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Sentencia CP-233-16 — Registro 9688

Resumen

en primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. En segunda instancia se confirmó la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público carece de buena técnica recursiva y debe ser desestimado. Aún y cuando en el escrito del recurso se identifica como infringida la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, en su desarrollo no se explica de forma clara y precisa, cuál es el apartado valorativo formulado por el juzgador que quebranta la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal es del criterio que cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor del fallo debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). En el caso actual, el Ministerio Público interpone un recurso en el que no identifica qué postulado intelectivo de la valoración de la prueba es malogrado por infringir la regla de la lógica de derivación, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como que con la prueba de cargo se acreditan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de malversación de caudales públicos y la participación directa del señor H. N. P., así como que -a criterio del Ministerio Público- se violentaron en todos sus alcances las reglas de la sana crítica. Estos argumentos no tienen ni la potencia ni la capacidad para que la Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica, en concreto, de la regla lógica de derivación. Lo que evidencia el escrito del recurso es más una invitación a que la Sala de lo Penal realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, función que compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad probatoria. Sobre esta base, la Sala de lo Penal no tiene duda que la recurrente presenta queja sobre la valoración. no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el acusador público.Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el presente motivo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 233-2016, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Absolver al señor H. N. P. H., por suponerlo responsable del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. No procede el comiso. Tercero: No procede declarar la responsabilidad civil del señor H. N. P. H.. Cuarto: Se ordena extender la carta de libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, la Abogada D. E. R.C., fiscal del Ministerio Público.Son partes en única instancia: La Abogada D. E. R.C., fiscal del Ministerio Público, como recurrente; y la Abogada C. V. L.., defensora pública, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“Este Tribunal de Sentencia una vez valorada la totalidad de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica declara terminantemente como probado los siguientes hechos: PRIMERO: En fecha 19 de abril del año 2005, la Licenciada M. del M. S. L., en su condición de miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), emitió el acuerdo número 03-CI-05, donde se nombra al señor H. N. P. H., en el cargo de administrador en el Centro de Internamiento Renaciendo, ubicado en el Valle de Támara, Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: En fecha 18 de julio del año 2007, se presentó requerimiento fiscal en contra del señor H. N. P. H., por el delito de malversación de caudales públicos, en perjuicio de la Administración Pública.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS.La recurrente, Abogada D. E. R. C., fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. MOTIVO UNICO: Que, al haber dictado el Juzgador, sentencia absolutoria por el delito de Malversación de Caudales Públicos a favor de H. N. P. H., lo hizo valorando la prueba inobservando las Reglas de la Sana Crítica, del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al examinar la sentencia ya referida, observamos que adolece de vicio in procedendo, pues infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Este precepto determina el principio de libertad de valoración de la prueba, en el cual el Juzgador a efecto de dictar sentencia tomará en cuenta la prueba evacuada durante el juicio, las que deberán ser apreciadas en forma conjunta y de acuerdo a las reglas de la Sana Crítica; y en el caso que nos ocupa, el juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria en fecha diecinueve (19) de Enero del Dos Mil Dieciséis (2016), respecto al imputado H. N. P. H., lo hizo vulnerando la Regla Lógica, en su apartado de razón suficiente y su característica de Suficiencia, de la manera que a continuación desarrollamos: El A quo estimó como hechos probados, los que a continuación se transcriben: PRIMERO: En fecha 19 de abril del año 2005, la licenciada M. del M. S. L., en su condición de miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), emitió acuerdo número 03-CI-05, donde se nombra al señor H. N. P. H., en el cargo de Administrador en el Centro de Internamiento Renaciendo, ubicado en el Valle de Támara Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: En fecha 18 de julio del año 2007, se presentó requerimiento fiscal en contra del señor H. N. P. H., por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la Administración Pública. El Tribunal asevera en el apartado de Fundamentación Jurídica de la sentencia en estudio, que no se acredita el delito de Malversación de Caudales Públicos, consignado en el artículo 370 del Código Penal; en el numeral tercero párrafo segundo del acápite de fundamentación jurídica que refiere” que el ente acusador a pesar de haber abierto este caso, hace más de siete años, que el acusado de forma activa y directa se haya apropiado de dinero o bienes dados a él para su administración o que éstos hayan sido utilizados para otro fin, si la prueba de cargo a resultado insuficiente e inexistente para estimar el Tribunal de Sentencia la culpabilidad a título de autor directo del señor H. N. P. H., ya que existen diferencias entre las actividades propias del mal administrador y el delito de Malversación propiamente dicho” Para el juzgador lo que probó el Ministerio Público fueron dos cosas que el señor H. N. P. H. efectivamente mantuvo una relación laboral con el Instituto de la Niñez y de la Familia (IHNFA) y por otro lado que en el año dos mil siete presentó una acusación formal ante los Tribunales de la República. Considerando el órgano Jurisdiccional en resumen que la prueba no fue suficiente para enervar el estado de inocencia del acusado por el delito antes indicado. De lo anterior cabe citar entonces, que la razón por la cual el Tribunal de Sentencia, absuelve al encartado, es porque considera que el material probatorio con el cual se pretendió establecer la responsabilidad penal del enjuiciado en los hechos objeto de procesamiento, por los cuales resultó absuelto el enjuiciado fueron insuficientes para comprobar los cargos formulados por el Ministerio Público. Con el proceso intelectivo supra indicado se hace patente que el Juzgador únicamente se enfoque en señalar “que la prueba desfilada en juicio no reflejó los hechos atribuidos al acusado”; sin embargo, nuestra Norma Adjetiva le manda que debe ir más allá, debiendo revisar y valorar en toda su magnitud la probanza allegada al juicio en su conjunto y de manera armónica; mandamiento que es ratificado por la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia al establecer que “…la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha l6/noviembre/2009. Para poder apreciar la valoración por parte del Tribunal sentenciador, debemos indicar que durante la audiencia de debate presentó como prueba de cargo, la siguiente: PRUEBA DOCUMENTAL. 1. Informe Auditoría Interna OF-AUI-02-2006 Realizado y ratificado por el señor H. C. H. Z., en el cual se establece que señor H. P. ex administrador del Centro Pedagógico Renaciendo durante el período del 15 de abril al 15 de septiembre del 2005; imputado debía devolver la cantidad de (59,901.50) lempiras por concepto de manejo de su administración y deberá rembolsar la cantidad de 882 lempiras y subsanar un cheque número 10027 por la cantidad de 5,000 lempiras a devolver esa cantidad. 2. Certificación de fecha 18 de junio del año 2007, emitida por el Secretario General interino licenciado A. H. A. dando fe de la autenticidad de varios documentos entre ellos: • EL acta N°UAI-002-2006 de fecha 13 de diciembre del año 2006, en el cual consta un compromiso de pago por un faltante de 3,318.00 por parte del señor H. N. P.. 3.- Nota de fecha 29 de septiembre del año 2005, en la cual se informa la licenciada C. R. Gerente Administrativa y financiera del (IHNFA) que el señor N. P. le adeudaba la cantidad de dos mil cuatrocientos treinta y seis (2,436.00) por la compra de un cerdo. 4.- Nota de fecha 30 de septiembre del año 2005, en la cual el señor H. C. H. Z. la dirige al abogado A. R.M. Director Ejecutivo del IHNFA y donde destaca: que ha existido manejo irregular de los fondos asignados al acusado como administrador del Centro Renacimiento. Encontrando las siguientes inconsistencias: • en las facturas de Comercial Oriental por un monto de 12,016 lempiras. • Carnicería San Marqueña, Por un monto de 11,986.00 y por otro valor de 22,015.00. •El señor N. P. tenía deudas con proveedores comercial por un monto de 18.086 y • por productos no facturados por un monto de 32,654 lempiras • facturas no pagadas por un monto de 22,025.00 y 42,175.00 haciendo un total de 77,265.50 LEMPIRAS. Concluyendo que se encontró un faltante de 19,811 lempiras. 5.- Constancia de fecha 28 de diciembre del 2008 firmada por el señor J. A. C. del Departamento de Contabilidad del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia en la cual se establece que el señor H. N. P. tiene un saldo pendiente por liquidar de 3,318 lempiras en cuentas por cobrar número 11215220. 6. Acta de Conciliación número UAI-2-2006, de fecha 13 de diciembre del 2006 en la cual se establece que se llegó a un acuerdo conciliatorio con el acusado por la cantidad de3,318.80 lempiras para que pudieran ser deducidos de sus derechos irrenunciables. 7. COPIA CERTIFICADA DE LA ACCIÓN DE PERSONAL con la cuáles constata que el encausado era administrador del Centro Pedagógico Renaciendo, quien devenga un salario de 10,000.00 mensuales. PRUEBA PERICIAL. 1.-Dos informes, de fecha 11 de agosto y un segundo informe de fecha 10 de diciembre del 2005, ratificados por las perito E. E. O.. P. Y C. R. M.. El primer informe abarca de la fecha del 15 de abril al 4 de agosto del 2005, haciendo referencia a las deudas que tenía pendiente el encausado como ser la señora C. R. C. quien era la persona que proveía las tortillas al centro. El señor F. C.L. que tenía con él un saldo pendiente de 25,639, En cuanto al señor J. DE J. B. propietario de la Carnicería San Marqueña una deuda de 14,940.00 y con el señor A. D. N. adujo que debía la cantidad 14,160.00 y con el señor R. O. de la bodega García éste estableció una deuda de 8,231.00 lempiras 2.- el segundo informe abarca la auditoría del período comprendido entre el veinte de abril al 30 de septiembre del año 2005, por denuncia número 23049- 2005, en la que detallen nueve cheque donde se constata que se le entrega el dinero al acusado y luego eran liquidados. Según refiere este informe los proveedores se apersonaron al IHNFA presentando facturas pendientes de crédito facilitados al encausado. Dentro de los proveedores se encontraban: Comercial oriental propietario F. C. L. y se le canceló una deuda de 17,69.00 lempiras y manifestó además el señor L. que no se le cancelaron valores de fechas, 2, 5, 8,16 y 24 de septiembre y correspondía a créditos de abarrotería candados de bronce y huevos. R. A. V. G. se le canceló la cantidad de 14,880 lempiras con cheque número 12443 de fecha 11 de septiembre de 2005. Concluyendo dicho informe que el señor H. N. P. tiene pendiente por liquidar al IHNFA La cantidad de 882.00 lempiras correspondientes al cheque número 111110673 de fecha 19 de agosto del año 2005. Igualmente, por concepto de créditos de carnes al complejo Pedagógico Jalteva por un monto de 2,436.00 lempiras. 3.- informe de fecha ocho de marzo del año dos mil siete elaborado por el señor J. C. G. de la Unidad de Análisis y seguimientos de caso de la Fiscalía contra la Corrupción y donde se destaca entre otras: “la deuda que está bajo la responsabilidad del imputado y que fue cancelada por el IHNFA asciende a 17,659.00 lempiras. La parte defensora como probanza de descargo presentó: Autorización del señor H. N. P. H. en la que acepta que tiene una deuda por la cantidad de tres mil trescientos dieciocho (3,318,00) lempiras con el Centro Renaciendo y autoriza para que dicho monto sea debitado de sus prestaciones laborables. El Tribunal de Sentencia le restó valía a la prueba ofertada y evacuada en juicio por el ente acusador para acreditar la participación del acusado en el delito, más sin embargo y en consonancia a lo establecido en el artículo 370 del Código Penal, se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos del delito de Malversación de Caudales Públicos Y en relación a este delito; el Tribunal establece que no quedó probado que el acusado de forma activa y directa se haya apropiado de dinero o bienes dados a él para su administración o que éstos hayan sido utilizados para otro fin, si la prueba de cargo a resultado insuficiente e inexistente para estimar el Tribunal de Sentencia la Culpabilidad a título de autor directo del señor H. N. P. H. ya que existen diferencias entre las actividades propias del mal administrador y el delito de malversación propiamente dicho. Más sin embargo esta circunstancia quedó acreditado con la prueba de cargo aportada por el ente fiscal, que el Señor H. N. P. H., efectivamente se apropió de la cantidad de 17,659.00 lempiras cuyo origen era del caudal público entregado para su administración. El A quo, al haber concluido que al acusado no es responsable de la acciones delictivas que le ha imputado el Ministerio Público, vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de Suficiencia, que exige que el proceso intelectivo de valoración de las probanzas se fundamente en una serie de inferencias que se desprendan del contenido de dichas probanzas y cuyo cúmulo indefectiblemente desembocan en una conclusión de absolver o condenar al enjuiciado; pues de la prueba evacuada se desprende que el señor H. N. P. MALVERSÓ CAUDALES PÚBICOS QUE EL ADMINISTRABA EN EL CENTRO RENACIMIENTO; siendo evidente que con el andamiaje probatorio se acreditó, que el procesado ha tenido participación en el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS 370, en relación con el 32 del Código Penal vigente; por tanto tal y como lo hemos venido señalando, si el juzgador hubiese valorado la prueba de conformidad a lo establecido en el artículo 202 del CPP el fallo ahora cuestionado, sería totalmente contrario, siendo indiscutible el quebranto a la regla de derivación en su apartado de suficiencia. En relación con lo anterior y sobre los requisitos objetivos y subjetivos del delito de Malversación de Caudales Públicos, llamamos la atención de la sentencia de fecha 15 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Supremo Español, particularmente sobre la facultad decisoria que tiene el funcionario sobre los bienes sometidos a su cuidado, la supra referida sentencia expresa lo siguiente: “CUARTO.- (...) Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1374/2009, de 29 de diciembre, que el delito de malversación de caudales públicos requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) El autor debe ser funcionario público en los términos del art. 24 del Código Penal o resultar asimilado a la condición de funcionario por la vía del art.435. b) Como segundo elemento, de naturaleza objetiva, los efectos o caudales, en todo caso de naturaleza mueble, han de ser públicos, es decir, deben pertenecer y formar parte de los bienes propios de la Administración Pública, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de la misma. c) El tercer elemento se refiere a la especial situación en que debe encontrarse el funcionario respecto de tales caudales o efectos públicos. Estos deben estar “... a su cargo por razón de sus funciones…”,dice el propio tipo penal. La jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el requisito de la facultad decisoria del funcionario sobre los bienes en el sentido de no requerir que las disposiciones legales o reglamentarias que disciplinan las facultades del funcionario le atribuyan específicamente tal cometido (SSTS 2193/2002, de 26-12, y 875/2002, de 16-5) refiriéndose a las funciones efectivamente desempeñadas (STS 1840/2001, de 19-9). d)Como cuarto y último elemento, la acción punible a realizar consiste en “straer o consentir que otro sustraiga” lo que equivale a una comisión activa o meramente omisiva -quebrantamiento del deber de impedir que equivale a una apropiación sin ánimo de reintegro, lo que tiñe la acción como esencialmente dolosa - elemento subjetivo del tipo-, y una actuación en la que ahora el tipo incluye el ánimo de lucro se identifica, como en los restantes delitos de apropiación, con el animus rem sibihabendi, que no exige necesariamente enriquecimiento, sino que, como esta Sala viene señalando desde antiguo, es suficiente con que el autor haya querido tener los objetos ajenos bajo su personal dominio (STS. 1514/2003 de 17.11). Bien entendido que el tipo no exige como elemento del mismo el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existe aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero (SSTS.1404/99, de 11-10 y 310/2003, de 7-3)[1].(Lo resaltado es nuestro). “Tercero: Que si bien el referido tipo penal está comprendido entre los delitos contra la Administración Pública, no tutela el patrimonio administrado por el funcionario o servidor público, sino propiamente la legalidad del ejercicio de la función pública y busca asegurar los deberes de lealtad institucional y probidad funcional, de suerte que se sanciona la trasgresión de los roles especiales de negociación y representación pública de los funcionarios y servidores públicos que intervienen, directa o indirectamente, en cualquier contrato u operación por razón de su cargo - principio de taxatividad-; que el sustento de la prohibición no está en la generación de un perjuicio patrimonial al Estado sino en el irregular desempeño funcional y, por ende, cuando el tipo penal alude como plausible de su comisión a los funcionarios o servidores públicos que, indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesan, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que intervienen por razón de su cargo, se refiere a aquellos designados como miembros de un comité especial de contratación pública, mediante resolución expresa, los mismos que son los responsables de conducir todo el proceso contractual hasta la entrega de la buena pro. Cuarto: Que el ámbito de aplicación del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo abarca todos los procedimientos de un proceso de contratación pública que concluye con el consentimiento y otorgamiento de la buena pro, en los que se ha de observar los aspectos técnicos contemplados en las bases administrativas;…”[2]En consecuencia, el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio, que se violentaron en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que debe observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal, dejando de lado la valoración de prueba de una manera armónica y concatenada, pues se dedica a efectuar apreciaciones que se encuentran fuera del marco legal, ya que las declaraciones de los testigos fueron complementarias entre sí en relación a establecer la participación del acusado en los hechos; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto de la sentencia.”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: Darle el curso legal correspondiente. La fiscalía del Ministerio Público inicia su recurso en una cita a los hechos probados de la sentencia; asimismo, cita los medios de prueba evacuados en juicio y resalta lo más relevante de su contenido. Luego expone que el Tribunal de Sentencia al no haber condenado por el delito de malversación de caudales públicos al acusado, después de haberse acreditado su participación directa con la prueba de cargo anteriormente enumerada, infringió la regla lógica de la derivación en su apartado de suficiencia. Finalmente, cita jurisprudencia de la Sala de lo Penal concerniente al tipo penal de malversación de caudales públicos. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal).En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp. 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp. 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así.2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y,3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público carece de buena técnica recursiva y debe ser desestimado. Aún y cuando en el escrito del recurso se identifica como infringida la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, en su desarrollo no se explica de forma clara y precisa, cuál es el apartado valorativo formulado por el juzgador que quebranta la regla lógica de derivación. La Sala de lo Penal es del criterio que cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor del fallo debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). En el caso actual, el Ministerio Público interpone un recurso en el que no identifica qué postulado intelectivo de la valoración de la prueba es malogrado por infringir la regla de la lógica de derivación, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como que con la prueba de cargo se acreditan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de malversación de caudales públicos y la participación directa del señor H. N. P., así como que -a criterio del Ministerio Público- se violentaron en todos sus alcances las reglas de la sana crítica. Estos argumentos no tienen ni la potencia ni la capacidad para que la Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica, en concreto, de la regla lógica de derivación. Lo que evidencia el escrito del recurso es más una invitación a que la Sala de lo Penal realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, función que compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad probatoria. Sobre esta base, la Sala de lo Penal no tiene duda que la recurrente presenta queja sobre la valoración. no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino una queja de que la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía el acusador público. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el presente motivo. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en único motivo, interpuesto por el Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.Y MANDA: Con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-233-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]http://lawcenter.es/w/blog/view/1774/delito-de-malversacion-de-caudales-publicos .

[2] Alex.com.pe/vid/-472519390_ga=1.80048919.1274921248.1445605423