Sentencia CP-290-16 — Registro 9670
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. -Opinión de la Sala sobre el caso Específico. El censor del fallo impugnado argumenta que la sentencia que se impugna incurre en motivo de casación de infracción de ley por falta de Aplicación del artículo 218 D del Código Penal, que establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche, sin que puede intentarse la revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a eso de las ocho con treinta minutos de la noche, la señora F.P.C., conducía por la colonia Jardines del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, un vehículo tipo turismo, marca Honda, modelo civic, color negro, año 2012, serie 19XFB2550CE500231, sin placa, propiedad del señor W.J. V.P., cuando fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes haciendo uso de armas de fuego la desapoderaron del vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido. Segundo: El veintinueve de marzo de dos mil catorce, a eso de las cuatro de la tarde, el señor E.A. De La O T., conducía el vehículo antes descrito por el bulevar de sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular, cuando fue observado por el señor W. J. V. P., propietario del vehículo, por lo cual le dio seguimiento y a la vez, puso en conocimiento los hechos vía telefónica a las autoridades policiales y momentos después, agentes de la Policía Nacional junto a éste, continuaron con la persecución, y el acusado, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo y lo estacionó en el garaje de una casa de habitación en la colonia Los Ángeles, sector Chamelecón, donde fue incautado y detenido el acusado”. Del factum de la sentencia que se impugna resulta terminantemente probado que “…el señor E.A. De La O T., conducía el vehículo antes descrito por el bulevar de sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular…”, por lo que en este caso concurre el elemento objetivo, de ser encontrado el acusado E. A. De La O T. en posesión material del vehículo con reporte de robo; y el elemento subjetivo del tipo penal, consistente en haber obtenido el acusado –de cualquier forma- el vehículo robado, a sabiendas de su procedencia irregular, hechos ilícitos atribuidos al acusado que se encuentran tipificados y sancionados en el artículo 218 D del Código Penal. Por lo que, en el presente caso, la sentencia recurrida no incurre en vicio de fondo que dé lugar a casación por infracción de Ley..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 218, Literal a (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); el Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia en el Recurso de Casación número S.P.290-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la Sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó al señor E.A. De La O T., como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del señor W.J. V.P. a la pena de nueve años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declara la Responsabilidad Civil del señor E. A. De La O T.- Tercero: No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se ordenó la devolución de un teléfono móvil marca LG, color blanco, a quien acredite su propiedad. Interpone el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la abogada O. F. A., en su condición de defensora publica del señor E.A. de la O T. SON PARTES: La abogada O. F. A., Defensora Pública del señor E. A. De La O T., como parte recurrente y el abogado J. A. R., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. Primero: El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a eso de las ocho con treinta minutos de la noche, la señora F. P. C., conducía por la colonia Jardines del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, un vehículo tipo turismo, marca Honda, modelo civic, color negro, año 2012, serie 19XFB2550CE500231, sin placa, propiedad del señor W. J. V.P., cuando fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes haciendo uso de armas de fuego la desapoderaron del vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido. Segundo: El veintinueve de marzo de dos mil catorce, a eso de las cuatro de la tarde, el señor E. A. De La O T., conducía el vehículo antes descrito por el bulevar de sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular, cuando fue observado por el señor W. J. V. P., propietario del vehículo, por lo cual le dio seguimiento y a la vez, puso en conocimiento los hechos vía telefónica a las autoridades policiales y momentos después, agentes de la Policía Nacional junto a éste, continuaron con la persecución, y el acusado, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo y lo estacionó en el garaje de una casa de habitación en la colonia Los Ángeles, sector Chamelecón, donde fue incautado y detenido el acusado.”III. RECURSO DE CASACIÓN: “LA RECURRENTE ABOGADA O. F.A., PROCEDIÓ A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY DE LA MANERA SIGUIENTE: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Infracción por violación de la Ley Penal por Aplicación Indebida del artículo 21.8 “D” del - Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO La norma sustantiva infringida es el artículo 218 “D” del Código Penal que establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. - Artículo que ha aplicado indebidamente el Tribunal de Sentencias al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo. PRIMERO: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso subjudice donde al abocarnos al contexto de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, Cortés, califica jurídicamente los hechos probados y fundamentación jurídica de la siguiente manera: PRIMERO: El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a eso de las ocho con treinta minutos de la noche, la señora F. P.C. conducía por la colonia Jardines del Valle de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortés, un vehículo tipo turismo, marca Honda, modelo civic, color negro, año 2012, serie 19XFB2550CE500231, sin placas propiedad del señor W. J. V. P., cuando fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes haciendo uso de armas de fuego la desapoderaron del vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido.- SEGUNDO: El veintinueve de marzo, a eso de las cuatro de la tarde, el señor E.A. DE LA O T., conducía el vehículo antes descrito por el boulevard del sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular, cuando fue observado por el señor W.J. V. P., propietario del vehículo, por lo cual le dio seguimiento y a la vez puso en conocimiento los hechos vía telefónica a las autoridades policiales y momentos después, agentes de la Policía Nacional junto a éste, continuaron con la persecución y el acusado, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo y lo estacionó en el garaje de una casa de habitación en la colonia Los Ángeles, Sector Chamelecón, donde fue incautado y detenido el acusado. Al analizar el contenido de los hechos Probados se puede inferir que el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula condena a mi representado a la pena de nueve años de Reclusión, fijando el tipo penal o figura penal como Adquisición de vehículo Robado, calificación que reprochamos, no solo porque el legislador no califica esta figura penal como Adquisición sino porque la doctrina más relevante, la cual fue acogida por el legislador en el tipo penal al cual nos referimos (artículo 218-D) del Código penal, la denomina como RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA DOLOSA, o que es lo mismo RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA ROBADA, HURTADA O ABANDONADA, en este último caso la doctrina la denominaría como de PROCEDENCIA SOSPECHOSA; por lo que, es incorrecto calificar los hechos imputados como ADQUISICIÓN en los términos que se pronuncian los jueces de Sentencias, ya que la ADQUISICIÓN debe implicar un apoderamiento y no una simple tenencia; y es que la calificación de posesión que califica el Tribunal de Sentencias, tiene que ir aparejada a un ánimo doloso de ocupación del dominio de la cosa robada, hurtada o abandonada y no a una simple posesión, en pocas palabras, al establecerse en este delito la conducta “…. quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado........” Significa que la conducta desplegada por el hechor de adquirir el vehículo robado debe configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa robada, a esta interpretación se allega cuando se analiza el tipo penal que nos ocupa, en vista que si el legislador hace uso de la vocal “o”, este vocablo, no infiere una diferencia, separación o distanciamiento de dos conductas humanas, sino, por el contrario, significa equivalencia o copulación de dos conductas humanas, donde el legislador la emplea para explicar que la adquisición incumbe que la conducta humana desplegada tiene que ir dirigida a la ocupación o recepción de una cosa mediante un convenio con el ladrón del vehículo para despojar del dominio a su propietario, es decir, una transacción dolosa con el ánimo de receptar o de obtener el dominio de la cosa robada y no una adquisición de buena fe sin conocer que su procedencia era irregular, como el caso de marras. En estos términos se pronuncia el legislador, ya que al darse lectura al artículo 218-D del Código Penal, se observa sin mayor esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el Estado de Honduras, tiene que construirse desde la perspectiva subjetiva y objetiva del tipo penal “como el acto donde se transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado”, consecuentemente la adquisición a lo cual se refiere el legislador en el artículo 218-D del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse como aquella donde simplemente el imputado adquiere una cosa robada, sino que esa adquisición debe implicar un Animus de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción haya sido realizada de buena fe no constituye delito. SEGUNDO: Véase Honorables Magistrados de la Sala Penal, que a la sentencia recurrida se le denuncia de APLICACIÓN INDEBIDA ya que no se establece en los hechos probados de la sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna circunstancia, prueba o indicio (por lo menos se haga patente en grado de presunción a dolo directo o indirecto) que mi representado haya adquirido a sabiendas un vehículo robado, y que lo haya hecho con el ánimo de apoderarse del mismo o que es lo mismo los jueces de Sentencias, no indican en la sentencia recurrida elementos objetivos y subjetivos del tipo penal (sin predeterminar el fallo), que sirvan para configurar la existencia del tipo penal sancionado, por ejemplo; no se refieren nada a si hubo algún tipo de transacción, donde se fijara algún precio por el objeto robado, o si el imputado era una persona asídua a comprar cosas robadas, o si sabía plenamente que el vehículo era robado, ya que estos extremos hubieran servido para establecer por lo menos por la vía de presunción, la existencia del delito sancionado en el artículo 218-D del Código Penal; y es que cuando el legislador se refiere a algún tipo de transacción, implica que el imputado tiene que tener orientada su conducta delictiva para adquirir con ánimo de lucro alguna cosa robada, hurtada o abandonada, y que ese ánimo o capacidad de disfrutar de ese bien se dirija a despojar dolosamente a su legítimo propietario del dominio del mismo; por lo que, si analizamos los hechos probados de la sentencia recurrida, los jueces de sentencias indebidamente pretenden equiparar la adquisición de un efecto o instrumento del delito a un apoderamiento o recepción de vehículo robado o como ellos le llaman adquisición sancionado en el artículo 218-D del Código Penal; aplicación que consideramos indebida, en vista que se viola la ley de forma directa, al aplicar una norma diferente a los hechos probados planteados en la sentencia o como lo afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su Jurisprudencia: “Cuando se alega como vicio de la sentencia “Aplicación Indebida”, esta Sala Penal ha establecido “Que se origina cuando el juzgador, en el momento de aplicar la ley, aplica una proposición jurídica que no corresponde a la situación fáctica que se ha planteado…..” Sentencia de fecha 12-2-2008 recaída en el recurso de Casación Penal No. 190-2007. En el presente caso el delito precedente es el robo de vehículo. - Es prudente entonces detenerse a analizar si la acción atribuible al acusado es subsumible en los presupuestos establecidos para su realización dolosa o culposa; tomando como punto de partida que la definición doctrinaria de delito, reconocida por nuestro ordenamiento penal es “delito que es toda acción u omisión, típica antijurídica, culpable y punible”. Ésto indiscutiblemente se pone de manifiesto en el artículo 13 de nuestro Código Penal, al establecer que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión y que necesariamente debe ser doloso o culposo, determinando que el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito y culposo cuando es el resultado de una imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, reglamento órdenes, resoluciones o deberes atendiendo a las circunstancias y la situación personal del delincuente y será punible, el delito culposo solo en aquellos casos en que estén expresamente determinados por la ley.- En el caso subjudice habiéndose admitido la satisfacción plena de una acción (manejando vehículo robado), que se integra en los elementos objetivos del tipo como circunstancias, “sine cuan non”, para derivar en la culpabilidad del acusado por la acción realizada en el caso concreto. Este elemento subjetivo se identifica de manera general, a través de un elemento cognitivo y un elemento volitivo, a fin de configurar el dolo del sujeto activo en función de la acción por el realizada. Elemento cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición y el elemento volitivo en la voluntad de realizar la acción, a pesar de tener ese conocimiento de restricción. A estos hay que añadir un tercer elemento, la intencionalidad del autor para poder determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un resultado. - En el delito subjudice, solo es punible la comisión dolosa (que no se probó en Juicio Oral y Público), siendo necesario el conocimiento de que los efectos proceden de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico y el ánimo de lucro (quedó acreditado con la prueba de descargo que el imputado desconocía tal situación). Siendo así el actuar dolosamente trae aparejada la tipicidad por cuanto el agente ha querido el resultado, dicho en otras palabras, cuando el autor ha tenido la intención de lesionar determinados bienes jurídicos tetuledos por nuestra ley penal, conociendo y queriendo el resultado (situación ésta que tampoco se acreditó en Juicio Oral), por tanto, teniendo conciencia de los elementos objetivos de la conducta prohibida. TERCERO: De tal manera que la calificación del hecho probado debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo dictado no se circunscribe como verdad que el imputado haya cometido el delito de ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO ROBADO a título de autor, sino que fue un poseedor de buena fe en virtud que fue buscado por persona determinada para ejercer actos por razón de su oficio como pintor de vehículos, es decir para pintar el vehículo que conducía el día de los hechos en que fuera detenido por la policía, tal y como quedó acreditado con la prueba de descargo aportada por la defensa en Juicio Oral y Público, por ende no concurrir las circunstancias que se mencionan en el citado artículo y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se le acusa es decir al delito de Adquisición de Vehículo Robado. La Sala de lo penal ha declarado que el estado de inocencia es “....es un estado inherente a la persona humana......”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de las República (art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición Jurídica de la inocencia dispuesta en la norma Constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervado mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en Juicio Oral y Público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso.- En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestas en las leyes a favor de aquél. Por consiguiente cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al no haberse aplicado correctamente la norma sustantiva penal supra indicada, para tal efecto que se proceda a anular el fallo del A-quo por Adquisición de Vehículo Robado, es decir aplicación indebida del artículo 218-D del Código Penal en los hechos declarados probados primero y segundo en contra de E.A.DE LA O T.. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA De lo anterior se desprende que la conducta narrada en los hechos primero y segundo declarados probados por el Tribunal de sentencia no es constitutivo de Adquisición de Vehículo Robado como erróneamente se calificó, en vista de no haberse acreditado en Juicio Oral que el imputado conocía todos los detalles o pormenores del delito antecedente, por lo que tampoco la simple sospecha de ese conocimiento, para tal efecto pretendemos que se anule el fallo del A-quo y se declare con lugar el recurso de casación interpuesto por haberse infringido una ley sustantiva.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. -Recurso de Casación de infracción de ley, por aplicación indebida del artículo 218 “D” del Código Penal.Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 218 D del Código Penal.Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. ResumenCasación por infracción de ley penal por aplicación indebida del artículo 218 D del Código Penal que establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. El Tribunal de Sentencias declara probados los hechos siguientes: “Primero: El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a eso de las ocho con treinta minutos de la noche, la señora F.P. C. conducía por la colonia Jardines del Valle de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortés, un vehículo tipo turismo, marca Honda, modelo civic, color negro, año 2012, serie 19XFB2550CE500231, sin placas propiedad del señor W. J. V.P., cuando fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes haciendo uso de armas de fuego la desapoderaron del vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido.- Segundo: El veintinueve de marzo, a eso de las cuatro de la tarde, el señor E.A. De La O T., conducía el vehículo antes descrito por el boulevard del sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular, cuando fue observado por el señor W. J.V. P., propietario del vehículo, por lo cual le dio seguimiento y a la vez puso en conocimiento los hechos vía telefónica a las autoridades policiales y momentos después, agentes de la Policía Nacional junto a éste, continuaron con la persecución y el acusado, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo y lo estacionó en el garaje de una casa de habitación en la colonia Los Ángeles, Sector Chamelecón, donde fue incautado y detenido el acusado”, y condena al acusado E. A. De La O T. a la pena de nueve años de reclusión, por el tipo penal de Adquisición de vehículo Robado, siendo incorrecto calificar los hechos imputados como Adquisición ya que este término implica apoderamiento y no una simple tenencia, posesión que debe ir aparejada del ánimo doloso de ocupación del dominio de la cosa robada, hurtada o abandonada y no a una simple posesión. Es decir que la conducta desplegada por el acusado de adquirir el vehículo robado debe configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa robada y no una adquisición de buena fe, sin conocer la procedencia era irregular, como el caso. Estima que la adquisición que refiere el artículo 218-D del Código Penal, no debe interpretarse como aquella en que el imputado adquiera una cosa robada, sino que el ánimo de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario. Este elemento subjetivo se identifica de manera general, a través de un elemento cognitivo y un elemento volitivo, a fin de configurar el dolo del sujeto activo en función de la acción por el realizada. Elemento cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición y el elemento volitivo en la voluntad de realizar la acción, a pesar de tener ese conocimiento de restricción. A estos hay que añadir un tercer elemento, la intencionalidad del autor para poder determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un resultado. Concluye que los hechos declarados probados no son constitutivos de Adquisición de Vehículo Robado en vista de no haberse acreditado en juicio oral que el imputado conocía todos los detalles o pormenores del delito antecedente. -Concepto General del Recurso. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1) Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de Recurso por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). -Concepto Especifico.los hechos declarados probados no son constitutivos de Adquisición de Vehículo Robado a que se refiere el artículo 218-D del Código Penal, en vista de no haberse acreditado en juicio que el imputado E. A. De La O T. conocía todos los detalles o pormenores del delito antecedente. Por lo que no se da el elemento subjetivo del tipo penal de estudio, que se identifica a través de un elemento cognitivo que implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición. -DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. -Opinión de la Sala sobre el caso Específico. El censor del fallo impugnado argumenta que la sentencia que se impugna incurre en motivo de casación de infracción de ley por falta de Aplicación del artículo 218 D del Código Penal, que establece: “Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe”. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que en casación lo único que procede analizar si estos estos se encuadran o subsumen en las normas penales sustantivas de reproche, sin que puede intentarse la revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: El veintisiete de marzo de dos mil catorce, a eso de las ocho con treinta minutos de la noche, la señora F.P.C., conducía por la colonia Jardines del Valle de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, un vehículo tipo turismo, marca Honda, modelo civic, color negro, año 2012, serie 19XFB2550CE500231, sin placa, propiedad del señor W.J. V.P., cuando fue interceptado por dos personas desconocidas, quienes haciendo uso de armas de fuego la desapoderaron del vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido. Segundo: El veintinueve de marzo de dos mil catorce, a eso de las cuatro de la tarde, el señor E.A. De La O T., conducía el vehículo antes descrito por el bulevar de sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular, cuando fue observado por el señor W. J. V. P., propietario del vehículo, por lo cual le dio seguimiento y a la vez, puso en conocimiento los hechos vía telefónica a las autoridades policiales y momentos después, agentes de la Policía Nacional junto a éste, continuaron con la persecución, y el acusado, al percatarse de la presencia policial, aceleró la marcha del vehículo y lo estacionó en el garaje de una casa de habitación en la colonia Los Ángeles, sector Chamelecón, donde fue incautado y detenido el acusado”. Del factum de la sentencia que se impugna resulta terminantemente probado que “…el señor E.A. De La O T., conducía el vehículo antes descrito por el bulevar de sur de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el cual obtuvo en una fecha y lugar no determinado, conociendo de su procedencia irregular…”, por lo que en este caso concurre el elemento objetivo, de ser encontrado el acusado E. A. De La O T. en posesión material del vehículo con reporte de robo; y el elemento subjetivo del tipo penal, consistente en haber obtenido el acusado –de cualquier forma- el vehículo robado, a sabiendas de su procedencia irregular, hechos ilícitos atribuidos al acusado que se encuentran tipificados y sancionados en el artículo 218 D del Código Penal. Por lo que, en el presente caso, la sentencia recurrida no incurre en vicio de fondo que dé lugar a casación por infracción de Ley.VI. DECISIÓN. La Sala declara No ha lugar el motivo único de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, invocado por el recurrente.VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y artículo 360 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley sustantiva en su único motivo, interpuesto porLa abogada O. F. A., Defensora Pública del señor E.A. De La O T., a quien se condena como autor del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio del señor W. J. V. P.; SEGUNDO: DECLARAR FIRME Y EJECUTABLE la Sentencia impugnada de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés;Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-290-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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