Sentencia CP-283-16 — Registro 9668
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Prohibidas, se declara ha lugar el recurso interpuesto por la defensa del imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE.- La Sala de lo Penal ha confrontado los hechos probados y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el factum reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo, empero en su lugar el Tribunal de Sentencia ha hecho aplicación del artículo 332-A, el cual prevé una sanción mayor; como consecuencia se ha transgredido el artículo 2-D del Código Penal, ello porque con la aplicación de una norma distinta el a-quo ha castigado un hecho de manera desproporcional. Según la narración fáctica hecha por los Juzgadores, el día viernes 01 de Noviembre de 2013, en la Aldea Los Laureles del Municipio de La Lima, esto en el Departamento de Cortes, alrededor de las 02.30 p.m., el acusado M. D. C. B., se desplazaba caminando portando en uno de sus hombros un arma de fuego de fabricación casera, tipo fusil, cañón largo, de madera y tubo de metal color gris, en buen estado; Los hechos si bien indican que el arma se encontraba en buen estado, es decir que tenía la capacidad de percutir cartuchos o municiones, no señala que tipo de munición era ésta, tampoco refiere al sistema de disparo (individual o a repetición), ni tampoco respecto a la cobertura de disparo; ante la ausencia de tales datos es improcedente afirmar que lo que llevaba consigo el acusado se tratase de un arma con una ofensividad equiparable a las que las normas convencionales determinan como armas de guerra, lo que hace que la aplicación de la norma penal contenida en el artículo 332-A del Código Penal y su consecuente sanción de privación de la liberad sea desproporcionada al grado de culpabilidad del acusado, siendo la forma de corregir tal vicio el hacer que el hecho que logró acreditarse a grado de certeza en la audiencia de debate sea gobernado por la norma que se adecua a la culpabilidad reflejada, la cual es el artículo 332-B del mismo cuerpo legal, tal y como acertadamente cita el Recurrente, individualizando la pena a imponer en consideración no solo a la portación ilegal de un arma de fuego hechiza, sino a la indiferencia del acusado de portarla en vía pública, exhibiéndola con total apatía de las normas administrativas que lo prohíben y las normas penales que lo sancionan. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 332 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre. del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia conociendo del Recurso de Casación número S.P.283-2016 Infracción de Ley”, interpuestos contra la Sentencia de fecha diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor M. D. C. B., del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor M. D. C. B., como autor del delito de Portación Ilegal de Armas Prohibidas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras. Tercero: Condenó al señor M. D.C. B. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta para el ejercicio de los derechos políticos e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del condenado. Quinto: No procede condenar en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley el Abogado E.A. M. A., actuando en su condición de Defensor Privado del señor M. D. C. B.. SON PARTES: El Abogado E. A. M. A., Defensor Privado del acusado M. D. C. B., en su condición de Recurrente. II. HECHOS PROBADOS. “Único: En fecha primero de noviembre del año dos mil trece, en la aldea Los Laureles del municipio de La Lima, Cortés, a eso de las dos y treinta de la tarde, el señor M.D.C. B. iba caminando por dicha aldea, cuando fue requerido por agentes policiales que realizaban un patrullaje de rutina al verlo cargar en sus hombros un arma de fuego tipo fusil, cañón largo, de fabricación casera o artesanal (chimba) de madera y tubo de metal color gris en buen estado; asimismo los agentes encontraron además en la bolsa derecha delantera de su pantalón, un arma de fuego que le fueron decomisadas, siendo el señor M. D. C. B. inmediatamente detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOSRecurso De Casación Por Infracción De Ley: Motivos De Casación Incurrir la sentencia que se impugna en infracción del Artículo 2- D del Código Penal. Precepto Autorizante. El precepto que autoriza el presente recurso lo es el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. La sentencia que se impugna declara como hechos probados : que en fecha uno de noviembre del 2013 en la aldea los laureles del municipio de la Lima , Cortés, a eso de las dos de la tarde y treinta de la tarde, el señor M.D. C. B. iba caminando por dicha aldea, cuando fue requerido por agentes policiales que realizaban un patrullaje de rutina al verlo cargar en sus hombros una arma de fuego tipo fusil, cañón largo, de fabricación casera o artesanal, chimba, de madera y tubo de metal color gris en buen estado, asimismo los agentes le encontraron en su bolsa derecha delantera de su pantalón, un arma de fuego comercial tipo revólver, marca Titán Tiger, calibre 38, color gris, armas que le fueron decomisadas, siendo el señor M. D. C. B. inmediatamente detenido y puesto a la orden de autoridad competente. Esta defensa considera que dicha conducta no es posible enmarcarla en el tipo penal descrito en el artículo 332-A del Código Penal, si bien es cierto la Ley especial de Armas considera las armas de fabricación artesanal como prohibidas, la experiencia nos indica que dichos instrumentos rudimentarias tienen escasa capacidad de fuego, puesto que únicamente disparan un y proyectil a la vez. Por este hecho no pueden ser declaradas como armas de guerra o prohibidas, además son de corto alcance en comparación con las armas comerciales permitidas por nuestro ordenamiento jurídico. Cabe señalar que el artículo 2-D del Código Penal párrafo primero nos dice que las penas y medidas de seguridad sólo se impondrán cuando sean necesarias y en forma proporcional a la gravedad del hecho realizado lo que conlleva una exigencia de adecuación al fin que implica que tanto el legislador y el Juez penal deben elegir las medidas coactivas más adecuado para alcanzar el fin que las justifica. Exigencia esta que está íntimamente relacionada con el principio de fragmentariedad del Derecho Penal, el cual significa que no toda conducta dañosa para bienes jurídicos merece una sanción penal, sino únicamente aquellas que implican ataques intolerables a bienes jurídicos fundamentales de las personas. También es desproporcionado castigar la tenencia de un arma artesanal con mayor severidad que el poseer ilegalmente un arma comercial, el instrumento de fuego decomisado a mi defendido percute munición de calibre gauge 12, según el peritaje realizado, lo que hace subsumible la conducta en cuestión en el tipo penal del artículo 332-B del Código Penal en el marco de una interpretación in bonam parte. Es por esto que considero que el presente debe ser admitido. Además, el principio de protección prudencial de la sociedad estipula que las prácticas sociales punitivas de prever perjuicios para el conjunto social que sean más graves que los perjuicios que la misma práctica genera. Para entender los alcances de este principio, primeramente, hay que tener en cuenta que no hay nada que inicialmente impida considerar entre los perjuicios para la sociedad que una práctica punitiva genera no se compute el perjuicio que padecen los destinatarios de tal práctica, es decir, que es más gravoso socialmente hablando, la privación del bien llamado libertad de los tenedores de armas de fabricación casera, que el supuesta prevención de que la gente use dichos instrumentos en la comisión de Delitos, pues, empíricamente se sabe que en los hechos violentos la mayoría de las armas de fuego empleadas son armas producidas por la Industria de Armamentos. Efectivamente las armas artesanales pueden provocar daño a la vida e integridad física de las personas, pero si se quiere disuadir de su posesión la multa o el decomiso de las mismas puede ser una moderada reacción punitiva. Es por lo anteriormente expuesto que el presente motivo debe ser considerado por la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Alcances Que Se Pretende Con El Presente Recurso. Con el presente recurso se pretende que se dicte nueva sentencia en la que se condene al señor M. D. C. B. por el delito de portación ilegal de armas según el artículo 332-8 a la pena de Tres Años de reclusión sin perjuicio del decomiso de dicha arma. Y en virtud de carecer de antecedente penales se ordene en la nueva sentencia la suspensión de la ejecución de la pena. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1.- Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).2.- Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 2-D del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de Necesidad y proporcionalidad de la sanción impuesta; y *Pretensión: Condenar al Acusado M. D. C. B. por el delito de portación ilegal de arma de fuego en base al artículo 332-B del Código Penal. Plantea la Defensa privada que la conducta realizada por el acusado no se encarna en el tipo penal descrito en el artículo 332-A del Código penal, pues si bien la ley especial de armas considera las armas de fabricación artesanal como prohibidas, la experiencia indica que dichos instrumentos rudimentales tienen escasa capacidad de fuego; relaciona que el artículo 2-D del Código Penal señala que las penas y medidas de seguridad solo se impondrán cuando sean necesarias y en forma proporcional a la gravedad del hecho y que en el caso subjudice resulta desproporcionado castigar la tenencia de un arma artesanal con mayor severidad que el poseer de manera ilegal un arma comercial.3.- Tratamiento Penal de las Armas de Fabricación Casera o Artesanal.Esta Sala de lo Penal ha encontrado en las sentencias emitidas por los Tribunales de la República diversos criterios de cómo se debe de calificar las conductas que tienen por objeto armas de fuego de fabricación casera; Así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los Fallos No. No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas De Fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas; en iguales términos se establece la definición contenida en el artículo 19.1 de la Ley de Control de Armas (Decreto 101-2018). Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el Marcaje adecuado que las identifique (Ver art. 4.7 de la Ley de Control de Armas: Decreto 101-2018).Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “Fabricación Ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Concluimos entonces que las armas de fabricación casera o artesanal, son “Armas de Fuego”, en los términos referidos en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal; ahora bien, tarea diferente es establecer en cuál de los tipos penales se encuentran tipificadas, lo que exige un estudio de todas las normas legales relacionadas con el tema.Se ha pronunciado esta Sala de lo Penal que la diversidad de calificativos que proporciona las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, esto por su uso indistinto, como ser: armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y Otros Similares (Ley de Armas) hacía una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autorizaba su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello fuese previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la misma ley, hacía una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no era permitido; no debiendo entenderse que se trata de armas que son penadas, pues la norma a la que hacemos referencia es administrativa, no penal. En resumen el artículo 7 y 8 de la Ley de Armas definía que armas podían ser objeto de comercio y cuáles no, sin que se haya ocupado de definir cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B; tampoco era una correcta interpretación, como se hace en el presente caso, determinar que las armas que se enumeraban en el artículo 7 de la Ley de Armas eran aquellas que debían de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realizaba el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 eran de guerra, como ser las armas de fantasía. En resumen, eran armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio era lícito las que eran descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y eran armas prohibidas, cuyo comercio no era lícito, no solo aquellas que fueron enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no respondían a las descritas en el artículo 7.Los calificativos que hace el derecho penal sobre las armas de fuego como: “arma de uso personal”, “arma comercial”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, deben de ser explicados conforme a aspectos objetivos extraídos de las normas penales en su conjunto y en particular de los artículos 332-A y 332-B, que tipifican los delitos que tienen por objeto las mismas:1).-Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco ya derogada Ley de Armas (Decreto 030-2000) o la ahora vigente Ley de Control de Armas (Decreto 101-2018) hace alguna referencia de ellas; Por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la convención sobre la prohibición del empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, además del arma de fuego Ak-42, en todas sus versiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).2).- Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se usa el término “armas comerciales”, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales, por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, como lo señala el artículo 3 de la Ley de Control de Armas (Decreto 101-2018) por lo que la clasificación hecha por el legislador Penal no es útil al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; Además es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito; Por otra parte y aun cuando el tipo penal remite a otra ley para entender el concepto de armas de uso personal, de defensa y deportivas, tal definición no se encuentra en ninguna ley, particularmente en la Ley de Control de Armas que sería la llamada a hacerlo. Por tanto, es llamada la Sala de lo Penal, por vía de doctrina legal llenar de contenido los conceptos enumerados, y por ello llama a entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra (descritas anteriormente).- Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); Entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito estaban descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas (030-2000) y hoy en el artículo 22 de la Ley de Control de Armas (101-2018), entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideraban armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 8 de la ya derogada Ley de armas, lo que ahora encontramos en los numerales1, 3 al 7, 10, 11, 13 y 17 del artículo 24 de la Ley de Control de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si proscritas por el peligro que representan: a. Armas de fuego de cualquier calibre de funcionamiento automático. b. Armas de fuego que esconden su verdadera finalidad bajo una apariencia inofensiva, como lápices, bastones, maletines, entre otros. c. Armas de fuego, dispositivos y munición fabricadas de forma artesanal o casera. d. Armas de fuego experimentales. e. Armas de fuego experimentales. f. Toda arma de fabricación artesanal o casera que pueda producir incendio o que contenga sustancias paralizantes, que puedan producir ceguera temporal, daños en el sistema auditivo, lacrimógenas, vomitivas o explosivas. g. Escopetas de cañón menor a dieciocho (18) pulgadas. h. Lanzallamas en cualquier versión. i. Armas o mecanismos de disparo remoto, montaje de armas en drones o robot y mecanismos o dispositivos electrónicos para búsqueda de objetivos; y, j. Cualquier otra arma de fuego, munición, explosivos o materiales que no estén específicamente autorizados para uso por particulares. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabriquen, almacenen, transporten, posean, usen, ingresen o saquen del país, suministren o vendan armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: a. No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o b. Se trate de armas de fuego que no siendo de guerra, su comercio igualmente sea ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Habiéndose establecido que se debe de considerar armas de guerra y armas de uso personal (deportivas, de defensa o comerciales), corresponde concretar cómo deben de ser catalogadas las armas de fuego de fabricación casera o artesanal, entre ellas las conocidas como “chimbas”; Es tener presente que las conductas fijadas como verbo rector en los artículos 332-A y 332-B del Código Penal son: unas de resultado y otras de mera actividad, pero todas representan un peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal; En el caso particular de los verbos rectores de mera actividad, como ser: almacenar, transportar, usar, ingresar o sacar del país, suministrar o vender (Art. 332-A y 332-B), adquirir (Art. 332-A) y poseer (Art. 332-B) basta para su consumación su mera realización sin que se requiera un resultado o cambio fenoménicamente apreciable; Por su parte el verbo rector fabricar, requiere un resultado y es la confección terminada del arma de fuego, municiones o explosivos. Al revisar las exigencias objetivas que contiene los tipos penales relacionado, aparece que: “quien sin permiso de la autoridad competente…” realice cualquiera de los verbos rectores, será objeto de sanción penal. - Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; Es por ello que están catalogadas como armas prohibidas por la Ley de Control de Armas en el artículo 24.5 (de igual forma antes en el Art. 7.1 de la Ley de Armas). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no dispuestos en el diseño original. - Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito.Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna, pudiendo ser de guerra (Art. 332-A) o de uso personal (Art. 332-B), a depender de su naturaleza; De este modo si el arma fabricada se ajusta a la descripción de aquellas descritas por los Tratados o Convenios internacionales que regulan las armas no convencionales, toxicas, químicas, Bacteriológicas, nucleares, cegadoras, incendiarias o minas antipersonales, (enumerados en el apartado anterior), el arma sin duda es de aquellas sancionadas por el artículo 332-A del Código Penal; pero si el arma fabricada artesanalmente no se encuentra regulada por los Convenios y Tratados internacionales que regulan el tema, sino por el contrario es un arma cuya confección permite el uso de munición de carácter comercial, estaremos ante un arma de uso personal sancionada por el artículo 332-B del Código Penal. El reproche formulado por las conductas que tengan como objeto armas de fuego, se realiza sin que sea necesario acreditar un animus domini, siendo suficiente el animus detinendi, es decir la relación entre el arma y el sujeto activo del delito que permita el uso, tenencia, posesión o la disponibilidad de la misma, conforme su voluntad, para darle el destino o función objetiva que le es inherente. Las armas de fabricación casera, contrario a la opinión externa por la Sección de Asesoría Técnico Jurídica de la Fiscalía General del Ministerio Público, en su Dictamen FGR-ATJN.2, del 05 de Noviembre de 2013, no se encuadran exclusivamente en el artículo 332-A del Código Penal, dado que ello dependerá de su naturaleza como ya hemos explicado; Por ejemplo un arma artesanal, compuestas por tubos, uno de ellos como cañón y una aguja percutora, capaz de accionar cartuchos de venta comercial, ciertamente constituirá un arma de uso personal, pero su potencial destructivo, si bien es real, no es igual a las armas fabricadas industriales de comercio lícito, mucho menos a alguna de las armas de guerra, siendo su calificación correcta la dispuesta en el Artículo 332-B cuando la conducta a reprochar sea su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición o venta. Se insiste que al referirse el artículo 332-B, sobre armas de uso personal, están comprendidas dentro de ellas las chimbas o de fabricación artesanal que tenga una ofensividad convencional. Esta Sala considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. La intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas.4.- De la Procedencia del Recurso El Recurso es de Recibo Parcialmente.- La Sala de lo Penal ha confrontado los hechos probados y el artículo 332-B del Código Penal, concluyendo que existe identidad entre uno y otro, pues el factum reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo, empero en su lugar el Tribunal de Sentencia ha hecho aplicación del artículo 332-A, el cual prevé una sanción mayor; como consecuencia se ha transgredido el artículo 2-D del Código Penal, ello porque con la aplicación de una norma distinta el a-quo ha castigado un hecho de manera desproporcional. Según la narración fáctica hecha por los Juzgadores, el día viernes 01 de Noviembre de 2013, en la Aldea Los Laureles del Municipio de La Lima, esto en el Departamento de Cortes, alrededor de las 02.30 p.m., el acusado M. D. C. B., se desplazaba caminando portando en uno de sus hombros un arma de fuego de fabricación casera, tipo fusil, cañón largo, de madera y tubo de metal color gris, en buen estado; Los hechos si bien indican que el arma se encontraba en buen estado, es decir que tenía la capacidad de percutir cartuchos o municiones, no señala que tipo de munición era ésta, tampoco refiere al sistema de disparo (individual o a repetición), ni tampoco respecto a la cobertura de disparo; ante la ausencia de tales datos es improcedente afirmar que lo que llevaba consigo el acusado se tratase de un arma con una ofensividad equiparable a las que las normas convencionales determinan como armas de guerra, lo que hace que la aplicación de la norma penal contenida en el artículo 332-A del Código Penal y su consecuente sanción de privación de la liberad sea desproporcionada al grado de culpabilidad del acusado, siendo la forma de corregir tal vicio el hacer que el hecho que logró acreditarse a grado de certeza en la audiencia de debate sea gobernado por la norma que se adecua a la culpabilidad reflejada, la cual es el artículo 332-B del mismo cuerpo legal, tal y como acertadamente cita el Recurrente, individualizando la pena a imponer en consideración no solo a la portación ilegal de un arma de fuego hechiza, sino a la indiferencia del acusado de portarla en vía pública, exhibiéndola con total apatía de las normas administrativas que lo prohíben y las normas penales que lo sancionan. V. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal, PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo interpuesto por el Defensor Privado: Abogado E.A. M. A.; SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA de fecha diecisiete (17) de Marzo de dos mil dieciséis (2016) (f. 1110), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en consecuencia se REVOCA la misma, dictando en su lugar los siguientes pronunciamientos: 1)Se debe de condenar y se condena al Señor M. D. C. B., como autor responsable del delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (Art. 332-B del Código Penal), en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de tres (03) años con seis (6) meses de reclusión; pena de reclusión a la que se le restara el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por esta causa; 2)Se debe de condenar y se condena al señor M. D.C. B., a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento; 3) Se debe de condenar al Señor M. D. C. B., como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo señalado para la pena de reclusión, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; 4)Declarar la responsabilidad civil del condenado M. D. C. B., consistente en la indemnización de perjuicios, que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por parte de la procuraduría General de la República; 5) Se decreta el comiso de la pieza de convicción consistente en un arma de fabricación casera o artesanal, tipo fusil, cañón largo, de madera y tubo de metal color gris; 6)Se ordena la devolución del arma de fuego comercial, tipo revolver, marca Titan Tiger, calibre 38, color gris, cacha de caucho color café, serie 0065692, y seis (06) cartuchos sin percutir, a la persona que acredite propiedad y legitimidad de posesión conforme las exigencias fijadas de la Ley de Control de Arma de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados (Decreto No. 101-2018); 7)Declarar la no-procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remiten las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme y además de librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial.-NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-283-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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