Sentencia CP-274-16 — Registro 9665
Resumen
En primera instancia se absuelve al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso prohibido, se declara parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso es parcialmente de recibo. Contrario indica el acusador público en su recurso, el hecho probado de la sentencia no reproduce el ámbito situacional previsto en el artículo 332-A del Código Penal, ya que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el citado artículo. La naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras -chimbas- usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra.No obstante lo anterior,en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. No cabe duda que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba” que se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal.Por estas razones, deviene declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público. DECISIÓN Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo..."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentenciaconociendo del Recurso de Casación SP 274-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Absolver de toda responsabilidad penal al señor M. P. H. por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso prohibido en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declarar improcedente la responsabilidad civil de M. P. H.. Tercero: Decretar el comiso de los dos tubos de metal que constituyen el arma de fabricación artesanal tipo “Chimba” y se ordena su remisión a la Secretaría de Seguridad para su destrucción. Cuarto: Exonerar al señor M. P. H., del pago de las costas procesales, personales y demás gastos ocasionados con el juicio. Quinto: Mantener al señor M. P. H.la medida cautelar distinta a la prisión preventiva hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de firme. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada D. L. H., actuando en su condición de fiscal de Ministerio Público.Son partes en única instancia: La Abogada D. E.R. C., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y los Abogados J. R. I. y A. R.P., defensores públicos, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Este Tribunal después de analizados y valorados los medios probatorios evacuados por las partes procesales durante el debate declara probado: PRIMERO: El día siete de noviembre del año dos mil nueve, aproximadamente a las ocho de la noche, la Policía Preventiva de San Jerónimo recibió una llamada telefónica anónima expresándoles que en el sector de la entrada al sitio conocido como “El Chorizo” se encontraban varios individuos ingiriendo bebidas alcohólicas y portando armas de fuego. SEGUNDO: Al llegar la Policía al sector, observaron a un grupo de personas que al percatarse de la presencia policial salieron corriendo del lugar, quedando únicamente dos personas entre ellos el señor M. P .H.. TERCERO: Los oficiales de policía R. M. P. y F. A.O. O., requirieron a M., procediendo a realizarle un registro personal, encontrándole al lado derecho de donde estaba sentado un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba”. Una vez realizado lo anterior procedieron a ponerlo a la orden de la autoridad competente. CUARTO: El arma decomisada según el Laboratorio de Balística de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, se trata de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, presentando buen funcionamiento mecánico y operativo.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogada D. L. H., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓNMOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: “El A-quo en el fallo en estudio, declaró como hechos probados las siguientes verdades intangibles: PRIMERO: “El siete de noviembre del año dos mil nueve, aproximadamente a las ocho de la noche, la Policía Preventiva de San Jerónimo recibió una llamada telefónica anónima expresándoles que en el sector de la entrada al sitio conocido como “El Chorizo” se encontraban varios individuos ingiriendo bebidas alcohólicas y portando armas de fuego. SEGUNDO: Al llegar la policía al sector, observaron a un grupo de personas que al percatarse de la presencia policial salieron corriendo del lugar, quedando únicamente dos personas entre ellos el señor M. P.H. TERCERO: Los oficiales de policía R. M.P.Y F. A. O.O., requirieron a M., procediendo a realizarle un registro personal encontrándole al lado derecho de donde estaba sentado un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba” Una vez realizado lo anterior procedieron a ponerlo a la orden de la autoridad competente. CUARTO: El arma decomisada según el Laboratorio de Balística de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, se trata de un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, presentando buen funcionamiento mecánico y operativo”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que los oficiales de policía requirieron a M. P. H., y procedieron a realizarle un registro personal, encontrándole al lado derecho de donde estaba sentado un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba”, motivo por el cual se emite sentencia Absolutoria aduciendo el A-quo que el tipo de artefacto decomisado al encausado no está implícito en la norma penal, razón por la cual la conducta no puede ser objeto de una sentencia condenatoria. El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar que no le es posible aplicar una norma no clara a un caso concreto, (artículo 332A Y 332B) ya que de hacerlo se estaría usurpando funciones legislativas al crear tipos penales mediante interpretación judicial. Es así que en el citado apartado establece: “Que para esta sala si bien es cierto se acreditó la existencia de dos tubos de metal que de acuerdo al dictamen pericial corresponden a un arma de fuego de fabricación casera denominada “chimba” este tipo de armas a nuestro juicio, se encuentra establecidas en la ley de Control de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares, no así, en el Código Penal Vigente, razón por la cual al no haber claridad en la ley penal, no le es posible a los jueces aplicar una norma no clara en un caso concreto ya que de hacerlo estaría usurpando funciones legislativas al crear tipos penales mediante interpretación judicial debiendo la norma penal ser tan concreta y específica a fin de que el juzgador no utilice la analogía que pueda convertirse en mala “parten” o en perjuicio del reo”. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado M. P.H., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal. Se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A-quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación; y, *Pretensión: Resolver conforme a ley. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal).Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje.Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga a hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente con base en ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7.Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que éste sea de lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber:1)Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente).2)Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales(no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (armas automáticas), 2 (armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento penal a las armas de fabricación cacera o artesanal.El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito.Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita, en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente. Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener autorización de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionados penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación.De la procedencia del recurso. El recurso es parcialmente de recibo. Contrario indica el acusador público en su recurso, el hecho probado de la sentencia no reproduce el ámbito situacional previsto en el artículo 332-A del Código Penal, ya que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el citado artículo. La naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras -chimbas- usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra.No obstante lo anterior,en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. No cabe duda que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación artesanal tipo “chimba” que se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal.Por estas razones, deviene declarar ha lugar parcialmente el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, lo que no constituye violación al principio de no reforma peyorativa, pues el delito ahora observado no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público. DECISIÓN Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara Ha Lugar Parcialmente el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Casa la sentencia de fecha quince (15) de octubre de dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, y como consecuencia, revoca la misma; Tercero: Se debe condenar y se condena al señor M. P. H., de generales conocidas en autos, como autor responsable de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego de uso personal en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión, a la que deberá deducírsele el tiempo en que haya estado privado de libertad preventivamente exclusivamente por esta causa; pena que deberá de cumplir en el Centro Penitenciario de Támara, Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario atendiendo razones de seguridad, tratamiento progresivo o de conveniencia administrativa penitenciaria; asimismo, se condena al señor M. P.H., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, así como la obligación del ahora condenado a trabajar dentro del establecimiento penitenciario o en obras públicas bajo la dirección de éste, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme las regulaciones contenidas en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y su reglamento respectivo; finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, la cual deberá ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta sentencia por la víctima del delito, que en este caso es el Estado de Honduras. Se declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y además librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor M. P.H.. (Artículo 06 del Código Procesal Penal). NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-274-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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