Sentencia CP-252-16 — Registro 9696
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por los delitos de Abuso de Autoridad, Daños y por el delito de Descombro, en perjuicio del Medio Ambiente, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en que la sentencia impugnada adolece de motivación jurídica contradictoria. Concretamente el recurrente centra su reproche recursivo en que la sentencia que se impugna en su fundamentación jurídica es contradictoria, cuando el ente jurisdiccional manifiesta primero, que para acusar por el delito de Abuso de Autoridad es necesario agotar el procedimiento especial del Antejuicio, en aplicación al artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades y su Reglamento, pero por otra parte, en relación al ilícito de Descombro que origina la infracción penal precitada, no considera necesario este trámite previo, más aún, cuando ambas infracciones se cometieron por el acusado en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de San Juan, Intibucá. Esta sala estima que la motivación contradictoria implica que los fundamentos esgrimidos por el juzgador en la sentencia irrespetan el elemental principio de coherencia, que informa el recto entendimiento humano, por ende, todo el contenido de la sentencia debe ser armónico, congruente con cada una de sus partes. Efectivamente, en el presente caso, la motivación jurídica plasmada por el juzgador en los numerales primero y segundo del fallo objeto del presente recurso, es contradictoria, ya que los ilícitos que se imputan al acusado A. A. N. R., son realizados por él, en su gestión de alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, incurriendo con ello en el vicio señalado. Esta sala considera que ha de distinguirse entre la falta de motivación y la simple insuficiencia de motivación. La doctrina reconocida por esta Sala, manda en este tipo de casos, que el pronunciamiento se sancionará con la nulidad, solamente por la falta absoluta de motivación y no cuando la motivación del fallo sea imperfecta o defectuosa; tampoco cuando el defecto en la motivación de la sentencia se funde en un error no esencial. En el presente caso, es notorio que la resolución impugnada está cimentada en fundamentación jurídica contradictoria, en tanto el juzgador afirma que para el delito de abuso de autoridad que previo debió agotarse el procedimiento especial de Antejuicio, contenido en el artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades y su Reglamento, pero a su vez para el delito de Descombro en contra del medio ambiente, por el que se le condena, no exige el cumplimiento previo del procedimiento de Antejuicio, siendo que todos los hechos por los que se juzga al acusado A. A. N. R., son realizados por éste, durante su gestión como alcalde. Lo cierto es que la contradicción queda plasmada en la fundamentación jurídica de la sentencia, en virtud de que el artículo 28, numeral 2 de la Ley de Municipalidades y su Reglamento (Decreto No. 127-2000, de fecha 24 de agosto de 2000) dispone que: “… En estos casos, si se imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces”, norma que manda que se siga con el antejuicio a los alcaldes, sin hacer distinción alguna de delito, procedimiento que no se agotó previo a ejercer la acción penal en contra del acusado. Esta Sala concluye que efectivamente la motivación jurídica de la sentencia impugnada es contradictoria, y violatoria del principio de coherencia, sobre aspectos esenciales de la fundamentación jurídica, por lo que el fallo que se recurre carece de sustentación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. El Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vázquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-252-2016 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de enero del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor A. A. N., por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública; Segundo: Absolvió al señor A. A. N., por el delito de Daños, en perjuicio de D. S. R.; Tercero: Condenó al señor A. A. N., como autor del delito de Descombro, en perjuicio del Medio Ambiente, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil; Cuao: Se ordena se extienda la carta de libertad por los delitos de Abuso de Autoridad y Daños; Quinto: Se declara la responsabilidad civil del señor A. A. N., por el delito de Descombro. SON PARTES: El Abogado J. A. N., en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado N. M. A. B., en su condición de apoderado defensor, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Primero: En el período comprendido entre el año dos mil seis (2006) al año dos mil diez (2010), el señor A.A. N., en su condición de Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, entre otros acuerdos a nivel Corporación, se aprobó que en el sitio ejidal municipal, conocido como La Tejera, ubicado precisamente sobre la calle que de aquel pueblo conduce a la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, trabajos con el ánimo de construir una estación de buses, en beneficio de la comunidad; ocurriendo que del bien inmueble en mención resultó con derechos de propiedad el señor S. R., según él por contar con un documento privado. Segundo: Fue así, que el señor A. A. N., por su cuenta, y sin contar con los estudios de impacto ambiental ni permiso de autoridad competente, sin siquiera con autorización ordenó al señor N. C., quien operando un tractor derribó entre otros árboles, como: pino, guayabo, roble, con el fin de limpiar el área del citado inmueble antes identificado como La Tejera; extremo que se constató con la inspección práctica en fecha veinte (20) de Junio del año dos mil nueve (2009) por la Agente de Investigación Criminal H. S. M..” RECURSO DE CASACIÓN: “El recurrente Abogado J. N., procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El A quo en la sentencia en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “PRIMERO: En el período comprendido entre el año dos mil seis (2006) al año dos mil diez (2010), el señor A. A. N., en su condición de Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, entre otros acuerdos a nivel de Corporación, se aprobó en el sitio ejidal municipal, conocido como La Tejera, ubicado precisamente sobre la calle que de aquel pueblo conduce a la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, trabajos con el ánimo de construir una estación de buses, en beneficio de la comunidad; ocurriendo que del bien inmueble en mención resultó con derechos de propiedad el señor S. R., según él, por contar con un documento privado. SEGUNDO: Fue así, que el señor A. A. N., por su cuenta, y sin contar con los estudios de impacto ambiental ni permiso de autoridad competente, sin siguiera con autorización de la misma Corporación Municipal, dando inicio a los trabajos para instalar la estación de buses, ordenó al señor N. C., quien operando un tractor derribó entre otros árboles, como: pino, guayabo, roble, con el fin de limpiar el área del citado inmueble antes identificado como La Tejera; extremo que se constató con la inspección practicada en fecha veinte (20) de Junio del año dos mil nueve (2009) por la Agente de Investigación Criminal H. S. M..” El artículo 349 numeral 2 del Código Penal establece que: “Será castigado con reclusión de tres (3) a Seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)...; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquier de dichos ordenamientos jurídicos;...”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido como una verdad incuestionable que el imputado A. A. N. R., sin contar con los estudios de impacto ambiental, permiso de autoridad competente, ni autorización de la misma Corporación Municipal, dio la orden de iniciar los trabajos para instalar una terminal de buses para la comunidad, instruyendo al señor N. C. para que derribara entre otros, árboles como: pino, guayabo, roble, con el fin de limpiar el área del citado inmueble identificado como La Tejera, siendo claro que ha ejecutado actos contrarios a la Ley General del Ambiente en sus artículos 78 y 79 y su Reglamento, en los artículos 61 y 62; la Ley Forestal y de Áreas Protegidas en su artículo 179 y la Ley de Municipalidad. De manera, que la conducta ejecutada por el enjuiciado no sólo es constitutiva del delito de Descombro por la cual fue condenado, sino que también su accionar se subsume en el ilícito de ABUSO DE AUTORIDAD, al dictar órdenes contrarias a una normativa especial, que busca proteger el ambiente y aprovechándose de su cargo de Alcalde Municipal de San Juan, departamento de Intibucá. Al respecto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras ha reiterado: “El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquéllas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública”[1]. En el caso que nos ocupa, ha quedado demostrado que el imputado ha realizado acciones en detrimento de la administración pública, al no seguir los procedimientos previamente establecidos en la Ley General del Ambiente y la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre para efectuar el derribo de árboles y arbustos de diferentes especies y proceder a construir una Terminal de buses en su comunidad, sin contar con el permiso de la Corporación Municipal, ni con los permisos ambientales correspondientes. Por lo antes expresado, al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues A. A. N. incurrió en el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, lo que constituye una vulneración a la norma citada como infringida; por ende, lo afirmado por el Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica carece de sustento, ya que no tiene aplicabilidad al fáctum descrito en el fallo, donde se ha relatado una actuación de parte del funcionario (alcalde), que no tiene la condición de propuesta dentro de la ley, ni opinión vertida en relación con sus funciones, como exige el artículo 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades, sino que se trata de la realización de una conducta personal arbitraria, contraria a las Leyes Ambientales y Municipales. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa invocada.” “MOTIVO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: Que las motivaciones jurídicas de la sentencia sean contradictorias. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del CPP. En la fundamentación jurídica el juzgador ha de explicar las cuestiones relacionadas con la calificación jurídica de los hechos, es decir, deviene en la obligación de indicar por qué aplica determinado precepto legal. En el caso subjudice, el Tribunal ha manifestado en el apartado de la fundamentación jurídica que: “PRIMERO: El presente caso, fue ventilado por el ente acusador conforme la figura siguientes: por lo delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA... don A. A. N., durante el iter-lógico, éste fungía como Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá... abonado a ellos, la especialidad del delito en referencia, nos permite remitirnos al artículo 28 numeral 2 de la Ley e Municipalidades y su reglamento (decreto no. 127-2000, de fecha 24 de agosto de 2000), que literalmente dice: “…No ser responsable por sus propuestas dentro de la Ley, ni por sus propias opiniones vertidas en relación a sus funciones. En estos casos, sí se le imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de ante juicio, en la misma forma que a los jueces.” Es decir, que previo a la presentación del requerimiento fiscal, a todo Alcalde sujeto a proceso penal, debe iniciársele un antejuicio, tal y como es facultativo para los jueces, resultando obvio, que la presente causa, marco su génesis, cuando éste, se encontraba en posesión y ejercicio de su cargo... En relación al DESCOMBRO (art. 179 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre). De la misma prueba aportada se acreditó que el mismo imputado de autos, proceda a una limpieza del sitio conocido como la tejera, para la supuestas instalación de la terminal de buses, acción con la cual se produjo el derribo de árboles y arbustos de diferentes especies, esto acreditado con el dictamen emitido por los Ingenieros V. A. P. y E. D., se establece claramente que se descombró en el lugar conocido como La Tejera árboles de pino, guayabo, cedro entre otros, causándole grave daño al ambiente, es en tal sentido que se reúnen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Descombro antes soslayado. . . SEGUNDO: Con las pruebas de cargo allegadas al debate no generan en el ánimo de estos sentenciadores la decisión de declarar la responsabilidad penal del señor A. A. N., por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DAÑOS, por lo que estos Juzgadores estiman que ante la inexistencia de esas pruebas suficientes. . .para condenar por dichos delitos (Antejuicio), es procedente dictar a su favor una sentencia absolutoria... TERCERO:.. del citado delito DESCOMBRO resulta ser responsable en concepto de Autor, el acusado A. A. N., por su participación directa, voluntaria y material en los hechos, tal como lo establece el artículo 32 del Código Penal. ..“ (Lo subrayado es nuestro) Al examinar la supra indicada motivación, podemos apreciar que la misma es contradictoria entre sí, cuando el ente jurisdiccional manifiesta primero, que para poder acusar por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD era necesario agotar el procedimiento especial del antejuicio, en aplicación al artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades y su Reglamento, pero por otra parte, en relación al ilícito de DESCOMBRO que origina la infracción penal precitada, no considera necesario ejercer este trámite previo, y más aún, cuando ambas infracciones se cometieron en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de San Juan, Intibucá. La motivación contradictoria implica que los fundamentos esgrimidos por el juzgador en la sentencia irrespeten el elemental principio de coherencia que informa el recto entendimiento humano, por ende, todo el contenido de la sentencia debe ser armónico, congruente con cada una de sus partes. Afirma De la Rúa que la motivación, para ser lógica “debe responder a las leyes del entendimiento humano” con la especial característica de “ser coherente, es decir, constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad, de contradicción y tercero excluido, debiendo para ello ser: congruente, no contradictoria e inequívoca”[2] Tomando en consideración lo antes expresado, reiteramos nuestro alegato, en cuanto a que, la motivación jurídica plasmada por el juzgador en los numerales primero y segundo del fallo que es objeto del presente recurso, resulta contradictoria entre sí, en virtud, que por un lado establece que el señor A. A. N., no puede ser condenado por el delito de Abuso de Autoridad porque no se realizó el procedimiento de Antejuicio, pero por el otro, lo condena por el delito de Descombro, pues tal como ya lo indicamos, ambos ilícitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de San Juan, Intibucá, incurriendo con ello en el vicio ahora señalado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo, por lo que instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal que se case el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador.” Fundamentación Recurso de Casación por infracción de ley por falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal.Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando se dicte la sentencia de fondo que corresponda conforme a derecho. Resumen Casación por infracción de ley por falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal. El artículo 349 numeral 2 del Código Penal establece que: “Será castigado con reclusión de tres (3) a Seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) ...; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquier de dichos ordenamientos jurídicos...”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el imputado A. A. N. R., sin contar con los estudios de impacto ambiental, permiso de autoridad competente, ni autorización de la misma Corporación Municipal, dio la orden de iniciar los trabajos para instalar una terminal de buses para la comunidad, instruyendo al señor N. C. para que derribara entre otros, árboles como pino, guayabo, roble, con el fin de limpiar el área del citado inmueble identificado como La Tejera. El acusado ha ejecutado actos contrarios a la Ley General del Ambiente en sus artículos 78 y 79 y su Reglamento, en los artículos 61 y 62; la Ley Forestal y de Áreas Protegidas en su artículo 179 y la Ley de Municipalidad, por lo que su conducta no sólo es constitutiva del delito de Descombro por la cual fue condenado, sino que se subsume también en el ilícito de Abuso de Autoridad, al dictar órdenes contrarias a la normativa especial que busca proteger el ambiente y aprovechándose de su cargo de Alcalde Municipal de San Juan, Departamento de Intibucá, al realizar acciones en detrimento de la Administración Pública, al no seguir los procedimientos establecidos en la Ley General del Ambiente y la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, para efectuar el derribo de árboles y arbustos de diferentes especies y proceder a construir una terminal de buses en su comunidad, sin contar con el permiso de la Corporación Municipal, ni con los permisos ambientales correspondientes. La fundamentación jurídica carece de sustento, ya que no tiene aplicabilidad al fáctum descrito en el fallo, donde se ha relatado una actuación por parte del funcionario (alcalde), que no tiene la condición de propuesta dentro de la ley, ni opinión vertida en relación con sus funciones, como exige el artículo 28, numeral 2 de la Ley de Municipalidades, sino que se trata de la realización de una conducta personal arbitraria, contraria a las Leyes Ambientales y Municipales. Concepto General A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico “A partir de lo apuntado, se identifican como características del Antejuicio: i) Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; ii) Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los jueces de la República; iii) Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del juez que esté siendo cuestionado(a); iv) Mediante el Antejuicio se determinará si existen o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; v) El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: 1) Como acción: en los casos en donde la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; 2) Como excepción: cuando el juez acude al llamamiento judicial por haberse presentado en contra de éste una acción penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio; y vi) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada (Art. 127 Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales), ello genera varias consecuencias: 1) Aun cuando sea declarado con lugar un Antejuicio, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima podrían decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello; 2) El proceso penal incoado después de haberse declarado con lugar un Antejuicio podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda a derecho y no necesariamente con una sentencia condenatoria; 3) El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la víctima, según sea el caso, podrán presentar un segundo Antejuicio contra el mismo juez, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporten nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y 4) La acción Penal, sin la necesidad de un previo antejuicio, puede plantearse una vez que la persona acusada deje de desempeñarse como juez, aun cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando aquella aun desempeñaba el cargo jurisdiccional. [3] El Art. 28 numeral 2 de la Ley de Municipalidades (Decreto No. 127-2000, de fecha 24 de agosto del 2000, literalmente dice: “El Alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes:
- ………; 2) No ser responsable por sus propuestas dentro de la ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los Jueces”. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. El censor aprecia que el fallo que se impugna incurre en falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal. Alega el recurrente que el tribunal sentenciador erróneamente deja de subsumir la conducta del señor A. A. N. R. en el tipo penal de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. Esta Sala reitera que los hechos declarados probados por el juzgador de instancia son intangibles e inalterables en casación, por lo que lo único que procede en casación es analizar si el cuadro fáctico de la sentencia recurrida se subsume en la norma penal sustantivas de reproche. En este caso el tribunal de juicio declara terminantemente probados los hechos siguientes: “Primero: En el período comprendido entre el año dos mil seis (2006) al año dos mil diez (2010), el señor A. A. N., en su condición de Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, entre otros acuerdos a nivel Corporación, se aprobó que en el sitio ejidal municipal, conocido como La Tejera, ubicado precisamente sobre la calle que de aquel pueblo conduce a la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, trabajos con el ánimo de construir una estación de buses, en beneficio de la comunidad; ocurriendo que del bien inmueble en mención resultó con derechos de propiedad el señor S. R., según él por contar con un documento privado. Segundo: Fue así, que el señor A. A. N., por su cuenta, y sin contar con los estudios de impacto ambiental ni permiso de autoridad competente, sin siquiera con autorización ordenó al señor N. C., quien operando un tractor derribó entre otros árboles, como: pino, guayabo, roble, con el fin de limpiar el área del citado inmueble antes identificado como La Tejera; extremo que se constató con la inspección práctica en fecha veinte (20) de Junio del año dos mil nueve (2009) por la Agente de Investigación Criminal H. S. M..” El artículo 349 numeral 2 del Código Penal establece: “Será castigado con reclusión de tres (3) a Seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) ...; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquier de dichos ordenamientos jurídicos...”. Del fáctum de la sentencia que se impugna resulta que las acciones desplegadas por el acusado A. A. N. R., no se subsumen en el tipo penal preinserto. Los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de abuso de autoridad establecido en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal que dice: El primer elemento objetivo que nos señala esta norma penal es ser “Funcionario o Empleado Público” mismo que se plasma al establecer el sentenciador dado que el fáctum refiere que los hechos sometidos a juicio se llevaron a cabo en: “En el período comprendido entre el año dos mil seis (2006) al año dos mil diez (2010), el señor A. A. N., en su condición de Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá….”. Los alcaldes, son funcionarios electos por el voto popular, que una vez electos y juramentados se constituyen en autoridad a la cabeza de una Corporación Municipal, por lo que tienen la condición de Funcionario Público. La norma penal señalada como infringida además refiere que: “Incurre en abuso de autoridad al dictar o ejecutar órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes y se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquier de dichos ordenamientos jurídicos”, al verificar los hechos declarados probados encontramos como verdad indiscutible que: “entre otros acuerdos a nivel Corporación, se aprobó que en el sitio ejidal municipal, conocido como La Tejera, ubicado precisamente sobre la calle que de aquel pueblo conduce a la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, trabajos con el ánimo de construir una estación de buses, en beneficio de la comunidad, ocurriendo que del bien inmueble en mención resultó con derechos de propiedad el señor S. R., según él por contar con un documento privado”. Asimismo, fue declarado probado que: “… El señor A. A. N., por su cuenta, y sin contar con los estudios de impacto ambiental ni permiso de autoridad competente, sin siquiera con autorización ordenó al señor N. C., quien operando un tractor derribó entre otros árboles, como: pino, guayabo, roble, con el fin de limpiar el área del citado inmueble antes identificado como La Tejera; extremo que se constató con la inspección práctica en fecha veinte (20) de Junio del año dos mil nueve (2009) por la Agente de Investigación Criminal H. S. M.”. No obstante, al analizar la fundamentación jurídica de la sentencia, se observa que el sentenciador desestima la acción desplegada por el señor A. A. N. R., Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, como un delito de Abuso de Autoridad, por considerar que el artículo 28, numeral 2 de la Ley de Municipalidades y su Reglamento (Decreto No. 127-2000, de fecha 24 de agosto de 2000), determina: “Los Alcaldes no son responsables por sus propuestas dentro de la ley, ni por sus propias opiniones vertidas en relación a sus funciones. En estos casos, si se imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio, en la misma forma que a los jueces”. Esta Sala observa que previo a someter a enjuiciamiento al señor A. A. N. R., por hechos que se le imputan mientras fungía como Alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, el ente acusador público debió haber agotado el procedimiento especial de antejuicio que manda la ley de Municipalidades reseñada, con el fin de establecer la procedencia o no de la acción penal en su contra, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. Por todo lo expuesto esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe la ley por falta de aplicación del artículo 349, numeral 2 del Código Penal, invocado por el recurrente. Motivo único: Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por motivaciones jurídicas de la sentencia sean contradictorias. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La sentencia adolece de motivaciones jurídicas contradictorias. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Casación por quebrantamiento de forma por considerar que la sentencia que se impugna adolece de motivaciones jurídicas contradictorias. Aprecia que la sentencia en su fundamentación jurídica es contradictoria, cuando el ente jurisdiccional manifiesta primero, que para poder acusar por el delito de Abuso de Autoridad es necesario agotar el procedimiento especial del Antejuicio, en aplicación al artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades y su Reglamento, pero por otra parte, en relación al ilícito de Descombro que origina la infracción penal precitada, no considera necesario ejercer este trámite previo, y más aún, cuando ambas infracciones se cometieron en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de San Juan, Intibucá. La motivación contradictoria implica que los fundamentos esgrimidos por el juzgador en la sentencia irrespeten el elemental principio de coherencia, que informa el recto entendimiento humano, por ende, todo el contenido de la sentencia debe ser armónico, congruente con cada una de sus partes. La motivación jurídica plasmada por el juzgador en los numerales primero y segundo del fallo que es objeto del presente recurso, resulta contradictoria entre sí, ya que ambos ilícitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de San Juan, Intibucá, incurriendo con ello en el vicio señalado. Concepto General del recurso “El Código Procesal Penal en la parte conducente del artículo 362.3, autoriza el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, cuando la sentencia impugnada carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, o que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias. Al respecto de la motivación de fallo: “Debe distinguirse la falta de motivación de la simple “insuficiencia de motivación”, que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con la nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial.[4]” Concepto específico “Los errores más frecuentes en este apartado podemos enunciarlos de la siguiente manera: 1.1 Contradicción entre el elenco de hechos establecidos como ciertos (fundamentación fáctica) y el elenco de hechos que se tratan como probados a la hora de hacer el análisis crítico de las probanzas (fundamentación analítica o intelectiva). Ocurre que el juzgador afirma –o niega- cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico en un primer “considerando” y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando abiertamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. En este punto podemos hablar de una violación al principio lógico de no-contradicción desde una perspectiva estructural del fallo, ya que se trata de un apartado en el que se sostiene lo contrario, o se cuestiona lo previamente establecido en aspectos esenciales. Como se verá, la jurisprudencia ha relacionado también esta falla con la violación a las reglas de la sana crítica, el particular el principio de derivación o razón suficiente, pero nuestro criterio es que se vincula más exactamente con el tema de fundamento contradictorio puro y simple”.[5] De la Procedencia Recurso. El Recurso es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma en que la sentencia impugnada adolece de motivación jurídica contradictoria. Concretamente el recurrente centra su reproche recursivo en que la sentencia que se impugna en su fundamentación jurídica es contradictoria, cuando el ente jurisdiccional manifiesta primero, que para acusar por el delito de Abuso de Autoridad es necesario agotar el procedimiento especial del Antejuicio, en aplicación al artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades y su Reglamento, pero por otra parte, en relación al ilícito de Descombro que origina la infracción penal precitada, no considera necesario este trámite previo, más aún, cuando ambas infracciones se cometieron por el acusado en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de San Juan, Intibucá. Esta sala estima que la motivación contradictoria implica que los fundamentos esgrimidos por el juzgador en la sentencia irrespetan el elemental principio de coherencia, que informa el recto entendimiento humano, por ende, todo el contenido de la sentencia debe ser armónico, congruente con cada una de sus partes. Efectivamente, en el presente caso, la motivación jurídica plasmada por el juzgador en los numerales primero y segundo del fallo objeto del presente recurso, es contradictoria, ya que los ilícitos que se imputan al acusado A. A. N. R., son realizados por él, en su gestión de alcalde del Municipio de San Juan, Departamento de Intibucá, incurriendo con ello en el vicio señalado. Esta sala considera que ha de distinguirse entre la falta de motivación y la simple insuficiencia de motivación. La doctrina reconocida por esta Sala, manda en este tipo de casos, que el pronunciamiento se sancionará con la nulidad, solamente por la falta absoluta de motivación y no cuando la motivación del fallo sea imperfecta o defectuosa; tampoco cuando el defecto en la motivación de la sentencia se funde en un error no esencial. En el presente caso, es notorio que la resolución impugnada está cimentada en fundamentación jurídica contradictoria, en tanto el juzgador afirma que para el delito de abuso de autoridad que previo debió agotarse el procedimiento especial de Antejuicio, contenido en el artículo 28 numeral 2 de la ley de Municipalidades y su Reglamento, pero a su vez para el delito de Descombro en contra del medio ambiente, por el que se le condena, no exige el cumplimiento previo del procedimiento de Antejuicio, siendo que todos los hechos por los que se juzga al acusado A. A. N. R., son realizados por éste, durante su gestión como alcalde. Lo cierto es que la contradicción queda plasmada en la fundamentación jurídica de la sentencia, en virtud de que el artículo 28, numeral 2 de la Ley de Municipalidades y su Reglamento (Decreto No. 127-2000, de fecha 24 de agosto de 2000) dispone que: “… En estos casos, si se imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces”, norma que manda que se siga con el antejuicio a los alcaldes, sin hacer distinción alguna de delito, procedimiento que no se agotó previo a ejercer la acción penal en contra del acusado. Esta Sala concluye que efectivamente la motivación jurídica de la sentencia impugnada es contradictoria, y violatoria del principio de coherencia, sobre aspectos esenciales de la fundamentación jurídica, por lo que el fallo que se recurre carece de sustentación. DECISIÓN: esta Sala declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por el Abogado J. A. N., en su condición de fiscal del Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362. 3 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado J. A. N., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor señor A. A. N., que en parte resolutiva de la sentencia que se impugna falla: 1) Absolver al señor A. A. N., del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública; 2) Absolver al señor A. A. N., del delito de Daños, en perjuicio de D. S. R.;
- y, condenar al señor A. A. N., como autor del delito de Descombro, en perjuicio del Medio Ambiente; Segundo: Anular el debate y la sentencia de fecha cinco de enero del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua; Y MANDA: 1) Que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, celebre nuevo juicio contra el señor A. A. N., por los delitos de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, Daños en perjuicio de D. S. R. y Descombro en perjuicio del Medio Ambiente, con jueces distintos a los que participaron en juicio, y la sentencia que se anulan; 2) Que previo a promover acción penal por delito al acusado A. A. N., por hechos cometidos por este, durante su gestión como Alcalde Municipal de San Juan, Intibucá, acredite el ente fiscal haber agotado el procedimiento especial de antejuicio, que declare la procedencia de la acción penal en su contra; 2) Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-252-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha 26 de agosto del 2009 recaía en el recurso de casación No. 56-2005.
[2] Corte Suprema de Justicia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño. Tomo II, Dinámica Procesal. 2da Edición, Honduras, C. A., 2003. P. 425
[3] Vid. Sentencia Apelación Penal en Antejuicio SP-250-2012 dictada por la Sala de lo Penal, Corte Suprema de Justicia en fecha 27 de junio de 2013.
[4] “El Recurso de Casación”. Fernando de la Rúa. Edición 1968. Página 156
[5] Texto: “Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal”, Autores Jose Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodriguez Campos. Editorial Jurídica Continental. Página 172.