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Sentencia CP-298-16 — Registro 13603

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Único Motivo EL ÚNICO MOTIVO NO SON DE RECIBO.- Hasta el momento este Tribunal ad-quem ha señalado los defectos contenidos en la Fundamentación Jurídica, corrigiendo toda aquella consideración equivoca hecha por los Jueces de Sentencia, como ser la errónea calificación del artículo 332-B CP como norma penal en blanco y la mala interpretación sobre los alcances dentro del derecho penal de los Decretos de Veda; Empero todo ello no completa el estudio del caso para la resolución de la impugnación que se ha formulado contra la sentencia, dado que el proceso de revisión exige la confrontación de la fundamentación fáctica con la norma penal sustantiva que se denuncia como aquella indebidamente no aplicada, es decir la comprobación de la existencia de identidad o no entre el ámbito situacional fijado en el supuesto de hecho previsto y la narración histórica tenida como probada y considerada como verdad absoluta.- Para esta tarea primero es necesario análisis el tipo penal, determinando cuáles son sus elementos objetivos y subjetivos, para luego hacer la confrontación aludida. A.- Del tipo penal contenido en el Artículo 332-B del Código Penal La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso era (y sigue siendo) intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciese del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que sanciona a: “Quien sin permiso de la autoridad competente […] posea […] armas de fuego […] incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas […]. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”.- Entonces incurrirán en el delito la persona que posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito (elementos objetivos) y además que tenga conocimiento y voluntad (dolo) de ejercer la posesión del arma de fuego propia o ajena en tales condiciones (elemento subjetivo). B.- Confrontación de los hechos probados con la norma penal Señala la sentencia objeto de casación que a las 09:30 a.m. del día 25 de marzo de 2014, en la Col. Ceibita, sector de Chamelecón, Departamento de Cortés, el señor Nelson Javier Guillén Alvarado, se encontraba sentado sobre un muro, siendo requerido por elementos de la Policía Nacional preventiva, encontrándosele un arma de fuego, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, serie ZD384769, color negro, por lo que fue aprehendido en ese momento. Los hechos descritos al ser contrapuestos con el supuesto que describe el artículo 332-B CP se colige que existe una coincidencia no exacta de los elementos objetivos, pues si bien el objeto que poseía el acusado al momento de ser requerido se trató de un arma de fuego de uso personal, cuyo comercio es lícito según disponía el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares, el reproche solo puede ser formulado en el caso de que dicha posesión se estuviese sin contar con la autorización dada por autoridad competente, la cual es la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, por conducto de la Oficina de Registro de Armas de Fuego; en los hechos probados no se hace la afirmación de que el acusado no contaba en ese momento con dicho permiso, lo que convertiría la posesión de lícita en ilícita, siendo precisamente uno de los elementos objetivos del tipo penal indispensables para su configuración y que debe ser probado por el ente acusador. Por lo expresado, y aun cuando la sentencia contenga una fundamentación jurídica errónea, tal y como lo ha denunciado el Ministerio Público, el Recurso no puede ser concedido, pues el fáctum resulta atípico a la figura delictiva que se encuentra tipificada en el artículo 332-B del Código Penal, por adolecer de unos de los elementos objetivos esenciales, cuya acreditación se encuentra bajo la responsabilidad de la parte actora y que, según se deduce de la construcción del fáctum, no fue un hecho que haya sido probado en la causa de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 298-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis; dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Nelson Javier Guillén Alvarado, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras,.- Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Tercero: Se ordena la devolución de la evidencia puesta a la orden de este Tribunal consistente en el arma de fuego a quien acredite ser el propietario de la misma. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Ilse Adela Fuentes Núñez, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, y los Abogados Arnaldo Alcides García y José Roberto Izaguirre, agentes de la Defensa Pública, apoderados legales del acusado Nelson Javier Guillen Alvarado, como recurridos. Hechos Probados De La Primera Instancia “Único: En fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, en la Colonia Ceibita, sector Chamelecón, a eso de las nueve y treinta de la mañana, agentes policiales realizaban patrullaje de rutina cuando observaron sentado sobre un muro al señor Nelson Javier Guillén Alvarado, a quien requirieron y le practicaron un registro corporal, encontrándole en la cintura un arma de fuego, tipo revólver, calibre treinta y ocho, marca Taurus, serie ZD384769, color negro, por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos “Recurso de Casación por Infracción de Ley. Motivo: Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares... Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado y subrayado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “Único: En fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, en la Colonia Ceibita, Sector Chamelecón, a eso de las nueve y treinta de la mañana, Agentes Policiales realizaban patrullaje de rutina cuando observaron sentado sobre un muro al señor Nelson Javier Guillén Alvarado, a quien requirieron y le practicaron un registro corporal, encontrándole en la cintura un arma de fuego, Tipo Revólver, Calibre Treinta y Ocho, Marca Taurus, Serie ZD384769, Color Negro, por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente” Dado lo anterior, el Ministerio Público no encontrándose conforme recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del Acusado a Título de Autor en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Fáctum. Aunque este motivo de Casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el fáctum y la parte dispositiva de la sentencia, para evidenciar como la acción descrita en aquella evidencia la violación del precepto legal que se invoca, como no aplicado, al haberse omitido por parte de los Juzgadores su aplicación para condenar al Enjuiciado como Autor Directo del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, siendo que los elementos del tipo se configuran en la acción perpetrada por el Acusado quien, en incumplimiento del artículo 332-B del Código Penal, portaba un arma no registrada a su nombre. El Sentenciador estimó que, aunque no es un hecho controvertido en juicio la detención del Acusado en posesión de un Arma de Fuego Calibre 38, Marca Taurus, Serie ZD384769, Color Negro, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, de la cual no portaba el permiso estatal. Sin embargo, la conducta del Acusado no genera reproche penal, pues para aquél momento, se encontraba vigente el Decreto Legislativo 184-13, que concedía un período de un (1) año para matricular armas de fuego, como la incautada; realiza su fundamentación jurídica señalando que “nos encontramos ante un caso de derogación tácita temporal debido a que durante la comisión del hecho por parte del acusado, se encontraba vigente el decreto legislativo emitido por el Honorable Congreso Nacional, número 184-2013, que mandaba a que toda persona particular que tuviera en su poder armas de fuego de tipo comercial, de la que no poseyera factura, procediera a su inscripción en la oficina de registro de la Secretaría de Seguridad correspondiente, sin incurrir en responsabilidad penal, veda que tuvo una vigencia de un año a partir de la fecha de su publicación, el cinco de octubre del año dos mil trece, por lo que, al encontrarse vigente dicho período de gracia, no puede reprocharse penalmente al Acusado su accionar ya que se encontraba amparado con el precepto establecido en el decreto legislativo temporal”. El Ministerio Público a contrario sensum, entiende que la disposición legal en referencia se decretó con la única finalidad de que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero esta disposición legal no puede interpretarse como que dicho período de veda se otorgó para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello; no es, por tanto, “una cláusula que despenaliza el delito comprendido en el artículo 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que él ciudadano, por un período de tiempo establecido, no tenga consecuencias jurídicas al acudir voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello que en “los casos donde se encuentre a un sujeto Portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe el Ilícito Penal tipificado en el art. 332-B del Código Penal vigente, A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto (s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no existir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la existencia del delito correspondiente... pues el precepto en mención no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal”[1]. En la presente causa, por tanto, el acusado Nelson Javier Guillén Alvarado, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar su arma, ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; pues el hecho sucedió a las nueve y treinta de la mañana, mientras el Acusado se encontraba sentado sobre un muro, pudiendo perfectamente en dicho horario realizar las acciones tendientes a demostrar que en ese momento tenía la intención de comparecer a registrar el arma que portaba de forma ilegal; el hecho sucedió el 25 de Marzo de 2014, cuando ya había transcurrido casi seis meses de vigencia del antes mencionado decreto 184-2013 y el Acusado en ningún momento estaba interesado en registrar el arma, con la cual fue hallado en plena vía pública, portando y con la plena intensión de en su caso hacer uso de ella. Como se logra evidenciar, el Juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que sólo por el hecho de estar vigente el Decreto 184-2013 al momento en que se dio detención al Acusado portando un arma, sin permiso de la Autoridad correspondiente, éste no tiene responsabilidad penal; pues como antes se señaló, el mencionado decreto es aplicable para el único efecto de que las personas puedan comparecer ante la autoridad respectiva a registrar sus armas, sin temor a ser enjuiciados por ello. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A-Quo, ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el Imputado fue encontrado portando un arma comercial, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Motivo Único *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal y 7 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros Similares; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva que tipifica la portación ilegal de arma de fuego comercial; y *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Explica el Ministerio Público que la sentencia adolece de un vicio in iudicando como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 322-B del Código Penal, aun cuando se observa en el fáctum todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar al acusado como autor del delito de portación legal de arma de fuego comercial.- Relaciona que el a-quo dio por acreditado que el acusado fue aprehendido en posesión de un arma de fuego comercial, pero resolvió que este hecho no podía ser objeto de reproche penal pues en ese momento se encontraba en vigencia el Decreto legislativo 184-2013, que concedía un período de un año para que las personas pudiesen hacer registro de sus armas de fuego comerciales.- Increpa que el Tribunal ha interpretado erróneamente los alcances del decreto aludido, pues éste no otorga permiso para que las personas puedan poseer armas sin registrar, recalca que no se debe entender que se ha despenalizado el artículo 332-B del Código Penal. Evoca el Ministerio Público que cuando el acusado Nelson Javier Guillen Alvarado fue aprehendido no se disponía a realizar registro del arma de fuego, ni tampoco tenía intenciones de hacerlo. Concluye el recurrente que el juzgador no tiene razón al determinar que el acusado no tiene responsabilidad penal por su actuar como consecuencia de lo prescrito en el Decreto Legislativo 184-2013, lo que le llevó a no hacer aplicación del artículo 332-B del Código Penal como era lo procedente. bases legales de la Decisión Judicial En el presente caso el Tribunal de Sentencia ha formado su convicción apelando a conceptos e interpretaciones sobre alcances normativos, los cuales en resumen fueron: a. Normas Penales en Blanco; e b. Incidencia en el ámbito penal del Decreto Legislativo 184-2013. Interesa a esta Sala de lo Penal hacer un repaso de los conceptos usados por el a-quo, además de realizar el estudio sobre el alcance de los decretos de veda, pues es claro que los juzgadores han hecho aplicación a conceptos de manera errada y han derivado consecuencias legales de decretos legislativos inexistentes; además se ha hecho cita de la existencia de doctrina legal producida por la Sala de lo Penal, sin hacer cita de la Ratio Decidendi contenida en tres sentencias diferentes. A.- Normas Penales en Blanco. El primero que planteó las leyes penales en blanco fue Karl Bindig, quien las conceptualizó en un inicio como aquellas en que la materia de prohibición queda entregada a una autoridad de rango inferior a la competente para dictar leyes; en otras palabras la descripción de la materia prohibida no aparece en todos sus extremos en la ley penal que castiga el acto prohibido, sino en un reglamento u ordenanza, es decir, en una disposición de rango inferior. (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 74). Las leyes penales en blanco pueden ser de dos clases: 1) Siguiendo la terminología de Bindig, leyes penales en blanco propiamente dichas, cuando la ley penal describe la sanción a imponer sin describir el supuesto que debe observar el sujeto activo: b) Las leyes en blanco al revés, cuando la ley describe únicamente la conducta prohibida y para determinar la sanción o consecuencia se remite a una disposición distinta. Para llenar el espacio en blanco de la ley, es decir para determinar el presupuesto o la sanción, en el caso de que uno de ellos no sea dado por la ley penal o sea dado de una manera incompleta el juzgador se ve obligado a remitirse a: i.- Otro artículo de la misma ley penal; ii.- Un artículo de una ley distinta, la cual puede ser penal, civil, administrativa, etc.; iii.- Un reglamento; iv.- Otra clase de disposiciones gubernativas. (Suazo Lagos, Rene, Lecciones de Derecho Penal I, Parte General 8° Edición, Tegucigalpa, Honduras, Edit. Empresa Nacional de Artes Gráficas, 1999, pg. 59 y 60). Según la ley o reglamento que llene el espacio, las leyes penales en blanco, se dividen en: i.- Leyes Penales en Blanco impropias: Cuando el espacio es llenado por un artículo de la misma ley penal (leyes en blanco impropias de reenvío interno) o cuando el espacio es llenado por un artículo de una ley distinta ( leyes penales en blanco impropias de reenvío externo); ver como ejemplo los Artículos 228, 242, 285y 369-B del Código Penal; ii.- Leyes Penales en Blanco Propias: Cuando el espacio es llenado por un reglamento u otra clase de disposiciones gubernativas, de una jerarquía menor a la norma en blanco; ver como ejemplo los artículos 190 y 413 del Código Penal. Partiendo de lo explicado es posible aseverar que ni el artículo 332-B del Código Penal, ni ninguno de los decretos legislativos denominados como “Decretos de Veda”, reúnen las condiciones para ser calificados como leyes penales en blanco, por lo que su referencia por los juzgadores en la sentencia a esta clase de tipos penales es indebida (f. 101 v.). B.- Incidencia en el ámbito penal de los llamados Decretos de Veda El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tienen el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención y específicamente entre 2009 (año en que se realizó la conducta objeto de juzgamiento) a 2016 (año de juzgamiento), existieron 03 leyes, a saber: a. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. b. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. c. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. Como se colige los decretos de veda tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige. El Decreto Legislativo 060-2015, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo No. 063-2014 y éste a su vez prórroga del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de La Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dichos decretos no despenaliza bajo ningún concepto la posesión ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta; en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. Los Decretos mencionados concedieron plazos distintos para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona podía desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. Conforme a lo apuntado, el a-quo ha interpretado el Decreto de veda 184-2013 dándole un alcance dentro de la materia penal que no tiene, determinando que contenían una “derogatoria tácita temporal” (f. 101) del artículo 332-B del Código Penal cuando ello no fue así como se ha explicado; El a-quo trata de respaldar su criterio indicando que así lo ha señalado esta la Sala de lo Penal pero sin hacer cita de donde consta ese supuesto criterio, siendo oportuno recordar que la doctrina legal solo se produce cuando existan tres sentencias en tres causas penales distintas, basándose en único e idéntico criterio legal y que sobre el asunto especifico este tribunal de casación en sentencia del 20 de febrero de 2019 emitida en el Exp 338-2015, en sentencia del 02 de abril de 2019 emitida en el exp 170-2015 y en el Exp 240-2015, en sentencia del 20 de febrero de 2019, emitida en el Exp 224-2015, entre otras, ha dejado plasmado que el Decreto legislativo 184-2013: “autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple portación de un arma de fuego o deja sin positividad el tipo penal elegido por el a-quo. En conclusión para que este precepto (Decretos Legislativos) tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente.”. En conclusión, las diferentes consideraciones legales del Tribunal de Sentencia fueron apreciadas desde perspectivas no autorizadas por la doctrina científica ni la doctrina legal, todas ellas que en conjunto fundaron la decisión a la que por unanimidad arribaron los señores Jueces. De la Procedencia del Único Motivo El Único Motivo No son de Recibo.- Hasta el momento este Tribunal ad-quem ha señalado los defectos contenidos en la Fundamentación Jurídica, corrigiendo toda aquella consideración equivoca hecha por los Jueces de Sentencia, como ser la errónea calificación del artículo 332-B CP como norma penal en blanco y la mala interpretación sobre los alcances dentro del derecho penal de los Decretos de Veda; Empero todo ello no completa el estudio del caso para la resolución de la impugnación que se ha formulado contra la sentencia, dado que el proceso de revisión exige la confrontación de la fundamentación fáctica con la norma penal sustantiva que se denuncia como aquella indebidamente no aplicada, es decir la comprobación de la existencia de identidad o no entre el ámbito situacional fijado en el supuesto de hecho previsto y la narración histórica tenida como probada y considerada como verdad absoluta.- Para esta tarea primero es necesario análisis el tipo penal, determinando cuáles son sus elementos objetivos y subjetivos, para luego hacer la confrontación aludida. A.- Del tipo penal contenido en el Artículo 332-B del Código Penal La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso era (y sigue siendo) intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciese del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que sanciona a: “Quien sin permiso de la autoridad competente […] posea […] armas de fuego […] incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas […]. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”.- Entonces incurrirán en el delito la persona que posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito (elementos objetivos) y además que tenga conocimiento y voluntad (dolo) de ejercer la posesión del arma de fuego propia o ajena en tales condiciones (elemento subjetivo). B.- Confrontación de los hechos probados con la norma penal Señala la sentencia objeto de casación que a las 09:30 a.m. del día 25 de marzo de 2014, en la Col. Ceibita, sector de Chamelecón, Departamento de Cortés, el señor Nelson Javier Guillén Alvarado, se encontraba sentado sobre un muro, siendo requerido por elementos de la Policía Nacional preventiva, encontrándosele un arma de fuego, tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, serie ZD384769, color negro, por lo que fue aprehendido en ese momento. Los hechos descritos al ser contrapuestos con el supuesto que describe el artículo 332-B CP se colige que existe una coincidencia no exacta de los elementos objetivos, pues si bien el objeto que poseía el acusado al momento de ser requerido se trató de un arma de fuego de uso personal, cuyo comercio es lícito según disponía el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares, el reproche solo puede ser formulado en el caso de que dicha posesión se estuviese sin contar con la autorización dada por autoridad competente, la cual es la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, por conducto de la Oficina de Registro de Armas de Fuego; en los hechos probados no se hace la afirmación de que el acusado no contaba en ese momento con dicho permiso, lo que convertiría la posesión de lícita en ilícita, siendo precisamente uno de los elementos objetivos del tipo penal indispensables para su configuración y que debe ser probado por el ente acusador. Por lo expresado, y aun cuando la sentencia contenga una fundamentación jurídica errónea, tal y como lo ha denunciado el Ministerio Público, el Recurso no puede ser concedido, pues el fáctum resulta atípico a la figura delictiva que se encuentra tipificada en el artículo 332-B del Código Penal, por adolecer de unos de los elementos objetivos esenciales, cuya acreditación se encuentra bajo la responsabilidad de la parte actora y que, según se deduce de la construcción del fáctum, no fue un hecho que haya sido probado en la causa de mérito. Decisión: No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha tres (03) de marzo de dos mil dieciséis (2016) (f. 98), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.-Y Manda: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen para que se observen los efectos que la ley manda con la emisión de una sentencia condenatoria en materia penal.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-298-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Circular FGR-ATJ No.1, Política Institucional, 29 de octubre de 2013.