Sentencia CP-271-15 — Registro 9990
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que abuelve al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL MOTIVO ES DE RECIBO. Luego de analizar los argumentos del censor, al considerar que se ha violentado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso como representante de los intereses de la sociedad, esta Sala de lo Penal considera que en efecto se ha trasgredido su derecho de defensa, pues al negarle la incorporación por lectura de un medio de prueba de vital importancia, ha dejado sin la posibilidad de que éste defienda y acredite su posición como acusador, al no permitirle la evacuación como prueba documental del dictamen balístico practicado al arma decomisada al imputado, ya que el sentenciador determinó no evacuar el medio de prueba pericial sugerido en audiencia de proposición de pruebas por el Ministerio Público, pues el experto para dicha pericia no fue juramentado en legal y debida forma. Es importante recordar los lineamientos e instrucciones que regula el “Instructivo para regular la citación de Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal y la comparecencia de perito y consultores técnicos ante los Juzgados y Tribunales”, mismo que emitió esta Corte Suprema de Justicia y fue publicado en el diario oficial la gaceta el 27 de noviembre del 2004; en virtud de la facultad que le otorga el artículo 23 del Código Procesal Penal de emitir los instructivos que sean necesarios para la aplicación de ese código. En dicho instructivo se hace ya una marcada distinción entre “Peritos Oficiales” que son aquellos que laboran para medicina forense y “Peritos no oficiales” que son los que laboran en instituciones privadas; en el primero de los casos (Peritos oficiales) éstos no requieren la juramentación que refiere el Código Procesal Penal, pues la misma se hará en el acto del Juicio cuando llegue a presentar su dictamen, pero no se requerirá su juramentación, cuando el dictamen sea introducido por lectura conforme el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal. En el caso de peritos no oficiales, si se requerirá que se acredite su experticia ante el Tribunal y que sea juramentado previamente a la elaboración de su dictamen. En el caso de autos si bien no fue posible la evacuación del dictamen pericial, pues el perito oficial no se encontraba presente en el juicio, el Ministerio Público solicitó en su defecto la incorporación por lectura del dictamen pericial, misma que sería valorada como prueba documental, en ese caso correspondía al Sentenciador otorgarle o no valor probatorio, pero conforme al referido instructivo y al criterio de esta Sala, si era procedente evacuar dicho medio de prueba como documento y darle el valor probatorio como tal. Al no admitir dicho medio de prueba, sin lugar a dudas se dejó en indefensión a la sociedad a quien representa el Ministerio Público, pues con esa prueba no solo se acreditaba el buen estado de funcionamiento del arma, sino que la misma era de fabricación cacera. Por estas razones es procedente declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación del Derecho de defensa de los intereses de la sociedad a quien representa el Ministerio Público, por tanto, lo procedente es decretar la nulidad del debate y de la Sentencia que se pronunció y ordenar la celebración de uno nuevo donde se garantice el Derecho de Defensa de todas las partes. Esta Sala de lo Penal se abstiene de pronunciarse sobre el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que se ha declarado con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, con los efectos jurídicos correspondientes.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma número SP 271-2015, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de enero del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: 1) Absolvió al señor C. E. C. F. del delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. 2) No procede condenar en costas; 3) Se ordena la destrucción del arma de fuego de fabricación artesanal. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado R. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada R. L. C. en su calidad del de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada A. R. P. en su condición de Defensora Pública, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: PRIMERO: en fecha doce (12) de Noviembre del año dos mil catorce (2014), dio inicio la celebración del juicio oral y público en contra del señor C. E. C. F. por el supuesto delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, el cual culminó en fecha tres de diciembre del mismo año. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate no le fue admitida al representante de la sociedad, la introducción mediante lectura autorizada del Dictamen de Balística, probanza que resulta de absoluta relevancia para determinar la existencia del delito, pues a través del mismo se establece el buen funcionamiento del arma que le fue decomisada al imputado; dicha petición fue planteada por el Ministerio Público, en vista que la secretaría de dicho tribunal expone que siendo que no fue juramentado el perito Y. A. F. mismo que por esa razón no fue citado para que compareciera al juicio oral y público, y siendo que en ese momento solamente se contaba con el dictamen de balística realizado por J. C. A. adscrito a la Dirección de Medicina Forense, quien de acuerdo al informe de la secretaria del Tribunal no fue juramentado, pero aun así fue citado en legal y debida forma, a quien solamente se le preguntó si había sido juramentado, y no sobre la experticia en mención a fin de que ratificara la misma, siendo esa la razón por la cual el juzgador no aceptó la introducción de la experticia, estando presente en la sala de la sesión el señalado perito o bien mediante la lectura autorizada, conforme lo establece el artículo 311, numeral 2) del Código Procesal Penal. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan: a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto, si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa, no sucedieron ninguna de las dos, pues al considerar el juzgador que tal experto no se encontraba juramentado por juez competente para realizar dicho dictamen, resolvió no admitirla, lo que provoca la indefensión de la sociedad, vedando al Ministerio Público el derecho que la Ley le otorga a las partes, de hacer uso de todos los elementos de prueba necesarios que le permitieran lograr su pretensión acusatoria, en su afán de la búsqueda de la justicia, en vista que como hemos supra indicado, esta probanza es importante para acreditar la funcionalidad o no del artefacto de elaboración casera que le fuera decomisado al señor C. E. C. F. el nueve de diciembre del 2012, cuando agentes de la policía realizaban un patrullaje de rutina frente a la Tuna y el Coyote, en el Bulevar Roberto Larios de la ciudad de Comayagua, circunstancia esencial para demostrar la ocurrencia del ilícito de Portación Ilegal de Arma Prohibida; desconociendo el Tribunal con su decisión de inadmitir la prueba bajo el citado argumento, que el señor J. C. A. ostenta el cargo de perito forense, consecuentemente tiene la categoría de un perito oficial, cuya ausencia de juramento no le resta credibilidad a su opinión, al contar con los conocimientos necesarios para realizar este tipo de experticias y al no haber permitido que el perito ratifique su opinión en debate, se hace necesario su incorporación por lectura, al resultar imposible por disposición errónea del Tribunal reproducirla en juicio, pues lo verdaderamente relevante para el juzgador, es que J. C. A. practicó la pericia sobre el arma decomisada, lo que constituye una actuación comprendida en los límites de sus funciones, por lo que no cabe afirmar que en el presente caso faltó el juramento de ley y por eso la prueba no puede ingresar al juicio como lectura autorizada; causando un grave perjuicio a la petición fiscal, al tratarse de una prueba útil y pertinente para acreditar la conducta delictiva que se le atribuye al acusado, violentándose el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen las pretensiones de las partes, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal y consecuentemente el Debido Proceso. En virtud de lo anterior, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. MOTIVO ÚNICO: Que, al haber dictado el Juzgador Sentencia Absolutoria, lo hizo valorando la prueba en inobservancia de las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Para mejor comprensión del presente recurso, es pertinente establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la Regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El Juzgador consideró dictar un fallo Absolutorio, al estimar que la prueba de cargo no establece de manera fehaciente la infracción cometida por el encartado de autos, ya que los testigos, quienes son agentes de policía no especifican de manera clara el sitio en donde dan detención al acusado, en sus declaraciones afirman que fue en el Boulevard Roberto Romero Larios, de la ciudad de Comayagua, a inmediaciones del Restaurante La Tuna y el Coyote, pero el acta de Registro Personal, establece que al imputado se le detiene en el Barrio Santa Lucía. Nuestro reproche recursivo va dirigido a demostrar, que el Tribunal ha efectuado una errónea valoración de la prueba allegada legalmente al juicio, arribando en consecuencia a conclusiones desacertadas, pues estimamos que la probanza se torna suficiente y contundente para establecer no sólo la existencia del delito de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA, sino también la participación directa del imputado C. E. C. en la perpetración de los mismos, consecuentemente al establecer lo contrario en su motivación, infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente y para ello basta observar el contenido de la prueba en sí y las resultas que de ella se derivan, tal como lo exponemos a continuación: Para el A quo, las declaraciones de los policías C. R. P. T. y S. P. T. entran en contradicción con la prueba documental, acta de registro personal, pues ellos afirman que el imputado estaba sólo en la zona del Restaurante conocido como La Tuna y El Coyote, pero en el acta que ellos levantaron indican que fue en el Barrio Santa Lucía, siendo direcciones diferentes, asimismo, afirman que el imputado llevaba un arma prohibida de manera visible en su mano derecha, lo que no resulta creíble, puesto que de acuerdo a la experiencia no es común que alguien armado porte su arma de manera visible y mucho menos cuando se trata de un arma prohibida, resultando sus versiones confusas y dubitables, por lo que las misma no generan convicción en el ánimo del Tribunal”. En relación a los supra indicados cuestionamientos que realiza el ente jurisdiccional debemos señalar, que resulta irrelevante la contradicción que cita, en cuanto a que los policías testigos colocaron en el acta de registro personal, que el arma fue decomisada en el barrio Santa Lucía y en sus deposiciones refieren, que fue capturado en la zona del restaurante conocido como la Tuna y el Coyote, pues ha resultado claro al examinar las declaraciones de los testigos de descargo, que la detención del imputado se llevó a cabo en el barrio Santa Lucía de Comayagua, cerca de la Tuna y el Coyote: de manera que no es cierto como asevera el Tribunal, que exista una disyuntiva en torno a la dirección donde fue capturado el señor C. E. C. que merezca desacreditar la prueba testifical de cargo y el acta de registro personal, ya que lo realmente importante, es que son coincidentes en cuanto a la esencia de los hechos, en virtud que ambos expresan que el imputado fue detenido en posesión de un arma de fuego tipo chimba, misma que llevaba en su mano derecha. El Juzgador cuestiona también, el hecho que el encausado llevaba el arma de manera visible, lo que a su criterio no resulta creíble; sin embargo, no han surgido en el desarrollo del juicio, circunstancias que lleven a creer que los policías deponentes tenían motivos para perjudicar al encausado, creando conductas delictivas que no han existido, ya que sólo actúan dentro del proceso como autoridad policial encargada de una detención, no poseyendo interés particular en el caso subjudice, más que se aplique la ley. Referente al valor probatorio que debe otorgarse a los testigos, la Sala de Lo Penal ha establecido en la sentencia 49-2009, en relación con la 836-2013 lo siguiente: “Que un testigo se supone que dice la verdad, salvo que se pruebe que no ha estado en el lugar de los hechos u otra circunstancia que disminuya su credibilidad…” Jurisprudencia que tiene vigencia en el caso subjudice. Como se logra observar, los aspectos supra indicados en que fundamenta su absolución el Tribunal no tienen fuerza, sino que son producto de su errónea valoración, del contenido de la prueba testifical que como hemos indicado anteriormente, se ha mantenido coincidente en la esencia de los hechos, en cuanto a la participación del imputado en el ilícito objeto de juzgamiento. Las desacertadas conclusiones a las que arribaron los miembros del Tribunal de Sentencia, son las que provocan el planteamiento del presente recurso, ya que su motivación denota que se apartó por completo de las reglas de la lógica, específicamente del postulado de derivación en su principio de razón suficiente y veracidad, por cuanto los razonamientos expuestos por el juzgador se han apartado de la Reglas de la Sana Crítica, que deben observarse en la valoración de la prueba. De igual manera, esta misma Sala en sentencia de fecha 11 de noviembre del 2009 contenida en el expediente SP-177-2008 ha dicho: “la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. (lo subrayado es nuestro) Basándonos en la jurisprudencia citada y aplicando la misma al caso sub judice, se advierte que el Juzgador no se basa a efecto de valorar la prueba en la triple comprobación que nos habla la Sala de lo Penal, pues como antes mencionamos, su razonamiento no se deriva de prueba válida que lo haga suponer el descrédito que le mereció la narración de hechos por parte de los testigos presénciales o que no hubiesen estado presentes en el lugar de los hechos al momento de éstos acontecimientos. En síntesis, esta probanza fue apta y suficiente para enervar el Estado de Inocencia del procesado en el sentido de la acusación, lo cual el Tribunal no fue capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento, dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, generando el vicio in procedendo susceptible de recurrir vía casación; vicio éste que procedemos a anunciarlo hasta en este momento, ya que el mismo se produjo en el acto mismo de sentenciar, por ende no ha podido efectuarse reclamación alguna previamente, y consecuentemente no cabe más que casar el fallo impugnado y ordenar el reenvió y evacuación de un nuevo juicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia gama (Recurso Ordinario), en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República, frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo: *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Constitucional que se denuncia Infringida: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: Violación al Derecho de Defensa y al Debido Proceso. *Pretensión: Que se declare a lugar el Recurso de Casación. Explicó el recurrente que se ha vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, cuando en la audiencia de debate no le fue admitida al representante de la sociedad, la introducción mediante lectura autorizada del dictamen de balística del arma decomisada al imputado. DEL DERECHO DE DEFENSA. Está definido desde el ámbito penal como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses.- El Derecho de defensa es una reacción al hecho delictivo que obliga al Estado y posibilita al perjudicado a presentar la acción penal en los casos permitidos por la ley, pero además, entablada la acción, genera el derecho de la persona acusada de oponerse a ella, por tanto vincula a todas las partes litigantes en contienda, generando la obligación de los órganos jurisdiccionales de velar estrictamente por su tutela, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia en el estricto equilibrio que le exige el Principio de Igualdad. El Derecho de Defensa, al igual que al imputado le asiste al Ministerio Público, al que se le debe brindar la oportunidad de presentar la acción penal y poder sustentarla a lo largo del proceso con la presentación de medios de prueba, con la oportunidad de presentar argumentos y con el espacio suficiente para oponerse a las pretensiones de la contraparte, pero todo ello, como ya se indicó, en equilibrio proporcionado al derecho de defensa de aquellos contra los cuales se dirija la acción penal, equilibro que es obligación de los Tribunales garantizar y cuya fuente es el Principio de Igualdad de las partes ante la ley y por tanto frente al proceso. DEL DEBIDO PROCESO. En virtud de que el denunciante ha establecido dentro de sus argumentos la violación al Debido Proceso, es conveniente plasmar los alcances que tiene este derecho para la Sala de lo Penal. La garantía genérica del Debido Proceso que consagra el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes en el proceso; dentro de tal garantía deben incluirse el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros; en fin el Principio del Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Luego de analizar los argumentos del censor, al considerar que se ha violentado el Derecho de Defensa y el Debido Proceso como representante de los intereses de la sociedad, esta Sala de lo Penal considera que en efecto se ha trasgredido su derecho de defensa, pues al negarle la incorporación por lectura de un medio de prueba de vital importancia, ha dejado sin la posibilidad de que éste defienda y acredite su posición como acusador, al no permitirle la evacuación como prueba documental del dictamen balístico practicado al arma decomisada al imputado, ya que el sentenciador determinó no evacuar el medio de prueba pericial sugerido en audiencia de proposición de pruebas por el Ministerio Público, pues el experto para dicha pericia no fue juramentado en legal y debida forma. Es importante recordar los lineamientos e instrucciones que regula el “Instructivo para regular la citación de Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal y la comparecencia de perito y consultores técnicos ante los Juzgados y Tribunales”, mismo que emitió esta Corte Suprema de Justicia y fue publicado en el diario oficial la gaceta el 27 de noviembre del 2004; en virtud de la facultad que le otorga el artículo 23 del Código Procesal Penal de emitir los instructivos que sean necesarios para la aplicación de ese código. En dicho instructivo se hace ya una marcada distinción entre “Peritos Oficiales” que son aquellos que laboran para medicina forense y “Peritos no oficiales” que son los que laboran en instituciones privadas; en el primero de los casos (Peritos oficiales) éstos no requieren la juramentación que refiere el Código Procesal Penal, pues la misma se hará en el acto del Juicio cuando llegue a presentar su dictamen, pero no se requerirá su juramentación, cuando el dictamen sea introducido por lectura conforme el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal. En el caso de peritos no oficiales, si se requerirá que se acredite su experticia ante el Tribunal y que sea juramentado previamente a la elaboración de su dictamen. En el caso de autos si bien no fue posible la evacuación del dictamen pericial, pues el perito oficial no se encontraba presente en el juicio, el Ministerio Público solicitó en su defecto la incorporación por lectura del dictamen pericial, misma que sería valorada como prueba documental, en ese caso correspondía al Sentenciador otorgarle o no valor probatorio, pero conforme al referido instructivo y al criterio de esta Sala, si era procedente evacuar dicho medio de prueba como documento y darle el valor probatorio como tal. Al no admitir dicho medio de prueba, sin lugar a dudas se dejó en indefensión a la sociedad a quien representa el Ministerio Público, pues con esa prueba no solo se acreditaba el buen estado de funcionamiento del arma, sino que la misma era de fabricación cacera. Por estas razones es procedente declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por violación del Derecho de defensa de los intereses de la sociedad a quien representa el Ministerio Público, por tanto, lo procedente es decretar la nulidad del debate y de la Sentencia que se pronunció y ordenar la celebración de uno nuevo donde se garantice el Derecho de Defensa de todas las partes. Esta Sala de lo Penal se abstiene de pronunciarse sobre el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que se ha declarado con lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, con los efectos jurídicos correspondientes. V. DECISIÓN: Se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el abogado R. A. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor C. E. C. F., a quien se le absolvió por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: CASA LA SENTENCIA. TERCERO: DECLARA LA NULIDAD DEL DEBATE Y DE LA SENTENCIA de fecha siete (07) de enero del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-271-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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