Sentencia CP-244-16 — Registro 13598
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado como autor responsable del delito de homicidio simple, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En un recurso de casación redactado de forma confusa por la defensa privada, se denuncia que “la sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras”, sin especificar de manera concreta cuáles son esas violaciones. Dado su muy mal planteamiento, deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el objeto de la impugnación, pues en ninguna parte del recurso define cuál es el concepto de la infracción que se denuncia, lo que impide poder dar una respuesta. Es cierto que en el recurso se cita una norma constitucional como infringida, el artículo 90 de la Constitución de la República que contiene el debido proceso, no obstante, no establece de forma concreta en qué vertiente considera se infringió la norma citada, mucho menos explica y demuestra la existencia de disparidad entre el contenido de la norma con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia; tampoco el censor señala cual es la pretensión que se persigue con el recurso. Debe tenerse presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencia de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, dada la orfandad de sentido del recurso, la Sala de lo Penal debe declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. El censor del fallo denuncia que en la valoración probatoria de la sentencia se incurrió en un vicio lógico de derivación, pues a pesar de considerar que entre las declaraciones de los testigos protegidos “A” y “B” existen contradicciones, el Tribunal de Sentencia concluyó que ambos son coincidentes. Señala como contradicción entre los testimonios que el testigo protegido A manifestó que el señor Santos Albino usando un cuchillo le infirió una herida en el cuello a la víctima, entretanto el testigo protegido B indicó que después que escuchó el disparo miró que el señor Santos Albino huía del lugar con un arma de fuego en mano. También alega que ambos testigos manifestaron no haber visto cuando el acusado le disparó la víctima y el Tribunal de Sentencia expresa al inicio de su valoración que el suceso ocurrió en un lugar muy concurrido y sería extraño que no existieran testigos presenciales del fatídico evento. Frente a tales argumentos, la Sala de lo Penal no identifica vicio lógico alguno en la valoración de la prueba, pues ha sido criterio jurisprudencial de esta Sala de lo Penal, que al tratarse de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica aun y cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas, determinarán que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces, los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. A partir de esto, se desprende que el censor del fallo lo que demanda es una coincidencia perfecta y por tanto inverosímil de los testimonios, lo cual resulta extraño a las reglas de la sana crítica racional. El testigo protegido “A” manifestó haber visto al acusado sacar un cuchillo y atacar al señor Pedro Carvajal Matute en la zona del cuello, entretanto, el testigo protegido “B” manifestó que andaba vendiendo cuando pasó una señora y le dijo “mataron a Pedro”, y cuando se da vuelta para atrás miró una carreta de verduras dada vuelta y caer al muchacho y el señor que lo mató iba huyendo con una pistola en mano (f. 80 pieza de instancia). El Tribunal de Sentencia valoró ambas declaraciones en forma conjunta y armónica con el resto del andamiaje probatorio, tal como lo prescribe el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues le resultaron corroboradas dichas declaraciones con el video de las cámaras de seguridad de la vía pública en donde se aprecia con claridad al acusado y la vestimenta que usaba; asimismo, lo relaciona con las conclusiones de la autopsia practicada al cadáver de la víctima en relación a las lesiones encontradas y las características de las heridas, que revelan un solo disparo y que presentaba una herida en el cuello producida por arma blanca. Los razonamientos intelectivos expuestos encuentran correspondencia con los medios de prueba evacuados en debate, el sentenciador construye la base fáctica de la sentencia a partir del contenido de las pruebas testificales, periciales y documentales ofertadas por el Ministerio Público, no falsea su contenido ni alcanza conclusiones más allá de lo aportado por estas. A partir de esa base, el Tribunal de Sentencia encuentra razón suficiente para concluir que el señor Santos Albino Inestroza Ruíz, realizó la conducta típica contenida en el artículo 116 del Código Penal, en perjuicio de la vida del señor Pedro Carbajal Matute, sin que con ello se haya vulnerado la regla lógica de derivación. Por esa razón, el motivo debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia conociendo de los Recursos de Casación número S.P.244-2016 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar a Santos Albino Inestroza Ruiz, como autor responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio de la vida del señor Pedro Carvajal Matute, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiéndose computar desde el día en que fue recluido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. Segundo: Condenar al señor Santos Albino Inestroza Ruiz, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Tercero: Se declara la responsabilidad civil del condenado Santos Albino Inestroza Ruíz, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, el abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, actuando en su condición de defensor privado de Santos Albino Inestroza Ruíz. SON PARTES: El Abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, en su condición de Defensor Privado de Santos Albino Inestroza Ruíz, como recurrente; y, la abogada Miriam Emilda García, Fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS. “Este tribunal de sentencia declara probados, de manera expresa y terminante, el siguiente hecho: ÚNICO: El día doce de noviembre de dos mil catorce a eso de las diez de la mañana, el señor Santos Albino Inestroza Ruíz de setenta y seis años de edad, se encontraba en el mercado Las Américas de la ciudad de Comayagüela, hablando con el señor Pedro Carbajal Matute quien se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas, de repente se dio una discusión entre ellos, por lo que el señor Santos Albino sacó un cuchillo con el que hirió a Pedro en la región anterior del cuello, al tiempo que le decía “te voy a matar”, después procedió a sacar de un bolso que llevaba, un arma de fuego con la que le disparó a Pedro en el pecho provocándole la muerte. El señor Santos Albino salió huyendo lugar siendo seguido por personas que se encontraban en el mercado quienes después de detenerlo, le dieron una golpiza, quitándole del arma de fuego.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, defensor privado, procedió a formalizar los Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma y, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL: ÚNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 116 del Código Penal Vigente, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en error de hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo 360 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El artículo número 116 Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión del Código Penal Vigente. En el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos para este tipo de recurso deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el Error de Hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento auténtico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, ésta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de la Ley, el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior en la sentencia recurrida a través de este recurso, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Francisco Morazán, al condenar a mi representado, desprendiéndose de los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia, tiene como hechos probados, el recurrente a través de este recurso impugnamos la sentencia citada y emitida por el tribunal precitado, en el sentido que en sus hecho probado se establece como verdad el hechos ÚNICO, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al ciudadano SANTOS ALBINO INESTROZA RUÍZ, a título de Autor, pues a la luz de la Sana Crítica de la Prueba, él no tiene ninguna participación en el ilícito enunciado y que se le imputa, además de ello no encontramos ni el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo este que quedó demostrado con la prueba de descargo, pero que el juzgador no valoró en su conjunto, con lo cual el juzgador hace uso de un indicio racional frágil como fulcro para emitir una sentencia condenatoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al encartado a título de autor, pues al umbral de la luz de la sana crítica de la prueba, mi defendido en ningún momento ha tenido participación en la comisión del ilícito penal, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación, no valoró la prueba en su conjunto, incurriendo en un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto auténtico con la documentación llegada ante estrados, así como las declaraciones testificales brindadas por los testigos propuestos por el Ministerio Público, tal como deja entrever el Tribunal de Sentencias en su valoración cuando expresa que los testigos A Y B han ubicado el lugar del suceso en una de las calles del mercado Las Américas, un mercado muy concurrido de la ciudad de Comayagüela, indicando además que fue a media mañana, sería extraño que no hubiesen testigos presenciales del hecho por cuanto todo ocurrió en la vía pública, cuando los testigos de cargo han manifestado que no observaron cuando el señor Santos Albino Inestroza Ruíz le disparó, de su testimonio dejan entrever que no son concordantes en sus dichos, y ésto no lo inventa la defensa, se encuentra plasmado en la sentencia condenatoria, en consecuencia existen graves contradicciones relativas a los testimonios brindados por estos testigos, y los hechos probados que llevo al sentenciador al error de hecho en la apreciación de la prueba, estos actos no han sido desvirtuados por otra prueba, por lo cual claramente se desprende que con la prueba testifical de la defensa, como la prueba documental propuesta por el Ministerio Público, los hechos fueron diferente en cuanto a la conducta de mi defendido, y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluyo que al no tomar en cuenta el juzgador los medios probatorios en su contenido auténtico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como la prueba científica, y declaraciones testificales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación. “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: ÚNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente de Honduras, en ese sentido la Constitución de la República de Honduras, dándole plena vigencia al derecho fundamental al Debido Proceso, prescribe en el párrafo primero del artículo número 90 que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, de donde resulta la imperiosas necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal, respetando los derechos y las Garantías Constitucionales establecidas en la ley, los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso en todas las garantías o derechos fundamentales, porque a mi detenido al momento de su captura se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentra en el foliado del juicio de mérito, y aun así, el juzgador obvio esos derechos y garantías a que hacemos alusión, por cuanto al foliado del juicio se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en su planteamiento. Las diferencias que logramos ver y que existen origen, en cuanto al bien jurídico tutelado y en para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta algún requisito que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso, el derecho de defensa y la organización o estructura judicial. El sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantías constitucionales que asisten a los imputados de un delito, y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a que Honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantía a un procesado para ser respetado en todas sus manifestaciones y el artículo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que “carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los Convenios Internacionales…”. Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras, preceptúa que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con tas formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, o sea que según el precepto constitucional, toda persona tiene derecho a que lo juzgue su juez natural, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley; por manera para que ese principio, el del Debido Proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural o que omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecidas por la ley, que es el caso que nos ocupa. MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica-”, en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, veamos; tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba testifical, que por mayoría de sus miembros encuentra que las declaraciones que han sido expuestas por TESTIGOS A Y B, quienes declararon que en fecha doce de noviembre del 2014, a eso de las diez de la mañana, afirmaron que se encontraban a pocos metros del imputado y de la víctima y miraron cuando se encontraban juntos y que discutían, el Testigo A manifestó que observó cuando en un primer ataque el señor Santos Albino usando un cuchillo le infirió una herida en el cuello a la víctima, y el Testigo B indicó que después de que se escuchó el disparo miró que el señor Santos Albino huía del lugar con un arma de fuego en la mano; refiere el Tribunal que ambos testigos son concordantes, más sin embargo el citado Tribunal de Sentencia en el preámbulo de sus hechos probados expresa en su sentencia que los testigos A Y B han ubicado el lugar del suceso en una de las calles del mercado Las Américas, un mercado muy concurrido de la ciudad de Comayagüela, indicando además que fue a media mañana, sería extraño que no hubiesen testigos presenciales del hecho por cuanto todo ocurrió en la vía pública, cuando los testigos de cargo han manifestado que no observaron cuando el señor Santos Albino Inestroza Ruíz le disparó, de su testimonio dejan entrever que no son concordantes en sus dichos. En conclusión existen contradicciones que no cita el Tribunal de Sentencia, y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos no son discordantes, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del imputado, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana crítica, el fallo sería diferente, porque al afirmar el sentenciador ésta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los únicos dos testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio, nunca descalificó esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada, esta defensa considera que desde un inicio una falta de prueba contundente para establecer el tipo penal que se le imputa a mi defendido. Al hacer un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público, esta defensa fue de la consideración que éste ente acusador lo único que demostró con la prueba, fue la fecha de los hechos, porque el testigo A manifiesta que Santos Albino venía discutiendo con don Pedro, pero él no escuchó que discutían, manifiesta que estaban de tres a cinco metros de distancia, también expresó que don Santos Albino que lo único que le miró fue el morral, un cuchillo pequeño con cacha negra, si una persona lleva un cuchillo en la mano, obviamente lo agarra de la cacha, y entonces como es posible que pueda ver qué tipo y color de cacha es, también el cuchillo es pequeño y si le miró el cuchillo porque no le miró la pistola, y dice que cuando él se puso de espaldas para arreglar la mercadería que ellos venden, escuchó el disparo y miró que don Santos Albino salía corriendo, después él dice que regresa al lugar porque en el negocio de él fue que cayó Don Pedro, encima de una carreta que vende verduras, cómo es posible que si está a cinco metros estaba ordenando otra mercadería y cayó en el negocio de él, cuya versión es inconsistente, además expresa que en ese lugar no habían más personas solo él, lo raro es que ese mercado a las diez de la mañana está muy concurrido de locatarios y compradores; y haciendo una comparación del medio de prueba Video, con sus testimonios observamos que están totalmente divorciados de la verdad y por ende sus dichos son inconsistentes, y además el Testigo B presume que fue don Santos Albino que causó la muerte a Don Pedro, porque llevaba una pistola en la mano y miró que llevaba un cuchillo en la maleta negra, entonces esta defensa se pregunta qué cómo es posible que pudo haber visto un cuchillo que lo llevaba adentro de la maleta tal como lo refiere el testigo B, entonces no vemos la culpabilidad de mi cliente, y que se deba condenar por una mínima presunción. Explicó que en la doctrina y en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se establecen las fuentes auxiliares del derecho penal y que han sido abordados por grandes expertos en investigación criminal en el sistema acusatorio proceso, como por ejemplo el científico José Alfredo Torres Alvarado, que es un comisario de Honduras, con postgrado en Ciencias Penales en Colombia y que también tiene otros títulos. También existe la opinión de Raúl Enrique Zajackowski, de Buenos Aires y que es fundador de la Asociación de Graduados de Criminalística, que redactó el manual de criminalística de México, mediante el cual se determina que estas actuaciones no reúnen los requisitos del trabajo de la escena del crimen, pues no se cumple ni se logra su fin, porque no se acredita el lugar donde estaba la evidencia. En ese sentido, esta defensa considera que la prueba de cargo fue insuficiente, ineficaz e ilícita, la cual no conduce a llevar la certeza necesaria para enervar la inocencia de mi representado, reitero que no se probó la participación. Honorables Magistrados, soy del criterio que el juez sentenciador, vulnera el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al separarse de la Sana Crítica de la prueba y obviando toda una gama de derechos constitucionales, agregando además que nunca pudo enervar la presunción de inocencia que le otorga la Constitución de la República a mi defendido; en el cuadro fáctico que las asistencias judiciales no son vinculantes con el juicio que nos ocupa, para presumir la comisión del delito, no se incorpora a los hechos probados la descripción de la participación activa del imputado, que sirva como premisa menor en el proceso subsunción en el silogismo probatorio, no se describe hecho de participación activa del acusado, ni describe en la valoración de los elementos de prueba o indicios de recibo que sirvan para deducir o indicar la intención o dolo del imputado, no teniendo estos que ser actos ofertorios, pero si deben contener la fundamentación descriptiva de los elementos objetivos del tipo infringido, de hecho si analizamos detenidamente la sentencia, observaremos que el sentenciador no logra describir la acción ilícita por la cual condena. En la fundamentación probatoria, el sentenciador afirma prueba para los hechos tenidos como probados, pero no establece un nexo causal entre el delito y el imputado, que permita derivar la procedencia de la misma. En conclusión, los elementos objetivos del delito de homicidio, no están contenidos en el cuadro fáctico de la sentencia, careciendo además del nexo que relacione al imputado con el delito, incluso da como ciertos hechos controvertidos. RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES Puesto que los vicios procesales que se denuncian en este motivo de Casación, ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva, contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario, más que el presente.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: 2.1 Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. 2.3 Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. 2.4 Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. 2.4 Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 2.5 Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 116 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida; y, *Pretensión: Casar la sentencia recurrida. Considera el recurrente que al haber un error de hecho en la apreciación de la prueba puede atacar la base de los hechos probados de la sentencia. A partir de esa premisa, argumenta que, a la luz de las reglas de la sana crítica, su representado no tiene ninguna participación en el ilícito de homicidio simple que se le imputa, pues no encuentra el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo que quedó acreditado con la prueba de descargo pero que el juzgador no valoró en su conjunto. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y ataca la fundamentación probatoria, considera que existió error de hecho en la apreciación de la prueba y que el estado de convicción del sentenciador obedece a la transgresión de las reglas de la sana crítica racional. Estos argumentos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal advierte un error por parte del recurrente en la vía recursiva elegida para plantear su queja, pues pudo y debió presentarlo por la vía del numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal, el cual establece el motivo de casación por quebrantamiento de forma para denunciar la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional.
Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: violación al debido proceso; *Pretensión: resolver de conformidad a derecho. Arguye la defensa privada que la sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras. También considera que al acusado al momento de su captura se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentran en la foliada judicial. Finalmente, considera, que según el principio del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República, toda persona tiene derecho a que lo juzgue su juez natural, el que deberá actuar ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley, y que en el caso que nos ocupa se ha violentado tal garantía. Del Debido Proceso. La garantía genérica del debido proceso, invocada por el censor como aquélla que ha inobservada por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada en los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República; el debido proceso refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006 referente al proceso de Alan García vs. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. La garantía del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento; entre estas encontramos: 1. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; 2. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; 3. Derecho a un juez predeterminado por la ley; 4. Derecho a la imparcialidad e independencia del juez; 5. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; 6. Derecho a la igualdad de armas procesales; 7. Derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas; 8. Respeto al principio de presunción de inocencia; 9. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; 10. Derecho a ser oído en un plazo razonable; 11. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; 12. Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; 13. Derecho a una justicia gratuita; y en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67. El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero de cómo debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En un recurso de casación redactado de forma confusa por la defensa privada, se denuncia que “la sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente en Honduras”, sin especificar de manera concreta cuáles son esas violaciones. Dado su muy mal planteamiento, deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el objeto de la impugnación, pues en ninguna parte del recurso define cuál es el concepto de la infracción que se denuncia, lo que impide poder dar una respuesta. Es cierto que en el recurso se cita una norma constitucional como infringida, el artículo 90 de la Constitución de la República que contiene el debido proceso, no obstante, no establece de forma concreta en qué vertiente considera se infringió la norma citada, mucho menos explica y demuestra la existencia de disparidad entre el contenido de la norma con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia; tampoco el censor señala cual es la pretensión que se persigue con el recurso. Debe tenerse presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar; la exposición de opiniones no constituyen un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencia de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, dada la orfandad de sentido del recurso, la Sala de lo Penal debe declarar no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.
Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no observar las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo. *Pretensión: resolver de conformidad a derecho. El censor del fallo argumenta que se dejó de aplicar la regla de la lógica de derivación en la valoración probatoria, toda vez que el sentenciador concluye que existe coincidencia y concordancia entre las declaraciones de los testigos protegidos “A” y “B”, cuando en realidad existe disparidad entre sus testimonios. Estima el censor que el Tribunal de Sentencia al no haber advertido esas contradicciones en sus testimonios y concluir que no son discordantes, comete un vicio lógico de derivación. Finalmente, considera, que la prueba de cargo es insuficiente, ineficaz e ilícita para enervar el estado constitucional de defensa de su representado. De las reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”.- Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él por qué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. El censor del fallo denuncia que en la valoración probatoria de la sentencia se incurrió en un vicio lógico de derivación, pues a pesar de considerar que entre las declaraciones de los testigos protegidos “A” y “B” existen contradicciones, el Tribunal de Sentencia concluyó que ambos son coincidentes. Señala como contradicción entre los testimonios que el testigo protegido A manifestó que el señor Santos Albino usando un cuchillo le infirió una herida en el cuello a la víctima, entretanto el testigo protegido B indicó que después que escuchó el disparo miró que el señor Santos Albino huía del lugar con un arma de fuego en mano. También alega que ambos testigos manifestaron no haber visto cuando el acusado le disparó la víctima y el Tribunal de Sentencia expresa al inicio de su valoración que el suceso ocurrió en un lugar muy concurrido y sería extraño que no existieran testigos presenciales del fatídico evento. Frente a tales argumentos, la Sala de lo Penal no identifica vicio lógico alguno en la valoración de la prueba, pues ha sido criterio jurisprudencial de esta Sala de lo Penal, que al tratarse de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica aun y cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas, determinarán que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos; por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces, los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. A partir de esto, se desprende que el censor del fallo lo que demanda es una coincidencia perfecta y por tanto inverosímil de los testimonios, lo cual resulta extraño a las reglas de la sana crítica racional. El testigo protegido “A” manifestó haber visto al acusado sacar un cuchillo y atacar al señor Pedro Carvajal Matute en la zona del cuello, entretanto, el testigo protegido “B” manifestó que andaba vendiendo cuando pasó una señora y le dijo “mataron a Pedro”, y cuando se da vuelta para atrás miró una carreta de verduras dada vuelta y caer al muchacho y el señor que lo mató iba huyendo con una pistola en mano (f. 80 pieza de instancia). El Tribunal de Sentencia valoró ambas declaraciones en forma conjunta y armónica con el resto del andamiaje probatorio, tal como lo prescribe el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues le resultaron corroboradas dichas declaraciones con el video de las cámaras de seguridad de la vía pública en donde se aprecia con claridad al acusado y la vestimenta que usaba; asimismo, lo relaciona con las conclusiones de la autopsia practicada al cadáver de la víctima en relación a las lesiones encontradas y las características de las heridas, que revelan un solo disparo y que presentaba una herida en el cuello producida por arma blanca. Los razonamientos intelectivos expuestos encuentran correspondencia con los medios de prueba evacuados en debate, el sentenciador construye la base fáctica de la sentencia a partir del contenido de las pruebas testificales, periciales y documentales ofertadas por el Ministerio Público, no falsea su contenido ni alcanza conclusiones más allá de lo aportado por estas. A partir de esa base, el Tribunal de Sentencia encuentra razón suficiente para concluir que el señor Santos Albino Inestroza Ruíz, realizó la conducta típica contenida en el artículo 116 del Código Penal, en perjuicio de la vida del señor Pedro Carbajal Matute, sin que con ello se haya vulnerado la regla lógica de derivación. Por esa razón, el motivo debe ser desestimado. V. DECISIÓN. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. -No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo. VI. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, en su condición de defensor privado del señor Santos Albino Inestroza Ruíz; 2) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, en su condición de defensor privado del señor Santos Albino Inestroza Ruíz; 3) DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, en su condición de defensor privado del señor Santos Albino Inestroza Ruíz; 4) DECLARA FIRME Y EJECUTABLE la sentencia condenatoria de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-244-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.