Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-29-16 — Registro 9612

Resumen

En primera instancia se absolvió a imputados del delito de secuestro.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha hecho revisión al proceso lógico seguido por el juzgador para valorar intelectivamente la prueba, y concluye, contrario indica el recurrente, que la misma ha respetado el postulado lógico de derivación. Los medios de prueba sobre los cuales el Ministerio Público asienta su denuncia recursiva, son en los siguientes: 1) Declaración testifical de la víctima Luis Ángel Barnica Paz; 2) Declaración testifical del señor Fred Edmundo Barnica Dubón, padre de la víctima; 3) Declaración del agente investigación Wilmer Alexis Soto Matamoros; 4) Declaración del oficial de policía Edil Antonio Torres Vindel; 5) Análisis del informe o detalle de llamadas realizado por el Oficial José A. Cruz Nieto; 6) Constancia de la empresa Chumbagua de fecha 04 de mayo del 2013; 7) Constancia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de fecha 07 de mayo de 2013. Los anteriores medios de prueba resultaron insuficientes para que el Tribunal de Sentencia pudiera derivar la participación culpable de los acusados en los hechos que se le imputan. Aun a pesar de que el recurrente no hace un buen planteamiento de su recurso, es decir, no se da a la tarea de identificar de forma puntual en qué parte de la valoración intelectiva de la prueba el Tribunal de Sentencia alcanza una conclusión errónea e indebidamente derivada, y por consiguiente, tampoco explica y comprueba dicha infracción, esta Sala de lo Penal se ha dado la tarea de auditar el proceso lógico seguido por el juzgador para valorar la prueba evacuada en juicio, y como se ha dicho, contrario se expone en el desarrollo del recurso, este Tribunal de Casación no llega a la misma conclusión de vulneración. Si nos remitimos a la sentencia nos damos cuenta que el juzgador alcanza conclusiones revestidas de suficiencia y concordancia, asimismo, mantiene la identidad unitaria de sus conclusiones excluyendo contradicciones y contrariedades. Expone en su valoración que se acreditó la existencia del delito en perjuicio de la libertad del señor Luis Ángel Barnica Paz, más no así la participación de los acusados en el mismo. Se constata por esta superioridad, que el razonamiento del Tribunal de Sentencia de que ninguno de los testigos o la misma víctima pudo reconocer a las personas que participaron en la interceptación y custodia, así como tampoco la no identificación de la persona que sostuvo comunicación tanto con ésta como con su padre para efecto de negociar la cantidad pecuniaria para liberarlo, es derivada del acervo probatorio. El Tribunal Juzgador de instancia concluye que los partícipes de los hechos portaban armas de fuego y armas blancas, mismos que tenían pasa montañas con los cuales cubría su rostro, lo cual es derivado de propia información proporcionada en la declaración de la víctima, en igual condiciones fue la narración del señor Fred Edmundo Barnica al no poder afirmar haber visto los rostros de los captores, por lo cual el Tribunal no alcanza conclusiones más allá de lo informado por estos medios de prueba ni tampoco falsea su contenido, como para que pueda el recurrente alegar la infracción a la regla lógica de derivación. En el caso actual, nos encontramos ante un hecho que sucedió en el lapso de unas horas la interceptación, la privación de libertad de la víctima, la comunicación de un desconocido con la víctima y su padre, así como el posterior liberación de la víctima por parte de su padre a cambio de una suma determinada de dinero; razonablemente colige el Tribunal a quo de las declaraciones del agente investigación Wilmer Alexis Soto Matamoros y del oficial de policía Edil Antonio Torres Vindel no se informa nada en cuanto a la participación de los acusados en los hechos que se le imputa, igual resultado del dictamen de vaciado o extracción de la información contenida en los teléfonos celulares decomisados a los acusados, el perito concluyo no encontrar vinculación de llamadas realizadas a los ofendidos ni mensajes relacionados, en relación al Análisis del informe o detalle de llamadas realizado por el Oficial José A. Cruz Nieto entre las fechas del 30 de marzo al 10 de abril de 2013, evacuado sin ratificación, se detalla los pormenores en cuanto a las llamadas entrantes de los número 9940-7160, 9806-4003, 9625-1740 y 9560-5343, así como de la información de los IMEI 0118-41004992300 y 358677040234150, sin que lo descrito en dicho análisis tuviese respaldo alguno de donde se adquirió la información, al no haber remisión de informe por la Empresa de telefonía celular Tigo; resultado igual endeble que al acusado Jesús Santos López Henríquez se le vinculara únicamente por haber ofertado al inicio de la relación laboral con la empresa Chumbagua el número de celular 9560-5343, sin que existiera prueba alguna al momento de los hechos si éste continuaba o no en posesión de dicho número celular, consecuentemente, de todo el engranaje probatorio, no se desprende que los acusados hayan sustraído, retenido, desplazado, ocultado o privado de cualquier manera, la libertad del señor Luis Ángel Barnica Paz, para realizar alguno de los propósitos enumerados en el artículo 192 del Código Penal. Es decir, el Tribunal de Sentencia, después de valorar la prueba evacuada en juicio conforme a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, consideró insuficiencia probatoria para acreditar que los acusados haya realizado la parte objetiva del tipo penal de secuestro que se les imputa por parte del Ministerio Público. Alcanzó dicha conclusión con observancia a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual es el que se denuncia como infringido por el recurrente. Ante este escenario, procede declarar no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y confirmar el fallo proferido. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal FALLA:PRIMERO: Declara NO HA LUGARel Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogado Ilse Adela Fuentes, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, en sustitución por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Absolver de toda responsabilidad penal a los señores J. S. L. H. y S. V. R. R., por la supuesta participación en el delito de Secuestro en perjuicio de L. Á. B. P. Segundo: Condenando No procedió condenar con costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Tercero: No se declara el decomiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogado I. A. F., actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada I. A. F. N., Agente Fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrente, y la Abogada T. D. S., Defensora Pública en su condición de recurrida. II. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El día 09 de abril a eso de las 9:30 a 9:45 de la noche, el joven L. Á. B. P., se conducía a bordo de una Motocicleta, con dirección hacia su lugar de trabajo, conocido como Ingenio de Azúcar Chumbagua, ubicado en el lugar conocido como la Flecha, Santa Barbará, y cuando se aprestaba a ingresar al portón Principal de la referida Empresa, fue interceptado por siete (7) individuos, quienes tenían el rostro cubierto con pasamontañas, quienes portaban armas de fuego y machetes (arma blanca), éstos lo bajaron de la motocicleta y de inmediato lo sujetaron de las manos y vendaron sus ojos, llevándoselo con rumbo desconocido. SEGUNDO: El día 10 de abril de 2013, por medio de una llamada vía celular se comunicaron con el señor F. E. B. D., padre del ofendido, donde una persona con voz masculina le exigía dos millones de lempiras por la liberación de su hijo, manifestando que en caso de no acceder al pago de dicha cantidad, le quitarían la vida al joven L. Á. B., ese mismo día se llevaron a cabo varias llamadas en las que se hacían las negociaciones respecto a la cuantía del dinero, posteriormente exigían la cantidad de quinientos mil lempiras, luego trescientos y doscientos mil lempiras, hasta que finalmente negociaron la cantidad de treinta mil lempiras, por la liberación del joven L. Á. B.; cantidad que fue entregada por el señor F. E. B. en un lugar conocido como La Casona, ubicada en la misma zona de la cañera de la azucarera Chumbagua, por lo que ese mismo día 10 de abril de 2013, a eso de las 4:30 de la tarde, fue liberado el joven L. Á. B., por tres sujetos, quienes tenían el rosto cubierto, luego de recibir el dinero por el rescate. TERCERO: El día quince de mayo del 2013, fueron detenidos los señores J. S. L. H. Y S. V. R. R., como sospechosos de haber participado en el cautiverio del joven L. Á. B..” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente abogada I. A. F., procedió a formalizar su recurso de casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP. EXPLICACION DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica. Para el Juzgador la prueba aportada al debate solamente ha servido para acreditar la existencia del delito, no así la participación de los acusados J. S. L. H. Y S. V. R. R. como autores responsables del mismo. Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso en concreto y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia; así como la Experiencia Común. El A quo en la sentencia de mérito, específicamente en la sección de la valoración probatoria, expone sus consideraciones respecto a cada uno de los medios de prueba de cargo evacuados, por lo que haremos referencia a parte del contenido de la prueba que fue evacuada: Prueba Testifical de Cargo: 1) Declaración del Ofendido L. Á. B. P., quien manifestó que: “El día 09 de Abril, aproximadamente a las 9:30 a 9:45 de la noche, salió de su casa de habitación hacia su lugar de trabajo y cuando iba camino hacia el otro portón para ingresar a la planta, lo interceptaron siete sujetos, encapuchados con machetes y armas de fuego, por lo que él les ofreció la motocicleta ya que pensó que eso querían, pero ellos le dijeron que era a él a quien querían, en ese momento lo agarraron de las manos y lo vendaron y empezaron a caminar, no sabía en qué lugar estaba... ellos le pidieron a su papá (del dicente), dos millones de lempiras y amenazaron con matarlo de no entregarse el dinero; negociaron acordando una cantidad de treinta mil lempiras. Agregó que se comunicaron con su padre vía teléfono utilizando el chip de él (víctima)...” 2) Testigo F. E. B. D., padre de la víctima; quien esencialmente manifestó que “al darse cuenta de que su hijo había desaparecido fue en su búsqueda en compañía de un vecino y del Jefe de su hijo. A las 12 de la noche recibió una llamada del teléfono de L. Á. B. (su hijo)donde alguien le decía que tenían a su hijo y que debía entregar dos millones de Lempiras, luego de negociar acordaron la cantidad de 30,000 Lempiras, por lo que se hizo la entrega del dinero y como consecuencia liberaron a su vástago”; agregó que las llamadas las recibía del número de teléfono de su hijo. 3) Testigo W. A. S. M., Agente de Investigación, quien declaró: “... el día miércoles 10 de Abril de 2013 se nos notificó hacer la investigación de un secuestro, en La Flecha, Santa Bárbara, en la Azucarera Chumbagua; se pusieron de acuerdo con el padre de la víctima, se procedió a instalar el equipo de grabación, se llevaron a cabo de 8 a 10 llamadas, en la primera exigen 2 millones de Lempiras... usaron el chip de él (ofendido) para llamadas y habían usado su teléfono” Agregó que también se realizó vaciado telefónico y que los secuestradores se comunicaron desde el número de la víctima y otro que utilizaron primero confirmando el secuestro, usaron el chip de la víctima para llamar desde el teléfono que ellos andaban. 4) Policía E. A. T. V., Oficial de Policía y se refirió a las diligencias de investigación realizadas durante el secuestro; el testigo también manifestó que la orden de captura se obtuvo con el resultado del vaciado telefónico. 5) Análisis del Detalle de llamadas extendido por la empresa Tigo, realizado por el Perito J. A. C. N., mismo que entre los datos de mayor relevancia señala que el número 9806-4003 el cual es propiedad de L. Á. B. P. (Víctima), los días 09 y 10 de Abril de 2013 utilizó los siguientes Imei: a) 359598042006510, el cual es el original y correspondiente al número de la víctima; b) 358677040234150 fue el Imei utilizado por dicho número desde las 00:29 horas hasta las 14:43 horas; c) 011841004992300 de las 14:50 horas hasta las 16:10 horas y, d) 359598042006510 (el cual es el original y correspondiente al número de la víctima) lo utilizó nuevamente a las 17:30 horas. La Pericia consigna que en este período de tiempo se llevó a cabo la negociación entre los secuestradores y el padre de la víctima. Así mismo estableció que en relación al Imei 358677040234150, (señalado en el inciso b anterior) su número original y permanente corresponde al 9560-53-43 y que su propietario es el señor S. V. R. R. con número de identidad 1312-1989-00004. 6) Constancia de la Empresa Chumbagua, por medio de la cual se acreditó que el acusado J.S. L. suministró a esa empresa como número de teléfono el 9560-5343. 7) Constancia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal que acredita que en el sistema Nacmis no existe denuncia de Robo, pérdida o extravío del aparato celular cuyo Imei es 358677040234150 y número de teléfono es xxxx, propiedad del acusado S. V. R.. Al valorar la prueba anteriormente relacionada, el Tribunal concluyó que no existe prueba de cargo tanto testifical, documental y pericial que vincule a los señores S. V. R. R. y J. S. L., ya sea directa o indirectamente en los hechos por los cuales fueron sometidos a juicio; y las razones que el sentenciador estimó fueron, entre otras, las siguientes: • Consideró que los testimonios de L. Á. B. P. y F. E. B. únicamente resultaron de utilidad para acreditar las circunstancias y la manera de cómo sucedieron los hechos sometidos a juicio. • La declaración de W. A. M. la consideró acreditativa solamente del procedimiento y forma para llevar a cabo la intervención telefónica. • Al referirse al testimonio de E. A. T. V. estimó que sus dichos fueron importantes en cuanto al conocimiento del lugar, fecha y año del los hechos; pero que el resto de su declaración no es relevante, pues se limitó a ejecutar una orden de captura en contra de S. V. R. sin especificar cuál fue el motivo del por qué se ejecutó la misma. • Al referirse al Análisis del Informe o detalle de llamadas extendido por la empresa de Telefonía Móvil Tigo, estimó que el mismo no es objetivamente confiable pues a su criterio no reúne los requisitos para que pueda considerarse como pericia pues, a su parecer, se desconoce de dónde se obtuvo el Imei 358677040234150, el cual está relacionado con el número xxxx, cuyo propietario es el señor S. V. R., a criterio del sentenciador no se encontró respaldo alguno para llegar a la certeza de que en efecto dicho aparato pertenece al señor S. V. Considera, por tanto, que lo plasmado en este análisis son meras suposiciones de parte del Perito sin ningún respaldo. • Respecto a la Constancia extendida por la empresa Chumbagua no la consideró de utilidad para el esclarecimiento de los hechos • Consideró además, el Tribunal, que no existe medio de prueba alguno que vincule al acusado J. S. L. como partícipe en los hechos por los cuales fue traído a juicio. El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; por lo que a continuación procedemos a evidenciar el quebranto al recto entendimiento humano en la valoración de la probanza de cargo, por parte del Juzgador, pues en apego a la sana crítica en ese ejercicio intelectivo, indudablemente no puede dar otro resultado más que la responsabilidad de los procesados como autores del delito por el cual se les acusó. Si bien es cierto en sus declaraciones la víctima L. Á. B. P. y su padre F. E. B. D. no pueden afirmar el haber visto los rostros de los captores, pues éstos andaban cubiertos, sin embargo, con estos testimonios se acreditó que las llamadas que realizaron los autores del hecho criminal se hicieron desde el número de teléfono del ofendido L. B.; este extremo fue confirmado por el Agente W. A. M. quien participó en la intervención telefónica y por el Agente E. A. T. V. quien manifestó que el resultado del análisis de las llamadas sirvió de base para obtener la respectiva orden de captura contra los acusados. Si estos testimonios se enlazan con el resto de la prueba documental y pericial llegamos a la conclusión de la responsabilidad de los acusados, pues se demostró que el chip de la víctima fue introducido en el aparato telefónico perteneciente al acusado S.V. R. R. cuyo número de Imei es el 358677040234150, que corresponde al número xxx y que se encuentra registrado en la Empresa Tigo como propiedad del acusado S. V. R. R. con número de identidad 1312198900004, por lo que sin lugar a dudas pertenece al acusado R. Proveniente del aparato en referencia se demuestra, a través del vaciado telefónico, que se produjeron diversas llamadas desde las 00:29 (12:29 de la noche) hasta las 14:43 (2:43 de la tarde); extremo de suma importancia puesto que el 10 de Abril es la fecha en la cual los enjuiciados se comunicaron con el padre de la víctima (Señor F. B.) y entran en una serie de negociaciones sobre el monto del rescate, siendo el mismo la cantidad inicial de dos millones de Lempiras, hasta llegar a treinta mil Lempiras, de lo que se desprende, aplicando las Máximas de la Experiencia, que todas esas llamadas producidas en el transcurso del 10 de Abril se debieron a esa exigencia del monto del rescate; dinámica criminal en la que también participa el acusado J. S. L., pues se desprende siempre del informe emitido por la empresa Tigo y que constituye el basamento de la pericia de J. A. C. N., que aquel colocó como referencia personal en los documentos que obran en los archivos de la empresa Chumbagua en la cual laboraba junto con el otro co-imputado, el número de este último, demostrándose así una clara vinculación entre uno y el otro, pues además de ser compañeros de trabajo entre sí, lo eran con la víctima, lo que, siempre aplicando las Máximas de la Experiencia, nos conduce a explicar que ambos conocían la rutina diaria del ofendido y por ende el momento más óptimo para privarlo de su libertad e igualmente que el padre de éste podía ser sujeto de exigencias de dinero a cambio de la libertad de su hijo. Es trascendente enfatizar que la censura del A-quo de la Constancia emitida por la empresa Tigo, sí provino de una pericia, con datos proporcionados por una Empresa legalmente constituida de telefonía celular y por ello no encuentra el Ministerio Público razón para dudar de su confiabilidad. Los testimonios de L. Á. B. P., F. E. B., W. A. M. y E. A. T. V. resultaron ser coherentes, coincidentes y aportaron elementos valiosos respecto a la dinámica de los hechos, sin embargo si los aunamos al Análisis del Informe o detalle de llamadas extendido por la empresa de Telefonía Móvil Tigo, la Constancia extendida por la empresa Chumbagua y la Constancia extendida por la DNIC, mediante la cual se demostró que el teléfono propiedad del acusado desde el cual se hicieron las llamadas no tenía reporte de robo o extravío; podemos concluir con certeza en la responsabilidad criminal de los indiciados J. S. L. y S. V. R. como autores de dichos hechos por las razones antes señaladas, pero al no efectuar el sentenciador una valoración conjunta, sino que por el contrario, consideró los medios probatorios de forma aislada, le llevó a una conclusión que no está acorde a lo reflejado por la prueba misma. En consecuencia y en este orden de resultados de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, además de que esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciados; por ende con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo las reglas de logicidad, específicamente el postulado de la Derivación integrado por el Principio de Razón suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está En consecuencia la Fiscalía, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas del Recto Entendimiento Humano que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por Ministerio Público. Único Motivo. *Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: No haber reclamo previo, pues el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; *Pretensión: sin determinar por el recurrente. El Ministerio Público hace una cita de los medios de prueba evacuados en juicio y extrae lo más relevante de su contenido; cita la valoración intelectiva que hiciera el Tribunal de Sentencia de dicha prueba, para luego concluir la infracción a la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente. Adicionalmente, hace su calificación de los medios de prueba catalogándolos que con ellos se obtiene la responsabilidad de los acusados. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii.. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esta basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho revisión al proceso lógico seguido por el juzgador para valorar intelectivamente la prueba, y concluye, contrario indica el recurrente, que la misma ha respetado el postulado lógico de derivación. Los medios de prueba sobre los cuales el Ministerio Público asienta su denuncia recursiva, son en los siguientes: 1) Declaración testifical de la víctima L. Á. B. P.; 2) Declaración testifical del señor F. E. B. D., padre de la víctima; 3) Declaración del agente investigación W. A. S. M.; 4) Declaración del oficial de policía E. A. T. V.; 5) Análisis del informe o detalle de llamadas realizado por el Oficial J. A. C. N.; 6) Constancia de la empresa Chumbagua de fecha 04 de mayo del 2013; 7) Constancia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de fecha 07 de mayo de 2013. Los anteriores medios de prueba resultaron insuficientes para que el Tribunal de Sentencia pudiera derivar la participación culpable de los acusados en los hechos que se le imputan. Aun a pesar de que el recurrente no hace un buen planteamiento de su recurso, es decir, no se da a la tarea de identificar de forma puntual en qué parte de la valoración intelectiva de la prueba el Tribunal de Sentencia alcanza una conclusión errónea e indebidamente derivada, y por consiguiente, tampoco explica y comprueba dicha infracción, esta Sala de lo Penal se ha dado la tarea de auditar el proceso lógico seguido por el juzgador para valorar la prueba evacuada en juicio, y como se ha dicho, contrario se expone en el desarrollo del recurso, este Tribunal de Casación no llega a la misma conclusión de vulneración. Si nos remitimos a la sentencia nos damos cuenta que el juzgador alcanza conclusiones revestidas de suficiencia y concordancia, asimismo, mantiene la identidad unitaria de sus conclusiones excluyendo contradicciones y contrariedades. Expone en su valoración que se acreditó la existencia del delito en perjuicio de la libertad del señor L. Á. B. P., más no así la participación de los acusados en el mismo. Se constata por esta superioridad, que el razonamiento del Tribunal de Sentencia de que ninguno de los testigos o la misma víctima pudo reconocer a las personas que participaron en la interceptación y custodia, así como tampoco la no identificación de la persona que sostuvo comunicación tanto con ésta como con su padre para efecto de negociar la cantidad pecuniaria para liberarlo, es derivada del acervo probatorio. El Tribunal Juzgador de instancia concluye que los partícipes de los hechos portaban armas de fuego y armas blancas, mismos que tenían pasa montañas con los cuales cubría su rostro, lo cual es derivado de propia información proporcionada en la declaración de la víctima, en igual condiciones fue la narración del señor F. E. B. al no poder afirmar haber visto los rostros de los captores, por lo cual el Tribunal no alcanza conclusiones más allá de lo informado por estos medios de prueba ni tampoco falsea su contenido, como para que pueda el recurrente alegar la infracción a la regla lógica de derivación. En el caso actual, nos encontramos ante un hecho que sucedió en el lapso de unas horas la interceptación, la privación de libertad de la víctima, la comunicación de un desconocido con la víctima y su padre, así como el posterior liberación de la víctima por parte de su padre a cambio de una suma determinada de dinero; razonablemente colige el Tribunal a quo de las declaraciones del agente investigación W. A. S. M. y del oficial de policía E. A. T. V. no se informa nada en cuanto a la participación de los acusados en los hechos que se le imputa, igual resultado del dictamen de vaciado o extracción de la información contenida en los teléfonos celulares decomisados a los acusados, el perito concluyo no encontrar vinculación de llamadas realizadas a los ofendidos ni mensajes relacionados, en relación al Análisis del informe o detalle de llamadas realizado por el Oficial J. A. C. N. entre las fechas del 30 de marzo al 10 de abril de 2013, evacuado sin ratificación, se detalla los pormenores en cuanto a las llamadas entrantes de los número 9940-7160, 9806-4003, 9625-1740 y 9560-5343, así como de la información de los IMEI 0118-41004992300 y 358677040234150, sin que lo descrito en dicho análisis tuviese respaldo alguno de donde se adquirió la información, al no haber remisión de informe por la Empresa de telefonía celular Tigo; resultado igual endeble que al acusado J. S. L. H. se le vinculara únicamente por haber ofertado al inicio de la relación laboral con la empresa Chumbagua el número de celular 9560-5343, sin que existiera prueba alguna al momento de los hechos si éste continuaba o no en posesión de dicho número celular, consecuentemente, de todo el engranaje probatorio, no se desprende que los acusados hayan sustraído, retenido, desplazado, ocultado o privado de cualquier manera, la libertad del señor L. Á. B. P., para realizar alguno de los propósitos enumerados en el artículo 192 del Código Penal. Es decir, el Tribunal de Sentencia, después de valorar la prueba evacuada en juicio conforme a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, consideró insuficiencia probatoria para acreditar que los acusados haya realizado la parte objetiva del tipo penal de secuestro que se les imputa por parte del Ministerio Público. Alcanzó dicha conclusión con observancia a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual es el que se denuncia como infringido por el recurrente. Ante este escenario, procede declarar no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y confirmar el fallo proferido. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362.3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogado I. A. F., actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor de los señores J. S. L. H. y S. V. R. R. por el delito de Secuestro en perjuicio de L. Á. B. P.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-29-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

1 de 16