Sentencia CP-23-16 — Registro 9611
Resumen
En primera instancia se condeno al imputado como autor del delito de Portación Ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras y violencia intrafamiliar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. LOS MOTIVOS NO SON DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal considera que, si bien es cierto al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada, las armas artesanales son “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinados requisitos, de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc. El artículo 332-B del Código Penal establece: “a quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc.…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales”, precepto en el cual encaja la conducta del encartado S. V. G., ya que portaba al momento de su detención un arma artesanal calibre 22Long, cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente, habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales un arma de fuego calibre 22Long fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse, por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo, igualmente suportación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por todas estas razones es procedentes desestimar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público. DECISIÓN Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el representante de los intereses de la sociedad POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332B del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “
Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días de septiembre de dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García, Miguel Alberto Pineda Valle, por causa justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En Nombre Del Estado De HondurasLa siguiente sentencia en el recurso de casación SP 23-2016 por infracción de ley, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual; Primero: Condenó al señor S. V. G., como autor del delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de los señores M.A. B. y O. R. S. B., a la pena principal de un año de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Condenó al señor S.V. G., como autor del delito de Portación Ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se ordenó el comiso de un arma de fuego de fabricación artesanal calibre 22, que la misma se envíe al juzgado de ejecución correspondiente. Cuarto: Se le declara la responsabilidad civil del condenado S. V. G. a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito. No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley, la Abogada M. J. . R., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado S. C. A., en su calidad de Fiscal del Ministerio, como parte recurrente y el Abogado J. R.I. S. en su condición de defensor público del imputado, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: Que el día Sábado veinte (20) de abril del año dos mil trece, en el caserío La Laguna de la aldea El Matazano, del Departamento de Comayagua, a eso de las cuatro de la tarde, la ofendida Señora M. A. B. R., se encontraba en su casa de habitación, cuando en ese momento llegó el señor S.V. G., quien es su compañero de hogar, comenzando a insultarla y a la vez pidiéndole dinero, respondiéndole ella que no tenía, por lo que el señor S.V.G., la emprendió contra la señora M. A. B. R., ofendiéndola, interviniendo en ese momento el joven O. R. S. B., quien es hijastro del encausado, manifestando que no tratara mal a su madre enfrascándose ambos en una refriega y discusión, por lo que el día domingo veintiuno (21), de abril del mismo año dos mil trece (2013), la señora M. A. B. .R. procedió a denunciar ante la policía a su compañero de hogar S.V. G., y fue así que la Policía le dio captura en la calle, de Matazanos, a quien en el momento de la detención se le practica un registro encontrándole un arma de fuego de fabricación casera calibre 22 long.”Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley“ PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hecho probado las siguientes verdades intangibles: UNICO: “Que el día Sábado veinte (20) de abril del año dos mil trece, en el caserío La Laguna de la aldea El Manzano, departamento de Comayagua, a eso de las cuatro de la tarde, la ofendida, señora M. A. B.R., se encontraba en su casa de habitación, cuando en ese momento llegó el señor S. V. G., quien es su compañero de hogar, comenzando a insultarla y a la vez pidiéndole dinero, respondiéndole ella que no tenía, por lo que el señor S. V. G., la emprendió contra la señora M. A. B.R., ofendiéndola, interviniendo en ese momento el joven O.R. S.B., quien es hijastro del encausado, manifestando que no tratara mal a su madre, enfrascándose ambos en una refriega y discusión, por lo que el día domingo veintiuno (21) de abril del mismo año dos mil trece (2013), la señora M. A.B.R., procedió a denunciar ante la policía a su compañero de hogar S. V.G., y fue así que la Policía le dio captura en la calle de Matazanos, a quien en el momento de la detención se le practica un registro encontrándole un arma de fuego de fabricación casera calibre 22 long”. Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento y en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... De la norma supraindicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Arma de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientos ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas”. Al confrontar el hecho estimado y declarado probado por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda considerar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado “… encontrándole en una de las bolsas del pantalón, un arma de fuego de fabricación casera, de la cual, por no ser fabricada por la industria o manufactura, no ostenta registro legal…”. Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” SEGUNDO MOTIVO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps.5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador, al referirse al delito de Portación Ilegal de Arma, considera, sin ahondar en mayores explicaciones, que el arma que portaba el imputado es Comercial y el único hecho declarado como probado, lo subsume en el artículo 332-B del Código Penal; es así que en el apartado de fundamentación jurídica establece: “En relación al delito de Portación Ilegal de Arma de fuego Comercial, la prueba desfilada en el debate estableció primeramente que con un arma de fuego el acusado amenazó a su hijastro O. S. y que una vez que éste fue detenido, los agentes de policía le practican un registro, encontrándole en una de las bolsas del pantalón, un arma de fuego de fabricación casera, de la cual por no ser fabricada por la industria o manufactura, no ostenta registro legal, asimismo el dictamen balístico establece que dicha arma presenta un buen sistema de funcionamiento mecánico y operativo, lo que significa que es útil para ejecutar disparos de munición calibre 22 long, de lo que se infiere que siendo que el imputado se encontró en posesión de la aludida arma de fuego... y que aún a pesar de saber que es prohibido por nuestras leyes ejercer amenazas en contra de una persona y en este caso de su hijastro, y la portación de un arma de fuego de fabricación artesanal y pese a ello persiste en su actuar, por lo que así las cosas se aprecia que se configuran los elementos del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial”. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado S. V. G., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332 A del Código Penal, en virtud de que, como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248- 2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar lógicamente con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y consecuentemente, debe considerarse un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.”Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o falta de aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación indebida, consiste precisamente en la invocación por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene.Observa esta Sala de lo Penal, que los dos motivos de casación por infracción de ley que interpuso la recurrente, guardan estrecha relación entre sí y se refieren a la subsunción de la fundamentación fáctica de la sentencia con la ley sustantiva aplicada por el juzgador, por lo que, para mantener la coherencia de la sentencia penal, se resolverán ambos motivos en un mismo apartado .Primer Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. *Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de portación ilegal de arma comercial. *Pretensión: que se case la sentencia impugnada. Explicó la censora que, conforme al cuadro fáctico, se desprende que el imputado fue encontrado en posesión ilegal de un arma de fuego de fabricación casera; al confrontar estos hechos con la norma penal aplicada, se denota la aplicación indebida, pues un arma de fabricación casera no se considera de uso personal defensivo. Segundo Motivo *Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 332-A del Código Penal. *Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de portación ilegal de arma de guerra. *Pretensión: que se case la sentencia impugnada y en su lugar que se profiera otra apegada a la norma citada. Explicó la recurrente que al encontrársele al acusado un arma de fuego de fabricación casera o artesanal (chimba), este hecho se subsume en el delito contemplado en el artículo 332-A, es decir un arma de guerra, pues fue capturado sin contar lógicamente con el permiso de autoridad competente. De las Armas de Fabricación Casera o Artesanal “Chimbas”. Esta Sala de lo Penal ha establecido ya como doctrina legal[1] y criterio jurisprudencial que, ante la problemática que en la praxis judicial viene presentando los casos referidos a hechos consistentes en portar armas de fabricación casera o artesanal comúnmente conocidas como “chimbas”, existiendo diferentes criterios jurídicos para calificar esas conductas, que son los siguientes: 1) Considerar que la prohibición de portar armas caseras no se encuentra regulado en normativa alguna, resultando impune dicho hecho. 2) Se considera que la portación de este tipo de armas caseras o artesanales se enmarca en la descripción del artículo 332-A. 3) Se considera que, de acuerdo al calibre, las armas caseras deben enmarcarse en el artículo 332-B. Claramente, en la reforma por adición (artículo 332-A) el legislador sanciona la fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones, de conformidad a la descripción de la norma. En la reforma por adición (artículo 332-B) se refiere y distingue la fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Las referidas normas, son claras en la categorización de dichas normas, entre las referidas armas de guerra y las que no tienen esa categoría (comerciales). Ahora bien, el artículo 332-A, no dice cuáles son las armas que deben ser consideradas de guerra, salvo la referencia a “incluir” como tales las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares, establece en sus artículos 7 y 8 un catálogo de armas comerciales y prohibidas; por consiguiente y para efectos de establecer si las armas caseras (chimbas) pueden ser comprendidas en la categoría expresamente regulada en el artículo 332-A, resulta de utilidad remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Anexo I de la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones De Armas Convencionales: 1. Carros de combate. Vehículos de combate blindados, automotores de ruedas u orugas dotados de gran movilidad para todo terreno y de un nivel elevado de autoprotección, de por lo menos 16,5 toneladas métricas de tara, equipados con un cañón principal de tiro directo de gran velocidad inicial con un calibre mínimo de 75 milímetros. 2. Vehículos blindados de combate. Vehículos automotores de ruedas, orugas o semiorugas dotados de protección blindada y de capacidad para todo terreno: a) Diseñados y equipados para transportar a un grupo de combate de infantería de cuatro infantes o más, o b) Equipados con un armamento integrado u orgánico de un calibre mínimo de 12,5 milímetros o con un lanzamisiles. 3. Sistemas de artillería de gran calibre. Cañones, o buses, piezas de artillería que reúnan las características de cañones u obuses, morteros o sistemas lanzacohetes múltiples capaces de atacar objetivos en tierra especialmente mediante tiro indirecto, de un calibre de 100 milímetros o más. 4. Aviones de combate. Aeronaves de ala fija o de geometría variable, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de misiles guiados, cohetes no guiados, bombas, ametralladoras, cañones y otras armas de destrucción, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen acciones especializadas de guerra electrónica, de supresión de defensas antiaéreas o misiones de reconocimiento. En el término "aviones de combate" no quedan comprendidas las aeronaves utilizadas primordialmente con fines de adiestramiento, a no ser que se hayan diseñado, equipado o modificado del modo descrito. 5. Helicópteros de ataque. Aeronaves de ala giratoria, diseñadas, equipadas o modificadas para atacar objetivos por medio de armas guiadas o no guiadas anticarros, de aire a tierra, de aire a subsuelo o de aire a aire y equipadas con sistemas de control de tiro y apunte para dichas armas, incluidas las versiones de estas aeronaves que realicen misiones especializadas de reconocimiento o de guerra electrónica. 6. Naves de guerra. Navíos o submarinos armados y equipados para fines militares de 750 toneladas métricas o más de desplazamiento en rosca y otros de menos de 750 toneladas métricas de desplazamiento en rosca equipados para el lanzamiento de misiles de por lo menos 25 kilómetros de alcance o torpedos de alcance semejante. 7. Misiles y lanzamisiles. Cohetes guiados o no guiados, misiles balísticos o de crucero capaces de transportar una carga explosiva o armas de destrucción a una distancia de por lo menos 25 kilómetros y los medios diseñados o modificados específicamente para lanzar esos misiles o cohetes, si no están incluidos en las categorías 1 a 4. Esta categoría: a) Incluye también los vehículos dirigidos por control remoto que tengan las características definidas anteriormente para los misiles; b) No incluye los misiles de tierra a aire. Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos: 1. Mina: toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo. 2. Mina lanzada a distancia: toda mina, lanzada por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así como las arrojadas desde aeronaves. 3. Arma trampa: todo artefacto o material concebido, construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperadamente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe riesgo alguno. 4. Otros artefactos: municiones y artefactos colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática mediante acción retardada. Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias: Arma Incendiaria: Toda arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias. Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras. Armas láser Cegadoras: específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Protocolo sobre Fragmentos no Localizables. Arma de Fragmentos no Localizables: arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción. Armas Bacteriológicas: Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; y Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción. 1. Armas Químicas: Se entiende, conjunta o separadamente: a) Las sustancias químicas tóxicas o sus precursores, salvo cuando se destinen a fines no prohibidos por la Convención, siempre que los tipos y cantidades de que se trate sean compatibles con esos fines; b) Las municiones o dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que libere el empleo de esas municiones o dispositivos; c) Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b). 2. Agente de Represión de Disturbios: Cualquier sustancia química que puede producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente. La naturaleza de elaboración “artesanal” de las armas caseras, no permite poder considerar que las mismas están comprendidas o se pueden equiparar a la prohibición contenida en el artículo 332-A, referido a las “armas de guerra”, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología propia para la manufacturación de piezas y ensamblaje industrial de las mismas o bien con herramientas utilizadas manualmente, lo cual en nuestra realidad no es propio de las armas caseras (chimbas) en cuanto a su fabricación y al potencial destructivo de éstas, pues, usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en relación a los de guerra, verbigracia: el caso de la capacidad de disparos e impacto de la arma denominada AK-47 en cualquiera de sus modelos. La intención del legislador en el referido artículo 332-A, es clara prohibiendo con mayor sanción en razón del principio de proporcionalidad, que supone una pena adecuada a la culpabilidad , la mayor peligrosidad que representa fabricar, almacenar, transportar, usar, traficar… material de guerra o de combate incluidas las armas AK-4, en cualquiera de sus modelos, evidentemente por considerar más grave el uso de las armas de guerra en relación a la categoría de las armas comprendidas en el artículo 332-B. En cuanto a la posible adecuación de la conducta de portación de un arma casera en la prohibición establecida en el artículo 332-B. Fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales, de defensa personal o deportivas y explosivos comerciales. Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece la exigencia de: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Al respecto, una arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de “uso personal”, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las “chimbas”, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de -uso personal- con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus possidendi, aunque resulta suficiente el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini o rem sibi habendi; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente, pero no se puede alcanzar con un arma casera la capacidad potencial de una arma de guerra, ni ejecutar propiamente actos o la finalidad propia de una arma de guerra, siendo consecuente la prohibición del artículo 332-B, con lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, que en su artículo 8 numeral 2) determina como armas y municiones prohibidas: “Las armas de fuego y todo artefacto o dispositivo de fabricación casera o artesanal que permite lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza o expansión de los gases de la pólvora”. Al referirse el artículo 332-B, al término “armas de uso personal” sí pueden considerarse comprendidas las “chimbas” y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. En consecuencia, no se encuentra sustento para sostener que la conducta de portación de armas caseras es impune por no encontrarse comprendida en tipo legal alguno, ni tampoco que pueda considerarse como un arma de guerra De la Procedencia del Recurso. Los Motivos no son de Recibo. Esta Sala de lo Penal considera que, si bien es cierto al tenor de lo previsto en la ley administrativa antes mencionada, las armas artesanales son “prohibidas”, ello no las convierte en “armas de guerra o de combate”. Lo que la ley administrativa prevé es que algunas armas se pueden portar con la debida autorización por los particulares siempre que cumplan con determinados requisitos, de tal modo que si no son observados tampoco es factible la posibilidad de su portación, en tanto que para otras en ningún caso se permite la autorización para fabricarlas, poseerlas, etc. El artículo 332-B del Código Penal establece: “a quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, etc.…, armas de fuego para uso personal y deportivas y explosivos comerciales”, precepto en el cual encaja la conducta del encartado S. V. G., ya que portaba al momento de su detención un arma artesanal calibre 22Long, cuya posesión para su uso personal no había sido autorizada por autoridad competente, habida cuenta que su misma fabricación no es permitida conforme al ordenamiento jurídico hondureño. No cabe duda que en el caso bajo examen el imputado portaba en términos funcionales un arma de fuego calibre 22Long fabricada artesanalmente, propia o idónea para utilizar una munición de calibre comercial y que no puede equipararse, por su menor potencial de lesionar bienes jurídicos como la vida e integridad corporal, a las armas automáticas de guerra o de combate como lo es el fusil de asalto kalashnikov más conocido como AK-47, sin embargo, igualmente su portación ha puesto en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del encausado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por todas estas razones es procedentes desestimar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el representante de los intereses de la sociedad Por Tanto:La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 332B del Código Penal.Falla :Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada M. J.P. R., en su condición de fiscal del Ministerio Publico, en la causa instruida contra el señor S. V. G., a quien se le condenó por el delito de Violencia Intrafamiliar, en perjuicio de M. A. B. y O. R.S. B.; así mismo se le condenó por el delito de Portación Ilegal de arma de fuego comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha tres (3) de junio del dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.FIRMAS Y SELLO.JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR.ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-23-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
1 de 15
[1]Vid Sentencias de Casación Penal: SP 148-2012 de fecha 06 de enero de 2011; SP 467-2012 de fecha 22 de septiembre de 2014; SP 473-2015 de fecha 28 de julio de 2016; dictadas por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.