Sentencia CP-276-15 — Registro 9996
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por el delito de actos de lujuria, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por la recurrente, ha revisado de manera detallada la sentencia recurrida, así como los razonamientos del sentenciador para valorar la prueba evacuada y puede concluir que no existe el quebranto a la presunción de inocencia que argumenta la censora, todo lo contrario, el juzgador ha efectuado una valoración conjunta, armónica de toda la prueba, teniendo como base las reglas del recto entendimiento humano. En el caso de autos nos encontramos ante un caso bastante peculiar, pues el imputado H. A. R. O. fue capturado inicialmente por posesión de droga para el consumo personal, pero cuando es llevado a la posta policial, ahí también se encontraba la ofendida E. K. G. O. interponiendo denuncia contra su agresor hasta ese momento desconocido, pero que al escuchar al imputado y luego observarlo, es capaz de reconocerlo como la persona que horas antes le había tocado sus partes íntimas. La declaración de esta joven E. K. G. O., es totalmente contundente y creíble, establece cómo se encuentra con el acusado, quien andaba en un inicio tapada su cara, luego este intenta tocarla y la tira al suelo, entablándose entre el acusado y ofendida un forcejeo, producto del cual la joven E. K. salió fuertemente lastimada, tal como lo establece el dictamen físico practicado a ella; pero la joven se defiende y en varias ocasiones logró desapartarse del imputado, quien se quitó su pañuelo y se lo puso a la ofendida en su boca para evitar que gritara, por lo que, ésta logró ver claramente su rostro y eso permitió que al encontrarlo en la posta lo lograra reconocer y sin lugar a dudas lo señalara como la persona que había efectuado actos lujuriosos en su contra. La declaración de la ofendida G. O., fue corroborada por la declaración del policía M. T. A. G., quien capturó al acusado y afirmó haber estado presente cuando la joven reconoció al imputado como su agresor, además está respaldada su deposición con lo decomisado al acusado H. A. R. O., es decir con el pañuelo con las mismas características que afirmó la perjudicada había introducido en su boca para evitar que ésta gritara; así como la faja que también le había visto al acusado. Todas estas circunstancias fueron ampliamente razonadas y argumentadas por parte del Tribunal Sentenciador en su fallo, razones suficientes para sostener que en ningún momento fue vulnerado el Estado de Inocencia, sino que el mismo fue desvirtuado debido a la contundente prueba ofertada por el ente acusador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 276-2015 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de abril del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenó al señor H. A. R. O., a la pena de seis (06) años de reclusión, por el delito de Actos de Lujuria, en perjuicio de E. K. G.. 2) Condenó al señor H. A. R. O., por el delito de Posesión de Marihuana para Consumo Personal en perjuicio de su propia Salud, a la pena de Quinientos (500.00) lempiras de multa y la medida de seguridad de Internamiento por treinta (30) días. 3) Condenó al señor H. A. R. O., a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. 4) Declaró la responsabilidad civil del condenado H. A. R. O.. 5) No procede la condena en costas procesales. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por la Abogada V. M. O., en su condición de Defensora Pública del señor H. A. R. O.. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado M. R. A. E. en su condición de Defensor Público del imputado, como parte recurrente y la Abogada D. E. R. C. en su calidad de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. II. Hechos Probados “PRIMERO: El día diecinueve de septiembre del año dos mil doce a eso de las ocho y quince de la noche, la joven E. K. G. se dirigía hacia su casa de habitación ubicada en el municipio de Valle de Ángeles Departamento de Francisco Morazán, y cuando transitaba por el puente ubicado en el Barrio el Zarzal, el señor H. A. R. quien se tapaba la boca con un pañuelo negro y blanco, le salió al paso, ante la pregunta de E. si quería su dinero o celulares, él le dijo “te quiero a vos”; tomándola por la cintura con una mano, comenzó a forcejear con la joven E. K.; el señor H. le introdujo el pañuelo que usaba en la boca y la lanzó al suelo y metió la mano entre las piernas de la joven. E. K. logró ponerse en pie, por lo que H. volvió a lanzarla al suelo, lo que lo ocasionó excoriaciones y hematomas en el codo izquierdo, y equimosis en el labio superior; procediendo a tocarle la vulva y los pechos; molesta E. K. como pudo se lo quitó de encima y logró defenderse utilizando el tacón de su zapato, después de luchar unos minutos, le dijo a H. “no voy a gritar y te vas”, por lo que se fue del lugar. SEGUNDO: La joven E. K. G. acompañada de su madre la señora R. O. interpuso la denuncia en la Posta de Valle de Ángeles indicando que había sido agredida por un sujeto, por lo que los agentes de policía procedieron a realizar un patrullaje en la zona, advirtiendo la presencia del señor H. A. R. quien portaba algo en su mano, le hicieron un registro personal encontrando que en una bolsa llevaba dos, coma nueve gramos (2,9g) de marihuana para su consumo. El señor R. fue trasladado a la posta policial donde aún se encontraba la joven E. K. quien luego de escuchar la voz del señor H. A. R. logró identificarlo como la persona que horas antes la había agredido. III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 88, 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO), en relación con los Artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) Sólo hará prueba la declaración rendida ante juez competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor H. A. R. O. por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la joven E. K. G. infringe gravemente los fundamentales derechos de presunción de inocencia, juicio previo y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable, la imputación en contra del señor H. A. R. O., produjo un muy pobre aporte de pruebas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba directa de cargo en relación al delito de ACTOS DE LUJURIA únicamente la declaración de la ofendida E. K. G., de quien no dudamos que efectivamente sufrió una agresión sexual, pero la misma no fue ejecutada por el señor H. A. R. O.. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce porque la acreditación de participación en el hecho ilícito por el que fue condenado el señor H. A. R. O. no está respaldada con prueba suficientemente apta, ya que la prueba de cargo, como antes dijimos, está limitada, decisivamente, a la declaración de la ofendida E. K. G., quien por las condiciones en que se produjo el ataque, poca visibilidad por haberse ejecutado en horas de la noche, no permitieron que ella pudiera reconocer a su agresor y no existe otra prueba confiable que vincule al imputado con el hecho ilícito a él atribuido. QUINTO: Entendida estoy que en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica es legalmente posible sustentar un fallo de condena en una declaración de un único testigo, pero ella debe tener una serie de corroboradores periféricos que la confirmen, condición que, en el caso de mérito, no se satisface, pues como lo sostuvo esta defensa al momento de pronunciar nuestras conclusiones, al imputado H. A. R. O. lo detiene la policía y lo llevan a la posta, no porque presentara algún indicio de participación en la agresión que sufrió la joven E. K. G., sino porque lo encontraron en posesión de un envoltorio de periódico conteniendo supuesta marihuana, además por el propio relato de la ofendida la persona que la agredió debió presentar alguna evidencia de los golpes que ella le propinó con el tacón de su zapato izquierdo, señas que no eran visibles en el imputado, tampoco la ropa que vestía el imputado coincide con la descrita por la ofendida, pues esta dijo que su agresor vestía un buzo, pantalón normal, tales inconsistencias vuelven totalmente dudoso el señalamiento en contra del señor H. A. R. O., agregado a tal incertidumbre la defensa del imputado, en la audiencia de juicio oral, también señalamos las inconsistencias que muestran las actas de registro personal y de decomiso, a las que evidentemente se les hizo modificaciones para adaptarlas a los hechos, pues en ellas se agregan o se hace énfasis en datos que originalmente no estaban consignadas en dichas actas, razón por la cual tales medios de prueba no pueden ser utilizados para sustentar un fallo de condena, como indebidamente lo hace el Juzgador; por otra parte el imputado a través de su defensa aportó prueba de descargo que acreditan que el día y a la hora de los hechos el imputado se encontraba acompañado con otras personas y en un lugar distinto a aquel en donde fue agredida la ofendida y por ello no pudo ser él quien la atacó según las declaraciones de los señores E. E. R. O. y B. J. O. quienes de manera creíble dan fe de ello, evidenciando el error en que incurrió el Juzgador al dictar un fallo condenatorio en contra del imputado H. A. R. O. con tan inconsistente sustento probatorio. SEXTO: En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia, juicio previo y el debido proceso exigen que cualquier condena judicial debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y la participación dolosa o culposa del imputado; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor H. A. R. O. sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido, violentando con ello los fundamentales derechos antes referidos. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA Consciente estoy que al Tribunal de casación no le está permitido realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso y sin necesidad de desarrollar un riguroso examen de las pruebas de cargo se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y ordenar su reenvío para que el mismo sea sustanciado con absoluto respeto de los derechos fundamentales del señor H. A. R. O..” V. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículo 88, 89 y 90 de la Constitución de la Republica. Concepto de la Infracción: Violación a la presunción de inocencia, debido proceso y juicio previo Pretensión: Que se declare la nulidad del fallo impugnado y se ordene el reenvío. Explicó la censora que, en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia, juicio previo y el debido proceso, exigen que cualquier condena judicial debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y la participación dolosa o culposa del imputado, exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al acusado sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo. Del Derecho a la Presunción de Inocencia. Resulta conveniente establecer los parámetros que ha establecido esta Sala de lo Penal, acerca del derecho a la presunción de inocencia. El artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y normas legales secundarias (vid. Arts. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art.14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2). Significa el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria y de la intervención en los mismos del procesado. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal deberá considerar: a) Las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) Si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) Si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo[1]. Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal, ante lo denunciado por la recurrente, ha revisado de manera detallada la sentencia recurrida, así como los razonamientos del sentenciador para valorar la prueba evacuada y puede concluir que no existe el quebranto a la presunción de inocencia que argumenta la censora, todo lo contrario, el juzgador ha efectuado una valoración conjunta, armónica de toda la prueba, teniendo como base las reglas del recto entendimiento humano. En el caso de autos nos encontramos ante un caso bastante peculiar, pues el imputado H. A. R. O. fue capturado inicialmente por posesión de droga para el consumo personal, pero cuando es llevado a la posta policial, ahí también se encontraba la ofendida E. K. G. O. interponiendo denuncia contra su agresor hasta ese momento desconocido, pero que al escuchar al imputado y luego observarlo, es capaz de reconocerlo como la persona que horas antes le había tocado sus partes íntimas. La declaración de esta joven E. K. G. O., es totalmente contundente y creíble, establece cómo se encuentra con el acusado, quien andaba en un inicio tapada su cara, luego este intenta tocarla y la tira al suelo, entablándose entre el acusado y ofendida un forcejeo, producto del cual la joven E. K. salió fuertemente lastimada, tal como lo establece el dictamen físico practicado a ella; pero la joven se defiende y en varias ocasiones logró desapartarse del imputado, quien se quitó su pañuelo y se lo puso a la ofendida en su boca para evitar que gritara, por lo que, ésta logró ver claramente su rostro y eso permitió que al encontrarlo en la posta lo lograra reconocer y sin lugar a dudas lo señalara como la persona que había efectuado actos lujuriosos en su contra. La declaración de la ofendida G. O., fue corroborada por la declaración del policía M. T. A. G., quien capturó al acusado y afirmó haber estado presente cuando la joven reconoció al imputado como su agresor, además está respaldada su deposición con lo decomisado al acusado H. A. R. O., es decir con el pañuelo con las mismas características que afirmó la perjudicada había introducido en su boca para evitar que ésta gritara; así como la faja que también le había visto al acusado. Todas estas circunstancias fueron ampliamente razonadas y argumentadas por parte del Tribunal Sentenciador en su fallo, razones suficientes para sostener que en ningún momento fue vulnerado el Estado de Inocencia, sino que el mismo fue desvirtuado debido a la contundente prueba ofertada por el ente acusador, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. V. Decisión Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada V. M. O., en su condición de Defensora Pública del señor H. A. R. O. a quien se le condenó por el delito de Actos de Lujuria en perjuicio de E. K. G. O. y por el delito de Posesión de Marihuana para el consumo Personal en perjuicio de su propia salud. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta (30) de abril del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-276-2015.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
RECEPTOR ADSCRITO
SALA DE LO PENAL
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[1] Sentencia de Casación Penal SP 42-2009 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 05 de abril del 2011