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Sentencia CP-267-16 — Registro 9664

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al imputado por el delito de encubrimiento

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO.A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso Específico El censor del fallo aprecia que el fallo que se impugna incurre en falta de aplicación del artículo 388.3 del Código Penal. Alega el recurrente que el tribunal sentenciador erróneamente deja de subsumir la conducta del señor W. A. C.V., en el tipo penal de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración Pública. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede en casación es analizar si el cuadro fáctico de la sentencia recurrida se subsume en la norma penal sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: En fecha seis de febrero del año dos mil catorce, en horas de la noche para amanecer el día siete de febrero de ese mismo año, el señor L.A.M. U. se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Corocol de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, cuando sin percatarse personas desconocidas le llevaron de su casa la motocicleta marca Itálica, color gris, sin placa, año 2007, que era propiedad del señor J. R. A.T.. Segundo: En fecha siete de febrero del año 2014, como a eso de las ocho y treinta de la mañana en la colonia Buenos Amigos de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, agentes de la Policía Nacional detuvieron al señor W. A. C. V. a quien encontraron en posesión de la motocicleta con las características antes descritas, asimismo le encontraron en posesión de una mochila color roja conteniendo en su interior 14 bolsitas con hierba seca, supuesta marihuana, un arma blanca tipo cuchillo y una arma de juguete color negra, que tenía en la cintura.” La base fáctica de la sentencia impugnada preinserta no se configura en los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal de Encubrimiento, tipificado y sancionado en los artículos 388.3 del Código Penal, que dispone: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quién sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este…3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito”, dado que la tenencia o posesión de la mencionada motocicleta no se ajusta con precisión a ninguno de los verbos rectores del tipo penal de Encubrimiento de: “Guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o permuta efectos o instrumentos del delito”, y por no haber probado más allá de toda duda razonable que el acusado W.A. C. V.sabía acerca de la procedencia ilícita de la motocicleta marca Itálica, color gris, sin placa, año 2007, que el día anterior había sido sustraída a su legítimo propietario por parte de sujetos desconocidos. Por lo anterior esta Sala concluye que en la sentencia que se impugna no incurre en la falta de aplicación del artículo 388.3 del Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO ES DE RECIBO. A.4) Opinión de la Sala sobre el concepto específico Argumenta el recurrente que la sentencia incurre en vicio de forma que da lugar a un motivo de casación por quebrantamiento de forma, por considerar que el juzgador no consideró prueba de valor decisivo en la litis, consistente en el Dictamen de Toxicología Número 2014-0501-0506491,realizado por Perito M. A. F., referente al análisis toxicológico de la hierba decomisada al imputado, la que concluye que es marihuana, en una cantidad que no es compatible con el consumo personal inmediato, ya que tenía un peso de 52 gramos, por considerar que era prueba prohibida, al haber sido practicada sin antes proceder a investir judicialmente al Perito, estando ya judicializada la causa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal, y a causa que fue practicada a espaldas de la defensa, vulnerando con ello los derechos de defensa, igualdad de partes y debido proceso, y por considerar que de haber apreciado el juzgador la prueba pericial precitada, habría determinado que el imputado W. A.C. V., era responsable del delito de Facilitación de los medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, cometido en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Esta Sala ha leído minuciosamente la sentencia recurrida y ha comprobado que efectivamente el juzgador de instancia, en el acápite de valoración de la prueba ha excluido el Dictamen de Toxicología Número 2014-0501-0506491,realizado por Perito M.A.F., del repertorio probatorio del juicio, por apreciar que era una prueba prohibida, en atención a que fue practicada sin haber antes investido judicialmente al mencionado Perito, según lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal. Esta Sala considera que, el Juzgador debió haber incorporado a juicio el medio de prueba pericial de Dictamen Toxicológico forense No. 2014-0501-0506491,realizado por Perito M. A.F., y someter el mismo a valoración conforme a las reglas de la sana critica, en forma conjunta y armoniosa junto al resto de la prueba incorporadas al proceso, en virtud que el artículo 273.3 y 4 del Código Procesal Penal, autoriza al Ministerio Público a realizar pericias y a adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse, sin previa autorización judicial, y siendo que en el presente caso, dicha diligencia de prueba no contradice el derecho de defensa, igual de partes, ni debido proceso, y haber sido practicado por un Perito oficial del Ministerio Público, teniendo la Defensa reservado a posteriori la defensa del acusado el momento procesal oportuno para hacer uso del derecho a contradecir dicha prueba, la cual luego del correspondiente análisis, resultó ser Marihuana, con un peso de 52 gramos, incompatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato. Para apreciar la decisividad de la prueba eliminada es preciso hacer uso del método de la supresión hipotética, por el cual una prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas. En este caso, esta Sala estima que de no ha sido excluida la prueba pericial de Dictamen Toxicológico forense No. 2014-0501-0506491, realizado por Perito M. A. F., del conjunto probatorio, para resolver la litis, el tribunal de juicio podría haber emitido pronunciamiento una conclusión diferente, en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, por lo que dicha prueba es indudablemente de valor decisivo para la litis. Por lo anterior, esta Sala concluye la sentencia impugnada incurre en el vicio de quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. ..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019); el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Sentencia en el Recurso de Casación número S.P.267-2016 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual Primero: Absolvió al señor W. A. C. V., del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráficos Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió al señor W. A. C. V., del delito de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración Pública. No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpone el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma la Abogada N. Y.H. G., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La abogada N. Y. H. G., Fiscal en representación del Ministerio Público, como parte recurrente y la abogada E.N. H., Defensora Pública del señor W. A.C. V., como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS“Primero: En fecha seis de febrero del año dos mil catorce, en horas de la noche para amanecer el día siete de febrero de ese mismo año, el señor L.A. M. U.se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Corocol de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, cuando sin percatarse personas desconocidas le llevaron de su casa la motocicleta marca Itálica, color gris, sin placa, año 2007, que era propiedad del señor J. R. A. T.. Segundo: En fecha siete de febrero del año 2014, como a eso de las ocho y treinta de la mañana en la colonia Buenos Amigos de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, agentes de la Policía Nacional detuvieron al señor W. A.C. V. a quien encontraron en posesión de la motocicleta con las características antes descritas, asimismo le encontraron en posesión de una mochila color roja conteniendo en su interior 14 bolsitas con hierba seca, supuesta marihuana, un arma blanca tipo cuchillo y una arma de juguete color negra, que tenía en la cintura.”III. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada N Y H . procedió a formalizar su recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma de la manera siguiente:“EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO :Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 388 numeral 3 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO :El A-quo en la sentencia en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “PRIMERO: En fecha seis de febrero del año dos mil catorce, en horas de la noche para amanecer el día siete de febrero de ese mismo año, el señor L.A . M.U. se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Corocol de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, cuando sin percatarse personas desconocidas le llevaron de su casa la motocicleta marca Itálica, color gris, sin placas, año 2007, que era propiedad del señor J. R. A. T.. SEGUNDO: En fecha siete de febrero del año 2014, como a eso de las ocho y treinta de la mañana en la colonia Buenos Amigos de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, agentes de la Policía Nacional detuvieron al señor W.A.C.V. a quien encontraron en posesión de la motocicleta con las características antes descritas, asimismo le encontraron en posesión de la mochila color roja conteniendo en su interior 14 bolsitas con hierba seca, supuesta marihuana, un arma blanca tipo cuchillo y una arma de juguete color negra, que tenía en la cintura.” El artículo 388 numeral 2 del Código Penal establece que: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste:… 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito;…”Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido como una verdad incuestionable que el imputado W. A. C. V., fue encontrado en posesión de una motocicleta, la cual había sido sustraía de la casa de habitación del joven L. M. U., siendo evidente que el ahora acusado guardaba el automotor, el cual provenía de la comisión de un ilícito. Al respecto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras ha reiterado: “… el delito de Encubrimiento, que exige como requisito en los elementos objetivos del tipo, que el encubridor actúe sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito circunstancia que no ocurrió en el presente caso.- “Igualmente, la autonomía del encubrimiento depende de que el encubridor no haya participado como autor o cómplice en el delito encubierto o de que su intervención posterior al delito no haya sido pactada como una forma de realización o de perfeccionamiento de la consumación del mismo recibiendo la mercancía robada transportando a los autores materiales del delito a otro lugar etc.”, (Véase: Sánchez Ortiz” citado por MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, décimo tercera edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, p915...)”[1]En el caso que nos ocupa, ha quedado demostrado que el imputado ha realizado acciones en detrimento de la administración pública, al guardar una motocicleta que había sido sustraída de la propiedad de la víctima, y tomando en consideración que el diccionario de la Real Academia Española señala que guardar, implica conservar, retener algo o tener cuidado de algo, es claro que el imputado ha incurrido en el ilícito por el cual el ente acusador solicitó sentencia condenatoria, ya que como está redactado el cuadro fáctico, el procesado tenía en su poder una motocicleta propiedad de la víctima la cual fue sustraída de su casa de habitación por personas desconocidas, por lo que concurre el verbo rector de guardar establecido en el artículo 388 numeral 3 del Código Penal, dado que es claro éste al tener en su poder el automotor lo estaba guardando, ya que lo estaba cuidando; además de concurrir el resto de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo antes expresado, al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues W. A.C. V. incurrió en el delito de ENCUBRIMIENTO, lo que constituye una vulneración a la norma citada como infringida; por ende, lo afirmado por el Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica carece de sustento, ya que no tiene aplicabilidad al fáctum descrito en el fallo, donde se ha relatado una actuación de parte del señor W. C. de guardar la motocicleta robada al señor L.M. U.. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa invocada.”IV.- CONTINÚA MANIFESTANDO EL RECURRENTE EN SU RECURSO DE CASACIÓN “MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser el Dictamen de Toxicología Número 2014-0501-0506491, realizado por Perito M. A. F., consistente en dictamen de análisis toxicológico de hierba decomisada al imputado, concluyendo que la misma es marihuana en una cantidad que no es compatible con el consumo personal inmediato, ya que la misma tenía un peso de 52 gramos. El sentenciador excluyó esa prueba y la consideró prohibida, porque a su criterio se deriva del análisis de una evidencia física que fue practicada sin que se procediera a investir judicialmente al Perito, cuando la causa ya había sido judicializada, conforme al procedimiento establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal y que por ende se practicó a espaldas de la parte defensora, vulnerando así los derechos de defensa, igualdad de los intervinientes y debido proceso, por lo tanto no puede ser utilizado para formar la convicción en el Tribunal de la existencia del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer que el artículo 273 del Código Procesal Penal, en los numerales 3 y 4, legitima al Ministerio Público para realizar pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense; asimismo para adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse y para la realización de esas diligencias, el mismo artículo señala que no se necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el presente caso, en fecha seis de febrero del año dos mil catorce, se le informó a la Policía Nacional, que una persona en una motocicleta estaba asaltando a las personas que transitaban por una de las calles de la colonia Corocol de la Ciudad de El Progreso; cuando al llegar los policías A. C. y P. V., procedieron a requerir al ahora acusado, encontrando dentro de una mochila que éste portaba, 14 bolsitas conteniendo hierba seca, así mismo se le encontró un cuchillo y un arma de fuego de juguete; además cuando se le preguntó por los papeles de la motocicleta en que se conducía al momento de su detención, dijo que no los tenía, por lo que procedieron a trasladarlo a la posta y ahí se dieron cuenta que dicho automotor tenía reporte de robo, aspectos que fueron confirmados con el dicho de los agentes A. C. y P.. V., así como la declaración de la víctima L. M. U., y con las actas de decomiso y registro que documentan la diligencia. La evidencia encontrada al encausado fue remitida para su correspondiente análisis, resultando ser Marihuana, con un peso incompatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato (52 gramos) y no obstante que ya se había judicializado la causa con la presentación del Requerimiento Fiscal nos encontrábamos en la etapa preparatoria del proceso, en la cual Ente Fiscal e encontraba legitimado para realizar esa diligencia, es decir no necesitaba autorización judicial como lo estableció el Juzgador, ya que quien practica la pericia es un Perito Oficial del Ministerio Público, por ende no requería juramentación en esa etapa del proceso y en ningún momento se violentaron derechos fundamentales al acusado, ya que como parte de las diligencias, en las cuales la Policía Nacional también está legitimada por la normativa procesal, se procedió al decomiso de la evidencia encontrada al imputado, la que fue objeto de análisis por el Laboratorio Criminalística de Toxicología y además de que no era necesaria la juramentación del perito, ya que éste es un perito oficial, además que la Defensa tendría el momento procesal oportuno para hacer uso del contradictorio en igualdad con el ente acusador, por ende no se ha violentado el derecho de Defensa y Debido Proceso, al señor W. A. C.. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión el dictamen de Toxicología practicado a la evidencia encontrada al acusado, cuyo análisis resultó positivo en Marihuana y cuyo peso no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, diligencia que como ya lo indicamos cumplía con los presupuestos procesales para su admisión y valoración, en consecuencia se acredita la legitimidad de la misma y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que el imputado W. A. C. V., era responsable del delito de Facilitación de los medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, cometido en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Ley, por falta de aplicación del artículo 388 numeral 3 del Código Penal.A) Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 388, numeral 3 del Código Penal.Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Recurso de casación de Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 388 numeral 3 del Código Penal, que establece: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien, sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de éste… 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito…”. En el presente caso, ha quedado demostrado que el imputado ha realizado acciones en detrimento de la administración pública, al guardar una motocicleta que había sido sustraída de la propiedad de la víctima, y guardar, implica conservar, retener algo o tener cuidado de algo. El imputado ha incurrido en el ilícito de Encubrimiento ya que resulta del cuadro fáctico que el procesado tenía en su poder una motocicleta propiedad de la víctima, la cual fue sustraída de su casa de habitación por personas desconocidas, y es claro que al tener en su poder el automotor lo estaba guardando o cuidando. Concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Encubrimiento al confrontar los hechos probados y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, donde se ha relatado la actuación del acusado señor W. C. de guardar la motocicleta robada al señor L. M.U.. A.1) Concepto GeneralA través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma.A.2) Concepto especifico “Artículo 388. Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien, sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: 1) Oculta al delincuente o facilita su fuga para evitar su juzgamiento; 2) Procurar la desaparición de las pruebas del delito; 3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito; 4) Niega a la autoridad, sin motivo justificado, el permiso de penetrar en su domicilio para capturar al delincuente que se encuentre en el mismo; 5) Dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo. En este caso se impondrá, además de la sanción establecida, inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión; y, 6) Auxilia a los autores o cómplices para que se beneficien del producto o precio de los objetos provenientes del delito o se aprovecha personalmente del producto o precios mencionado. Cuando el encubrimiento se ejecute con ánimo de lucro la pena se aumentará en un tercio (1/3). Si el encubridor ejecuta los actos a que se refiere este artículo en forma habitual, la pena se incrementará en un cincuenta por ciento (50%)”. [2]A.3) DE LA PROCEDENCIA RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.A.4) Opinión de la Sala sobre el Caso Específico El censor del fallo aprecia que el fallo que se impugna incurre en falta de aplicación del artículo 388.3 del Código Penal. Alega el recurrente que el tribunal sentenciador erróneamente deja de subsumir la conducta del señor W. A. C.V., en el tipo penal de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración Pública. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede en casación es analizar si el cuadro fáctico de la sentencia recurrida se subsume en la norma penal sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: En fecha seis de febrero del año dos mil catorce, en horas de la noche para amanecer el día siete de febrero de ese mismo año, el señor L.A.M. U. se encontraba en su casa de habitación ubicada en la colonia Corocol de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, cuando sin percatarse personas desconocidas le llevaron de su casa la motocicleta marca Itálica, color gris, sin placa, año 2007, que era propiedad del señor J. R. A.T.. Segundo: En fecha siete de febrero del año 2014, como a eso de las ocho y treinta de la mañana en la colonia Buenos Amigos de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, agentes de la Policía Nacional detuvieron al señor W. A. C. V. a quien encontraron en posesión de la motocicleta con las características antes descritas, asimismo le encontraron en posesión de una mochila color roja conteniendo en su interior 14 bolsitas con hierba seca, supuesta marihuana, un arma blanca tipo cuchillo y una arma de juguete color negra, que tenía en la cintura.” La base fáctica de la sentencia impugnada preinserta no se configura en los elementos objetivos, ni subjetivos del tipo penal de Encubrimiento, tipificado y sancionado en los artículos 388.3 del Código Penal, que dispone: “Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quién sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este…3) Guarda, esconde, compra, vende o recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito”, dado que la tenencia o posesión de la mencionada motocicleta no se ajusta con precisión a ninguno de los verbos rectores del tipo penal de Encubrimiento de: “Guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o permuta efectos o instrumentos del delito”, y por no haber probado más allá de toda duda razonable que el acusado W.A. C. V.sabía acerca de la procedencia ilícita de la motocicleta marca Itálica, color gris, sin placa, año 2007, que el día anterior había sido sustraída a su legítimo propietario por parte de sujetos desconocidos. Por lo anterior esta Sala concluye que en la sentencia que se impugna no incurre en la falta de aplicación del artículo 388.3 del Código Penal. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, fundado en que el juzgador dejo de considerar prueba de valor decisivo. Motivo Único: Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Exclusión de prueba de carácter decisivo para la Litis. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la Pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando el reenvío al tribunal de origen para que repita de juicio. B Resumen Quebrantamiento de forma por haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la Litis, consistente en el Dictamen de Toxicología Número 2014-0501-0506491,realizado por Perito M. A. F., referente al análisis toxicológico de la hierba decomisada al imputado, la que concluye que es marihuana, en una cantidad que no es compatible con el consumo personal inmediato, ya que tenía un peso de 52 gramos. El sentenciador excluyó dicha prueba por considerar que era prueba prohibida, al haber sido practicada sin antes proceder a investir judicialmente al Perito, estando ya judicializada la causa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal, y a causa que fue practicada a espaldas de la defensa, vulnerando con ello los derechos de defensa, igualdad de partes y debido proceso, por lo que no podía ser utilizada para formar la convicción sobre la existencia del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Estima que el artículo 273.3 y 4 del Código Procesal Penal, legitima al Ministerio Público a realizar pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense, y a adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse, para la realización de esas diligencias, sin previa autorización judicial, salvo cuando pudiera afectar un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales. La evidencia encontrada al encausado fue remitida para su correspondiente análisis, resultando ser Marihuana, con un peso incompatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato (52 gramos), practicada la pericia por un Perito oficial del Ministerio Público, teniendo la Defensa del acusado el momento procesal oportuno para hacer uso del contradictorio en plano de igualdad con el ente acusador. Concluye que si el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, hubiere apreciado la prueba citada, habrían determinado que el imputado W. A. C. V., era responsable del delito de Facilitación de los medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, cometido en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.A.1) Concepto GeneralArt. 362. 2). “Contiene en realidad dos vicios formales que justifican la casación al amparo de este precepto, cuando el fallo de la sentencia recurrida, cuyo examen realizaremos separadamente: a) Se base en medios o elementos probatorios n o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo. Cuando el pronunciamiento, normalmente condenatorio, traiga causa en afirmaciones fácticas agregadas al relato de hechos probados, que están basados en medios o elementos probatorios incorporados ilegalmente al juicio (aunque haya constancia de ellos en las actuaciones) o incorporadas por medio su lectura de forma irregular, con infracción de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código, relativas al juicio oral y, que por lo tanto, este material probatorio haya sido tenido en cuenta la sentencia impugnada, cuando no debía haberlo sido, al no ser valorable a efectos incriminatorios, de la CSJ deberá casar la sentencia y estimar el recurso de casación amparado en este motivo. Es esta una vía indirecta de ataque a los hechos probados que podrá comportar la declaración de nulidad, y consiguiente suspensión en el reenvió, de aquellos que están fundados en una actividad probatoria ilegitima, al provenir de actos realizados de un modo irregular. En cierto sentido, se solapa con el recurso de casación por infracción presunción de inocencia, pues esta es un principio de rango constitucional de carácter. Por una serie de causas no se encuentran en el precepto, por lo que la casuística puede ser bastante amplia. Generalmente se trata de medios de prueba que, debiendo haberlo sido, no se hayan incorporado al debate por medio de las lecturas autorizadas a que se refiere el art. 311 CPP o de pruebas prohibidas o ilícitamente obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. Normalmente por no haberse respetado los derechos de contradicción y defensa del imputado o no haberse observado las formalidades legales en su práctica. Procesal, cuyo ámbito de aplicación circunscribe a que la culpabilidad de los procesados resulte debidamente demostrada a través de la prueba practicada en el juicio oral; b) Excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y otro caso habrá de rechazar e el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[3]“Que la prueba omitida, hemos señalado, debe ser decisiva; si carece de eficacia, la omisión no afecta a la motivación…Carece de relevancia y por lo tanto no ocasiona vicio a la sentencia: la nulidad de un acto de una prueba no tenida en cuenta en la motivación…Tampoco produce la nulidad por falta de motivación la invalidez de una prueba, cuando la sentencia se sustenta en otros elementos de juicio suficientes y válido.[4]A.2) Concepto especificoPara apreciar la decisividad de la prueba eliminada el tribunal de casación ha de acudir al método de la supresión hipotética de la manera siguiente: una prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas.- Es claro que para este examen, como en otra parte ya lo hemos anticipado, el Tribunal de casación formula, en alguna medida, un juicio de hecho relativo a valoración de la prueba; ello es inevitable en tanto tiene que apreciar la suficiencia de las pruebas válidas que el fallo conservará como sustento. Pero esta tarea estimativa del material probatorio subsistente, no debe modificar los límites de su función de contralor jurídico. El examen se reducirá a la legalidad y racionalidad de esos elementos como fuente de convicción”. [5]A.3) De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. A.4) Opinión de la Sala sobre el concepto específico Argumenta el recurrente que la sentencia incurre en vicio de forma que da lugar a un motivo de casación por quebrantamiento de forma, por considerar que el juzgador no consideró prueba de valor decisivo en la litis, consistente en el Dictamen de Toxicología Número 2014-0501-0506491,realizado por Perito M. A. F., referente al análisis toxicológico de la hierba decomisada al imputado, la que concluye que es marihuana, en una cantidad que no es compatible con el consumo personal inmediato, ya que tenía un peso de 52 gramos, por considerar que era prueba prohibida, al haber sido practicada sin antes proceder a investir judicialmente al Perito, estando ya judicializada la causa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal, y a causa que fue practicada a espaldas de la defensa, vulnerando con ello los derechos de defensa, igualdad de partes y debido proceso, y por considerar que de haber apreciado el juzgador la prueba pericial precitada, habría determinado que el imputado W. A.C. V., era responsable del delito de Facilitación de los medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, cometido en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Esta Sala ha leído minuciosamente la sentencia recurrida y ha comprobado que efectivamente el juzgador de instancia, en el acápite de valoración de la prueba ha excluido el Dictamen de Toxicología Número 2014-0501-0506491,realizado por Perito M.A.F., del repertorio probatorio del juicio, por apreciar que era una prueba prohibida, en atención a que fue practicada sin haber antes investido judicialmente al mencionado Perito, según lo dispuesto en el artículo 242 del Código Procesal Penal. Esta Sala considera que, el Juzgador debió haber incorporado a juicio el medio de prueba pericial de Dictamen Toxicológico forense No. 2014-0501-0506491,realizado por Perito M. A.F., y someter el mismo a valoración conforme a las reglas de la sana critica, en forma conjunta y armoniosa junto al resto de la prueba incorporadas al proceso, en virtud que el artículo 273.3 y 4 del Código Procesal Penal, autoriza al Ministerio Público a realizar pericias y a adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse, sin previa autorización judicial, y siendo que en el presente caso, dicha diligencia de prueba no contradice el derecho de defensa, igual de partes, ni debido proceso, y haber sido practicado por un Perito oficial del Ministerio Público, teniendo la Defensa reservado a posteriori la defensa del acusado el momento procesal oportuno para hacer uso del derecho a contradecir dicha prueba, la cual luego del correspondiente análisis, resultó ser Marihuana, con un peso de 52 gramos, incompatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato. Para apreciar la decisividad de la prueba eliminada es preciso hacer uso del método de la supresión hipotética, por el cual una prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se la suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas. En este caso, esta Sala estima que de no ha sido excluida la prueba pericial de Dictamen Toxicológico forense No. 2014-0501-0506491, realizado por Perito M. A. F., del conjunto probatorio, para resolver la litis, el tribunal de juicio podría haber emitido pronunciamiento una conclusión diferente, en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, por lo que dicha prueba es indudablemente de valor decisivo para la litis. Por lo anterior, esta Sala concluye la sentencia impugnada incurre en el vicio de quebrantamiento de forma, invocado por el recurrente. V.DECISIÓN. Esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la abogada N. Y.H.G., Fiscal en representación del Ministerio Público. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la abogada N. Y. H. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa en que se absolvió al señor W. A.C. V., de los delitos de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráficos Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras;SEGUNDO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA, y en consecuencia declara la nulidad parcial de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, así como la nulidad parcial del debate que la origina; y deja incólume inalterable la sentencia que se impugna, en lo referente a la parte en que el tribunal de juicio absuelve al señor W. A.C..V. del delito de Encubrimiento, en perjuicio de La Administración Pública; MANDA: 1) Que el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, celebre nuevo juicio contra el señor W.A. C. V., por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráficos Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, con jueces distintos a los que participaron en juicio y la sentencia que se anulan; 2) Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-267-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]Sentencia del 10 de junio de 2010, recaída en el Recurso de Casación Penal No. S.P.374=2007.

[2]Artículo 387. Reformado por Decreto 191-96 del 31 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 28, 182 de fecha 8 de febrero del 1997 y vigente a partir de28 de febrero de 1997.

130 www.poderjudicial.gob.hn

[3]Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”. Los Recursos. Ángel Llorente Fernández de la Reguera y Rixi Moncada Godoy. Tomo 7. Páginas 119 y 120.

[4] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rúa. Edición 1968. Página 174 y 175.

[5] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rúa. Edición 1968. Página 174 y 175