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Sentencia CP-258-15 — Registro 10553

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas de tipo Comercial. Resolviendo en segunda instancia No HA Lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Delimitando el objeto del recurso, se establece que el censor denuncia la violación de la garantía constitucional del debido proceso, con relación al derecho de defensa, por cuanto el fallo a su criterio utilizó frases de estricta técnica penal que deben ser desarrolladas en la fundamentación del fallo, situación que produce una predeterminación de la sentencia. Siendo así, es procedente indicar que siendo los hechos probados el relato histórico de los acontecimientos ocurridos y sometidos al contradictorio, constituyen una descripción de las circunstancias de modo, lugar y tiempo, en que los hechos han ocurrido, debiendo los juzgadores realizar un relato cronológico, descriptivo, ordenado, claro y terminante, extraído de la valoración objetiva de los medios de prueba reproducidos durante el debate. Siendo que el recurso de casación por violación de precepto constitucional la última vía recursiva, procedente solamente en los casos en los que no es posible denunciar un vicio mediante infracción de ley o doctrina legal, o mediante quebrantamiento de las formas procesales, en el caso sometido a revisión de esta sala, se observa que el vicio denunciado por el censor se refiere a las reglas para emitir sentencia, señaladas en el artículo 338 del Código Procesal Penal, es decir a las formas procesales señaladas por la ley adjetiva para la construcción de la sentencia, en consecuencia la vía recursiva usada por el recurrente resulta equivocada, pues al transgredirse una forma procesal, debe acudirse a otro tipo de recurso casacional y no agotar el recurso de más amplio espectro como lo es el que corresponde a la violación de precepto constitucional..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once días del mes de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de octubre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) Absolviendo al señor R. G. O. del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE TIPO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; 2) No procede condenar en costas.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por el Abogado F. J. H. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. ES PARTE EN UNICA INSTANCIA: La Abogada R. L. C. G. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. II: HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: El seis de noviembre de dos mil ocho, a las 6:15 am, en la aldea La Laguna; en la Hacienda Altamisales, sector Ticamaya, Cortés, elementos de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en la casa de habitación del señor R. G. O. encontrando en una de sus habitaciones, dos armas de fuego largas, tipo fusil, calibre 22, mismas que estaban en buen estado mecánico operativo, de las cuales no se mostró la autorización correspondiente ni licencia que le permitiera mantener dichas armas, pues en ese momento estaba vigente el Decreto PSM-M031-2009, que suspendió la venta de citas para la realización de trámites de registro de armas, traspasos y renovaciones de carné para armas de fuego.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA SIGUIENTE MANERA: “I.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación del artículo 90 en relación con el 82 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el que requiere que las sentencias sean dictadas de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 338 del Código Procesal Penal: “Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: ... CUARTA: Se consignará la fundamentación del fallo de manera siguiente: 1.- Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse...”, en relación al presente fallo éste contiene el cuadro fáctico que para efectos de este motivo transcribimos: “El seis de noviembre de dos mil ocho, a las 6:15 am, en la aldea La Laguna; en la Hacienda Altamisales, sector Ticamaya, Cortés, elementos de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en la casa de habitación del señor R. G. O. encontrando en una de sus habitaciones, dos armas de fuego largas, tipo fusil, calibre 22, mismas que estaban en buen estado mecánico operativo, de las cuales no se mostró la autorización que le permitiera mantener dichas armas, pues en ese momento estaba vigente el Decreto PSM-M031-2009 que suspendió la venta de citas para la realización de trámites de registro de armas, traspasos y renovaciones de carné para armas de fuego”, de lo anterior se colige que el sentenciador en el fáctum ha empleado frases de estricta técnica penal que deben ser desarrolladas en el apartado de la fundamentación jurídica, ya que al haber utilizado la frase “estaba vigente el Decreto PSM-M03-2009 que suspendió la venta de citas para la realización de trámites de registro de armas, traspasos y renovaciones de carné para armas de fuego”, supuso así de antemano la decisión de absolver al encartado, indicando que debido a que en el tiempo en que le fueron encontradas las armas de fuego estaba vigente dicho Decreto, por ello se sostiene que se ha vulnerado el principio del Debido Proceso, por lesionar el artículo 338 del Código Procesal Penal en el apartado ya indicado, por lo que consideramos que si el Debido Proceso es el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a fin de que las personas (incluyendo, como es la posición constitucional de la doctrina y jurisprudencia actual, a la sociedad en su conjunto) puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que puede afectar sus derechos, en el caso subjudice ha sido vulnerado cuando se ha incumplido con lo preceptuado en el artículo 338, regla cuarta, numeral 1) del Código Procesal Penal al emplear un concepto de carácter jurídico en la declaración de los hechos probados. Por estar en completa comunión con lo expuesto anteriormente, traemos a colación lo que la Sala de lo Penal ha establecido al respecto en la Sentencia número SP 042-2009: “...Esta Sala considera importante recordar que el vicio alegado por el casacionista tiene lugar cuando en la redacción de los hechos probados se emplean conceptos que unitariamente describen una infracción delictiva, de frases técnico jurídicas que engloban la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas sola se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado, de modo que trastocando el orden de la relación histórica del acontecer enjuiciado y valoración jurídica del mismo, neta separación entre fáctum (relato de hechos probados) y iudicium (fundamentación jurídica) impuesta por el artículo 338 del Código Procesal Penal, se anticipan en el relato fáctico términos, locuciones o frases de estricta técnica penal, de aquellas que selectivamente se emplean en la elaboración científica sustantiva de las distintas figuras penales, o utilizadas cuando de definir los grados de participación, fases de ejecución o de circunstancias modificativas de la responsabilidad se trata; expresiones que con independencia de la estimación valorativa a efectuar en la fundamentación jurídica de la sentencia, deben reservarse para dicho sector de la misma. En definitiva, el vicio denunciado encuentra su razón de ser en evitar la sustitución de un hecho o sucesión de hechos, elementos fácticos de la sentencia penal, por un concepto jurídico, lo que supone, ya de antemano la valoración penal del comportamiento, de modo que tiene lugar cuando el Tribunal de instancia ha adelantado en los hechos probados la subsunción, de tal manera que el Tribunal de Casación no puede conocer el hecho imputado como tal, sino sólo a través de su significación jurídica. Para que prospere el motivo invocado es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) Que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo delictivo aplicado, 2) Que tales expresiones sean asequibles tan sólo a los juristas entendidos en Derecho y su uso no sea compartido en el lenguaje común, 3) Que tengan relación causal con el fallo, y 4) Que suprimiendo tales conceptos, dejen sin base el hecho o los hechos históricamente narrados, es decir, que tal supresión dé lugar a un vacío fáctico y haga incongruente el fallo...” Una vez estableciendo lo anterior, y sobre la base del perjuicio causado a la sociedad, es trascendental indicar que tal como lo ha sostenido el Ministerio Público en el juicio, que el hecho se perpetró el 6 de noviembre del 2008, y el Decreto PCM— M. 31-2009 declaró suspensión de los permisos de portación de armas, según el artículo 1 del mismo “a partir del 23 de noviembre del 2009, hasta segunda orden”, siendo valedero referir que ese instrumento legal fue derogado mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2010 del 18 de noviembre del 2010. No cabe la menor duda que la ley especial o temporal, solo se aplica en el lapso que va desde su vigencia hasta que esta culmina, no traspasa la barrera temporal prescrita por el legislador, y no se proyecta ni hacia atrás (que en el caso subjudice sería a casi un año antes) ni después, siendo trascendente indicar que la discusión jurisprudencial referida a las leyes intermedias y retroactividad, sostenida en la sentencia SP 48-2009, no resulta, a nuestro criterio, aplicable al presente caso, pues ellas comprenden las que se suceden desde la comisión del hecho hasta el fallo, y no antes de que el primero se cometa. En virtud de lo anterior, solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de que se cumpla con los requisitos legales al emitir un nuevo fallo.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Ministerio Público. - Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 90 con relación al artículo 82 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Violación al Debido proceso al haberse violentado las reglas para la redacción de la sentencia, por haber utilizado conceptos predeterminantes en el fallo; Pretensión: La emisión de un nuevo fallo. Establece el censor que el sentenciador en el factum de los hechos probados ha empleado frases de estricta técnica penal que deben ser desarrolladas en el apartado de la fundamentación jurídica, ya que al haber utilizado la frase “Estaba vigente el Decreto PSM-M03-2009, que suspendió la venta de citas para la realización de trámites de registro de armas, traspasos y renovaciones de carné para armas de fuego.”, supuso así de antemano la decisión de absolver al encartado, indicando que debido a que en el tiempo en que le fueron encontradas las armas de fuego estaba vigente dicho decreto. Además, establece el recurrente que dicho decreto por ser una ley especial o temporal, solo se aplica en el lapso que va desde su vigencia hasta que esta culmina, no traspasa la barrera temporal prescrita por el legislador, y no se proyecta ni hacia atrás (que en el caso subjudice sería a casi un año antes) ni después, siendo trascendente indicar que la discusión jurisprudencial referida a las leyes intermedias y retroactividad, sostenida en dicha sentencia, no resulta, a criterio del pretensor, aplicable al presente caso, pues ella comprenden las que se suceden desde la comisión del hecho hasta el fallo, y no antes de que el primero se cometa. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el pretensor, como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho a la Defensa Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional.- La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado/a en defensa de los intereses individuales; Como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el Órgano Jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Delimitando el objeto del recurso, se establece que el censor denuncia la violación de la garantía constitucional del debido proceso, con relación al derecho de defensa, por cuanto el fallo a su criterio utilizó frases de estricta técnica penal que deben ser desarrolladas en la fundamentación del fallo, situación que produce una predeterminación de la sentencia. Siendo así, es procedente indicar que siendo los hechos probados el relato histórico de los acontecimientos ocurridos y sometidos al contradictorio, constituyen una descripción de las circunstancias de modo, lugar y tiempo, en que los hechos han ocurrido, debiendo los juzgadores realizar un relato cronológico, descriptivo, ordenado, claro y terminante, extraído de la valoración objetiva de los medios de prueba reproducidos durante el debate. Siendo que el recurso de casación por violación de precepto constitucional la última vía recursiva, procedente solamente en los casos en los que no es posible denunciar un vicio mediante infracción de ley o doctrina legal, o mediante quebrantamiento de las formas procesales, en el caso sometido a revisión de esta sala, se observa que el vicio denunciado por el censor se refiere a las reglas para emitir sentencia, señaladas en el artículo 338 del Código Procesal Penal, es decir a las formas procesales señaladas por la ley adjetiva para la construcción de la sentencia, en consecuencia la vía recursiva usada por el recurrente resulta equivocada, pues al transgredirse una forma procesal, debe acudirse a otro tipo de recurso casacional y no agotar el recurso de más amplio espectro como lo es el que corresponde a la violación de precepto constitucional. V. Decisión Se desestima el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público. VI. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el abogado F. J. H. en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-274-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL.