Sentencia CP-301-18 — Registro 10570
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Estafa. Resolviendo en segundo instancia No ha lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...El Principio de Contradicción se hubiese visto afectado en el supuesto de que el registro introducido por lectura hubiese sido aquel en cuyo acto no hubiese intervención de la defensa, pues en ese caso, una de las partes antagónicas se vería desfavorecida al no haber podido controvertir el medio de prueba propuesto por la otra parte, pero en el caso de marras, ambas partes examinaron y contrariaron a los tres testigos, quedando ello en registro mediante acta, que fue la que se dio lectura en debate y valorada por el Tribunal de Sentencia. El Recurrente no extiende su reclamo sobre la debida motivación probatoria, el debido razonamiento probatorio y/o sobre la suficiencia probatoria de cargo; Por tanto, concluye esta Sala de lo Penal que la decisión del Tribunal de Sentencia de introducirpor lectura las declaraciones de los señores S. E. T., L. J. A. O. y M. E. A. G., fue en observancia al debido proceso probatorio, sin que se vea comprometido el Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán G. en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero pronuncian. En Nombre Del Estado De Honduras. La siguiente Sentenciaconociendo del Recurso de Casación SP 301-2018, por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor G. A. B. L., como autor del delito de Estafa, en perjuicio de la señora S. E. T. G., a la pena de cuatro años de reclusión, más una multa de seis mil lempiras exactos.- Segundo: Condenó al señor G. A. B. L., a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor G. A. B. L..- Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.Son Partes En Única Instancia: El Abogado F. A. A. O., Defensor Privado del señor G. A. B. L., en su condición de Recurrente y la Abogada M. A. V., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida.II. Hechos Probados En La Primera Instancia“Primero: En fecha 12 de agosto de 2003 el señor G. A. B. L. suscribió con el Secretario Ejecutivo y representante legal del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número SE-001/2003-DL, para desempeñarse únicamente como mandatario para pleitos judiciales instando procesos civiles contra tres docentes, entre ellos la señora S. E. T. G. quien tenía con INPREMA un saldo pendiente de trescientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con siete centavos (L347,869.07), en un préstamo que dicha institución le otorgó, el que estaba garantizado con una hipoteca constituida sobre una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Loarque. Segundo: En fecha 23 de agosto de 2005, llegó a la casa de habitación de la señora S. E. T. G., su amiga D. C., informándole que según lo que había leído en un periódico su casa sería rematada el día 31 de ese mes, y además le refirió conocer al señor G. A. B. L., a quien contactaron mediante llamada telefónica realizada por el señor F. C. En dicha comunicación telefónica el señor B. L. les refirió ser el apoderado legal del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), que él llevaba el caso y que por tener facultades, la señora T. G. le podía hacer efectivo el pago de setenta mil lempiras (Lps.70,000.00) como abono a la deuda que ella tenía con INPREMA, a cambio de evitar el remate de la propiedad, consensuando como día de la entrega del dinero, el día lunes 29 de agosto de 2005 después de la una de la tarde, en casa de los señores C. situada en la Colonia Loarque. Tercero: El día lunes 29 de agosto del dos mil 2005 a eso de la una de la tarde, la señora S. E. T. G. acompañada de su esposo el señor M. A., llegó a la casa de la familia C., llevando consigo únicamente la cantidad de sesenta mil Lempiras los que le dio al señor F. C.; justo en ese momento llegó el señor G. A. B. L. quien pasó directamente al comedor y recibió el dinero que momentos antes la señora T. le entregó al señor C., luego de ello, en un recibo que ya había sido elaborado, con la fecha antes indicada, en el que hace constar que se recibió de S. E. T. G. por gastos legales de INPREMA la suma de L.60,000.00, el señor B. L. escribió las palabras "cincuenta mil" y se lo entregó a la señora S. E. manifestándole que estarían en contacto, para luego retirarse del lugar. Cuarto: En fecha 09 de enero de 2006 el señor C. R. M. llegó a la casa de habitación de la señora S. E. T. G., manifestándole que era el nuevo dueño de esa casa, ya que el remate del inmueble se había efectuado a las nueve de la mañana de ese día. El dieciséis de diciembre del mismo año la señora T. G. fue desalojada de la vivienda.”III. Recurso De CASACIÓN. - Motivos Y Argumentos1.Recurso de Casación por Infracción de Ley “Único Motivo. Infracción por violación o aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 360 del Código Procesal Penal, que sirve de cauce procesal para este motivo, habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declare probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma a jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Pues bien honorable Sala de Casación Penal, la sentencia que ahora impugno, por esta vía, es violatoria por infracción por violación o aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal, norma esta que describe el delito de Estafa, en vista que de la declaración de hechos probados que contiene el fallo impugnado, no se aprecia ninguno de los elementos objetivos del delito de Estafa del citado precepto penal invocado, en consecuencia, no se desprende que el señor G. A. B. L. haya cometido la infracción por la cual se le condenó. 2. Efectivamente, al realizar el proceso de subsunción, esto es, el análisis jurídico para encuadrar la conducta, estimada como probada, en una norma penal de carácter sustantivo, nos damos cuenta, y así lo comprobará la honorable Sala de Casación Penal, que no aparecen descritas en el fáctum los elementos del delito por el cual se condenó a mi cliente. Para comprobar lo anterior, empezaremos con transcribir aquí la declaración de hechos probados del tribunal sentenciador. Primero: En fecha 12 de agosto de 2003 el señor G. A. B. L. suscribió con el Secretario Ejecutivo y representante legal del Instituto Nacional De Previsión Del Magisterio INPREMA, el contrato de prestación de servicios profesionales número SE-001/2003- DL, para desempeñarse únicamente como mandatario para pleitos judiciales instando procesos civiles contra tres docentes, entre ellos la señora S. E. T. G. quien tenía con INPREMA un saldo pendiente de Trescientos Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con Siete Centavos (L. 347,869.07), en un préstamo que dicha institución le otorgó, el que estaba garantizado con una hipoteca constituida sobre una vivienda ubicada en la colonia Jardines de Loarque. Segundo: En fecha 23 de agosto de 2005, llegó a la casa de habitación de la señora S. E. T. G. su amiga D. C., informándole que según lo que había leído en un periódico su casa sería rematada el día 31 de ese mes, y además le refirió conocer al señor G. A. B. L., a quien contactaron mediante llamada telefónica realizada por el señor F. C.. En dicha comunicación telefónica el señor B. L. les refirió ser el apoderado legal del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), que él llevaba el caso y que por tener facultades, la señora T. G. le podía hacer efectivo el pago de Setenta Mil Lempiras (Lps.70,000.00) como abono a la deuda que ella tenía con INPREMA, a cambio de evitar el remate de la propiedad, consensuando como día de la entrega del dinero, el día lunes 29 de agosto de 2005 después de la una de la tarde, en casa de los señores C. en la colonia Loarque. Tercero: El día lunes 29 de agosto del dos mil 2005 a eso de la una de la tarde, la señora S. E. T. G. acompañada de su esposo el señor M. A., llegó a la casa de la familia C., llevando consigo únicamente la cantidad de Sesenta Mil Lempiras los que le dio al señor F. C.; justo en ese momento llegó el señor G. A. B. L. quien pasó directamente al comedor y recibió el dinero que comentos antes la señora T. le entregó al señor C., luego de ello, en un recibo que había sido elaborado, con la fecha antes indicada, en el que hace constar que recibió de S. E. T. G. por gastos legales de INPREMA la suma de L. 60,000.00, el señor B. L. escribió las palabras "cincuenta mil" y se lo entregó a la señora S. E. manifestándole que estarían en contacto, para luego retirarse del lugar. Cuarto: En fecha 9 de enero de 2016 el señor C. R. M. llegó a la casa de habitación de la señora S. E. T. G., manifestándole que era el nuevo dueño de la casa, ya que el remate del inmueble se había efectuado a las nueve de la mañana de ese día. El dieciséis de diciembre del mismo año la señora T. G. fue desalojada de la vivienda. 3. La declaración de hechos probados constituye el cimiento o piedra angular de toda sentencia penal; en ellos, el tribunal juzgador redefine el hecho histórico que ha sido objeto del juicio penal. En dicho cuadro fáctico el tribunal de sentencia describe una verdad real e histórica, estimando, de manera clara y terminante, aquellos hechos que estimó probados; todo ello desprendiéndose de los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la ley penal sustantiva. 4. Pues bien, lo que he transcrito literalmente arriba es la reconstrucción histórica de los hechos llevados a juicio y por los que se acusó a mi defendido G. A. B. L., y lo que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa estimó se había demostrado plenamente. Ese relato fáctico, para los efectos de este recurso de casación, respetaremos en virtud de considerarse el mismo como intangible, según la reiterada doctrina de esa Sala. Efectivamente, como lo tiene reafirmado esa Sala de Casación Penal, el recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad revisar, por parte del tribunal de casación, la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia que se impugna y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. En ese orden de ideas, a la Sala de lo Penal, tratándose del recurso d casación por infracción de ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia[1]. 5. Dicho lo anterior, partiré de la descripción típica del delito de Estafa, previsto en el artículo 240 del Código Penal, por ser esta la norma escogida por el tribunal sentenciador como la adecuada a los hechos declarados probados; según dicha norma, Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. 6. Honorable tribunal de casación, de acuerdo a la descripción típica del antes citado artículo 240 del Código Penal, nuestro actual delito de estafa constituye una defraudación mediante engaño, que no ataca simplemente a la tenencia de las cosas, sino la complejidad del patrimonio. La estafa, como delito, puede describirse entonces, como todo hecho por medio del cual una persona toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una disposición patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en beneficio propio o ajeno. El agente activo despliega una acción engañosa que induce en error a una persona (sujeto pasivo), quien, en virtud del mismo, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. La conducta punible será pues, defraudar por medio de ardid o engaño. 7. Pero para el debido encuadramiento de las acciones enjuiciadas en un caso particular, es necesario determinar ciertos aspectos, que se constituyen como los elementos objetivos del delito. Apoyado en alguna doctrina[2], elementos esenciales del delito son los siguientes. El detrimento patrimonial. La defraudación constituye un ataque a la propiedad o patrimonio que se configura en detrimento patrimonial, que puede abarcar cualquiera de los elementos que integran el concepto de propiedad en el Derecho Penal; puede ser la tenencia o posesión valiosa, el domino, o el lucro que se espera de una actividad propia. Los objetos del delito de estafa son pues múltiples, pero todos ellos están referidos a valores que conforman la completividad del patrimonio atacado en el momento de la conducta estafatoria. El ardid y el engaño. El medio para lograr la disposición patrimonial perjudicial es el fraude, el cual está integrado por las acciones tendientes a simular hechos falsos, disimular los verdaderos o falsear de cualquier modo la verdad, dirigidas al sujeto a quien se pretende engañar con ellas. El fraude puede, estar integrado por ardides o por engaños, en el sentido de la Ley. La diferencia entre ambos conceptos atiende a la forma de perpetrar la acción engañosa que constituye el fraude. El ardid indica la utilización de maniobras o artificios destinados a engañar. Para el engaño basta la afirmación o la negación contraria a la verdad. Sobre la naturaleza del engaño, capaz para inducir a otro a error, la doctrina y la jurisprudencia establecen que éste debe tener el carácter de bastante, es decir, debe tener la virtualidad suficiente para que un ciudadano medio, puede verse inducido en error. 8. La doctrina de esa honorable Sala de lo Penal[3]3, respecto al engaño, ha dicho que, El "engaño" debe consistir en una situación capaz de inducir a error a otra persona, puede darse a través de palabras o maquinaciones insidiosas que lleguen a constituir engaño suficiente. La exigencia de que el engaño sea bastante implica que no cualquier engaño resultara típico, sino tiene cierto grado de "idoneidad", excluyéndose el engaño burdo que no tenga verosimilitud suficiente para afirmar que la víctima fue inducida al error, aspectos que deberá analizarse en cada caso concreto para determinar la concurrencia de la acción engañosa. 8. También es importante señalar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de España, que desde hace mucho tiempo viene sosteniendo la idoneidad del engaño tiene que ser bastante, ha dicho[4]. Pues bien, para determinar esa idoneidad, debe valorarse “intuttu persona”, teniendo en cuenta la personalidad del sujeto pasivo, en cuanto puede ser más sugestionable por su incultura, edad, déficit intelectual, etc. En resumen, la idoneidad del engaño a los efectos de determinar la necesidad de protección penal debe efectuarse atendiendo tanto a módulos objetivos como a las condiciones personales del sujeto afectado. Como consecuencia de lo antes dicho, no merece protección penal la víctima que no se ha comportado de modo responsable en el cuidado de los bienes jurídicos de los que es titular (deber de autoprotección). La inducción a error del sujeto pasivo. Las acciones engañosas del sujeto activo tienen que haber causado un error en el sujeto pasivo a quien se dirige la acción. El error en el sujeto pasivo es de suma importancia, pues éste es que le lleva a disponer de la totalidad o parte de su patrimonio a favor del sujeto pasivo. El error es consecuencia del engaño bastante desplegado por el sujeto activo. La disposición patrimonial. La persona engañada a consecuencia del error en que incurre, debe realizar una disposición patrimonial perjudicial para él. En otras palabras, creyendo que está haciendo lo correcto entrega una cosa o la prestación de un servicio a favor del sujeto engañador. Pero es importante tener en cuenta que la estafa no es un delito típico de apoderamiento como el hurto o el robo, entre otros; en la estafa el sujeto pasivo, a consecuencia del error al que es inducido, realiza voluntariamente, aunque con la voluntad viciada, la disposición patrimonial perjudicial para él. En otras palabras, como se ha dicho, el sujeto pasivo realiza parte del tipo. La relación de causalidad entre el error y la disposición patrimonial. Para que el delito de estafa pueda configurarse, es necesario que, entre el error producido en el sujeto pasivo y la disposición patrimonial perjudicial, se de una relación de causalidad, es decir, tiene que ser el error en que incurre la víctima a raíz de la conducta del agente, el que tienda a determinar la disposición patrimonial de aquella (la víctima). 9. Pues bien, siguiendo una consolidada doctrina del Tribunal Supremo de España, y nuestra propia jurisprudencia penal, siendo exponentes, entre otras, las sentencias citadas, se puede concluir entonces que el delito de estafa del artículo 240 de nuestro Código Penal, exige: a) Que haya una verdadera acción engañosa precedente o concurrente, que viene a constituir su “ratio essendi”, realizada por el sujeto activo con el fin de enriquecerse él mismo o un tercero (ánimo de lucro). b) Que la acción sea adecuada, eficaz y suficiente para provocar un error esencial en el sujeto pasivo. c) Que en virtud de dicho error ese sujeto realice un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que cause un perjuicio a él mismo o a un tercero. d) Que exista una relación de causalidad entre el engaño de una parte y el acto dispositivo y correlativo perjuicio de otro. 10. Pues bien honorable Sala, he de respetar la declaración hechos probados precedente, que para los efectos de este recurso se consideran intangible. De esa declaración se puede afirmar, con contundencia, que de dichos hechos probados no se pueden extractar los elementos objetivos del delito de estafa por el cual fue condenado el señor G. A. B. L., es decir, esos hechos probados no se pueden subsumir o adecuar a lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal. En efecto, no se aprecia de los hechos probados que el acusado haya engañado a la señora S. E. T. G., para que luego ésta, inducida por el error, realizara la disposición patrimonial a favor del acusado. Es que el tribunal de sentencia en la declaración de hechos probados no declara como probado ese elemento esencial del delito de estafa por que se condenó a mi representado. Obsérvese que en ninguno de los apartados de esa declaración aparece descrito el elemento objetivo del engaño bastante necesario para la materialización del ilícito. En efecto, en el hecho probado segundo, que es en el que el tribunal sentenciador ubica al acusado realizando las acciones materiales redefinidas, no aparece descrita tal conducta. Por el contrario, lo que se afirma como una verdad, para los efectos de este recurso, es que G. A. B. L. fue contactado vía telefónica por los señores F. C. y D. C., esposa de éste, y que manifestó tanto a estos como a la señora S. E. T. G. que él era el apoderado legal del INPREMA, que como tal llevaba el caso de la demanda contra la señora S. E. y que tenía facultades para negociar, pudiendo evitar el remate de la propiedad de la señora S. E.. 11. Resulta pues honorable Corte, que lo expuesto en ese aparado del factum no configura ni demuestra, en manera alguna, una acción engañosa o artificiosa por parte del señor G. A. B. L.. Más bien, lo afirmado como una verdad por el tribunal sentenciador, resulta estar totalmente adecuado a los parámetros que le mandaban el contrato de servicios profesionales y todo poder general para pleitos con el que todo Profesional del Derecho actúa en defensa de los intereses de su cliente. En efecto, de acuerdo al apartado primero de ese cuadro fáctico, el señor G. A. B. L. había suscrito, desde el 12 de agosto de 2003, con el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) el contrato de servicios profesionales número SE-001/2003-DL para desempeñarse como mandatario para pleitos judiciales instando procesos civiles contra tres docentes, entre ellos la señora S. E. T. G.. En ese sentido, ninguna de las acciones que el tribunal de sentencia describe como realizadas por el señor G. A. B. L. constituyen un acto engañoso, capaz de llevar a error a la señora S. E. T. G.. El ahora acusado, en ese momento no estaba engañando a la supuesta víctima, pues no estaba ostentando un falso título o calidad simulada, él era, en efecto, el apoderado legal de INPREMA, teniendo las facultades suficientes, por razón de su mandato, para poder negociar con los deudores de su mandate, sobre aquellas cuestiones que le interesaran. 12. Tampoco se desprende de esa declaración de hechos probados, ninguna conducta de las requeridas por el antes citado artículo 240 del Código penal, necesarias para la existencia del delito de estafa. En todo caso, un genérico elemento del tipo penal en cuestión, representado como cualquier artificio astucia o engaño, no es descrito en lo absoluto en ninguno de los apartados del cuadro fáctico. Nótese que el tribunal sentenciador, en su relato fáctico, describe actos o hechos atribuibles tanto a mi representado como a los otros intervinientes en una plática específica llevada a cabo el día 23 de agosto de 2005, pero en ellos no aprecia en lo absoluto ese elemento artificioso o engañoso, sino que, más bien, describe actos o acciones emanados del mandato o contrato de servicios profesionales. Si bien el tribunal sentenciador, que no pudo describir su declaración de hechos probados los elementos esenciales del por el que termina condenando a mi representado, trata de justificar tal vacío o carencia en la fundamentación jurídica del fallo. En efecto, en el fundamento jurídico segundo de la sentencia, tratándole de atribuir carácter jurídico a los hechos probados, el tribunal de juicio dice que la acción engañosa, en el presente caso, se encuentra patente cuando el imputado G. A. B. L. acuerda con la víctima la entrega de sesenta mil lempiras a cambio de evitar el remate de su propiedad, a sabiendas de no contar con esas atribuciones para realizar arreglos extrajudiciales, mucho menos realizarlos cuando los casos se encontraban judicializados, y peor aún evitar el remate de la casa a no ser que se pagara la totalidad de la deuda contraída. 13. Pero lo interesante aquí es que el tribunal está elucubrando con este razonamiento jurídico, tratando de darle carácter fáctico al mismo, ruta equivocada del juzgador, pues donde debe describir ser de manera contundente, clara y terminante tales extremos es el apartado del cuadro fáctico. En aquella parte de la sentencia, que es la columna vertebral de la misma pues refleja las acciones u omisiones con las que se materializa el tipo, no se declara como probado que G. A. B. L., mediante acciones engañosas o artificiosas, indujo a error a la señora S. E. T. G. a efecto de que le entregara una determinada disposición patrimonial. Lo repetiré una vez más, lo declarado como probado por el tribunal de sentencia no es otra cosa más que actos o acciones lícitos, derivados de una relación contractual entre el acusado y el INPREMA, que no son capaces de producir en la víctima una indicción al error como otro elemento necesario para la existencia del delito de estafa. 14. Siguiendo con el análisis de los hechos probados de la sentencia, con la finalidad de demostrar el por qué no describe los elementos objetivos y subjetivos del delito de estafa por el que fue condenado mi representado, es preciso decir que del apartado tercero del factum tampoco es posible encontrar dichos elementos del tipo penal en cuestión. Nótese que del relato de hechos probados se dice, como una verdad, que el día lunes 29 de agosto de 2005 a eso de la una de la tarde, la señora S. E. T. G. llegó a la casa de los señores C. llevando consigo la cantidad de sesenta mil lempiras y que se entregó a F. C., quien a su vez se los entregó al ahora acusado G. A. B. L.. Se declara probado también que mi representado entregó un recibo a la señora S. E. T. por la suma de sesenta mil lempiras por gastos legales de INPREMA. Como se puede ver, ninguna de las acciones descritas en este apartado tercero describe una acción engañosa o artificiosa, menos aún el elemento subjetivo del tipo, es decir, el dolo necesario de querer engañar y defraudar a otra persona. Si bien se declara como probado que a mi representado se le hizo entrega de una suma de dinero por parte del señor C., dinero que había sido entregado a éste por la señora S. E. T. G., este acto de entrega no es apto para demostrar el acto de disposición patrimonial, necesaria para la configuración del ilícito penal. 15. Honorable Sala de Casación Penal, el mandato de la ley procesal penal es claro, la declaración de hechos probados de la sentencia penal es la redefinición o reconstrucción o recreación de aquello que se desconoce. Po esta razón exige el artículo 338 regla cuarta, inciso 1), que el mismo se fije con toda claridad, precisión y coherencia, para que, en ellos, sin lugar a dudas, se describa el delito por el que se condene, en su caso. Por mucho que se quiera justificar y describir con detalles, hechos no declarados como probados, en la fundamentación jurídica del fallo, la verdad incuestionable, es decir, el hecho histórico recreado por el tribunal será lo dicho en el apartado de los hechos probados, pero lo descrito en estos no configura los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal por el que se condenó a mi defendido. 16. En Conclusión, honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el delito de Estafa, previsto por el artículo 240 del Código Penal, no se encuentra descrito en la declaración de hechos probados, que en este caso son una verdad incuestionable. Los elementos objetivos del tipo, en la forma como los he definido no se encuentran cometidos, por ende, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al haber condenado al señor G. A. B. L. como autor responsable de un delito de Estafa, aplicó indebidamente el artículo 240 antes citado, produciendo de esta manera una infracción o violación a una ley penal de carácter sustantivo, misma que sirvió para resolver el caso, en la forma ya dicha. Aplicación Pretendida. Al no haberse determinado, de manera palmaria, los elementos objetivos del tipo, previstos en el artículo 240 del Código Penal, no puede hablarse entonces de un delito de Estafa continuada, y al haberse condenado al señor G. A. B. L. por este delito, es evidente que el tribunal ha infringido, por aplicación indebida, las normas que contienen las infracciones penales, es decir, el artículo 240 del Código Penal, pues de acuerdo a los hechos probados no se configura dicho delito. Procede en consecuencia, con la estimación de este motivo de casación, que la Sala de lo Penal declare la inexistencia de dicha infracción penal, en consecuencia, absuelva libremente de toda responsabilidad a mi defendido. 2. Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional. Único Motivo: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República que proclama y garantiza el derecho al estado de inocencia. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo 17. Reconocido como un derecho fundamental por nuestra Constitución de la República, el derecho al estado de inocencia, es proclamado en el artículo 89 de la siguiente manera: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Este derecho fundamental, trasladado al ámbito penal ha de entenderse en el sentido de no ser autor de un delito, no haber producido de un daño o no haber participado en él. Así pues, en virtud de este principio, una persona acusada de la comisión de un hecho penalmente relevante, no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal justo, en el que se haya producido, al menos, una suficiente actividad probatoria considerada de cargo y valorada libremente por un tribunal independiente e imparcial. 18. Por todo lo anterior, se ha dicho que la llamada presunción de inocencia o estado de inocencia como lo reconoce nuestra Constitución, es una presunción íuris tantum, puesto que puede ser desvirtuada con una mínima actividad probatoria que pueda entenderse de cargo, producida con todas las garantías, de la que pueda deducirse la culpabilidad del acusado. Según lo dicho anteriormente, al acusado no se le puede imponer el deber de probar su inocencia, pues ésta es un estado del que se goza por mandato constitucional, de ahí que, a lo que se le denomina presunción de inocencia, sea más bien una afirmación interina del estado de inocencia. Pues bien, el derecho al estado de inocencia, en el contexto de un proceso penal, puede verse lesionado de diferentes maneras. 19. Una de esas vulneraciones se produce cuando se dicta una sentencia condenatoria, sin que se haya producido, al menos, una mínima actividad probatoria, suficiente, considerada de cargo, con la cual no quede ninguna duda que la persona imputada es partícipe en un hecho delictivo y, además, culpable en el mismo hecho. Siendo así, se puede decir que aquel estado (de inocencia) ha cedido para dar paso al de culpabilidad. Una mínima actividad probatoria de cargo deber ser la necesaria para que de ella se pueda deducir la responsabilidad del acusado. Ahora bien, la carga probatoria puede ser cualquiera, lo importante es que de los elementos probatorios se pueda deducir el estado de certidumbre, indispensable para adquirir la convicción judicial. Es aquí donde el juzgador debe desarrollar su función de análisis de los medios de prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica a efecto de determinar si se ha producido prueba apta para enervar el estado de inocencia del justiciable. 20. Es que el estado de inocencia al haber sido proclamado como uno de los principios básicos y fundamentales del proceso penal hondureño, supone una regla del juicio, según la cual se le recuerda a los jueces y magistrados juzgadores, que solamente podrán dictar una sentencia condenatoria contra la persona acusada (inocente hasta entonces) cuando aparezca del acervo probatorio, al menos una mínima actividad probatoria de cargo, introducida legalmente al debate y valorada prudencialmente por el tribunal, conforme a las reglas de la sana crítica. El Tribunal Constitucional Español, exponente desde hace décadas de valiosísima doctrina jurisprudencial, misma que se deriva, en parte, de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo), con frecuencia recuerda la doctrina elaborada al efecto. En la sentencia 126/2011, de 18 de julio de 2011, ese ilustrado tribunal expone, inter alia, lo siguiente: Venimos afirmando desde la STC 31/1981, de 28 de julio, que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. De modo que, como se declara en la STC 189/1998, de 28 de septiembre, “sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado” (FJ 2). 21. También esa honorable Sala de lo Penal, respecto a este modo impugnativo de las sentencias penales, ha tE.o ocasión de pronunciarse respecto del derecho fundamental al estado de inocencia, en relación al control casacional por infracción de precepto constitucional. Entre otras, la Sentencia de 8 de noviembre de 2012; Recurso de Casación Penal No.S.P.142-2011, inter alia, establece, Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal “a quo” contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. 22. Como se puede apreciar, no basta para el tribunal o para el juez o magistrado, que declara la culpabilidad de un acusado, convencerse en la más íntimo de su ser, sino haber valorado prudencialmente las pruebas practicadas en el juicio y, sobre todo, expresado las razones de hecho y de derecho que le llevaron a adquirir dicha convicción, conforme a las reglas de la sana crítica. Conforme a lo hasta ahora dicho, el estado de inocencia, como derecho fundamental, protege al justiciable frente al vacío de prueba de cargo, de una deficiente incorporación del material probatorio al juicio o de una pésima valoración probatoria, impidiendo que se le condene bajo esas circunstancias. 23. Es importante aclarar a la honorable Sala de la Casación Penal, que esta queja no tiene el propósito de comprometerla en que haga una valoración del material probatorio de manera individual, pues esa es tarea del tribunal de instancia que apreció la práctica de la prueba, sino que, el propósito es que haga un juicio sobre la aptitud de dicha valoración llevada a cabo por el tribunal sentenciador. En ese orden de ideas, como ya lo sostiene nuestra jurisprudencia, verificar que la prueba practicada ha sido la suficiente para enervar el estado de inocencia, y, sobre todo, si a partir de las valoraciones probatorias, conforme a las reglas de la sana crítica, es suficiente para adquirir la convicción judicial que lleve a proferir un fallo condenatorio. El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia ya relacionada supra (126-2011), deja claro que un tribunal, por la vía de la revisión constitucional de la sentencia, puede determinar si el material probatorio ha sido suficiente para enervar la presunción o estado de inocencia del imputado, y que no siéndolo, la condena proferida violenta dicho derecho fundamental, dando lugar a la absolución. En la sentencia en referencia, ínter alia, se sostiene: En efecto, constituye doctrina reiterada de este Tribunal (por todas STC 80/2003, de 28 de abril, FJ 9) que cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia “nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado, pues como ya hemos afirmado en no pocas ocasiones no puede realizarse una operación de análisis aislado de los hechos acreditados por el Tribunal sentenciador, ni de desagregación de los distintos elementos de prueba, ni de disgregación de la línea argumental llevada a cabo por el Tribunal Supremo [léase por el órgano judicial]. 24. Después de haber realizado esta proyección de la doctrina jurisprudencial respecto al estado de inocencia, como derecho del justiciable a ser observado en todo el proceso penal, cuya vulneración se produce con el dictado de una sentencia sin sustento de prueba de cargo, procederé a continuación a explicar a esa honorable Corte Suprema de Justicia, cómo el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, con sede en Tegucigalpa, violentó ese derecho fundamental de mi representado, declarándolo culpable sin contar con la prueba de cargo suficiente para ello. 25. Pues bien, el tribunal de juicio en la sentencia que ahora se recurre, concluye declarando como verdades, lo que estimó se reconstruyó o redefinió en el debate oral y público, de acuerdo a una valoración inadecuada de las pruebas practicadas en dicho acto, además practicadas en el debate sin tener la posibilidad de que se produjera una verdadera inmediación y contradicción. Por esa razón, el tribunal sentenciador concluyó declarando como hechos probados los expuestos anteriormente a propósito de la fundamentación del recurso de casación pos infracción de ley, entre ellos los siguientes. Segundo: En fecha 23 de agosto de 2005, llegó a la casa de habitación de la señora S. E. T. G. su amiga D. C., informándole que según lo que había leído en un periódico su casa sería rematada el día 31 de ese mes, y además le refirió conocer al señor G. A. B. L., a quien contactaron mediante llamada telefónica realizada por el señor F. C.. En dicha comunicación telefónica el señor B. L. les refirió ser el apoderado legal del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA), que él llevaba el caso y que por tener facultades, la señora T. G. le podía hacer efectivo el pago de Setenta Mil Lempiras (Lps.70,000.00) como abono a la deuda que ella tenía con INPREMA, a cambio de evitar el remate de la propiedad, consensuando como día de la entrega del dinero, el día lunes 29 de agosto de 2005 después de la una de la tarde, en casa de los señores C. en la colonia Loarque. Tercero: El día lunes 29 de agosto del dos mil 2005 a eso de la una de la tarde, la señora S. E. T. G. acompañada de su esposo el señor M. A., llegó a la casa de la familia C., llevando consigo únicamente la cantidad de Sesenta Mil Lempiras los que le dio al señor F. C.; justo en ese momento llegó el señor G. A. B. L. quien pasó directamente al comedor y recibió el dinero que comentos antes la señora T. le entregó al señor C., luego de ello, en un recibo que había sido elaborado, con la fecha antes indicada, en el que hace constar que recibió de S. E. T. G. por gastos legales de INPREMA la suma de L. 60,000.00, el señor B. L. escribió las palabras “cincuenta mil” y se lo entregó a la señora S. E. manifestándole que estarían en contacto, para luego retirarse del lugar. Cuarto: En fecha 9 de enero de 2016 el señor C. R. M. llegó a la casa de habitación de la señora S. E. T. G., manifestándole que era el nuevo dueño de la casa, ya que el remate del inmueble se había efectuado a las nueve de la mañana de ese día. El dieciséis de diciembre del mismo año la señora T. G. fue desalojada de la vivienda. 26. Pues bien honorable Corte Suprema de Justicia, esta declaración de hechos probados es producto del análisis y valoración de la prueba de cargo practicada en el debate oral del juicio que se realizó a mi representado. Si analizamos dicho cuadro fáctico, del cual el tribunal del juzgamiento encuentra <erróneamente> los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de estafa, el mismo fue estructurado a partir de tres declaraciones testificales, siendo estas la de la supuesta víctima S. E. T. G., M. E. A., esposa de la antedicha y de L. J. A. O. El tribunal de sentencia les da pleno valor probatorio a estas declaraciones testificales según sus apreciaciones expuestas en la fundamentación probatoria de la sentencia. Justo es aquí de donde parte la violación al derecho al estado de inocencia de mi representado, pues la valoración de la prueba y su incorporación al acto del juicio se ha efectuado violentando principios esenciales del proceso y del acto del debate. 27. Pues bien, el artículo 202 del Código Procesal Penal señala que “las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Más adelante, en el artículo 336, respecto a las normas para la deliberación, recomienda: “El tribunal para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y d acuerdo a las reglas de la sana crítica”. Los preceptos anteriormente citados son sumamente claros; de ellos se puede concluir que la convicción judicial ha de producirse a partir de la valoración de las pruebas que se hayan practicado efectivamente en el acto de la vista pública, descartando entonces todos aquellos hechos y circunstancias producidos fuera del debate. La razón es muy sencilla, el juicio es un acto de las partes quienes tienen la obligación de probar y contraprobar son respectivos extremos, el tribunal simplemente es un tercero imparcial al que le está prohibido buscar las pruebas. Además, como son las partes las que tienen la obligación de probar sus respectivas tesis, es más que dable que lo hagan en planos de absoluta igual y bajo los principios de inmediación y contradicción como lo aconseja el Código Procesal Penal en los artículos 4 y 13, entre otros. 28. Honorable Sala, como ya se avanzó antes, el tribunal del juicio para justificar su decisión de condenar a mí representado, valoró tres declaraciones testificales las que, si bien fueron introducidas al debate conforme a lo que dispone el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, bajo la protesta de esta defensa según se puede constatar en el acta del debate, en la práctica de las mismas no fue posible que se produjera un verdadero contradictorio como corolario de la inmediación que debe existir en el momento de la recepción de la prueba. En efecto, al momento de la práctica de la prueba de cargo el Ministerio Fiscal manifestó que los testigos propuestos, S. E. T. G., M. E. A. y L. J. A. O., no habían sido ubicados por lo que no era posible su comparecencia en el acto de la vista pública por lo que solicitó al tribunal que permitiera que las declaraciones de dichos testigos, brindadas en la audiencia inicial del proceso, fueran incorporadas mediante la lectura que de las mismas practicara el Secretario del tribunal. La defensa no estuvo de acuerdo con dicha petición, argumentando que dicho proceder violaba los principios del proceso y, por ende, los derechos y garantías del imputado a un debido proceso (véase acta del debate, página 2, frente). Con todo, el tribunal admitió dicha petición al Ministerio Público, permitiendo con ello, desde entonces, una violación al derecho a la igualdad de armas procesales, posibilitando a la parte acusadora probar sus extremos con medios de prueba no producidos durante el debate, sin posibilidad de contradecir los dichos de los testigos. 29. Ya una vez introducidas las declaraciones de los testigos en cuestión, el tribunal procede a su valoración, la que realiza, según lo expresa, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La Sala sentenciadora dice darles plena credibilidad a los testigos de cargo, diciendo que ello es así pues dieron sus testimonios bajo los principios de oralidad, contradicción y defensa ante el Juez que conoció las primeras etapas del proceso (lo resaltado en cursiva es de mí redacción). La Sala sentenciadora miente entonces, o por lo menos no entiende que es la verdadera oralidad y el verdadero contradictorio, pues estos principios no pudieron darse en toda su dimensión estando ausentes los testigos de la vista pública. Si bien es verdad que el Código Procesal Penal permite que ciertos documentos sean incorporados al juicio mediante lectura hecha por el Secretario, ello solamente ocurre en aquellos casos muy excepcionales. En el caso en particular no se trata de prueba anticipada, sino de una situación a partir de una supuesta imposibilidad de los testigos de concurrir al llamamiento del tribunal. Pero con independencia de si existía o no una causa justificada para la incorporación mediante lectura de las declaraciones producidas en la audiencia inicial del proceso, lo cierto es que dicha circunstancia viene a producir una importante merma de las garantías procesales del acusado. 30. Nuestra normativa procesal penal proclama la oralidad, la inmediación y la contradicción como principios básicos del juicio (art. 4, 306 y 310 CPP), mismas que solamente pueden ser realidad, cuando de la producción de prueba se trate, estando presente los testigos y peritos en el acto de la vista pública. Para que se pueda hablar de un verdadero juicio, el debate deberá ser un acto desarrollado por el juez o tribunal en el que impere la inmediación, es decir, el juzgador debe tener comunicación directa con las partes y ser él, además, quien observe directamente la práctica de prueba producida. El juicio oral o debate es la fase más importante del proceso ya que se trata de la etapa decisiva, por esta razón, la normativa propugna porque en su desarrollo imperen la oralidad y la publicidad como principios esenciales del procedimiento. 31. Para que en el proceso penal se permita y garantice el derecho de defensa de las partes, es necesario que la prueba se produzca en unidad de acto, es decir, de manera concentrada, contrario a la dispersión que imperaba en anteriores sistemas procesales. Estas exigencias solamente se satisfacen mediante las garantías de la inmediación y la oralidad que permiten, a su vez, la contradicción. Respecto a la oralidad, es importante dejar bien claro que cuando se habla de un juicio oral, aquella deberá ser verdadera y no una oralidad disfrazada o falsa, pues existen muchas formas para burlar este principio básico del proceso. Un autor ha dicho, (BINDER[5]) que existe la falsa oralidad y es aquella que no está al servicio de la inmediación. 32. En el presente caso se da un caso de falsa oralidad, pues en el debate no se ha producido inmediación entre los órganos de prueba (testigos) con el tribunal y las partes. Las declaraciones ya le llegaron elaboradas, sin posibilidad alguna para las partes, especialmente para la defensa, de poder interrogar los testigos sobre aspectos importantes de su declaración. El tribunal tampoco tuvo la oportunidad de apreciar las manifestaciones de los testigos ya que no se ha producido un verdadero acto de oralidad. En otras palabras, lo que ha valorado el tribunal de sentencia es un expediente al estilo del código mentira del antiguo sistema. No se ha producido pues un verdadero contradictorio como lo demanda la normativa procesal penal vigente, siendo imposible para un tribunal serio poder determinar la veracidad de unas declaraciones testificales de las que no ha tenido inmediación. Es que valorar las declaraciones de un testigo y poder decir si dicen verdad o mentira, no es una tarea fácil; por esta razón el método de valoración probatoria de la sana crítica establece sus reglas para ello. Desde la experiencia cotidiana, pasando por la psicología del juez, hasta las leyes lógica, llevarán al juez a hacer una valoración prudente de un testimonio. Pero cuando el tribunal no ha tenido ante si al testigo, realmente no se ve como posible que pueda hacer acopio de dichas reglas de valoración probatoria. 33. Al haber valorado unas declaraciones testificales no producidas en la vista pública, sin lugar a dudas, la Sala sentenciadora ha quebrantado la igual de armas procesales, como una regla más del juicio y del proceso en general. En efecto, una vez que las partes en el proceso penal ejercitan sus derechos de acción y de defensa se hace necesario que lo hagan en condiciones de igualdad. Los jueces están constitucionalmente obligados a aplicar las leyes en forma igualitaria, de manera que se garantice a todos los que intervienen, dentro de sus respectivas posiciones y de acuerdo con la organización que a éste haya atribuido la ley, el equilibrio de sus derechos de defensa, sin conceder trato favorable a ninguna de ellas, en cuanto al otorgamiento y utilización de los trámites comunes. 34. Hoy día es dominio de nuestra cultura jurídica que el principio de igualdad de armas en el proceso penal, forma parte del derecho a un debido proceso o proceso legal justo con todas las garantías. Por esta y otras razones, este principio procesal está en completa correspondencia con la obligación de los jueces y magistrados de mantener una inexcusable actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso. Ello solamente podrá ser posible, obviamente, si actúan en el proceso penal con estricta sujeción a lo que las normas procesales establecen. No está demás traer a colación parte de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional expuesta en una de sus tantas y variadas sentencias. En la sentencia STC. nº 186/1990 de 15 de noviembre, ínter alía, dijo lo siguiente: Del principio de “igualdad de armas”, lógico corolario de la contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba de impugnación -por todas SSTC 47/87 y 66/89-, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en la fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla, encaminada a asegurar el éxito de la investigación y, en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia (SSTC 13/85, 176/88 y 66/89)". 36. Como se podrá apreciar, en el momento de la valoración de los medios de prueba practicados en el juicio se ha producido una clara vulneración a las reglas básicas y elementales del juicio en cuanto a la práctica de la prueba. El tribunal del juicio ha realizado una valoración probatoria sobre unos testigos que nunca estuvieron presentes en la vista pública. Lo anterior imposibilitó la contradicción entre las partes. La defensa en el juicio no pudo saber, quiénes en realidad son los testigos de la acusación, no escuchó sus testimonios, por ende, no tuvo la oportunidad de interrogarles. El tribunal tampoco la tuvo, por eso, resulta contrario al propio sistema de valoración probatorio de la sana crítica, decir que los testigos de cargo le merecen toda credibilidad. 37. Honorable Sala de Casación, la valoración probatoria del tribunal de sentencia que juzgó el caso carece de racionalidad. Ello se puede comprobar al constatar las apreciaciones ofrecidas en el apartado en donde se refiere a la totalidad de las pruebas. Dice el tribunal que ha analizado y valorado toda la prueba en su conjunto, haciéndose valer de las reglas de la sana crítica, pero sin poder explicar cómo es que llegó a realizar esa valoración. Lo que se puede concluir es que la valoración es arbitraria, responde únicamente a los deseos del juzgador, pues no puede explicar el por qué los testigos de cargo merecen credibilidad. Conforme a este razonamiento, la prueba evacuada en el juicio no es suficiente para acreditar que el señor G. A. B. L. haya cometido el delito de Estafa, dado que, según sostienen, la prueba en la cual el Ministerio Público fundó su acusación, que no es otra de los testimonios de tres testigos, no es apta para enervar el derecho al estado de inocencia. 38. Se puede concluir con propiedad, que en este caso el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por medio de su Sala Cuarta, ha vulnerado el derecho al estado de inocencia del acusado G. A. B. L., pues le ha condenado sin que exista la prueba suficiente para ello. En todo caso, siguiendo la doctrina jurisprudencial de esa Sala de Casación Penal, la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente. Por ende, la honorable Sala de Casación Penal, debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido.”IV. Fundamentación Jurídica1.- Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose del recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo, donde prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). A. Único Motivo. Precepto Autorizante citado: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 240 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida de la norma penal sustantiva que tipifica el delito de Estafa; y Pretensión: Se declare la inexistencia de la infracción penal por la cual se ha condenado al acusado, y se le absuelva de toda responsabilidad. Indica el Recurrente que la sentencia es violatoria, por aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal, que tipifica el delito de Estafa, dado que en la declaración de los hechos probados no se aprecia ninguno de los elementos del delito; explica que el factum no configura una acción engañosa o artificiosa por parte del acusado G. A. B. L., sino que lo afirmado por el A-Quo, resulta ser adecuado a los parámetros que le mandaba el contrato de servicios profesionales y todo poder general para pleitos con el que todo profesional del derecho actúa en defensa de los intereses de su cliente. No declara los hechos probados que el acusado, mediante acciones engañosas o artificiosas, indujo a error a la señora S. E. T. G., a efecto de que ésta realizara una disposición patrimonial. Concluye que los elementos objetivos del tipo no se encuentran cometidos, por lo que la sentencia, al condenar al acusado, ha hecho una aplicación indebida del artículo 240 del Código Penal.B. Del Delito de EstafaDando respuesta al Recurrente es importante señalar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: iusutendi (posesión), iusfruendi (usufructo) y iusabutendi (dominio), entre los delitos contemplados encontramos el de Estafa que se encuentra tipificado en el artículo 240 del Código Penal que señala que: será responsable del delito “quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artíficio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”; El artículo citado, para ser interpretado deben tomarse en cuenta dos aspectos: a. El artículo en mención, en su primera parte hace una enumeración puntual de embustes para luego agregar la formula genérica “… o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño… ”, de modo que debemos entender que la primera parte del artículo es una enumeración abierta, que concretamente la acción reprochable es “cualquier artíficio, astucia o engaño” y que aquellos supuestos (nombres falsos, falsos títulos, influencia o calidad simulada, etc.), es una enumeración abierta ejemplificativa; y b. En segundo término, el tipo penal de estafa debe ser interpretado en armonía con el artículo 241 del mismo cuerpo legal que dispone la graduación de la pena conforme a la extensión del daño patrimonial resultante, es decir que cuando el legislador señala que el delito se produce con la defraudación, se refiere a la existencia de un perjuicio patrimonial. En consideración a lo anterior, el delito de Estafa se debe conceptualizar como aquel que sanciona a la persona que con ánimo de lucro, en provecho propio o para provecho de un tercero, pone en escena un engaño, ardid, simulación o cualquier otro artificio que presente con apariencia de verdadero algo que es falso, incorrecto o inexacto, de modo de lograr inducir en error a otro, quien motivado por la falsa creencia inducida hace un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que le acarrea un perjuicio propio o de un tercero.-
Son los elementos objetivos del tipo penal: a) Sujeto Activo: El tipo penal al usar la formula “quien”, explica que el sujeto activo podrá ser cualquier persona; b)Sujeto Pasivo es la persona titular del derecho real de dominio, posesión o usufructo del bien patrimonial que se dispuesto o que ha sido desplazado; c) Objeto material del delito es el patrimonio, cualquiera que sea su clase o naturaleza, siempre que tenga valor comercial y que éste valor supere diez lempiras, ya que cuando lo defraudado sea igual o menor a ese valor, el hecho es tipificado como falta conforme lo estipula el artículo 400 del Código Penal; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es definida por el legislador como el de defraudar que implica el causar un daño patrimonial para provecho propio o ajeno; e) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de estafa representa la puesta en escena de un engaño, para producir un error en el sujeto pasivo y que éste, basado en ese error haga una disposición patrimonial que produzca un perjuicio; Es así que el delito debe realizarse de manera secuencial, lo que puntualizamos de la siguiente manera: i. El Embuste o Engaño: Debe ser la presentación de un hecho falso con la apariencia de ser verdadero.- Enseña De Diego Diez (De Diego Diez, Alfredo; Manual de Derecho Penal Parte Especial Volumen I, Agencia Española de Cooperación Internacional; 2006; Pág. 179), que debe caracterizarse por ser anterior, causante y bastante: * Anterior ya que el embuste debe dinamizarse por el sujeto activo antes de que se produzca la disposición patrimonial, haciendo del dolo el elemento subjetivo del delito como más adelante se explicara; ** Causante, ya que el embuste debe ser la causa que provoque que el sujeto pasivo realice la disposición patrimonial; *** Bastante, es decir debe ser tal que logre inducir al error al sujeto pasivo, ya que no se trata de una simple mentira, sino de una maquinación elaborada que haga reflejar verdad donde materialmente no existe. La suficiencia del embuste estará determinada con las condiciones personales del sujeto pasivo, como más adelante se explicará. ii. El Error: Definido como el juicio falso respecto a la realidad, que anida en la psiquis del sujeto pasivo como consecuencia del embuste puesto en escena por el sujeto activo; El error por tanto no debe ser originado por la ignorancia y negligencia del sujeto pasivo, sino que debe tener su génesis en el embuste del sujeto activo, más si califica como error el embuste que se basa o se aprovecha de la credulidad o ignorancia del sujeto pasivo; En consecuencia de lo anterior, el Juzgador deberá tomar como pauta las condiciones subjetivas del sujeto pasivo, sopesando las diferentes condiciones personales (edad, sexo, nivel cultural, nivel educativo, ocupación, etc.) para determinar si efectivamente el error fue como producto del embuste o es a consecuencia de su propia falta de diligencia (Ejemplo: Difícilmente podrá alegar error respecto a la calidad de repuestos para automotores quien es mecánico desde hace 15 años). iii. Disposición Patrimonial: Es la acción u omisión realizada por el sujeto pasivo sobre bienes o derechos apreciables económicamente, ya sean propios o ajenos, como consecuencia del error al que sucumbió por el embuste puesto en escena por el sujeto activo. De lo expuesto se deben subrayar varios elementos:* La disposición patrimonial debe realizarla la persona que es víctima del engaño; ** La disposición patrimonial puede ser realizada por acción o por omisión; *** La disposición patrimonial podrá realizarla sobre bienes o derechos propios o ajenos; y **** La disposición patrimonial podrá realizarse a favor del sujeto activo o de tercera persona. iv. Perjuicio Patrimonial: Representado por el detrimento o disminución en el patrimonio como consecuencia de la disposición patrimonial resuelta a partir del engaño; el perjuicio patrimonial puede ser en perjuicio del sujeto pasivo o en perjuicio de una tercera persona, (Ejemplo: Como cuando el sujeto pasivo es empleado de una tienda, quien es estafado por un vendedor, provocando perjuicio patrimonial al dueño de la tienda).f) Penalidad: el legislador ha dispuesto que la sanción a imponer al responsable del delito de Estafa dependerá del monto del perjuicio patrimonial, con lo cual transmite un mensaje claro: para que el delito exista debe provocarse un perjuicio patrimonial, descartando la posibilidad de que pueda ser configurado el delito de Estafa Tentada. El artículo 241 del Código Penal describe los grados de punibilidad: i. Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no exceda de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00); ii. Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil (L.5, 000.00) y no excede de cien mil lempiras (L. 100.000.00); y, iii. Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras (L. 100,000.00). En todos los casos, a la persona responsable, además, le será impuesta como pena principal una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor defraudado; Esto sin perjuicio de que se decrete la incautación del producto del delito a favor de la persona perjudicada y el Comiso de los instrumentos y medios de ejecución del delito.Elementos Subjetivos del tipo penal: el tipo penal señala que la acción debe ser realizada por el sujeto activo “en provecho propio o ajeno”, revelando que el propósito del actor debe ser el ánimo de lucro; el elemento subjetivo del tipo penal es el dolo representado con el conocimiento de estar engañando a terceros para que estos dispongan de bienes o acciones y la voluntad de querer realizar la acción, todo para obtener lucro mediante el provecho personal o de otro de aquella disposición patrimonial.Partiendo de lo anterior, se identifican como Características del Tipo Penal de Estafa: A)Según Su Estructura: i) Tipo Penal Básico: describe un modelo de comportamiento en una sola descripción; ii) Tipo Penal Simple: Al describir un solo modelo de comportamiento, ya que, si bien el tipo penal hace una enumeración al inicio de las formas de llevar a cabo el delito, ello es ejemplificativo, siendo el supuesto “valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño”.B) Según su ContE.o: i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en el perjuicio patrimonial causado; ii) Tipo Penal de Conducta Instantánea: debido a que el resultado se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción y Omisión: ello dependerá del embuste que se ponga en escena; iv) Tipo Penal Abierto: en la redacción del tipo se acudió a pautas generales sin precisar las circunstancias de la conducta, ello debido a las diversas formas de engaño que la casuística nos muestra.C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal.D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es el patrimonio; ii) Tipo Penal de Lesión al significar un agravio real al bien jurídico tutelado patrimonio. C. De la Procedencia del RecursoEl recurso No es de RECIBO. -Entre los delitos en contra de la propiedad figura el fraude, mismo que se define por un “modus operandi” y no por una conducta comisiva u omisiva específica; es el empleo de medios intelectuales para poner en escena artificios en abuso de la confianza depositada, con el fin de perjudicar el patrimonio ajeno en provecho propio o de un tercero (Animus Decipiendi).El Código Penal de Honduras tipifica el fraude en el artículo 241-A, y además 18 especies de fraudes específicos (“Otros Fraudes”) en el artículo 241 y finalmente el delito de Estafa, como una clase particular de fraude, tipificado en el artículo 240 del Código Penal.Explica Castillo González (Francisco Castillo González, El Delito de Estafa, Editorial Juritexto, Pag.221) que la estafa es un delito de traslación patrimonial, en el sentido de que la parte del patrimonio que le es quitada a la víctima, debe ir, según la intención del autor, a su patrimonio o al patrimonio de un tercero. Sobre este punto estimamos importante señalar que la doctrina mayormente reconocida, ha señalado que el delito de Estafa sanciona la afectación del patrimonio ajeno, y al mismo tiempo como expresa F. M. C., en su obra “Derecho Penal Parte Especial”, las defraudaciones como la Estafa además lesionan la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el trafico jurídico, en el cual se espera normalmente que se cumplan las obligaciones contraídas, ofensa que puede ser llevada a cabo a través de diversos medios.En el presente caso, para el Recurrente los hechos probados se ajustan al ámbito situacional de la norma penal que sustenta el pronunciamiento condenatorio; El factum es presentado en la sentencia en cuatro numerales, en los cuales se identifica una conducta humana por acción, típica al reproducir los elementos objetivos y subjetivos del artículo 240 del Código Penal, la cual es antijurídica, no solo por ser una conducta reprochada por la norma penal sustantiva sino porque acarrea perjuicio material y medible al bien jurídicamente protegido: patrimonio; y que es culpable al ser el acusado imputable, conocer de la ilicitud de su actuar y serle exigible una conducta distinta. Son los hechos que describe la sentencia como probados: 1. El acusado G. A. B. L. fue contratado por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio el 12 de agosto de 2003, el cual estipulaba: a. Que prestaría sus servicios profesionales a la institución; b. Que los servicios profesionales consistían el desempeñarse “únicamente” como mandatario para pleitos judiciales, punto importante pues el factum excluye que el contrato además otorgara facultades para que el acusado pudiese desempeñarse como mandatario en procesos RAC (Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos, que incluyen la conciliación, la transacción, la novación, la mediación o el arbitraje); c. Que los pleitos judiciales consistían en instar procesos civiles en contra de tres docentes; d.- Que uno de esos docentes era la señora S. E. T. G., quien adeudaba a la institución la cantidad de L. 347,869.07, como saldo de un préstamo otorgado a su favor, mismo que tenía como garantía una hipoteca sobre una vivienda en la Colonia Jardines de Loarque;2. En el hecho segundo, se indica que apenas 11 días después de haber sido envestido como mandatario, el acusado G. A. B., tuvo comunicación telefónica con el señor F. C., a quien le hizo tres afirmaciones: a. Refirió ser el apoderado del INPREMA, lo cual era una información inexacta, dado que el acusado había sido contratado únicamente como mandatario para tres procesos civiles específicos y no para representar al INPREMA, como institución en términos generales; b. Que era la persona que llevaba el caso, en referencia a que era el abogado que estaba instando el proceso judicial civil en contra de la señora S. E. T. G., lo cual si era una información verdadera; c. Y que tenía facultades para detener el remate ya programado de la vivienda de la señora S. E. T., que había sido puesta en garantía de un contrato de préstamos suscrito por ésta con el INPREMA, en caso de que ésta diese un abono a la deuda; afirmación que igualmente era falsa, pues el hecho probado primero indica que la facultad era únicamente para instar el proceso judicial y no para procurar procesos RAC. Esto es comprobado por el hecho de que posteriormente se describe en los hechos probados que el remate fue efectuado y la ofendida desalojada de la vivienda. -d. Que el dinero entregado sería destinado a servir de abono a la deuda que mantenía la señora S. E. T. con el INPREMA. - El segundo hecho probado describe sin lugar a dudas el engaño puesto en escena por el acusado dirigido a la ofendida; engaño que fue suficiente para que ésta se hiciera una idea falsa: de que el acusado si tenía la potestad para detener el remate y que realizaría las gestiones para ese efecto, siempre que entregara la cantidad de dinero que le era solicitada.3. La ofendida, bajo error, como producto del engaño de la que estaba siendo objeto por parte del acusado, decidió realizar una disposición patrimonial que a la postre le acarreó en perjuicio: Disposición patrimonial consistente en la entrega de una cantidad de dinero, misma que fue traspasada por la ofendida a la persona que según ella no solo era el apoderado legal del INPREMA, sino que además estaba a cargo del proceso judicial que estaba exigiendo el pago de dicha deuda y que tenía facultades para conseguir su propósito: que el acusado recibiera el dinero a nombre del INPREMA como abono de la deuda que mantenía con la institución y que además, como consecuencia del abono, realizaría la gestión para cancelar el remate anunciado a la vivienda que había puesto como garantía del contrato de préstamo; Los hechos probados indican que la cantidad de dinero solicitada por el acusado fue la suma de L 70,000.00, y que el recibo que éste le iba a entregar a la ofendida, previamente confeccionado, tenía escrita la cantidad en números de L 60,000.00; Pero que la ofendida solo entregó la cantidad de L 60,000 y que el acusado tomó el recibo y le escribió en letras, a mano: “cincuenta mil”.4. La disposición patrimonial ocurrió el 29 de agosto de 2005, seis días después de que se había hecho la comunicación telefónica; En esa fecha la S. E. T. entregó al acusado G. A. B. L. la cantidad de L 60,000.00, quien se la llevó consigo. Así pues, la persona destinataria del engaño y la cual estaba en error fue la que hizo la disposición patrimonial a favor del acusado, quien fue el autor del engaño, precisamente con el propósito de ser favorecido por la disposición patrimonial de aquella.5. El perjuicio patrimonial se produce en el mismo momento de la entrega, pues el dinero que la ofendida le entregó al acusado en realidad no era recibido como abono de la deuda que tenía ésta con el INPREMA, mucho menos provocaría la cancelación del remate anunciado a su inmueble, tal fue así que en fecha 16 de diciembre de 2006 la ofendida fue desalojada de su vivienda; El acusado se apropió de ese dinero, sin que se señale en los hechos probados si fue para provecho propio o para provecho de un tercero.Contrario con lo expuesto por el Recurrente, esta Sala de lo Penal identifica en el relato fáctico de la sentencia los elementos objetivos y subjetivos de la clase especial de Fraude conocida como Estafa, cometida en apego a un plan: el ofrecimiento del acusado de realizar una conducta a cambio de la entrega de dinero de parte del ofendida, ofrecimiento que realizó falseando la realidad, al adjudicarse potestades que no tenía, pero cuya presentación fue hecha de tal modo que cualquier persona en la posición de la ofendida hubiese creído que era cierto, provocando así error en ésta y la consecuente disposición patrimonial que le ocasionó perjuicio en su patrimonio, por lo que la aplicación del artículo 240 del Código Penal que tipifica el delito de Estafa es correcta, dado que es esta norma sustantiva la que debe gobernar el hecho concreto descrito.2. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[6]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tE.o una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que: (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación. Al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. A. Motivo Único Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al estado material de Inocencia por violación al Principio de Inmediación en la prueba; Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Oposición a la introducción de prueba por lectura; Pretensión: Se absuelva al acusado G. A. B. L..A criterio del Recurrente, el Tribunal de Sentencia ha transgredido el Derecho Principio del Estado Material de Inocencia, al haber admitido por lectura tres medios de prueba testificales, valorarlos positivamente y apoyar la sentencia condenatoria con base en dicha prueba; arguye que tal proceder va en contra de principios esenciales del proceso como ser el desarrollo de un verdadero contradictorio y la inmediación que debe existir en el momento de la recepción de la prueba. B. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contE.o establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtE.as y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo, practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tE.o el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del IusPuniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona. Recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la Sentencia Condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:“128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella -que aunque mínima- ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica.- Así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtE.as y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos.b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad. Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal.c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP) d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. - En este ítem, la Sala de lo Penal apreciarála prueba en su conjunto y posicionándola como contrapeso del estado material de inocencia. Entonces el estudio de la prueba no puede ser fraccionado, tampoco puede consistir en el examen aislado de la información que aduce el A-Quo produjo en cada caso, pues no puede realizarse un análisis aislado de aquellos hechos por ser éstos un todo.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera G. y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostE.o que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; Absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera.C. Debido Proceso Probatorio en la Introducción por Lectura de un Medio de prueba al Debate. El Principio/Derecho al Estado Material de Inocencia manda que el proceso penal debe desarrollarse bajo la observancia de reglas y principios rectores que aseguren un debido proceso probatorio (Ver Ut Supra); entre ellos tenemos el principio de oralidad, el de inmediación y el de contradicción. 1. El Principio de Oralidad se encuentra en el artículo 94 de la Constitución de la República que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que: “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. 2. La Inmediación(equivalente a cercanía, contigüidad y proximidad del órgano jurisdiccional):Regulado en los artículos 138 y 306 del Código Procesal Penal,es la posibilidad que tiene el órgano juzgador de poder apreciar de manera directa la prueba (“de visu”), percibiéndola por conducto de los sentidos de los juzgadores, quienes de esta forma se empoderan de la información que el medio probatorio puede brindar y posibilitando su valoración en todo su contexto; los Juzgadores así podrán entonces escuchar pero además ver a los testigos y peritos, sus reacciones, lo que dicen, lo que no quierne decir, los gestos, tono de voz, etc. La sentencia deberá fundarse exclusivamente en los resultados de la prueba apreciados directamente en el juicio oral y dictarse el fallo tan pronto como sea posible para que las impresiones y recuerdos pervivan en la mente del Iudex (Principio de Concentración); Por ello la inmediación esa su vez plataforma de cumplimiento de la independencia judicial, pues así el Órgano Jurisdiccional construye su decisión exclusivamente con base en la prueba que haya percibido y al trato legal que se prevé para el hecho determinado.La Inmediación probatoria encuentra su excepción en figuras de recepción de prueba anticipada, de aseguramiento anticipado de prueba o la reproducción de prueba por inaccesibilidad de recepción directa, debidamente regulado todo en el artículo 311 del Código Procesal Penal; excepciones que tienen un carácter restrictivo y por consiguiente deben ser, a su vez, interpretadas restrictivamente, por ello el contenido de la norma debe ser considerado como excepciones taxativas y únicas; y 3. Principio de Contradicción: Este principio, previsto en el artículo 4 del Código Procesal Penal, presupone la existencia de dos partes antagónicas dentro del proceso, interesadas en un pronunciamiento que ampare sus intereses subjetivos que resulten ser incompatibles con los de la otra, pronunciamiento que el Juzgador no podrá realizar sino antes de haber escuchado los argumentos y la prueba que sustente las respectivas posiciones.- El Principio de Contradicción materializa el Derecho de Defensa, al imponer al Órgano Jurisdiccional la obligación dar la oportunidad a las partes antagónicas, por su turno, de examinar la prueba y de escucharles previamente antes de pronunciarse respecto a la cosa debatida; la contradicción “tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no solo la existencia de una imputación del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso y la oportunidad de refutarla, sino que requiere además, reconocer al acusador, al imputado y a su defensor, la atribución de aportar pruebas de cargo y de descargo respectivamente, la de controlar activa y personalmente, en presencia de los otros sujetos actuantes, el ingreso y recepción de ambas clases de elementos probatorios y la de argumentar públicamente ante los jueces que las recibieron sobre su eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos en la acusación o los afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídico-penales de todos ellos, para tener la igual oportunidad de intentar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno defiende, haciéndolo prevalecer sobre el del contrario” (CafferataNores, José; Derecho Procesal Penal. Consensos y Nuevas Ideas. Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998, p. 57).Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, la oralidad el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan a incorporar por lectura, algunas actuaciones que normalmente deben realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralida de inmediación y en algunos casos también el de contradicción y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia. Son la excepción a esta regla: i. La Oralidad en la audiencia de debate, pues el medio de prueba fue evacuado de previo y a la audiencia de debate se introduce su registro, el cual puede ser un acta escrita, grabación de audio o grabación de audio y video; ii.La Inmediación, dado que el tribunal de sentencia no tiene la oportunidad de apreciar de manera directa la prueba, sino que la valora a partir del registro reproducido, lo que limita su apreciación, en especial cuando el registro se trata de un acta; y iii.La Contradicción, cuando en la reproducción original del medio de prueba no haya existido participación de todas las partes antagónicas, como ocurre con las declaraciones administrativas tomadas por la policía preventiva; déficit que persiste cuando el registro es introducido a la audiencia de debate. Entre estas circunstancias excepcionales tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311, (norma aplicada por los Juzgadores en el presente caso), que prescribe que se podrán incorporar por lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”.- Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevE.a y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos en que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal.La valoración de la declaración testifical o dictamen pericial introducido al debate en aplicación del artículo 311 del CPP deberá ser valorado de conformidad a las reglas de la sana crítica (Art. 202 CPP), con especial cuidado en los aspectos que hayan podido limitar la oralidad, la inmediación y, en su caso, la contradicción, por lo que dentro del razonamiento el Tribunal deberá ocupar espacio para externar las limitantes que haya tE.o en la valoración de la prueba, haciendo un examen riguroso de dicho medio de prueba.
D. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.-Como se ha señalado, el Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia, se ocupa de varios aspectos del proceso probatorio, siendo éstos: licitud de la prueba, debido proceso probatorio, debida motivación probatoria, debido razonamiento probatorio y suficiencia probatoria de cargo. En el presente caso, el Recurrente denuncia que el Estado de Inocencia se ha visto transgredido como consecuencia de la falta de un debido proceso probatorio, ante la ausencia de inmediación y de contradicción en la recepción de tres medios de prueba: declaración de S. E. T., declaración de L. J. A. y declaración de M. E. A. G. .Para poder dar respuesta a lo esgrimido, de inicio es procedente pasar revista al acumulado judicial, el cual informa que habiendo sido ordenado el reenvió por esta Sala de lo Penal, la audiencia de debate fue celebrada por segunda ocasión por el Tribunal de Sentencia, ello después de múltiples reprogramaciones, siendo éstas: 1. La primera vez fijada para los días 20 y 21 de octubre de 2016, pero reprogramada por falta de asistencia letrada del acusado e inasistencia de testigos; 2. Fijada para el 25 de noviembre de 2016, pero reprogramada a solicitud de la defensa del acusado, señalando necesitar tiempo para preparar estrategia de defensa; 3. Señalada para el 04 de abril de 2017, la cual fue reprogramada a petición del Ministerio Público, planteando dificultad de localización de los testigos; 4. Dispuesta para el 21 de julio de 2017, reprogramada de oficio por el Tribunal de Sentencia; 5. Programada para el 10 de octubre de 2017, la cual se llevó a cabo y generó la sentencia que ahora es impugnada. Cuando por fin se celebró la audiencia de debate, el Ministerio Público solicitó la introducción por lectura de las declaraciones rendidas por los testigos S. E. T. G., L. J. A. O. y M. E. A. G. en la audiencia inicial, con base en el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, ello en virtud de no haber sido posible localizar a éstos para su comparecencia al debate, pues las direcciones que se tenían de sus respectivos domicilios databan del año 2012. En cuanto al testigo F. M. C., el Señor Fiscal indicó renunciar a este medio de prueba, pues no se tiene registro de ninguna declaración de éste. Ante la petición se dio turno a la Defensa Privada a efecto de escuchar su postura, exponiendo ésta su oposición, luego de lo cual el Tribunal de Sentencia resolvió declarar con lugar lo solicitado, relacionando que en las reprogramaciones de las audiencias de debate para las fechas 20 de octubre de 2016 y 21 de julio de 2017 y en diversas oportunidades se hicieron esfuerzos para localizar a los testigos, resultando éstos infructuosos. La Sala de lo Penal, ha constatado que en cada una de las ocasiones en que se señaló fecha para la celebración de la audiencia de debate, se ordenó a la Secretaría del Despacho, por conducto de la Receptora, citar a las personas que debían comparecer a ésta; Particularmente se procuró citar a los testigos de cargo nominados, teniéndose como resultado: a. Testigo S. E. T. G.: Fue citada el 28 de septiembre de 2016; Pero posterior a esa fecha la testigo/ofendida no pudo ser localizada; Así pues en fecha 18 de octubre de 2016 fue buscada para ser requerida a fin de que nombrase nuevo asistente letrado en su condición de acusador privado, más no pudo ser localizada; El 13 de febrero de 2017, fueron entregadas a la señora A. M., las cédulas de citación pertenecientes a la testigo; En fecha 28 de junio de 2017, la Receptora se personó a su domicilio siendo informada por una señora que en esa vivienda no residía aquella; El 04 de octubre de ese mismo año el Ministerio Público también hizo intento de localizar a la testigo sin encontrar la dirección señalada, y los vecinos del lugar declararon no conocer a la testigo. b. Testigo L. J. A. O.: Fue citada el 22 de septiembre de 2016, mediante cédula de citación; Desafortunadamente para el 09 de marzo de 2017, informaba la Receptora que la testigo no pudo ser localizada en la dirección proporcionada para el efecto; Igual intento realizó el Ministerio Público en fecha 06 de octubre del mismo año, comentándole un vecino de la zona que no conocían a la testigo. c. Testigo M. E. A. G.: Se procuró citarle en fecha 22 de septiembre de 2016, en la dirección proporcionada por la parte proponente, en donde se informó que éste había cambiado de domicilio; En fecha 08 de Marzo de 2017, la Receptora informaba que le fue imposible citar al testigo; En fecha 28 de junio de 2017, nuevamente se trató de localizar, sin que se pudiese nuevamente ubicar la dirección de su domicilio; Por su parte el Ministerio Público trató de localizar el testigo el 29 de septiembre de 2017, pero fue informado en la última dirección disponible que éste había cambiado de domicilio; y d. Testigo F. M. C.: fue citado el 22 de septiembre de 2016; en fecha 13 de febrero de 2017, fueron entregadas a la Señora A. M., la cédula de citación pertenecientes a la testigo; y para el 15 de marzo del mismo año, se le intentó nuevamente citar personalmente, pero en la dirección señalada no pudo ser encontrado y al llamar a un número de teléfono que se proporcionó para ubicarle, contestó una persona que señaló ser la hija, informando que el testigo se encontraba fuera del país; fue hasta el 21 de julio de 2017, que el testigo pudo ser citado personalmente, entregándosele la correspondiente cédula de citación, pero posteriormente presentó excusa de no poder atender la cita, alegando cuestiones laborales. Así entonces es evidente que no fue posible localizar a los testigos para ser debidamente citados para su comparecencia a la audiencia de debate; lo anterior imposibilitaba al Tribunal de Sentencia ordenar la conducción coactiva de los testigos al estrado judicial, pues como hemos relacionado,éstos no fueron localizados y por ende no fueron citados. Entonces no se trata de una negativa al llamamiento judicial que justificaría su conducción coactiva (art. 135 y 233 CPP), sino de la extraordinaria dificultad de ser localizados para ser citados, siendo la única alternativa para poder escuchar su versión la introducción por lectura de las declaraciones rendidas en la etapa preparatoria, constando éstas en la audiencia inicial. Retornando el reclamo presentado por el Recurrente, éste señala que no existió inmediación ni contradicción: En cuanto al Principio de Inmediación le asiste la razón en parte, pues efectivamente la lectura del acta que documenta la audiencia inicial en donde constan las declaraciones de los tres testigos solo transmite a los juzgadores el contE.o registrado de sus declaraciones, imposibilitando que éstos puedan apreciar los demás aspectos de las deposiciones y que son exclusivos de la inmediación, sin embargo ello no se traduce en una violación a un debido proceso probatorio y con él a la violación del Estado de Inocencia del acusado, pues la introducción por lectura está autorizada por el artículo 311 del Código Procesal Penal, al acontecer el supuesto de hecho previsto en su numeral 2), dado que existen múltiples registros de los esfuerzos que se hicieron por parte de la Secretaría del Tribunal de Sentencia y por el Ministerio Público para localizar y citar a cada uno de los testigos, esto en un promedio de once meses, sin que fuese posible lograrlo. Por otra parte, en cuanto al Principio de Contradicción el reclamo del Recurrente es injustificado, ello porque respecto a los tres medios de prueba mencionados las partes tuvieron la oportunidad de controvertirlos en cada etapa procesal en igualdad de condiciones, sin que ninguna de ellas se viera en ventaja respecto a la otra; Así pues en la audiencia inicial las partes pudieron externar su parecer al momento de proponer la recepción de las declaraciones testificales, tuvieron la oportunidad de escuchar a los testigos y de interrogar los directamente y después formular las conclusiones que dichas declaraciones le merecían; De igual forma, en la etapa de juicio pudieron compartirle al Tribunal de Sentencia sus pareceres previo a que éste realizara el juicio de admisibilidad de la prueba en la audiencia de proposición de medios de prueba; luego en la audiencia de debate, y también en igualdad de condiciones, expusieron sus criterios sobre la pertinencia o no de la introducción de los medios de prueba por lectura previo a que el A-Quo decidiera lo pertinente, estuvieron presentes cuando la Secretaría del Despacho reprodujo el registro de las declaraciones y pudieron realizar el análisis de éstas en la etapa de conclusiones del debate,en igualdad de condiciones.- En resumen, cada una de las partes, en igualdad, tuvieron la oportunidad de contender entre sí, de examinar la prueba en la audiencia inicial en su plenitud y de examinar la prueba en la audiencia de debate con las limitantes que genera su lectura y ser escuchadas previo a las decisiones del Iudex; Recuérdese que el acta a la que se le dio lectura contiene precisamente las preguntas que ambas partes formularon a los testigos en el examen que hicieren de éstos en la etapa preparatoria, no dándose el examen de la prueba en el debate por las razones antes apuntadas. El Principio de Contradicción se hubiese visto afectado en el supuesto de que el registro introducido por lectura hubiese sido aquel en cuyo acto no hubiese intervención de la defensa, pues en ese caso, una de las partes antagónicas se vería desfavorecida al no haber podido controvertir el medio de prueba propuesto por la otra parte, pero en el caso de marras, ambas partes examinaron y contrariaron a los tres testigos, quedando ello en registro mediante acta, que fue la que se dio lectura en debate y valorada por el Tribunal de Sentencia. El Recurrente no extiende su reclamo sobre la debida motivación probatoria, el debido razonamiento probatorio y/o sobre la suficiencia probatoria de cargo; Por tanto, concluye esta Sala de lo Penal que la decisión del Tribunal de Sentencia de introducirpor lectura las declaraciones de los señores S. E. T., L. J. A. O. y M. E. A. G., fue en observancia al debido proceso probatorio, sin que se vea comprometido el Derecho/Principio al Estado Material de Inocencia. V. DECISION 1. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único; 2. No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único.V I. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 361 del Código Procesal Penal.- Falla:Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, y el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, ambos interpuestos por el Abogado F. A. A. O., apoderado Defensor Privado del acusado G. A. B. L. ;Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para su inmediato cumplimiento, una vez que sean debidamente notificadas las partes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán G.. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-301-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1]Sentencia De 3 De diciembre De 2010, Recurso De Casación No. 336-08. Sentencia De 17 De mayo De 2012, Recurso De Casación No. Sp-131-2009. Sala De Lo Penal De La Corte Suprema De Justicia. Base De Datos De Jurisprudencia Penal. Dvd.
[2]Véanse Entre Otros: Creus, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1991; Muños Conde, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. Undécima Edición. Tirand Lo Blanch. Valencia 1996.
[3]Véanse, Entre Otras, Sentencia De 3 De noviembre De 2011. Casación Penal S.P. No. 90-2009. Base De Datos De Jurisprudencia Penal 2009-2013, Formato Dvd.
[4]Pueden Verse, Entre Otras, La Sentencia Número 410/2014 De21 De mayo De 2014, Base De Datos De Jurisprudencia, Cendoj. Www.Poderjudicial.Es
[5]Binder, Alberto M; La Justicia Penal En La Transición De La Demogracia En América Latina, En Revista Cubana De Derecho, No. 10, 1994/1995
[6]El Artículo 8.2 Literal H) De La Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.