para ver si el testigo reconoce a la persona que le disparó a su compañero Clavel? No lo identifica (el testigo). 2. Declaración testifical de Olvin Ávila Villalta (f. 303): fue hace dos años el 24 de junio de 2013, yo estaba en la aldea de Corinto de Omoa, me disponía a atender a una pulpería, cuando iba bajando las gradas estaba atendiendo a otro vendedor, me fui a novedades, pues cuando estaba atendiendo en la tienda escuché gritos y disparos, me di cuenta del asalto, me escondí detrás de un carro viejo, vi a dos personas disparar, luego vi huir a uno de ellos en una moto roja. Al ser interrogado por la fiscalía: ¿Había visto con anterioridad a estas personas antes del hecho? En fechas anteriores me habían asaltado junto con otros muchachos; ¿Reconoce si se encuentran las dos personas que andaban en esa moto? Si; ¿Cómo andan vestidos? Es el muchacho alto, gordo; ¿Cómo viste en este momento? Con camisa rosada creo; ¿Por dónde se encuentra en esta Sala? Lado izquierdo; … ¿Se encuentran esas dos personas que miró en los hechos en esta Sala? Si… El Tribunal de Sentencia interroga: ¿Del momento de los disparos en donde un compañero sale herido y el otro fallece a quién reconoce del momento de los disparos? El chinito que iba en la moto ¿Quién es el chinito? El más flaco, el del lado izquierdo de la mesa del fondo, a él fue el único que vi huir (Alex Jaciel Ulloa Martínez); ¿El día de los hechos a cuántos reconoce? Solo a uno; ¿Y en la posta? Al otro muchacho, a la persona que junto con otras dos personas me habían asaltado (Marcos Domingo Torres). 3. Declaración testifical del señor Darwin Noé Mejía Ramos (f. 304): Yo venía en mi moto, de repente me encañonó y me dijo que me fuera de ahí, lo que hice es obedecer órdenes, que me fuera más a la carrera, me fui ahí en un bache, se me trabó la cadena, se fue corriendo hacia la carretera y yo hacia Corinto, después escuché disparos y la policía los tenía detenidos. Al ser interrogado por la fiscalía respondió lo siguiente: ¿Reconoce usted a la persona que lo amenazó con el arma de fuego? Yo lo miro diferente, no lo reconozco; ¿A quién es que mira diferente ahora? No sé, nunca jamás lo había visto en mi vida; … ¿Se encuentra esa persona que reconoció usted ante un juez en esta Sala? No. Al valorar intelectivamente estas tres declaraciones, el Tribunal de Sentencia consideró lo siguiente (f. 313): “Al análisis resultan creíbles para estos juzgadores al no encuentra signos de falsedad, por el contrario, ambos testigos Olvin Ávila y Darwin Mejía son congruentes, al afirmar Olvin Ávila que los dos muchachos capturados están en esta Sala y vio cunado uno de los imputados huía en la moto color azul que conducía Darwin Mejía y resultan congruentes al relatar los hechos y al relacionar sus dichos con el testimonio de José Gregorio Orellana y con el resto de la carga probatoria, se crea certeza en estos juzgadores que los mismos no han podido suceder de otra manera pues las declaraciones son coincidentes tanto en la sustancia como en los incidentes de los hechos depuestos, pues los tres testigos pudieron presenciar con sus sentidos los hechos que relataron, quienes los reconocieron ya que ambos testigos José Gregorio y Darwin Mejía vieron el cruce de disparos que hicieron los señores Marcos Domingo Torres y Alex Jaciel Ulloa producto de lo cual el occiso Nerin Clavel Mejía resultó muerto, por tal razón se les da total credibilidad.” Nótese que el sentenciador se desvía del asunto en cuestión, pues concluye que los testigos identificaron a las personas que fueron capturadas -los cuales fueron cuatro en total- y que son las mismas que se encuentran en sala de juicio -las cuales son únicamente dos de los cuatro inicialmente capturados-, más no expresa que sean los mismos que realizaron el hecho objeto de juzgamiento. Asimismo, concluye la participación de Marcos Domingo Torres en el cruce de disparos en el cual pierde la vida el señor Nerin Clavel Mejía, cuando ninguno de los tres testigos lo reconoce y ubica en el lugar de los hechos, únicamente reconocen al co-imputado Alex Jaciel Ulloa Martínez, constituyéndose este en un error de derivación lógica por no corresponderse la conclusión con los medios de prueba testificales intelectivamente valorados. El principio de razón suficiente nos dice que toda conclusión requiere de una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. En el caso presente, el contenido de las declaraciones testificales que sirven de base para la conclusión del Tribunal de Sentencia, no tienen razón suficiente para ser estatuto de verdad, pues no refieren los testigos haber visto al señor Marcos Torres Reyes en el cruce de disparos que dio como resultado la muerte del señor Nerin Clavel Mejía. Debe tenerse presente que el juzgador de instancia al tener el privilegio de la inmediación, es el único facultado para valorar los medios de prueba evacuados en juicio, teniendo, asimismo, la libertad de alcanzar un estado de convicción positivo o negativo en relación a la acusación formalizada por el ente acusador y el cuadro probatorio evacuado en juicio, más ese estado de convicción debe estar justificado racionalmente, debe tener como límite las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano. En el caso actual, si bien el sentenciador ha alcanzado un estado de convicción de culpabilidad del señor Marcos Domingo Torres Reyes en relación al delito de homicidio que se le imputa, el mismo se encuentra justificado en una argumentación que falsea el contenido de los elementos probatorios evacuados en juicio (tres declaraciones testificales) y de los cuales alcanza su conclusión de culpabilidad. Por esa razón, la Sala de lo Penal no puede adverar el fallo y es procedente declarar ha lugar el único motivo de casación por quebrantamiento de forma. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: infracción al estado de inocencia y al debido proceso; *Pretensión: declarar ha lugar el recurso. Considera el censor del fallo que el sentenciador al dictar su fallo condenatorio infringió las reglas de la sana crítica e inobservó los principios de la lógica. Identifica como apartado valorativo de cuya infracción denuncia, la realizada a los tres testigos de cargo propuestos por el Ministerio Público, pues considera que ninguno de ellos identifica al señor Marcos Domingo Torres Reyes como la persona que provocó la muerte a Nerin Clavel Mejía. El testigo presencial José Gregorio Orellana, dejó establecido que estaba a ocho metros de Clavel (el ofendido) y manifestó que el que disparó no se encontraba en la sala de juicio. Por otra parte, el testigo Olvin Ávila Villalta, dejó de manifiesto que vio a dos sujetos que estaban disparando y vio huir a uno de ellos en una moto roja, al mirar a través del biombo identificaba a uno que lo había asaltado anteriormente, refiriéndose en ese momento a un hecho diferente al que se estaba juzgando. No sabe quién de los dos sospechosos disparó a Clavel y Gregorio. Reconoce en sala de juicio al señor Alex Ulloa Martínez como uno de los participantes en el hecho objeto de juzgamiento, más no vio al señor Marcos Domingo Torres, aduce no haberlo visto. Finalmente, el testigo Darwin Noé Mejía Ramos, al darle vuelta al biombo dice que hoy lo mira diferente pero cuando declaró la primera vez si lo reconoció (a Alex Ulloa), entretanto, en lo que respecta al señor Marcos Domingo Torres Reyes, manifestó no reconocerlo. Concluye el censor del fallo que no tiene el Tribunal de Sentencia de donde extraer la conclusión de que los testigos reconocieron a los señores Domingo Torres y Alex Ulloa, el sentenciador expone hechos inexistentes que nunca ocurrieron en el desarrollo del debate. Del estado material de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del debido proceso legal La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso legal refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. Al haber prosperado el recurso de casación por quebrantamiento de forma, y, por los efectos jurídicos que conlleva, se exime el estudio del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal, FALLA: 1) Se declara firme y ejecutable el pronunciamiento de condena de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, proferido por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra el señor Alex Jaciel Ulloa Martínez por el delito de homicidio en perjuicio de Nerin Clavel Mejía; 2) Se declaran firmes los pronunciamientos de absolución de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, proferidos por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a favor de los señores Marcos Domingo Torres Reyes y Alex Jaciel Ulloa Martínez, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del señor José Gregorio Orellana, y, por el delito de portación ilegal de arma, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado Sergio Hugo Barrientos García, en su condición de defensor privado del señor Marcos Domingo Torres Reyes; como consecuencia, se decreta la nulidad parcial de la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis (f. 311), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, del debate que la pronunció de fecha veinte y veintiséis de noviembre de dos mil quince (f. 300), y de la audiencia de individualización de pena de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (f. 310), únicamente en relación a la acusación presentada contra el señor Marcos Domingo Torres Reyes, por el delito de homicidio en perjuicio de Nerin Clavel Mejía. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado, únicamente en relación a la acusación presentada contra el señor Marcos Domingo Torres Reyes, por el delito de homicidio en perjuicio de Nerin Clavel Mejía; 2) Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-303-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.