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Sentencia CP-232-15 — Registro 9767

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de violación, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso es improcedente dado su mal planteamiento que deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el objeto de la impugnación, pues en ninguna parte de su recurso define cual es el concepto de la infracción que se denuncia, lo que impide poder dar una respuesta. El recurso inicia citando una norma constitucional como infringida, sin establecer que derechos fundamentales considera se encuentran en tales normas, mucho menos sin explicar ni demostrar la existencia de disparidad entre el contenido de la normas con lo resuelto por el Tribunal; tampoco el Censor señala cual es la pretensión que se persigue con el recurso, si es un reenvío por anulación de debate o una sentencia directa de fondo por esta Corte Suprema de Justicia, y en este último caso, en qué sentido. El Censor debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar. La exposición de opiniones no constituye un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del Censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencia de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el concepto de la infracción ha sido infructuoso, pues el planteamiento es huérfano de sentido, debiendo declararse sin lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. - Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que si bien señaló la norma sustantiva que supuestamente no aplicó el juzgador, al momento de desarrollar su recurso, expresó con qué medios de prueba se acredita el tipo penal de Violación, que se violentó las Reglas de la Sana Crítica y el principio de contradicción, estos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la aplicación o interpretación de normas sustantivas, aunando a ello, denunció aspectos ajenos a la redacción del hecho probado, como ser “haberse convocado a las partes para escuchar una resolución en la ciudad de Choluteca, tres días después de haberse concluido el debate, lo cual fue denunciado por el Recurrente ante Inspectoría de Tribunales”. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. - Primer Motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 y 338 numeral 2 de la regla cuarta del Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción Expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. • Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: No determinado por el Censor; • Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. El Censor denuncia inobservancia a la valoración de la prueba, describe en que consiste la fundamentación probatoria, señalando sutilmente la regla lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, para concluir que la sentencia cuestionada contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana critica, sin detallar cual es el vicio grave. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica. Es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. i. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: i. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El recurso de casación es improcedente debido a su mal planteamiento, que deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el concepto de la infracción, es decir, cuál es la regla de la sana crítica infringida; si bien en una parte del recurso identifica sutilmente la regla lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, tampoco es menos cierto, que identifica además la psicología y la experiencia común, lo que impide poder hacer una auditoría del proceso valorativo seguido por el Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba. De los alegatos en el recurso, no permite en manera alguna encuadrar vicio alguno, nada dice si el razonamiento judicial infringe la regla de la psicología, la regla de la experiencia o la regla de lógica, ni en qué forma. Entonces el recurrente no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de una regla integrante de la sana crítica, sino porque está inconforme con el razonamiento intelectivo. Así las cosas, no habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuál es el contraste entre el razonamiento judicial y las reglas de la sana crítica, ni por qué, pues solo se cuenta con el señalamiento de haberse inobservado las reglas de la sana crítica, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende, sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. - Interpuesto por Defensa Privada. Segundo Motivo. *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por el Recurrente. *Concepto de la Infracción Expuesto: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: No descrita por el Censor; *Pretensión: Sin determinar por el Pretensor. Señala el Pretensor que el A-quo excluyó como prueba documental una evaluación médica de una clínica privada y no así una evaluación de un médico forense y solo con la declaración de la señora K. E. R. y la ofendida W. M. P. E. la cual es contradictoria y de una manera parcializada y personalizada..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso de casación es improcedente debido a su mal planteamiento, que deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el concepto de la infracción, es decir, cuál es la regla de la sana crítica infringida; si bien en una parte del recurso identifica sutilmente la regla lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, tampoco es menos cierto, que identifica además la psicología y la experiencia común, lo que impide poder hacer una auditoría del proceso valorativo seguido por el Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba. De los alegatos en el recurso, no permite en manera alguna encuadrar vicio alguno, nada dice si el razonamiento judicial infringe la regla de la psicología, la regla de la experiencia o la regla de lógica, ni en qué forma. Entonces el recurrente no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de una regla integrante de la sana crítica, sino porque está inconforme con el razonamiento intelectivo. Así las cosas, no habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuál es el contraste entre el razonamiento judicial y las reglas de la sana crítica, ni por qué, pues solo se cuenta con el señalamiento de haberse inobservado las reglas de la sana crítica, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende, sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. - Interpuesto por Defensa Privada..."

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Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “

SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos días del mes de abril del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Condenando al señor S. D. D. M. como autor del delito de Violación en perjuicio de la joven W. M. P. E. a la pena de doce años de reclusión. Segundo: Condenar al señor S. D. D. M. a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Declarar la Responsabilidad Civil del condenado S. D. D. M. Cuarto: Exonera a S. D. D. M. del pago de las costas procesales, personales, así como los gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley o Doctrina Legal y Quebrantamiento de Forma, el Abogado J. M. A. Á. en su condición de Defensor Privado del señor S. D. D. M. Son Partes En Única Instancia: El Abogado J. M. A. Á. Defensor Privado en su condición de Recurrente y la Abogada E. P. B. Agente Fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El 30 de agosto, año 2006, a eso de las seis de la tarde en la aldea Las Pilas, jurisdicción del municipio El Triunfo, la joven W. M. P. de dieciséis años, salió de su casa de habitación en compañía de su hermano M. y de su madre, la señora C. E. R., con rumbo al municipio El Triunfo, donde se desarrollaba una feria. SEGUNDO: Ya en la feria, W. M. se dedicó a bailar con amigos y familiares, manteniéndose siempre cercana a su madre. TERCERO: A eso de las once de la noche, la joven W. M. decidió tomar un descanso, por lo que se acercó a una acera de la calle para ajustarse las sandalias que le causaban incomodidad, siendo abordada en ese momento por el señor S. D. D. quien se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas. CUARTO: Al acercarse S. D. a W. le dijo que lo acompañara a un salón, manifestándole W. que no lo podía acompañar, por lo que S. D. sacó de entre sus ropas un arma de fuego y tomando de un brazo a W. le dijo “si no me acompañas, te voy a disparar”. QUINTO: S. D. con un arma en mano obligó a W. M. a caminar durante cuarenta minutos por sitios oscuros, hasta llegar en la madrugada del 31 de agosto a su vivienda, ubicada en la aldea El Cauguano, jurisdicción del municipio El Triunfo, SEXTO: Una vez en la vivienda, S. D. la llevó a W. M. a una habitación donde primero intentó que inhalara por la nariz un polvo blanco, y al negarse la joven, S. D. la obligó a desnudarse, procediendo a golpearla para luego penetrarla vaginalmente con su pene. SEPTIMO: Luego de consumar el acto sexual, S. D. se quedó dormido sobre W. M. quien como pudo logró quitárselo de encima, aprovechando para escapar de la vivienda, siendo auxiliada en el camino por un amigo, quien la condujo de regreso hasta su casa de habitación, donde le contó lo ocurrido a su madre, procediendo ésta a denunciar el hecho ante las autoridades competentes. OCTAVO: Con la evaluación médica practicada a W. M. P. se encontraron hallazgos, tales como hematomas en el cuello, brazos, espalda y cabeza de la paciente; asimismo, el examen ginecológico, evidenció desgarro vaginal con secreción abundante, sugestivo de infección de transmisión sexual secundaria a la relación sexual.” RECURSO DE CASACIÓN. - MOTIVOS Y ARGUMENTOS “RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. – PRIMER MOTIVO: Infracción por violación del artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 198 de Código Procesal Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos constitucionales y procesales citados como infringidos por violación textualmente dice: Artículo 90 Constitucional: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece...”. Artículo 198 del Código Procesal Penal: “La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código”. En consonancia con los hechos estimados y declarados probados de la sentencia ahora recurrida, ese Tribunal condenó al ciudadano S. D. D. M. del delito de VIOLACION en perjuicio de W. M. P. E. partiendo el Tribunal que si interpuso una pena en el cual no se reunían los requisitos del tipo penal de violación ya que hubieron muchas falencias en el presente juicio y únicamente se tomó en cuenta declaraciones testificales y no así pruebas científicas que se acreditaran el aporte o donde se estableciera una relación y una sustentación de los hechos probados por parte de tal como lo establece nuestro nuevo Código Procesal Penal por lo que así se violentaron garantías constitucionales que es al derecho a La Libertad y no tomando en cuenta así un principio que es fundamental que es el criterio que establece es decir la duda razonable que es un principio que debe favorecer al reo o procesado por lo que este tribunal omitió una serie de criterios que eran claros y contundentes a favor del encausado y más bien ese día del juicio el día 18 y 21 de junio del año 2012 cabe mencionar honorable magistrado que el juicio se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa y no así en la ciudad de Choluteca y que aparentemente los hechos en que el Ministerio Público pretendía hacer creer al tribunal tenían una relación de fecha 30 de agosto del año 2006 ya que en sus hechos decía que había salido con su madre para asistir a una fiesta en el Municipio del Triunfo y asistió y a eso de las 11 de la noche el señor S. D. se le acerco pidiéndole que la acompañara situación ésta que el señor S. D. le sacó una arma de fuego amenazándola y la tomó del brazo y la condujo fuerte y obligándola a caminar una hora hasta llegar a la casa de la aldea el CAGUANO donde, intentó obligarla a ingerir un polvo por la nariz y al no lograrlo la obligó a desnudarse golpeando su cuerpo para someterla hasta lograr penetrarla vaginalmente con su pene, el señor S. D. quien andaba en estado de ebriedad después de consumar la agresión sexual se quedó dormido situación ésta que aprovechó para escaparse de la vivienda hasta llegar a la casa de su madre a quien le contó lo sucedido, por lo que denunciaron el hecho a la autoridad manifestando el señor S. D. que todo ésto no era cierto por su parte la defensa en sus conclusiones manifestó que no hay explicación de entender que si hubo una violación ya que hubo un largo recorrido y que la ofendida perfectamente pudo escapar y además el dictamen a que se refiere la secreción abundante por lo que la madre de W. dijo que hacia 20 días se había ido con otro hombre y cuando a su representado S. reconoce que la llevó a su casa y que no le hizo nada que al no haber evaluación psicológica no hay certeza psicológica de daños psicológicos igualmente no hay documento original de la constancia médica y el doctor no recuerda datos sobre la violación no se desconoce que hubo un hecho pero no hay manera de inculpar a su representado, la declaración de W. se contradice con la declaración de su madre.” “INFRACCION DE LEY. SEGUNDO MOTIVO: Infracción, por falta de aplicación del artículo 140 del Código Penal establece el acceso carnal mediante amenazas a otra persona o a su cónyuge y esta violación, debe ser acreditada mediante una evaluación psicológica aparte de un dictamen médico legal pero del Ministerio Público y no así en el caso que nos ocupa que lo que acreditó el Ministerio Público era una evaluación de una clínica privada el cual todo ésto violenta las reglas de la sana crítica y además el principio de contradicción y el artículo 200 del Código Procesal Penal que establece prueba ilícita o inexistente ya que esta prueba vulnera todo y cada uno del derecho penal en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo invocado como infringido, prescribe. Que Comete el delito de violación quien mediante violencia o intimidación contra una persona o a su conyugue utilice algún medio de fuerza y que esto restrinja la libertad de la persona pero que todos estos elementos y en el caso específico de la violación no solo basta que la víctima o el ofendido manifieste que una persona le haya cometido daño sino que todos éstos elementos deben ser aportados mediante pruebas científicas donde se haya constatado tales extremos o versiones ya que no se trata de un simple hecho se trata de la comisión de un delito como tal y se debe sustentar todos estos extremos y no cometer esta barbaridad de fallos como lo han elaborado el juez C. Q. , I. M. Y G. E. que solo en el pensamiento de ellos y con todo respeto se les ocurrió emitir una sentencia condenatoria en contra del ciudadano S. D. D. M. y lo más grave del asunto es que ellos no admiten sus errores procesales cuando los jueces de las salas manifiesta el Código Procesal Penal se retiraran para deliberar y no así como lo hicieron en el presente caso que convocaron a las partes para escuchar una resolución en la ciudad de Choluteca, tres días después de haberse concluido el debate acto que la defensa denunció en su momento oportuno ante la Inspectoría de Tribunales pero no fue tomado en cuenta porque ellos manipularon toda la información que era fidedigna no siendo posible así ya que muchas veces existen grupos que en si se protegen a sus propios intereses y no cumpliendo el mandato que la Constitución de la República establece que es cumplir, hacer cumplir el desarrollo del principio y las leyes de nuestro país.” “Por Quebrantamiento de Forma: TERCER MOTIVO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad al que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar porqué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, porqué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica, entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia condicional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, a la que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Artículos 202 y 336 Código Procesal Penal y que recalca el Artículo 338, sección cuarta, numeral 2 (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”.- Para ello, la motivación debe ser “CONCORDANTE”: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. De tal suerte, y como lo sostiene la Ley de la Razón Suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otra u otras pruebas. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: En el presente proceso el Tribunal de Sentencia no derivó razonablemente las pruebas presentadas en el juicio, ya que con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, la parte acusadora aporta como prueba testimonial, las declaraciones de los testigos de Cargo siguientes: II. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: CUARTO MOTIVO: Por haber el sentenciador excluido prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. En fecha 18 y 21 de junio del año 2012 donde se desarrolló un juicio oral y público donde el honorable Tribunal de Sentencia no deliberó de manera inmediata si no que esperó tres días para emitir su resolución y lo más grave de todo sin la presencia del imputado sino que únicamente la presencia de su defensor el cual se negó a firmar esa resolución ya que los jueces habían cometido una arbitrariedad En consecuencia el Tribunal de sentencia excluye en el Juicio Oral y Público los siguientes medios de Prueba: 2.-) UNICAMENTE como prueba documental una evaluación médica de una clínica privada y no así una evaluación de un médico forense que el que según la ley ostenta esta responsabilidad legal. 6.-Unicamente la declaración de la señora K. E. R. y la ofendida W. M. P. E. y que cuya declaración es contradictoria y de una manera parcializada y con el ánimo de personalizar su declaración.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley solo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. *Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Civil. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 198 del Código Procesal Penal Vigente. *Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso; y, *Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por el Censor; *Pretensión: No determinado por el Censor. El Censor denuncia en el desarrollo de su recurso, que el Tribunal Sentenciador interpuso una pena en la cual no se reunían los requisitos del tipo penal de violación, al haber muchas falencias en el juicio, sin que el censor describiera a que falencias se refería; de igual manera describió el Recurrente que los sentenciadores valoraron la condena solo con declaraciones testificales, por lo que ante ausencia de prueba científica, a criterio del Censor se violentaron garantías constitucionales. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso, invocada por el Pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de A. G. Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez -además de respetar las formas procesales- reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- Derecho a un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- Derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respete el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - El Recurso es improcedente dado su mal planteamiento que deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el objeto de la impugnación, pues en ninguna parte de su recurso define cual es el concepto de la infracción que se denuncia, lo que impide poder dar una respuesta. El recurso inicia citando una norma constitucional como infringida, sin establecer que derechos fundamentales considera se encuentran en tales normas, mucho menos sin explicar ni demostrar la existencia de disparidad entre el contenido de la normas con lo resuelto por el Tribunal; tampoco el Censor señala cual es la pretensión que se persigue con el recurso, si es un reenvío por anulación de debate o una sentencia directa de fondo por esta Corte Suprema de Justicia, y en este último caso, en qué sentido. El Censor debe tener presente que la mera cita de artículos no satisface la necesidad de una explicación clara del vicio que se pretende denunciar. La exposición de opiniones no constituye un correcto planteamiento, pues no se trata de exponer la disparidad entre el criterio del Censor con respecto a lo que resolvió el Tribunal de Sentencia, sino que la disparidad entre el contenido, alcances y consecuencia de un derecho fundamental y lo dispuesto por el Tribunal de Justicia que acarrea como consecuencia su indebida violación. En resumen, el esfuerzo dedicado por esta Sala de lo Penal para tratar de entender el concepto de la infracción ha sido infructuoso, pues el planteamiento es huérfano de sentido, debiendo declararse sin lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal. - Único Motivo. -Interpuesto por la Defensa Privada. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 140 del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Infracción por falta de Aplicación del artículo que contiene los responsables criminalmente de un delito de Violación; y *Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. Arguye el Censor, que el tipo penal de Violación debe ser acreditado mediante una evaluación psicológica, acompañado de un dictamen médico legal realizado por un perito oficial del Ministerio Público y no con una evaluación de una clínica privada, violentando con ello las reglas de la sana crítica y del principio de contradicción. En dicho tipo penal no solo basta que la víctima o el ofendido manifieste el daño causado, debe aportarse prueba científica que constate el daño. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de RECIBO. - Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa la inadecuada técnica recursiva del censor, puesto que si bien señaló la norma sustantiva que supuestamente no aplicó el juzgador, al momento de desarrollar su recurso, expresó con qué medios de prueba se acredita el tipo penal de Violación, que se violentó las Reglas de la Sana Crítica y el principio de contradicción, estos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la aplicación o interpretación de normas sustantivas, aunando a ello, denunció aspectos ajenos a la redacción del hecho probado, como ser “haberse convocado a las partes para escuchar una resolución en la ciudad de Choluteca, tres días después de haberse concluido el debate, lo cual fue denunciado por el Recurrente ante Inspectoría de Tribunales”. En este tipo de recursos el impetrante debe centrarse en la fundamentación fáctica (Hechos Probados) de la sentencia, para determinar si en los mismos están conformados los elementos objetivos y subjetivos de todo tipo penal, es decir si existe correspondencia entre lo narrado por el Juzgador y la norma penal utilizada. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por el Ministerio Público. - Primer Motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas Procesales que se denuncian Infringidas Citadas: Artículo 202 y 338 numeral 2 de la regla cuarta del Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción Expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. • Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: No determinado por el Censor; • Pretensión: Sin determinar por el Recurrente. El Censor denuncia inobservancia a la valoración de la prueba, describe en que consiste la fundamentación probatoria, señalando sutilmente la regla lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, para concluir que la sentencia cuestionada contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana critica, sin detallar cual es el vicio grave. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica. Es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. i. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleve a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: i. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- El recurso de casación es improcedente debido a su mal planteamiento, que deja a esta Sala de lo Penal en la incógnita de cuál es el concepto de la infracción, es decir, cuál es la regla de la sana crítica infringida; si bien en una parte del recurso identifica sutilmente la regla lógica en su principio de derivación en su apartado de suficiencia, tampoco es menos cierto, que identifica además la psicología y la experiencia común, lo que impide poder hacer una auditoría del proceso valorativo seguido por el Tribunal de Sentencia al momento de valorar la prueba. De los alegatos en el recurso, no permite en manera alguna encuadrar vicio alguno, nada dice si el razonamiento judicial infringe la regla de la psicología, la regla de la experiencia o la regla de lógica, ni en qué forma. Entonces el recurrente no hace menos que presentar una queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, o porque confronte la valoración intelectiva del juzgador con el contenido de una regla integrante de la sana crítica, sino porque está inconforme con el razonamiento intelectivo. Así las cosas, no habiéndose presentado de manera adecuada el recurso, esta Sala de lo Penal no tiene ninguna guía de cuál es el contraste entre el razonamiento judicial y las reglas de la sana crítica, ni por qué, pues solo se cuenta con el señalamiento de haberse inobservado las reglas de la sana crítica, más ello no determina cuales fueron las conclusiones valorativas, en cada caso, que fueron indebidamente derivadas y por ende, sin correspondencia con determinadas premisas, las que también debieron ser identificadas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. - Interpuesto por Defensa Privada. Segundo Motivo. *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por el Recurrente. *Concepto de la Infracción Expuesto: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: No descrita por el Censor; *Pretensión: Sin determinar por el Pretensor. Señala el Pretensor que el A-quo excluyó como prueba documental una evaluación médica de una clínica privada y no así una evaluación de un médico forense y solo con la declaración de la señora K. E. R. y la ofendida W. M. P. E. la cual es contradictoria y de una manera parcializada y personalizada. De la Procedencia del Recurso El Recurso no es de Recibo.- Se evidencia un mal entendimiento del Censor respecto a los conceptos que gobiernan el motivo, ya que cuando se habla de exclusión, como ya se ha explicado, se refiere a la negación -no sustentada- de valor de un medio de prueba en la sentencia y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia; al contrario el Censor acusa en su motivo que el Tribunal de Sentencia admitió y evacuó a propuesta del Ministerio Público, un Dictamen Médico ratificado por el Dr. O. A. D. R. Médico General del Hospital Regional del Sur en relación a una evaluación física realizada a la ofendida (F.14), debiendo ser, a criterio del Recurrente, una prueba científica consistente en un dictamen de un médico forense, la cual nunca fue propuesta como medio de prueba, menos evacuada en la audiencia de Juicio Oral y Público, sin embargo acusa el recurrente la exclusión; más ello no es un alegato que compagine con el motivo seleccionado, identificando con ello la falta de estudio del motivo invocado, pues, como se ha dicho, existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia -sin dar a conocer ningún razonamiento- le niega valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Sentenciador haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico, no siendo el presente caso. En Resumen, el Recurso presentado es vacío de contenido, por lo que debe de ser desestimado. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; recursos interpuesto por el Abogado J. M. A. Á. en su condición de Defensor Privado del señor S. D. D. M. a quien se le condeno por el delito de Violación en perjuicio de la joven W. M. P. E..- Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. Magistrado Coordinador. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. Magistrado. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. Magistrada. FIRMA Y SELLO. JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA. RECEPTOR ADSCRITO. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-232-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.