Sentencia CP-239-15 — Registro 10026
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado de los delitos de Tortura en perjuicio de (Testigo Protegido A1) y de los delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública. En casación se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Se hace en principio necesario resaltar que el acusador público no hace uso de una buena técnica casacional para recurrir el fallo de instancia. Adoptando como metodología recursiva transcribir el contenido de lo aportado por los medios de prueba evacuados en juicio, transcribir la valoración intelectiva que de ellos hiciera el Tribunal de Sentencia, para luego concluir que con esa prueba debió dictarse un fallo condenatorio en lugar de un fallo absolutorio, no está ni por cerca de cumplir con el deber que tiene el recurrente de identificar, explicar y, en definitiva, comprobar el vicio denunciado; así como también la obligación que tiene de demostrar como ese vicio tiene trascendencia en el dictado del fallo absolutorio. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le de. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Por tales circunstancias, esta Sala de lo Penal procederá a realizar un análisis del proceso de valoración probatoria para efecto de determinar si es así como denuncia el recurrente, que se ha infringido la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, o, por el contrario, se ha observado esta regla lógica lo que conllevaría a desestimar el recurso interpuesto. Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por los dos delitos de Torturas y de Abuso de Autoridad, ha resultado congruente con el contenido de la regla lógica de derivación. De las declaraciones testificales de cargo de los señores J. D. P. F. , D. G. M. F. Testigo Protegido FN01, Testigo Protegido FN-02 y D. W. N. resulta que los ofendidos fueron agredidos por otras personas distintas al acusado, provocándole lesiones físicas, tal como se desprende de los dictámenes de evaluación física, sin embargo, no es posible con la prueba de cargo, dar certeza que el acusado W. A. de la R. daba la orden para la agresión física, más que lo declarado por los ofendidos Ju. D. P. F. y D. G. M. F., todo menos que éstos, fueran torturados con gas pimienta, con chile, aplicados en partes íntimas, pues son dichos no corroborados con otros medios de prueba que pudieran dar certeza al Tribunal de los hechos acusados, esto no implica que no sea posible dictar una sentencia condenatoria con base en una única prueba testifical, pero ésta debe ser tan sólida y tan convincente, que sea capaz de repeler cualquier cuestionamiento con sobrada solvencia; solidez y convicción no alcanzada por los ofendidos J. D. P. F. y D. G. M. F. en sus declaraciones. Concluye el sentenciador que las anteriores circunstancias convergen en detrimento de la pretensión acusatoria, ante la falta de prueba científica que refiriera las agresiones físicas con gas pimienta y con chile en sus ojos o en sus partes genitales como lo afirmaron los ofendidos; y que los demás testigos son de referencia, no conociendo en concreto lo sucedido en el día de los hechos. De los anteriores razonamientos valorativos, en manera alguna se desprende infracción a la regla lógica de derivación, las conclusiones encuentran correspondencia con el acervo probatorio, son producto derivado del mismo, no han falseado su contenido ni tampoco la prueba ostenta esa condición. Por todo lo anterior, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de abril de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolviendo al señor W. J. A. de la R. de dos delitos de Tortura en perjuicio de J. D. P. F.s (Testigo Protegido A1) y D. G. M. F. (Testigo Protegido A2), y dos delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública. Segundo: No procede declarar la responsabilidad civil del señor W. J. A. de la R.. - Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. - Cuarto: No procede decretar el comiso por no haber sido puesta a disposición de este Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada K. M. A. M. en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En Única Instancia: La Abogada I. A. F. N. Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día veintinueve de mayo del dos mil catorce, los jóvenes J. D. P. F. y D. G. M. F. quienes estaban internos en el Centro de Menores Renaciendo, fueron evaluados por Medicina Forense y se encontró que el primero tenía siete contusiones simples en cara, cuello, tórax posterior, antebrazo derecho y una hemorragia subconjuntival en el ojo izquierdo, lo que le ameritó una incapacidad de cinco días, en tanto que el joven D. tenía una contusión simple en la mano derecha y no le ameritó incapacidad.” RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: ÚNICO MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio, inobservando al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, que establece que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; efectuaremos un análisis de los medios de prueba allegados legalmente al juicio, los cuales se detalla a continuación: PRUEBA TESTIFICAL: 1. J. D. P. F. (ofendido), quien en su declaración manifestó que durante su estadía en Renaciendo, al principio el director W. era tranquilo y los trataba bien; de repente un día lo mando a llamar y me preguntó quien era la persona que le daba droga, al momento de interrogarlo tenía un palo, un bote de chile y uno de gas pimienta, posteriormente lo enchachó y comenzó a preguntarle por la droga para luego encerrarlo en una celda de castigo; al salir de dicha celda, le ordenó que golpeara a algunos jóvenes, pero que él se negó, por lo que él ahora imputado sacó cuatro pandilleros de la 18 y lo comenzaron a golpear, de igual forma recibió insultos por parte de procesado, al llamarlo rana, culebra, porque según W. A., él lo había denunciado en los derechos humanos; indicó además que los enchachaba, golpeaba, les echaba gas pimienta en los ojos, los ponía a beber chile, y en el caso de un joven conocido como el c. le puso chile en su pene; en cuanto a los maltratos recibidos por parte del acusado, expresó que “ni a los animales se golpea así y de nada quería golpearlo a uno” 2. D. G. M. F. (ofendido) quien manifestó que el director W. ponía a los pandilleros que golpearan a los otros internos y los amenazaba si ellos denunciaban los malos tratos a la Fiscalía o los derechos humanos, que el acusado sacó a varios jóvenes para que golpearon a J. D. y que a él lo quiso golpear con un tolete, señaló que los maltratos recibidos en el centro de Renaciendo, consistían en que los ponían a hacer ejercicio con bloques encima, los golpeaba para sacarles la verdad, le echaba gas pimienta en los ojos y en la partes íntimas y en el caso de él lo encerró agresivamente en el dormitorio, es decir que lo agarró por el cuello hasta que lo llevó al cuarto. 3. Testigo Protegido F.N.1 indicó que él nunca fue testigo presencial de los hechos, pero que él manifestó lo que escuchaba que decían los internos, refiriéndose a los maltratos de los cuales eran objeto. 4. Testigo Protegido F.N.2, al rendir su declaración dijo que el señor W. en un principio era una persona íntegra, respetuosa y que dialogaba con los jóvenes, pero después de varios meses comenzó a cambiar su conducta, era bien agresivo y les hablaba bastante fuerte, una vez ingresó a uno de los módulos y los sacó a todos y se formaron en fila y él tenía un palo y comenzó a interrogarlos. 5. D. W. N., expresó que él trabajaba como policía penitenciario y que una ocasión hubo como una discusión-forcejeo, entre el licenciado (refiriéndose al imputado) y algunos muchachos, él controló la situación para evitar que “los muchachos golpearan al director o que el director golpeara a los muchachos” PRUEBA DOCUMENTAL: 1. Acta de Decomiso del Libro de Novedades del Centro Pedagógico Renaciendo. 2. Copia fotostática de un acta de inspección y registro de la oficina del Director del Centro Pedagógico Renaciendo y fotografías del mismo. 3. Libro Único de color rosado que corresponde al módulo 4 del Centro Renaciendo. 4. Copia fotostática de nota dirigida al Secretario General del INHFA, en la cual el acusado refiere que algunos jóvenes del centro habían sido manipulados para que hiciera afirmaciones en su contra en el sentido que les hacia objeto de torturas. 5. Copia de informe enviado por el señor W. A. de la R. en el cual refiere que recibió denuncias de un interno. PRUEBA PERICIAL 1. Dictamen de evaluación física No. 0979 ratificado por la doctora L. Y. G. y practicado a J. D. P. F., el cual se concluye que éste presentaba 7 equimosis ubicadas en región frontal, en región infraorbitaria izquierda con hemorragia de subconjuntival en ojo izquierdo y se determinó una incapacidad de 5 días; de igual forma indicó que las lesiones no fueron auto infringidas y que las mismas tenían menos de 24 horas. 2. Dictamen de evaluación física No. 0980, ratificado por la doctora R. B. M. y practicado a D. G. M. F., en el cual se determinó que el joven presenta una excoriación con costra serohemática rojiza en el dorso de la mano e la región metacarpiana, la cuál es producida por objeto romo y que tenían unas dos horas y medias de haberse producido. El Juzgador en la valoración de la prueba, expresa lo siguiente: “Es criterio unánime de los miembros de este Tribunal que la prueba desarrollada durante la audiencia de debate no permite dar por establecidos los hechos que han sido acusados por la parte fiscal, por cuanto con los medios de prueba solamente se puede acreditar que los testigos que inicialmente declararon como testigos protegidos, fueron encontrados como víctimas de golpes en sus cuerpos unos de ellos con cinco días de incapacidad y el otro con ninguno. Pero no se ha probado que el encausado señor W. A. de la R. quien fungía como director del centro pedagógico Renaciendo para la fecha de los hechos, haya sido responsable directo o indirecto de tales actos… no fue acreditado que los jóvenes hayan sido atacados con gas pimienta… habida cuenta que no se presentó ningún medio de prueba científico que refiera esos extremos...” De la supraindicada motivación se desprende que el Tribunal, a pesar de dar por ciertas las lesiones referidas por las víctimas las cuales fueron ratificadas por los correspondientes dictámenes médicos, considera que el ente acusador no presentó evidencia suficiente para constatar los delitos alegados; pero esta valoración por parte del juzgador se encuentra totalmente alejada de las reglas de la sana crítica, pues al efectuar la referida consideración, se limita a hacer referencia a las lesiones que presentan las víctimas, cuando éste no fue el tipo penal por el cual el ente acusador solicitó una sentencia condenatoria, desconociendo el contenido de los testimonios de los testigos de cargo, ya que por un lado, las víctimas fueron claras al describir como eran objetos de malos tratos por parte del Director del Centro Pedagógico Renaciendo, en donde les fue vulnerado su derecho a que se les respetase su integridad física, psíquica y moral, ya que de conformidad a la Constitución de la República, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por tanto, toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y en el caso subjudice, quedó demostrado que los ahora ofendidos fueron objetos de tratos crueles, al ser encerrados en celdas de castigos, enchachados, recibir insultos, golpeados y ser rociados con gas pimienta o chile en sus ojos o partes íntimas, aspectos que fueron ampliamente descritos por los testigos cargo, en especial por las víctimas directas de estos maltratos, los cuales tenían como finalidad que éstos confesaran si ellos ingresaban droga en al centro pedagógico o si ellos eran las personas que habían denunciado al ahora imputado ante los Derechos Humanos y el Ministerio Público, circunstancias que fueron respaldados el resto de los testigos, entre ellos FN.1 quien dijo que él al ingresar al centro escuchó de los tratos crueles a los cuales eran sometidos; el testigo F.N.2 señaló que el ahora encausado era agresivo y presenció cuando en una ocasión ingresó a uno de los módulos con un palo en la mano y finalmente de lo expresado por D. W. N. se concluye que él tuvo que intervenir para que el director no agrediera a los jóvenes, todos los hechos narrados se complementan entre sí y concuerdan con las lesiones que presentaban las víctimas al momento de ser evaluadas por los médicos forenses; por lo que no resulta congruente que el órgano jurisdiccional le reste valor probatorio a estos medios de prueba, los cuales al ser analizados en su conjunto claramente evidencia una vulneración a las reglas de sana crítica, en especifico a la ley derivación. Si bien cierto, con las evaluaciones médicas se acreditó que las lesiones que los ofendidos presentaban podrían considerarse faltas, el tribunal sentenciador no puede desconocer que el fiscal que participó en el debate, solicitó una sentencia condenatoria por los delitos de torturas y abuso de autoridad, por tanto el tiempo de incapacidad o la gravedad de las lesiones no resulta relevante, ya que lo importante es que los internos del centro Renacimiento fueron objeto de malos tratos por parte del entonces director W. A. de la R. quien por su condición de rector del supra referido centro, estaba obligado a brindarles, a los internos, un proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad, por tanto a violentado las normas que regulaban su cargo, de ahí que el tribunal no puede desconocer que los elementos probatorios incorporados, constituyen indicios suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra de W. J. A. de la R. Al respecto en el Manual Teórico — Práctico de Derecho Procesal Penal de Honduras, en su página 468 cita a R. P. quien interpreta que el juez, “…al valorar las pruebas debe sujetarse a criterios de pensamientos racionales, juicioso, como corresponde a una persona culturalmente formada. Y debe saber expresar la utilización de esos criterio en la sentencia, porque la sana crítica los jueces no tienen que darla por supuesta, sino que tienen que demostrarla en cada sentencia que dicten; es decir, que el juzgador deberá valorar ineludiblemente las pruebas de acuerdo con las reglas del criterio racional o del criterio humano, conforme con las reglas de la lógica, la psicología, de la sociología y de la experiencia....”. Y al realizar un análisis de la prueba en conjunto podemos apreciar el sentenciador de manera errónea ha realizado una valoración arbitraria y parcial de la prueba de forma individual, arribando a la conclusión de que el imputado no participó en el hechos, y por lo tanto ha absuelto de responsabilidad al encausado, conclusiones que el Ministerio Público no comparte, ya que las razones que ha establecido el tribunal sentenciador para restarle validez a la prueba de cargo son infundadas, existiendo jurisprudencia al respecto que señala que la declaración de la víctima valorada en conjunto con otra prueba aunque ésta fuera indiciaria constituyen elementos suficientes para destruir la presunción de inocencia del encausado, como por ejemplo, en el fallo emitido en el Expediente CP-922-04 de fecha 13 de Diciembre del año 2004, la Sala de lo Penal a establecido que “para distinguir entre pruebas indiciarías capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y simples sospechas, han de darse cuatro requisitos: a) Los indicios han de ser plenamente probados, es por tanto exigible que cuando se trata de prueba indiciaría, la constatación clara de los indicios, b) Ha de ser una pluralidad de indicios. c) El razonamiento que liga a los indicios con el hecho inferido ha de ser racional y lógico y d) En la sentencia ha de plasmarse todo lo anterior”; presupuestos que se presentan en el juicio de mérito, por los extremos antes planteados. Respecto a los indicios, ha establecido también la Sala de lo Penal que: “...en prueba indiciaría, el control de la casación debe efectuarse y ser riguroso comprobando una serie de parámetros exigibles para la aplicación correcta de los mismos, entre ellos; “desde un punto de vista formal: la sentencia debe expresar cuales son los hechos base o indicio acreditados en los cuales se fundamenta para las deducciones o inferencias y debe hacer explícito el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios llega a la convicción del hecho punible y la participación del imputado, para poder permitir el control casacional de la correcta racionalidad de la inferencia. Desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre sí todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la Posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada...[1]”. Posición que es respalda en la Sentencia de Casación Penal 120-08 del 26 de agosto del 2009 al establecer que “...Ciertamente, es válido poder sustentar una sentencia condenatoria con prueba indiciaría, es decir, cuando se está ante la ausencia de prueba directa capaz de destruir la presunción de inocencia inherente a todo y toda ciudadano (a) imputado de un ilícito penal, se puede acudir a la prueba por indicios, teniéndose en cuenta que al indicio se llega a través de testimonios, peritajes, inspecciones y otros medios de prueba con los cuales se acredita la realidad del hecho base concreto, permitiendo a la vez realizar una inferencia determinada, siendo la inferencia la depuración de la prueba indiciaria.” En ese orden de posiciones estimamos que el Tribunal vulneró el principio de la razón suficiente, en el postulado de la derivación, en el cual induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga); por lo que el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las probanzas integrantes del andamiaje probatorio de cargo, ya que los testimonios de las víctimas son congruentes, precisos y claros; además de que éstos prueba fueron ratificados por lo dicho por los testigos F.N1 F.N2 y D. W. N., la prueba documental y la prueba pericial, los cuales, al ser analizados de manera conjunta, nos lleva a la conclusión irrefutable que el hoy encausado es el autor de los hechos por los cuales fue sometido a juzgamiento, es decir, es el responsable de haber cometido los delitos de Torturas y Abuso de Autoridad en perjuicio de J. D. P. , D. G. M. y La Administración Pública, ya que el sentenciador no puede desconocer que de conformidad a la Convención contra la Tortura de fecha 10 de diciembre de 1984, la tortura se define como “...todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”, y que según lo planteado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras, para que se configure el delito de Abuso de Autoridad, se produce cuando “al empleado o funcionario público que, traicionando la confianza que se ha depositado en él por parte del elector o por otra autoridad pública, abusa de la autoridad recibida para contrariar lo que ordena la Constitución de la República y/o las leyes, cuando por el contrario debe ser un guardián celoso de su cumplimiento. - Mediante la tipificación de estos delitos se protege a la Administración Pública tratando de preservar la regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos que pueden verse comprometidos por el acto arbitrario en el que el funcionario actúa más allá de la esfera de sus atribuciones. El artículo 349 numeral 2) del Código Penal prevé tres supuestos distintos para la comisión de éste delito: 1).- Cuando el empleado o funcionario público dicta órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2).- Cuando el empleado o funcionario ejecuta las órdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3).- Cuando no realice la conducta exigida y por lo tanto esperada al tenor de lo dispuesto en preceptos constitucionales y/o legales. Como puede observarse, la descripción de los dos primeros casos corresponde a conductas comisivas, mientras que la restante implica una omisión, teniendo en común todas ellas la sanción del uso abusivo del poder depositado en el empleado o funcionario público para el ejercicio de su cargo.”[2]; y en el caso in examine se acreditó más allá de la duda razonable que el imputado sometía a tratos crueles (hacer ejercicio con bloques, rociar gas pimienta o chile en los ojos y partes íntimas, golpearlos con palos, aislarlos, enchacharlos, etc.) con el objeto de descubrir, quien supuestamente ingresaba droga al centro o quien lo había denunciado ante los Derechos Humanos, lo que claramente configura el tipo penal de Torturas; de igual forma ha incurrido en el delito de Abuso de Autoridad en virtud que ya que él en su condición de Director del Centro Pedagógico Renaciendo tenía la obligación de velar por la integridad física y psicológica de los jóvenes internos, además de buscar la reinserción de éstos en la sociedad, y con los actos por él realizados a violentado la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como tratados internacionales suscritos por Honduras. En consecuencia, el Ministerio Público, como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la sana crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. - Único Motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 de Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción Expuesto: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio, inobservando al momento de valorar la prueba, las reglas de la sana crítica. • Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: No habiendo reclamado previamente, pues se produce en el acto de la sentencia; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El Censor luego de transcribir el contenido de los medios de prueba evacuados en juicio y de la valoración intelectiva que de ellos hiciera el Tribunal de Sentencia, el acusador público denuncia la infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, por considerar que con el andamiaje probatorio se acreditó que los ofendidos fueron objetos de tratos crueles, al ser encerrados en celdas de castigos, enchachados, recibir insultos, golpeados y ser rociados con gas pimienta o chile en su ojos o partes íntimas, que tenían como finalidad la confesión de si ellos ingresaban droga al centro pedagógico o si eran ellos los que habían interpuesto denuncia en los Derechos Humanos y el Ministerio Público; que el sentenciador desconoce que los elementos probatorios incorporados constituyen indicios suficientes para dictar un fallo condenatorio en contra del señor W. J. A. de la R.. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - Se hace en principio necesario resaltar que el acusador público no hace uso de una buena técnica casacional para recurrir el fallo de instancia. Adoptando como metodología recursiva transcribir el contenido de lo aportado por los medios de prueba evacuados en juicio, transcribir la valoración intelectiva que de ellos hiciera el Tribunal de Sentencia, para luego concluir que con esa prueba debió dictarse un fallo condenatorio en lugar de un fallo absolutorio, no está ni por cerca de cumplir con el deber que tiene el recurrente de identificar, explicar y, en definitiva, comprobar el vicio denunciado; así como también la obligación que tiene de demostrar como ese vicio tiene trascendencia en el dictado del fallo absolutorio. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le de. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Por tales circunstancias, esta Sala de lo Penal procederá a realizar un análisis del proceso de valoración probatoria para efecto de determinar si es así como denuncia el recurrente, que se ha infringido la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, o, por el contrario, se ha observado esta regla lógica lo que conllevaría a desestimar el recurso interpuesto. Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por los dos delitos de Torturas y de Abuso de Autoridad, ha resultado congruente con el contenido de la regla lógica de derivación. De las declaraciones testificales de cargo de los señores J. D. P. F. , D. G. M. F. Testigo Protegido FN01, Testigo Protegido FN-02 y D. W. N. resulta que los ofendidos fueron agredidos por otras personas distintas al acusado, provocándole lesiones físicas, tal como se desprende de los dictámenes de evaluación física, sin embargo, no es posible con la prueba de cargo, dar certeza que el acusado W. A. de la R. daba la orden para la agresión física, más que lo declarado por los ofendidos Ju. D. P. F. y D. G. M. F., todo menos que éstos, fueran torturados con gas pimienta, con chile, aplicados en partes íntimas, pues son dichos no corroborados con otros medios de prueba que pudieran dar certeza al Tribunal de los hechos acusados, esto no implica que no sea posible dictar una sentencia condenatoria con base en una única prueba testifical, pero ésta debe ser tan sólida y tan convincente, que sea capaz de repeler cualquier cuestionamiento con sobrada solvencia; solidez y convicción no alcanzada por los ofendidos J. D. P. F. y D. G. M. F. en sus declaraciones. Concluye el sentenciador que las anteriores circunstancias convergen en detrimento de la pretensión acusatoria, ante la falta de prueba científica que refiriera las agresiones físicas con gas pimienta y con chile en sus ojos o en sus partes genitales como lo afirmaron los ofendidos; y que los demás testigos son de referencia, no conociendo en concreto lo sucedido en el día de los hechos. De los anteriores razonamientos valorativos, en manera alguna se desprende infracción a la regla lógica de derivación, las conclusiones encuentran correspondencia con el acervo probatorio, son producto derivado del mismo, no han falseado su contenido ni tampoco la prueba ostenta esa condición. Por todo lo anterior, deviene desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada K. M. A. M. en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha siete de abril de dos mil quince, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del señor W. J. A. de la R. por suponerlo responsable a título de autor de dos delitos de Tortura en perjuicio de J. D. P. F. (Testigo Protegido A1) y D. G. M. F. (Testigo Protegido A2), y dos delitos de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio de dos mil diecinueve. Certificación de la resolución dictada el dos de abril de dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso SP 239-2015.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha 8 de febrero del año 2010 dictada en el Recurso de Casación No.399=08
[2] Sentencia de fecha 27 de junio del año 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No. SP 59-2011