Sentencia CP-277-16 — Registro 9667
Resumen
Se condena al imputado como coautor del delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurrente alega que la sentencia recurrida infringe el derecho fundamental de Presunción de Inocencia establecido en los artículos 89 de la Constitución de la República, el que dispone: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, por considerar que el tribunal de juicio condenó al acusado F. Z., por haber disparado un arma de fuego y causado la muerte al señor M. A. C., el que fue capturado posteriormente al día de los hechos, solo por haber sido identificado por un testigo de cargo y sin apreciar las pruebas aportadas por la defensa. Reprocha que la Fiscalía no presenta en juicio prueba de cargo como ser prueba Pericial Balística, para con ella comprobar el tipo de arma y calibre que causó la muerte al ofendido, tampoco la prueba Pericial de Autopsia, sino solo un Acta de Levantamiento de Cadáver, por lo que considera que el fallo de condena dictado en contra de su defendido, infringe el estado de inocencia, contenido en el artículo 89 Constitucional, los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 14 y 273 del Código Procesal Penal, y la propia Ley del Ministerio Público, y la regla del In Dubio Pro Reo ,contenida en el Artículo 339 del Código Procesal Penal. Esta Sala observa que la prueba de cargo incorporada al juicio es la siguiente: 1) Acta de inspección ocular y álbum fotográfico, ratificado en sala de juicio por el Especialista de la Escena del Crimen, Merary Zerón (folios 131 a 144 del proceso) que acredita el lugar de los hechos, ilustrado mediante fotografías, la cual es coincidente con la declaración de la Testigo Protegida A, sobre la existencia del callejón y ubicación de la casa del ofendido, diligencias realizada a pocas horas después del día de los hechos, y el lugar donde cayó la víctima, en que habían tirado tierra y estaba húmedo, pero que según los familiares del occiso lo hicieron para evitar que los perros siguieran comiéndose la sangre, escena del crimen que aunque estaba alterada, es debidamente complementa con la declaración del testigo protegido A; 2) Declaración de testigo protegido A, incorporada al juicio mediante lectura autorizada, rendida en la audiencia inicial, en que la testigo declara que pudo observar la ejecución del hecho por estar apenas a unos escasos metros y por ser los ejecutores del hecho personas conocidas de la testigo, y por describir las partes del cuerpo del occiso en que recibió los disparos, siendo coincidente con lo sostenido por el perito del Ministerio Público, Dr. O. F., quien acudió a la escena del crimen a realizar el respectivo levantamiento cadavérico, versión que también es coincidente, con el lugar y tiempo de los hechos, al declarar que ocurren frente al portón de la vivienda del occiso, cuando dos personas, entre ellas el acusado, salieron de un callejón y estando la víctima de espalda frente al portón de su casa, ambos le dispararon al acusado con arma de fuego; 3) Prueba Pericial del Dr. M. O. F. V., quien ratifica el Acta de Levantamiento de Cadáver del señor M. A. C., que describe las heridas que tenía el cuerpo de la víctima, producidas por disparos de arma de fuego, y que lesionan partes vitales del cuerpo de la víctima y le produjeron la muerte. Esta Sala también observa la prueba de descargo, consiste en la declaración rendida en juicio por el testigo E. C. T., quien declara que el día y hora del hecho vio en la comunidad de Netapa al acusado F. Z., en el campo de futbol donde jugaban casi a diario, y que vivía en esa comunidad, siendo cafetalero, labor la realizaba en un horario de 5 a 12 m. y de 12 m a 1 pm, y que vive bastante retirado del lugar de los hechos. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia que se impugna por el juzgador, que concede credibilidad a la prueba de cargo descrita, y resta credibilidad a lo declarado por el testigo de descargo, son perfectamente válidas y aptas, por haber sido prueba admitida y sometida al contradictorio de las partes, sin transgresión de los derechos fundamentales, valoradas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, analizadas en su conjunto, armoniosamente, siendo prueba de cargo suficiente para con ella enervar el estado de inocencia, y producir un estado de certeza positiva acerca de la participación del acusado F. Z., en los hechos que se le imputan..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente funda su motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en su apartado de razón suficiente, en la valoración de la prueba consistente en la declaración de la testigo A, que relata que miró cuando F. R. y A. R. le dispararon al difunto, pero que se contradicecuando expresa que se encontraba detrás de la puerta, escucha dos disparos y ve que las armas que andaban eran calibre 22 largo; y con la declaración del testigo de descargo señor E. C. T., quien en su testimonio fue claro, preciso y congruente al manifestar que el acusado no se encontraba en la escena del crimen al momento de los hechos. Esta Sala observa que la prueba de cargo consiste en: 1) Acta de Inspección ocular y álbum fotográfico, ratificado en sala de juicio por el especialista de la Escena del Crimen Merary Zerón (folios 131 a 144 del proceso) la que acredita el lugar de los hechos ilustrado mediante fotografías, la cual es coincidente con la declaración de la Testigo Protegida A, respecto al lugar de los hechos ubicado en un callejón frente a la casa del ofendido, diligencias realizada a pocas horas de ocurridos los hechos, sitio donde cayó la víctima, donde habían tirado tierra, estaba húmedo, y que según los familiares del occiso lo hicieron para evitar que los perros comieran la sangre de la escena del crimen, escena que si bien estaba alterada, se complementa con lo declarado por la Testigo Protegido A; 2) Declaración de testigo protegido A, rendida en la audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura autorizada, en la que la testigo declara que pudo observar la ejecución del hecho por estar apenas a unos escasos metros por lo que dice que los ejecutores, entre ellas el acusado, son personas conocidas de la testigo y describe las partes del cuerpo del occiso en que recibió los disparos, siendo coincidente con lo sostenido por el Perito Forense de la escena del crimen; 3) Peritaje Forense del Ministerio Público Dr. O. F., quien acudió a la escena del crimen a realizar el respectivo levantamiento cadavérico, que es coincidente, en el lugar y tiempo de los hechos, al declarar que ocurre frente al portón de la vivienda del occiso; 4) Prueba Pericial del Dr. M. O. F.V., quien ratifica el Acta de Levantamiento de Cadáver del señor M. A. C. que describe las heridas producidas por disparos de arma de fuego una localizada en el tórax anterior a nivel de la tetilla izquierda, y el otro localizado en la espalda o tórax posterior a nivel de columna vertebral y con orificio de salida a nivel de axila derecha, que lesionan órganos vitales del cuerpo de la víctima y le produjeron la muerte. Medios de prueba de cargo que analizados en su conjunto y de forma armoniosa constituyen prueba lógica y suficientes para establecer la participación del acusado F. R. junto a otra persona, en el hecho ilícito por el que ha sido sometido a juicio.Esta Sala considera que las razones para restar virtualidad a la declaración del testigo de descargo señor E.C. T., son lógicas y suficientes de que hay carreteras y medios de transporte suficientes para que el acusado se haya movilizado por treinta kilómetros desde la Aldea de Netapa, al lugar de ocurridos los hechos, y en virtud que lo declarado por la testigo protegido A, se ha corroborado mediante la prueba de cargo ya referenciada: Esta Sala concluye que en el presente caso, en la valoración de la prueba de cargo la sentencia está constituida por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que de ellas se fueron determinando hasta concluir con la sentencia que se impugna. Por todo lo anterior, procede desestimar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve .El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio R. Vázquez, en su condición de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán G., ha pronunciado En nombre del Estado de Honduras la siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-277-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor F. Z., como coautor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor M. A. C., a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Condenó al señor F. Z., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado, F. Z. R.; Cuarto: No procede decretar el comiso; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada H. N. E. G., en su condición de apoderada defensora del señor F. Z. R., como parte recurrente; la abogada M. E.G., en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Único: En fecha veinte de junio del dos mil trece, a eso de las cinco de la tarde con treinta minutos, en el Barrio Abajo, Aldea Agua Caliente del Municipio de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán, se encontraba el señor M. A. C., Frente al portón de acceso a su vivienda, ubicada al lado izquierdo de la calle pública, por un callejón, cuando en ese momento llegaron al lugar dos personas del sexo masculino, siendo uno de ellos el señor F. Z. R., quien desenfundó un arma de fuego que portaba y disparó contra la humanidad del señor M. A. C., disparos que produjeron heridas en el cuerpo de la víctima, localizadas así: 1.- En el tórax anterior a nivel de la tetilla izquierda.- 2.- En la espalda o tórax posterior, a nivel de columna vertebral y 3.- Un orificio de salida a nivel de la axila derecha, heridas que le ocasionaron la muerte de manera inmediata.” RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Abogada H. N. E. G., procedió a formalizar su Recurso de Casación Por Infracción De Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMER MOTIVO: Lo promuevo por la violación al precepto Constitucional artículo número 89, con respecto al principio de inocencia y la violación al artículo 1 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como preceptos Constitucionales y del Derecho Interno. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal, artículos 89 de la Constitución de la República y 1 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Tribunal de Sentencia ha condenado a mi defendido, tratando de enervar el principio de inocencia por el efecto de una presunción que este esta procesado presuntamente por haber disparado una arma de fuego, pero no consta documento indubitado agregado al foliado de mérito que el día 20 de jumo del año 2013, día de la muerte del señor M. A. C., y capturado posteriormente por la policía mi defendido, el cual fue identificado por un testigo de cargo, todo lo cual lo hace presuntamente culpable frente al delito de Homicidio Simple, sin tomar en consideración las pruebas aportadas por esta defensa y el valor fundamental del derecho de defensa, con la sentencia de la interpretación o aplicabilidad que el Tribunal de Sentencia, omite la obligatoriedad del Código Procesal Penal, la Ley del Ministerio Público, Códigos, Leyes de la Salud destinadas a la obligación del Estado a través de la fiscalía y de más órganos de hacer cumplir la ley, como la Policía y Medicina Forense en la investigación del delito. Este Tribunal no ha tomado en cuenta que no se encuentra en autos del foliado Dictamen de Autopsia, para tener la certeza qué tipo de arma le causó la muerte al ciudadano M. A. C., para establecer científicamente el momento o durante la investigación del caso, o si son o constituyen abundante evidencia en el esclarecimiento del hecho y que esto nos ayude a conocer la verdad y sus circunstancias. Es obligación del Estado, en este caso, a través del Ministerio Público y sus auxiliares investigar los delitos en todo y cada una de sus partes, con doble fin jurídico, encontrar los materiales del hecho y obtener su pena para la aplicación de justicia, pero también es obligación según nuestro ordenamiento jurídico, no solo buscar lo que incrimine a un sospechoso, si no buscar y encontrar lo que le pueda favorecer; en relación a este caso, lo encontramos en la Ley del Ministerio Público, como también en los artículos 14 y 273 último párrafo del Código Procesal Penal, asimismo como también en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 8 relacionados, en donde se impone una obligación de respetar el principio de Estado, y es en este mismo que está llamado a hacer o adoptar las medidas para garantizar los derechos fundamentales de las personas; en este caso, garantizar el derecho a la defensa y el principio de legalidad de inocencia. Está probado en el juicio, que el señor M. A. C. ha muerto como consecuencia de heridas causadas por una arma de fuego, desconociéndose el tipo de arma y sus características, porque se encuentra ausente al juicio, una pericia emitida por el Departamento de Balística, pero en el Debate del Juicio, no se determinó el tipo de arma y calibre, para determinar científicamente que tipo de arma y sus características causo la muerte al malogrado ofendido, como tampoco no obra en el Debate Dictamen Pericial, Dictamen de Autopsia, Informe de Balística, y lo único que obra en el expediente es una Acta de Levantamiento Cadavérico, y el técnico expreso de manera sutil que en el acto “extrajo una ojiva que se encontraba a flor de piel y que no hubo una penetración total sino parcial”. Con la omisión del Médico Forense Autopsiante y el Técnico de Balística, y el asentimiento por parte del Tribunal de Sentencia, se violenta las disposiciones y reglas rectoras del principio de inocencia y legalidad contenidas en nuestra Carta Magna en su artículo 89, como los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 14 y 273 del Código Procesal Penal y la misma Ley del Ministerio Público, esta omisión a dicha prueba no es imputable a mi cliente o cualquier otra persona que sea enjuiciada, esta omisión representa una gravedad en la aplicación de la normas jurídica al caso concreto, como también representa una dura razonable sobre la certeza de la culpabilidad o inocencia del imputado. Estamos claro, que dicha acción o por omisión de práctica de la prueba o levantamiento de cualquier indicio, constituye UN ERROR DE HECHO que basado en la inercia de la parte que produce una falsa declaración de la culpabilidad, es un error de hecho en el sistema procesal. Dicho esto, esta defensa solicita que aplique e interprete el principio de inocencia y las reglas aplicables al mismo en cuanto al IN DUBIO PRO REO, el mismo que no puede ser o considerarse enervado cuando al momento del esclarecimiento del hecho se haya omitido un procedimiento policial o investigativo esencial para el fin perseguido; que la omisión a los preceptos u obligaciones investigativas del Estado a través del Ministerio Publico y demás órganos que hacen cumplir la ley, constituyen grave violación al principio de inocencia o derecho de defensa, ya que la obligación o imposición de probar la culpabilidad es del Estado en si mismo o del procesado en probar su inocencia. El Código Procesal Penal señala: en su Artículo No. 339: “Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.” Esta puede ser la convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.” En esta disposición resulta patente, que el nuevo sistema de justicia criminal, introduce una modificación fundamental en el estándar de convicción que se exige al Tribunal de un Juicio Oral y público competente, para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado. Esta modificación se ve justificada desde la perspectiva de los principios y garantías fundamentales que subyacen al nuevo sistema, así como desde el punto de vista de la lógica del juicio oral; única instancia en que por regla general será rendida la prueba que servirá de base al tribunal de juicio oral para pronunciar su fallo. Esta importante modificación a su vez introduce un cambio fundamental respecto de nuestro ‘antiguo’ y rígido sistema de procedimiento penal, sistema de corte inquisitivo, que consagraba el sistema de prueba legal o tasada, lo que se traducía en que la exigencia de reconstrucción de la verdad histórica exigía alcanzar la máxima certeza para condenar, tanto respecto de la ocurrencia del hecho como de la participación del imputado. Haciendo un análisis del principio IN DUBIO PRO REO, es una locución latina, según la cual toda duda debe resolverse a favor del reo, es una regla del derecho penal que obliga al juez a confirmar la inocencia del procesado en caso de duda, esto es cuando se presenta el caso de más allá de toda duda razonable sobre el examen de las pruebas, toda vez que nuestro Código de Procesal Penal exige que para que se dicte una sentencia condenatoria, la certeza de la existencia del delito y de la responsabilidad del acusado, lo cual supone que se lleve a cabo el debate contradictorio de las pruebas conforme al derecho probatorio, y si al final del caso arroja duda, ésta debe resolverse a favor del acusado con la confirmación de su inocencia, pues el derecho penal sustantivo no debe ser utilizado como instrumento de persecución de posibles peligros sociales. Hay que recordar, que el juez sentenciador, no debe condenar al acusado, cuando del examen de las pruebas se deduce que hay duda razonable, esto es más allá de ese razonamiento o juicio acerca de la culpabilidad; toda vez que la presunción de inocencia implica que al procesado no se le trate como culpable, mientras no se produzca una declaración judicial definitiva sobre la responsabilidad penal, así la carga de la prueba en los delitos de acción pública le corresponde a la Fiscalía, que es la que debe desvirtuar esta presunción de inocencia; insistiendo que más allá de la duda razonada, es la certeza, o sea ante la duda viene la confirmación de inocencia, de lo contrario viene la sentencia condenatoria. Recordemos que el principio in dubio pro reo, es general del derecho y también es un principio para la prueba; además tiene dos dimensiones: Dimensión normativa, esto es la existencia de la norma que impone a los jueces de garantías penales, la obligación de confirmar la inocencia, cuando no se ha podido establecer con certeza la culpabilidad del acusado. Dimensión fáctica, hace referencia el o al estado individual de duda de los jueces, es decir que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción; y, en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. Prohibiéndose en materia penal la interpretación extensiva, de tal modo que el juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la Ley y en los casos de duda deberá interpretarla en el sentido más favorable al procesado, así lo señala el Código de Procesal Penal, conforme consta en los artículos antes mencionados. De este modo se consagra el principio del in dubio pro reo; y de existir duda en la prueba sobre la responsabilidad, el in dubio pro libertad, en cuyo caso debe dictarse sentencia confirmando la inocencia y ésta procede cuando el juez no ha alcanzado la necesaria convicción en consecuencia de la certeza de la culpabilidad del acusado; de tal manera que si el Tribunal de Sentencia, realmente ha dudado, no está autorizado a condenar. Hay que recalcar que en nuestro derecho interno procesal, al tratar sobre la duda, se refiere a las reglas de la aplicación preferencial de la ley permisiva o favorable, sobre la ley restrictiva o desfavorable aun cuando sea posterior. La duda existe siempre que sea producto de una disparidad interpretativa resultante de la interpretación del mismo fallo, así se considera posible al aplicar las reglas generales de herramientas jurídicas y de las especiales o propias del derecho, así la duda que trata el Art. 339 del Código Procesal Penal, se aplica cuando hay conflicto de normas, pero no se aplica en la valoración de las pruebas, conforme equivocadamente señala la sentencia dictada por este Tribunal de Sentencia de nuestro país. También hay que destacar, que la duda sobre la responsabilidad del acusado, trata, que se refiera a la valoración de la prueba y la interpretación de la propia ley procesal que el mismo Código regula, pero no sirve a la aplicación de la ley sustantiva, tarea en la que el juez no puede estar a la más favorable, sino a la justa adecuación entre el hecho y una figura delictiva. En resumen, el principio del in dubio pro reo, asegura que el estado de duda implica siempre una decisión de no punibilidad pues sólo la certeza de culpabilidad, emanada de las autoridades legítimas para pronunciarlas, puede modificar la situación de inocencia reconocida constitucionalmente en el Art. 89, que manifiesta que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su culpabilidad por autoridad competente”, lo cual nos conduce a presumir la inocencia de mi cliente, y deberá ser tratado corno tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Al respecto el tratadista Julio B. Mayer, señala “La certeza positiva o probabilidad positiva es aquella que afirma el hecho imputado y la certeza negativa o probabilidad negativa es aquella que se dirige a explicar cómo inexistente el hecho imputado, por tanto es correcto afirmar que solo la certeza positiva permite condenar y que los demás estados del juzgador respecto de la verdad permiten la absolución corno consecuencia del in dubio pro reo”. De lo anotado se desprende, que la certeza negativa y duda conducen a la sentencia confirmatoria de la inocencia del acusado. Así, la duda técnicamente es el estado que tiene el juez y ante la duda insalvable por excepción, la decisión judicial debe favorecer al acusado, esto es cuando el Tribunal de Sentencia no tiene certeza de la responsabilidad del acusado aparece la duda; y esto implica confirmar su inocencia. Mi conclusión que me lleva a esbozar sobre los contenidos de la duda, es un punto importante entre la certeza positiva y la certeza negativa, porque el intelecto de los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia, es llevado hacia el sí y luego hacia el no, sin poder quedarse en ninguno de estos dos extremos, de tal modo que en estas circunstancias el juez o el tribunal de sentencia, por mandato de la ley debe confirmar la inocencia del acusado, debiendo tener en cuenta el principio del in dubio pro reo. Hay que recalcar que el principio del in dubio pro reo, beneficia al acusado, cuando al momento de dictar sentencia que potencialmente descritica el derecho constitucional y la norma procesal de la presunción de inocencia ante elementos afirmativos e informativos que no permiten estructurar con certeza la responsabilidad penal. Por esta razón la doctrina señala, que la situación natural del hombre es la de ser inocente y libre, o sea que toda duda insalvable que aparezca dentro del proceso debe beneficiarlo, pues con razón se dice que para la estabilidad de la sociedad, es menos dañino absolver a un culpable producto del insuficiente grado de convicción derivada de los medios de prueba que demuestren la existencia del hecho punible o la autoría o participación del procesado en la comisión del mismo, que condenar a un inocente. Hay que aclarar, que la duda debe hacer relación a la tipicidad, a la antijuricidad o a la culpabilidad, pues corno es de conocimiento general la punibilidad es la consecuencia del delito y aquí no opera la duda; de tal modo que hay que tener muy en cuenta que en la etapa intermedia del actual sistema penal no cabe la duda, pues esto promocionaría la impunidad, de tal modo que la duda se produce en la etapa del juicio oral y público y al momento de dictar sentencia, esto en materia procesal. Para terminar este artículo, debo señalar que el principio in dubio pro reo, se dirige al juzgador como norma interpretativa para establecer que en aquellos casos en que se haya revisado una actividad probatoria normal, si las pruebas dejaren dudas en el ánimo del juzgador, de la existencia de la culpabilidad del acusado, debería por justicia confirmar la inocencia de aquel, pues en el supuesto de incertidumbre se corre el riesgo de cometer una injusticia; y, en este caso no hay otro camino que el de elegir el mal menor, que es el de absolver a un culpable antes de condenar a un inocente, o sea la duda se resuelve a favor de aquel a quien a existencia del hecho incierto irrogaría perjuicio.” Continúa manifestando la recurrente en su: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: SEGUNDO ÚNICO: Se promueve la violación a los preceptos de forma por adolecer de motivaciones suficientes y contradictorias y la inobservancia de las Reglas de la Sana Critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código procesal Penal. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el articulo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica”, en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En la Sentencia Impugnada se advierten varios errores en doble vía: In Procedendo e In Judicando, en el primero de los casos encontramos en la incongruencia de los acápites HECHOS PROBADOS ordinal primero y en la Valoración de la Prueba, en la cual existe clara incongruencia en cuanto señala al imputado que se encontraba presuntamente en el lugar para cometer el hecho, incongruencia que deja claras dudas con respecto a la veracidad de lo expresado, constituyéndose error de expresión, en cuya virtud lo que el acto escrito expresa no corresponde a lo que el Tribunal ha querido expresar, creando contradicción en cuanto a que es lo valido, si el hecho probado o la valoración de la prueba como tal. Al momento de aplicar las reglas de la Sana Crítica, omite y evita la concatenación de las pruebas de la defensa testifical del señor H. C. T., cuya prueba fue propuesta y evacuada, siendo su testimonio claro, preciso y congruente en sus dichos, como también la prueba pericial propuesta por el Ministerio Público, no obstante se probó y tal como consta al foliado del juicio, que a mi cliente no se le decomiso arma de fuego para poder presumir que el haya sido el causante de la muerte del señor M. A. C., atribuyéndole a mi cliente esa muerte, pero en ningún momento en el debate o proceso penal obra como pieza de convicción alma alguna, la pregunta que asalta a la mente ¿Dónde esta esa Arma? El Tribunal erróneamente quiere valorar y concatenar el testimonio del Testigo Protegido “A” y el Álbum Fotográfico, cuyo testimonio fue incorporado como lectura autorizada, violentándose con ello una gama de preceptos procesales. La testigo A, hace un relato de cómo sucedieron los hechos, que miro cuando F. R. y A. R. le dispararon al difunto, pero luego entra en contradicciones, cuando expresa que se encontraba detrás de la puerta cuando logro escuchar dos disparos y que las armas que andaban eran calibre 22 largo, y entonces como pudo ver a los hechores, determinar el tipo y características del amia, si no se encontraba en el lugar del hecho? La lógica nos dice que cuando uno escucha disparos, lo que se hace es buscar protección (esconderse) para no salir herido ante una situación como esta, entonces decimos que con este tipo de respuestas que proporciono el testigo, nos conduce a presumir con certeza de que existen inconsistencia fundamentales, en cuanto a su ubicación, en cuanto a su relato, en cuanto al tiempo, en cuanto al lugar, y actividad que se encontraba haciendo en el momento de no o si como testigo presencial del hecho, con lo cual nos puede conducir que el debate se maquillo el testimonio prestado, porque cambia la perspectiva de su visión del homicidio, si logramos concatenar los testimonios de cargo como descargo, en cuanto que estaba en dos lugares diferentes a la vez, y es aquí donde observamos la No Aplicación de las Reglas de la Sana Crítica, porque el juzgador no explica porque un medio probatorio le merece crédito y fe y el otro no, y además porque un elemento de prueba y otro le llevan a una conclusión determinada, sobre estos extremos es el reproche del Recurso de Casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo al motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal ubica dentro de la fundamentación del fallo la regla cuarta, valoración de la prueba; las reglas de la sana critica vienen a constituirse en una especie dentro de su género conocido como la fundamentación; en el sistema de la sana crítica racional que se encuentra implementado en nuestro sistema procesal penal, referente a la valoración de la prueba, su imperio lo constituye la plena libertad del conocimiento de los sentenciadores, pero exigiéndoles que sus conclusiones a las que los impulsen sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema el Juez no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, como las normas que gobiernan la sana corrección del pensamiento humano. En la Sana Crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir de la lógica, la psicología y la experiencia común. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica, veamos; tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense como derecho comparado, que debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el limite de estos son los conocimientos técnicos especializados.- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba testifical, que por unanimidad de sus miembros encuentra que las declaraciones que han sido expuestas por los testigos de cargo, merecen que se les considere dignas de credibilidad, ya que sus aseveraciones son consistentes, que no ha mostrado ninguna duda sobre este particular. No es menos cierto que estas declaraciones existen discordancias, ya que no fueron coincidentes al narrar su versión de los hechos, tales contradicciones se refieren a situaciones o circunstancias al supuesto ilícito penal que es objeto de este proceso, y que en consecuencia resultan irrelevantes para determinar la responsabilidad penal del imputado. El testigo de descargos fue congruente con sus dichos, este extremo se encuentra debidamente probado a través del testigo supra referido, que como se desprende del Acta de Debate, y que en ningún momento han incurrido en contradicciones sobre la parte esencial de los hechos, sino que las inconsistencias que menciona el Tribunal de Sentencia, las cuales se refieren a aspectos irrelevantes. De manera, tal como lo seia1a el juzgador en esta sección de la sentencia, y después de analizada la prueba, se llega a la conclusión que el testigo ofertado por la defensa es conteste en sus declaraciones y no dejan ningún tipo de duda al manifestar sus dichos, en conclusión las contradicciones que cita el Tribunal de Sentencia, son irrelevantes, puesto que no se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos existen discordancias, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, el mismo se mantiene en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del imputado, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana crítica, el fallo seria diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio, nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada. Finalmente cabe preguntarse ¿existió o no el ilícito penal imputado a mi cliente? Si los testigos se contradicen en la forma en que ocurrió el hecho ¿qué prueba periférica apoyan su versión? En realidad se puede observar que no se presentó en el juicio ninguna prueba que apoye el soporte de esta sentencia. Debido a las inconsistencias de las versiones del testigo protegido, no es posible otorgar credibilidad a la misma, ya que si los testigos faltaron a la verdad en alguno de los momentos en que rindieron sus versiones y por lo tanto tampoco es posible tampoco obtener la certeza que el hecho efectivamente ocurrió. Esta defensa es del criterio que los hechos que se han declarado como probados, no se configuran en los tipos penal de los delitos imputados a mi cliente. Se logra apreciar conforme a la prueba evacuada en el presente juicio oral y público, la prueba no es concluyente en cuanto a acreditar si efectivamente mi cliente tuvo participación en el delito enunciado; Y con las declaraciones de los testigos de cargo en la audiencia, no fue amplia ni congruente con la historia narrada, y de alguna forma no es creíble, lo cual genera una duda razonable con respecto a la forma en que ocurrieron los hechos con respecto a la participación del acusado y con respecto al tipo penal o al delito que presuntamente se cometió en ese lugar y hora, consecuentemente considero que el artículo número 339 del Código Procesal Penal faculta a los operadores de justicia, para que cuando no haya pruebas suficientes para condenar al imputado, se dicte sentencia absolutoria. RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES: Puesto que los vicios procesales que se denuncian en este motivo de Casación ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva, contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario, más que el presente.”Fundamentación 1. Motivo de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Violación al Precepto Constitucional contenido en el artículo 89, respecto al principio de inocencia y artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.Normas Autorizantes: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: violación del derecho fundamental de Presunción de Inocencia. Pretensión: se decrete la nulidad de la sentencia y se dicte la sentencia absolutoria a favor del acusado, por no haberse logrado probar la comisión de delito de que se le acusa. Resumen Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por la violación al artículo 89 respecto al principio de inocencia y al artículo 1 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal ha condenado al acusado F. Z., presuntamente por haber disparado un arma de fuego, pero no consta documento indubitado que éste diera muerte a M. A. C., el que fue posteriormente capturado por la policía e identificado por un testigo de cargo, por lo que fue declarado culpable del delito de Homicidio Simple, pero sin tomar en consideración las pruebas aportadas por la defensa. Aunque está probado en juicio que el señor M. A. C. fue muerto a consecuencia de heridas causadas por un arma de fuego, no se presentó en juicio prueba pericial balística, para determinar el tipo de arma y calibre que causó la muerte al ofendido; tampoco un Dictamen Pericial de Autopsia, sino que lo único que obra en juicio es un Acta de Levantamiento de Cadáver. Con la omisión del Dictamen Médico de Autopsia y del Dictamen de Balística, el fallo de condena dictado por el Tribunal de Sentencia, violenta el principio de inocencia, contenido en el artículo 89 Constitucional, los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 14 y 273 del Código Procesal Penal, y la propia Ley del Ministerio Público, omisión de dicha prueba no imputable al acusado. Asimismo, la defensa solicita que aplique e interprete la regla delIn Dubio Pro Reo, dispuesta en el Artículo 339 del Código Procesal Penal que señala: “Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable”, y que manda al juez sentenciador que no deba condenar a un acusado, cuando del examen de las pruebas se deduzca que hay una duda razonable. Concepto General del RecursoAl respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñoz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1]Concepto especifico Para el examen del motivo de casación por infracción de precepto constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. Cuando en vía casacional se alega la infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal A Quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de los acusados, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. Pero no acaba aquí la función casacional de las impugnaciones referidas a la vulneración de este derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la sentencia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la injerencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia. Constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado; para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías practicada en el juicio para hacer posible la contradicción, y sin que los medios probatorios traídos al proceso se hayan obtenido violentando derechos o libertades fundamentales, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano jurisdiccional pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar.De la procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo.El recurrente alega que la sentencia recurrida infringe el derecho fundamental de Presunción de Inocencia establecido en los artículos 89 de la Constitución de la República, el que dispone: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, por considerar que el tribunal de juicio condenó al acusado F. Z., por haber disparado un arma de fuego y causado la muerte al señor M. A. C., el que fue capturado posteriormente al día de los hechos, solo por haber sido identificado por un testigo de cargo y sin apreciar las pruebas aportadas por la defensa. Reprocha que la Fiscalía no presenta en juicio prueba de cargo como ser prueba Pericial Balística, para con ella comprobar el tipo de arma y calibre que causó la muerte al ofendido, tampoco la prueba Pericial de Autopsia, sino solo un Acta de Levantamiento de Cadáver, por lo que considera que el fallo de condena dictado en contra de su defendido, infringe el estado de inocencia, contenido en el artículo 89 Constitucional, los artículos 1 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 14 y 273 del Código Procesal Penal, y la propia Ley del Ministerio Público, y la regla del In Dubio Pro Reo ,contenida en el Artículo 339 del Código Procesal Penal. Esta Sala observa que la prueba de cargo incorporada al juicio es la siguiente: 1) Acta de inspección ocular y álbum fotográfico, ratificado en sala de juicio por el Especialista de la Escena del Crimen, Merary Zerón (folios 131 a 144 del proceso) que acredita el lugar de los hechos, ilustrado mediante fotografías, la cual es coincidente con la declaración de la Testigo Protegida A, sobre la existencia del callejón y ubicación de la casa del ofendido, diligencias realizada a pocas horas después del día de los hechos, y el lugar donde cayó la víctima, en que habían tirado tierra y estaba húmedo, pero que según los familiares del occiso lo hicieron para evitar que los perros siguieran comiéndose la sangre, escena del crimen que aunque estaba alterada, es debidamente complementa con la declaración del testigo protegido A; 2) Declaración de testigo protegido A, incorporada al juicio mediante lectura autorizada, rendida en la audiencia inicial, en que la testigo declara que pudo observar la ejecución del hecho por estar apenas a unos escasos metros y por ser los ejecutores del hecho personas conocidas de la testigo, y por describir las partes del cuerpo del occiso en que recibió los disparos, siendo coincidente con lo sostenido por el perito del Ministerio Público, Dr. O. F., quien acudió a la escena del crimen a realizar el respectivo levantamiento cadavérico, versión que también es coincidente, con el lugar y tiempo de los hechos, al declarar que ocurren frente al portón de la vivienda del occiso, cuando dos personas, entre ellas el acusado, salieron de un callejón y estando la víctima de espalda frente al portón de su casa, ambos le dispararon al acusado con arma de fuego; 3) Prueba Pericial del Dr. M. O. F. V., quien ratifica el Acta de Levantamiento de Cadáver del señor M. A. C., que describe las heridas que tenía el cuerpo de la víctima, producidas por disparos de arma de fuego, y que lesionan partes vitales del cuerpo de la víctima y le produjeron la muerte. Esta Sala también observa la prueba de descargo, consiste en la declaración rendida en juicio por el testigo E. C. T., quien declara que el día y hora del hecho vio en la comunidad de Netapa al acusado F. Z., en el campo de futbol donde jugaban casi a diario, y que vivía en esa comunidad, siendo cafetalero, labor la realizaba en un horario de 5 a 12 m. y de 12 m a 1 pm, y que vive bastante retirado del lugar de los hechos. Esta Sala considera que las razones vertidas en la sentencia que se impugna por el juzgador, que concede credibilidad a la prueba de cargo descrita, y resta credibilidad a lo declarado por el testigo de descargo, son perfectamente válidas y aptas, por haber sido prueba admitida y sometida al contradictorio de las partes, sin transgresión de los derechos fundamentales, valoradas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, analizadas en su conjunto, armoniosamente, siendo prueba de cargo suficiente para con ella enervar el estado de inocencia, y producir un estado de certeza positiva acerca de la participación del acusado F. Z., en los hechos que se le imputan. Motivo único: Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por inobservar el juzgador las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Normas Autorizantes: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: en la Valoración de la Prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. Reclamación Ex Ante: sin determinar por la pretensora. Pretensión: se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. ResumenQuebrantamiento de Forma por adolecer de motivaciones suficientes y contradictorias y porinobservancia de las reglas de la Sana Crítica. Hay incongruencia entre los hechos probados y la valoración de la prueba, en que señala que el imputado F. Z., se encontraba en el lugar de los hechos, incongruencia que deja claras dudas con respecto a la veracidad de lo expresado. Al valorar las pruebas el juzgador omite concatenar la prueba de la defensa testifical del señor H. C. T., siendo su testimonio claro, preciso y congruente en sus dichos, y la prueba pericial propuesta por el Ministerio Público. Se probó que al acusado no se le decomiso arma de fuego, no obstante que se le atribuye a él esa muerte, arma que en ningún momento obra como pieza de convicción. La testigo A, relata que miró cuando F. R. y A. R. le dispararon al difunto, pero se contradice cuando expresa que se encontraba detrás de la puerta, cuando escucha dos disparos y que las armas que andaban eran calibre 22 largo, y se pregunta el recurrente ¿cómo pudo ver a los hechores y determinar las características del arma si no se encontraba en el lugar del hecho? La lógica le dice que cuando escucha disparos, lo que se hace es esconderse para no salir herido, por lo que presume que hay inconsistencia respecto a la ubicación, relato, tiempo, lugar y actividad que hacía el testigo al momento de los hechos, por lo que aprecia que maquilló su testimonio. Si se concatenan los testimonios de cargo y descargo, se deduce que estaba en dos lugares diferentes a la vez, por lo que observa la no aplicación de las reglas de la sana crítica, dado que el juzgador no explica por qué un medio probatorio le merece crédito y el otro no. El testigo de descargo escongruente con sus dichos, por no incurrir en contradicciones sobre la esencia de los hechos, sino que las inconsistencias en aspectos irrelevantes. Con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos. Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada onegada, debe corresponder convenientemente alelemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2].Con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El recurrente funda su motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma en la violación de las reglas de la sana crítica, en lo atinente al principio lógico de derivación, en su apartado de razón suficiente, en la valoración de la prueba consistente en la declaración de la testigo A, que relata que miró cuando F. R. y A. R. le dispararon al difunto, pero que se contradicecuando expresa que se encontraba detrás de la puerta, escucha dos disparos y ve que las armas que andaban eran calibre 22 largo; y con la declaración del testigo de descargo señor E. C. T., quien en su testimonio fue claro, preciso y congruente al manifestar que el acusado no se encontraba en la escena del crimen al momento de los hechos. Esta Sala observa que la prueba de cargo consiste en: 1) Acta de Inspección ocular y álbum fotográfico, ratificado en sala de juicio por el especialista de la Escena del Crimen Merary Zerón (folios 131 a 144 del proceso) la que acredita el lugar de los hechos ilustrado mediante fotografías, la cual es coincidente con la declaración de la Testigo Protegida A, respecto al lugar de los hechos ubicado en un callejón frente a la casa del ofendido, diligencias realizada a pocas horas de ocurridos los hechos, sitio donde cayó la víctima, donde habían tirado tierra, estaba húmedo, y que según los familiares del occiso lo hicieron para evitar que los perros comieran la sangre de la escena del crimen, escena que si bien estaba alterada, se complementa con lo declarado por la Testigo Protegido A; 2) Declaración de testigo protegido A, rendida en la audiencia inicial e incorporada al juicio mediante lectura autorizada, en la que la testigo declara que pudo observar la ejecución del hecho por estar apenas a unos escasos metros por lo que dice que los ejecutores, entre ellas el acusado, son personas conocidas de la testigo y describe las partes del cuerpo del occiso en que recibió los disparos, siendo coincidente con lo sostenido por el Perito Forense de la escena del crimen; 3) Peritaje Forense del Ministerio Público Dr. O. F., quien acudió a la escena del crimen a realizar el respectivo levantamiento cadavérico, que es coincidente, en el lugar y tiempo de los hechos, al declarar que ocurre frente al portón de la vivienda del occiso; 4) Prueba Pericial del Dr. M. O. F.V., quien ratifica el Acta de Levantamiento de Cadáver del señor M. A. C. que describe las heridas producidas por disparos de arma de fuego una localizada en el tórax anterior a nivel de la tetilla izquierda, y el otro localizado en la espalda o tórax posterior a nivel de columna vertebral y con orificio de salida a nivel de axila derecha, que lesionan órganos vitales del cuerpo de la víctima y le produjeron la muerte. Medios de prueba de cargo que analizados en su conjunto y de forma armoniosa constituyen prueba lógica y suficientes para establecer la participación del acusado F. R. junto a otra persona, en el hecho ilícito por el que ha sido sometido a juicio.Esta Sala considera que las razones para restar virtualidad a la declaración del testigo de descargo señor E.C. T., son lógicas y suficientes de que hay carreteras y medios de transporte suficientes para que el acusado se haya movilizado por treinta kilómetros desde la Aldea de Netapa, al lugar de ocurridos los hechos, y en virtud que lo declarado por la testigo protegido A, se ha corroborado mediante la prueba de cargo ya referenciada: Esta Sala concluye que en el presente caso, en la valoración de la prueba de cargo la sentencia está constituida por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que de ellas se fueron determinando hasta concluir con la sentencia que se impugna. Por todo lo anterior, procede desestimar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente.DECISIÓN: esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Precepto Constitucional y el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocados porla Abogada H. N. E. G., en su condición de apoderada defensora del señor F. Z. R.. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 361 y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Precepto Constitucional y el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocadosla Abogada H. N. E. G., en su condición de apoderada defensora del señor F. Z. R., en la causa instruida en su contra, a quien se le condenó al señor F. Z., como coautor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor M. A. C.;Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán;Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO R. VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN G.. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-277-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñoz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
[2]LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005