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Sentencia CP-288-15 — Registro 9776

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de primera instancia que condena al imputado como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito o Consumo de Drogas

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 288-2015 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil trece, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor E. V. alias “La L.”, como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito o Consumo de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis (06) años de reclusión más una multa de cincuenta mil (L 50,000.00) Lempiras. Segundo: Condenó al señor E. V., alias “La L.” a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado E. V., alias “La L.”. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Procedió decretar el comiso de dos (02) envoltorios plásticos transparentes y veinticinco (25) envoltorios de papel periódicos que hacen un peso total neto de cuatrocientos noventa puntos once gramos (490.11) de hierba seca o marihuana, así como también la cantidad de trescientos veinticinco lempiras (L 325.00) mas ($3.00) dólares. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada D. L. H. R., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Es Parte En La Única Instancia: La Abogada Y. M. M. L. en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente. I. Hechos PROBADOS “PRIMERO: En fecha 11 de octubre del año 2010 entre las dos o cuatro de la tarde los agentes de la Policía Nacional Preventiva, D. O. E., L. M. M. Y J. V. C. asignados a la Jefatura Policial del municipio de San Marcos de Colón, del departamento de Choluteca, realizaban un patrullaje de rutina, en el barrio “La Esperanza” de dicho municipio, cuando fueron informados vía teléfono, que el señor E. V. alias “La L.” transitaba por el barrio de referencia, a bordo de una bicicleta, llevando consigo drogas. SEGUNDO: De inmediato los agentes policiales se percataron de la presencia del señor V., por dicho sector, procediendo a requerir a E., quien se encontraba a bordo de una bicicleta, observando los miembros de la policía que el sospechoso, portaba una bolsa plástica color azul y blanco. TERCERO: De inmediato uno de los agentes policiales, manifestó a E. V., que iban a practicarle, un registro personal, procediéndose a identificar en el interior de la bolsa plástica, dos (02) envoltorios plásticos transparentes y veinticinco (25) envoltorios de papel periódico que contenía hierba seca y supuesta marihuana; de igual forma se decomisó a E. V. trescientos veinticinco lempiras(L.325.00) de diferentes denominaciones y tres($3.00) billetes de un dólar encontrados en una de las bolsas del pantalón que vestía E. V., quien fue remitido junto con la evidencia a las autoridades correspondientes. CUARTO: Con la evaluación toxicologica practicada a la hierba seca, por el Laboratorio Químico Toxicológico de la Dirección de Medicina Forense Del Ministerio Público, en fecha nueve (09) de noviembre del año 2010, se determinó que los dos (02) envoltorios plásticos transparentes y veinticinco (25) envoltorios de papel periódico hacen un peso total neto de cuatrocientos noventa punto once gramos (490.11grs.) de hierba seca, la cual se concluyó era marihuana, determinándose a su vez, que dicha cantidad no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato.” II. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley “EXPOSICION DE MOTIVOS I. POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: PRIMERO: “En fecha 11 de Octubre del año 2010, entre las dos a cuatro de la tarde, los agentes de la Policía Nacional Preventiva D. O. E., L. M. M. y J. V. C., asignados a la Jefatura policial de Municipio de San Marcos de Colón, del departamento de Choluteca, realizaban un patrullaje de rutina, en el barrio “La Esperanza” de dicho municipio, cuando fueron informados vía teléfono que el señor E. V. alías “La L.” transitaba por el barrio en referencia, a bordo de una bicicleta, llevando drogas. SEGUNDO: De inmediato los agentes policiales se percataron de la presencia del señor V., por dicho sector procediendo a requerir a E., quien se encontraba a bordo de una bicicleta, observando los miembros de la policía que el sospechoso portaba una bolsa plástica color azul y blanco. TERCERO: De inmediato uno de los agentes policiales, manifestó a E. V. que iban a practicarle un registro personal, procediéndose a identificar en el interior de la bolsa plástica, dos (2) envoltorios transparentes y veinticinco (25) envoltorios de papel periódico que contenían hierba seca o supuesta marihuana; de igual forma se decomisó a E. V. trescientos veinticinco lempiras (Lps.325.00) de diferentes denominaciones y tres ($3.00) billetes de un dólar, encontrados en una de las bolsas del pantalón que vestía E. V., quien fue remitido junto con la evidencia a las autoridades correspondientes. CUARTO: Con la evaluación toxicológica practicada a la hierba seca, por el Laboratorio Químico Toxicológico de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, en fecha 09 de noviembre del año 2010, se determinó que los dos (2) envoltorios plásticos transparentes y veinticinco (25) envoltorios de papel periódico hacen un peso total neto de cuatrocientos noventa punto once gramos (490.11 grs.) de hierba seca, la cual se concluyó era marihuana, determinándose a su vez que dicha cantidad no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato”. El precepto penal citado como infringido por Aplicación Indebida textualmente dice: “Artículo 22: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias, estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas, más una multa de cincuenta mil a cien mil lempiras”. La norma penal invocada como infringida por aplicación indebida establece como verbos rectores la facilitación del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas, que en el caso de mérito si bien es cierto se le encuentra hierba seca marihuana al acusado al momento de practicársele el registro personal, no menos cierto es, que al tenor de lo establecido en los hechos declarados como probados, se puede apreciar que de acuerdo a la información que obtuvo la Policía Nacional, al imputado E. V. no sólo se le encontró la droga (marihuana), la cual se encontraba dispuesta en veinticinco (25) envoltorios de papel periódico, sino que también le fue encontrado dinero en efectivo, cuya cantidad excede la considerada para consumo personal inmediato. Partiendo de lo anterior y conforme se desprende del fáctum la acción del imputado consistió no sólo en portar la cantidad de droga, sino que en virtud de los demás elementos descritos en el fáctum a los cuales hemos hecho alusión, se determina que su intención era el tráfico de drogas. Por lo que se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado puesto que, tal como se expondrá con el motivo siguiente, según la verdad descrita en el áàctum el enjuiciado si bien se le encontró en posesión de droga no considerada para consumo personal, su acción también corresponde a la tipificación legal de Tráfico Ilícito de Drogas. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado E. V., se dedicaba a realizar la venta del producto que le fue incautado consistente en droga, y no solo a transportar dicho producto, es decir, estamos ante figuras delictivas totalmente independientes, que regulan situaciones diferentes y tienen por ende un ámbito de aplicación diferente. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado al imputado por el delito de Facilitación de Medios para el Transporte de Drogas, en el presente caso la conducta reprochada, ha producido como consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada”. “SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 18 en relación con el 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 18: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras” Y el artículo 5 numeral 34: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas.” Para que el delito en cuestión se estructure basta que el sujeto activo realice cualquiera de los verbos rectores que señala la norma especial, que en el caso de mérito se traduce en la cantidad de droga que le fue decomisada al señor E. V., la cual se encontraba dispuesta en veinticinco (25) envoltorios, cuyo peso neto total era de cuatrocientos noventa punto once gramos, no compatible con la dosis personal considerada para consumo, así como la cantidad de dinero que también se le decomisó consistente en trescientos veinticinco lempiras (Lps. 325.00) de diferentes denominaciones y tres ($3.00) billetes de un dólar, indicadores éstos que nos permiten considerar que su intención era el tráfico de drogas. La acción descrita en el fáctum evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado, quienes consideran que en el caso sub judice este tipo penal quedó desplazado de su función punitiva por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Como consecuencia la conducta del Tráfico Ilícito de Drogas, exige para su configuración, que se produzca una situación concreta y efectiva de acuerdo a los verbos rectores indicados en el tipo especial, por tanto, debe de resolverse desde esa óptica jurídica. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado, E. V., es responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 18 en relación con el 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “PRIMER MOTIVO: “Inobservancia a las reglas de la Sana Crítica.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece del vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en virtud que el Juzgador al momento de dictar sentencia en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil trece (2013), respecto al imputado E. V. Alias “La L.”, por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS; lo hizo vulnerando la Regla Lógica de Derivación, en el postulado de Razón suficiente en su característica de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: Tal como se desprende del apartado de fundamentación jurídica de la sentencia, para el Sentenciador la prueba de cargo resultó insuficiente para lograr la certeza de que el acusado E. V., haya participado en los hechos considerados como delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, ya que según el A quo en ningún momento se acreditó que el acusado realizaba transacciones, intercambios o distribución de drogas o bien que las cantidades de dinero incautadas sean consecuencia de transacciones por drogas; por otra parte, establece que no se constató que en el momento en que el acusado transportaba la droga fuese con el fin de venderla y que por ende no se logró acreditar por el Ministerio con la prueba aportada el conjunto de acciones que conllevan los actos de comercialización, intercambio o distribución de drogas por el imputado, más que la propia facilitación de transporte de la droga a través de su persona. De lo anterior cabe citar entonces, que la única razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado E. V., es porque a su criterio no se logró acreditar que éste ejerciera actos de comercialización de la droga que le fue decomisada. Ante esta premisa, no podemos obviar que el Juzgador posea cierto grado de incipiente valoración fáctica, si éste únicamente se enfoca en “que no se acreditó que se ejercieran actos de comercio de drogas”; sin embargo, al Juzgador nuestra Norma Especial Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica, lo cual en el caso de mérito no sucede. Se presentó como prueba de cargo, la siguiente: PRUEBA TESTIFICAL: 1-) Declaración del agente policial J. V. C. R.; quien manifestó que el día once de octubre del año dos mil dos mil diez, realizaban un patrullaje de rutina en el barrio La Esperanza del municipio de San Marcos de Colón, cuando observaron al señor E. V. y dos personas más que se miraban como sospechosas las cuales se dieron a la fuga, quedando solo el señor V. a quien le hicieron un registro en el cual se le encontró una bolsa blanca y azul conteniendo dos paquetes envueltos en tape transparente y veinticinco envoltorios como carrucos de supuestamente marihuana y a preguntas del Ministerio Público el testigo dijo que fueron informados de que E. vendía marihuana, indicando además a preguntas del Tribunal de sentencia que recibieron información quince días antes de la captura del acusado de que éste era el mayor vendedor de la droga y que al acusado además se le decomisó dinero. (Lo resaltado es nuestro). 2-) Declaración del agente policial L. M. M.; quien manifestó que también participó en el operativo descrito por el testigo anterior y recibió llamadas donde le manifestaron que en el lugar que le decían el “Kiosco” vendían drogas y que quien las proveía era un muchacho que le decían “La L.”, a raíz de las denuncias hicieron patrullajes de rutina y seguimientos hasta la aprehensión del acusado en el cual le encontraron una bolsa azul y blanco con dos paquetes conteniendo envoltorios pequeños ;a preguntas del Ministerio Público dijo que la investigación duró quince días para darle detención y la gente decía que era el mayor vendedor de drogas que además se le decomisó dinero en efectivo.(Lo resaltado es nuestro). PRUEBA PERICIAL. Dictamen químico toxicológico, realizado por la Perito L. P. M., en el que se determina que se recibió como evidencia una bolsa plástica azul y blanco con dos envoltorios plásticos transparentes y veinticinco envoltorios de papel periódico que hacen un peso neto total de cuatrocientos noventa punto once gramos (490.11 grm) de hierba seca, en el que se concluye que la hierba decomisada es marihuana y que desde el punto de vista toxicológico no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato; a preguntas que le hiciera el Tribunal a la Perito respondió que los envoltorios venían en carrucos, de esos carrucos ellos elaboran el cigarrillo que se van a fumar.(Lo resaltado es nuestro). PRUEBA DOCUMENTAL: 1- ) Acta de Registro Personal realizado por D. E., en el que se acredita que se le encontró al señor E. V. una cartera color negra con trescientos veinticinco lempiras (Lps. 325.00) en diferentes denominaciones y tres dólares ($ 3.00) y dos bultos envueltos con plástico transparente con veinticinco carrucos de hierba supuestamente marihuana; el agente E. dijo que el dinero decomisado fue remitido a la DNIC. 2- ) Acta de decomiso de la evidencia descrita en el literal anterior al señor E. V. y ratificada en juicio por el agente V. C. Como se logra determinar, las declaraciones de los policías J. V. C. R. y L. M. M., son coincidentes y congruentes al manifestar que el día once de octubre del año dos mil diez, realizaban un patrullaje de rutina en el barrio La Esperanza del municipio de San Marcos de Colón cuando observaron al señor E. V. a quien apodan con el alias de “La L.” quien se encontraba en compañía de dos personas, pero éstas al ver a la policía escaparon quedando solamente el acusado (tal como lo aseveró el testigo C. R.), a quien se le realizó un registro personal en el cual le encontraron dos paquetes envueltos con plástico transparente, el cual contenía veinticinco carrucos de hierba seca que al ser analizados por el Laboratorio de Toxicología Forense se determinó que es marihuana, con un peso neto total de cuatrocientos noventa punto once gramos (490.11 grm) y por ende la misma no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato; y al ser requerido el acusado por los agentes policiales también se le encontró la cantidad de trescientos veinticinco lempiras (Lps. 325.00) en diferentes denominaciones y tres dólares ($3.00); ambos testigos indicaron que habían recibido denuncias de que el acusado se dedicaba a ejercer actos de comercio de drogas, por lo que se hizo un seguimiento quince días antes de su aprehensión y organizaron patrullajes para dar con su ubicación. Es importante señalar, que el Juzgador absuelve al acusado por considerar que no se acreditó que el mismo comercializaba el producto que le fue decomisado. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia ha señalado en Sentencia No. SP-46-1O de fecha 5 de Abril del año 2011, lo siguiente: “En el presente caso al darse por probado que el acusado tenía en su casa de habitación un (1) kilo de cocaína que no es sustancia básica, dicha cantidad equivale a que la posesión excede de la cantidad considerada para consumo personal inmediato, debiendo considerarse como Tráfico Ilícito de Drogas, al subsumirse la conducta en la posesión dolosa de drogas, en este caso cocaína, siendo un acto dirigido y, que por la cantidad encontrada estaría siendo destinada a realizarse transacciones a cualquier título de dicha sustancia, reuniéndose tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas, que es la norma sustantiva que debe aplicarse al caso concreto.” Es preciso indicar, que en el proceso penal en análisis y de acuerdo a lo depuesto por los agentes policiales, al acusado se le encontró en posesión de dos paquetes que contenían veinticinco envoltorios de marihuana de acuerdo a examen toxicológico y según la Perito evaluadora esos carrucos de marihuana los utilizan para hacer cigarros, por lo que podemos apreciar esa evidencia como mercancía, dispuesta para la venta, asimismo y tal como lo señalaron los agentes se le realizó al acusado un seguimiento debido a que obtuvieron información de que éste se dedicaba a la venta de marihuana; asimismo otra circunstancia a apreciar es el hecho de que en el momento de su aprehensión se le encontró dinero en efectivo no solo en moneda nacional sino extranjera consistente en tres dólares; siendo así las cosas no queda duda que la acción del imputado era dirigida con la intención de traficar la droga. Por todo lo anterior, concluimos que el A quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en el postulado de Razón suficiente en su característica de Suficiencia que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar a los enjuiciados; pues de la prueba evacuada se desprende que el acusado E. V., poseía dolosamente la evidencia que le fue decomisada, en virtud de que el peso de la misma excede la cantidad considerada para consumo personal inmediato, la cual estaba dispuesta para su venta, siendo evidente que del andamiaje probatorio se acreditó sin lugar a dudas, que él ha tenido participación en el delito de Tráfico de Drogas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 18 en relación con el 5 numeral 34. En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, debiéndose casar la sentencia impugnada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia”. III. FUNDAMENTACIÓN DEL Recurso de Casación por Infracción de LEY Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En virtud de que los dos motivos de casación interpuestos por la recurrente, guardan estrecha relación entre sí, pues denuncian la infracción de leyes sustantivas conforme la fundamentación fáctica del fallo, para respetar la logicidad y claridad de la Sentencia Penal, se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. Primer MOTIVO Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido de Tráfico ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas. Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del precepto penal que contiene el delito de Transporte de Drogas. Pretensión: Que se case la Sentencia y en su lugar se profiera una apegada a derecho. Segundo Motivo Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 18 en relación al 5 numeral 34 de la Ley sobre Uso Indebido de Tráfico ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas Concepto de la Infracción: Falta de Aplicación de precepto penal que contiene el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Pretensión: Que se condene por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. Explicó la recurrente que, conforme a los hechos probados, la acción del imputado consistió no sólo en portar la cantidad de droga, sino que, en virtud de los demás elementos descritos en el factum, se determina que su intención era el tráfico de drogas. La conducta de Tráfico Ilícito de Drogas, exige para su configuración, que se produzca una situación concreta y efectiva de acuerdo a los verbos rectores indicados en el tipo especial, por tanto, debe resolverse desde esa óptica jurídica; por lo que, el acusado debe ser condenado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas. De la diferencia entre el delito de Transporte de Drogas y el Tráfico Ilícito de Drogas[1]. El artículo 22 de la Ley Sobre Tráfico Ilícito de Drogas establece en lo conducente lo siguiente: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare…los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.” Por su parte, el artículo 18 de la misma ley penal especial prevé que: “el que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras”; señalando en el artículo 5 No. 34) que para los efectos de la presente ley, salvo indicación expresa en contrario, se entiende por Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas. Una lectura detenida de los preceptos legales antes indicados pone en evidencia que la controversia esencial planteada en el presente recurso se entabla entre la posición del juzgador de instancia que ha condenado al imputado por la comisión del delito de facilitación del medio de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), y la del Censor, cuando sostiene que del relato fáctico se desprende que el encartado debe ser sancionado con la pena prevista para el tráfico de drogas (art. 18), entre cuyas modalidades se comprende la acción de transporte de drogas, al tenor de la definición que proporciona el artículo 5 No. 34 de la ley penal especial en referencia. Huelga decir que amén de un tratamiento punitivo sumamente severo, la técnica utilizada por el legislador hondureño en la tipificación de los delitos relativos al tráfico de drogas es poco afortunada, ya que al definir el tráfico de drogas (art. 5 No. 34) , hace referencia a verbos típicos, como son los de producir, fabricar, tener en depósito, transportar, que a su vez son empleados en los mismos términos o similares en la construcción de otros tipos penales contenidos en la misma ley y que son merecedores de menor pena , así tenemos: el cultivo de plantas estupefacientes, que tiene asignado una pena de nueve a doce años de reclusión, (art. 16); la fabricación de drogas, castigada con una pena de nueve a doce años de reclusión (art. 17); la facilitación intencional del local o los medios de transporte para el tráfico o consumo ilícito de drogas sancionado con una pena de seis a nueve años de reclusión (art. 22), lo que en apariencia provoca un solapamiento de las conductas punibles, es decir, los mismos hechos típicos descritos en varios preceptos a los que no obstante se les estaría asignando penas distintas. En el artículo 5 No. 34 es evidente que la cantidad de verbos descriptivos que contiene, obedece al interés del legislador por cubrir de la mejor forma posible, todo el elenco de actividades que estima pueden configurar el complejo de conductas relacionadas al tráfico de drogas que usualmente son realizadas por distintas personas que intervienen a lo largo del proceso, lo que en modo alguno excluye que no puedan ser progresiva o simultáneamente realizadas por una misma persona. Esta es una actividad compleja, porque la comercialización, venta o suministro, requieren de un producto terminado, es decir, de un proceso de obtención de la materia prima de la droga, de su purificación, industrialización y finalmente su distribución, para llegar al objetivo final que es poder traficar con ella. Planteado lo anterior es pertinente que tratemos de dilucidar si al referirnos al transporte de drogas (art. 5 No. 34) y a la facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas (art. 22), estamos hablando de la misma conducta y por ende sancionada con igual pena, o por el contrario se trata de hechos punibles diferentes y merecedores de distintas sanciones. Como lo explica A. S., “el transporte es realizado en algunos casos por la persona que ha comprado para sí la droga, pero mayoritariamente, por personas, contratadas para esa concreta función tan arriesgada y tan vulnerable a la intervención policial, si bien a la vista de la jurisprudencia existente en este punto, el transportista no suele dar el nombre de quien le contrató[2].” Más adelante, la citada autora señala que “…el transporte como forma de hacer circular la droga, es una de las conductas que sin lugar a dudas ha sido considerada por la jurisprudencia que pone en peligro el bien jurídico salud pública, pues supone un acto material de difusión de la droga.[3]” Remitiéndose a un precedente jurisprudencial de su país, la penalista antes mencionada expresa que el transporte ha sido definido en los siguientes términos: “…transporte vale tanto como la acción de trasladar la droga tóxica o estupefaciente de un punto a otro, con ulterior finalidad de transmisión a otro u otros, y puede hacerse mediante el uso de cualquier vehículo o medio de locomoción (ferrocarril, automóvil, embarcación o bicicleta), a lomos de caballerías, o vehículos de tracción animal, o…mediante mujeres porteadoras, las que disimulando debajo de sus ropas, pueden llevar cantidades de hachís o de otras sustancias estupefacientes.[4]”. Así las cosas, debemos ahora determinar que se entiende por facilitar. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin”. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar[5]”. De la Procedencia del Recurso. Los Motivos son de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada la fundamentación fáctica de la sentencia (Hechos Probados) y ha detectado un quebranto a las normas penales que ha utilizado el sentenciador para encuadrar las acciones cometidas por el acusado E. V., mismas que merecen reproche casacional. De la jurisprudencia que ha dictado esta Sala de lo Penal, la cual fue explicada de forma detallada en los apartados anteriores, este Tribunal de Casación es del criterio que la conducta del imputado E. V., no se subsume en el tipo penal previsto por el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas, pues del relato fáctico no se desprende que haya realizado la acción de facilitar a otro individuo, el medio de transporte, es decir, proporcionar el vehículo en el que se transportaba una cantidad de marihuana que tiene un peso de 490.11 gramos, según arroja el dictamen toxicológico, sino que asumió la tarea de alto riesgo como era la de transportar por sí mismo la droga antes relacionada. Y es que si partimos, como lo entiende esta Sala, de que el artículo 22 de la Ley contra el Tráfico Ilícito de Drogas comprende la acción que se limita a la facilitación o el suministro, ya sea a título oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte utilizado por otro para el acarreo de la sustancia prohibida, que el legislador hondureño ha considerado merecedora de menor pena; el transporte de la droga incautada, realizado por el acusado E. V., es decir, por sí mismo, indudablemente constituye un hecho punible y de alto riesgo, que se comprende dentro del término genérico y por tanto utilizado en el ámbito penal, del tráfico ilícito de drogas[6], que se configura al tenor de lo previsto en los artículos 18, 19 y 5 No. 34) de la ley penal especial tantas veces referida, todo ello teniendo en cuenta que no existe disposición legal en contrario que configure al transporte de drogas relacionado al tráfico, como un tipo autónomo y merecedor de menor pena, sino como una modalidad de lo que global y genéricamente se conoce como tráfico ilícito de drogas. Aunado a eso, al imputado E. V. se le encontró además dinero en efectivo, mismo que sin lugar a dudas es producto de la venta a la que se dedicaba, pues las personas que realizan el tráfico de drogas tiene como beneficio un incentivo económico, razón por la cual asumen el riesgo de venderla aun y a sabiendas de que su comercio es ilícito. Por lo anteriormente expuesto se declaran con lugar los motivos de casación por infracción de ley formulados por la representación del Ministerio Público. Para la individualización de la pena es necesario tomar en consideración lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, así como las valoraciones hechas por el sentenciador, quien concluyó que el acusado E. V. no cuenta con antecedentes penales ni policiales, no existen circunstancias agravantes y la representación de Ministerio Público solicitó la imposición de la pena menor; por lo que, lo procedente es imponerle la pena mínima que prevé el artículo 18 de la Ley contra el tráfico ilícito de drogas. Esta Sala de lo Penal no procede a resolver el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que han prosperado los motivos de casación por infracción de ley, con los efectos jurídicos correspondientes. Decisión Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público en sus dos motivos. Por TANTO, La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 32, 69 del Código Penal; 5, 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la abogada D. L. H. R. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Revoca parcialmente la sentencia de fecha diecinueve (19) de agosto del dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, del Departamento de Choluteca. Tercero: Casa parcialmente la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Condena al señor E. V. alias “La L.”, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de quince (15) años de Reclusión y una multa de un millón (L 1,000.000.00) de Lempiras, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Choluteca o en la penitenciaría que el Juez de Ejecución determine. 2) Imponer las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarando la responsabilidad civil del condenado por este delito. 3) Se mantiene incólume la sentencia en sus demás pronunciamientos y resoluciones. Y manda: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de junio de dos mil diecinueve. Certificación de la resolución dictada el dos de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso SP 288-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de Casación Penal SP 43-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de noviembre del 2012

[2] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, en Salud Pública y Drogas Tóxicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, págs. 58-59.

[3] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op cit, pág. 60.

[4] Vid. ACALE SANCHEZ, MARIA, op. Cit, pág. 60

[5] Vid, Voz: “facilitar”, en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Tomo I, 21ª Edición, Madrid, 1992, pág. 943.

[6] Vid. Sentencia del 19 de septiembre de 2012 recaída en el Expediente No. 279-2010