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Sentencia CP-250-11 — Registro 13599

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (marihuana y crack), resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Motivo Único EL MOTIVO ÚNICO ES DE RECIBO.- El recurrente, desatendiendo lo señalado en el artículo 360 del Código Procesal Penal, hace a un lado el contenido de los hechos probados para hacer análisis de los medios probatorios, alegando que estos no acreditaron la conducta punible de tráfico ilícito de drogas, lo que constituye un error en el planteamiento dado que se ha explicado en el primer apartado que los Recursos por Infracción de Ley se sujetan al factum como una verdad incuestionable, siendo el propósito de la impugnación verificar si éstos pueden subsumirse en la norma sustantiva elegida por el juzgador para gobernar el caso objeto de juzgamiento. A pesar de lo anterior, el recurrente logra salvar su mal planteamiento inicial, señalando al final de su recurso que los actos descritos en la sentencia no son considerados en el tipo penal por el cual se condenó al acusado; ello entonces obliga a realizar la confrontación entre lo declarado probado y la norma sustantiva a efecto de comprobar o descartar tal denuncia. Según la narración fáctica, se acreditó en el proceso los siguientes hechos: *El sábado 06 de agosto de 2003, alrededor de las 04:30 p.m., tras recibir una llamada telefónica en la Estación de Policía, elementos de ese cuerpo estatal, todos vestidos de civil (sin uniforme) y usando chalecos antibalas de la Policía, se desplazaron hasta el mercado Medina Concepción, del Barrio Medina de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; *A las 05:30 p.m., los elementos de la policía observaron al acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, recostado sobre su puesto de venta de verduras, ubicado en la 6 y 7 calle y 5ta avenida, vistiendo una camisa amarilla, pantalón y gorra azul; *El acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, observó cuando los agentes de la policía nacional se estaban bajando de un vehículo, decidiendo comenzar a correr; *Los agentes de la policía procedieron a seguir al acusado Santos Rodríguez, capturándolo cuando pretendía abordar un vehículo paila que transitaba por el lugar; *Una vez capturado se le incautó al acusado Santos Rodríguez, una cadena color amarillo, 07 billetes de L 50.00, 41 billetes de L 20.00, 30 billetes de L 10.00, 10 billetes de L 05.00, 07 billetes de L 02.00, y 30 billetes de L 01.00, haciendo un total de L 1564.00. *Los elementos de la policía procedieron a registrar el puesto de venta de verduras del acusado Santos Rodríguez, encontrando 50 carrucos de marihuana y 43 bolsitas de crack. En resumen los hechos probados determinan que el acusado tenía un puesto de venta de verduras en el mercado, y que el día 06 de agosto de 2003, al observar que la policía estaba llegando procedió a correr con la intención de alejarse del lugar, siendo aprehendido por la autoridad, encontrándole dinero en distintas denominaciones y además encontrando drogas ilícitas en el puesto de venta.- Del hecho probado, si bien se puede inferir que el acusado tenía conocimiento de la existencia de la droga y de su voluntad de mantener a ésta en su puesto de venta, no se describe en el factum que aquel estuviese realizando actos de comercio con las sustancias o que tuviese la intención de hacerlo, de igual forma no se señala que el dinero incautado al acusado sea como producto de la venta de droga ilícita, por lo que conforme a la narración fáctica no es posible concluir que se está frente a un delito de tráfico ilícito de droga, al no desprenderse el elemento subjetivo sobre la intencionalidad perseguida con la posesión de la droga, esto nos lleva a concluir que el Tribunal de Sentencia ha hecho una incorrecta elección en la norma sustantiva aplicada. Ahora bien, el factum permite afirmar que el acusado facilitó su puesto de ventas de verdura para el almacenamiento de dicha droga, misma que por su disposición (50 carrucos de marihuana y 43 bolsitas con crack), no estaba destinada para su consumo personal inmediato, siendo esto constitutivo del delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de droga. Le asiste la razón al recurrente al plantear entonces que la sentencia describe hechos que no se subsumen en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas y que lo procedente es condenar al acusado por el delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación número SP 250-2011, por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil cuatro, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; Departamento de Cortés, mediante la cual Condenó al señor Santos Javier Rodríguez Castillo, a la pena de quince años de reclusión, como autor responsable del delito de Tráfico Ilícito de Drogas (marihuana y crack), más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado De Honduras. Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley Sustantiva y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Oscar López López, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Santos Javier Rodríguez Castillo. Son Partes En Única Instancia: La Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, apoderada defensora privada del acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, en su condición de recurrente, y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. Hechos Probados De La Primera Instancia “Primero: El día sábado seis de agosto del año dos mil tres, como a las cuatro con treinta minutos de la tarde, luego de haber recibido una llamada en la Estación Central, agentes de la Policía Nacional Preventiva, vestidos de civil y con chaleco de la policía, se personaron en el mercado Medina-Concepción, del barrio Medina de esta ciudad, como a las cinco con treinta minutos de la tarde, observando al acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, recostado sobre su puesto de venta de verduras, vistiendo una camisa amarilla, pantalón y gorra azul, y al percatarse este de la presencia de los agentes de la policía preventiva cuando estos se bajaban del vehículo pick up en que se transportaban, vistiendo chaleco y placa de la policía, salió corriendo y en el momento en que se aprestaba abordar un carro paila que transitaba por dicho lugar, fue capturado por dichos agentes. Segundo: Una vez capturado el acusado, procedieron a registrar su puesto de venta de verduras (troco) el que se encontraba a orilla de la calle, específicamente en la 6 y 7 calle y 5ª. Avenida, encontrando 50 carrucos de marihuana y 43 bolsitas de crack, decomisándole también lo siguiente: una cadena de color amarillo, 7 billetes de cincuenta lempiras, 41 billetes de veinte lempiras, 30 billetes de diez lempiras, 10 billetes de cinco lempiras, 7 billetes de dos lempiras y 30 billetes de un lempira.” Recurso De Casación. Motivos Y Argumentos A. Recurso De Casación Por Infracción De Precepto Constitucional Único motivo: infracción del artículo 90 de la constitución de la república. En relación con el artículo 200 del código procesal penal. Precepto autorizante: artículo 361 del código procesal penal. Explicación del motivo la evidencia no puede obtenerse a cualquier precio, porque resultan pruebas prohibidas o ilícitas. Lo anterior es lo sucedido en el actual proceso, ya que la evidencia que se encuentra detallada en el acta de decomiso (folio 17), fue obtenida violentando cantidad de normas de procedimiento, lo que según el artículo 200 del código procesal penal las convierte en prueba prohibida o ilícita, por consiguiente: “carecerán de eficacia probatoria”, ya que el acto en que se elabora el acta vulnera las garantías procesales establecidas en la constitución de la república (artículo 60, 61, 68, 82 y 90) y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos (artículos 8 numerales 1 y 2) de los que honduras forme parte. Resulta que en la audiencia de debate al momento de los incidentes de acuerdo al artículo 320, la defensa planteó el incidente “exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud” en ningún momento planteó una nulidad en base al 165, 166 y 167; el medio de prueba que se pidió su exclusión es el acta de decomiso de evidencia (folio 17), supuestamente encontrada a mi defendido y la cuál sería ratificada por el agente de la policía nacional preventiva Segundo Pérez Vásquez; las causas que la convierten en prueba prohibida o de ilicitud, que la defensa planteó son hechos que vulneran las garantías procesales ordenadas en los artículos 132 numeral 7, 203, 206, 207, 220 y 283, hechos que los detallamos a continuación: el artículo 132 numeral 7: “las actas deberán de contener: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) las firmas de todos los intervinientes, previa lectura de lo escrito; y…” . El acta solamente se encuentra la firma del policía Manuel Segundo Pérez Vásquez y la firma de mi defendido (firmó obligado y en horas de la noche como en la mayoría de los procesos), faltan las firmas de los otros tres policías y de los dos testigos. El artículo 203: “la policía nacional, se encargará de inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan. Asimismo, de buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito…. De todo lo actuado dejará constancia en acta y demás elementos de prueba procediendo a su conservación y detalle en el acta mencionada. - el acta será firmada por el o los agentes de la policía por dos testigos, que preferiblemente sean vecinos del sitio en que tuvieron ocasión los hechos investigados. Las actas que reúnan los requisitos establecidos en este artículo, serán incorporadas al juicio y leídas durante el mismo”. Todos estos extremos señalados por el artículo fueron violentados de manera extraña, lo que asegura que los policías actuaron de manera incorrecta y alevosa: 1) la policía nacional, se encargará de inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan. Se colige de las declaraciones de los policías que una vez que detuvieron a mi defendido se fueron para la tercera estación, lugar donde lo registran y entregan la droga encontrada en el puesto de venta de verduras vacío. 2) asimismo, de buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito…. Ya lo señalamos de manera extraña deciden irse para la tercera estación, en vez de custodiar el lugar donde encontraron la droga y llamar a los agentes de la DGIC. 3) de todo lo actuado dejará constancia en acta…… y demás elementos de prueba procediendo a su conservación y detalle en el acta mencionada. Al momento de capturar a mi defendido, es lógico que le hacen un registro personal; igual manera encuentran la droga en el puesto de verduras; siendo el momento para levantar las dos actas, pero solamente hicieron un acta, de la evidencia encontrada y de los efectos personales del detenido, acta que la hicieron en la tercera estación y no en la vía pública como lo señala el acta viciada y adulterada. 4) el acta será firmada por el o los agentes de la policía por dos testigos, que preferiblemente sean vecinos del sitio en que tuvieron ocasión los hechos investigados. Es evidente de que actuaron tres policías siendo firmada el acta solo por uno de ellos, Segundo Pérez Vásquez; si hubieran andado en lo correcto, acordonan el área, llaman a los agentes de la DGIC y una vez efectuado lo legal, buscan testigos los cuáles en el mercado sobran las personas dueñas de puestos, pero como andan en malos pasos y haciendo acciones ilegales se llevaron al detenido y en el camino arreglan las maletas a su conveniencia, para elaborar un acta completamente llena de errores, falsedades y sin la firma de los testigos ni la firma de sus socios los otros dos policías. - 5) las actas que reúnan los requisitos establecidos en este artículo, serán incorporados al juicio y leídas durante el mismo”. Nuestra ley adjetiva (artículo 203 cuarto párrafo) es muy sabia al señalar las actas que reúnan los requisitos serán incorporadas al juicio, pero el tribunal declaró sin lugar la exclusión del medio de prueba aduciendo motivos que no tienen nada que ver con lo que se pidió: “que las razones expuestas no son un hecho nuevo, que el acta consta en el expediente, que había que pedir la nulidad en la primera audiencia y que para que exista la exclusión es necesario que se haya declarado la nulidad”. Ante estas resoluciones traigo a colación los artículos 321 al 327 de la constitución de la república. Y como dice el adagio popular “lo que está a la vista no necesita anteojos” es más que patente que el acta es prueba prohibida o ilícita en la violación a este artículo, pero el acta sigue violando más. El artículo 206: “registros personales. Cuando existan motivos que hagan presumir que, dentro de sus ropas o pertenencias, una persona oculta……. Antes de proceder al registro…… salvo que existan motivos fundados para creer que aún oculta alguna cosa relacionada con el delito. Lo dispuesto en el párrafo anterior se hará de ser posible en presencia de dos testigos hábiles, si pudieren ser habidos sin demora, quienes preferiblemente deberán de ser vecinos del sitio en que tuvieron lugar los hechos investigados, dejando constancia en el acta de lo actuado”. Se colige claramente de que si persiguen a un sospechoso, se presume que oculta lo que supuestamente a robado, u oculta algo relacionado con el delito, como es posible, que los tres policías que pasan en lo mismo todos los días se lleven al sospechoso para la tercera estación donde la palabra e ellos nadie la puede avalar, cuando los hechos son a una hora con luz del día, en un lugar donde existen cantidad de personas probas que pueden dar fe de lo que ellos hicieron o de los hechos que acaban de suceder, y en presencia de todos los testigos, registren al sospechoso y cumplan con lo ordenado por la ley y que firmen los testigos, así como los tres policías, para que el acta sea legal, pero todo lo contrario se van con el sospechoso y todo lo que supuestamente han encontrado, para la tercera estación y elaboren el acta con datos falsos como ser: la hora, el lugar donde hicieron el acta, dinero en menos cantidad, no incluyeron la cadena porque ya se la habían guardado y sin la firma de los participantes. De igual manera se encuentra los artículos 207 forma de practicar los registros personales; el artículo 283 manejo y registro de la información recabada, asegurar los elementos de prueba, dejar constancia en acta de las diligencias practicadas; y el artículo 220 que estipula las reglas a que quedan sujetas las cosas secuestradas; ya que devolvieron evidencia la cuál no se encuentra documentada. Vamos a agregar que el acta se encuentra firmada por el policía Segundo Pérez Vásquez, quién al momento de declarar ante el tribunal asegura, que los demás policías no firmaron el acta porque él era el encargado de la patrulla; y la documentación fue hecha en la tercera estación porque el lugar de los hechos es muy peligroso. La violación de estas normas adjetivas se encuentra en relación con el artículo 200 pruebas prohibidas o ilícitas: carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución de la república y en los convenios internacionales relativos a los derechos humanos de los que honduras forme parte. El código procesal penal comentado, es muy amplio en la tesis que presentamos para sustentar la exclusión del medio de prueba, en la página 378 encontramos: “se confunden habitualmente, utilizándolos de forma indistinta, los conceptos de prueba ilícita y prueba prohibida... Así mismo se diferencian por sus efectos: mientras que la prueba ilícita puede dar lugar a la nulidad de actuaciones, la prueba prohibida a lo que da lugar es a su exclusión de entre el material probatorio, prohibiéndose su valoración, sin que ocasione nulidad procesal alguna”. Podemos deducir que los motivos en que sustento el tribunal su resolución están equivocados: “(i) que las razones expuestas no son un hecho nuevo y que el acta consta en el expediente; (2) que había que pedir la nulidad en la primera audiencia según el 166; y (3) que para que exista la exclusión es necesario que se haya declarado la nulidad”. Continúa: “el título de la norma transcrita (pruebas prohibidas o ilícitas) sugiere la confusión conceptual antes apuntada, al considerar de la misma naturaleza las unas que las otras. Sin embargo, pronto se aprecia que, en rigor, se está refiriendo solo a las pruebas prohibidas, por vulneración de los derechos fundamentales y no a las pruebas ilícitas, en sentido propio, cuyo tratamiento vendrá dado a través de las normas sobre nulidad. Con todo, y puesto que la denominación legal es la de «pruebas prohibidas o ilícitas» y es común entre la doctrina su asimilación, no vamos a hacer aquí cuestión de ello y utilizaremos en ocasiones el término «ilicitud» para significar estrictamente aquellas pruebas en que haya resultado infringida alguna norma constitucional o internacional tuteladora de los derechos fundamentales del ser humano. Es incuestionable que la defensa al solicitar la exclusión del medio de prueba, señalo la violación de los artículos constitucionales 60, 61, 68, 82 y 90, de igual manera señalo el artículo 8 garantías judiciales de la convención americana sobre derechos humanos, todos ellos en relación al 200 del código procesal; lo que deja establecido de inicio que se refiere a prueba prohibida o a la «ilicitud» como lo señala claramente el comentado. La defensa en ningún momento solicitó nulidad claramente pide exclusión, así como al señalar prueba ilícita es claro que señalamos prueba prohibida, porque nos referimos estrictamente a aquellas pruebas, en que haya resultado infringida alguna norma constitucional o internacional tuteladora de los derechos fundamentales del ser humano. Continúa página 379: el artículo 200 del código procesal penal contempla tres elementos esenciales, íntimamente relacionados, son los siguientes: 1. Carecerán de eficacia probatoria: la consecuencia esencial que provoca la obtención de pruebas en los supuestos y modos previstos por el artículo 200 del cpp viene a ser su imposible utilización a efectos de fundamentar en ellas una sentencia del signo que sea. La expresión «carecerán de eficacia probatoria» establece en primer término una prohibición de admisión. Lo que se pretende es evitar la prevención del órgano judicial, procurando que la prueba quede excluida de raíz. Claro es que, si equivocadamente se admitiese la práctica de una prueba prohibida, cabría su exclusión a posteriori. Se trata, por tanto, de no tomar en consideración tales pruebas bien sea inadmitiéndolas, o bien, aunque hubiera sido admitidas y practicadas, evitando que produzcan el efecto de contribuir a la convicción judicial. El tribunal admitió la prueba de manera equivocada, y también de manera equivocada en el debate admitió la práctica de la prueba prohibida, pero tampoco hizo la exclusión a posteriori y le sirvió como el pilar para fundamentar la sentencia, tal como se observa en el acápite tercero de la valoración de la prueba que sustenta los hechos probados y que expresa: “con la prueba documental, consistente en un acta de decomiso de fecha seis de agosto del año dos mil tres y que fuera ratificada en la vista pública por el testigo Segundo Pérez Vásquez. En resumidas cuentas, lo que el artículo 200 del cpp pretende con los términos examinados es sancionar procesalmente con la ineficacia o con la falta de efectos este tipo de pruebas. A tal fin pueden darse tres diferentes situaciones: a) que la naturaleza de prueba prohibida se ponga de relieve antes de la práctica de la prueba. B) en su defecto si la ilicitud fuese descubierta después de practicada la prueba en cuestión, el tribunal enjuiciador no podría valorarla para fundamentar su sentencia. C) que la constatación de la ilicitud de la prueba se dé en vía de recurso. Una vez dictada la sentencia, si ésta se fundó en pruebas prohibidas, sería viable el recurso de casación por infracción de precepto constitucional 2. Los actos o hechos que vulneren las garantías procesales: prueba prohibida es la resultante de un acto o hecho vulnerador de las garantías procesales, pero no de cualquier garantía infra constitucional, sino cabalmente de aquellas establecidas en la constitución o en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que honduras forma parte. Cuando se pidió la exclusión se señaló la violación de los artículos constitucionales 60, 61, 68, 82 y 90, de igual manera señalo el artículo 8 garantías judiciales de la convención americana sobre derechos humanos, todos ellos en relación al 200 del código procesal. Lo más probable es que la violación de la garantía se produzca durante la actividad y recogida de las fuentes de prueba, esto es, durante el momento crucial de la «obtención» de la prueba. Pero también cabe que la vulneración se produzca con ocasión de la «incorporación» de la prueba a las actuaciones o, incluso, en la misma práctica de las pruebas. Bien mirado, tan prohibida estará la obtención de pruebas con violación de garantías constitucionales como su incorporación al proceso o su práctica vulnerando tales garantías. Unas y otras han de rechazarse como fundamento de la sentencia. Hemos señalado la cantidad de actos y hechos en la obtención de la prueba documental como lo es el acta de decomiso, así como la incorporación al proceso en el debate, en contra de la exclusión planteada por la defensa y finalmente esta acta como prueba prohibida es el fundamento de la sentencia. Aplicación pretendida haber permitido la práctica del medio de prueba mediante la lectura del acta de decomiso y la ratificación del policía que dice la elaboré, se produce la vulneración con ocasión de la incorporación de la prueba a las actuaciones, a sabiendas que la obtención de la prueba durante la actividad y recogida de la misma es ilícita como medio de prueba y ser el fundamento de la sentencia en la valoración de la prueba, para condenar a mi defendido, una vez reconocido este vicio se proceda a la revocación del fallo condenatorio por haber violado las garantías procesales establecidas en la constitución y en los convenios internacionales. B. Recurso De Casación Por Infracción De Ley Único motivo: infracción de ley por aplicación indebida del artículo 18 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, en relación con el artículo 5 numeral 34 de la misma ley. Precepto autorizante: artículo 360 del código procesal penal. Explicación del motivo: el tribunal de sentencia de san pedro sula declaró probados los hechos siguientes: primero: el día sábado seis de agosto del año dos mil tres como a las cuatro con treinta minutos de la tarde, luego de haber recibido una llamada en la estación central, agentes de la policía nacional preventiva, vestidos de civil y con chaleco de la policía, se personaron en el mercado medina concepción, del barrio medina de esta ciudad, como a las 5:30 de la tarde, observando al acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, recostado sobre su puesto de venta de verdura, vistiendo una camisa amarilla, pantalón y gorra azul, y al percatarse este de la presencia de los agentes de la policía preventiva cuando estos se bajaban del vehículo pick up en que se transportaban, vistiendo chaleco y placa de la policía, salió corriendo y en el momento en que se aprestaba abordar un carro paila que transitaba por dicho lugar, fue capturado por dichos agentes. Segundo: una vez capturado el acusado, procedieron a registrar su puesto de venta de verduras (troco) el que se encontraba a orilla de la calle, específicamente en la 6 y 7 calle y 5ª avenida, encontrando 50 carrucos de marihuana y 43 bolsitas de crack, decomisándole también lo siguiente: una cadena de color amarillo, 7 billetes de cincuenta lempiras, 41 billetes de veinte lempiras, 30 billetes de diez lempiras, 10 billetes cinco lempiras, 7 billetes de dos lempiras y 30 billetes de un lempira. A esta fundamentación fáctica el tribunal la subsume en la fundamentación jurídica siguiente: primero: los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado por el artículo 18 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, en relación con el artículo 5 numeral 34 de la misma ley, al darse todos y cada uno de los elementos que lo integran. Segundo: tal como lo ha sostenido este tribunal en varias sentencias, los requisitos para la configuración del delito de tráfico de drogas, ya apreciado, son dos: uno el elemento objetivo determinado por la posesión de las sustancias estupefacientes, lo que equivale a tenencia, bien consigo o en un lugar cualquiera a su disposición, así también a los actos tendentes a comercializar dichos estupefacientes, tal y como ha quedado en el caso sub judice en lo que respecta al acusado , no cabe la menor duda que estaban listos para su comercialización, como lo han narrado los testigos de cargo, y que fueron las personas que decomisaron tal evidencia; y otro subjetivo o tendencial, es decir, el ánimo de los acusados al poseer aquellas sustancias, que a criterio de este tribunal, estaba predestinado al tráfico o transmisión a terceras personas,... Y en la forma en que se encontraba la misma, como antes se dijo que se le decomisaron al acusado, ha quedado acreditada la comercialización de la droga…; pues el tribunal lo ha inferido de una pluralidad de hechos, con las cuales el tribunal ha llegado a la convicción de la comisión del hecho ilícito por parte del acusado Santos Javier Rodríguez Castillo. Estos hechos probados el tribunal los enmarca en su fundamentación jurídica de manera incorrecta, sancionados en el artículo 18 que expresa: el que trafique con drogas, y que al señalar el artículo 5 numeral 34 que señala, que el tráfico ilícito es “poseer dolosamente” y el numeral 27 señala que posesión es la tenencia ilícita de sustancias controladas. - ninguno de los tres policías señala que la droga se encontraba en posesión de mi defendido, los tres aseguran que la droga la encontraron en un puesto de verduras (vacío sin producto de verduras) y agregan los tres policías que mi defendido se encontraba recostado (con el hombro) en el puesto, y que al verlos salió corriendo. Estos puntos torales dejan claro que mi defendido no está en posesión de la droga, sino que esta (droga) se encuentra en la parte de abajo del puesto tapada con un cartón y que la droga se encuentra en dos bolsas de nylon color blanco (informe inicial y requerimiento) o transparente (en el debate). Estos hechos son los consignados en los hechos probados, con el agregado de: “recostado sobre su puesto de verduras” cuestión que no aparece en ninguna de las declaraciones de los policías, así como tampoco aparece una constancia del administrador del mercado de que el puesto de verduras en mención pertenece a mi defendido. El tribunal en el elemento objetivo, puede hacer sinónimo de posesión, con tenencia y con “bien consigo” pero jamás con “un lugar cualquiera a su disposición”, porque esto es conjeturar o hacer apreciaciones incorrectas que serían sofismas. Suponiendo que el puesto de verduras fuera de mi defendido, habría que dilucidar si la tenencia de la sustancia, respondía al ánimo de facilitar el local o responde a una verdadera resolución del agente de realizar actos de tráfico de lo que no hay prueba alguna, es más, la prueba que existe son las mismas declaraciones de los tres policías que señalan con exactitud “que él se encontraba recostado y al verlos salió corriendo” y la droga la encontraron empacada en dos bolsas blancas (informe) transparentes (debate), estos hechos no corresponden a que la persona esté realizando actos de tráfico u ofertorios a transmitir. En el elemento subjetivo o tendencial, el tribunal vuelve a conjeturar al asegurar: “estaba predestinado al tráfico o trasmisión a terceras personas, no al auto consumo inmediato o diferido”; también puede conjeturar que “persona desconocida le dejo las bolsas para que se las alzara, o que persona desconocida las escondió, o que persona perseguida por la policía las tiro, etc.” Existiendo cantidad de conjeturas, pero no precisamente las que señala el tribunal. La valoración de la prueba recoge lo que se ha probado en juicio y al revisar las declaraciones de los tres policías ninguno señala que mi defendido estaba vendiendo o las tenía listas para su comercialización, tal y como lo consigna la valoración de la prueba en el acápite tercero, agregando que el dinero que le decomisaron a mi defendido era producto de la venta de dicha droga; estos dos extremos son conjeturas del tribunal; significa que cualquier persona decente que por casualidad se detenga a esperar a alguien en el puesto y ande dinero en su bolsa, con estas conjeturas ya que no son hechos probados, también sería condenado. Estas conjeturas no producen certeza para asegurar que mi defendido se disponía a traficar con la droga decomisada en el puesto de verdura, por consiguiente debe de aplicarse el in dubio pro-reo, ya que mi defendido Santos Javier Rodríguez Castillo en ningún momento se encontraba realizando actos ofertorios tendientes a transmitir la droga y sin esta circunstancia o elemento, es criterio de la defensa que la infracción penal que cometió el imputado, es la contentiva en el artículo 22 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, la que ordena que “se le impondrá una pena de seis (6) años a nueve (9) años de reclusión, más una multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quién intencionalmente facilite local o los medios de transporte”. El artículo 360 de nuestra ley adjetiva establece: “habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal o una norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La defensa considera que el tribunal de sentencia de san pedro sula, ha aplicado indebidamente el artículo 18 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, en relación con el artículo 5 numeral 34 de la misma ley. Aplicación pretendida. El tribunal de sentencia, en su fundamentación jurídica, no llegó a la certeza positiva, solo con la cual el tribunal puede condenar, ya que el imputado no tenía en posesión ningún tipo de droga, así como tampoco se encontraba haciendo actos ofertorios. Siendo que los actos que describe la sentencia no son considerados en el tipo penal por el cual lo condeno, por faltar uno de sus elementos para tipificarlo; ya que la ley especial sustantiva que lo regula establece de manera categórica los requisitos para su aplicación; por lo que considera la defensa, que es procedente la aplicación del artículo 22 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, calificando los hechos realizados por el joven Santos Javier Rodríguez “a quién intencionalmente facilite local o los medios de transporte”. C. Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Primer motivo: falta de observancia de las reglas de la sana crítica. Precepto autorizante: artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Explicación del motivo en la sentencia donde se declaró culpable a mi defendido, en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, tal como lo ordena nuestra ley adjetiva como sistema a tomar en cuenta para valorar la prueba; de acuerdo al análisis intelectivo el juzgador construye la declaración de hechos probados subsumiendo los mismos en el tipo penal aplicable, debido a la falta de observación de la sana crítica, que se manifiesta en la valoración que hizo el juzgador de la prueba evacuada en juicio, afectando a mi defendido con una pena de quince años, más un millón de multa. Es el caso honorable tribunal, que el fallo se sustenta en la declaración de los tres testigos agentes de policía que se les recibió su declaración, ya que los testigos presénciales dejan fuera de la escena del hecho criminoso a mi defendido; de estas declaraciones podemos observar varias situaciones importantes que desmeritan el grado de credibilidad, como ser: Adán Pérez Euceda: 1. Adán: señala que a las 04:30 recibieron la llamada; segundo: por la hora de llegada y lo que tardaron la hora que recibió la llamada fue a las 05:00 y repite que la recibieron a las 05:00; Aquileo: recibieron la llamada a las 05:00 de la tarde; 2. Adán: tardaron en llegar al lugar 30 minutos (04:30 + 0:30 05:00; segundo: tardaron en llegar al lugar 30 minutos; la hora de los hechos fue a las 17:30 horas (17:30 — 0:30 = 17:00); Aquileo: nos tardamos una media hora; 3. Adán: el sospechoso estaba en un puesto recostado en el puesto que no tenía nada y salió corriendo (2 veces); segundo: igual; Aquileo: estaba parado agarrado de un..., donde estaba la, la supuesta marihuana, estaba con una mano puesta en el lugar donde estaba; 4. Adán: los tres hicieron el registro del lugar; Aquileo: Adán hizo el registro; 5. Adán: describe el puesto y señala, en la parte de arriba no tenía nada, como tienen una mesa en la parte de abajo se encontraba un cartón y debajo del cartón las bolsas conteniendo droga; segundo: la droga se encontraba encima de la mesa tapado con un cartón; repite: encima de esa mesa se encontraban las bolsas que se encontraban tapadas con un cartón; en el puesto no habían verduras; Aquileo: solo levantaron un cartón, se le levantó el cartón al muchacho y hallamos dos bolsas una con marihuana y la otra con crack; no había verduras en el puesto; luego contesta: la droga se encontraba en un puesto de verduras pero no había más cosas había un plástico y cartón cuando levantamos el cartón habían dos bolsas; 6. Adán: al detenido lo registramos en la primera estación, ya que donde fue capturado es un lugar peligroso; segundo: igual; Aquileo: igual; 7. Adán: el fiscal pregunta: vieron si estaba realizando alguna transacción. Contesta: no estaba vendiendo, solo estaba recostado; 8. Adán: la detención fue a las 05:30 y el acta se elaboró a las 06:20; segundo: el acta se redactó a las 05:40, el informe y el acta la hice yo; Aquileo: el acta no la hicieron en el lugar donde encontraron sino que en la primera estación a las 05:30 y no firmó el acta, porque hay un encargado; 9. Adán: Segundo Pérez Vásquez fue quién registró al detenido y le encontró el dinero; segundo: se hizo el registro en la oficina y lo hicieron los dos compañeros míos (Adán y Aquileo); posteriormente repite: lo hizo el policía Adán Pérez; Aquileo: solo le ordenó que se sacara todas las prendas tres policías que caminan juntos, que hacen su trabajo todos los días, como es posible que se contradigan en los extremos más importantes; los tres llegan cantando tu bandera, es decir declaran lo mismo de manera rápida y vivaz, pero al preguntarles cuestiones diferentes a las que han declarado, vacilan, piensa, piden que les repitan la pregunta, razonan, se rascan la cabeza, se tocan la barbilla, se miran nerviosos y meditabundos, etc.; porque sucede esto, claro está, porque están mintiendo, está falseando la verdad, así observamos y extraemos de sus declaraciones las contradicciones, falsedades y autodefensas: 1. Hora de recibir la llamada 04:30 y la otra versión 05:00; 2. Tardaron en llegar en media hora, los tres iguales; pero el razonamiento es cómo es posible que tarden media hora si de donde se encuentra la primera estación al lugar de los hechos solamente has ocho cuadras; por ende su afirmación es falsa; 3. Los tres señalan que mi defendido estaba parado o recostado en el puesto de verduras vacío es decir sin producto, es decir no tiene dueño; evidente ninguno señala que está vendiendo; 4. Quién hizo el registro fue Adán los otros dos fueron testigos; en ese orden hubieran hecho el acta de la evidencia encontrada en el puesto, y no que la hizo Segundo Pérez y los otros dos no firman; 5. Extremo muy importante lugar donde se encontró la droga: quién dice que la encontró señala: “que los tres hicieron el registro al lugar” y de las declaraciones se deduce que todos estaban en ese momento si esto es así porque Adán señala que la droga estaba en la parte de abajo; segundo señala que la droga estaba arriba; y Aquileo no logra determinar si arriba o abajo, solo dice que al levantar un cartón encontraron la droga; 6. No hicieron el registro del detenido en el lugar de su detención, argumentando que el lugar es peligroso; esto es falso ya que el mercado medina concepción está lleno de vendedores que todos se conocen y a esa hora 5 o 51/2 de la tarde es tranquilo; 7. El fiscal pregunta a los tres: vieron si estaba realizando alguna transacción. Y todos contestaron: que no estaba vendiendo, solo estaba recostado; 8. Muy importante la hora en que se elaboró el acta: Adán asegura que fue a las 06:20 de la noche; segundo señala que a las 05:40 y que el elaboró el informe y el acta; y Aquileo después de tardarse un siglo para contestar asegura que el acta fue hecha a las 05:30; cómo es posible si los tres estuvieron al momento de hacer el acta y de registrar al detenido; 9. Lo divertido es que sobre el registro a mi defendido todos se echan o tiran la pelota como defendiéndose o echándose la culpa, así que: Adán dice que fue segundo; segundo dice que fue Adán; y Aquileo el más sano dice que se le dijo al imputado que se sacara las cosas. L0. Por ningún momento en el debate se probó que el puesto donde se encontraba parado mi defendido era propiedad de él, cuestión sencilla de acreditar con el administrador del mercado; 11. Por otro lado encontramos policías de la preventiva vestidos de civil y en vehículo particular sin placas, cuando esta forma de trabajo solo le es permitido a los agentes de la DGIC . Violando los artículos 37 y 43 de la ley orgánica de la policía. Será posible que el tribunal no haya visto estos abismos, pero aun así con todo y lo anterior, el tribunal en su fundamento intelectivo, al analizar las declaraciones de estos tres testigos agentes de la preventiva, les da toda credibilidad por las siguientes razones: 1) porque al ser contrastada una con otra son congruentes entre sí; 2) narran de una forma verosímil tanto los incidentes como los hallazgos; 3) así como el registro del puesto; no deja dudas a estos juzgadores sus exposiciones ya que han generado la certeza positiva, estas expresiones se encuentran al final del apartado primero de la valoración de la prueba. Al hacer uso de un razonamiento incorrecto que viola en todo momento las leyes de la lógica, porque: “el juicio de valor en la sana crítica ha de apoyarse en proposiciones lógicas correctas” (Couture). Así que, no es lógico, creíble, ni entendible que se le de valor a las declaraciones de los policías cuando estas son contrarias en aspectos torales entre ellos mismos y a la de los testigos presenciales, quienes no tienen ningún interés en mentir, por tratarse de personas probas, una de ellas senil y la otra comerciante, ni acomodar evidencias a persona alguna. Cabanellas enseña que: “el recelo que el testimonio suscita, se dice que jueces y tribunales apreciaran la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica; en lo testifical, se apoyará en los subjetivo de la credibilidad y en lo objetivo de la probalidad”. La lógica fundamento de la sana crítica y la máxima de la experiencia nos indica que los policías son un grupo unido que defiende sus intereses personales y de grupo, y es evidente que sus actuaciones no están apegadas a la verdad. La defensa está segura que si se hubiera analizado correctamente, con apreciaciones correctas sustento de la sana crítica, las declaraciones de los testigos agentes de policía, hubieran encontrado contradicciones entre ellos mismos y luego confrontándolas con la de los testigos presénciales mi defendido hubiera sido absuelto. Este reclamo es muy trascendental, si suprimimos este vicio de inobservancia, el resultado es la absolución de los encausados, nuestra ley adjetiva, autoriza la casación por forma siendo suficiente la inobservancia de la sana critica, imponiendo como requisito la protesta oportuna, siendo que los defectos se producen en la sentencia el reclamo lo constituye el presente motivo de casación. Aplicación pretendida el interés procesal o aplicación que pretendo es la nulidad del fallo condenatorio, por la inobservancia de la sana crítica en la valoración de la prueba, al apreciar la misma, de manera errónea en el numeral primero y tercero”. Segundo motivo: la motivación fáctica y jurídica es insuficiente para imponer la pena intermedia. Precepto autorizante: artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Motivación del recurso para imponer la multa de un millón, el tribunal se refiere en su apartado séptimo de los fundamentos jurídicos lo siguiente: “en cuanto exoneración de la pena de multa solicitada por la defensa, este tribunal también deviene obligado a pronunciarse igualmente, pues considera, que si bien es cierto es un hecho conocido que otros tribunales de sentencia del país ha resuelto exonerar a los acusados del pago de dicha multa, es criterio de esta sala que dicha exoneración no puede declararse pues de serlo así se estaría violentando el principio de legalidad, que rige en nuestro ordenamiento jurídico penal”. Los jueces de sentencia de todo el país han sido instruidos en los mismos seminarios y bajo las mismas enseñanzas, como es posible que el tribunal sea diferente a todos, cuando los tribunales de san pedro sula a, b y d tienen cantidad de sentencias donde exoneran a las personas de la multa del millón, porque se aprecia que las personas que han cometido este ilícito son de bajos recursos o que con el accionar de la ley les han incautado sus pertenencias así como sus cuentas bancarias; entre estos expedientes tenemos el 032-02; el 065-02; 310-03; así como en otros casos que he manejado personalmente, y la cantidad de droga ha sido mucho mayor y encontrada dentro de la casa que habitan; de igual manera la corte suprema de justicia ha sido de igual parecer. “en la audiencia de individualización de pena se presentó cantidad de prueba testifical, documental, peritaje, estudio socio económico, constancias que han tenido buena conducta después de su detención y constancias que el mismo no es reincidente; lo que viene a demostrar el grado de pobreza. - señalando el artículo 2-d de nuestro código penal en relación con la proporcionalidad a la gravedad del hecho realizado. Las motivaciones para imponer la multa de un millón no son suficientes, careciendo el fallo de la motivación jurídica suficiente que hace que el tribunal le agrave individualmente la pena a mi defendido, cuando lo correcto sería la exoneración de la multa ya que la misma al no poderla conmutar se convierte en años que suman a la pena de quince ya impuesta. Aplicación pretendida los argumentos del juzgador para no exonerar la multa de un millón son insuficientes y al no haber circunstancias agravantes se tendría que haber impuesto solamente la pena mínima de quince años y una vez comprobado el vicio se proceda a la nulidad del fallo”. Fundamentación Jurídica A. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que la recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: a. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; b. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; c. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único *Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 60, 61, 68, 82 y 90 de la Constitución de la República; Artículo 132.7, 200, 203, 206, 207 y 283 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Valoración de prueba ilícita; *Reclamo Ex Ante: Solicitud en etapa de incidentes del debate de exclusión de prueba ilícita; *Pretensión: Se revoque el fallo condenatorio. Señala el recurrente que el medio de prueba documental Acta de Decomiso de Evidencia (Incautación) (f. 17), vulnera garantías procesales, constitucionales y convencionales. El recurrente cita el contenido del artículo 203 del Código Procesal Penal como la norma cuya inobservancia convierte el medio de prueba en ilícito; procede hacer un comparativo entre el contenido de la norma con aquello que considera aconteció en el caso de autos:

Contenido de la Norma

Hechos Estimados por el Recurrente

La policía nacional se encargará de inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan

Conforme las declaraciones de los policías, una vez que se detuvo al acusado se trasladaron a la tercera estación;

Asimismo, de buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito…

Los policías deciden irse para la tercera Estación, en lugar de custodiar el lugar y llamar a los agentes de la DGIC;

De todo lo actuado se dejará constancia en acta;

Al momento que se captura al acusado se hizo un registro personal, de igual manera se encuentra la droga en el puesto de verduras, lo procedente era levantar dos actas, pero solo se hizo una;

El acta será firmada por el o los agentes de policía… y dos testigos, que preferiblemente sean vecinos del sito en que tuvieron ocasión los hechos investigados;

En la diligencia actuaron tres agentes de policía, siendo firmada el acta solo por uno de ellos; Tampoco fue firmado el documento por testigos del lugar, pudiendo ser cualquiera de las personas del mercado que se encontraban en sus puestos de venta;

Las Actas que reúnan los requisitos establecidos a este artículo serán incorporadas al juicio y leídas durante el mismo…

El Tribunal de Sentencia declaro sin lugar la exclusión del medio de prueba.

Protesta el recurrente que el a-quo admitió el medio de prueba de manera equívoca, el cual sirvió de pilar para fundamentar la sentencia. De la Prueba preconstituida. Los Medios de Prueba en el proceso penal tienen por finalidad comprobar la existencia o inexistencia del hecho delictivo y la participación que en el puedan tener las personas acusadas. En general las pruebas se producen en la audiencia de debate en la etapa de juicio del proceso penal, sin embargo, en muchas ocasiones la prueba que produce un hecho antijurídico no puede ser preservada en su estado natural y original en espera del debate, por lo que, primando el interés público, el legislador autoriza su fijación, aseguramiento y producción de manera previa, a efectos de poder contar con ésta en la etapa de juicio solo para efectos de su validación y/o valoración; es el caso de los medios de prueba preconstituidos y la prueba anticipada. La prueba preconstituida se origina previo al proceso penal por lo que no constituye un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior; este tipo de prueba nace antes del proceso y ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional y es de manera ulterior, hasta la presentación del requerimiento fiscal, que el órgano jurisdiccional hace control de ella sobre su legitimidad y veracidad. La prueba preconstituida puede ser diversa, pero todas ellas se documentan (video, audio y más comúnmente actas), para hacerla llegar al proceso y ponerla a disposición del juzgador. Esta prueba puede originarse en tres momentos previos al proceso penal: 1). Antes del acto que constituye delito; Ejemplo: Certificaciones de Actas de Nacimiento, Testimonios de Escrituras Públicas donde se constituyan Sociedades, Contratos, etc.; 2). En el mismo momento en que se está cometiendo el delito; Ejemplo: Documento objeto de falsedad, video, audio o fotografía que registre un acto constitutivo de delito en vía pública, etc., o; 3). De manera posterior al hecho delictivo en la fase de la investigación preliminar del proceso; Ejemplo: la inspección y custodia del lugar de los hechos (art. 203 del CPP), custodia y recolección de indicios (art. 278 párrafo segundo del CPP), levantamiento de cadáver (art. 204 del CPP), autopsia (art. 205 del CPP), registros personales en zonas anatómicas que no comprometan el pudor (art. 206 del CPP), registro de sitios públicos (art. 209 CPP), registros autorizados por las personas que habitan un bien inmueble que constituya morada (art. 212), inspección de vehículos (art. 208 del CPP), secuestro de objetos y documentos (art. 217 del CPP) clausura de sitios o establecimientos (art. 224 del CPP), etc. Son Características de la prueba preconstituida: a. Se origina previo al proceso judicial; b. Se fija en el tiempo mediante su documentación; y c. No existe intervención del órgano jurisdiccional por tratarse de actuaciones que no comprometen derechos constitucionales. Como se ha dicho ya, la prueba preconstituida es objeto de evaluación ulterior por parte del Órgano Jurisdiccional, el que tendrá la tarea de verificar su licitud (Respeto a Garantías Constitucionales), legalidad (Respeto a las Normas de Procedimiento de su Producción y Registro) y confiabilidad (Valoración conforme a las reglas de la Sana Crítica respecto al Thema Probandum), por ello este tipo de prueba deberá reunir los siguientes requisitos de legalidad: 1) Su elaboración deberá ser con apego a lo que establezca el Código Procesal Penal y, en caso de no estar expresamente reglado, conforme a las normas que le sean más análogas (Art. 199 segundo párrafo del CPP); y 2) Cuando su registro sea en un documento que no tenga el carácter de público, como regla general y para efectos de garantizar el derecho de defensa y debida contradicción, la persona que lo elaboró deberá comparecer a la audiencia de debate para su ratificación y posterior interrogatorio (Art. 311.4 del CPP), salvo debida justificación. La prueba preconstituida se presenta al proceso como medio de prueba documental (Art. 252 y 302 del CPP) introducida por lectura autorizada (Art. 311 del CPP).

Es importante mencionar que la prueba preconstituida y la prueba anticipada se asemejan en que ambas se producen previo a la audiencia de debate y que ambas se introducen por lectura en la audiencia de debate, más se diferencian en los siguientes puntos esenciales:

Prueba Preconstituida

Prueba Anticipada

De cara al proceso penal, el acto que lo produce es impredecible y único, por lo que no es posible su reproducción en la audiencia de debate;

El acto es previsible, pero su naturaleza no permite que pueda ser reproducido en la audiencia de debate;

Se produce u obtiene sin control jurisdiccional;

Se produce u obtiene bajo control jurisdiccional y mediante audiencia;

El control de licitud y legalidad se realiza de manera posterior:

  1. Al momento de la solicitud de convalidación judicial, cuando el acto comprometa derechos fundamentales o derechos humanos;

  2. Al momento de su oferta como medio de prueba para el proceso;

El control de licitud y legalidad se produce en dos momentos:

  1. En relación a la compatibilidad constitucional o convencional de su producción u obtención: al momento en que el órgano judicial resuelve la petición de su práctica; y

  2. En relación al procedimiento de ejecución y resultado: Al momento de su ofrecimiento como medio de prueba en el proceso penal;

De la Garantía de Autenticidad (Cadena de Custodia) La Cadena de Custodia es un tipo de acta; es un documento que registra los actos a los cuales fue sometida una evidencia, desde el momento de su identificación como tal -generalmente en el escenario del crimen- hasta el momento en que se almacena o se destruye, a efecto de poder verificar su manejo, los lugares en donde ha estado, las personas que han tenido acceso a ella y los cambios que ha sufrido -por efecto de su estudio o deterioro natural-, es decir la Cadena de Custodia responde sobre la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia, es un instrumento de confiabilidad de la evidencia que más tarde se convertirá en un medio de prueba. Se le denomina “cadena” debido a que cada persona que tiene contacto con la evidencia es considerada un eslabón, teniendo la obligación de someterla al protocolo que corresponde al objeto de su custodia, así pues el investigador debe observar un protocolo determinado en la fijación, recolección, embalaje/rotulación y traslado del indicio, el perito debe observar un protocolo determinado en el análisis de la evidencia, etc., en fin un manejo adecuado de la evidencia por cada uno de los eslabones, en cada una de las fases de la cadena de custodia. La Cadena de Custodia es un tema relacionado, no con la licitud o legalidad del medio de prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana crítica. Conforme a los artículos 136, 203, 209, 217, 219, 220, 251 y 283 del Código Procesal Penal; 57.31, 64 numerales 3, 5 y 7 y artículo 123.11 de la otrora Ley Orgánica de la Policía Nacional Preventiva y el Reglamento sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito. Las fases de la Cadena de Custodia son: a. Hallazgo y Custodia: Es el proceso mediante el cual se identifica a un objeto, elemento o sustancia como relevante para la investigación criminal, por lo que el mismo debe ser custodiado, de modo que permanezca inalterable hasta tanto no sea fijado y levantado de manera adecuada para su debida conservación; en esta fase se deben seguir de manera estricta las técnicas de la criminalística para el manejo de la evidencia, en especial aquellos que son localizados en el escenario del crimen, ya que este proceso es único e irrepetible, definiendo aquí la suerte de la investigación y posterior proceso penal; En perjuicio de lo anterior, es de tener en consideración que será necesaria la recolección inmediata de la evidencia cuando ésta se encuentra en un lugar o en posesión de una persona y los hechos concretos permitan inferir riesgo de que dicha evidencia pueda desaparecer o ser modificada dolosa o imprudentemente; b. Fijación de la Evidencia: Permite determinar con exactitud la ubicación y estado en que fue encontrada la evidencia; este procedimiento será de suma importancia, en especial cuando en el escenario sean encontradas diversas evidencias en lugares distintos.- La fijación se realiza enumerando la evidencia que es encontrada y el registro de su ubicación mediante la combinación de video, fotografía, planos y actas policiales; esta fase es de suma importancia a efectos de no confundir la evidencia, para poder determinar donde fue encontrada, el estado en que fue encontrada y además porque podría permitir la reconstrucción de los hechos de manera posterior; c. Recolección: La mayor parte de las alteraciones que sufren las evidencias se da en el momento de la recolección, por lo que se exige que este proceso se realice de manera adecuada, ergo el tipo de evidencia determinará la técnica a utilizar y la necesidad de calificaciones especiales por parte del personal que lo realice; d. Preservación y Embalaje: El embalaje está integrado por: el empaque, el sellado y el etiquetado. i). El empaque es un envoltorio o recipiente que se utiliza para depositar la evidencia; ii). El sellado es el sistema de cierre que evita al máximo cualquier riesgo de que el empaque se abra sin dejar evidencia alguna, es decir que mediante el sellado se garantiza que el empaque deje rastro de haber sido abierto de modo de controlar la inalterabilidad de la evidencia; iii). El etiquetado es la consignación de la identidad de la evidencia que contiene el empaque. La información contenida en el etiquetado individualiza la evidencia y su origen, reduciendo el riesgo de que la misma se confunda con pruebas de otros procesos o que pueda ser alterada o cambiada a posteriori. El embalaje estará condicionado a la naturaleza de la evidencia que se pretende proteger y preservar; e. Transporte y Entrega de la Evidencia: La etapa de entrega comprende cada una de las transmisiones que se suscitan durante el recorrido de la evidencia. Normalmente la evidencia, previo a ser presentada en la audiencia de debate, hace un recorrido por varios lugares, estando a su vez a cargo de diversas personas, por lo que debe registrarse este recorrido e identificarse las personas que en algún momento tuvieron a su disposición la evidencia ya embalada, todo ello consignado en el acta de la Cadena de Custodia, la cual obedece su nombre precisamente a que cada persona que haya tenido la custodia de la evidencia se convierte en un eslabón de esta cadena, que debe estar registrado en el acta; f. Análisis Pericial: Si bien no corresponde a la generalidad, si es común que la evidencia tenga que ser sometida a un análisis a efecto de determinar mediante el método científico sus características generales e individualizantes, su composición, su naturaleza, origen, etc. El punto de contacto entre la Cadena de Custodia y el Dictamen Pericial, es que el primero debe reflejar la práctica de la pericia, persona encargada y además documentar cualquier alteración (o destrucción) que sufra la evidencia como consecuencia de dicho análisis, entretanto la segunda debe hacer constar las condiciones en que se recibe tanto el embalaje como la evidencia misma y posteriormente documentar las condiciones en que se devuelve o su destrucción en el proceso de análisis; g. Custodia: Es el almacenamiento de la evidencia en un lugar que asegure su integridad y debida conservación, conforme a su naturaleza; además, aun cuando parezca obvio, la custodia debe facilitar la rápida localización de la evidencia para su transporte y presentación a las autoridades que así lo requieran; es en esta fase en donde la práctica forense nos indica que se da la mayor parte de las pérdidas de las evidencias; h. Destino de la Evidencia: El destino final de la evidencia dependerá de su naturaleza; Por lo general la evidencia debe ser conservada hasta que finalice el proceso penal donde podría: i) Pasar a formar parte del patrimonio del Estado en caso de que se declare el comiso; ii) Ordenar la devolución a la persona que acredite ser su legítimo dueño o; iii) Proceder su destrucción en caso de que sea un objeto de ilícita tenencia. Sin embargo, no en pocas veces la evidencia deberá ser destruida (algunas veces en el proceso de peritaje), devuelta provisional o definitivamente a su legítimo dueño -previo al juicio- declarada en abandono o incluso objeto de comiso por ser de naturaleza perecedera, de manera anticipada a la terminación del proceso. Cualquiera que fuese el caso, ello deberá constar en la Cadena de Custodia, indicando tanto la fecha del suceso, la autoridad que emitió la orden y la persona que ejecutó la misma, para luego presentar el documento en la audiencia del debate en caso de que fuese necesario. Acontece fractura de la cadena de custodia cuando ha ocurrido un hecho que compromete la autenticidad o inalterabilidad de la evidencia, hecho que puede ser en sí mismo un acto delictivo o un acto imprudente y que corresponderá al Tribunal de Sentencia valorar -conforme a las reglas de la sana crítica- como ello repercute en el valor que merece la evidencia o el medio de prueba que le derive, dependiendo el nivel de gravedad o incidencia de la ruptura, la etapa en que ésta se dio y la información que al respecto aporten el resto de los medios de prueba vinculados. De la Prueba Ilícita Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Desconcentradas y con ello: todo funcionario y empleado público debe desarrollar sus funciones, asir su comportamiento bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial; es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal. La doctrina ha elaborado muchos conceptos en torno a la actividad probatoria defectuosa, llamándola pruebas prohibidas, pruebas ilícitas, prueba ilegalmente obtenida, etc., empero conforme a nuestra legislación procesal la denominación a usar es la de: Pruebas Prohibidas o Ilícitas, según dispone el artículo 200 del Código Procesal Penal. La prueba es de carácter lícita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley sin comprometer derechos fundamentales o derechos humanos, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno hondureño y que compongan el bloque Constitucional, apreciable materialmente. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. La prueba contaminada con la ilicitud puede ser de dos clases y tener a su vez tres orígenes distintos: i.- Prueba Preconstituida: * obtenida por particulares, mediante un acto ilícito, como ser un robo, un allanamiento, etc.; ** obtenida por operadores de justicia en la etapa de investigación preliminar; ii.- Prueba Constituida, obtenida mediante un acto judicial, previo al requerimiento fiscal o una vez presentado éste. El legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (frutos del Árbol Envenenado[2]). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; a partir de esta idea última la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente en ningún caso ni en ningún tiempo, más si es posible apreciar la prueba que se le derive (el fruto de ese Árbol Envenenado), cuando concurran los supuestos legales conocidos como: i.- Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable; ii.- la Fuente Independiente, o iii.- La buena fe policial. (cuyo contenido no es explicado por no tener relación con el caso concreto). El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilicitud en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP); también a posteriori en el sistema de impugnación, mediante la revocación (apelación) o nulidad (casación) de la resolución cuya decisión descanse en prueba ilícita. Ahora bien, la Prueba Ilícita no debe de ser confundida con la Prueba Ilegal, puesto que, si bien la existencia de ambas es una ofensa al Derecho a un Debido Proceso, la primera implica la transgresión directa a un derecho fundamental o un derecho humano de carácter insubsanable, en cambio la segunda implica una transgresión a una norma procesal, que puede ser subsanada o saneada a depender de la naturaleza de la infracción. La Prueba Ilegal es aquella que es calificada así, no como consecuencia de su origen o proceso de obtención, sino como consecuencia de la inobservancia de la ley procesal al momento de su reproducción en el proceso penal y que puede ser o no saneada o tenerla por subsanada. Una actividad probatoria irregular se produce cuando el medio de prueba (medio por el cual se introduce la prueba al proceso), se aparta de la forma prescrita en la ley procesal (tratándose de un medio probatorio típico) o en su caso cuando no adopta la forma que los principios generales del proceso mandan para la actividad probatoria (tratándose de un medio de prueba atípico); Tal desviación puede producir varias consecuencias: a. Un acto válido y eficaz; aquellos que adoleciendo de un vicio como consecuencia de su práctica de manera distinta a la prevista en la ley procesal, sean objeto de saneamiento posteriormente a su producción, volviéndose válidos y eficaces. Tal saneamiento puede ser por petición de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional mediante, (Art. 171 del CPP): * Renovación del acto con o sin efectos retroactivos; ** Rectificando el error en que se haya incurrido; o *** Cumpliendo con el acto omitido. Condiciona la norma procesal que el saneamiento será procedente siempre que no implique retrotraer el proceso a etapas o fases ya precluidas. b. Un acto viciado pero eficaz: El medio probatorio tendrá eficacia, aun cuando mantenga el vicio, cuando se dé por subsanado subsanación por: * Preclusión para denunciar el vicio: cuando ninguna de las partes, conociendo el vicio, no haya reclamado oportunamente la nulidad (Art. 170.1 del CPP); ** Consentimiento: cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio (Art. 170.2 del CPP); *** Finalidad cumplida: cuando el acto probatorio, a pesar de su vicio, haya alcanzado la finalidad perseguida con el mismo (Art. 170.3 del CPP). c. Un acto viciado e ineficaz: nos referimos a los medios de prueba que no son susceptibles de subsanación, al ser sancionados por la ley procesal con la nulidad, siendo éstos los que se subsuman en los presupuestos del artículo 166 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso el Recurso No es de Recibo. El Recurso presentado adolece de falta de claridad, pues en el preámbulo el recurrente expresa que se ha violentado el artículo 90 de la Constitución de la República, pero en el libelo amplía tal declaración y cita como tales los artículos 60, 61, 68, 82 y 90 de la Constitución y el artículo 8 numerales 1 y 2 de una convención internacional que no individualiza. A la ampliada denuncia no le siguió la explicación concreta, clara e individualizada de como cada una de las normas de la Constitución fue violentada en el caso concreto. Al defecto de forma señalado se le une un mal planteamiento de fondo: el recurrente indica que el documento consistente en acta de decomiso (incautación) de droga es de carácter ilícito por no haber sido elaborado conforme lo dispone el artículo 203 del Código Procesal Penal, sin que engarce tal alegato con la violación o limitación indebida de un derecho fundamental o de un derecho humano de carácter personal, por lo que lo alegado no retrata un medio de prueba ilícito en los términos explicados en los apartados anteriores, sino en su caso, un medio de prueba ilegal, cuya eficacia pende no solo de una denuncia de parte en el momento procesal oportuno, sino que además de la existencia de un efectivo perjuicio material, pues la denuncia como argumento recursivo no debe estar motivada por la inobservancia formal de la norma. El Código Procesal Penal, así como la otrora Ley Orgánica de la Policía Nacional, la vigente Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras (en los artículos 40 y 82.3) y el Reglamento sobre el Manejo de Indicios y Evidencias Físicas o Biológicas obtenidas como consecuencia de la Comisión de un Hecho Constitutivo de Delito, señalan la obligación de los elementos de la policía de documentar los actos que realicen frente a cualquier hecho que tenga apariencia delictiva, a efecto de no solo dejar constancia histórica de éste y de las diligencias que se realizaron en su momento, sino que además de comprobación de la veracidad de lo ocurrido y de la legalidad de lo actuado por la autoridad pública.- La documentación de los actos podrá realizarse en cualquier soporte, desde videos, audios y por escrito mediante la elaboración de actas policiales. Entonces, actos como; registros personales, registros a vehículos, establecimientos o viviendas, entrevistas con testigos, personas ofendidas o incluso sospechosos después de que se les hayan leído sus derechos constitucionales, inspecciones policiales, reconocimientos fotográficos, inicio de cadena de custodia (en los términos explicados en el apartado anterior), etc., deberán ser debidamente documentados. En el caso en examen el recurrente enumera lo que según su criterio son hechos por los cuales el medio documental: acta de decomiso debe ser declarado sin valor, en contraste a lo mandado por el artículo 203 del Código Procesal Penal.- Previo a hacer la enumeración planteada en el recurso, esta Sala de lo Penal invita a tener en cuenta la naturaleza del derecho penal, un derecho de realidad, por lo que las normas procesales de investigación deberán ser aplicadas conforme al contexto del caso en concreto; sería entonces un error pretender en todos los casos la aplicación formal e irrestricta del contenido de cada norma que regula el procedimiento de investigación, por cuanto cada hecho delictivo es diferente (lugar, hora, escenario, participantes, móviles, instrumentos, resultado, etc.).- Bajo tal prevención, retomando el caso concreto, son las alegaciones planteadas por el recurrente: 1. El artículo manda que la Policía Nacional se encargará de inspeccionar y custodiar el lugar donde ocurrieron los hechos que se investigan. - El recurrente alega que los elementos de la policía en el caso concreto infringieron tal disposición pues una vez que aprehendieron al acusado se trasladaron a la Tercera Estación de Policía; señala que los agentes debieron custodiar el puesto de verduras donde se encontró la droga y esperar a los agentes de la DGIC. Como se ha señalado cuando se estudio lo relativo a la Cadena de Custodia, el resguardo del escenario del crimen es un procedimiento que se realiza para efectos de búsqueda, localización, fijación y recolección de evidencia; el tipo de delito, la complejidad del caso, la tipografía del lugar, el número de personas involucradas, el numero de evidencias buscadas/encontradas, etc., determinarán la necesidad de acordonamiento, tiempo de aseguramiento, etc.- En el presente caso y según lo informado por los testigos, el escenario del delito es un pequeño puesto de ventas ubicado en el mercado Medina Concepción, en donde se encontró droga debajo de un cartón; tal escenario, al no tener una amplia superficie, no requería de acordonamiento y vigilancia, máxime cuando todos los elementos vinculados al delito fueron identificados y recolectados por los elementos de la policía. 2. La norma señala que los agentes de policía deberán buscar señales, huellas, rastros o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito. - El recurrente increpa que los elementos de la policía en el caso concreto hayan decidido irse a la Tercera Estación de Policía en lugar de realizar lo mandado. El reclamo del recurrente no tiene fundamento, pues los testigos José Adán Pérez Euceda, Segundo Pérez Vásquez y José Aquileo Díaz Castillo, refieren que después de haber aprehendido al acusado se regresaron al puesto de venta en el mercado, el cual registraron, encontrando droga debajo de unos cartones; una vez el hallazgo no había razón para disponer el acordonamiento y custodia del lugar, sino que decidieron trasladarse a la Tercera Estación. 3. Discute el recurrente que la norma procesal manda que de todo lo actuado se deberá dejar acta, empero que en el caso concreto se hizo captura al acusado, se le hizo un registro personal y luego se realizó el registro al puesto de venta, por lo que se debió haber levantado dos actas, pero solo se realizó una. Como se ha señalado, los actos de la policía deben ser documentados, a efecto de no solo dejar constancia histórica de éste y de las diligencias que se realizaron en su momento, sino que además de comprobación de la veracidad de lo ocurrido y de la legalidad de lo actuado por la autoridad pública.- La forma de hacer tal documentación puede ser en video, en audio, mediante fotografías o mediante el registro de lo ocurrido en actas, siendo la naturaleza de la diligencia la que señale la forma más idónea de hacerlo en relación a los recursos materiales que se tengan.- La documentación de los actos puede hacerse mediante la elaboración de actas individualizadas de cada actuación, o puede realizarse mediante la elaboración de una sola acta; no importa cual sea la forma, el acta debe ser suficientemente clara y detallada que haga comprensible lo ocurrido e identificable los distintos actos que fueron realizados. En el caso de marras acusa el recurrente como ilícito un documento, entre otras cosas, porque no existe otro documento, lo que ya por si mismo es un contrasentido pues la inexistencia de un acta no genera la invalidez de otra acta.- Por otro lado consta en el expediente judicial tres actas distintas: i.- Acta donde se registra las Declaraciones Administrativas de los policías que participaron en la aprehensión e incautación: José Aquileo Díaz y Adán Pérez, de fecha 06 de agosto de 2003, en donde se documenta lo realizado por éstos en el Mercado Medina, desde la aprehensión del acusado hasta los hallazgos en el puesto de ventas; ii.- Acta de Decomiso (incautación) de fecha 06 de agosto de 2003, en donde se documenta toda la evidencia incautada, tanto como producto del registro hecho al acusado, como el registro hecho al puesto de venta; Entonces si existió documentación de lo realizado por parte de los agentes de policía, aun cuando fuese de manera distinta a la que la técnica de la criminalística aconseja.- Ciertamente lo ideal en el proceder policial es la separación en la documentación de las actuaciones para mejor control, así pues un acta de aprehensión, un acta de registro al acusado e incautación de bienes que lleve consigo y un acta de registro e incautación de los bienes encontrados en el puesto de venta, más la falta de esta división no constituye vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos, sino que es tema de estudio sobre la verificación de la existencia de garantía de autenticidad (ver lo explicado ut supra). Distinta sería la consideración si la denuncia del recurrente pesara en el proceder policial en relación al derecho a la integridad física (por exceso de fuerza al momento de la aprehensión, torturas o malos tratos en la conducción y retención policial), pues la documentación de dichos actos sería importante pues es el Estado quien debe acreditar que sus actuaciones fueron realizadas dentro del marco de la legalidad; pero en el presente caso este tipo de circunstancias no son el fundamento del recurrente, sino la mera observancia de una ritualidad sin la identificación de perjuicio material. 4. Manda el artículo 203 del Código Procesal Penal, que las actas elaboradas por los agentes de policía serán firmadas por dos testigos, quienes no deberán formar parte de los cuerpos de policía e investigación del Estado; el sentido de tal mandamiento es que de manera posterior y ante cualquier cuestionamiento, los testigos puedan informar cual fue el proceder de la autoridad policial en la diligencia. El recurrente, sin embargo, hace el reproche primero por la falta de firma de todos los elementos de policía que actuaron en las diligencias (un total de tres), lo que no resulta necesario, siempre que la persona que documente las actuaciones, es decir que confeccione el acta, sea aquella que haya participado directamente en los actos que se plasman por escrito.- Por otra parte, el recurrente cuestiona la falta de firmas de testigos, máxime cuando lo acontecido fue en un mercado en donde pernoctan muchas personas, empero no hay que perder de vista que los agentes de policía acudieron al lugar para la averiguación de una denuncia, encontrándose a una persona que corría por su mera presencia y con droga en el puesto de ventas en donde dicha persona se encontraba, siendo difícil imaginar que dichos agentes portaban consigo los distintos formularios usados por la policía por lo que es comprensible que todo lo actuado haya tenido que ser documentado una vez que los agentes regresaron a la Estación de Policía; por otro lado el proceso de aprehensión y registro hecho al acusado fue el resultado de una persecución, lo que hace difícil pedir a cualquier persona presente que hiciera de testigo en dicha persecución y aprehensión; siendo entonces el único reproche el no haber procurado los agentes de policía realizar el registro del puesto de ventas del mercado en presencia de dos testigos, previo a su plena identificación, pues ninguno de ellos en sus declaraciones señalaron que las personas presentes se hubiesen negado luego de pedirles su participación como testigos del acto. Sin embargo, tal falta de firma, per se, no convierte el documento en ilícito, pues como tantas veces se ha referido, ello requeriría la violación de un derecho fundamental o de un derecho humano de carácter personal. El recurrente, no hace ningún reparo al documento, además de lo señalado, que implique un perjuicio material a un derecho fundamental de carácter personal; su reproche inicia y termina en el mero cuestionamiento de omisiones a formalidades sin que esto repercuta en aspectos como derechos de defensa, inocencia, igualdad ante la ley u otros derechos fundamentales de carácter procesal; cuestionamientos que dicho sea de paso son rebatibles y que aun desde la perspectiva meramente formal no tiene razón de ser, a excepción de la falta de participación de testigos en el acto de registro del puesto de ventas del mercado, como se ha apuntado.

Como conclusión, no se ha hecho denuncia de violación de derechos fundamentales, por lo que el documento acta de decomiso no puede ser catalogado como ilícito; este documento tiene la categoría de prueba preconstituida, siendo cualquier defecto de confección tema de legalidad (no de licitud), además siendo cualquier cuestionamiento al manejo de evidencia física tema de cadena de custodia y, por ende, tema de confiabilidad de prueba, lo cual se evalúa en el proceso de valoración. B. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).

Motivo Único. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: artículo 5.34 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas (en adelante Ley de Drogas); *Concepto de la Infracción: Indebida aplicación del delito de Tráfico ilícito de Drogas; y *Pretensión: Se aplique al caso concreto el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Relaciona el recurrente que ninguno de los tres policías, testigos del presente proceso penal, señala que el acusado estuviese en posesión de droga, sino que ésta se encontraba en un puesto de venta del mercado, debajo de un cartón; indica que no se acreditó que el puesto de verdura en donde fue encontrada la droga pertenezca al acusado y que, en el supuesto de que ello hubiese sido así, se tendría que dilucidar si la tenencia de la droga respondía a un ánimo de facilitar el local o responde a una intención de realizar actos de tráfico; resalta que ninguno de los tres policías menciona que el acusado estuviese vendiendo la droga. Insiste que el tribunal de sentencia no llegó a una certeza positiva con la cual se puede emitir una sentencia, siendo que los actos que describe la sentencia no son considerados en el tipo penal por el cual se condenó al acusado. - Concluye que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el artículo 18 en relación con el artículo 5.34 de la Ley de Droga, y que es criterio de la Defensa que la infracción penal que cometió el acusado es la contentiva en el artículo 22 de la ley señalada. Del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas Honduras inició su postura internacional en contra del tráfico de drogas con la firma de la Convención de la ONU Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, conocida como la Convención de Viena de 1988 y ratificada en 1990, convirtiéndose en ley nacional, lo que siguió con la aprobación de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, discutida y aprobada por el Congreso Nacional bajo el decreto número 126-89 y creada con el propósito de sancionar todo lo relativo a los delitos de drogas ilícitas y drogas controladas, instituyendo una serie de tipos penales para ese efecto. a. Esta Ley, por su carácter especial, tiene características particulares, como ser: a. Las normas generales contenida en el Código Penal (artículos 1 al 115) son aplicables a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por disposición del artículo 12 del Código Penal, siempre que no se contravengan con lo regulado en la ley especial; b. El bien jurídico que protegen los tipos penales contenidos en la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, es la Salud de la Población del Estado de Honduras, es decir, la salud de la comunidad conformada por el conjunto de personas miembros de la sociedad. Es un bien de carácter difuso y por cuanto es un tipo penal de peligro; y c. El objeto material de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, son las drogas, estupefacientes y sustancias ilícitas y controladas. La Ley conceptualiza que debemos entender por droga, por estupefacientes y por sustancias controladas en su artículo 5 en sus numerales 12, 17 y 33 respectivamente. Los tipos penales contenidos en la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica pueden ser clasificados en: a. Producción: a) Art. 16 sanciona a quien ilícitamente siembre, plante, cultive o coseche plantas estupefacientes; b) Art. 17 a quien fabrique ilícitamente drogas, estupefacientes o sustancias controladas que produzca dependencia; y c) Art. 24 a quien, con fines ilícitos, tenga en su poder sustancias químicas, básicas y esenciales, así como insumos, para la fabricación de drogas; b. Facilitación del Consumo: a) Art. 18 sanciona a quien trafique con drogas; y b) Art. 20 a quien induzca a otra persona al uso indebido del mismo tipo de sustancias; c. Cooperación con actividades ilícitas relativas a drogas: a) Art. 19 sanciona el financiamiento o cualquier acto preparatorio conducente a la realización de actos de elaboración o tráfico de drogas; b) Art. 22 a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias peligrosas; y c) Art. 23 a quien a sabiendas, por si o por interpósita persona, natural o jurídica, realice con otras personas o con establecimientos comerciales o de cualquier tipo, o suministre información falsa para la apertura de cuentas o para la realización de operaciones de la misma naturaleza con dinero proveniente de las actividades del tráfico ilícito de drogas controladas. Este último tipo penal fue reemplazado por las regulaciones de la Ley contra el Lavado de Activos. d. Preceptos que regulan figuras cualificadas: a) Art. 25 dispone agravar la pena al funcionario o empleado público en general que, valiéndose de su cargo, participe en la comisión de cualquiera de los delitos; b) Art. 28, señala el aumento de la pena en un tercio más cuando los delitos sean cometidos por dos o más personas que formen parte de una organización (es un tipo especial de Asociación Ilícita); y c) Art. 29 que agrava la pena cuando el sujeto activo oponga resistencia a la autoridad mediante el uso de armas de fuego; e. Inducción: Art. 21 castiga la inducción a la ejecución de cualquiera de los delitos contemplados en la ley; f. Consumo: a) Art. 26 sanciona el consumo ilícito de drogas, con la aplicación de medidas de seguridad. B) Art. 27 señala que en caso de que sea un extranjero el que sea condenado por consumo ilícito de droga, será expulsado del territorio nacional previo pago de la multa correspondiente. En todas las tipificaciones se debe tener en cuenta que no basta para su calificación la mera imputación objetiva, sino que además se requiere la comprobación de los elementos subjetivos, es decir la formulación de una imputación subjetiva. La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, desarrolla el artículo 5 conceptos legales para efectos de la aplicación de la ley, los que entre otros en su numeral 34 ésta el Tráfico Ilícito de Drogas, el cual debe de entenderse como “Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”; el tráfico de droga es un acto dirigido al comercio de la droga, que supone la realización de actos previos o simultáneos para ese fin y que son recogidos por el concepto legal citado. No debe entenderse como tráfico de drogas la mera posesión de drogas sin la comprobación subjetiva que dicha posesión obedece al ánimo de comerciar con éstas, pues la posesión es condición para la ejecución de muchas de las conductas criminosas que están tipificadas en la ley de drogas; considerar la mera posesión de drogas como un acto de tráfico llevaría a la confrontación de ese tipo penal con otros que requieren de igual posesión para el transporte o inducción, o como resultante de actos de producción o fabricación, y así entonces todo acto de posesión tendría que ser calificado como tráfico ilícito de drogas y no tendría sentido la existencia de los otros tipos penales contenidos en la Ley. Esto ya había sido advertido por la Sala de lo Penal cuando en la sentencia de fecha 16 de diciembre del 2005, en el Expediente 2473-2004 se expuso: “…Si bien es cierto, el artículo 5 numeral 34 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas define el Tráfico Ilícito; no menos cierto es, que esta definición no resulta útil para la tipificación del delito, ya que además de que en la misma se han incluido, todos los verbos rectores de los diferentes delitos establecidos en la Ley Especial, el Código Penal mediante el artículo 2-A numeral 1, obliga a la aplicación del precepto especial con preferencia al precepto general. Esto implica la obligación legal de aplicar la norma dentro de la Ley Especial, que sea más afín con el hecho finalmente probado. La narración de este hecho deberá contener no sólo los elementos objetivos de tipo, en este caso la posesión, sino también deberán notarse en él actos que indiquen el elemento subjetivo del tipo, constituido por el propósito de dicha posesión, que en general se ven reflejados en los actos ofertorios o medios inmediatos y vinculantes a los que ya nos hemos referido. Ante la ausencia advertida de tales actos en los hechos probados, únicamente queda la posesión…”. Constituyen elementos objetivos del tipo penal de Tráfico Drogas Ilícitas o Controladas: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural. El artículo 18 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, lo identifica como “el que trafique...”, sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; b. Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo es el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas podrá participar la Procuraduría General de la República como acusador privado, además del derecho de ser notificado por parte del tribunal el resultado del proceso y deducir la responsabilidad civil, la cual se limita a la indemnización de daños; c. Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, el cual constituye en este caso el tráfico ilícito de drogas prohibidas o controladas a través de su comercialización.- Se entiende como tráfico la posesión de droga prohibida o controlada con la finalidad de realizar intercambio de dominio de ésta a cambio de una prestación valorable, de carácter presente o futuro (promesa), normalmente dinero u objetos de valor económico, pudiendo ser también un servicio de carácter personal; d. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: producir, fabricar, poseer dolosamente, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país, realizar transacciones a cualquier título, y financiar. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir que se conduzca con el conocimiento de que está realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades; la Corte Suprema de Justicia ha sentado doctrina legal que el dolo específico que debe concurrir es el de comercializar, sin el cual no se configura el tipo penal de Tráfico Ilícito de Droga, así en el Expediente 060-2006, consta la sentencia de fecha 22 de enero del 2007, donde se señaló: “…al analizar la Sala este motivo, determina que efectivamente el recurrente tiene razón, pues en el hecho histórico descrito, no se determina la participación de actos de comercio de la imputada, ni pueden inferirse este de los indicios recabados al momento del allanamiento, siendo el cuadro fáctico narrado subsumible en el tipo de facilitación de local descrito en el artículo 22 de la Ley sobre el uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas…” Además en sentencia de fecha diez de noviembre del 2004 en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: “… Este motivo es de recibo, es cierto que el Tráfico de Drogas, es un delito de peligro abstracto, pero también es cierto que en la misma ley existen varias hipótesis o figuras de participación, por ello ya esta sala se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo; En este caso fue detenido por la autoridad, sin determinar la razón para ello, con marihuana en una bolsa y en una especie de peluche, en el que se encontró marihuana, en una cantidad mayor que para el consumo, en carrucos; La posición económica del imputado nos permite inferir que no tiene la capacidad de comprar el alucinógeno, no existen indicios que indiquen la comercialización de la droga; Al estar en su poder al momento de ser trasladada a otro lugar, presupone el transporte y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo), por lo que es procedente casar la sentencia, anular el pronunciamiento en cuanto a tener como autor al imputado del delito de tráfico y calificarlo como transporte…”; Suma la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2002, en el Expediente 336-2002, donde la Corte Suprema de Justicia especifica: “… Que los hechos declarados probados deben analizarse como un todo y no se deduce en ellos el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte de los acusados O.V.M.S. y a R.A.L., que es un arcano como todo lo perteneciente a la interioridad de las personas, que no siendo susceptible de captar por los sentidos, ha de deducirse de hechos externos que representen esa utilización reveladora del ánimo de la comercialización de la mercancía, cosa que no sucede en el presente caso …”; Finalmente, para efectos de hacer constar la Doctrina legal, se cita la sentencia 06 de noviembre del 2006, que consta en el Expediente 263-2005, donde se estableció: “…Esta Sala de lo Penal tal como afirma el recurrente considera infringida la Ley sustantiva penal, por aplicación indebida del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y concluye que el hecho probado de la sentencia recurrida es incongruente con la parte resolutiva del fallo, pues el Ad Quem al ratificar el cuadro fáctico del A Quo con respecto al acusado configura con mayor propiedad y precisión un delito de Facilitación de Local para Tráfico Ilícito de Drogas, en tanto acredita que fue la Policía al allanar la casa de habitación del acusado encontró "bolsas plásticas, pinzas quirúrgicas, dos mil trescientos noventa y cinco lempiras y hierba seca y un polvo blanco que al ser remitidos al Laboratorio resultaron positivos de drogas denominadas marihuana y cocaína". Es decir que el tribunal sentenciador no ha descrito actos imputables al acusado orientados a la venta o comercialización ilícito de drogas. Por lo expuesto, el motivo invocado por el recurrente es procedente en casación…”. El tipo penal en estudio tiene las siguientes características: a. Según su Estructura: i). Tipo Especial: porque describe un modelo de comportamiento básico o fundamental, pero además contiene otros nuevos o adicionales; así pues el tipo penal de Tráfico contiene modalidades criminosas contenidos en otros tipos penales, más se le diferencia por el dolo especifico de comercialización; ii). Tipo Penal Simple: el delito de Tráfico Ilícito de drogas si bien su modalidad criminosa es variada, la conducta criminosa reprochada se centra en la comercialización de drogas ilícitas o controladas; b. Según su Contenido: i). Tipo de mera Actividad: la descripción del tipo penal se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado; ii). Tipo Penal de Conducta Instantánea: el delito de Tráfico Ilícito de Drogas contiene un supuesto de hecho en el cual la realización del comportamiento se agota en un solo momento; iii). Tipo Penal de Comisión: describe un modelo de comportamiento comisivo; iv). Tipo Penal Determinado: las diferentes modalidades de comportamientos están definidas en el concepto que de la acción de tráfico proporciona la ley; c. Según el Sujeto Activo: i). Tipo Unisubjetivo: El delito puede ser realizado con la participación de un solo sujeto activo; ii). Tipo Penal Común: El delito no exige ninguna condición especial al sujeto activo, por lo que cualquier persona podrá tener dicha calidad; d. Según el Bien Jurídico Protegido: i). Tipo Monoofensivo: Al amparar el tipo penal un solo bien jurídico, cual es la Salud de la Población del Estado de Honduras; ii). Tipo Penal Abstracto: Conforme a la voluntad del legislador, el tipo penal protege el peligro potencial que la conducta representa al bien jurídico protegido, por lo que no es necesario la existencia de un peligro concreto o lesión alguna (al respecto ver sentencia de fecha 10 de noviembre del 2004, en el Exp 3009-03). Del Delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas Además del delito de tráfico de drogas, la Ley de Drogas tipifica el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de drogas, contenido en el artículo 22, que indica que: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local… aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.”. Debe entenderse que el delito se presenta bajo dos hipótesis: a) Cuando la persona almacena o tiene en depósito droga o estupefacientes ilícitos, a cargo y cuenta de un tercero quien la comercializa, siempre que el primero no tenga participación alguna en los actos posteriores o simultáneos de comercialización, siendo su única participación el tener en almacenamiento o deposito la droga; dicho almacenamiento en el bien inmueble puede realizarse dentro de una edificación o fuera de éste (como por ejemplo enterrado o escondida en un vehículo sin uso), siendo indiferente para la calificación del delito el tipo de droga o la cantidad de droga que se trate, pues lo determinante es la intencionalidad del sujeto activo, la cual debe ser inequívoca de almacenar la droga para que un tercero la comercialice, aun cuando no se pueda acreditar la identidad de dicha tercera persona. b) Cuando el sujeto activo facilita intencionalmente un bien inmueble a fin de otras personas puedan usarlo como lugar para el consumo de drogas ilícitas. Esta Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal sobre la configuración de dicho delito in comento en las sentencias de fecha de fecha 22 de enero del 2007 en el Exp 060-2006, de fecha seis de febrero del 2007 en el Exp 156-2005 y de fecha 30 de mayo del 2005 en el Exp 2220-2004, siendo la última mencionada la que sentó la postura, señalándose: “…Que al confrontar los motivos de casación con la sentencia recurrida, se aprecia que efectivamente existe Infracción de Ley, al haberse aplicado el delito de Tráfico de Drogas, cuando en los hechos probados específicamente en el numeral "QUINTO", se establece "Que la droga encontrada en una de las habitaciones interiores de la vivienda como se ha dicho sometida a registro, fue introducida allí con el conocimiento y aprobación del imputado D.A.M.A., verdades indiscutibles que se subsumen en el tipo penal de Facilitación de Local para tráfico Ilícito de Drogas peligrosas, consecuentemente lo aplicado por el Tribunal recurrido en su sentencia carece de los indicadores necesarios para tipificar la conducta del imputado en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en tal razón la calificación que hace el ad quem resulta ser una apreciación no acorde con el cuadro fáctico de la sentencia impugnada…”. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: a. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona natural. El artículo 22 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo identifica como “...quien...”, sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; b. Sujeto Pasivo: El Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas podrá participar como actor además del Ministerio público, la Procuraduría General de la República; c. Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, que en este caso es facilitar lo que abarca el conjunto de conductas comisivas y omisivas (omisión impropia) del sujeto activo que se resumen en poner a disposición de un tercero un bien inmueble o mueble estacionario (no móvil), para que éste realice actos tendientes a traficar droga o actos tendientes a consumir droga ilícita; d. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica las formas en que se puede facilitar un local: a. Comúnmente consiste en la conducta comisiva del sujeto activo de almacenar, guardar o esconder droga ilícita, por cuenta y encargo de un tercero, para que éste la comercialice, sin que el sujeto activo participe en este proceso final; b. Pero además la facilitación de local puede consistir en una conducta omisiva (por omisión impropia) de no impedir, debiendo y pudiendo hacerlo, a un tercero que realice el almacenamiento, que guarde o esconda droga ilícita en el bien; c. La modalidad criminosa se extiende a permitir, por acción o por omisión, que en el bien inmueble o mueble estacionario se almacene, guarde o esconda instrumentos, productos o ganancias de la actividad de tráfico ilícito de droga; d. En el otro supuesto del delito, la modalidad implicaría el de facilitar intencionalmente el bien, por actos comisivos u omisivos, para que una o más personas consuman en él drogas ilícitas. En resumen, cualquier forma en donde el sujeto activo intencionalmente facilite el bien como un instrumento en el proceso de tráfico ilícito de droga que realiza un tercero, o como lugar para el consumo de drogas ilícitas de una o más personas, con independencia si se trata de un hecho único o se trata de una situación habitual. No existiría este delito si el local es usado para el consumo propio de drogas ilícitas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la conducta con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el estudio de la intencionalidad buscada por el sujeto activo con su actuar es determinante para la calificación del delito, así en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: “…esta sala se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo…”. Partiendo de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en estudio se identifican como sus características: a. Según su Estructura: i) Tipo Básico: Por describir un modelo de comportamiento de manera independiente en una sola descripción, de tal forma que la conducta del sujeto activo inicia y concluye con el hecho de facilitar, sin participación en actos anteriores, simultáneos o posteriores; ii) Tipo Penal Simple: El delito de Tráfico Ilícito de drogas -si bien su modalidad criminosa es variada- la conducta criminosa reprochada se centra en la facilitación de un local; b. Según su Contenido: i) Tipo de Mera Actividad: La descripción del tipo penal se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: Que se refiere a aquellos cuyo comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua; así pues el delito se comete de manera prolongada por el mismo tiempo en que el sujeto activo está facilitando el local; iii) El delito puede ser comisivo y omisivo: Comisivo cuando el sujeto activo realiza la conducta de facilitación de manera directa, bajo cualquiera de su modalidad; y Omisivo (omisión impropia) cuando el sujeto activo deja que un tercero desarrolle la conducta, debiendo y pudiendo evitarlo; iv). Tipo Penal Cerrado, dado que el hecho reprochado se determina con previsión, de tal manera que las conductas proscritas se desprenden con toda claridad de la ley sin necesidad de remitirse a otra ley, reglamento o disposición; c. Según el Sujeto Activo: i) Tipo Unisubjetivo: El delito puede ser realizado con la participación de un solo sujeto activo; ello debido a que, si bien el tipo penal exige una intención de comercialización, no se requiere que ello se materialice para la consumación del delito; ii) Tipo Penal Común: El delito no exige ninguna condición especial al sujeto activo, por lo que cualquier persona podrá tener dicha calidad; d. Según el Bien Jurídico Protegido: i) Tipo Monoofensivo: Al amparar el tipo penal un solo bien jurídico, cual es la Salud de la Población del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal Abstracto: Conforme a la voluntad del legislador, el tipo penal protege el peligro potencial que la conducta representa al bien jurídico protegido, por lo que no es necesario la existencia de un peligro concreto o lesión alguna (al respecto ver sentencia de fecha 10 de noviembre del 2004, en el Exp 3009-03). De la Procedencia del Motivo Único El Motivo Único es de Recibo.- El recurrente, desatendiendo lo señalado en el artículo 360 del Código Procesal Penal, hace a un lado el contenido de los hechos probados para hacer análisis de los medios probatorios, alegando que estos no acreditaron la conducta punible de tráfico ilícito de drogas, lo que constituye un error en el planteamiento dado que se ha explicado en el primer apartado que los Recursos por Infracción de Ley se sujetan al factum como una verdad incuestionable, siendo el propósito de la impugnación verificar si éstos pueden subsumirse en la norma sustantiva elegida por el juzgador para gobernar el caso objeto de juzgamiento. A pesar de lo anterior, el recurrente logra salvar su mal planteamiento inicial, señalando al final de su recurso que los actos descritos en la sentencia no son considerados en el tipo penal por el cual se condenó al acusado; ello entonces obliga a realizar la confrontación entre lo declarado probado y la norma sustantiva a efecto de comprobar o descartar tal denuncia. Según la narración fáctica, se acreditó en el proceso los siguientes hechos: *El sábado 06 de agosto de 2003, alrededor de las 04:30 p.m., tras recibir una llamada telefónica en la Estación de Policía, elementos de ese cuerpo estatal, todos vestidos de civil (sin uniforme) y usando chalecos antibalas de la Policía, se desplazaron hasta el mercado Medina Concepción, del Barrio Medina de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; *A las 05:30 p.m., los elementos de la policía observaron al acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, recostado sobre su puesto de venta de verduras, ubicado en la 6 y 7 calle y 5ta avenida, vistiendo una camisa amarilla, pantalón y gorra azul; *El acusado Santos Javier Rodríguez Castillo, observó cuando los agentes de la policía nacional se estaban bajando de un vehículo, decidiendo comenzar a correr; *Los agentes de la policía procedieron a seguir al acusado Santos Rodríguez, capturándolo cuando pretendía abordar un vehículo paila que transitaba por el lugar; *Una vez capturado se le incautó al acusado Santos Rodríguez, una cadena color amarillo, 07 billetes de L 50.00, 41 billetes de L 20.00, 30 billetes de L 10.00, 10 billetes de L 05.00, 07 billetes de L 02.00, y 30 billetes de L 01.00, haciendo un total de L 1564.00. *Los elementos de la policía procedieron a registrar el puesto de venta de verduras del acusado Santos Rodríguez, encontrando 50 carrucos de marihuana y 43 bolsitas de crack. En resumen los hechos probados determinan que el acusado tenía un puesto de venta de verduras en el mercado, y que el día 06 de agosto de 2003, al observar que la policía estaba llegando procedió a correr con la intención de alejarse del lugar, siendo aprehendido por la autoridad, encontrándole dinero en distintas denominaciones y además encontrando drogas ilícitas en el puesto de venta.- Del hecho probado, si bien se puede inferir que el acusado tenía conocimiento de la existencia de la droga y de su voluntad de mantener a ésta en su puesto de venta, no se describe en el factum que aquel estuviese realizando actos de comercio con las sustancias o que tuviese la intención de hacerlo, de igual forma no se señala que el dinero incautado al acusado sea como producto de la venta de droga ilícita, por lo que conforme a la narración fáctica no es posible concluir que se está frente a un delito de tráfico ilícito de droga, al no desprenderse el elemento subjetivo sobre la intencionalidad perseguida con la posesión de la droga, esto nos lleva a concluir que el Tribunal de Sentencia ha hecho una incorrecta elección en la norma sustantiva aplicada. Ahora bien, el factum permite afirmar que el acusado facilitó su puesto de ventas de verdura para el almacenamiento de dicha droga, misma que por su disposición (50 carrucos de marihuana y 43 bolsitas con crack), no estaba destinada para su consumo personal inmediato, siendo esto constitutivo del delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de droga. Le asiste la razón al recurrente al plantear entonces que la sentencia describe hechos que no se subsumen en el tipo penal de tráfico ilícito de drogas y que lo procedente es condenar al acusado por el delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, previsto en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas. C. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin Determinar por el Recurrente; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad por haberse producido en el acto de la emisión de la sentencia definitiva; *Pretensión Planteada: Se declare la nulidad del fallo condenatorio. Inicia la exposición del motivo el recurrente señalando que los juzgadores no observaron las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba, en especifico en la valoración de los tres testimonios rendidos por igual número de agentes de la Policía Nacional Preventiva. Para la demostración del vicio el recurrente procede a hacer una comparación del contenido de las tres declaraciones, resaltando lo que considera fueron contradicciones en la información brindada; señala que los testigos falsearon la verdad, ello evidente según el impetrante por la forma como rendieron su testimonio: vacilando, pensando, pidiendo que se les repitiera las preguntas, tocándose la barbilla, rascándose la cabeza, estando nerviosos y meditabundos. El recurrente comparte su peritaje personal sobre tiempo que debió tomarles a los agentes de policía trasladarse entre la estación y el lugar de los hechos. Reprocha el recurrente que el Tribunal de Sentencia no haya apreciado los “abismos” entre las declaraciones de los policías, dándoles valor probatorio. De la Procedencia del Primer Motivo El Primer Motivo no es de RECIBO. - El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma no puede ser resuelto por la Sala de lo Penal a consecuencia de los defectos de forma y de fondo que presenta: 1.- Como defecto de forma el recurrente omite señalar al Tribunal de Casación que principio o máxima del recto entendimiento humano es la que supuestamente fue desfavorecida por el Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba; el recurrente aqueja de una mala valoración, pero no señala que regla de la sana critica ha sido la inobservada, lo que es esencial para que pueda hacerse la auditoria de dicha falencia. Suma que el recurrente no identifica en la sentencia el razonamiento judicial que considera vicioso, limitándose a increpar que se les haya dado valor probatorio a las declaraciones de tres elementos de la policía nacional preventiva, sin determinar el proceso deductivo, inductivo o de inferencia malogrado por el a-quo. 2.- Como defecto de fondo el recurrente procede a realizar una valoración propia de los medios de prueba, haciendo comparación entre sus declaraciones y sacando conclusiones personales de esa comparación; es más, el recurrente aporta conocimiento privado de condiciones de tiempo y lugar, apartándose de lo que la prueba informó en el debate, todo con la esperanza que la Sala de lo Penal le de razón y sustituya la valoración probatoria hecha por los jueces por aquella que está proponiendo el recurrente. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; las premisas son hechos tenidos por ciertos a razón de valoración hecha al amparo de las reglas de la sana crítica. Por ende, el recurrente al alegar la violación de las Reglas de la Sana Critica asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de no solo identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, sino de demostrar su incompatibilidad con las reglas de la sana critica, al realizar la debida confrontación, y aún más explicando después por qué ese malogrado razonamiento judicial es relevante para la decisión final. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal de Casación haga una valoración directa de la prueba. El recurso que ahora nos ocupa claramente es un esfuerzo de convertir la Única Instancia en una Segunda Instancia, pretendiendo el recurrente que la Sala de lo Penal procediese a valorar prueba, aun cuando le es carente la inmediación; por lo que es improcedente este motivo de casación por quebrantamiento de forma. Segundo Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el Recurrente; *Concepto de la Infracción: La motivación fáctica y jurídica es insuficiente para imponer la pena intermedia; *Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente; *Pretensión Planteada: Se exonere de la pena principal de multa al Acusado. Afirma el recurrente que los Tribunales de Sentencia de la república han emitido sentencias en donde exoneran a las personas de la pena principal de multa, al apreciar que los condenados son de bajos recursos económicos, indicando que esta Corte Suprema de Justicia ha sido de igual parecer. Como consecuencia de lo anterior, para el recurrente las motivaciones del a-quo para imponer la pena de multa al acusado son insuficientes para explicar el porqué el Tribunal de Sentencia le agrave individualmente la pena al acusado cuando lo correcto a su criterio sería la exoneración de dicha pena. Del Principio de Legalidad

El Principio de Legalidad en el Derecho Internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 el cual dice: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.", en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9, que establece: "Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."; en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley” y en el Código Penal en los artículos 1 y 2, nos dice: "Artículo 1. Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito; Artículo 2. No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". El Principio de Legalidad constituye el principal límite impuesto al Estado de Derecho y comprende una serie de garantías para los ciudadanos, llámese imputado, víctima o sociedad en general, las cuales pueden conducir a la imposibilidad de que el Estado intervenga y actúe penalmente más allá de lo que permite la ley. Estas garantías son: garantía criminal, garantía penal, garantía procesal y garantía de ejecución. ([3]) El cumplimiento de estos requisitos daría validez material a la norma penal y al proceso penal, al respetar las diversas garantías exigidas por la Constitución Política: a. Garantía Criminal (Nulla Crimen, Sine Lege Praevia)". Mediante la cual la definición de un delito solo puede ser realizada por la ley, de ese modo se garantiza que solo son delitos los establecidos por la ley, por lo, contrario sensu, sin ley no hay delito. La garantía criminal, significa entonces, que se tendrán por delitos, delitos agravados o calificados y también de circunstancias agravantes, solo los que señale la ley penal, sin que se puedan tener como tales los que señale otra fuente distinta.([4]) Esta garantía está regulada en el Artículo 95 de la Constitución Política al señalar que "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos" y reproducido en el Código Penal en su artículo 1 que establece que "Nadie podrá ser penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito". b. Garantía Penal (Nulla Poena Sine Lege). Esta garantía establece la previsión de la pena o penas para quien cometa un delito, ha de estar señalada en la ley en forma abstracta. ([5]) c. Garantía Procesal (Nulla Poena Sine Judicio). Regula que la actividad procesal no exceda lo que estrictamente establece la ley y excluye toda posibilidad de arbitrariedad en el proceso. ([6]) Encontramos esta garantía procesal en el Artículo 90 de la Constitución política, el cual literalmente dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece", advirtiendo en el artículo 321 que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley”. Los aspectos principales en los que se manifiesta el Principio Del Debido Proceso en materia penal, son: 1. Derecho General a la Justicia: Mediante el cual la administración general de justicia está encomendada a un conjunto de órganos y cuyo objetivo es la resolución de los conflictos que se susciten en la sociedad. El principio del Debido Proceso es el necesario complemento del Principio de Legalidad, del que se deriva el Principio del Monopolio de la Acusación, que busca tutelar la igualdad de la aplicación del Derecho Penal de todos los ciudadanos, por ende, los órganos de persecución del Estado, están en la obligación de enervar el proceso penal cuando se encuentran ante la noticia criminis, teniendo como excepción la aplicación del criterio de oportunidad; 2. Derecho General a la Legalidad: Mediante el cual se establece que las actuaciones de las autoridades están vinculadas con el ordenamiento jurídico y por ende solo están autorizadas a actuar en la medida en se encuentren autorizadas por la ley para hacerlo; 3. Derecho al Juez Regular: Este principio se encuentra contemplado en el artículo 90 que establece que "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece" y en el artículo 304 al indicar que “En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”, consagrándose así la garantía del Juez Natural. 4. Derechos de Audiencia y Defensa: Mediante el cual se señala, por una parte: el ejercicio de la defensa de todo ciudadano ante una imputación criminal; y por otra parte: el ejercicio de la defensa del Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y víctima a través del acusador privado, de velar por los intereses generales o particulares respectivamente. Este derecho está contenido en los artículos 82 y 94 de la Constitución Política. El derecho general de defensa implica otros principios, entre éstos el derecho de la motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal. d) Garantía de Ejecución: Implica que la pena ha de ejecutarse no arbitrariamente, sino que en los términos prescritos por la ley. Las Leyes de Ejecución Penal han de recoger las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas consagradas constitucionalmente. Relacionado con esta garantía, el artículo 68 de la Constitución de la República que indica que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". De la Procedencia del Segundo Motivo El Segundo Motivo no es de Recibo.- Es importante advertir que los argumentos recursivos no tienen ninguna vinculación con la falta de motivación o insuficiencia en la motivación; el recurrente lo que reprocha es la decisión del Tribunal de Sentencia de imponer la pena principal de multa al acusado, pues es de la consideración que éste debió haber sido exonerado de aquella; es pues es un tema de legalidad y no de motivación, lo cual vuelve improcedente el motivo. Sin embargo es importante aclarar que si bien se tienen antecedentes sobre sentencias emitidas por Tribunales de Sentencia en donde tildan de desproporcional la pena principal de multa y proceden a exonerar de ellas a las personas condenadas, éste ha sido un criterio rebatido por sentencias de casación, en donde con claridad se ha señalado que debe imperar el derecho general a la legalidad, como uno de los componentes del Principio de Legalidad, que manda que las actuaciones de las autoridades están vinculadas con el ordenamiento jurídico y por ende solo están autorizadas a actuar en la medida en se encuentren autorizadas por la ley para hacerlo; en el caso concreto, al encontrar a una persona responsable de un delito que tenga como pena principal de multa, ésta debe ser impuesta dentro del marco abstracto señalado por la ley. En sentencias de fecha 28 de mayo de 2004, contenida en expediente 1891-2003, de fecha 29 de julio de 2005 del exp. 783-2004 y de fecha 13 de diciembre de 2005 del exp. 146-2005, ha plasmado la Sala de lo Penal su criterio sobre el tema, siendo éste: “En base al principio de legalidad penal como lo afirma el recurrente, nadie puede ser sancionado por conductas no calificadas como delito previamente por la ley, siendo castigado el que infringe un tipo penal con la pena establecida en el mismo; la Constitución establece que ningún funcionario puede actuar más allá de sus atribuciones legales, en ese orden de ideas la función jurisdiccional se caracteriza por la aplicación de la ley al caso concreto, no pudiendo en esta vía dejar de aplicar una pena fundamentándose en una desigualdad económica, social o cualquier otra circunstancia no establecida en la ley, hacerlo así no implicaría el ejercicio de la función jurisdiccional sino más bien generación de política criminal facultad que no corresponde a los jueces cuando aplican las leyes al dictar sus resoluciones. […] los jueces no tiene más facultades que aplicar la ley al caso concreto, debiendo hacerlo dentro de los parámetros señalados en las mismas, hacerlo de otra manera implicaría sembrar la incertidumbre e inseguridad jurídica basada en subjetividades o realidades, apreciadas por el juzgador de manera intuitiva, no científica ni uniforme, situación improcedente y no posible en un Estado de derecho. El arbitrio Judicial consiste en la facultad legal de imponer sanciones dentro de determinados rangos, en el caso de reclusión dentro del mínimo y el máximo de la pena abstracta, el juez podrá ejercer su arbitrio; pero no permite la omisión o condonación de una pena principal como la multa. […] De lo expuesto se concluye que condonar una multa o exonerarla, extender o disminuir una pena cuando no está permitido legalmente es violatorio del principio de legalidad. […] En base a lo manifestado esta sala considera que el principio de legalidad penal, debe ser respetado por todos los jueces en todas sus manifestaciones”. Lo citado explica con abundancia lo improcedente de la pretensión presentada por el recurrente. Decisión *No ha lugar al motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional; *Ha Lugar el único motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley; y *No ha lugar el motivo primero y el motivo segundo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360, 361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, y los motivos primero y segundo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, todos interpuestos por el Abogado Oscar López López, en su condición de apoderado defensor privado del reo Santos Javier Rodríguez Castillo. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo único, interpuesto por el Abogado Oscar López López.- Tercero: Se Casa la Sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil cuatro (2004), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Como consecuencia esta Sala de lo Penal procede a dictar el siguiente fallo: Parte Resolutiva de la Sentencia de la Instancia: Primero: Que se debe condenar y se condena al señor Santos Javier Rodríguez Castillo, como autor penalmente responsable del delito consumado de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.- Segundo: Se impone al ahora condenado Santos Javier Rodríguez Castillo, la pena principal de seis (06) años reclusión, a cuyo computo se le deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; pena que deberá cumplir en el Centro Penal más próximo a su último domicilio que se ajuste al régimen penitenciario a cumplir, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Tercero: Se impone al señor Santos Javier Rodríguez Castillo, la pena principal de multa por cincuenta mil lempiras (L 50,000.00), la que deberá enterar a la Tesorería General de la República.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al señor Santos Javier Rodríguez Castillo, como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure aquella, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento, en los términos señalados en la ley penal.- Quinto: Se impone al reo Santos Javier Rodríguez Castillo, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Santos Javier Rodríguez Castillo civilmente responsable, la cual deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución Competente.- Séptimo: Se decreta el comiso para efectos de destrucción de la droga incautada, consistente en 111 gramos de marihuana y 8.9 gramos de piedras de crack.- Octavo: No procede condenar al reo Santos Javier Rodríguez Castillo, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-250-2011.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Teoría originaria de los Estados Unidos de Norte América plasmada en los fallos de la Corte Suprema de Justicia: Silverthorne Lumber Co. Vrs. United State (1920), Nardone vrs. United States, (1939), Mapp vrs Ohio (1961), Escobedo vrs Illinois (1964), Miranda vrs Arizona (1966), Shapman vrs Arizona (1967), Katz vrs United Sates (1967) y Orozco vrs Texas (1969).

[3] Rodríguez Devesa, José María. Derecho Penal Español, Parte General, Madrid España, Edición 10°, 1986. Pág. 175 y 176.

[4] Luzón Peña, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal Parte General I. Editorial Hispamer, 1997. Pg. 133.

[5] Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo; Arroyo Zapatero, Luis; García Rivas, Nicolás; Ferré Olivé, Juan Carlos; Cerrano Piedecasa, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Praxis. 1° Edición, España. 1996. Pg. 318.

[6] Bustos Ramírez, Juan; Hormazabal Malarée, Hernán. Lecciones de Derecho Penal, Vol. 1. Madrid, España, Editorial Trotta. 1997. pg. 87 y 88.