Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-262-15 — Registro 10033

Resumen

En primera instancia se condeno al imputado por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Se evidencia un mal entendimiento del Censor respecto a los conceptos que gobiernan el Motivo, ya que cuando se habla de Exclusión, como ya se ha explicado, se refiere a la negación insustentada de valor de un medio de prueba en la sentencia y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia, en contrario el Censor acusa en su motivo que el Tribunal de Sentencia excluyo o dejo de considerar el artículo 96 de la Constitución de la República, en la cual se estable la retroactividad a favor de un acusado y el artículo 2 del decreto 184-2013 de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, publicado en el diario oficial la gaceta el cinco de octubre del dos mil trece, la primera un precepto constitucional y la segunda una norma jurídica de carácter sustantivo; más ello no es un alegato que compagine con el motivo seleccionado ya que el motivo invocado va dirigida a la prueba, que es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la Ley para llevarle al Juez a convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en un proceso, siendo ejemplos los consignados en el Título VII del Código Procesal Penal ya que la Ley no es un objeto de prueba, motivo suficiente para desestimar la presente impugnación. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma SP262-2015, interpuesto contra la sentencia de fecha 27 de marzo de 2015, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor M. A. C. T. a la pena de 9 años de Reclusión, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Segundo: Declaró al imputado responsable civilmente. Tercero: No Condenó en costas a dicho imputado. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado S. A. R. M. actuando en su condición de Defensor Privado del acusado M. A. C. T. Son Partes: El Abogado S. A. R. M. defensor privado del acusado M. A. C. T. en su condición de Recurrente quien posteriormente sustituyo poder en el abogado M. R. S. Q. la Abogada D. E. R. C. Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha catorce de julio del año dos mil once, cuando eran las cuatro con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, se trasladaron a la aldea El Mogote, del municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, debido a una investigación que realizaban por una denuncia interpuesta por una persona a la cual unos sujetos le habían realizado unos disparos desde un vehículo automotor que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera internacional, cerca de la gasolinera El Mirador; por unos potreros de dicha aldea, cerca de una quebrada, encontraron al señor M. A. C. T. quien llevaba consigo un arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223 y, un cargador con diez (10) cartuchos, sin percutir, calibre .223/5,56 mm, la cual es de alta precisión y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. SEGUNDO. - El señor M. A. C. T. no estaba autorizado para llevar consigo o tener en su poder, el arma de fuego antes mencionada.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS “Recurso de Casación por Infracción de Ley: Expresión Del Motivo De Casación Unico Motivo: Por aplicación indebida del artículo 332A del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal.- Desarrollo Del Motivo Invocado: “El precepto Penal sustantivo que se invoca como infringido por Aplicación Indebida, prescribe lo siguiente: Artículo 332-A “La persona no Autorizada que fabrique, almacene, Transporte, use, fabrique, ingrese o saque del país, adquiera o suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionado con la pena de ocho (08) a diez años de reclusión y multas de cinco mil (LPS 5.000,00) a diez mil (LPS 10.000,00) lempiras por cada arma incautada...” “Al estudiar la declaración de hechos probados aceptados por el tribunal de Sentencia de Copán en su sentencia, nos encontramos que se ha establecido como verdad irrefutable que “En fecha catorce (14) de Julio del año dos mil once, cuando eran las cuatro con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, se trasladaron a la aldea el mogote, del municipio de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, debido a una investigación que realizaban por una denuncia interpuesta por una persona a la cual unos sujetos le habían realizado unos disparos desde un vehículo automotor que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera internacional, cerca de la gasolinera el mirador, por unos potreros de dicha aldea, cerca de una quebrada, encontraron al señor M. A. C. T., quien llevaba consigo un arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223 y un cargador con diez (10) cartuchos, sin percutir, calibre .223/5,56 mm, la cual es de alta precisión y de uso exclusivo de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.” (El resaltado es nuestro). De este punto de hecho reconocido por el sentenciador como verdad irrefutable, se observa la aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal, pues tal precepto penal tipificado como delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDA, dado que la participación de la Autora fue de que en efecto se encontraba en posesión de un arma de fuego Prohibida, su aplicabilidad es indebida ya que en ese momento Histórico se encontraba en vigencia el decreto número 184-2013 y el cual vencía y que permitía la renovación de portación de armas de este Tipo decomisadas al señor M. A. C. T. en el mes de octubre del año dos mil catorce. Tenemos entonces que la Posesión de un arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223 y un cargador con diez (10) cartuchos, sin percutir, calibre .223/5,56 mm, la cual es de alta precisión era permitido y por lo tanto ante esta monstruosidad evidente tenes la obligación si estás sometido a la Constitución de la República de Honduras y a las leyes, el deber de corregir semejante Ilegalidad, pues Mancía directamente el artículo 332-A del Código Penal y por lo tanto ha infringido el artículo 332-A del Código Penal Vigente, ya que la norma aplicable es la establecida en su momento Histórico el decreto Número 184-2013 emitida por el Congreso Nacional de la República.” “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: Expresión Del Motivo De Casación Único Motivo: Excluyo o dejo de considerar alguna prueba de valor decisorio. Precepto Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.- Desarrollo Del Motivo Invocado: El Tribunal de sentencia tomó en consideración para dictar su fallo en base a la declaración de varios testigos e incluso el informe dado por el señor Comisario de Policía H. R. C. y en las conclusiones del Tribunal de Sentencia Establece “El Arma de fuego tipo fusil, semi Automático, marca Colt, modelo Ar-15, calibre .223, se considera un arma de fuego Prohibida y no puede ser registrada en el Registro Nacional Balístico de Armas, por los aspectos siguientes: a) Por ser un Arma que puede usarse con cadencia de tiro Automático, con ráfagas de tres tiros, es de un fusil de alta precisión y su uso está reservado exclusivamente para los miembros del Ejército y la Policía Nacional.- b) El Decreto legislativo 274-2005 en su artículo 1, estipula una única vez para poder inscribir en el Registro Nacional Balístico de Armas, el fusil colt, AR-15, prohibiendo en el futuro la Importación, venta y distribución de los mismos c) El último período de gracia, para registrar armas que están en situación irregular, finalizó el dieciocho de marzo del año dos mil siete, por lo tanto en la actualidad es prohibido el Registro de este tipo de armas. Este medio de prueba fue ratificado por la persona que lo elaboró por lo que nos merece entero crédito y confiabilidad y no hay razón alguna para dudar del mismo; Con dicho medio de prueba damos por acreditado que el arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223, decomisada al señor M. A. C. T. es un arma de fuego prohibida, ya que es de alta precisión y de uso exclusivo del Ejército y la Policía Nacional, por lo tanto el uso de dicha arma de fuego por los particulares es prohibida.- Es Importante señalar que el defensor privado del señor M. A. C. T. alegó durante el debate que a su representado le asistía lo establecido en el Decreto legislativo 227-2005, es decir, la inscripción o registro del arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223, que le fue decomisada, sin embargo para los juzgadores dichos alegatos son improcedentes ya que el arma de fuego antes descrita, no fue vendida por la armería, y el objetivo del referido decreto era el registro de este tipo de armas para tener un control de las mismas, con la prohibición de que fueran traspasadas, pero en el presente caso, el arma de fuego antes descrita y que le fuere decomisada al señor a M. A. C. T. nunca fue registrada y no hubiere podido registrarse ya que como se dijo anteriormente, dicha arma de fuego no fue vendida por La Armería.” A consideración de la defensa del señor M. A. C. T. el Tribunal de Sentencia de Copán, excluyó o dejó de Considerar el artículo 96 de La Constitución de la República, en la cual se establece la Retroactividad a favor de un acusado y olvida el artículo 2 párrafo segundo del Decreto 184-2013, publicado el cinco (05) de Octubre del año dos mil trece (2013) en el cual se encontró en vigencia una veda o período de gracia de un (01) año, para las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, puedan hacer entrega de las mismas a La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de dicha institución; Por lo que no puede derivarse efectos jurídicos de carácter penal en contra del Acusado M. A. C. T..- Si bien esta normativa entró en vigencia en el mes de octubre del dos mil trece (2013) y tubo en vigencia durante un año, la misma no fue valorada por el Tribunal de Sentencia de Copán, ya que la misma al hacer sus conclusiones sobre el medio de prueba Informe Brindado por el señor Comisario de Policía H. R. C. valoró y analizo el Decreto número 274-2005 y no el Decreto Legislativo l84-2013, existiendo por lo tanto una exclusión o dejo de considerar alguna prueba e valor decisorio” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal. - Interpuesto por la Defensa Privada. - Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-A del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida de norma Sustantiva; y *Pretensión: Corregir semejante ilegalidad. El Censor en su único motivo explica que al estudiar la declaración de hechos probados aceptados por el Tribunal Juzgador, se observa la aplicación indebida del artículo 332-A del Código Penal, precepto penal que tipifica el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Prohibida, dada la participación del autor en posesión de un arma prohibida, a criterio del recurrente, aplicado indebidamente, ya que en ese momento histórico se encontraba vigente el decreto número 184-2013 con vencimiento en octubre de 2014, que permitía la renovación de portar armas. Del Principio de Legalidad El principio es un postulado para la legitimidad democrática y una garantía de previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Se trata de un principio básico del derecho en general y un pilar fundamental en el derecho penal y procesal penal, lo que no implica que éste igual gobierne las distintas ramas del derecho, regulándose en cada área de esta ciencia conforme con los principios generales de las mismas. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en la legislación internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito." y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.".- Por su parte la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 indica que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1.- Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2.- No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para las personas, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley, de este modo se "garantiza la protección del ciudadano contra el ejercicio y la extensión arbitrarios del poder penal estatal. Constituye a su vez una doble función, la primera de ellas política, en la que se da un predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado, convirtiéndose en una garantía de seguridad para los ciudadanos y en segundo lugar cumple una función técnica, ya que exige que el legislador utilice al formular los tipos penales, cláusulas seguras y taxativas. Significa a su vez, que sólo una ley escrita puede fundamentar la punibilidad de una acción y amenazar con una pena como consecuencia jurídica" (Wessels, Johannes. Derecho penal, Parte general, Ediciones Depalma, sexta edición, Buenos Aires, 1980, pág. 13.). Conforme al Principio de Legalidad solo la Ley crea delitos, y sólo podrá considerarse delito, aquel hecho que la ley declare como tal expresamente y en forma previa al hecho imputado. Por eso es que decimos que "no hay delito sin ley". Mientras la ley no prohíba un hecho, la persona tiene libertad para realizarlo, no pudiendo el Juzgador crear figuras penales, ni siquiera por analogía. - Hassemer explica que, en su actual configuración, el principio de legalidad (Nullum crimen, nulla poena, sine lege) mantiene diversas exigencias, tanto frente al legislador penal, como frente al Juez: Del legislador exige que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible y que las leyes no tengan efecto retroactivo. Del juez exige que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario y que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (Hassemer, Winfried Hassemer, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984, Pág. 313.)”. - Como consecuencia el Principio incorpora: 1. Principio de Taxatividad de la ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa); 2. El principio de la irretroactividad de la ley, salvo en materia penal cuando favorezca al reo o procesado; (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia); 3. Principio de Reserva de Ley (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta); y 4. La Prohibición de aplicación analógica de las normas a hechos no contemplados en ellas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta). En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "certa", "praevia", "scripta", "stricta" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Como consecuencia el Principio de Legalidad define una serie de garantías que dan valides al proceso penal y a la aplicación de las normas penales sustantivas: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución (Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España, Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176): a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia).- Mediante la cual la definición de un delito solo puede ser realizada por la Ley, de ese modo se garantiza que solo son delitos los establecidos por la Ley, por lo, contrario sensu, sin ley no hay delito.- La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o calificados y también de circunstancias agravantes, solo los que señale la ley penal, sin que se puedan tener como tales los que señale otra fuente distinta.( Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997. Pág. 133). Esta Garantía está Regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (Nulla Poena Sine Lege).- Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la Ley en forma abstracta. (Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. 1° Edición, España. 1996. Pg. 318.). c. Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio).- Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. (Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.). Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”. d. Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la Ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD LEGAL En alusión al recurso interpuesto es oportuno estudiar, al menos de manera breve, el contenido del Principio de Taxatividad legal, que deriva del Principio de Legalidad. - Exige el principio que la Ley, para brindar seguridad a los ciudadanos/as, debe ser cierta y precisa, de lo contrario estaríamos en presencia de tipos penales con fórmulas vacías o indeterminadas cuyo ámbito de aplicación resultaría poco previsible, generando confusión entre los ciudadanos/as. El principio de legalidad obliga que los tipos penales deben de ser descritos por el legislador en forma “expresa, precisa, taxativa y previa” (Corte IDH, caso Usón Ramirez versus Venezuela, en sentencia del 20 de noviembre de 2009, para. 55). En esencia el tipo penal debe de contener todos y cada uno de los supuestos que el legislador considera lesivos, evitando las malas prácticas legislativas al dejar tipos en los cuales sea el Juez/a quien determine los aspectos objetivos o subjetivos del mismo, ya que la ambigüedad de la norma penal, además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica.- Al respecto, debemos advertir, que ningún tipo penal puede señalarse, en estricto sentido, que es un tipo cerrado, ya que el Juez/a siempre tiene un valor de complementación. Pero, en relación a este problema específico, al igual que las leyes penales en blanco, el tipo legal ha de contener el núcleo fundamental de la materia de prohibición. El Juez/a solo deberá de complementar. El tipo no puede ser tan abierto que su aplicación o no dependa arbitrariamente del Juez. (Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. Pg. 93.). En consecuencia, el tipo penal debe de evitar términos excesivamente vagos, en los que no es posible establecer una interpretación segura (Taxatividad), pero también debe evitar, contrario sensu, las enumeraciones excesivamente concretas, que no permitan abarcar todos los matices de la realidad, porque se vería obligado el legislador a producir un número excesivo de tipos penales para abarcar todas las posibilidades fácticas o se vería tentado el Juez a interpretar en forma forzada la norma para evitar lagunas de punibilidad, es por ello que en la elaboración de los tipos penales deberá utilizar conceptos, que si bien son de carácter genérico, no dependan exclusivamente de la valoración personal por parte del juez para su determinación, ya que, pese a ser amplios, deben de tener límites cognoscibles. (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998. Pg. 115 y 116.). De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- A través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Sentencia; el Censor fustiga la sentencia al considerar que del factum se desprende la aplicación indebida del artículo 332A del Código Penal que tipifica el delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego de uso Prohibido, pues la participación del autor, en efecto, estaba en posesión de un arma de fuego prohibida, sin embargo, su aplicabilidad fue indebida al estar vigente el decreto número 184-2013. Por tratarse de una impuganación donde se alega la infracción de una ley sustantiva, deviene en la obligación de ubicar el presente recurso, en una de las tres modalidades que nos presenta la doctrina en los reclamos por Infrancción de Ley, dado el desarrollo del recurrente, nos referimos a la aplicación indebida, que consiste en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, siendo sobre esta especialidad que se pronunciara. Se requiere que el sujeto activo se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 332 A del código penal vigente, el cual establece que “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10, 000.00) Lempiras; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal; El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, en el caso concreto de poseer un arma de fuego cuyo uso es prohibido por su condición de ser arma de guerra o de combate, las que conforme el artículo 8 de la Ley de Control de Armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares su uso está reservado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el cuadro fáctico aparece en el apartado primero, cuando el sentenciador afirma que “agentes de la Policia Nacional Preventiva, encontraron al señor M. A. C. T., quien llevaba consigo un arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223……. el cual es de alta precisión y de uso exclusivo de las fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. El elemento subjetivo por su parte conduce a la determinación del dolo, que exige el conocimiento y la voluntad del realizar las circunstancias del tipo objetivo. El imputado sabía que el arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo AR-15, serie 466899, calibre .223 es un arma prohibida, (elemento intelectual, intencional, cognitivo); asimismo quería hacerlo, (elemento volitivo o emocional del dolo), que se dan desde el momento en que el acusado llevaba consigo sin estar autorizado; siendo reflejado en el hecho segundo del cuadro factico que refiere “El señor M. A. C. T., no estaba autorizado para llevar consigo o tener en su poder, el arma de fuego antes mencionada”. En ese sentido y tomando en consideración los planteamientos relacionados anteriormente, consideramos que los hechos probados de la Sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir con el delito de Posesión Ilegal de Armas de Uso Prohibido, tal como el recurrente lo afirma en su escrito recursivo “que la participación de la autora fue de que en efecto se encontraba en posesión de un arma de fuego prohibida” sin embargo, en el desarrollo del recurso tambien invoco que la aplicabilidad del artículo 332A fue indebida al encontrarse en ese momento historico el decreto número 184-2013 que permitía la renovación de portación de armas, en un apartado anterior se refirio cuando habra lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, el cual es improcedente denunciar por aplicación indebida al haber otra norma juridica de carácter sustantivo, cuando quedo más que claro, que dicho recurso habra lugar cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal o otra norma, sin embargo, teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial (contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos) se procede a dar respuesta fundada en derecho, en cuanto si el decreto 184-2013 se encontraba vigente: I) El artículo 2 de del decreto legislativo 184-2013 establece un plazo de un año para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los tramites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en su párrafo segundo refiere “que durante esté termino de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, pueden hacer entrega de las misma a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución”.- Para que este precepto tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida en posesión de un arma de fuego prohibido, pueda ampararse en esta disposición para que no le sea aplicado el artículo 332A del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la posesión ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma, en consecuencia, resulta determinante establecer si al momento de la infracción imputada al encartado ya estaba vigente ese artículo. II) Un examen de los autos revela que cuando el imputado fue supuestamente sorprendido en posesión del arma de fuego, esto es el catorce de julio de año dos mil once, el artículo 2 del decreto 184-2013 de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, publicado en el diario oficial la gaceta el cinco de octubre del dos mil trece, todavía no entraba en vigencia, no obstante entró en vigencia durante el transcurso del proceso, pero al momento de proferir la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince habia expirado el plazo de un año para entregar el arma en la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad para su posterior destrucción, consecuentemente ya no estaba vigente dicha disposición, ante ello, resulta improcedente el motivo de casación invocado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. - Interpuesto por la Defensa Privada. *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Pretensor; *Concepto de la Infracción: Haberse excluido o dejado de considerar alguna prueba de valor decisorio; *Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Pretensor; *Pretensión: Sin determinar por el Pretensor. Señala el Pretensor que el Tribunal de Sentencia excluyo o dejo de considerar el artículo 96 de la Constitución de la República, en la cual se estable la retroactividad a favor de un acusado y olvida el artículo 02 párrafo segundo del decreto 184-2013, publicado el cinco de octubre del años dos mil trece, en el cual se encontró vigencia una veda o periodo de gracia de un año, para que las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso ilegal, puedan hacer entrega de las misma a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediendo a la inmediata destrucción de las mismas por parte de dicha institución, por lo que a criterio del recurrente no puede derivarse efectos jurídicos de carácter penal contra el acusado M. A. C. T.. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Se evidencia un mal entendimiento del Censor respecto a los conceptos que gobiernan el Motivo, ya que cuando se habla de Exclusión, como ya se ha explicado, se refiere a la negación insustentada de valor de un medio de prueba en la sentencia y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia, en contrario el Censor acusa en su motivo que el Tribunal de Sentencia excluyo o dejo de considerar el artículo 96 de la Constitución de la República, en la cual se estable la retroactividad a favor de un acusado y el artículo 2 del decreto 184-2013 de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, publicado en el diario oficial la gaceta el cinco de octubre del dos mil trece, la primera un precepto constitucional y la segunda una norma jurídica de carácter sustantivo; más ello no es un alegato que compagine con el motivo seleccionado ya que el motivo invocado va dirigida a la prueba, que es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la Ley para llevarle al Juez a convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en un proceso, siendo ejemplos los consignados en el Título VII del Código Procesal Penal ya que la Ley no es un objeto de prueba, motivo suficiente para desestimar la presente impugnación. V. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su Único Motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su Único Motivo.- SEGUNDO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo.- TERCERO: Declara Firme y Ejecutable la Sentencia de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en la cual se declara la responsabilidad penal del Señor M. A. C. T.- Y M: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada Coordinadora. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha diecisiete de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-262-2015.

JOSÉ RAMÓN CRÚZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

1 de 17