Sentencia CP-285-15 — Registro 9774
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia que en primera instancia absolvía al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por el recurrente, procedió a analizar los juicios de valor que utilizó el Juzgador para razonar las pruebas evacuadas en el debate y encuentra que, en relación a la prueba pericial, específicamente el dictamen psicológico, el Sentenciador ha incurrido en quebranto a la regla de la lógica en su postulado de razón suficiente. El Juzgador en el numeral quinto del acápite “Valoración de la Prueba” de la Sentencia recurrida, razonó el dictamen de evaluación psicológica de la menor ofendida, practicado por la perito K. M. M. M.; la perito estableció en sus conclusiones problemas relacionados con presunto abuso sexual, señalando la perito que la menor N. J. L. había expresado que fue víctima de actos de lujuria; expresión que para el Juzgador no es acorde a la edad de la niña, que tan solo contaba con 8 años de edad y no posee una edad para tener un lenguaje tan técnico, por lo que le resta credibilidad. El Tribunal Sentenciador olvida que el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (Dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal[2]. Al determinar el Juez A-quo que le resta credibilidad al dictamen, pues la menor le expresó al perito que fue víctima de actos lujuriosos, está valorando los dichos que ésta le dio a la psicóloga, dándole a sus expresiones consignadas en el dictamen, el valor como si fueran declaraciones judiciales, cuando las mismas no tienen esa categoría por las razones ya explicadas, pero incurriendo en sus razonamientos en violación a la regla lógica en su postulado de razón suficiente, pues sus raciocinios no cuentan con motivaciones suficientes para desestimar el dictamen pericial. Continúa diciendo el Juzgador acerca del dictamen psicológico, que no le parece concluyente porque la perito utilizó el término “puede” al establecer que el rechazo de la menor a la figura paterna pudiera estar relacionada con los acontecimientos, igual considera el juzgador acerca de las características de personalidad aludidas, tales como inseguridad, defensividad y sentimiento de culpa, de los cuales tampoco se demuestra que tenga relación con el hecho, debido a lo cual ante la incerteza del perito, el Juez Sentenciador le desestima valor probatorio. Ciertamente, este Tribunal de Casación no comparte la pobre y escueta motivación del Juzgador al dictamen pericial, pues en un sistema democrático, las decisiones judiciales deben fundamentarse en la lógica que debe presidir toda operación jurídica del juez, como operación racional que debe lograr una resolución judicial, cuya motivación permita distinguir claramente la arbitrariedad de la racionalidad, para asegurar eficacia y seguridad jurídica a través de la labor jurisdiccional que realiza el juez. Pues no es “suficiente” con decir que esa prueba pericial “no es concluyente” o que utilizar el término “puede” le reste entero valor probatorio, por ser eminentemente interpretativa. Debe recordarse que la prueba pericial es una prueba más dentro del proceso y como tal debe valorarse y otorgársele el valor que le corresponda, coherentemente según las reglas de la sana crítica. “La prueba pericial valorada tanto individualmente como en conjunto probatorio general. Y si de tal ponderación surgen motivos para descalificarla, se podrá prescindir de ella, e incluso arribar a conclusiones diferentes, siempre que no se pretenda sustituir al perito”. Para esta Sala de lo Penal, el perito no puede concluir que en efecto existió abuso sexual, porque esa tarea compete precisamente al juzgador, por eso utiliza el término “posibilidad” pero todos los elementos que observó en la menor la llevan a concluir que sus síntomas de personalidad, se deben al hecho traumático que pasó, no es del criterio esta Sala, que dicho dictamen pericial posea incertezas del perito, sino que determinó en su pericia los hallazgos encontrados, por tanto para este Supremo Tribunal, si era una prueba que merecía darle el valor probatorio que tiene y debió ser valorada de forma conjunta y armónica con las declaraciones de la menor ofendida y la de su madre, pues el resultado en el proceso penal hubiese sido diferente. Por tales razones considera esta Sala de Casación, que el Juzgador no aplicó de forma correcta las reglas de la Sana Crítica en relación a la prueba psicológica y además de las declaraciones testificales de la prueba de cargo, por lo que, lo procedente es declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate, decretando la celebración de un nuevo juicio por un Tribunal distinto al que conoció el proceso.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por el recurrente, procedió a analizar los juicios de valor que utilizó el Juzgador para razonar las pruebas evacuadas en el debate y encuentra que, en relación a la prueba pericial, específicamente el dictamen psicológico, el Sentenciador ha incurrido en quebranto a la regla de la lógica en su postulado de razón suficiente. El Juzgador en el numeral quinto del acápite “Valoración de la Prueba” de la Sentencia recurrida, razonó el dictamen de evaluación psicológica de la menor ofendida, practicado por la perito K. M. M. M.; la perito estableció en sus conclusiones problemas relacionados con presunto abuso sexual, señalando la perito que la menor N. J. L. había expresado que fue víctima de actos de lujuria; expresión que para el Juzgador no es acorde a la edad de la niña, que tan solo contaba con 8 años de edad y no posee una edad para tener un lenguaje tan técnico, por lo que le resta credibilidad. El Tribunal Sentenciador olvida que el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (Dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal[2]. Al determinar el Juez A-quo que le resta credibilidad al dictamen, pues la menor le expresó al perito que fue víctima de actos lujuriosos, está valorando los dichos que ésta le dio a la psicóloga, dándole a sus expresiones consignadas en el dictamen, el valor como si fueran declaraciones judiciales, cuando las mismas no tienen esa categoría por las razones ya explicadas, pero incurriendo en sus razonamientos en violación a la regla lógica en su postulado de razón suficiente, pues sus raciocinios no cuentan con motivaciones suficientes para desestimar el dictamen pericial. Continúa diciendo el Juzgador acerca del dictamen psicológico, que no le parece concluyente porque la perito utilizó el término “puede” al establecer que el rechazo de la menor a la figura paterna pudiera estar relacionada con los acontecimientos, igual considera el juzgador acerca de las características de personalidad aludidas, tales como inseguridad, defensividad y sentimiento de culpa, de los cuales tampoco se demuestra que tenga relación con el hecho, debido a lo cual ante la incerteza del perito, el Juez Sentenciador le desestima valor probatorio. Ciertamente, este Tribunal de Casación no comparte la pobre y escueta motivación del Juzgador al dictamen pericial, pues en un sistema democrático, las decisiones judiciales deben fundamentarse en la lógica que debe presidir toda operación jurídica del juez, como operación racional que debe lograr una resolución judicial, cuya motivación permita distinguir claramente la arbitrariedad de la racionalidad, para asegurar eficacia y seguridad jurídica a través de la labor jurisdiccional que realiza el juez. Pues no es “suficiente” con decir que esa prueba pericial “no es concluyente” o que utilizar el término “puede” le reste entero valor probatorio, por ser eminentemente interpretativa. Debe recordarse que la prueba pericial es una prueba más dentro del proceso y como tal debe valorarse y otorgársele el valor que le corresponda, coherentemente según las reglas de la sana crítica. “La prueba pericial valorada tanto individualmente como en conjunto probatorio general. Y si de tal ponderación surgen motivos para descalificarla, se podrá prescindir de ella, e incluso arribar a conclusiones diferentes, siempre que no se pretenda sustituir al perito”. Para esta Sala de lo Penal, el perito no puede concluir que en efecto existió abuso sexual, porque esa tarea compete precisamente al juzgador, por eso utiliza el término “posibilidad” pero todos los elementos que observó en la menor la llevan a concluir que sus síntomas de personalidad, se deben al hecho traumático que pasó, no es del criterio esta Sala, que dicho dictamen pericial posea incertezas del perito, sino que determinó en su pericia los hallazgos encontrados, por tanto para este Supremo Tribunal, si era una prueba que merecía darle el valor probatorio que tiene y debió ser valorada de forma conjunta y armónica con las declaraciones de la menor ofendida y la de su madre, pues el resultado en el proceso penal hubiese sido diferente. Por tales razones considera esta Sala de Casación, que el Juzgador no aplicó de forma correcta las reglas de la Sana Crítica en relación a la prueba psicológica y además de las declaraciones testificales de la prueba de cargo, por lo que, lo procedente es declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate, decretando la celebración de un nuevo juicio por un Tribunal distinto al que conoció el proceso,,,"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días de mayo de dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación número S.P.285-2015, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual absolvió al señor A. W. A. G., del delito de Actos de Lujuria Agravado, en perjuicio de N. J. O. L. No procedió condenar en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada I. J. R., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada I. A. F., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada A. R. P., en su calidad de Defensora Pública del imputado, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “Primero: N. J. O. L., quien residía junto a su madre N. B. L. G., en la Colonia Carmen Elena de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida, nació el día diecisiete de noviembre del 2004, siendo hija demás del Señor J. E. C. Segundo: Para el día cuatro de febrero del año dos mil quince N. J. O. L., reflejaba características de la personalidad tales como la inseguridad, defensividad, rechazo hacia la figura paterna y sentimiento de culpa entre otros.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO UNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte en consecuencia, en la violación del Artículo 202 de la Ley Penal Adjetiva, que establece que el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la Sana Crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, requerimientos a los que, consideramos, no se ha dado cumplimiento en la sentencia ahora impugnada. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó durante la Audiencia de Juicio, entre otras, la prueba de cargo que se señala a continuación: Declaración de la ofendida N. J. O. introducida al juicio mediante lectura, y en la cual se puede constatar que la niña manifestó: “Que su padre la trataba mal, la manoseaba, pretendía amarrarla y le puso un cuchillo en la cabeza ante su resistencia a que él la tocara, señaló que “le mamaba las chiches y pretendía bajarle el blúmer”; agregó que no le había contado los hechos a su madre porque él la amenazaba con matar a ambas. 2. Declaración de la señora N. B. L. G. (madre de la ofendida); la cual también fue introducida mediante lectura, refiriendo la testigo que “encontró al acusado A. W. quien le tenía levantado el corpiño a N. J., mientras le besaba los pechos” su hija le comentó que eso estaba sucediendo desde hacía dos meses y que la tenía amenazada. La testigo también señaló, que los vecinos le decían que cuando el acusado iba al río con la niña lo veían tocarla, pero que ella no les creía. 3. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA realizada a la ofendida N. J. O., que fue ratificada en juicio por la Licenciada K. M. M. M., quien en relación a los resultados de la evaluación de la ofendida manifestó: la niña presentaba ansiedad, lo que no es normal a los 9 años de edad, a menos que tenga un conflicto en el ambiente que le se la provoque; de igual manera afirmó, que la niña N. O. presentó: Inseguridad, baja autoestima, ansiedad, rechazo a la figura paterna y sentimientos de culpa, todos estos indicadores encontrados en las víctimas de abuso. 4. ESTUDIO SOCIAL, consistente en entrevistas a la ofendida y la madre de ésta, además de visitas domiciliarias y entrevistas sociales forenses a familiares y vecinos. En la situación social encontrada el estudio señala que la niña J. O. durante la entrevista rompió en llanto antes de narrar a la Trabajadora Social los abusos de los que había sido víctima por parte de su padrastro, asimismo la ofendida narró los tocamientos en sus partes íntimas de los que fue víctima por parte de su padrastro; en la entrevista a la madre de la ofendida, ésta manifestó haber visto al acusado abusando de la niña, pues lo encontró besándole sus senos; la entrevista a la maestra de la niña reflejó que era una alumna muy apartada y muy poco comunicativa, y que no acostumbraba a contar nada sobre su hogar o su familia. Los vecinos de la ofendida comentaron que veían al acusado jugar mucho con la niña, andarla “a tuto” y que le advirtieron a la madre que tuviera cuidado porque lo veían haciendo esto cuando iban al río y en la casa, pero que la madre no les creía. 5. CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO, mediante la cual se acredita que al momento de ocurrencia de los hechos la niña tenía 9 años de edad. Al valorar la prueba antes descrita, el Tribunal se pronunció en los siguientes términos: • Respecto a las declaraciones de la ofendida N. J. O. y su madre, la testigo N. B. L. consideró que al no haber comparecido al Tribunal sin justificación alguna, sus manifestaciones vertidas en etapas previas del proceso pierden credibilidad.- “La ausencia de esta, no ha posibilitado el examen de los testigos por las partes bajo las reglas de la inmediación que permiten al Tribunal durante el examen de los testigos valorar las actitudes de los mismos, su coherencia y espontaneidad.... La ausencia injustificada es ya de por sí, un elemento negativo, que afecta la credibilidad que se le pueda dar a sus originales manifestaciones ante el juez de la etapa inicial. Aunado a ello, dicha ausencia dicha ausencia no posibilita la persistencia en la incriminación, sino más bien por el contrario, el desistimiento de la misma”. Consideró, además, que sus dichos no han tenido ninguna corroboración a través de ningún medio probatorio aportado por la acusación en juicio. (Ver numeral Segundo de la sección de Valoración Probatoria, último párrafo de la página 3 de la Sentencia). En relación a la Evaluación Psicológica consideró, que el uso del término “pueden” en el Dictamen, determina que el perito no tiene certeza de que el rechazo a la figura paterna y demás características de personalidad que presentó la niña evaluada estén relacionados con los acontecimientos; también cuestiona el hecho de que el Perito no haya llevado a juicio cada una de las pruebas practicadas para explicarle a la audiencia sus resultados. (Numeral Quinto del apartado de Valoración Probatoria, primer párrafo de la página 5 de la Sentencia). Al valorar el Dictamen Pericial Social, o estudio social, el sentenciador estimó, que el mismo no merece credibilidad alguna por la falta de objetividad e imparcialidad del Perito al concluir que “la niña fue víctima de abuso sexual”, afirmando hechos que no le constan y que son el objeto mismo del proceso penal. (Numeral Sexto de la Valoración Probatoria, tercer párrafo de la página 5 de la Sentencia). válido en el juicio, la ley adjetiva penal no permitiría su incorporación, conforme a lo preceptuado en el artículo 311; no representando esta circunstancia, la no persistencia en la incriminación, en virtud de que lo cierto es, que el hecho narrado por ellas, en etapas anteriores al juicio, en efecto sucedió y sus afirmaciones fueron constatadas por la prueba científica y documental allegada al proceso; de modo, que no se trata de una mera declaración aislada, sino que la pericia psicológica reflejó indicadores de abuso. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de justicia, en Sentencia No.110-2008 ha establecido entre otras cosas “Tratándose de prueba incorporada por lectura, al carecer de inmediación, debe ser valorada cuidadosamente, de manera íntegra con el resto de prueba producida en debate para vincularlo con la misma”. Aspecto que no fue considerado por el juzgador en el caso subjudice, quien evidencia con su decisión de absolver al enjuiciado, que realizó una valoración aislada de la prueba incorporada al debate. Asimismo, si bien en el dictamen Psicológico la perito utilizó en su comentario Psicológico legal el término “pueden”; tal circunstancia no le resta objetividad, ni certeza a los resultados del mismo, pues la experta de viva voz, al ser interrogada en el debate contundentemente afirmó, que la niña J. O. si presenta todos los indicadores de que ha sido víctima de un abuso; indicadores que al Psicólogo le orientan para determinar en cualquier evaluación, la existencia o no de abusos contra niños y en el caso de la ofendida N. J. O., los mismos fueron encontrados en su conducta. Por otra parte, de las evaluaciones que le fueron practicadas a la ofendida y que llevaron a la Perito a determinar la existencia de un abuso, no se requería hacer una exposición detallada a la Audiencia, pues para ello se allegó al proceso el Dictamen Psicológico que hace una conclusión conjunta de todas ellas, y aunque hubiese llevado el Psicólogo cada una de las evaluaciones y hubiese expuesto al respecto, el Juzgador no tenía la capacidad de determinar si las mismas se practicaron acorde a los estándares de la Psicología, en virtud que al pretender hacerlo, estaría ubicándose en un plano que no le corresponde, es decir como un especialista en dicha materia. Cuestiona también el Tribunal, la validez de la pericia social forense, aseverando que carece de objetividad e imparcialidad, pues a su criterio traspasó sus límites como perito, señalando en sus conclusiones valoraciones sobre la culpabilidad del acusado, que sólo corresponden al Tribunal de Sentencia, como es, que la menor fue víctima de abuso sexual. Resulta totalmente desacertada y alejada del contenido del informe social, la afirmación efectuada por el juzgador respecto a esta probanza, en vista que el perito no señala que el acusado sea culpable, sino que partiendo de la información de la ofendida y su madre, indica que la investigada supuestamente fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro; sin embargo el ente jurisdiccional no considera el resto de elementos que se pueden sustraer del mismo; como es, lo manifestado por los vecinos, en cuanto a la cercanía del acusado con la ofendida y su hermanita, a quienes cargaba constantemente “a tuto” y jugaba con ellas, en la casa y en el río, agregando que cuando le expresaban estas situaciones a su madre, ella les contestaba que su pareja les tenía bastante confianza y las quería mucho. Establecido lo anterior cabe referir, que el elenco probatorio permite concluir que la menor N. J. O. L., sí fue objeto de la acción ilícita de Actos de Lujuria Agravados, tomando en consideración que su edad es inferior a los catorce años, tal como se acreditó con la certificación de acta de nacimiento. Atendiendo los resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador diezmó la magnitud fáctica propia del contenido de la prueba de cargo, ya que el testimonio de la ofendida, de la testigo presencial N. B. L., así como la prueba pericial y documental fue congruente, precisa y clara, y constituyó fuente imparcial de conocimiento de los hechos; además, esta prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia y veracidad. Por haberse producido el vicio in procedendo que se ha denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. ÚNICO MOTIVO: *Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Pretensor. *Pretensión: Por haberse producido el vicio en el acto de sentenciar, no se ha podido realizar reclamación alguna para su subsanación. Explicó el recurrente que el Juzgador violentó las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia y veracidad, pues al razonar la prueba evacuada en el debate, no le concedió valor probatorio a la declaración de la menor ofendida N. J. O., ni a la de su madre N. B. L., pues sus testimonios fueron evacuados mediante lectura autorizada, al considerar que no existe otra prueba para acreditar sus versiones, desmeritando el dictamen psicológico que arroja como resultado que la menor fue objeto de abuso sexual. Del Dictamen Pericial[1]: En el proceso penal la actividad probatoria constituye la fase más trascendental, ya que la función jurisdiccional se asemeja en tal área o ámbito a la historiográfica, pues el Juez lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre hechos del pasado y averiguar su real existencia estando por ello obligado a realizar no una labor de construir una ficción, sino una obra de elección y construcción sobre datos preexistentes. La prueba pericial ha sido definida como aquélla que se realiza para aportar al proceso las máximas de la experiencia que el juez no posee o puede no poseer y por facilitar la percepción y la apreciación de hechos concretos objeto del debate. También ha sido definida como el medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento que emite una persona que no sea sujeto necesario del proceso acerca de los hechos, circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso y dirigida al fin de la prueba, para la que es necesario poseer determinados conocimientos científicos, artísticos y prácticos. El acto pericial comprende el reconocimiento o percepción del objeto a peritar, la realización de las operaciones necesarias de carácter técnico o de análisis, y la deliberación y redacción de conclusiones. El reconocimiento o percepción del objeto a peritar consiste en la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, el estado o del modo en que se halle. Las operaciones técnicas o el análisis a realizar por el o los peritos son todas aquellas actividades especializadas, propias de la profesión, ciencia, arte o práctica del perito o los peritos actuantes, que permiten unas apreciaciones o valoraciones específicas, que ayudan al juzgador en su labor enjuiciadora. La deliberación y la redacción de conclusiones es la consecuencia final de todo lo anterior, y supone una exposición racional e inteligible de los resultados derivados de los análisis y operaciones realizadas por los peritos conforme a los principios y reglas de su ciencia o arte. Finalmente, el informe pericial no es otra cosa que la formalización por escrito de todo lo anterior. La división del informe pericial en las tres etapas referenciadas (Reconocimiento, análisis y conclusiones) evidencia que el mismo se estructura silogísticamente (En un silogismo fundamental que, a su vez, se descompone en otros múltiples silogismos), constituyendo la premisa mayor el conjunto de conocimientos técnicos del perito, estando conformada la premisa menor por el conjunto de hechos o sucesos sobre los que se efectúa el peritaje y siendo la conclusión lógica el dictamen técnico final. Los dictámenes periciales son opiniones o pareceres de los técnicos en la materia, como reflejo de actos puramente personales. Mas como tales opiniones, han de estar sometidos, al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de la libre valoración de la prueba que demanda, prioritariamente, una conjunta valoración sin conceder “a priori” valor superior a un medio sobre otro. Si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial, con resultado diferente, claro es que entonces se reconoce al órgano judicial la facultad de llevar a cabo esa conjunta valoración de la prueba, que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios, también cuando los Jueces razonablemente discrepen de todo o de parte del contenido pericial. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL MOTIVO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por el recurrente, procedió a analizar los juicios de valor que utilizó el Juzgador para razonar las pruebas evacuadas en el debate y encuentra que, en relación a la prueba pericial, específicamente el dictamen psicológico, el Sentenciador ha incurrido en quebranto a la regla de la lógica en su postulado de razón suficiente. El Juzgador en el numeral quinto del acápite “Valoración de la Prueba” de la Sentencia recurrida, razonó el dictamen de evaluación psicológica de la menor ofendida, practicado por la perito K. M. M. M.; la perito estableció en sus conclusiones problemas relacionados con presunto abuso sexual, señalando la perito que la menor N. J. L. había expresado que fue víctima de actos de lujuria; expresión que para el Juzgador no es acorde a la edad de la niña, que tan solo contaba con 8 años de edad y no posee una edad para tener un lenguaje tan técnico, por lo que le resta credibilidad. El Tribunal Sentenciador olvida que el Medio Pericial tiene como objeto aportar información especializada al Tribunal en torno a una ciencia, arte u oficio y que para ello se designan personas que tengan la experiencia relacionada con el tema a estudiar, quienes con ese afán recaban los datos necesarios para luego hacer uso de sus conocimientos particulares y dar una opinión apoyada tanto en los principios científicos que rigen el tema, como en su misma experiencia profesional. En los estudios clínicos, como las pruebas de evaluación médica, psiquiátrica o psicológica, la Historia Médico Legal es precisamente parte de ese proceso de abordaje al caso, donde el perito consigna la información de que dispone previo a realizar el estudio y así poder formular una opinión más próxima al caso concreto, esta información muchas veces es proporcionada por el imputado, testigos o víctima del proceso penal, quienes enterados del propósito de la diligencia colaboran contestando las preguntas del perito. Más estas manifestaciones no pueden ser consideradas como declaraciones procesales, mucho menos equipararlas a las que formalmente se reciben ante órgano jurisdiccional. El Artículo 88 de la Constitución de la República determina que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente, ello porque el órgano jurisdiccional que recibe ésta declaración se encarga de la observancia de los principios que gobiernan la actividad procesal, tales como la igualdad, contradicción, concentración, publicidad, defensa e inmediación; y que no son, ni tienen que ser observados en un estudio clínico, habida cuenta que no es ese su objeto, sino que, como ya se ha señalado, es el estudio científico o empírico (Dependiendo si son peritos letrados o iletrados en el campo de estudio) de un hecho relacionado con la causa criminal[2]. Al determinar el Juez A-quo que le resta credibilidad al dictamen, pues la menor le expresó al perito que fue víctima de actos lujuriosos, está valorando los dichos que ésta le dio a la psicóloga, dándole a sus expresiones consignadas en el dictamen, el valor como si fueran declaraciones judiciales, cuando las mismas no tienen esa categoría por las razones ya explicadas, pero incurriendo en sus razonamientos en violación a la regla lógica en su postulado de razón suficiente, pues sus raciocinios no cuentan con motivaciones suficientes para desestimar el dictamen pericial. Continúa diciendo el Juzgador acerca del dictamen psicológico, que no le parece concluyente porque la perito utilizó el término “puede” al establecer que el rechazo de la menor a la figura paterna pudiera estar relacionada con los acontecimientos, igual considera el juzgador acerca de las características de personalidad aludidas, tales como inseguridad, defensividad y sentimiento de culpa, de los cuales tampoco se demuestra que tenga relación con el hecho, debido a lo cual ante la incerteza del perito, el Juez Sentenciador le desestima valor probatorio. Ciertamente, este Tribunal de Casación no comparte la pobre y escueta motivación del Juzgador al dictamen pericial, pues en un sistema democrático, las decisiones judiciales deben fundamentarse en la lógica que debe presidir toda operación jurídica del juez, como operación racional que debe lograr una resolución judicial, cuya motivación permita distinguir claramente la arbitrariedad de la racionalidad, para asegurar eficacia y seguridad jurídica a través de la labor jurisdiccional que realiza el juez. Pues no es “suficiente” con decir que esa prueba pericial “no es concluyente” o que utilizar el término “puede” le reste entero valor probatorio, por ser eminentemente interpretativa. Debe recordarse que la prueba pericial es una prueba más dentro del proceso y como tal debe valorarse y otorgársele el valor que le corresponda, coherentemente según las reglas de la sana crítica. “La prueba pericial valorada tanto individualmente como en conjunto probatorio general. Y si de tal ponderación surgen motivos para descalificarla, se podrá prescindir de ella, e incluso arribar a conclusiones diferentes, siempre que no se pretenda sustituir al perito”. Para esta Sala de lo Penal, el perito no puede concluir que en efecto existió abuso sexual, porque esa tarea compete precisamente al juzgador, por eso utiliza el término “posibilidad” pero todos los elementos que observó en la menor la llevan a concluir que sus síntomas de personalidad, se deben al hecho traumático que pasó, no es del criterio esta Sala, que dicho dictamen pericial posea incertezas del perito, sino que determinó en su pericia los hallazgos encontrados, por tanto para este Supremo Tribunal, si era una prueba que merecía darle el valor probatorio que tiene y debió ser valorada de forma conjunta y armónica con las declaraciones de la menor ofendida y la de su madre, pues el resultado en el proceso penal hubiese sido diferente. Por tales razones considera esta Sala de Casación, que el Juzgador no aplicó de forma correcta las reglas de la Sana Crítica en relación a la prueba psicológica y además de las declaraciones testificales de la prueba de cargo, por lo que, lo procedente es declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar la nulidad de la sentencia y del debate, decretando la celebración de un nuevo juicio por un Tribunal distinto al que conoció el proceso. V. DECISIÓN. Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la abogada I. J. R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor A. W. A. G., a quien se le absolvió por el delito de Actos de Lujuria Agravado en perjuicio de la menor N. J. O. L. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA. TERCERO: DECLARA LA NULIDAD DEL DEBATE Y DE LA SENTENCIA de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-285-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Vid Sentencia de Casación Penal N° SP 131-2009, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 11 de abril del 2012.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal N° 98-2011, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 07 de mayo de 2013