Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-246-15 — Registro 10029

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio. En casación se confirmó la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Acerca del alcance de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho o la participación del acusado en él. Para el Tribunal de Sentencia los hechos probados descritos literalmente ut supra, se derivan la prueba evacuada en el debate; es así que al referirse al testimonio de la señora I. J. P. V. el A quo indica que le da valor probatorio de manera inculpatoria en vista que su deposición aporta elementos que junto la totalidad de material probatorio evidencian la culpabilidad del imputado, mediante una serie de indicios, estableciendo que la testigo señala que en fecha 16 de junio de 2013 las víctimas llegaron a su casa y estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, agregándose tiempo después un individuo que también ingería bebidas alcohólicas aportando características físicas de éste y señalando que luego de un momento escucho mencionar un nombre, indicando que era H.o G.; finalmente según la declarante, escucho varios disparos y al salir de su casa observó a una persona que salía corriendo del lugar. En principio con el testimonio valorado por el A quo, se llega a establecer que además de las víctimas, se encontraba una tercera persona con ellas, y que al producirse los disparos no había ninguna otra en el lugar; por otro lado, resulta lógico y racional, que la persona que la testigo observo salir huyendo del lugar es la persona que haya dado muerte a las víctimas y que responde al nombre de H. o G.. A lo anterior es de agregar que el A quo hace una motivación en la sentencia al argumentar que la testigo al ofrecer su testimonio se mostró temerosa y asegurando el sentenciador, y que ello le impidió poder establecer que el acusado fue la persona que ese día llego a tomar cervezas con los occisos y después de la discusión les disparó. Otra prueba valorada por el A quo, es el testimonio del agente policial J. A. R., quien establece que recibió denuncia sobre una persona que la persona responsable del hecho, ocurrido en El Paraíso, iba huyendo rumbo a La Entrada, a bordo de una motocicleta, encontrando efectivamente a una persona en la carretera indicada en la denuncia, que se dirigía a una motocicleta estacionada y que portaba un arma de fuego. Al respecto el sentenciador, establece que ambas declaraciones forman indicios sólidos que, al relacionarlos entre sí, guardan conexión lógica y determinante, que permiten establecer la culpabilidad del acusado en los hechos imputados. Motivando en la sentencia el A quo, que existe concordancia entre la hora del hecho y el tiempo transcurrido hasta la detención del imputado, así como que al procesado se le haya encontrado un arma de fuego, del mismo calibre de los casquillos encontrados en la escena. Finalmente refiere el tribunal de sentencia, que se valoraron el acta de inspección al lugar de los hechos, el acta de registro personal y de decomiso, acta de peritaje y los dictámenes de levantamiento, como documentos creíbles y que a su análisis se establece que se entrelazan entre si y guardan coherencia para sostener y fundamentar los indicios considerados. En principio corresponde señalar que los dictámenes de levantamiento constituyen prueba directa sobre la comisión de un hecho punible, en este caso concreto de la muerte violenta, producida por arma de fuego, en perjuicio de dos personas. Por otro lado, el acta de registro personal y de decomiso, prueban plenamente que al imputado se le encontró un arma de fuego cuyo calibre coincide con los casquillos que, según acta de inspección al lugar de los hechos, se encontraron en la escena principal. A la luz de los requisitos que la doctrina señala, se considera que los indicios valorados por el sentenciador están plenamente probados, existiendo un nexo causal y lógico entre ellos, mismo que es expresado en la motivación de la sentencia, por lo que es posible considerar los indicios expuestos en la sentencia y que han servido de fundamento al Tribunal de Sentencia para su fallo, como prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, porque quedo acreditada la existencia de un hecho punible, esto es la muerte violenta de dos personas, y se logró establecer mediante el análisis de una pluralidad de indicios que el señor G. A. M. P. P. es el responsable de tales hechos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La Siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de diciembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor G. A. M. P. a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de G. A. M. G. 2) Condenando al señor G. A. M. P. a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de HOMICIDIO EN CONCURSO REAL, en perjuicio de C. H. G. L. 3) Condenando al señor G. A. M. P. a las penas accesorias de INTERDICCION CIVIL e INHABILITACION ABSOLUTA, por el tiempo que duren las condenas principales.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado M. B. B. en su condición de Defensor Público del señor G. A. M. P. - SON PARTES EN LA UNICA INSTANCIA: Los Abogados J. R. I. S. y M. A. Defensores Públicos, como parte recurrente y la Abogada M. E. G. en su condición de representante del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS EN LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: Que en la casa de habitación de la señora I. J. V. P. que se ubican en la Aldea el Limón del Paraíso Copan, lugar donde funciona un expendio de bebidas alcohólicas (cervezas). Llegaron el día domingo 16 de junio del año 2013 en horas de la tarde, los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. a ingerir algunas cervezas, tiempo después se les unió un individuo descrito por la propietaria del lugar como una persona alta, delgada y que portaba un arma de fuego, aproximadamente después de las siete de la noche, cuando la señora I. J. estaba dentro de su vivienda, logró escuchar una discusión donde decían no H. o no G., posteriormente oyó la detonación de varios disparos y cuando salió de su casa, miró que la persona alta y delgada corría huyendo del lugar, logrando ver también frente a su vivienda los cuerpos tendidos de los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. quienes tenían heridas de disparos por arma de fuego que les causaron la muerte debido a laceración cerebral. SEGUNDO: Posteriormente la policía de la zona recibió una llamada telefónica, donde denunciaban que la persona causante de las muertes de G. A. M. G. y C. H. G. L. era una persona que andaba pelado a la raspa, que vestía un pantalón tipo jeans azulado y huía del lugar en una motocicleta color azul, con rumbo hacia la Entrada, Copán, por lo que se trasladaron de inmediato en busca del sospechoso, encontrando en una calle oscura al señor G. A. M. P. quien se dirigía hacia una motocicleta, al ser requerido se le encontró en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros e ingerido de bebidas alcohólicas, y al constatar que tenía las mismas características físicas del individuo proporcionadas en la denuncia, fue detenido y remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA SIGUIENTE MANERA: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.-) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado.- Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.- El tribunal de Sentencia de la ciudad de la Entrada, Nueva Arcadia, Departamento de Copán; al proferir su fallo estableció como hecho probado: Que en la casa de habitación de la señora I. J. V. P. que se ubican en la Aldea el Limón del Paraíso Copán, lugar donde funciona un expendio de bebidas alcohólicas (cervezas). Llegaron el día domingo 16 de junio del año 2013 en horas de la tarde, los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. a ingerir algunas cervezas, tiempo después se les unió un individuo descrito por la propietaria del lugar como una persona alta, delgada y que portaba un arma de fuego, aproximadamente después de las siete de la noche, cuando la señor I. J. estaba dentro de su vivienda, logró escuchar una discusión donde decían no H. o no G., posteriormente oyó la detonación de varios disparos y cuando salió de su casa, miró que la persona alta y delgada corría huyendo del lugar, logrando ver también frente a su vivienda los cuerpos tendidos de los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. quienes tenían heridas de disparos por arma de fuego que les causaron la muerte debido a laceración cerebral.- SEGUNDO: Posteriormente la policía de la zona recibió una llamada telefónica, donde denunciaban que la persona causante de las muertes de G. A. M. G. y C. H. G. L. era una persona que andaba pelado a la rapa, que vestía un pantalón tipo jeans azulado y huía del lugar en una motocicleta color azul, con rumbo hacia la Entrada, Copán, por lo que se trasladaron de Inmediato en busca del sospechoso, encontrando en una calle oscura al señor G. A. M. P. quien se dirigía hacia una motocicleta, al ser requerido se le encontró en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros e ingerido de bebidas alcohólicas, y al constatar que tenía las mismas características físicas del individuo proporcionadas en la denuncia, fue detenido y remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.- El Sentenciador para llegar a la conclusión de culpabilidad, se basa en un serie de indicios, pero al hacer el análisis de la misma, no se cumple con las requisitos ya establecidos.- Es así por ejemplo que ha establecido en el acápite cuarto de la valoración conjunta de la prueba: “Una vez que ha hecho la descripción de toda la prueba tanto testifical como documental este Tribunal concluye que existen suficientes indicios para sostener de manera razonable que el imputado G. A. M. P. es responsable de los hechos que constituyen la acción penal de Homicidio en perjuicio de G. A. M. G. y C. H. G. L. mismos que se produjeron el día 16 de junio del año 2013, cuando los occisos ingerían bebidas alcohólicas en compañía del imputado en un cervecero que funciona en la casa de habitación de la señora I. J. V. P. que se ubicada en la aldea el Limón, del Municipio del Paraíso, Copán. Lugar donde después de una discusión el encausado disparó en varias ocasiones en contra de los ofendidos causándoles la muerte, para luego huir del lugar, así también; “Advertimos que al momento de ofrecer su testimonio la testigo se mostró temerosa ante la presencia del imputado, situación que le impidió poder establecer que el acusado fue la persona que ese día llegó a tomar cervezas junto con los occisos, y después de la discusión les disparó con el arma de fuego que portaba, es así que dijo desconocer quien era la persona que había llegado después de las siete, ya que estaba de espalda, dando a entender que debido a eso no la había podido reconocer, justificación que la consideramos comprensible, pues el hecho criminal sucedió dentro de los predios de su vivienda, en una zona geográfica donde todos sus pobladores se conocen por ser lugares poco poblados, además, es entendible que ella sienta temor, debido a que tiene claro que el imputado está al tanto y sabe que la testigo perfectamente conoce quien fue esa persona alta, delgada y que andaba armada ese día en su negocio, por lo que consideramos tuvo motivo suficientes para no inculparlo de forma directa en la sala de juicios, temiendo posibles represalias en su contra. Pero a estos juzgadores les resulta claro que la testigo conoce perfectamente que la persona que estaba de espalda, armada y que huyó del lugar después de realizar los disparos que acabaron con la vida de hoy occisos es el imputado”, es así que al momento de valorar la declaración del Agente Policial, establece: “...se le da valor probatorio, pues se deriva de los hechos que percibió por sus sentidos, al desarrollar su función como agente policial en atención a una denuncia recibida, sin que en ella se pueda percibir que ha alterado los hechos para perjudicar al imputado. En tal declaración se estableció que la policía recibió una llamada telefónica en la que se informaba que en El Paraíso, Copán había matado a dos personas y que el culpable del hecho iba huyendo con rumbo a la Entrada, Copán, en una motocicleta azul que vestía un jeans azulado y andaba pelado a la raspa... Ambas declaraciones si bien no inculpan de manera directa al encausado, si forman indicios sólidos que al relacionarlos entre sí, guardan conexión lógica y determinante, que permiten establecer la culpabilidad del acusado en los hechos imputado”. Honorable Sala de lo Penal, con estos indicios que a criterio del Tribunal Sentenciador le da la convicción para declarar culpable al señor G. A. M. P. por lo que es evidente que hay una violación del Derecho Constitucional de Presunción de Inocencia, ya que fue declarado culpable sin la concurrencia de un acervo probatorio suficiente que determinara con certeza su participación en la muerte de los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. ésto en relación a lo establecido en la mayoría de los convenios internacionales que Honduras ha suscrito, es así que en el artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o pacto de San José señala: “Que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” Por otra parte la declaración universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”, y, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 número 2 prescribe: “Toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la Ley”. Sobre estos postulados honorables Magistrados no entiendo las razones o los motivos que tuvieron para condenar a mi representado, teniendo como base probatoria indicios que por un lado no se encuentran probados y por otro no reúnen las características de gravedad, precisión y concordancia, no pudiendo dichos indicios construir una presunción suficientemente vinculativa sobre la culpabilidad. Los indicios en mención apenas sirven para producir el grado de probabilidad, pero no forman la certeza que se necesita para condenar a una persona, ya que la prueba del Ministerio Público tiene varias inconsistencias o falencias, pues no hay testigo presencial de los hechos que incrimine directamente a mi defendido, en el dictamen de autopsia no se estableció que tipo de arma y calibre ocasionó las heridas que produjeron la muerte de las víctimas, no existe un dictamen de comparación de balística a efecto de vincular el arma decomisada con los indicios encontrados en la escena del crimen, tomando en consideración que el mercado comercial hay muchas armas 9 mm, no se practicó prueba de absorción atómica donde se demuestre si mi defendido había manipulado arma alguna, tampoco se encontró indicios en la ropa de mi defendido que hagan presumir que participó en los hechos, por lo anterior es claro que no se pudo enervar el estado de inocencia del imputado, por lo que la sentencia condenatoria no se fundamenta en auténticos actos de prueba y dicha actividad probatoria no es efectivamente incriminatoria para conceptualizar como responsable al señor G. A. M. P. Como se puede evidenciar el Tribunal Sentenciador, hace conjeturas en la valoración de la declaración de la única testigo presencial, pues establece que resulta claro que la testigo sabe perfectamente que la tercera persona que dio muerte a los ofendidos es mi representado, pero no tiene sustento probatorio, ni tampoco el Ministerio Público realizó investigaciones que confirmaran lo manifestado por el policía, pues éste a todas luces falta a la verdad, ya que como lo manifestó la señora I. J. V. P. no habían mas personas en el lugar, entonces esta defensa hace la siguiente interrogante: ¿Cómo es que reciben una llamada anónima, donde se informa que mi defendido es el autor de los hechos?, es así que al emitir el fallo condenatorio teniendo como base prueba indiciaria que no cumple con los requisitos para la utilización de pruebas en base a indicios; al respecto debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas;[1] Sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una condena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado[2].- Sobre la base de los requisitos expuestos anteriormente, se comprueba que la prueba aportada por el ente acusador no cumple con los requisitos para considerarla indiciaria, sino que solo lleva a meras sospechas que por si solas no pueden enervar la presunción de inocencia del señor G. A. M. P.Estableciendo el sentenciador en la valoración probatoria que: “Ambas declaraciones si bien no inculpan de manera directa al encausado, si forman indicios sólidos que al relacionarlos entre sí, guardan conexión lógica y determinante, que permiten establecer la culpabilidad del acusado en los hechos imputados... En definitiva, coincide el tiempo transcurrido después del hecho que fue pasado las siete de la noche, y el imputado es capturado lejos de la aldea el Limón del Paraíso, Copán, a las ocho y veinte de la noche (8:20 p.m.). Sumado a ello se requiere al imputado porque reúne las características mencionadas en la llamada de denuncia, además se le detuvo en la carretera que conduce de la aldea El Limón el Paraíso, Copán, lugar donde según la denuncia se dirigía el hechor, sin dejar de mencionar que es la única calle que conduce a ese destino...” Conforme a los requisitos ya expuestos, es preciso determinar si los indicios están probados, en cuanto a la prueba testifical, el Tribunal sentenciador establece que existen suficientes indicios, pero no explica de donde se derivan y cuál es la concatenación unos con otros, se debe explicar cuáles son los medios de prueba en los que se sustentan, la testigo presencial manifestó que el día 16 de junio del 2013, se encontraban solo tres personas, ingiriendo bebidas alcohólicas, pero que no vio la cara de la persona que cometió el delito, si tratamos de enlazar este indicio con el testifical J. A. R. E. no hay conexión, pues el primer indicio lo desacredita, ya que la señora I. J. V. P. manifestó que no habían mas personas en el lugar, entonces ¿Cómo es posible que llame una persona y proporcione características, vestimenta y ubicación del mismo?; otro indicio es el lugar de captura, el Sentenciador ha establecido que es única calle, pero dicho razonamiento carece de sustento probatorio, ya que no se practicó reconocimiento judicial (inspección) que determine el lugar donde se hizo la captura. En cuanto al indicio arma de fuego, los señores jueces razonan que es del mismo calibre que se utilizó para dar muerte a los ofendidos, si bien es cierto a mi defendido se le decomisó un arma de fuego 9 mm, no existe un nexo racional y lógico que establezca que con esa arma se le dio muerte a los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. pues los dictámenes de autopsia solamente establecen que se encontraron heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, siendo la manera homicida, sin explicar que tipo de arma las produjo, además no hay un dictamen comparativo entre el arma decomisada y los indicios encontrados en el lugar de los hechos y las heridas encontradas en el cuerpo sin vida de las víctimas.- El artículo 339 del Código Procesal Penal, establece si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso.- La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.-[3] Concluimos que los indicios que escuetamente motiva el Tribunal de Sentencia, no cuentan con los requisitos que la doctrina señala para considerarlos como una prueba indiciaria suficiente para enervar la presunción de inocencia, si bien es cierto se acreditó que se suscitó un hecho punible, no se logró establecer a manera certera que mi defendido sea el responsable de dichos decesos, las pruebas evacuadas y las conclusiones a las que arriba el Tribunal de Sentencia nos llevan a meras sospechas que no alcanzan a quebrantar la presunción de inocencia.- Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare Con Lugar el presente recurso, absolviendo de toda responsabilidad al señor G. A. M. P..” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos, que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Precepto Autorizante: 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículo 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación al principio de inocencia; y, Pretensión: Se dicte sentencia absolutoria. Establece el recurrente que es evidente que se ha cometido una violación del derecho constitucional por parte del Tribunal sentenciador en lo referente al principio de presunción de inocencia al ser declarado culpable al señor G. A. M. P. sin la concurrencia de un acervo probatorio suficiente que determinara con certeza su participación en la muerte de los señores G. A. M. G. y C. H. G. L. además la prueba aportada por el ente acusador no cumple con los requisitos para considerarla indiciaria, sino que solo lleva a meras sospechas que por sí solas no pueden enervar la presunción de inocencia. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De La Prueba Indiciaria La Doctrina admite prueba indiciaria- en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una condena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Acerca del alcance de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el A quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho o la participación del acusado en él. Para el Tribunal de Sentencia los hechos probados descritos literalmente ut supra, se derivan la prueba evacuada en el debate; es así que al referirse al testimonio de la señora I. J. P. V. el A quo indica que le da valor probatorio de manera inculpatoria en vista que su deposición aporta elementos que junto la totalidad de material probatorio evidencian la culpabilidad del imputado, mediante una serie de indicios, estableciendo que la testigo señala que en fecha 16 de junio de 2013 las víctimas llegaron a su casa y estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, agregándose tiempo después un individuo que también ingería bebidas alcohólicas aportando características físicas de éste y señalando que luego de un momento escucho mencionar un nombre, indicando que era H.o G.; finalmente según la declarante, escucho varios disparos y al salir de su casa observó a una persona que salía corriendo del lugar. En principio con el testimonio valorado por el A quo, se llega a establecer que además de las víctimas, se encontraba una tercera persona con ellas, y que al producirse los disparos no había ninguna otra en el lugar; por otro lado, resulta lógico y racional, que la persona que la testigo observo salir huyendo del lugar es la persona que haya dado muerte a las víctimas y que responde al nombre de H. o G.. A lo anterior es de agregar que el A quo hace una motivación en la sentencia al argumentar que la testigo al ofrecer su testimonio se mostró temerosa y asegurando el sentenciador, y que ello le impidió poder establecer que el acusado fue la persona que ese día llego a tomar cervezas con los occisos y después de la discusión les disparó. Otra prueba valorada por el A quo, es el testimonio del agente policial J. A. R., quien establece que recibió denuncia sobre una persona que la persona responsable del hecho, ocurrido en El Paraíso, iba huyendo rumbo a La Entrada, a bordo de una motocicleta, encontrando efectivamente a una persona en la carretera indicada en la denuncia, que se dirigía a una motocicleta estacionada y que portaba un arma de fuego. Al respecto el sentenciador, establece que ambas declaraciones forman indicios sólidos que, al relacionarlos entre sí, guardan conexión lógica y determinante, que permiten establecer la culpabilidad del acusado en los hechos imputados. Motivando en la sentencia el A quo, que existe concordancia entre la hora del hecho y el tiempo transcurrido hasta la detención del imputado, así como que al procesado se le haya encontrado un arma de fuego, del mismo calibre de los casquillos encontrados en la escena. Finalmente refiere el tribunal de sentencia, que se valoraron el acta de inspección al lugar de los hechos, el acta de registro personal y de decomiso, acta de peritaje y los dictámenes de levantamiento, como documentos creíbles y que a su análisis se establece que se entrelazan entre si y guardan coherencia para sostener y fundamentar los indicios considerados. En principio corresponde señalar que los dictámenes de levantamiento constituyen prueba directa sobre la comisión de un hecho punible, en este caso concreto de la muerte violenta, producida por arma de fuego, en perjuicio de dos personas. Por otro lado, el acta de registro personal y de decomiso, prueban plenamente que al imputado se le encontró un arma de fuego cuyo calibre coincide con los casquillos que, según acta de inspección al lugar de los hechos, se encontraron en la escena principal. A la luz de los requisitos que la doctrina señala, se considera que los indicios valorados por el sentenciador están plenamente probados, existiendo un nexo causal y lógico entre ellos, mismo que es expresado en la motivación de la sentencia, por lo que es posible considerar los indicios expuestos en la sentencia y que han servido de fundamento al Tribunal de Sentencia para su fallo, como prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, porque quedo acreditada la existencia de un hecho punible, esto es la muerte violenta de dos personas, y se logró establecer mediante el análisis de una pluralidad de indicios que el señor G. A. M. P. P. es el responsable de tales hechos. V. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública del acusado. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el abogado M. B. B., en su condición de Defensor Pública de G. A. M. P. SEGUNDO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copán. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. José ramón Cruz Ferrera. Receptor Adscrito. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil diecinueve. Certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-246-2015.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

RECEPTOR ADSCRITO

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, S.P. N03-2011. Pág. N. 10

[2] Véase. De Diego Diez Luís Alfredo. Código Procesal Penal Comentado Honduras, Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. Página 549-555.

[3] Sentencia de la Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, CP=02-2009. Pág., 9 y 10.-