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Sentencia CP-228-16 — Registro 15063

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Homicidio, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Finalmente, es importante mencionar que aún y cuando el recurrente denuncia la infracción al postulado lógico de coherencia, la Sala de lo Penal no identifica en la valoración intelectiva de la prueba que se hayan infringido los principios lógicos de contradicción, de identidad o de tercero excluido. No hay proposiciones contradictorias o cuyo contraste equivalga a dejar vacía de motivación la valoración probatoria, por el contrario sí se identifica que en el escrito del recurso interpuesto hay contradicción interna, pues por una parte argumenta que la prueba testifical de cargo no es congruente y es contradictoria, pero por otra, muy convenientemente, le parece eminente por coincidir en las características físicas del autor del hecho con la declaración de la señora Yoseline Yareli Casco Castejón, una cuestión que torna impreciso el recurso interpuesto. Por lo anteriormente expuesto, el recurso no es de recibo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y ataca la fundamentación probatoria, considera que a partir de las declaraciones de los testigos protegidos 1 y 6 no puede alcanzarse un dictado de culpabilidad en contra del señor Edwin Ariel Zelaya Borjas. Estos argumentos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 228-2016, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor Edwin Ariel Zelaya Borjas, como responsable a título de autor del delito de homicidio, en perjuicio del señor Erick Ariel Martínez Rodríguez, a la pena de quince (15) años de reclusión, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, Francisco Morazán, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. Segundo: Condenar al señor Edwin Ariel Zelaya Borjas, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Se declara la responsabilidad civil de Edwin Ariel Zelaya Borjas, la que deberá hacerse efectiva en la fase de ejecución. Cuarto: No procede condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procede pronunciamiento sobre el comiso. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Darwin Omar Reyes Roque, defensor privado. Son partes en única instancia: el Abogado Darwin Omar Reyes Roque, defensor privado, como recurrente; y, el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día cinco de junio del año dos mil catorce entre las 6:40 a las 7:00 de la noche, el joven ERICK ARIEL MARTÍNEZ se encontraba en la vía publica cercano a una pulpería denominada el Recreo de la aldea de Linaca Municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, cuando se dirigió hacia él Edwin Ariel Borjas con un arma en la mano, acompañado de otra persona del sexo masculino, procedió a disparar dicha arma de fuego en cuatro ocasiones en contra de Erick Martínez, impactando dos disparos de frente y dos en su espalda, lacerando uno de ellos el cráneo, produciéndose la muerte de éste por laceración cerebral como consecuencia de los disparos recibidos.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Darwin Omar Reyes Roque, defensor privado, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente:“SEÑALAMIENTO DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el Tribunal en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 362.3 del Código Procesal penal (En adelante CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, y que deben ser observados de forma obligatoria por el tribunal sentenciador, son: Art. 202 del CPP: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado y subrayado es nuestro). Art. 336 del CPP, que hace referencia a la deliberación del Tribunal de Sentencia: “El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (lo resaltado y subrayado es nuestro). El Art. 338 del CPP, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al juzgador incluir en su resolución definitiva: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios igualmente, declarados probados”. (Lo resaltado y subrayado nos pertenece). Los hechos probados de una sentencia penal (que constituye la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria; es decir que en el encuadre fáctico de una sentencia penal viene generando de la actividad valorativa expresada en la fundamentación probatoria, de tal suerte que el acierto que en esta función intelectual manifieste el juzgador, quedará plasmado en una correcta consignación de hechos probados; por el contrario, si el Tribunal fracasa en la valoración e interpretación probatoria —por resultar arbitrario ese ejercicio- ese vicio quedará plasmado en una incorrecta reproducción de hechos. La fundamentación probatoria-nutriente decisivo de los hechos probados- se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda -fundamentación intelectiva- el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, por qué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia. Por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la “fundamentación del fallo” (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación de sentencia. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento del juzgador, pero exigiéndole que las conclusiones a las que arribe sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye. En este sistema el Tribunal no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos del juicio valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202, 336 y 338, sección cuarta, numeral 2, del CPP (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA[1], como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Por otro lado, la motivación de la sentencia debe ser COHERENTE, es decir, debe estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello debe ser 1. Congruente: Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas; 2. No contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastantes que entre sí se anulen; y, 3. Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las cuestiones que determinan. Resulta que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, por violentarse esas características lógicas en el análisis probatorio expuesto en la sentencia: II. EXPLICACIÓN DEL VICIO. A. Identificación de las principales personas relacionadas con los hechos. Previo a desarrollar esta sección del recurso y con el propósito de facilitar la lectura del mismo, resulta adecuado hacer una identificación de los principales actores de los hechos sometidos a juicio. • EDWIN ARIEL ZELAYA BORJAS (en adelante referido como EDWIN ZELAYA): El imputado. •OLMAN ARIEL LAÍNEZ (en adelante referido como OLMAN LAÍNEZ): El imputado. • ERICK ARIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (en adelante referido como ERICK MARTÍNEZ): Víctima de los hechos. B. Contenido de los hechos probados en la sentencia recurrida. La sentencia que hoy se recurre, irrespetando la valoración conjunta y armónica que el CPP le exige, y violando las reglas de la sana crítica, en cuanto a los principios lógicos apuntados, se ha apartado de la dirección probatoria y como consecuencia de ello se ha establecido -incorrectamente- como hechos probados: 1. Que el día cinco (05) de junio del año dos mil catorce (2014), entre las 6:40 a 7:00 de la noche, el joven ERICK M4RTÍNEZ, se encontraba en la vía pública cercano a una pulpería denominada El Recreo, de la Aldea de Linaca, Municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, cuando se dirigió hacia él, Edwin Ariel Borjas con un arma en la mano, acompañado de otra persona del sexo masculino, procedió a disparar dicha arma de fuego en cuatro ocasiones en contra de Erick Martínez, impactando dos disparos de frente y dos en su espalda, lacerando uno de ellos el cráneo, produciéndose la muerte de este por laceración cerebral como consecuencias de los disparos recibidos. C. Sucesión de pruebas ignoradas por el Tribunal de Sentencia que incide en una formulación errada de hechos probados. En el apartado de valoración de la prueba el Tribunal de Sentencia establece estas afirmaciones probatorias: 1.“El Tribunal, por tanto estima que con las declaraciones del TESTIGO PROTEGIDO 1, éste estableció un punto importante como ser, que cinco días antes del hecho escuchó cuando Edwin Ariel Zelaya, amenazó a muerte al joven Erick cuando se encontraba en la cancha de futbol reiterándole que creyera sobre dichas amenazas, expresando el testigo que existían problemas entre el imputado y el hoy occiso. Por otra parte, este testigo manifestó que el día del hecho luego de que Erick recibiera los disparos vio pasar a Edwin Ariel Borjas con un arma en la mano, que iba corriendo sin rumbo, fue claro en establecer que no observó quien le dio muerte al occiso, pero dijo que vio a escasos segundos de escuchar los disparos que salió corriendo Edwin Ariel Zelaya Borjas con un arma en la mano iba con Olman Ariel Laínez. 2. “... Asimismo el TESTIGO PROTEGIDO 6 manifestó que él estaba en la pulpería cuando vio pasar al occiso Erick con rumbo hacia abajo, cuando el testigo terminó de comprar vio a dos personas mal intencionadas que iban hacia el occiso identificando a estas personas como Edwin y Olman, dijo que observó cuando este le prestó el arma a Edwin quien atacó a Erick frontalmente, luego huyeron con rumbo desconocido, luego recalcó que la pulpería se encontraba bastante gente y que decían que Edwin lo había matado, es decir que para este Tribunal ambos testigos han sido coincidentes en sus versiones, no solo respecto al lugar, día y hora en que se suscitó el hecho sino además en señalar la presencia del imputado Edwin, quien se hacía acompañar de otra persona de nombre Olman, señalando asimismo que fue Edwin quien atacó al hoy occiso con un arma de fuego. Cabe señalar que si bien conforme a la autopsia el hoy occiso recibió cuatro impactos de bala siendo confirmados los dichos de este testigo en el sentido de establecer que se realizaron dos disparos a corta distancia y respecto a lo referido por el mismo testigo de que el agresor agarro al hoy occiso frontalmente, también la autopsia revela que la herida No. 3 entró en la región esternal con orificio de salida en la región izquierda de la espalda y el No. 4 ingresó en la región supraclavicular izquierda con orificio de salida en la región derecha de la espalda, explicando el perito que la posición de la víctima respecto al agresor es cambiante porque disparos al frente y otros atrás, señalando que en unos momentos estuvo de frente y en otros se puso atrás. El Tribunal de Sentencia, ha desconocido, o ha negado la sucesión de pruebas que distinto a lo aseverado por él, no pueden brindar la CERTEZA requerida por nuestra ley para declarar penalmente responsable al señor EDWIN ARIEL ZELAYA BORJAS; puesto de que su relación generan SERIAS E IMPORTANTES DUDAS que nuestro representado haya sido el autor de la muerte del señor ERICK MARTÍNEZ.- Así destacan los siguientes aspectos probatorios que evidencian la errada labor intelectiva del Juzgador: 1. Declaraciones de los testigos de descargo. Las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa, YOSELIN YARELI Y WILSON REYNERI BUSTILLO, fueron demeritadas en cuanto a convicción y asociación probatoria con otras pruebas. El Tribunal no extrajo de lo declarado por ellos, una lógica relación de su dicho con los restantes medios de prueba, y que le condujera a concluir que EXISTE MÁS QUE RAZONABLE DUDA Y PORQUE NO DECIR DE NO CRÍBLE O FUNDAMENTADA CONSTATACIÓN, que el EDWIN ZELAYA ha sido el autor de la muerte de ERICK MARTÍNEZ Con las declaraciones de YOSELIN YARELI, se informó al Tribunal que el día de los hechos ella era la única que se encontraba en el lugar de los hechos junto al hoy occiso, de quien dijo que eran amigos, que éste la abordó cuando ella salió de su casa a comprar unas tortillas para darle de cenar a su compañero de hogar, que Erick le contó que se había dejado con su novia que ella lo estuvo aconsejando y que incluso le prestó su celular para que llamara a su novia, Erick Martínez se encontraba sentado cuando ella observó que venía una persona del sexo masculino que traía algo en su mano, que no identificó quien era esa persona y que le disparó a Erick cuando éste estaba sentado, expresando que ella salió corriendo, y que las características del hechor era una persona alta trigueña y blanca y que definitivamente no se trababa del señor Edwin Borjas. Con las deposiciones de de YOSELIN YARELI, se estableció que después de esa inicial agresión, esta huyó del lugar en estado de shock y nerviosismo, asimismo se puede identificar que efectivamente la persona que le disparó al ahora occiso era una persona trigueña y alta, algo que no contrasta con la versión de los testigos propuestos por la Fiscalía y en virtud de conocer al señor Edwin Zelaya por mucho tiempo, este no fue quien cometió dicho delito y a las características del mismo son muy diferentes a las del verdadero actor de los hechos. De esa forma, por las declaraciones ofertadas, se pudo establecer que en el lugar de los hechos la única persona que presencio los mismos fue YOSELIN YARELI, ya que esta se encontraba en ese momento junto al hoy occiso. Asimismo el TESTIGO WILSON REYNIERI BUSTILLO, estableció que el día de los hechos ellos venían de Choluteca, con Edwin Zelaya ya que él trabaja con su persona, llegando al Municipio de Tatumbla antes de las 7:00 pm de la noche puesto que el testigo tenía una reunión a esa hora, dejando al imputado Edwin Zelaya en las canchitas como a eso de las 6:55 pm, que de la canchita al lugar donde ocurrieron los hechos se tarda de 2 a 3 minutos y que caminado a más de 10 minutos ya que hay más de mil metros. De esa manera, al encontrarse el cuerpo de la víctima minutos después en que el señor Edwin Zelaya, llegara a la ciudad de Tatumbla ya que los testigos de cargo establecen claramente que los hechos sucedieron alrededor de la 6:40 pm, asimismo es imposible que este se trasladara desde las canchas hasta el lugar de los hechos en el momento que sucedió el homicidio de Erick MARTÍNEZ, YA QUE COMO DIJO EL TESTIGO DE DESCARGO la distancia entre ambos lugares oscila entre más de mil metros es decir más de un kilómetro, siendo imposible que mi cliente se haya trasladado y puesto de acuerdo con el otro imputado Olman Laínez para ejecutar dicho crimen y aun siendo más objetivo tener el tiempo de ponerse de acuerdo ambos en ejecutar dicho acto. Es obvia la predisposición probatoria del Tribunal de Sentencia, puesto que a pesar de estar más que probada la no participación de Edwin Zelaya, en los hechos probados, dice el Tribunal que la declaración de la testigo Yoselin Yareli, es contradictoria y además tiene interés en el presente juicio.- En cuanto a la declaración del Testigo WILSON REYNTERI BUSTILLO, este Tribunal establece que la misma no constituye Hecho Controvertido, y desestima el hecho que el señor Edwin Zelaya, venía llegando de viaje minutos después de que éste llegara a Tatumbla, suponiendo erróneamente este Tribunal que esa coincidencia de la llegada de mi cliente y la consumación del hecho criminal vinculan a mi defendido, y además el hecho que éstos semanas atrás hayan tenido problemas personales, pero que los mismos definitivamente no constituyen prueba para establecer la participación de Edwin Zelaya en el crimen de Erick Martínez. Así las cosas, el error valorativo del tribunal respecto de esta secuencia de prueba, analizada en este numeral, consiste en no asociar su contenido con el resto de prueba existente, y ello le ha impedido imparcial y objetivamente, concluir en la falta de posibilidad de identificar cuál fue la conducta que produjo la muerte de ERICK MARTÍNEZ, o por lo menos reconocer con logicidad que no es posible afirmar que la conducta atribuida a Edwin Zelaya es la que ha producido la muerte del ofendido. 2. Conclusión sobre el vicio de quebrantamiento de forma expuesto. Por todo lo apuntado en este primer motivo de casación, no hay dudas de la desacertada valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia, y la violación a las reglas lógicas de la DERIVACIÓN y COHERENCIA, en vista que el razonamiento probatorio de esta sentencia definitiva no está precedido de inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando; y se fundamenta en prueba que en sí mismas no es congruente y es contradictoria. Por ello, cabe hacerse los siguientes cuestionamientos: a. ¿Cómo pretende la condena la sentencia impugnada, si ha quedado claro que nos es posible afirmar ni probar que fue EDWIN ZELAYA, quien ocasionó la muerte de la víctima? b. ¿Cómo pretender su condena, si no existe prueba científica que nos lleve a la posibilidad que sea EDWIN ZELAYA el atacante y causante de la muerte de ERICK MARTÍNEZ? c. ¿Cómo estimar su participación criminal si es obvio que a EDWIN ZELAYA, se le ubica en un plano y lugares diferentes al de la víctima, y por tanto no es posible que en esa relación de los hechos coincida con dicho acto criminal? d. ¿Cómo condenarle, si no se puede descartar que la otra persona imputada OLMAN LAÍNEZ sea el verdadero culpable de este delito y la que disparó y haya sido la causante de la muerte del ofendido? e. ¿Cómo se pretende condena si no hay arma homicida? f. ¿Cómo se pretende condena si dictamen de absorción atómica? g. ¿Cómo pretender condenar al señor EDWIN ZELAYA SI ÉSTE EN NINGÚN MOMENTO ABANDONÓ SU DOMICILIO EN TATUMBLA, lugar de los hechos? h. ¿Cómo condenar, si en registro personal no se le encontró ninguna arma de fuego? i. ¿Cómo condenar, si está probado que el imputado permaneció en el lugar después que hubiesen ocurrido los hechos, en vez de decidir escaparse? j. ¿Cómo condenar en base a prueba contradictoria, falaz y opuesta y sin prueba científica? Lamentablemente, estas situaciones fácticas debidamente probadas y sustentadas en medios de prueba, relacionados entre sí, no fueron establecidas en la sentencia que hoy se recurre, en vista de la no aplicación de las reglas lógicas de la DERIVACIÓN y COHERENCIA, puesto que a pesar que los medios de prueba, en su conjunto, arrojan la constatación de IMPOSIBILIDAD que haya sido EDWIN ZELAYA quien disparó en contra de la humanidad de ERICK MARTÍNEZ, el Tribunal de Sentencia no razonó lógicamente el contenido íntegro del material probatorio, estructurando, por ello, hechos probados que niegan el resultado razonado de su análisis probatorio; no extrae el Tribunal inferencias razonables de estos medios de prueba, que en su conjunto y armonía descreditan o descartan los hechos por los que se condena a EDWIN ZELAYA en la sentencia recurrida. Por lo anteriormente expuesto en este apartado del recurso, resulta clara la infracción de las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal de Sentencia, puesto que, habiéndose desplegado toda esta actividad probatoria, que mostraba que no puede estimarse la participación criminal de él, se haya determinado la CERTEZA en su intervención en los hechos como autor de los mismos. Y esa sentencia debe ser corregida por la vía casacional, para que no siga generando serios perjuicios a nuestro representado, por el simple hecho de ostentar la condición de condenado por los hechos imputados, cuando en apego al Art. 339, con relación al Art. 89 de la Constitución de la República no es posible enervar su estado de inocente mientras no exista prueba suficiente y de cargo que confirme su participación en un hecho delictivo. D. Forma de corrección del vicio. Como el vicio descrito ha ocurrido en la aplicación del intelecto del Tribunal en la valoración de la prueba, con sujeción a los principios lógicos apuntados, de conformidad al Art. 369 del Código Procesal Penal, debe procederse a la casarse la sentencia de mérito, ordenándose el juicio de reenvío correspondiente, con la integración de nuevos jueces. Como dicho vicio se ha presentado en el acto de la sentencia definitiva, no pudo hacerse un reclamo oportuno en contra del mismo.” “SEGUNDO MOTIVO: Haber infringido el juzgador un precepto penal sustantivo u otro precepto del mismo carácter que deba ser observado en la aplicación de la ley penal, en relación a los hechos probados establecidos en la sentencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Art. 360 del Código Procesal Penal (en adelante CPP). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El precepto penal sustantivo que se invocan como infringido por aplicación indebida, es el Art. 116 del Código Penal (En adelante CP), que textualmente dispone: “Artículo 116. Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes Artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión...” EXPLICACIÓN DEL VICIO. A) Contenido de los hechos probados. De la estructura de hechos probados establecidos en la sentencia que hoy se recurre, conviene reproducir a los efectos de este motivo de casación los siguientes: 1. “… Edwin Ariel Zelaya, amenazó a muerte al joven Erick cuando se encontraba en la cancha de futbol reiterándole que creyera sobre dichas amenazas, expresando el testigo que existían problemas entre el imputado y el hoy occiso. Por otra parte, este testigo manifestó que el día del hecho luego de que Erick recibiera los disparos vio pasar a Edwin Ariel Borjas con un arma en la mano, que iba corriendo sin rumbo, fue claro en establecer que no observó quien le dio muerte al occiso, pero dijo que vio a escasos segundos de escuchar los disparos que salió corriendo Edwin Ariel Zelaya Borjas con un arma en la mano iba con Olman Ariel Laínez.” 2. “… el estaba en la pulpería cuando vio pasar al occiso Erick con rumbo hacia abajo, cuando el testigo terminó de comprar vio a dos personas mal intencionadas que iban hacia el occiso identificando a estas personas como Edwin y Olman, dijo que observó cuando éste le prestó el arma a Edwin quien atacó a Erick frontalmente, luego huyeron con rumbo desconocido, luego recalcó que la pulpería se encontraba bastante gente y que decían que Edwin lo había matado,...” B) La manera en que se aplicó indebidamente el Art. 116 del CP. El presente motivo de casación, como en efecto lo cita el Art. 360 del CPP, parte de un elemento indispensable: los hechos probados de la sentencia. Son esos hechos probados la base para la aplicación del derecho, puesto que como su nombre lo indica, son esos los acontecimientos que estructura el juzgador partiendo del análisis de pruebas, y es a esas circunstancias probadas a las que hay que asignarles una norma jurídica para determinar la consecuencia de la sentencia: la absolución o condena del imputado. Por ello, para estimar si la norma sustantiva ha sido correctamente aplicada, debe hacerse una obligatoria referencia a los hechos probados de la sentencia, para así estimar si éstos mantienen correspondencia con el fallo que se emita, producto de la relación que deben tener con la norma jurídica que la resolución les asigna[2]. En la valoración de los elementos de prueba de este juicio, concretamente cuando la sentencia analiza las declaraciones de los TESTIGOS PROTEGIDOS 1 y 6, el Tribunal de Sentencia señala que nuestro representado fue la persona QUE COMETIÓ EL Homicidio del señor Erick Martínez y ha sido por estas declaraciones que se le ha condenado a aquel por el delito de Homicidio. Así, por el contenido de los hechos probados de la sentencia recurrida, por los argumentos señalados, se concluye que la sentencia recurrida adolece del vicio de aplicación indebida del delito de HOMICIDO SIMPLE, por lo cual se genera la necesidad de casar la sentencia, y declarar no responsable penalmente a nuestro representado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: anular la sentencia recurrida y ordenar la repetición del juicio. El censor del fallo delata infringida la regla de la lógica en sus postulados de derivación y coherencia, pues considera que al momento en que el sentenciador valoró la prueba en su conjunto, fueron demeritadas en su convicción y asociación con otras pruebas las declaraciones de los testigos de descargo Yoselin Yareli Casco Castejón y Wilson Reniery Rodríguez Trujillo. Considera que con la declaración de la testigo Yoselin Yareli Casco Castejón se estableció que después de la agresión, esta huyó del lugar en estado de shock y nerviosismo, se puede identificar a partir de su testimonio que la persona que disparó al ahora occiso era una persona trigueña y alta, lo que no contrasta con lo declarado con los testigos de cargo; asimismo, se puede establecer que la única persona que presenció los hechos era ella. También considera que con el testimonio de Wilson Reniery Bustillo, se estableció que el día de los hechos ellos venían de Choluteca con Edwin Zelaya, llegaron al Municipio de Tatumbla antes de las 7:00 pm puesto que el declarante tenía una reunión a esa hora, dejó al imputado a las 6:55 pm en las canchitas que quedan a más de mil metros del lugar en donde sucedieron los hechos, y que el cuerpo fue encontrado a las 6:40 pm, y que por ello resulta imposible que el acusado realizara el hecho. De todo lo anterior, le resulta obvia la predisposición del Tribunal de Sentencia, pues está más que probada la no participación de su representado en los hechos que se le imputan. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La coherencia: manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: en donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir -en sentencia- la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. En el caso presente, el censor del fallo delata la infracción a la regla de la lógica en sus postulados de derivación y coherencia, pues considera que, a partir de los medios de prueba de descargo, se logró acreditar sin lugar a dudas la no participación del señor Edwin Ariel Zelaya Borjas, en el delito de homicidio en perjuicio de Erick Martínez Rodríguez. Considera que, con la declaración de Yoselin Yareli, se identificó al agresor como una persona trigueña y alta, algo que no contrasta con la versión de los testigos de la fiscalía, quienes identificaron al autor del hecho con esas mismas características. De este argumento recursivo, la Sala de lo Penal identifica que el censor del fallo lo que hace es presentar una queja en contra de la valoración probatoria porque la misma resultó contraria a como pretendía, más no se da a la tarea de analizar el iter del pensamiento del sentenciador que concluye en un dictado de condena y tampoco realiza un examen de confrontación entre el apartado intelectivo con el contenido de la regla que considera transgredida. No obstante, la Sala de lo Penal realizará una auditoría al iter valorativo del juzgador para determinar si es como denuncia el recurrente, que se infringió la regla de la lógica en la valoración probatoria, o si, por el contrario, fue observada y respetada por el juzgador. La testigo Yoseline Yareli Casco Castejón declaró que vive en Linaca, Tatumbla, que es prima lejana del acusado y que con el occiso eran buenos amigos. Expresa que fue la único testigo presencial del hecho, relata que salió de su casa a las 6:00 pm a comprar tortillas porque tenía que darle de comer a su pareja, eran las 6:15 cuando ella pasó por la plaza, la víctima estaba en el molino, la vio pasar y le dijo que quería hablar con ella, a lo que respondió que no porque iba apresurada, le dijo que la esperara por las gradas donde ocurrió el hecho, comenzaron a platicar con él, andaba ebrio y le contó que se habían dejado con la novia… le pidió una llamada y ella se la dio, empezó a hablarle a la novia, después le entregó el celular y se sentó, ella le dijo que se iba, a pocos pasos de retirarse de él vio que salió un muchacho alto y trigueño de un caminito de la entrada principal, faltaban como 15 minutos para las 7:00 pm, vio que el muchacho traía algo en la mano pero no sabía que era un arma, él se paró y ella escuchó los disparos, cuando escucha el primer disparo sale corriendo porque le dio miedo que la mataran, salió corriendo a la plaza y le preguntaron que qué pasaba por qué andaba toda asustada, ella se fue a su casa, no reconoció al hechor. Asimismo, manifestó, que no vio a Edwin (el acusado) el día de los hechos y que el occiso tenía un comportamiento bien feo, quería ser el papá de todos, inclusive en las fiestas no lo dejaban entrar porque siempre entraba a hacer relajos, un mes antes él había sido tirado, le dieron una bala en el pie, se peleaba con cualquiera…. El Tribunal de Sentencia con una motivación intelectiva solvente, desglosa dicha declaración y la demerita en su credibilidad por seis aspectos en concreto: 1. Denota interés en beneficiar al acusado con su declaración, pues indicó que tenían cierto grado de parentesco lejano. 2. Dijo que eran amigos con el ofendido más a partir de su relato no logró percibir el tribunal ese grado de amistad y confianza pues la testigo recalcaba que Erick Ariel era una persona problemática, y se cuestiona el tribunal que, si el occiso era una persona tan problemática, por qué la testigo se arriesgó a permanecer con él a solas. 3. La testigo mencionó que andaba corta de tiempo porque tenía que ir a darle de comer a su pareja, y se cuestiona el Tribunal de Sentencia cómo es posible que haya dejado su prioridad para hablar con Erick sobre aspectos tan personales que se infieren llevó largo tiempo. 4. Su testimonio no se corrobora con la prueba de autopsia, porque ninguna trayectoria de los disparos coincide con la ubicación del testigo sentado sino más bien de pie. 5. La testigo describe al atacante como una persona alta y trigueña, y manifiesta que es una persona desconocida, más las máximas de la experiencia indican que en los pueblos y aldeas las personas desconocidas son vistas con recelo, precisamente porque todos se conocen en la comunidad. 6. La testigo mencionó que después del primer disparo salió corriendo hacia la plaza y que allí le preguntaron qué era lo que pasaba y del por qué iba nerviosa, lo cual carece de sentido ya que si se realizaron 4 disparos estos tuvieron que haber sido escuchados, máxime cuando se realizaron en vía pública. Ningunos de los anteriores razonamientos se concluyen violatorios a la regla de la lógica de derivación, la cual, como ha explicado esta Sala de lo Penal, está integrada por el principio de concordancia, el cual exige que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; en el caso presente, todas las conclusiones logradas por el sentenciador, son derivadas del propio testimonio de la señora Yoseline Yareli Casco Castejón, no se falsea el relato ni se alcanzan conclusiones más allá de su contenido, existen razonamientos encadenados entre el testimonio y las conclusiones del tribunal, las cuales han sido amplias y pormenorizadas para alcanzar un juicio de veracidad. Asimismo, hay razón suficiente para que haya concluido así y no de otra manera, pues hace mano de la experiencia y de todo el andamiaje probatorio para restar eficacia conviccional a la versión de la testigo. En lo que respecta al testimonio del señor Wilson Reniery Rodríguez Trujillo, el censor del fallo arguye que manifestó haber dejado al acusado en las canchitas como a eso de las 6:55 pm, y que, según los testigos de cargo, el hecho ocurrió a las 6:40 pm, por lo que es imposible que el acusado se trasladara y puesto de acuerdo con Olman Laínez para ejecutar dicho crimen. El testigo declaró en sesión de juicio que vive en Linaca, Tatumbla, si conoce al acusado ya que él era su empleado. En cuanto a lo transcurrido relata que ese día ellos venían de Choluteca y llegaron a Tatumbla… ese día llegaron entre 6:55 pm y 7:00 pm casi de prisa, él (el testigo) andaba un equipo y se quedó en la canchita, venía su cuñado y Edwin… del tiempo que separa a Edwin al lugar de los hechos señala que corriendo se tarda de 8 a 10 minutos puesto que hay más de mil metros… del comportamiento de la víctima señala que en Linaca ha escuchado que en las fiestas siempre tenía problemas…. El Tribunal de Sentencia valoró que no fue un hecho controvertido que el imputado trabajara para el testigo y que viajaran juntos por motivos de trabajo de la ciudad de Choluteca al Municipio del Linaca, pero lo relevante de su testimonio es que el día de los hechos ellos llegaron antes de las 7:00 pm puesto que el testigo tenía una reunión a esa hora, manifestó el testigo que había dejado al acusado en la canchita a las 6:55 pm, que de ese lugar a donde ocurrió el hecho hay 2 o 3 minutos en vehículo y que a pie se demora más de 10 minutos porque hay más de mil metros, resalta el sentenciador que se ubica al imputado el día del hecho en un lugar y hora muy cercano al del hecho enjuiciado, por lo que no resulta imposible que el imputado se haya trasladado en cualquier medio de transporte al lugar del hecho, ya que precisamente ocurrieron en ese lapso de tiempo y no abismalmente diferente que imposibilitara estar presente. Al igual que en la valoración de la testigo Yoseline Yareli Casco Castejón, este Tribunal de Casación no identifica que el sentenciador haya vulnerado la regla lógica de derivación al valorar el testimonio del señor Wilson Reniery Rodríguez Trujillo, pues como se ha explicado anteriormente, se transgrede la lógica de derivación cuando la conclusión no encuentra correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio; cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes; o bien, cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. Ningunos de los anteriores presupuestos se identifican en la valoración del testimonio del señor Rodríguez Trujillo, pues él mismo refirió dejar al acusado Edwin Ariel Zelaya Borjas, espacial y temporalmente cercano al lugar y el momento en que ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento, así lo entendió el sentenciador sin que con ello violente los principios de concordancia o razón suficiente. Finalmente, es importante mencionar que aún y cuando el recurrente denuncia la infracción al postulado lógico de coherencia, la Sala de lo Penal no identifica en la valoración intelectiva de la prueba que se hayan infringido los principios lógicos de contradicción, de identidad o de tercero excluido. No hay proposiciones contradictorias o cuyo contraste equivalga a dejar vacía de motivación la valoración probatoria, por el contrario sí se identifica que en el escrito del recurso interpuesto hay contradicción interna, pues por una parte argumenta que la prueba testifical de cargo no es congruente y es contradictoria, pero por otra, muy convenientemente, le parece eminente por coincidir en las características físicas del autor del hecho con la declaración de la señora Yoseline Yareli Casco Castejón, una cuestión que torna impreciso el recurso interpuesto. Por lo anteriormente expuesto, el recurso no es de recibo. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 116 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación indebida; y, *Pretensión: Casar la sentencia recurrida. En el recurso interpuesto se inicia con una cita a fragmentos de las declaraciones de los testigos protegidos 1 y 6, después se argumenta que al ser éstas las declaraciones que sirvieron de base para que el Tribunal de Sentencia condenara al señor Edwin Ariel Zelaya Borjas, se evidencia que la sentencia adolece de un vicio de aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. De la procedencia del recurso El recurso no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y ataca la fundamentación probatoria, considera que a partir de las declaraciones de los testigos protegidos 1 y 6 no puede alcanzarse un dictado de culpabilidad en contra del señor Edwin Ariel Zelaya Borjas. Estos argumentos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del recurso, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Darwin Omar Reyes Roque, defensor privado; 2) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de ley, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Darwin Omar Reyes Roque, defensor privado. 3) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MAGISTRADO INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-228-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la Noción, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994.

[2] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Pág.587.