Sentencia CP-239-16 — Registro 9690
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas, Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Comercial y Tenencia Ilegal de Municiones No Autorizadas, en perjuicio de La Salud de la Población y La Seguridad Interior del Estado de Honduras. En segunda instancia se declaró sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Siendo la inviolabilidad del domicilio un derecho con categoría de fundamental, por estar reconocido por la Constitución de la República, le corresponde al Estado de Honduras, por conducto del Ministerio Público acreditar que cualquier allanamiento practicado fue realizado conforme en canon de la ley; ergo no es tarea de la persona acusada probar la ilegalidad de un allanamiento, sino que por el contrario le corresponde al ente acusador, bajo la presunción de que si no se presentan todos los requisitos exigidos por la ley se debe de tener a éste como un acto ilícito.En el presente caso, para sorpresa de la Sala de lo Penal, el Ministerio Público ha presentado como medio de prueba, centro de su pretensión acusatoria, un allanamiento que resultó ser un acto abusivo de poder y que no solo no debió ser fundamento de una acusación penal, ni hacer defensa de él en un Recurso de Casación, sino que por el contrario debió generar como consecuencia la investigación en contra de los responsables del mismo. Pasmadamente la Recurrente Fiscal indica que los policías M. J. B. V. y J.M.A. S., en fecha 07 de Mayo de 2017, ingresaron a una vivienda ubicada en la Colonia Monte de Sion en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, y que mientras el primero procedía a realizar un registro, el segundo al mismo tiempo solicitaba autorización de ingreso al Señor G. J. S. J., como persona moradora del lugar, justificando que dicha autorización se solicitase de manera posterior al ingreso por ser una “situación urgente”; concluye entonces que se trató de un allanamiento con consentimiento del morador, pero que además se una situación de flagrancia y de fuerza mayor, criterio que, no solo es contradictorio en conjunto (por las clases de allanamiento de emergencia que se dicen concurrentes), sino que individualmente carente de legitimación legal y que por ello no comparte esta Sala de lo Penal a consideración de las siguientes reflexiones:a. No se trató de un ingreso y registro con consentimiento de los moradores.- Para que la autorización para el ingreso a una vivienda sea válida, debe de reunir una serie de requisitos que son ausentes en el presente caso.- Primero el consentimiento debe de ser libre de error y coacción, por cuanto cuando exista intimidación para conseguirlo estará viciado y no tendrá validez; por ejemplo ello ocurre cuando la policía, a pesar de la negativa inicial de los moradores, procede a golpear con fuerza y de manera repetida una puerta o portón, exigiendo con frases imperativas que se le abra, o como cuando la policía en lugar de formular solicitud respetuosa, procede a exigir el permiso de ingreso, usando frases intimidantes o insultantes, como la de “perro”, apuntando sus armas de reglamento, ocultando el rostro con pasamontañas, tal y como en el presente caso refiere el testigo G. J. S.J., (f. 120 v.), explicando que efectivamente concedió el permiso pero a causa del temor que le provocaron los agentes policiales.- Segundo: el permiso debe de ser previo al ingreso a la morada; carece de validez el permiso concedido posterior a que los agentes de policía han ingresado a la vivienda, pues en ese caso la decisión del morador no sería determinante para el ingreso, al grado que el decir que no concede el permiso no tendría sentido pues en el interior de su vivienda ya se encuentran las personas y en el caso de autos, uno de ellos en plena ejecución de un registro.- Tercero: el permiso otorgado de manera libre solo sería válido para que la policía ingrese a la morada de la persona que lo otorga y no se puede extenderse a la de otras personas, aun cuando las moradas se encuentren en la misma edificación pero debidamente diferenciados los accesos. En el supuesto de que la autorización del Señor G. J. S. J., fuese libre, ésta de igual forma no legitimaría el allanamiento y posterior captura del acusado A. G. E. G., dado que éste y la Señora R. S. N.tenían su morada en un espacio independiente con acceso diferente a la casa del Señor S.J., por lo que la policía ingreso a esta vivienda sin contar con autorización de sus moradores.b.Se descarta que se trate de una situación de flagrancia. - Los testigos G. J. S. y R. N. Q., refieren que los agentes de policía que ingresaron a la vivienda preguntaron directamente por el acusado, el que se encontraba viendo televisión; es pues que los agentes de policía conocían de previo el nombre del acusado y le fueron a buscar a su casa, descartándose que se tratase de un ingreso con el propósito de dar persecución a una persona que estaba huyendo. C. Se descarta que se trate de una situación de Fuerza Mayor.- El Ministerio Público, en su condición de recurrente, no supo explicar a este Tribunal de Casación, la fuente de información que tenían los agentes de policía que les hicieron ver que se encontraban ante una situación de emergencia por fuerza mayor que legitimaba el ingreso a una vivienda sin orden judicial; ninguna de las partes refirió que existía una situación apremiante que llamaba a los agentes de policía aprestar auxilio a las personas que se encontraban en la vivienda.El Recurrente debe de entender que un allanamiento por flagrancia y un allanamiento por Fuerza Mayor tienen fuentes de hecho y requisitos distintos y no pueden ser invocados como sinónimos; por otra parte y en el supuesto de que los agentes de policía hubiesen realizado el allanamiento por considerar que se encontraban frente a una situación de flagrancia o una situación de fuerza mayor, el proceder policial y el proceder fiscal no satisfizo la total de las exigencias de la ley: i.- La policía nacional no se hizo acompañar de dos testigos para que presenciaran la diligencia, ni tampoco justificaron por qué no pudieron invitar a dos personas para que realizaran dicho papel, siendo esto una obligación de parte de los agentes, el de explicar por qué no fue posible cumplir con el requisito de ley de que dos personas ajenas a los hechos pudiesen presenciar el proceder policial; ii.- La policía nacional debió de haber informado de manera inmediata al Ministerio Público la práctica del allanamiento y éste a su vez debió hacer tramite de convalidación ante el Tribunal de Justicia Competente; la falta de convalidación provoca invalidez del allanamiento; iii.- Los agentes de policía deben de obrar bajo el convencimiento de que se encuentran en una condición de flagrancia o en una situación de fuerza mayor que justifica un allanamiento (Condición Subjetiva), lo que no ocurre en el presente caso, pues de haber sido así los agentes no abrían procurado (de manera intimidatoria y a posteriori) obtener autorización de los moradores para ingreso, sino que hubiesen procedido a solicitar la convalidación al tribunal competente por conducto del Ministerio Público..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La Sentencia conociendo del Recurso de Casación número S.P.239-2016, por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la Sentencia de fecha once de febrero del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual: Absolvió al señor A. G. E. G., del delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas, Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Comercial y Tenencia Ilegal de Municiones No Autorizadas, en perjuicio de La Salud de la Población y La Seguridad Interior del Estado de Honduras, y ordena se revoquen las medidas impuestas al acusado.- No se procede a condenar en costas. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada B. M. R. S., como agente Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S.C.A., Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y los Abogados M. R.A. E. y A. A. G., agentes de la Defensa Pública y apoderados legales del acusado A. G. E. G., en su condición de recurridos. II. HECHOS PROBADOS: Único: El día siete de mayo del año dos mil catorce siendo aproximadamente las cinco con veinte minutos de la tarde, fue detenido de manera ilegal por parte de agentes de La Policía Nacional Preventiva el señor A, A, L,, en la colonia Monte de Sión en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. III. RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS. Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único: “Por aplicación indebida del artículo 99 de la Constitución de la República en relación con el artículo 212 del Código Procesal Penal”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El derecho a la Inviolabilidad del domicilio, el cual se encuentra regulado en el artículo 99 de la Constitución de la República, establece que “el domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.”; la norma constitucional indica como regla general que la diligencia de allanamiento solo podrá practicarse con el consentimiento del habitante o morador o bien, por medio de autorización judicial, con las excepciones establecidas por la Ley; el cual se relaciona al artículo 212 del Código Procesal Penal que señala: ‘El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de... En lo demás se estará a lo dispuesto por el Artículo 99 de la Constitución de la República...”. En el presente caso el Tribunal de Sentencia no le da credibilidad a la hoja de autorización de ingreso a la vivienda del acusado y que fue firmada por el señor G. J. S., suegro del imputado y habitante de la vivienda, indicando que no existió una resolución judicial previa ni convalidación posterior, autorizando el ingreso a la vivienda allanada, por lo que procede analizar los supuestos de los numerales 3 y 4 del artículo 212 del Código Procesal Penal (flagrancia y fuerza mayor), de tal suerte que el ingreso a una vivienda que constituye morada bajo los supuestos 3 y 4 mencionados, están sujetos a posterior convalidación por Juez competente, debiendo constatar el Juez para dictar la resolución, la concurrencia o no de alguna 8s) de las circunstancias del artículo 212 del Código Procesal Penal y en el presente caso no se pudo constatar circunstancias legítimas para ingresar a la vivienda sin previa autorización judicial, porque nunca informó al Juez, el Ente Acusador ninguna de estas circunstancias, desconociendo el Juez Instructor si al momento del ingreso a la vivienda, en donde fue detenido el acusado se estaba ante una excepción a la regla o no había urgencia para ingresar. Sobre lo expresado por el Sentenciador y en atención a las normas constitucionales y procesales citadas anteriormente, en fecha siete de mayo del año dos mil catorce, el agente policial M, J,B,V, y sus compañeros, se encontraban realizando diligencias en la colonia Monte de Sión, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida y varias personas les manifestaron que en la calle del fondo siempre habían personas armadas, por lo que ellos se dispusieron para hacer una vigilancia y al momento de entrar a dicha calle, doblaron por la izquierda, porque ahí hay tres pasajes; observando a una persona que después fue identificada como el imputado y llevaba un morralito negro cruzado y al verlos a ellos, salió corriendo a unos cincuenta a sesenta metros y ellos le dieron persecución, observando que entró por la parte de atrás de una vivienda a un cuarto y el policía B, V, con uno de sus compañeros le pidieron permiso al señor G, J, S,, quien firmó la hoja de autorización, pero por la premura el policía B, entró a requerir al acusado y su compañero realizó el trámite de autorización con el señor S,; y el agente B, observó al ingresar al cuarto donde entró el señor A,G, E, G,, que éste puso el morralito en un mueble de división y al abrir el bolso verificaron que andaba un arma de fuego pequeña, varias bolsitas conteniendo supuesta marihuana y una bolsa amarilla en la que habían municiones para fusiles, por lo que el señor E. fue detenido en ese momento y le fueron decomisados los indicios señalados, mismos que al ser enviados a los Laboratorios Criminalísticos correspondientes se convirtieron en evidencia, al comprobarse el buen funcionamiento del arma que andaba el acusado sin el permiso para portarla y la tenencia ilegal de municiones de uso prohibido; asimismo que las bolsitas efectivamente contenían Marihuana. Ahora bien, si existe una autorización de ingreso no era necesario que se realizara una convalidación de la misma, ya que no existió ingreso forzado; sin embargo se cumplió con los supuestos de flagrancia y fuerza mayor indicados en los numerales 3 y 4 del artículo 212 del Código Procesal Penal, ya que los policías tuvieron conocimiento por vecinos del lugar donde realizaban diligencias, de que en esa zona y al fondo de la calle se llevaban personas armadas, por lo que es en ese momento que se trasladan al lugar y observan al acusado en condición sospechosa y además corre, es por eso que le dan persecución y no iban a esperar los agentes una autorización judicial porque al hacerlo se hubiese escapado el imputado, además de perderse la evidencia que le fue decomisada; aspectos que fueron debidamente acreditados ante el Tribunal y ha obviado su valoración, anulando el ingreso a la vivienda del imputado y por ende la evidencia encontrada, además de que es normal como estrategia de defensa que la persona que firma dicha autorización niegue haberlo hecho; Aun cuando se cumplió con el presupuesto de Urgencia; para realizar el allanamiento, la diligencia se enmarca en la autorización que el suegro del acusado, el señor G, S, otorgó para el ingreso a su vivienda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, en relación a que el ingreso o registro de un domicilio solo puede verificarse con el consentimiento de la persona que lo habita, como ocurrió en el presente caso; al respecto la Sala de Lo Penal a través de Fallo 43-2009; de fecha 28 de septiembre del año 2010; señaló lo siguiente: “3) Si bien es cierto, el impetrante argumenta que debió convalidarse el registro, tal y como lo solicitó el Ministerio Público el día de la declaración de imputado, en aquel momento procesal el juez instructor estimó no necesaria la convalidación judicial en virtud de la autorización del dueño de la vivienda, resolución que esta sala estima correcta y que fue consentida por ambas partes... pero en este caso el objeto del allanamiento es la captura no la búsqueda de evidencias, aún en este caso, se prevé el consentimiento del sospechoso como un medio para allanar la vivienda y el otro, la autorización judicial, sin embargo la parte final del párrafo segundo del artículo 212 del Código Procesal Penal, dispone que en lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República, reconociendo con ello un tratamiento particular para el ingreso o registro de la vivienda con consentimiento del que la habita, no destinado originalmente para darle captura sino para realizar un registro, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se hallan infringido los artículos 90 y 99 de la Constitución de la República en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia Constitución, más aún, por la propia voluntad del titular del derecho. Por las razones antes apuntadas, no procede el motivo de casación invocado.” En tal sentido, el ingreso a la vivienda del acusado, no convierte en ilícita la diligencia, en virtud de que se contó con el consentimiento para que se verificara el mismo, cumpliendo con lo preceptuado en al artículo 99 de la Constitución de la República en relación con el 212 del Código Procesal Penal, los cuales fueron aplicados indebidamente al decretar la ilicitud del ingreso suprareferido. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad y establecer la responsabilidad de la acusada en el ilícito. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma).Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1].En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; en este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115):“la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”.Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1.Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo;2.Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo;3.Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de Recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.1.- Motivo Único. *Norma Autorizante citado: 361 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículos 99 de la Constitución de la República y artículo 212 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: Indebida declaración de un allanamiento de morada como ilegal; *Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por el Recurrente; *Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. Plantea el Ministerio Público que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, declaró ilícito un allanamiento practicado por la Policía Nacional, basado en un criterio erróneo pues las actuaciones de la autoridad referida se enmarcan en lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución de la República y 212 del Código Procesal Penal. Desarrolla el planteamiento el Ministerio Público explicando que los Agentes de Policía fueron informados por ciudadanos que en un lugar determinado había personas con armas de fuego, por lo que al aproximarse observaron al acusado cargando un morral, el que de manera intempestiva salió corriendo, lo que obligo a los agentes a darle persecución hasta una vivienda en donde se había introducido. Agrega el agente fiscal que en ese momento el policía J.M. A.S. “por la premura” procedió a ingresar a la vivienda, entretanto el policía M. J. B. V., procedió a solicitar a uno de los moradores (El Señor G. J. S. J.), autorización para ingresar a la misma. Que luego del ingreso se encontró evidencia de la comisión de dos delitos (Arma de fuego, municiones para arma de fuego y droga prohibida).Para el Recurrente el allanamiento no es ilícito debido a que: 1.- Se conto con la autorización de ingreso de uno de sus moradores y el hecho que en el debate declare no haber firmado el acta que lo constata es una situación usual en los juicios, en procura de favorecer al acusado; 2.- El ingreso se dio en el marco de una situación de flagrancia y de una situación de emergencia: i.- De flagrancia porque al tener conocimiento los policías que personas estaban armadas en la zona, y al observar al acusado correr por la mera presencia de los uniformados ingresando en una vivienda; ii.- De emergencia porque existía riesgo de que se perdiese la evidencia que finalmente fue incautada; todo lo cual impidió en ese momento que los agentes de policía pudiesen esperar a obtener una autorización judicial de ingreso.2.- Del Allanamiento de Morada. El constituyente hondureño determino la necesidad de declarar en el artículo 99 Superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en éste especifico ámbito; el Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior; el domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc. que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del Domicilio: Elementos Objetivos: i.- Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; ii.- Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; iii.- Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. a. Elementos Subjetivos: i.- Que el espacio físico esté siendo usado –permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; iii.- Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tenga acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Como consecuencia del Derecho reconocido por la Constitución de la República sobre la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y excepcionalmente como cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: a. Ingreso y/o registro Autorizado es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: i).- Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; ii).- Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; iii).- Hacerse acompañar los Agentes de la Autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigo de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; iv).- Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; v).- Que se le permita a uno de las personas moradores, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; vi).- El ingreso y, en su caso, registro se limite a los espacios que compongan la morada del que ha dado autorización; no será válida la autorización para espacios que aun cuando formen parte de la misma edificación, constituyan espacios independientes en donde moren personas distintas (Apartamentos o habitaciones en alquiler); vii).- Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizo el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la perpetración de un delito, sus instrumentos o efectos; viii).- Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisado, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizo el ingreso al domicilio. No será necesario la convalidación de ingreso a una vivienda cuando sea consecuencia de un ingreso autorizado por uno de sus moradores. - Del resultado del ingreso y, en su caso registro, la autorizad policial podrá hacer las aprehensiones en el momento de la practica cuando una persona sea identificada como sospechosa en condición de flagrancia, o podrá solicitar, por conducto del Ministerio Público, la citación o aprehensión de personas sospechosas que no tengan tal condición. b. El allanamiento por Orden Judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración de un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. Son requisitos a cumplirse: i.- Que la orden sea emitida por un Órgano Jurisdiccional; el propósito de que la ley establezca que solamente un Órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluara la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-Societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El Órgano Jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes Policiales; ii.- Que la orden sea emitido por escrito, misma que deberá de ser mostrada a los moradores de la vivienda al momento de iniciarse su práctica; el Decreto Judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal; todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en Secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal; iii.- Que el órgano jurisdiccional sea el competente; el Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República es el órgano que ejerza su jurisdicción en el lugar en donde se encuentre el domicilio; iii.- Que el inicio de la ejecución de la orden judicial sea entre las 06:00 a.m. y las 06:00 p.m., ello sin perjuicio de que una vez ejecutado el allanamiento e iniciado el registro de la vivienda, la ocupación de la autoridad policial se extienda más allá de las 06:00 p.m., a consecuencia del número de evidencia que se debe de fijar, registrar, levantar y embalar; establece el artículo 99 Superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, apreciando el Constituyente que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública; iv.- Aun con orden judicial, el allanamiento deberá de ejecutarse observando estrictamente el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 en cuanto a la ejecución del allanamiento y el protocolo de los artículos 217 y 218 respecto al secuestro de objetos, todos del Código Procesal Penal, caso contrario uno u otro tendrán el carácter de ilegal. Cuando el allanamiento y, en su caso, registro a una vivienda sea como consecuencia de una orden emitida por órgano jurisdiccional competente, no se requerirá que a posteriori se solicite convalidación por su práctica, más si el Ejecutor de la diligencia deberá de rendir informe de las incidencias, así como de los resultados obtenidos. c. Allanamientos por delito flagrante, por Evitar Perdida de Evidencia o por Estado de Necesidad: Establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar el ingreso a la vivienda sin autorización de las personas que la habitan o se podrá realizar allanamiento de morada sin orden de autoridad judicial competente y aun fuera de las horas establecidas para ello, cuando sea con el objeto de: i.- impedir la comisión de un delito; ii.- impedir la impunidad de delitos por la pérdida de evidencia; e iii.- impedir daños graves a la persona o a la propiedad por hechos no constitutivos de delitos. Adicionalmente y como requisito común, la autoridad pública, llámese Ministerio Público o policía nacional, deberá de obrar con la tención de impedir el delito, de no perder la evidencia o de que no se produzcan los daños; se trata de un requisito subjetivo que legitima la actividad por el propósito perseguido por quienes realizan el allanamiento, descartándose que se trate de un acto abusivo de poder. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, determinando que cuando no se pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, es posible practicar un allanamiento, alguna de las tres circunstancias siguientes: i.- Allanamiento de Emergencia por Flagrancia: Cuando se trate de un hecho flagrante; recordemos que la flagrancia existe por la convergencia de tres hechos: * Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perpetrara, que se está ejecutando o que hace instantes se ejecutó; * Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó; * Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente.- Son supuestos de flagrancia que autorizan el ingreso de una vivienda sin orden judicial previa: Cuando se tengan fundamentos razonables que dentro de una vivienda se cometerá o se está cometiendo un delito; cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales; o cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; ii.- Allanamiento de emergencia por peligro de perdida de Evidencia: Cuando la medida sea necesaria para evitar la pérdida o destrucción de evidencia (instrumentos, productos, efectos o ganancias del delito), que se encuentren dentro de una vivienda, ya sea por la acción de personas, por efectos de la propia naturaleza de los objetos o por otro hecho externo (incendio, inundación, terremoto, etc.); en estos casos el Ministerio Público o la policía, en su caso, deberán de tener soporte indiciario no solo de la existencia de la evidencia en la vivienda sino que además y principalmente del riesgo como un hecho real y además actual o inminente a acontecer en un tiempo que no permita obtener la autorización judicial; y iii.- Allanamiento de emergencia por Estado de Necesidad: Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes.. La autoridad fiscal o policial encargada del allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación; el acto se documentará mediante acta, en el cual se consignara las incidencias de la diligencia, así como inventario de los bienes que hayan sido objeto de secuestro, debiendo firmal al final la autoridad encargada, los dos testigos o en su defecto consignación del porque no fue posible haberlos, y la firma de las personas sospechosas presentes al momento del allanamiento y registro (en su caso), si las hubieren y estuvieren en el lugar, o en su defecto se deberá de consignar su negativa de no hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, cuando no haya sido ordenada por éste, para que sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la autorización judicial previa, acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. El artículo 212 del Código de Rito ordena que la solicitud de convalidación debe de realizarse “inmediatamente”, lo que implica que deberá de ser tenida como acto prioritario (aun antes que el requerimiento fiscal que proceda) una vez terminada la diligencia, a presentar en el tiempo que aspectos como distancia, recursos disponibles y complejidad del caso lo permitan. El Tribunal Competente, al que se le pida la convalidación realizará estudio de la información que Ex Ante con que contaba el Ministerio Público y/o la policía nacional, evaluando si ella arrojaba fundamento razonable para ordenar el allanamiento, aun cuando posteriormente y como consecuencia del allanamiento se constatase que la información que se tenía era inexacta o errónea; Explicado metafóricamente, el Tribunal de Justicia se proyectara hacia el pasado posicionándose en el lugar del agente fiscal o policial hasta justo antes de ordenar el allanamiento, evaluando la información que en ese momento se tenía y si ésta daba merito para practicar el allanamiento de emergencia por flagrancia, por riesgo de pérdida de evidencia o por concurrir estado de necesidad, siendo el resultado de dicho examen la convalidación total o parcial del allanamiento o la negativa absoluta, decretando la nulidad de todo lo no convalidado y de sus consecuencias. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado constituye un delito, tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, mismo que es de orden público. - Ahora bien, cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: a. En el ámbito Penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal): En este caso el Ministerio Público deberá de proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, sin que condicione tal acusación que el allanamiento sea en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito; la Sala de lo Penal quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido y por tanto no podrá oponerse éstos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo; b. En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento practicado fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud, así como todo acto de investigación, elemento u objeto de prueba que haya sido obtenida como consecuencia única e inmediata de dicho acto ilegal, ordenado así por el artículo 200 del Código Procesal Penal y en respeto de los derechos fundamentales regulados en la Constitución de la República y los Derechos Humanos reconocidos en los Tratados y Convenios suscritos internacionalmente por el Estado de Honduras.- Nuevamente la Sala de lo Penal recalca que la ilicitud declarada de un allanamiento o de una detención ilegal produce efectos procesales en cuanto a que éstas actuaciones y todas aquellas que le deriven por dependencia única, no podrán ser utilizadas como medios probatorios en el proceso penal en contra del acusado, más no imposibilita al Estado de Honduras de iniciar y sustentar un proceso penal en contra del acusado, basándose en todas las actuaciones y medios de prueba que hayan sido practicadas y obtenidas lícitamente, ello, como igualmente ya se indicó, sin perjuicio de la deducción de la responsabilidad penal de todas aquellas personas que hayan cometido los actos ilícitos de allanamiento, detención u otros.2.- De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- Siendo la inviolabilidad del domicilio un derecho con categoría de fundamental, por estar reconocido por la Constitución de la República, le corresponde al Estado de Honduras, por conducto del Ministerio Público acreditar que cualquier allanamiento practicado fue realizado conforme en canon de la ley; ergo no es tarea de la persona acusada probar la ilegalidad de un allanamiento, sino que por el contrario le corresponde al ente acusador, bajo la presunción de que si no se presentan todos los requisitos exigidos por la ley se debe de tener a éste como un acto ilícito. En el presente caso, para sorpresa de la Sala de lo Penal, el Ministerio Público ha presentado como medio de prueba, centro de su pretensión acusatoria, un allanamiento que resultó ser un acto abusivo de poder y que no solo no debió ser fundamento de una acusación penal, ni hacer defensa de él en un Recurso de Casación, sino que por el contrario debió generar como consecuencia la investigación en contra de los responsables del mismo. Pasmadamente la Recurrente Fiscal indica que los policías M. J. B. V. y J.M.A. S., en fecha 07 de Mayo de 2017, ingresaron a una vivienda ubicada en la Colonia Monte de Sion en el Municipio de La Ceiba, Departamento de Atlántida, y que mientras el primero procedía a realizar un registro, el segundo al mismo tiempo solicitaba autorización de ingreso al Señor G. J. S. J., como persona moradora del lugar, justificando que dicha autorización se solicitase de manera posterior al ingreso por ser una “situación urgente”; concluye entonces que se trató de un allanamiento con consentimiento del morador, pero que además se una situación de flagrancia y de fuerza mayor, criterio que, no solo es contradictorio en conjunto (por las clases de allanamiento de emergencia que se dicen concurrentes), sino que individualmente carente de legitimación legal y que por ello no comparte esta Sala de lo Penal a consideración de las siguientes reflexiones: a. No se trató de un ingreso y registro con consentimiento de los moradores.- Para que la autorización para el ingreso a una vivienda sea válida, debe de reunir una serie de requisitos que son ausentes en el presente caso.- Primero el consentimiento debe de ser libre de error y coacción, por cuanto cuando exista intimidación para conseguirlo estará viciado y no tendrá validez; por ejemplo ello ocurre cuando la policía, a pesar de la negativa inicial de los moradores, procede a golpear con fuerza y de manera repetida una puerta o portón, exigiendo con frases imperativas que se le abra, o como cuando la policía en lugar de formular solicitud respetuosa, procede a exigir el permiso de ingreso, usando frases intimidantes o insultantes, como la de “perro”, apuntando sus armas de reglamento, ocultando el rostro con pasamontañas, tal y como en el presente caso refiere el testigo G. J. S.J., (f. 120 v.), explicando que efectivamente concedió el permiso pero a causa del temor que le provocaron los agentes policiales.- Segundo: el permiso debe de ser previo al ingreso a la morada; carece de validez el permiso concedido posterior a que los agentes de policía han ingresado a la vivienda, pues en ese caso la decisión del morador no sería determinante para el ingreso, al grado que el decir que no concede el permiso no tendría sentido pues en el interior de su vivienda ya se encuentran las personas y en el caso de autos, uno de ellos en plena ejecución de un registro.- Tercero: el permiso otorgado de manera libre solo sería válido para que la policía ingrese a la morada de la persona que lo otorga y no se puede extenderse a la de otras personas, aun cuando las moradas se encuentren en la misma edificación pero debidamente diferenciados los accesos. En el supuesto de que la autorización del Señor G. J. S. J., fuese libre, ésta de igual forma no legitimaría el allanamiento y posterior captura del acusado A. G. E. G., dado que éste y la Señora R. S. N. tenían su morada en un espacio independiente con acceso diferente a la casa del Señor S.J., por lo que la policía ingreso a esta vivienda sin contar con autorización de sus moradores. b. Se descarta que se trate de una situación de flagrancia. - Los testigos G. J. S. y R. N. Q., refieren que los agentes de policía que ingresaron a la vivienda preguntaron directamente por el acusado, el que se encontraba viendo televisión; es pues que los agentes de policía conocían de previo el nombre del acusado y le fueron a buscar a su casa, descartándose que se tratase de un ingreso con el propósito de dar persecución a una persona que estaba huyendo. C. Se descarta que se trate de una situación de Fuerza Mayor.- El Ministerio Público, en su condición de recurrente, no supo explicar a este Tribunal de Casación, la fuente de información que tenían los agentes de policía que les hicieron ver que se encontraban ante una situación de emergencia por fuerza mayor que legitimaba el ingreso a una vivienda sin orden judicial; ninguna de las partes refirió que existía una situación apremiante que llamaba a los agentes de policía aprestar auxilio a las personas que se encontraban en la vivienda. El Recurrente debe de entender que un allanamiento por flagrancia y un allanamiento por Fuerza Mayor tienen fuentes de hecho y requisitos distintos y no pueden ser invocados como sinónimos; por otra parte y en el supuesto de que los agentes de policía hubiesen realizado el allanamiento por considerar que se encontraban frente a una situación de flagrancia o una situación de fuerza mayor, el proceder policial y el proceder fiscal no satisfizo la total de las exigencias de la ley: i.- La policía nacional no se hizo acompañar de dos testigos para que presenciaran la diligencia, ni tampoco justificaron por qué no pudieron invitar a dos personas para que realizaran dicho papel, siendo esto una obligación de parte de los agentes, el de explicar por qué no fue posible cumplir con el requisito de ley de que dos personas ajenas a los hechos pudiesen presenciar el proceder policial; ii.- La policía nacional debió de haber informado de manera inmediata al Ministerio Público la práctica del allanamiento y éste a su vez debió hacer tramite de convalidación ante el Tribunal de Justicia Competente; la falta de convalidación provoca invalidez del allanamiento; iii.- Los agentes de policía deben de obrar bajo el convencimiento de que se encuentran en una condición de flagrancia o en una situación de fuerza mayor que justifica un allanamiento (Condición Subjetiva), lo que no ocurre en el presente caso, pues de haber sido así los agentes no abrían procurado (de manera intimidatoria y a posteriori) obtener autorización de los moradores para ingreso, sino que hubiesen procedido a solicitar la convalidación al tribunal competente por conducto del Ministerio Público. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: DECLARA NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Ministerio Público.- SEGUNDO: DECLARA FIRMELA SENTENCIA de fecha once (11) de Febrero de dos mil dieciséis (2016) (f. 125), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.Magistrada. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-239-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
Página 1 de 18
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.