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Sentencia CP-238-16 — Registro 9689

Resumen

En primera instancia se condeno a la imputada como coautora responsable de un delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso.EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Después de analizar el recurso interpuesto, la Sala de lo Penal identifica que -tal como lo denuncia el censor del fallo- el hecho probado quinto de la sentencia es falto de claridad, más esa deficiencia no tiene la entidad suficiente como para no permitir subsumir los hechos probados en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva seleccionada por el juzgador.La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal, que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determine una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio; es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestiofacti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.A partir de lo expuesto, y al analizar el hecho probado quinto de la sentencia, se desprende en su parte final que a la acusada K.A. M. “…se le encontró una nota extorsiva, en una hoja de papel a rayas manuscrita, que contenía el nombre de uno de los familiares de la testigo protegido “G165” donde decía “voz hija de la gran p.… contesta el teléfono porque ya sabemos dónde vivís y tu hija está muy bonita y vos también…”. Como vemos, la nota manuscrita dirigida a la víctima no fue descrita en su contenido de manera literal por el sentenciador, lo que representa una falencia en la construcción de los hechos probados, más como se refirió anteriormente, el defecto no tiene la entidad suficiente como para no permitir subsumir los hechos probados en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva seleccionada por el juzgador, pues también en el fáctum se describe que entre el celular decomisado a K.A. M. y los números .xxxxxxx y .xxxxxx (de los cuales la testigo protegido recibió las llamadas extorsivas), existía una comunicación fluida que develó para el juzgador el acuerdo suscrito entre la acusada y aquéllos que le exigieron bajo amenazas a la ofendida la cantidad de veinte mil lempiras para la mara 18. Por esa razón, el motivo no es de recibo. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo.No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentenciaconociendo de los Recursos de Casación SP 238-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar a K. A. M., como coautora responsable de un delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido G165, a la pena principal de quince años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos, pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina ubicada en Támara, Departamento de Francisco Morazán, debiéndose descontar el tiempo en que ha permanecido en efectiva prisión preventiva. Asimismo, la pena de multa deberá hacerla efectiva a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República. Segundo: Condenar a K. A. M., a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con lo que regula la ley del sistema penitenciario nacional. Tercero: Declarar la responsabilidad civil de la señora K.A. M., la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Se decreta el comiso de un teléfono celular marca Black Berry, curve 9360, color blanco y plateado, y, una hoja de papel color blanco con rayas de color gris, conteniendo una nota extorsiva manuscrita. Interpuso los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado M. de J.A., actuando en su condición de defensor privado de K.A. M. Son partes en única instancia: el Abogado M. de J. A., en su condición de defensor privado de K.A. M., como recurrente; y, el Abogado S. C. A., fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Este Tribunal de Sentencia declara expresa y terminantemente como probado los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha seis (6), de diciembre del dos mil trece (2013), la testigo protegido “G165”, como a eso de las dos de la tarde, (2:00 p.m.), recibió una llamada del teléfono .xxxxxxx de una persona desconocida del sexo masculino, quien le manifestó que debía entregarle la cantidad de veinte mil lempiras que el motivo de ese dinero, era para la mara 18, que lo necesitaban para ayudar a sus compañeros, dándole un plazo de una hora para pagar tal cantidad, advirtiéndole que de no hacerlo ya conocían a su familia, por lo que la testigo protegido cortó la llamada. SEGUNDO: posteriormente la misma testigo protegido “G165”, recibió otras llamadas de otro teléfono celular número .xxxxxxxxx, donde una persona del sexo masculino, le dijo que la cantidad a pagar ahora sería de cincuenta mil Lempiras. TERCERO: Le siguieron haciendo más llamadas a la testigo protegida “G165”, donde le advertían que, si no pagaba los cincuenta mil lempiras exigidos, se atuviera a las consecuencias, por lo que el testigo protegido “G165”, procedió a denunciar el hecho ante la Fuerza Nacional Antiextorsión. GUARTO: Posteriormente recibió otras llamadas del número .xxxxxx, el cual el testigo protegido “G165” contestó y negoció con la persona que le llamó la entrega de veinte mil lempiras, que debía depositar a la cuenta .xxxxxxxxxxxx, a nombre de D. E. R.M., pero que el testigo protegido, procedió a depositar solo la cantidad de doscientos lempiras. QUINTO: En fecha trece de diciembre del 2013, agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se hicieron presentes como a eso de las dos treinta de la tarde al lugar de trabajo de la testigo protegido “G165”, donde al sostener una cierta conversación con esta persona, esta les manifestó que sospechaba de K.A. M., quien había laborado con ella y había sido despedida de dicho trabajo, a quien últimamente la había observado merodear frente a su negocio.- En ese momento K. es vista por la testigo protegido “G165”, pasar frente a su negocio a pie, acompañada de una persona del sexo masculino, por lo que alerta a los policías que estaban ahí y los agentes antiextorsión salen del lugar y proceden de inmediato a requerir a K.A. y al realizarle un registro personal se le encontró en posesión de un teléfono celular marca BlackBerry, color blanco y plateado modelo curve 9360, con un número .xxxxxxxx, asimismo, en una bolsa de su pantalón se le encontró una nota extorsiva, en una hoja de papel a rayas manuscrita, que contenía el nombre de uno de los familiares de la testigo protegido “G165”, donde decía “voz hija de la gran p..., contesta el teléfono porque ya sabemos dónde vivís y tu hija, está muy bonita y vos también...”. SEXTO: Del celular decomisado a K.A. M. se detectaron llamadas entrantes y salientes de los números .xxxxxxx y .xxxxxx, teléfonos de los cuales el testigo protegido “G165”, recibió las llamadas en las que se le exigía el pago de dinero por las cantidades antes referidas.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOSLa parte recurrente, Abogado M. de J. A., defensor privado, procedió a formalizar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma y, de la manera siguiente: “CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracci6n por falta de aplicación del artículo 89 de la Constitución de la República, que a la letra dice: “Toda persona es INOCENTE mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, que establece: “En todos los casos en que, con arreglo a este Código pueda interponerse Recurso de Casación contra una resolución judicial será suficiente para fundamentarlo la infracci6n de precepto constitucional”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El motivo de infracci6n de precepto constitucional que se invoca es el contentivo a la “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA relacionado con el artículo dos (2) del Código Procesal Penal; por ende el Tribunal de Sentencias de esta ciudad ha formulado un relato fáctico en base a enunciados donde indica auxiliarse de las reglas de la sana crítica contentivas de las máximas de la lógica y de la experiencia, de los cuales no existe corroboraciones inmediatas de la prueba evacuada en juicio que hagan creíble o verosímil tales enunciados; ya que no se encuentra coincidente con ningún medio probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada no encontramos base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose de tal forma el principio de inocencia. A través de la vulneración del precepto constitucional conocido como PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la solicitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales además de las constitucionales de la prueba practicada sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido. Pudiendo por esta vía realizar una revisión íntegra, no solo de cuestiones jurídicas sino también fácticas y el control de las reglas procesales y la valoración de la prueba. Para poder quebrantar legalmente ese principio constitucional de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, que, en sí constituye esencialmente un ESTADO DE INOCENCIA, se requiere una mínima actividad probatoria; empero, si tal actividad probatoria genera insuficiencia, como para dársele la credibilidad requerida, entramos en un estado de DUDA; y ésta debe operar forzosamente en favor de la imputada. De tal forma la jurisprudencia hondureña ha establecido lo siguiente: “Esta Sala de lo Penal estima que efectivamente cuando se alega en casación la violación del derecho de Presunción de Inocencia el control del recurso debe consistir en a) una ponderación o juicio sobre la prueba, consistente en verificar la existencia de prueba de cargo legalmente obtenidas e incorporadas al juicio; y b) la verificación de la racionalidad de las inferencias derivadas de la prueba directa o indirecta, a efecto de constatar la razonabilidad o arbitrariedad de éstas a la luz de las reglas de la sana crítica.. “Sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación Penal, bajo el Número 164—07. El estado constitucional de inocencia que obliga al juzgador que en caso de duda sobre la responsabilidad penal o la ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo. El proceso penal tiene como objetivo generar en el juez la convicción respecto al hecho delictivo poniendo a luz la responsabilidad del o la acusada para aplicar la pena que hubiere lugar. Pero en el caso que nos ocupa lo más justo, sensato y legal es reconocer tácitamente el Estado de Inocencia de la imputada; pues en este proceso no se llega a establecer con plenitud, fuera de toda duda la responsabilidad de la encausada como para dictarse un fallo condenatorio; y frases como que la señora I. A. pasaba cerca del negocio donde laboraba la presunta víctima, no derivan en un elemento gravitatorio que incida en la culpabilidad y consiguiente punibilidad de un hecho por demás generador de dudas. El principio de In dubio pro reo es sumamente vinculante a la garantía constitucional de Inocencia; y debe respetarse. ¿Qué elementos gravitan en contra de mi representada como para determinar su participación en el ilícito? Se le detiene en posesión de una nota manuscrita, sin haberse practicado peritaje en cuanto a establecer quien elaboró dicha nota; se le decomisa un teléfono móvil y al hacerse el vaciado no se encuentra ningún nexo o pláticas relativos al delito de extorsión; la susodicha nota, según hecho probado QUINTO, que es el relevante, para efectos de la participación de la imputada, se limita a enunciar que la misma (nota) decía: “Vos, hija de la gran p.…” No devenía el Tribunal a transcribir con todas sus letras tal vocablo o debemos entender que hija de la gran p.… significa: hija de la gran patrona, o bien hija de la gran persona, o, hija de la gran princesa, pobretona, etc., ¿etc.? Son pobres, verdaderamente pobres los argumentos invocados por el Tribunal Sentenciador; y con ello ha violado flagrantemente el principio fundamental de Presunci6n de Inocencia. El vicio procesal que da fundamento a la Infracción del Precepto Constitucional expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia por lo que no ha sido posible pedir su subsanación con anterioridad la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia pido: que se admita el presente motivo; se declare ha Lugar el mismo y se anule la sentencia recurrida’ y se dicte sentencia absolutoria. CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por aplicaci6n indebida del artículo treinta y dos (32) del Código Penal vigente, que a la letra dice: Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho...” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido dentro del artículo trescientos sesenta (360) del C6digo Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Del fáctum de la sentencia recurrida se observa que, de los seis hechos probados, únicamente dos se remiten a la imputada K.A. M.; son los designados como Hechos QUINTO Y SEXTO. En el primero de ellos se dice, entre otros; “...QUINTO: En fecha trece de diciembre del 2013, agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión se hicieron presentes como a eso de las dos de la tarde al lugar de trabajo de la testigo “G165” donde al sostener una cierta conversación con esta persona, ésta les manifestó que sospechaba de K.A. M., quien había laborado con ella y había sido despedida de dicho trabajo, a quien últimamente la había observado merodear frente a su negocio. En ese momento K. es vista por la testigo protegido “G165” pasar frente a su negocio........y proceden de inmediato a requerir a K.A. y a realizarle un registro personal se le encontró en posesión de un teléfono celular.......asimismo en una bolsa de su pantalón se le encontró una nota extorsiva en una hoja de papel a rayas manuscrita que contenía el nombre de una de los familiares de la testigo protegida “G165” donde decía: “Vos hija de la gran p.... contesta el teléfono porque ya sabemos dónde vivís y tu hija está muy bonita y vos también “...Hasta allí. Yo me preguntó: Que quiso decir el Tribunal al insertar en este hecho probado la frase: “Vos, hija de la gran p…” Qué significa esa “p”. El Tribunal no lo dice; puede significar cualquier cosa; ¡¡¡¡tantas palabras existen en el diccionario que empieza con la letra ‘P”!!! constituye eso un vocablo extorsivo? Luego: “tu hija está muy bonita y vos también”, igualmente, es extorsivo? Se dice que mi representada pasó por el negocio donde laboraba la testigo protegido “G165”; no es un negocio público donde las personas llegan a ingerir alimentos? se manifiesta que la testigo protegido les relató a los agentes que ella sospechaba de K. A.. ¿Es plena prueba? solo son sospechas. No existe en tal hecho probado QUINTO” una evidencia directa o indirecta de la participación de A. M. en el delito que nos ocupa; en tal sentido no se puede colegir que ella estuviera implicada en la infracción penal que se le atribuye. Tampoco es una prueba indiciaria pasar frente a un negocio y estar en posesión de una nota, que a todas luces es irrelevante; además de que la procesada niega su posesión; y en ningún momento se práctica un peritaje que determinara que la nota manuscrita había sido elaborada por la joven K. A. En el hecho probado SEXTO se expresa: “SEXTO. Del celular decomisado a K.A. M. se detectaron llamadas entrantes y salientes de los números 9769-5680 y 9491-7786, teléfonos de los cuales la testigo protegido “G165” recibió las llamadas en las que se le exigía el pago de dinero por las cantidades referidas”. Es decir, K. nunca hizo llamadas de su teléfono celular al teléfono de la Testigo Protegido; empero, existe evidencia de llamadas entrantes y salientes del teléfono de K. y los otros dos números, en los cuales se exigía cantidades de dinero. En autos no se registra que en dicho intercambio de llamadas se haya hecho referencia a la testigo protegido o alguna otra alusión al delito de extorsión; por lo que constituyen llamadas intrascendentes; que, de haber tenido alguna importancia en las diligencias, el Tribunal así lo hubiera hecho saber. En resumen, no pasan de ser llamadas rutinarias de personas que aparentemente se conocen. Para el Tribunal Sentenciador, lo anterior si constituyó una prueba del involucramiento de mi patrocinada en los hechos; y no es posible que se tolere lo que allí se consigna como un hecho que califica la autoría del crimen perseguido. Al hacer la valoración de la prueba en lo que se refiere a lo declarado por la testigo K. Y. G. G., el Tribunal dice: al final: “…Que el número del teléfono celular no se consigna...” Hay que recordar que tal persona, agente antinarcóticos y antiextorsión fue la que hizo el registro a la imputada, de sus efectos personales. ¿Cómo es posible que no se consignara el número de teléfono que portaba K.A.? Pero sí se dice que entre este número y los otros dos, antes referidos, ¡¡hubo llamadas entrantes y salientes!! Al hacer la Valoración de la Prueba, en lo que se refiere al renglón “SEGUNDO. PRUEBA PERICIAL, que atañe al perito E. A. M. M., en su parte final se lee: “…Que no encontró mensajes de extorsión”. ¿No es esto contradictorio con lo que sí afirma el Tribunal, en cuanto a la participación de mi defendida en tal delito? En el renglón “CUARTO: MEDIO DE PRUEBA EVIDENCIA, se lee bajo el numeral 1): “Una hoja de papel color blanco con rayas de color gris, con teniendo una nota extorsiva manuscrita, misma que se tiene por evacuada...” Es evidente que el Tribunal en ningún momento del juicio nos ilustró en cuanto al contenido literal de la nota, dizque extorsivo pues si nos volvemos a remitir al hecho probado QUINTO, esa nota que no se transcribe en su totalidad, pues solo dice: “...hija de la gran p…” no es extorsiva; antes bien, se asemeja a una nota injuriante. De lo dicho con anterioridad es notorio que con el hecho probado QUINTO no Se logra la finalidad perseguida; pues debió haberse dictado un fallo absolutorio; por ende, ha existido infracción por aplicación indebida del artículo treinta y dos (32) del Código Penal vigente; ya que la absolución era pertinente y a eso nos llevan ambos hechos probados, quinto y sexto y las divagaciones que sobre el particular hizo el Tribunal recurrido. Procede se anule el fallo y se dicte sentencia absolutoria Por haberse producido vicio in procedendo no había sido posible pedir su Subsanación. CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: Por no ser determinante y clara la declaración de los hechos probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral 1) del artículo 362 que dispone, en cuanto se remite al C6digo Procesal Penal, lo siguiente: ARTÍCULO: “...RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. El Recurso de Casación por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1) que tal declaración (de hechos probados) no sea clara y terminante...” EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Anteriormente nos referimos al hecho probado QUINTO del fallo impugnado como un factor que determina la Infracción de Ley; empero, igualmente es oportuno reseñar que tal hecho no es claro y terminante; veamos porque se dice: que se le encontró a la imputada K.A. M. una nota extorsiva en una de las bolsas de su pantalón; que tal nota decía lo siguiente. “…vos hija de la gran p....” Hicimos algunas consideraciones en cuanto a que podía significar esa “p” que el Tribunal no aclaró. ¿Claro define el artículo doscientos veintidós (222) del Código Penal la extorsión? De la manera siguiente: “Comete el delito de extorsión quien, mediante amenazas, intimidación y violencia, con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: “Aquí se hacen tres enumeraciones de lo que se pretende mediante tales amenazase intimidación o violencia. Esta es la parte medular y la que nos interesa. Al leerse en la nota susodicha, según el Tribunal “Vos, ¿hija de la gran p……” (HECHO PROBADO QUINTO) entrañan esas palabras una amenaza? entrañan una intimidación? ¿entrañan una violencia? Que crédito debe dárseles a tales frases; ¿en que simbología encuadrarlas? PARA QUE PAREZCAN UNA EXTORSIÓN. Simplemente no dicen nada. Es más, esa nota no tiene destinatario; jamás, jamás en la sentencia apareció el nombre de alguna persona ligada por parentesco con la señora D. M., o, llamémosla Testigo Protegido “G165” pues en el fáctum del fallo se alude en algunas ocasiones de que en la nota de referencia aparecía el nombre de uno de los hijos de la Testigo Protegido. Empero, el Tribunal solo dice: “Vos, hija de la gran p.... y luego: ... “Tu hija está muy linda y vos también...” Frases galantes? Porqué No. En el artículo 338 del C6digo Procesal Penal. REQUISITOS DE LA SENTENCIA, regla CUARTA, se lee: “Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante (el subrayado es nuestro) de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse.” El Hecho probado QUINTO no es claro ni terminante porque se hace una transcripción incompleta de una frase que no entraña una extorsión; ya lo repetimos hasta la saciedad. Así es que peca de falta de claridad y tampoco es terminante. Luego, aunque éste no sea el motivo de la casación señalado al inicio, al utilizar la frase una nota EXTORSIVA, el fallo está utilizando un vocablo que, por su carácter eminentemente jurídico predetermine el mismo (fallo). Reiteramos: al utilizarse la frase “hija de la gran p...” la sentencia no es clara ni terminante; y da lugar al recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, al tenor de lo consignado en el numeral uno (1) del artículo 62 del Código Procesal Penal. El vicio que se alega fue producido en el acto del debate como en la Sentencia por lo cual no ha sido posible pedir su subsanación. Por lo que pido: declarar Ha Lugar al presente motivo; se anule el debate, el fallo y la sentencia recurrida.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional.El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos en que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial.Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 89 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: violación al estado de inocencia; *Pretensión: anular el fallo condenatorio y dictar sentencia absolutoria. Alega el recurrente que en el presente proceso no se llega a establecer con plenitud, fuera de toda duda, la responsabilidad penal de la señora K.I. A. M. por el delito de extorsión. Se le detiene en posesión de una nota manuscrita sin habérsele practicado peritaje que permitiese establecer quien elaboró dicha nota; asimismo, se le decomisó un teléfono móvil y al hacérsele vaciado no se encontró ningún nexo causal con el delito imputado. También considera que los argumentos invocados por el sentenciador son pobres para sustentar un pronunciamiento de culpabilidad, y en tal sentido, considera la transgresión al estado constitucional de inocencia. Del estado material de inocencia.El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma)De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal).El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene la finalidad de descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva -que constituye su objetivo- mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable.En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”;por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado:“128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”.Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”.En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a.) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos.Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:“183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.De la coautoría Para dar respuesta al recurrente es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, siguiendo la doctrina legal sentada por este Tribunal de Justicia en las sentencias de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, del expediente SP 402-2013; de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, del expediente SP 513-2014; de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, del expediente SP 025-2013; de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince del expediente SP 229-2014; de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince del expediente SP 365-2012; de fecha diez de febrero de dos mil quince del expediente sp 235-2012, entre otros. Fernando Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614) explica que el concurso de personas en el hecho punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio, en el tema de los partícipes se estudia al cómplice, al cómplice necesario y al inductor. Ahora bien, el legislador hondureño regula la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: a. Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: el autor inmediato o material, la coautoría, autoría sucesiva, la autoría mediata por fuerza en el instrumento (no incluye la autoría mediata por error del instrumento), el inductor y el cómplice necesario; y, b. Son cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que -no siendo autores- cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste; de esta manera el legislador penal de manera muy propia redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, ya que, en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino partícipes. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre éstas está la teoría objetivo-subjetiva o mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes. Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha diecisiete de enero de dos mil trece, recaída en el expediente SP 349-09).Esta teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha once de abril de dos mil once, recaída en el expediente SP 376-09; de fecha once de abril de dos mil doce, recaída en el expediente 057-2010; de fecha once de enero de dos mil trece, recaída en el expediente SP 349-09, entre otras).Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (teoría formal objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (teoría subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio(Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anónima Editora, pag 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así, por ejemplo: la coautoría; c. Dominio de la voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la coautoría, se presenta cuando dos o más personas, con base en un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: a. Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; ejemplo: varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo;y b. Coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que -en suma- tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de teoría de la imputación recíproca. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha diez de junio de dos mil diez, recaída en el expediente SP 069-2009). c. Son requisitos para que se presente la coautoría: el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: a. Acuerdo común (pactumsceleris): es la reunión de voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás a realizar una tarea en la realización del hecho, es el acuerdo común, es el nexo subjetivo que les une; el acuerdo puede ser expreso o tácito: i. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y ii. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. b. Aporte objetivo: en los casos de co-dominio funcional del hecho el coautor debe aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y c. Aportación en la fase de ejecución: la aportación del coautor deberá realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del itercriminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que une las acciones u omisiones individuales, de modo que, en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no haya sido representada su realización como posible (Artículo 13 del Código Penal: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecutó sin que se pueda comunicar esta responsabilidad a los demás coautores; la responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal al disgregar el presente recurso, identifica que el censor del fallo considera la infracción al estado de inocencia de la señora I.A. M., en dos de sus vertientes: insuficiencia probatoria de signo incriminatorio e insuficiencia de motivación; siendo éstas las cuestiones que delimitan el objeto de la impugnación y a las cuales se les dará respuesta. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y, desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infieran razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También es criterio consolidado de la Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). La función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el a quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica. En el caso presente, el primer alegato del recurso consiste en denunciar la falta de prueba de signo incriminatorio para acreditar la responsabilidad penal de la señora I.A. M. en el delito de extorsión por el cual ha sido condenada en instancia. Argumenta el censor del fallo que, el hecho de que la señora I.A. pasaba cerca del negocio donde laboraba la presunta víctima, no es suficiente para incriminarla por dicho delito; asimismo, al no haberse practicado peritaje a la nota extorsiva a ella decomisada, no permite concluir de manera categórica que haya sido redactada por ésta, y que, además, en el vaciado telefónico no se encuentra ningún nexo causal o platicas relativas al delito de extorsión. La cuestión de la suficiencia probatoria debe evaluarse no de forma cuantitativa, como si se tratara de que entre mayor número de prueba se aporta al proceso, mayor garantía tendrá la acusación de obtener un resultado condenatorio. No es ni debe ser así evaluada la suficiencia probatoria. Debe verse desde una perspectiva cualitativa, como aquella suficiente para cumplir con los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal reprochado al autor y que conduce al juzgador a un estado intelectivo de certeza sobre la forma en cómo sucedieron los hechos objeto de juzgamiento, pues lo importante es que la prueba permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin la posibilidad de que al mismo tiempo admita verdades alternas, siendo éste el contenido del concepto de la suficiencia probatoria (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 18 de septiembre de 2018, recaída en el expediente SP 480-2014).Se presentó como prueba de cargo la declaración de la Testigo Protegido G-165, quien declaró que el día 6 de diciembre de 2013, recibió una llamada a su teléfono celular diciéndole que tenía que pagar la cantidad de veinte mil lempiras porque iban a comprar cuatro ataúdes para los “homies”, y que tenía que colaborar con las familias de ellos, cuando llamaron se identificaron como “el payaso” y “el oso”, que iban a llegar dos “hainas” a traer ese dinero; durante la llamada le hicieron fuertes amenazas mencionando a su familia y datos específicos de su persona donde indicaban que si no les pagaban, iba a pagar con su vida; cortó la llamada pero no dejaron de llamar, que volvió a contestar y esa vez fue de un número Tigo con terminación 80… le dijeron que tenía que depositar la cantidad de veinte mil lempiras a un número de cuenta a nombre de D. E. R. M. en Banco Atlántida… le dijo al agente antiextorsión que sospechaba de K.I.A., porque la había visto merodeando por el negocio y ese día que pasó frente a su negocio alertó a los policías que estaban con ella, entonces el policía le dijo que esperara, que no saliera y se fue, luego recibió una llamada de M. (agente encargado del caso) y le dijo que la habían agarrado (a K.I.A.) con una nota y luego él se la mostró (a la ofendida), la amenazaban por no contestar el teléfono y también decía que iba a pagar con su vida y la de otra persona.El Tribunal de Sentencia coligió -a partir de dicha declaración- su coincidencia con el resto del andamiaje probatorio, la consideró respaldada con la prueba testifical y documental allegada a juicio. Además, le permitió conocer las llamadas que recibió la ofendida de los números de teléfono .xxxxxxxxxxxxxx, desde donde le exigían la cantidad de veinte mil y cincuenta mil lempiras respectivamente, así como la comunicación de la testigo con el número de teléfono .xxxxxxxxx con quien logra negociar finalmente la entrega de veinte mil lempiras, pero solo deposita la cantidad de doscientos lempiras (L 200.00) en una cuenta de Banco Atlántida a nombre de D. E. R.. De igual forma, la testigo manifestó en debate la sospecha que desde un primer momento tenía de la señora K.A., quien había sido compañera de trabajo y a quien había visto cerca de su negocio el día que recibió las llamadas extorsivas. El testigo M. R. M. H., declaró que trabaja para la Fuerza Nacional Antiextorsión, es policía de investigación, se reunió con la testigo protegido G-165 y ella le manifestó la sospecha que tenía de K.A., que habían trabajado en la misma empresa, esta persona no tenía ninguna referencia de vida y al parecer tenía un hermano que era marero o pandillero, que sospechaba de ella porque los datos que le daban solo podían saberlos una persona cercana, y la única persona que había andado rondando por esos lugares era K.A., se reunió con la testigo protegido G-165 el día trece de diciembre de dos mil trece, ya que no había tomado declaración formal para asesorarla y hablar del caso, cuando está en el lugar de trabajo, la testigo protegido le dice que la persona que ella sospecha está fuera del negocio, en el parqueo anda rondando el negocio y que anda con un hombre, entonces le dijo que lo esperara y dio aviso a sus compañeros que están afuera, requieren a las personas y se identifican como policías, registró al joven J.M. R. y solo encontró llaves, documentos de motocicletas y el teléfono celular, su compañera K.G. registra a K.A., que hasta ese momento no sabían el nombre de ella, y se le decomisó un teléfono celular y en el registro personal se le encontró una nota que tenía el nombre de una persona, llama a la testigo protegido G-165 y le da el nombre que contiene la nota y dice que sí, que es la hija de ella, en la nota habían versos amenazantes…. Por otra parte, la testigo K. G. G., manifestó que es agente de investigación en la Fuerza Nacional Antiextorsión y que el día trece de diciembre de dos mil trece formaron un grupo de agentes de investigación para ir a tomarle declaración a un testigo protegido… llegando al lugar se bajó del vehículo el agente M. M. a hablar con la víctima, posteriormente el agente vino hacia ellos y les dijo que tenían que registrar a dos personas que estaban cerca del negocio de la víctima, en ese momento registró a K.A. decomisándole un teléfono celular y una nota extorsiva. Estas declaraciones el Tribunal de Sentencia las considera coincidentes con la declaración de la testigo protegido G-165 y le permite determinar que la acusada portaba un teléfono celular marca BlackBerry, color blanco con plateado, y una nota extorsiva manuscrita a papel y rayas dirigida a la víctima al contener un nombre de un pariente suyo. También se aportó como prueba pericial el vaciado al teléfono decomisado a la acusada K.A. M., marca BlackBerry, curve 9360, color blanco con plateado, con número de IMEI 352631058068889, del cual encontró relación de llamadas entre este número con los números .xxxxxx y .xxxxxxxxde los cuales salieron las llamadas de los extorsionadores de la ofendida. Dentro del apartado inferencias, se plasma que el teléfono decomisado no encuentra vinculación con el número de la víctima, pero sí con los números de los cuales la hacían las llamadas extorsivas. A partir de toda esta prueba, el Tribunal de Sentencia considera que se llega a establecer plenamente la participación de la acusada K.I.A. en la comisión del delito de extorsión, en perjuicio de la testigo protegido G-165, a título de coautora. La Sala de lo Penal considera oportuno recordarle al censor del fallo que el título de participación imputado a la acusada (coautoría), no requiere que el coautor ejecute por sí mismo el acto integrador del tipo penal, no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado. En el presente caso, es cierto que según la prueba evacuada en el proceso se acreditó que las llamadas extorsivas fueron realizadas por dos personas del sexo masculino identificados con los alias “el payaso” y “el oso”, pero también lo es el aporte objetivo y necesario para la realización del tipo penal de la señora K. A., quien además de encontrársele en poder de una nota extorsiva dirigida a la víctima, también se acreditó la fluida comunicación telefónica entre la enjuiciada y los números de teléfono desde donde se hacían las llamadas extorsivas a la víctima, lo que develó para el sentenciador el acuerdo de voluntades en la empresa delictiva, cuyo fin era la obtención ilícita de la cantidad de veinte mil lempiras en detrimento del patrimonio de la ofendida. Por otra parte, el sentenciador explica las razones de valor probatorio que les ha atribuido a cada uno de los medios de prueba, procede con rigor analítico mostrando en concreto lo que le aporta cada uno de ellos de manera conjunta como también separada. Se verifica entonces que la valoración de la prueba sirve de puente explicativo entre el contenido de los medios de prueba y los hechos probados de la sentencia, pues en el apartado valorativo se detallan los elementos fácticos que permiten construir y colegir los elementos que conforman el tipo objetivo y subjetivo reprochado a la coautora. Se concluye en definitiva por la Sala de lo Penal que no existe vulneración al estado de inocencia, pues la prueba no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con motivación suficiente y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana crítica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico, anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: 2.1 Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. 2.2Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. 2.3 Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. 2.4 Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y 2.5 Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. *Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículo 32 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: anular el fallo condenatorio y dictar sentencia absolutoria.Comienza la exposición de su recurso razonando que de los seis numerales contenidos en los hechos probados de la sentencia, únicamente en los últimos dos se nombra a la acusada K.A. M.; también cuestiona que al insertar el Tribunal de Sentencia el enunciado “Voz, hija de p…” en el hecho probado, no se sabe a qué quiso referirse, no sabe que significa esa “p”, que puede tener muchos significados. También arguye que el contenido de la nota extorsiva refiere “tu hija está muy bonita y vos también” y ese no es un mensaje extorsivo, argumenta que el hecho de que la testigo anduviera cerca del negocio donde laboraba la testigo protegido G-165 no acredita nada pues se trata de un lugar público. Considera que la valoración probatoria es contradictoria con el pronunciamiento de culpabilidad pues resulta notorio que no se logró acreditar la finalidad perseguida y debió dictarse un fallo absolutorio. De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente entremezcla alegatos que parten de los hechos probados de la sentencia y otros que atañen al proceso valorativo de la prueba, apartándose constantemente de la base fáctica de la sentencia. Considera que el sentenciador valoró de manera equívoca la declaración testifical de la señora K. G. G. y el dictamen pericial elaborado por el señor E.A.M. M. Así también reprocha que únicamente en dos de los seis numerales de los hechos probados de la sentencia se menciona a su patrocinada. Estos argumentos carecen de buena técnica recursiva, pues no hay un abordaje analítico y comparativo entre la base fáctica de la sentencia, el precepto penal sustantivo citado como infringido por su aplicación indebida, que resulte en un fallo errado de la sentencia. Los argumentos no se circunscriben a la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. A partir de lo expuesto, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto tomando en consideración cuestiones que rebasan lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada y más parecen una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la realizada por el juzgador. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362.1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: por no ser claros y terminantes los hechos probados de la sentencia. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo. *Pretensión: anular la sentencia recurrida.El argumento recursivo gravita en cuestionar que el hecho probado quinto de la sentencia no es claro y terminante, pues en el mismo se dice que a K.A. M., se le encontró una nota extorsiva en una bolsa de su pantalón y que en la misma decía: “… voz hija de la gran p…” “…tu hija está muy linda y vos también…”, y que estas frases no entrañan una amenaza, violencia o intimidación para la testigo protegido. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate, y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de fondo: a. Precisos: Los hechos probados deben ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, serán estos los hechos que deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que, si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (ver sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp 129-2009); Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); 3. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores no deben hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los juzgadores deben hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirán como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1.Que en el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o, si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Después de analizar el recurso interpuesto, la Sala de lo Penal identifica que -tal como lo denuncia el censor del fallo- el hecho probado quinto de la sentencia es falto de claridad, más esa deficiencia no tiene la entidad suficiente como para no permitir subsumir los hechos probados en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva seleccionada por el juzgador.La Sala de lo Penal destaca que el vicio denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que, por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas a consecuencia de la ambigüedad del relato. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal, que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determine una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio; es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestiofacti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”.A partir de lo expuesto, y al analizar el hecho probado quinto de la sentencia, se desprende en su parte final que a la acusada K.A. M. “…se le encontró una nota extorsiva, en una hoja de papel a rayas manuscrita, que contenía el nombre de uno de los familiares de la testigo protegido “G165” donde decía “voz hija de la gran p.… contesta el teléfono porque ya sabemos dónde vivís y tu hija está muy bonita y vos también…”. Como vemos, la nota manuscrita dirigida a la víctima no fue descrita en su contenido de manera literal por el sentenciador, lo que representa una falencia en la construcción de los hechos probados, más como se refirió anteriormente, el defecto no tiene la entidad suficiente como para no permitir subsumir los hechos probados en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva seleccionada por el juzgador, pues también en el fáctum se describe que entre el celular decomisado a K.A. M. y los números .xxxxxxx y .xxxxxx (de los cuales la testigo protegido recibió las llamadas extorsivas), existía una comunicación fluida que develó para el juzgador el acuerdo suscrito entre la acusada y aquéllos que le exigieron bajo amenazas a la ofendida la cantidad de veinte mil lempiras para la mara 18. Por esa razón, el motivo no es de recibo. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado M. de J. A., en su condición de defensor privado de la señora K.A. M.; 2); Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado M. de J. A., en su condición de defensor privado de la señora K.A. M.; 3) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el abogado M. de J.A., en su condición de defensor privado de la señora K.A. M.; 4) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-238-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.